jueves, 12 de diciembre de 2013

Mandela fue revolucionario consecuente

Manuel E. Yepe especial para ARGENPRESS.info)

La repercusión mundial que ha tenido la desaparición física de Nelson Mandela cierra una etapa triste, pero también gloriosa, del despertar africano en la que él fue el más alto símbolo de la resistencia al racismo y paradigma de la utilidad de la firmeza inclaudicable para la defensa de los principios justos.

Ahora, Estados Unidos y las potencias occidentales, que tan peligroso lo consideraron manteniéndolo en la lista de miembros de organizaciones terroristas hasta 2008 y que con tanto rencor lo combatieron dando apoyo al régimen del apartheid, pretenden negar a su intransigencia revolucionaria el mérito por los éxitos de su lucha y lo presentan como un pacifista apolítico y conformista.

Cuando fue arrestado en agosto de 1962, ya Mandela formaba parte del Comité Central del Partido Comunista de Sudáfrica (PCS), organización que se proclama orgullosa de haberlo tenido en sus filas y lo considera símbolo de la contribución decisiva de los comunistas sudafricanos a la guerra de liberación en su país.

En el Congreso Nacional Africano (CNA) defendió la alianza con el Partido Comunista Surafricano argumentando que “el CNA no es un partido comunista sino un amplio movimiento de liberación que incluye a comunistas y a otros que no lo son”.

Fue, hasta el final de sus días, gran amigo de Fidel Castro y la revolución cubana y admirador profundo de Che Guevara.

Cuando salió de su largo encierro en prisión en 1990, se constituyó en baluarte de la integración de los comunistas en el (CNA), alianza para la conducción de la lucha por la liberación de la que Mandela era su líder natural. Desde el CNA veló porque, en su plataforma política, el objetivo de lograr la reconciliación nacional no negara el de construir una sociedad sudafricana más equitativa, libre de racismo y de otras desigualdades sociales, propósitos inalcanzables en las condiciones de explotación del capitalismo.

En marzo de 1960, tras la masacre de Sharpeville perpetrada por la policía contra los manifestantes antisegregacionistas que costó la vida a 69 personas, el régimen prohibió el CNA.

Fundó entonces el Umkhonto we Sizwe (MK) y preconizó el entrenamiento militar de sus miembros para guerra de guerrillas como doctrina de combate legítima y necesaria.

Estudió, los escritos de Mao y Che Guevara y se convirtió en un gran admirador del guerrillero cubano-argentino.

El 5 de agosto de 1962, tras 17 meses de vida clandestina, Mandela fue arrestado y encarcelado en Johannesburgo, gracias a la información para su captura que la CIA brindó a las fuerzas represivas del apartheid. Fue condenado a cinco años de prisión.

El 20 de abril de 1964, en el famoso juicio de Rivonia ante la Corte Suprema de Pretoria, Mandela presentó un vibrante alegato en el que subrayó que, frente al fracaso de la desobediencia civil como método de combate para conseguir la libertad, la igualdad y la justicia, y a la prohibición de su organización, el CNA no tuvo más remedio que recurrir a la lucha armada para resistir a la opresión.

Mandela y sus compañeros fueron declarados culpables de sedición y condenados a cadena perpetua. En condiciones de extrema crueldad, Mandela vivió encarcelado 18 años en Robben Island condenado a trabajos forzados.

Luego que en agosto de 1963, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó el régimen del apartheid y llamó a las naciones del mundo a suspender sus suministros de armas a Sudáfrica, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, lejos de cumplir lo dispuesto, apoyaron al régimen racista surafricano y multiplicaron los suministros de armas. Igual desacato hicieron en 1976 cuando, tras la sangrienta represión por la revuelta de Soweto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas impuso un embargo sobre el envío de armas a Sudáfrica.

El 1971, la Asamblea General de las Naciones Unidas calificó el apartheid de crimen contra la humanidad y exigió la liberación de Nelson Mandela pero el elemento decisivo que puso fin al apartheid fue la estrepitosa derrota militar que fuerzas internacionalistas cubanas infligieron al ejército surafricano en Cuito Cuanavale en el sureste de Angola en enero de 1988 que obligó a Sudáfrica a aceptar la independencia de Namibia en abril del propio año.

Durante su visita a Cuba en julio de 1991, Mandela recordó: “¡Cuito Cuanavale marca un hito en la historia de la lucha por la liberación del África austral! Este hecho, conjuntamente con la lucha de nuestro pueblo dentro del país, fue crucial para hacer entender a Pretoria que tenía que sentarse a la mesa de negociaciones”.

El 2 de febrero de 1990, el régimen segregacionista, moribundo tras la derrota de Cuito Cuanavale, se vio obligado a legalizar el ANC y aceptar negociaciones. El 11 de febrero de 1990, Nelson Mandela finalmente fue libre tras 27 años de cárcel.

Elegido Presidente del ANC en julio de 1991, Mandela recordó los objetivos: “En el CNA siempre estaremos al lado de los pobres y los que carecen de derechos… y vamos a asegurarnos de que más temprano que tarde sean ellos los que rijan la tierra en la que nacieron y que sea el pueblo el que gobierne”.

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El engaño de las libertades formales

Jaime Richart (especial para ARGENPRESS.info)

Hablaba el otro día de que las libertades formales son las mismas que tiene un venado en la jungla...

Prescindamos por un momento de la aberración de exaltar en las democracias burguesas al individuo y la iniciativa privada hasta extremos nauseabundos, para descubrir pronto que el pequeño comerciante y el empresario autónomo no tienen ya sitio en el sistema y el individuo aislado está cada día más indefenso. Prescindamos de que la tan cacareada iniciativa privada sólo es de las grandes compañías y de los lobbys que lo devoran todo. Prescindamos de la abominable desigualdad entre pobres y ricos, espantosa en España, donde el número de los ricos ha aumentado un 20 por ciento en el último año y la pobreza se cuenta ya por millones. Prescindamos de la fabulosa mentira de que el mercado es libre. Prescindamos de todo esto y veamos en qué consiste la gran mentira de las libertades formales...

Las libertades formales (expresión, reunión, circulación...) y los derechos sociales (trabajo, vivienda, salud, información...) están sólo para adornar el sistema. Porque cuando deseamos ejercitar alguna de esas libertades y reclamamos alguno de esos derechos, nos damos de bruces con la realidad. Y la realidad es que las libertades sin plena independencia no sirven para nada, que la libertad comienza con la independencia personal que la inmensa mayoría no tiene. En España, al menos 23 millones de trabajadores que componen la población activa -trabajando no se hace fortuna, la fortuna se hace maquinando-, dependen de otro, de la voluntad de otro, de los poseedores de toda la riqueza del país. Todos son siervos modernos más o menos "ilustrados" por el utillaje tecnológico. A veces puede flotar en la atmósfera una sensación de independencia, pero es eso, mera sugestión experimentada en fases orgiásticas como la vivida en España dos décadas hasta hace poco. En todo caso, a quien le han arrebatado el trabajo y la vivienda después de haber sido engañado, carece de otros recursos y se ha quedado sin un simple subsidio, ¿qué le importan todas las libertades formales y todos los derechos reconocidos?

La verdadera libertad sólo la disfrutan en este sistema los ricos, los que tienen fortuna; esos que cuentan además con el respaldo de los de su misma clase y con la protección de los que están para eso en las instituciones; esos que pueden vivir donde les plazca, comprar voluntades, contaminar, injuriar, transgredir: pueden pagarlo. Ellos no necesitan manifestarse, ni otra información que no sea noticias del dinero. No hay más que echar un vistazo a los acontecimientos sociales de cada día y los personajes que están detrás.

Pues, si carecemos de recursos propios suficientes y nuestra vida depende de otros, de otros que nos contraten y nos paguen, de la caridad o de la filantropía, ¿de qué nos sirven las libertades formales? ¿qué sentido tienen esos derechos vacíos? Incluso el derecho más asequible aunque inútil -el de manifestación- requiere permiso del poder, y ahora el gobierno español va a recortarlo hasta la caricatura. Esto lo comprende bien la clase política. Por eso unos, los rufianes, se aseguran el futuro saqueando las arcas públicas, y los menos rufianes se emplean de altos jefes en compañías indestructibles...

Seguro es, pues, que muchos millones en este país y muchos miles de millones en el mundo estaríamos dispuestos a renunciar al engaño de las libertades formales con tal de que el Estado nos asegure una vida digna. Luego, ya iríamos conquistándolas poco a poco para hacer de ese engaño realidad: lo que ha hecho China a lo largo de seis décadas.

Lo único que falta es una conciencia individual y colectiva situada en el peldaño superior del entendimiento. Pues el principal obstáculo es la configuración del cerebro de amplios sectores de población que no han sufrido, todavía, severos embates, abusos e injusticias del sistema, ni han adquirido plena conciencia de "el otro" y se limitan a presenciarlos impasibles...

Jaime Richart es antropólogo y jurista.

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Chile: Querella criminal contra Agustín Edwards presentan familiares de 119 detenidos desaparecidos de Operación Colombo

Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

En el Día Internacional de los Derechos Humanos y, por coincidencia, 7º aniversario de la muerte de Pinochet, fue presentada ayer una querella por “asociación ilícita genocida” contra Agustín Edwards Eastman, el dueño de la cadena El Mercurio, y otros personajes vinculados al periodismo.

La demanda, introducida ante la Secretaría Criminal de la Corte de Apelaciones de Santiago, fue patrocinada por el abogado Hiram Villagra Castro y familiares de 119 detenidos cuya desaparición en Chile, en 1975, fue encubierta por la llamada Operación Colombo de la DINA, que los presentó como muertos en “pugnas internas” o enfrentamientos con fuerzas de seguridad de Argentina.



La demanda invoca los artículos 292 y 293 del Código Penal para procesar a Edwards, la periodista Mercedes Garrido, en 1975 editora del diario La Segunda de la cadena El Mercurio; Beatriz Undurraga Gómez, en esos tiempos cronista policial de El Mercurio de Santiago; Álvaro Puga, “Alexis”, asesor en comunicación y propaganda de la dictadura cívico-militar encabezada por Pinochet, “y de todos los que además resulten responsables” del mismo delito de “asociación ilícita genocida”.



El libelo acusador de 16 páginas, suscrito por 16 familiares de otras tantas víctimas entre Los 119, relata a la Corte que “a pretexto de una situación de guerra se produjeron graves violaciones a los derechos más fundamentales de la persona humana establecidos en tratados internacionales vigentes en la Constitución y en las leyes”, y explica que “para encubrir los hechos se diseñó la llamada ‘Operación Colombo’, una vasta operación de encubrimiento desarrollada por la DINA y sus colaboradores civiles en una operación de guerra psicológica”.

La demanda judicial describe que a partir de junio de 1975 comenzó una vasta campaña de propaganda mediática en que “diversos medios nacionales de comunicación reprodujeron profusa y ampliamente una información que daba cuenta de la supuesta muerte de 119 hombres y mujeres chilenos, a manos de sus propios compañeros, producto de pugnas internas o en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad de diversos países.

“En realidad, las personas mencionadas por las listas habían sido detenidas en Chile por la DINA y se encontraban, en esos momentos y hasta hoy, desaparecidas. Como se supo entonces, y tal como lo estableciera posteriormente el Informe Rettig, dicha publicación fue producto de la Operación Colombo, una maniobra destinada a encubrir la detención de cientos de chilenos y que había comenzado en junio de ese año, con la difusión en la prensa chilena de una información que alertaba sobre la presencia de ‘grupos guerrilleros’, integrados por ciudadanos chilenos, que se preparaban en territorio argentino para ingresar al país”, señala la demanda judicial.

“Coincidentemente con lo anterior, las autoridades de la época comenzaron a afirmar que muchos de los ‘supuestos detenidos’ estaban en realidad en la clandestinidad”, prosigue el libelo acusatorio. “Como parte de esa política de negación, el 4 de julio el general Pinochet anunció su decisión de no permitir el ingreso al país de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, anunciada para el día 10 del mismo mes”.



“A los pocos días, y como respuesta a la presión internacional, se sucedieron diversas informaciones en la prensa argentina y chilena sobre detenidos desaparecidos chilenos cuyos cuerpos habrían sido encontrados en el país transandino. Tal fue el caso de Luis Guendelman, Jaime Robotham y, luego, Juan Carlos Perelman. Incluso se llegó a informar que la verdadera identidad del ‘terrorista Carlos’ [el venezolano Ilich Ramírez Sánchez, llamado también ‘el Chacal’] correspondía a la del chileno detenido y desaparecido Néstor Gallardo Agüero”. Es decir, “encontraron” cadáveres de ciudadanos desconocidos que aparecieron calcinados en Argentina con documentos de identidad de personas detenidas y desaparecidas en Chile.

“Exterminados como ratones”

La falsedad de estas y otras informaciones burdamente fabricadas, que fueron difundidas, entre otras, por las agencias United Press International y Associated Press y reproducidas en Chile por los diarios de Agustín Edwards, y el matutino La Tercera, entre otros, quedó al descubierto una vez que se dieron a conocer las listas con los 119 nombres en dos publicaciones fantasmas de Argentina y Brasil. El 22 de julio de 1975, la revista argentina “Lea”, que salió por una sola vez, publicó 60 nombres, y dos días después, el 24 de julio, aparecieron 59 nombres más en el diario Novo O’Dia, de Curitiba, que también tuvo una edición única.



El 24 de julio de 1975, el vespertino La Segunda, de Agustín Edwards, tituló en portada “Exterminan como ratas a miristas” [miembros del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria]. La Tercera inauguró un género informativo-editorial, mezclando la “noticia” con interpretación propia: “Habían sido presentados recursos de amparo [habeas corpus] a favor de los miristas muertos o evadidos en Argentina y otros países, con lo cual quiere decir que habría existido una operación malintencionada de los padres, madres, o hijos o cónyuges de los desaparecidos, para procurar el desprestigio del gobierno y de la justicia chilena”, escribió un cronista anónimo.

El Mercurio del 25 de julio de 1975 editorializó: “Los políticos y periodistas extranjeros que tantas veces se preguntaron por la suerte de estos miembros del MIRF y culparon al gobierno chileno de la desaparición de muchos de ellos, tienen ahora la explicación que rehusaron aceptar. Víctimas de sus propios métodos, exterminados por sus propios camaradas…”, etcétera, haciendo notar malestar “por el hecho de que los extremistas y una serie de organizaciones que alegan defender los derechos humanos hubieran utilizado a los jueces en el sucio juego de desprestigiar a Chile”, explica la querella.

Los cerebros de esta trama de “inteligencia mediática” fueron los asesores comunicacionales de la dictadura, aunque la querella sólo identifica a Álvaro Puga (“Alexis”), “y todos los demás que resulten responsables”. El trabajo de “inteligencia” en Argentina, para el “hallazgo” policial de cadáveres de ciudadanos desconocidos portando documentos de identidad chilenos, fue coordinado por Enrique Arancibia Clavel, chileno, agente DINA, ex bailarín, partícipe del asesinato del general Carlos Prats González en septiembre de 1974, quien terminó sus días asesinado de 34 puñaladas por un explotador de homosexuales, el 29 de abril 2011 en Buenos Aires, después de pasar 11 años en la cárcel.

Los periodistas pidieron perdón

Los demandantes quisieran que los diarios que mintieron sobre sus familiares pidieran perdón en títulos de primera página tan destacados como los publicados en 1975, dijo Roberto D’Orival Briceño, hermano del desaparecido Jorge D’Orival Briceño y uno de los firmantes de la querella. En un extraño incidente, la guardia del Palacio de los Tribunales impidió el acceso a los demandantes que deseaban firmar la querella. La Justicia sólo permitió el ingreso de cinco familiares para impetrar justicia.



El Colegio de Periodistas realizó un juicio interno para procesar, según el Código de Ética de la orden, a los periodistas que participaron en esta tramoya periodística. Algunos de los procesados por el Tribunal de sus pares resultaron sancionados o expulsados y más de uno se desempeñaba como “profesor de ética periodística” en escuelas de periodismo de universidades privadas. En junio de 2008, el Colegio cerró este capítulo deshonroso para la profesión pidiéndole perdón a los familiares de los dos casos más relevantes tratados por sus instancias éticas, el de Los 119 y el de la Rinconada de Maipú, entonces sector rural de Santiago donde 5 miembros de la familia Gallardo Moreno y 3 personas más fueron presentadas como “terroristas caídos en un enfrentamiento con fuerzas de seguridad” que nunca existió. Fue una puesta en escena transmitida in situ por “rostros” de los principales noticiarios de TV de aquella época, en coproducción con la DINA.



La familia Gallardo, incluido el padre, Alberto Gallardo Pacheco, tornero de 62 años, fue exterminada en calabozos secretos de Villa Grimaldi entre el 18 y el 19 de noviembre de 1975. Entre los sobrevivientes se encuentra Alberto Rodríguez Gallardo, Beto para sus amigos y familiares, quien también fue detenido en 1975, cuando apenas tenía 6 meses de edad, y concurrió hoy a los tribunales a respaldar esta querella por crímenes de asociación ilícita genocida cometidos bajo dictadura, como el asesinato encubierto de su madre, Catalina Gallardo Moreno, de 29 años. En rigor, los Gallardo fueron 6, y no 5, porque Mónica Pacheco Sánchez, de 25 años, profesora de inglés y esposa de Roberto Gallardo Moreno, de 25 años, estaba embarazada de tres meses.

Fabricación rutinaria de “enfrentamientos”

El quinto miembro victimado de esta familia Gallardo fue el padre de Beto, Juan Rolando Rodríguez Cordero, pero el crimen ocurrió al año siguiente, el 20 de octubre de 1976, cuando fue herido en un “enfrentamiento” falso en la vía pública y trasladado por agentes de la DINA a un hospital, de donde salió muerto. Y es que el encubrimiento noticioso por la vía del “enfrentamiento” falso fue el pan informativo que cada día hacían comer a los chilenos los grandes medios como El Mercurio, La Tercera y los canales de TV. Los cientos de casos no caben en una crónica, quizás en un libro de unas 500 páginas, como el del periodista Augusto Carmona Acevedo, asesinado por la espalda el 7 de diciembre de 1977, en Santiago, y presentado casi como un héroe que resistió el arresto por la Central Nacional de Información (CNI), sucesora de la DINA desde 1977.

Por ejemplo, la Operación Alfa Carbón, que exterminó a 7 personas el 23 y 24 de agosto de 1984, movilizó a 60 agentes de la CNI para matar en Concepción, Los Ángeles y Valdivia, cumplió su tarea llevando consigo a un equipo de TVN, a cargo del periodista policial Esteban Montero, quien “cubrió” en exclusiva los “enfrentamientos”, obtuvo “información privilegiada” –pero inventada– e hizo despachos tipo flash “en vivo” que irritaron a los verdaderos periodistas locales, a quienes la CNI les impidió el acceso y cobertura. Otro periodista vinculado al MIR, Juan Elías Espinoza Parra, de Concepción, murió acribillado con 22 disparos, la mayoría por la espalda, el 29 de diciembre de 1985, en otro "enfrentamiento" al sorprendérsele "poniendo una bomba" a plena luz del día, en una concurrida esquina del sector Quinta Normal, Santiago.



La querella de los familiares de los 119 pide citar a los imputados, despachar “orden amplia de investigación” a la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI), oficiar al Colegio de Periodistas para que remita copias, anexos y materiales del sumario ético realizado por la Operación Colombo" y solicitar al cinematografista Ignacio Agüero copia del material no editado de su documental “El Diario de Agustín”.

Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno.

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Una crisis de carácter general: Impulsemos una intervención propia de los trabajadores

Marcelo Ramal (especial para ARGENPRESS.info)

La escalada de amotinamientos y saqueos de los últimos días dista mucho de ser una mera ‘crisis policial’. Por las filas del aparato represivo del Estado se ha filtrado una crisis de carácter general, cuya base es el completo derrumbe del modelo económico oficial. El año 2013 termina con una inflación cercana al 3% mensual, una carga insostenible para quienes viven de un salario. La supuesta “preocupación” de funcionarios o voceros capitalistas por la inflación es una gran impostura, toda vez que la política oficial no para de echar leña al fuego a la carestía.

Es lo que ocurre con la acelerada devaluación de la moneda o los tarifazos en los combustibles, que sustentan los acuerdos con Chevron y Repsol. A despecho de estas medidas, las reservas netas del Banco Central apenas alcanzan hoy los 20.000 millones de dólares. En un intento desesperado por frenar la sangría, el mismo gobierno que había proclamado la pesificación de la economía avanza ahora en la dolarización de las deudas nacionales y provinciales, lo que anticipa una perspectiva de bancarrota de los estados provinciales en caso de una brusca devaluación. La disolución de la moneda nacional es sólo la expresión de una disolución económica y política de alcance general.

Derrumbe político

Los amotinamientos también han dejado ver el desmoronamiento político y hasta conceptual del gobierno. Capitanich y Cristina han atribuido los motines policiales a una desestabilización golpista. Pero se trata del mismo gobierno y el mismo régimen que viene reforzando a esos ‘desestabilizadores’ a la escala de todo el país. En definitiva, se ha levantado la policía de Granados, se han amotinado los ejecutores de las leyes Blumberg o de los códigos de faltas que permiten actuar incluso contra supuestos “sospechosos”. En pocas horas, quienes gobiernan tuvieron que sacar a relucir los vínculos de sus supuestos ‘guardianes del orden’ con el delito organizado o el narcotráfico. Hay que decir, sin embargo, que los amotinados nunca sacaron los pies del plato -o sea, del régimen político y social al que sirven. Reclamaron un aumento de salarios para seguir cumpliendo con sus actuales funciones represivas. No puede sorprender, entonces, que los mismos gobernadores que denunciaron un ‘plan desestabilizador’ terminaran cediendo en toda la línea ante los desestabilizadores. Ninguno de ellos podría prescindir de los represores, de cara a la crisis social creciente y a los múltiples negocios y crímenes que unen a las camarillas gobernantes con el aparato policial. Alperovich, que amenazó con juzgar por sedición a la policía tucumana, terminó pactando con quienes conocen los secretos de los casos Lebbos, Marita Verón y muchos otros que involucran a los “hijos del poder”. Apenas cerrado el acuerdo salarial, la infantería tucumana reprimió brutalmente a quienes salieron a manifestar contra la policía y contra el gobierno. El amotinamiento policial ha llevado al gobierno a tomar medidas adicionales para reforzar el aparato represivo, incrementando el despliegue de Gendarmería y Prefectura. Además, volvieron a la carga con la designación de Milani como jefe del Ejército, al cual los K pretenden devolver protagonismo.

El gabinete del ajuste, en pelotas

Como quiera que sea, los garantes de última instancia del ajuste oficial han terminado asestándole un golpe feroz a ese mismo ajuste y al régimen político que pretendía llevarlo adelante. Los salarios básicos policiales han saltado de 3.500 a 8.500 pesos -o sea, el valor que se calcula actualmente para una canasta familiar. La pretensión de enchalecar los salarios muy por atrás de la escalada inflacionaria ha sido perforada. Hoy, los estatales, enfermeros o docentes de Mendoza, de Chaco, Entre Ríos o Catamarca, entre otras provincias, han salido a la calle con un reclamo elemental: 8.000 pesos de básico para todos. En el plano político, la tentativa de pilotear la transición con un jefe de Gabinete salido de los gobernadores ‘pejotistas’ no ha durado un suspiro. Tuvo que salir al rescate de Capitanich la misma Presidenta que le delegó el poder, precisamente, por haber perdido las condiciones de seguir gobernando en base a un arbitraje personal. La crisis ha dejado ver la disolución política del gobierno, y el caos económico y político a que conduce la tentativa de rescatarlo con un ajuste feroz.

En este cuadro, es necesario que los trabajadores tomen la iniciativa, con un programa y una movilización de conjunto: 82% móvil para los jubilados; doble aguinaldo para activos, jubilados y quienes tienen planes; reapertura inmediata de paritarias; vigencia del convenio principal y pase a planta de tercerizados y precarios; abolición definitiva del impuesto a las ganancias sobre los salarios; ningún despido ni suspensión; universalización de asignaciones familiares; duplicación del monto de los planes sociales; desprocesamiento de los compañeros de Las Heras y de todos los luchadores; juicio y castigo de todos los casos de gatillo fácil e impunidad; derogación de la ley antiterrorista.

La cercanía del 20 de diciembre es la oportunidad para una gran movilización nacional por estos reclamos.

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Argentina: Imágenes de fin de fiesta

Claudia Rafael (APE)



Parecía una foto de final de época. Toneladas de basura travestidas de trincheras. Gente posando para la fotografía del reportero que les tocó en suerte, con armas largas en la mano y pañuelo cruzado en la cabeza. Es la imagen del fin. La tv transmitiendo en vivo y en directo el momento exacto del derrumbe. TN emitiendo instante sobre instante las barricadas, los saqueos y los gases lacrimógenos mientras la televisión pública festejaba las tres décadas de ininterrumpida institucionalidad democrática; Telefé disfrazaba personajes con los rostros del Chavo del Ocho y sus amigos y Canal 13 pasaba avances con Palito Ortega cantando en una plaza con Suar.

Es la fiesta bizarra del derrumbe. En donde la muerte se posiciona en la feria del recuento. Nadie sabe. ¿10, 11, 12? Apenas una anécdota para el poder parecen ser las vidas que fueron y hoy representan apenas unos cuantos pañuelos enjugados por los que los quisieron pero no mucho más. La mirada está parada en otro lado. Y ellos prometen ser apenas un mojón olvidable en la memoria de la patria magullada y ajena. Hoy la historia pasa por otro lado.



Todo parece querer volver a la normalidad. Habrá pulseadas legales, denuncias por sedición, bravuconadas aisladas. Pero habrá en el aire una nueva y pujante normalidad que habrá acomodado las piezas del rompecabezas de otro modo. Las fuerzas portadoras de poder de fuego habrán avanzado unos cuantos pasos más en el puzzle de la estrategia de control. Y habrán fortalecido las maniobras de dominio sobre los mismos e históricos desarrapados de siempre.

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La única verdad: La realidad es explosiva

Jorge Cardelli (ACTA)

Decimos que la situación social es explosiva porque la conflictividad interna se ha agudizado producto del crecimiento de las necesidades sociales y culturales más básicas y de la creciente violencia al interior de las mismas.

Las causas de partida, bajísimos salarios y precarización laboral, se ven potenciadas por la inflación cada vez más alta y por el creciente estancamiento económico.

La inseguridad laboral y las dificultades para encontrar trabajo aumentan. Junto a esto tenemos “estructuras delictivas o el narcotráfico” ya instaladas y en aumento, articuladas con la corrupción estatal y casi siempre con las diferentes estructuras policiales provinciales o nacionales.

Son los sujetos que activan la inseguridad y que se han convertido en un flagelo para la población, especialmente para los más empobrecidos y oprimidos. Para estos no hay seguridad privada, que sólo protege a las “clases medias altas” y que hoy es un negocio floreciente. A todo este cóctel explosivo la policía le tiene que poner límites por que esa es su función.

La realidad se complica cuando es la policía (mejor dicho los policías de la calle que son los que tienen que “garantizar el orden”) la que está afectada por los bajos salarios y cada vez más presionada para conseguir (por adicionales o por izquierda) refuerzos para mejorar el salario.

En la mayoría de los casos las instituciones policiales de las diferentes provincias han crecido en los marcos de la corrupción, de la arbitrariedad y fuera de todo control público. La sindicalización, que podría ser un camino para blanquear y hacer público los funcionamientos internos, está totalmente prohibida. El autoacuartelamiento se ha convertido en un mecanismo de presión para obtener mejoras salariales. Los policías se retiran de la calle y dejan la “zona liberada”.

A partir de ahí se juntan las “estructuras delictivas” que operan como convocantes y los que tienen necesidades reales que ven en esto una oportunidad para hacerse de alimentos u otras mercancías que no podrían comprar.

A esto se puede agregar una incitación de la propia policía autoacuartelada o alguna contradicción de tipo político partidario. Pero sin gente con necesidades esto no sería posible. Cuando estas son mayores la situación es más explosiva. Hablar de “movimientos destituyentes” es huir del problema.

El punto de partida es solucionar los reclamos básicos urgentes (aumento de emergencia, adelanto de paritarias, bono de fin de año) y para esto la movilización y el paro son el método de lucha más adecuado.

A la oposición con peso mediático esto no le gusta porque teme el protagonismo popular. Quiere “soluciones de palacio” y que el pueblo salga a la calle sólo para votar. Por este camino no dejan alternativa a la confrontación legítima. Entonces se impone la violencia del saqueo como método.

Jorge Cardelli es Secretario de Formación, Proyecto y Estadística de la CTA Nacional.

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Puja redistributiva: Se extiende el conflicto salarial en todo el país

Carlos Saglul (ACTA)

Luego del conflicto policial que dio como resultado un aumento en el básico de los uniformados (entre 40 y 80 por ciento) que se aproxima al que exigían distintos gremios teniendo en cuenta el costo de vida real, recrudecieron las medidas de fuerza en todas las provincias. Esto se evidenció especialmente en los gremios de base de la Central de Trabajadores de la Argentina.

“Venimos reclamando el adelantamiento de las cuotas y un doble aguinaldo. El gobierno niega esa necesidad con el pretexto de no tener recursos, pero sin embargo el reciente otorgamiento de aumento a las fuerzas represivas provinciales lo contradicen”, dijeron desde la Asociación Trabajadores de la Educación (ATEN-CTA). Hay un paro de médicos por 4 días y marcharon estatales, docentes, auxiliares de servicio del Consejo Provincial de Educación y de todos los sectores del escalafón general de la provincia se sumaron a la huelga.

La CTA neuquina reclamó por nota una “mesa salarial urgente” con el Gobierno al tiempo que paraba y marchaba con la exigencia de $10 mil “de mínimo” para todos los sectores.

En Mendoza, donde el gobierno de Francisco ’Paco’ Pérez, al igual que Daniel Scioli en Buenos Aires, ofreció $8.500 de sueldo básico para los uniformados, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) avisó que si los policías aceptan esa oferta, los estatales solicitarán $9.000.

La titular de ATE Mendoza y secretaria general de la CTA, Raquel Blas, anunció que se debate cómo sigue "el plan de lucha".

El Consejo Ejecutivo Nacional de FESPROSA que nuclea a 30.000 profesionales y trabajadores de la salud de 22 provincias argentinas decidió convocar a un paro nacional por 24 horas para el miércoles 18 de Diciembre. Lo hará en apoyo a las provincias que se encuentran en conflicto, reclamando la convocatoria a una paritaria nacional de salud que establezca un salario de Ingreso igual a la canasta familiar regional y en blanco.

Asimismo reclamará la reapertura de las paritarias sectoriales,doble aguinaldo o suma fija como compensación de emergencia antes de fin de año, 82% movil para los jubilados del sector, el fin del trabajo en negro y plena libertad sindical.

En Salta se llevó a cabo una multitudinaria marcha en el marco del paro provincial de 24 horas convocado por la CTA, a 30 años de democracia en la Argentina y en el Día Internacional de los Derechos Humanos, "los trabajadores y trabajadoras nos movilizamos como medida de lucha por los derechos de los trabajadores y contra el ajuste", señaló Vuenaventura David, referente de la central. Entre otros puntos piden como sus pares de todo el país un básico que tenga en cuenta el verdadero costo de vida.

Esta mañana, los gremios estatales rosarinos miembros de la CTA movilizan unitariamente en reclamo de recomposición salarial y el pago de doble aguinaldo. La consigna “ningún trabajador por debajo de los $9.000” es la bandera compartida y el eje del petitorio que se entregará en la sede del gobierno provincial. Pisando fin de año, el salario vuelve a estar en escena, para que el Mínimo, Vital y Móvil no sea sólo letra escrita", dijeron los dirigentes.

“Es un reclamo que nos unifica y sostenemos desde el mes de agosto. Se trata de elevar este pedido conjunto del pago de doble aguinaldo, por el deterioro creciente que están sufriendo los ingresos de los trabajadores en su conjunto. El avance inflacionario en los últimos meses pegó un salto significativo, sobre todo en productos vinculados a la canasta alimentaria”, puntualizó el secretario General de CTA y AMSAFE Rosario, Gustavo Terés.

Por su parte, el secretario General de ATE Rosario, Gustavo Martínez, puntualizó los temas centrales para el conjunto de los gremios, “ se tornan más repudiables cuando suceden dentro del Estado”: la existencia de salarios miserables; salarios que dicen que no vale la pena estudiar, esforzarse, intentar la motivación de hacer carrera administrativa; precarización; malas condiciones de trabajo.

En Jujuy, los 7 gremios que integran la Intersindical de Trabajadores Estatales paran por 48 horas y la situación es similar en Chaco, Río Negro, Misiones y La Rioja.

"Los sueldos de la policía no escapan del resto de los salarios: son parte de la política salarial de hambre. Un estatal de provincia percibe menos de 4.000 pesos y un municipal menos de 2.000. Eso no puede ser. Queremos que se reconozca en los municipios el salario mínimo, vital y móvil 3.600 pesos", señaló Julio Fuentes, secretario General a nivel nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA).

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Macri, la gente no es basura: Grave denuncia de represión e intimidación

PROYECTO SIETE - AGENCIA WALSH

Denuncian operativos represivos e intimidatorios a personas en situación de calle. La orden fue "limpiar y despejar todo el corredor de la Av. 9 de Julio de intrusos y basura"", para la inauguración del Metrobus. Conjuntamente con otros lugares públicos.

Desde proyecto7 Gente en Situación de Calle queremos hacer público nuestra indignación y manifestar nuestro repudio a los operativos represivos realizados por distintos organismos gubernamentales de CABA.

Una de las acciones de proyecto7 e realizar recorridas por toda la ciudad, para ver la situación de los compañeros/as, familias etc., que están situación de calle en distintas ranchadas, bajo autopista, subtes, y distintos puntos de la ciudad, de esta manera nos enteramos por boca de los propios damnificados de estos operativos represivos, en los cuales intervienen los siguientes organismos: METROVIAS; MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIOS PUBLICOS; GERENCIA OPERATIVA DE EMERGENCIA HABITACIONAL; BAP; Y EFECTIVOS DE LA POLICIA METROPOLITANA.

Varios compañeros de la galería de la estación Carlos Pellegrini, del subte B, nos manifestaron que en Octubre fueron "visitados", por todos estos organismos, que ellos aceptaban la intervención del personal del BAP, pero que sentían muy difícil poder charlar con ellos, ante la presencia desmedida e intimidatoria del resto, finalmente, igual la metropolitana termino expulsándolos, sin que el BAP, pudiera darles alguna alternativa valida, esta misma situación nos fue relatada por compañeros que dormían en la estación Federico Lacroze, también del Subte B, esta vez fue a fines de Noviembre, en horas de la mañana, se repitió la situación anterior, pero esta vez una de las personas sin uniforme y no identificadas (probablemente metrovias o sbase), despertó y levanto a puntapiés a uno de los compañeros que dormía, en ese momento dicho por esta misma persona agredida, llego a contar 12 efectivos de la Metropolitana, (figura legal de intimidación y abuso de autoridad, les suena??), tampoco permitieron que los trabajadores del BAP pudieran dales alguna alternativa, ante esa situación y no estando de acuerdo con esa represión, el personal del BAP se retiro del lugar, y nuevamente nuestros compañeros fueron expulsados del lugar.

Estas situaciones se habían dado con anterioridad a estos hechos con la metropolitana, espacios públicos, higiene urbana, antes de la inauguración del Metrobus, cuando la orden que vino de arriba fue "limpiar y despejar todo el corredor de la Av 9 de Julio de intrusos y basura"", para la inauguración del Metrobus.

OTROS DESALOJOS REPRESIVOS:

Martin
Hombre en situación de calle hace aproximadamente ocho años, parando en la zona de Bernardo de Irigoyen y San Juan, bajo autopista. Martín es ex-combatiente de Malvinas y tiene amputada una de sus piernas, deambula con muletas.
A partir de sistemáticas situaciones de violencia que Martín habría padecido durante diferentes operativos que se habrían llevado a cabo por parte de Espacios Públicos en conjunto con la Policía Metropolitana (en estos operativos se utilizan varios móviles de la Metropolitana y a varios miembros de Espacios Públicos con camionetas donde se llevan las pertenencias que no queman), en los cuales se le habrían quemado sus cosas (colchón, frazadas, ropa y también las pinturas de Martín. Martín pinta y muchos de sus cuadros fueron quemados en estos operativos) y se lo habría amenazado para que se retire del lugar, es que desde hace unas dos semanas, un amigo le habría brindado alojamiento transitorio en su hogar, a fin de preservar su integridad física. Esta situación sería insostenible a corto plazo, teniendo en cuenta lo reducido del espacio de la vivienda y la cantidad de integrantes del grupo familiar que vive allí.

Raúl
Hombre de 54 años, que está hace unos diez en situación de calle. Tiene amputada una de sus piernas y deambula con muletas. Para en diferentes zonas de la CABA, pero en el último tiempo se habría establecido en la calle Colombres, debajo de la Autopista. En diferentes operativos de Espacios Públicos con la Metropolitana se le queman y llevan sus pertenencias. La semana pasada, luego de amenazarlo con que se retire del lugar. Estas personas le quemaron sus muletas. Raúl se ve obligado a buscar otro lugar donde parar, temiendo por su integridad física.

Lejos de aplicar políticas publicas de integración social seguimos siendo perseguidos, reprimidos y expulsados, rememorando los tiempos de la UCEP y otros grupos represivos, no vamos a permitir que esto siga pasando.

A continuación los artículos de la Ley 3706, deja bien en claro cuales serian las políticas a aplicar y que el gobierno no puede negarse a cumplir.

Artículo 4º.- Es deber del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantizar:

La promoción de acciones positivas tendientes a erradicar los prejuicios, la discriminación y las acciones violentas hacia las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle;

La remoción de obstáculos que impiden a las personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle la plena garantía y protección de sus derechos, así como el acceso igualitario a las oportunidades de desarrollo personal y comunitario.

Artículo 5º.- El derecho a la Ciudad es definido como una atribución de libertad sobre el uso igualitario y no discriminatorio del espacio público, su uso y disfrute y el derecho al acceso a los servicios por parte de todos los habitantes, conforme los principios constitucionales.

Artículo 6º.- Las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle tienen derecho al acceso pleno a los servicios socio asistenciales que sean brindados por el Estado y por entidades privadas convenidas con el Estado, sin distinción de origen, raza, edad, condición social, nacionalidad, género, orientación sexual, origen étnico, religión y/o situación migratoria

Artículo 7º.- Todos y cada uno de los servicios socioasistenciales brindados por el Estado y por entidades privadas convenidas con el Estado, se garantizan mediante la prestación articulada y de forma continua durante todos los días del año y las 24 horas del día.

Artículo 8º.- La articulación de los servicios y de sus funciones tanto en la centralización, coordinación y derivación así como en la red socioasistencial de alojamiento nocturno y de la asistencia económica, tienen como objetivo la superación de la situación definida en el Art. 2º de la presente Ley.

HORACIO AVILA

PROYECTO 7 GENTE EN SITUACION DE CALLE
CENTRO DE INTEGRACION MONTEAGUDO
PROGRAMA RADIAL LA VOZ DE LA CALLE
REVISTA NUNCA ES TARDE

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Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Villa Zavaleta: cuatro vecinos heridos entre ellos un niño de dos años

LA GARGANTA PODEROSA - ANRED

“Hubo tiros hasta recién (17:30 hs) en Zavaleta, como los hubo ayer y como los hubo tantas veces que los denunciamos, al ladito de las Fuerzas. No sabemos cuál es el punto de disputa, ni de dónde vienen, ni por qué acá, ni nada de todo lo que en teoría debieran saber los que, también en teoría, velan por nuestra seguridad. Lo que sí sabemos es que siempre la pagamos nosotros, los inocentes. Kevin tenía 9 años. Y Brian tiene 2. Entonces, en estos casos, la historieta del "delincuente juvenil" no les cerró, así como tampoco les cierra el mito del "Jefe-narco" que vive en un barrio sin cloacas”, denunciaron vecinos del barrio Zavaleta en un comunicado. Foto tapa: Kevin de 9 años, asesinado el pasado 7 de setiembre tras un disparo en la cabeza después de que Prefectura liberara la zona en la Villa Zavaleta.

Difundimos comunicado:

Amigos, vamos a intentar ordenar un poco los gritos que pegamos desde la bronca y la desesperación. Hubo tiros hasta recién (17. 30 hs) en Zavaleta, como los hubo ayer y como los hubo tantas veces que los denunciamos, al ladito de las Fuerzas. No sabemos cuál es el punto de disputa, ni de dónde vienen, ni por qué acá, ni nada de todo lo que en teoría debieran saber los que, también en teoría, velan por nuestra seguridad.

Lo que sí sabemos es que siempre la pagamos nosotros, los inocentes. Kevin tenía 9 años. Y Brian tiene 2. Entonces, en estos casos, la historieta del "delincuente juvenil" no les cerró, así como tampoco les cierra el mito del "Jefe-narco" que vive en un barrio sin cloacas.

No tenemos más certezas para dar y no nos interesa, ni en lo más mínimo, contribuir a ninguna humareda propiciada por quienes aprovechan esta situación gravísima para especular. Tan sólo intentamos difundir, o escupir, toda esta impotencia que estamos sintiendo, para intentar transmitir toda esta mierda que estamos viviendo.

- El tiro que recibió Brian entró por un costado de su estómago y salió por el otro. Fue llevado en remís al Hospital Penna.

- El otro vecino herido sufrió un disparo en el abdomen. Y fue trasladado en ambulancia.

- Veníamos diciendo que esto volvería a pasar, desde el 7 de septiembre: nadie nos quiso escuchar.

- Antes, durante y después de las elecciones, intentamos evitar manipulaciones y solamente pedimos paz: "Ni un pibe menos, ni una bala más".

- Esta realidad no nació en diciembre, ni brotó con los saqueos: es la dinámica cotidiana que impone la complicidad de los jefes narcos que no viven acá, con los jefes de las Fuerzas que tampoco viven acá.

- Consideramos responsables y cómplices a todos los funcionarios y medios de comunicación que deliberadamente callaron esta situación.

- No nos consta, en este caso, que haya disparado la Gendarmería, ni la Prefectura; sólo nos consta que los muertos y heridos en Zavaleta siempre son vecinos del barrio, que no tenían un carajo que ver.

- Responsabilizamos directamente al Estado por cualquier consecuencia que pueda sufrir cualquiera de nuestros vecinos en el "Control Popular a las Fuerzas de Seguridad".

- Gracias a todos los que difunden y nos protegen desde su lugar. De corazón.

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Argentina, San Luis. Derechos arrasados: 8 presos llevan 10 días en huelga de hambre

Eduardo Espinoza (AGENCIA WALSH)

El "paraíso" del Alberto y el Adolfo o de su pollo Poggi (actual gobernador) es un feudo de represión y vulneración de toda legalidad contra los más débiles.

Edgardo Elías, Otto Zimmerli, Jorge López, Gabriel Jourdan, Rolando Martínez, Ariel Lucero, Yonatan Guzmán y Héctor Flores llevan 10 días con la extrema medida por las tremendas violaciones sufridas sobres sus cuerpos y en el proceso judicial que los “engoma”. El de Jourdan es un caso paradigmático: carga 8 años procesado, cuando la ley marca dos y, excepcionalmente, tres. Cuatro de los huelguistas fueron sometidos a torturas en distintas unidades de la policía provincial, hechos que no han sido investigados a pesar de su denuncia en sede judicial, quedando como secuela de estas prácticas incapacidades permanentes. Esto sucede en el feudo de los Rodríguez Saa, donde, por caso, Omar Esteban Uría (presidente del Superior Tribunal), Horacio Guillermo Zavala Rodríguez y el camarista Carlos Guillermo Maqueda fueron directos colaboradores de la dictadura militar, aunque hoy los magistrados participen de los festejos por los treinta años de “democracia”. Esta es la realidad que analiza Eduardo Espinoza, en la siguiente nota.

El denominador común de los detenidos en huelga en la Unidad 2, es el retardo y denegación de justicia, genéricamente lo que sucede es un tremendo abuso de poder y arbitrariedad que se manifiesta en la violación de todos los derechos constitucionales y legales. La pretendida división de poderes que es difícil de apreciar en todo el país , en San Luis ni siquiera se guardan las formas mínimas para sostener ,esas posturas supuestos pilares del sistema republicano , el poder judicial adquiere su carácter mas descarnado de Órgano represivo del Estado , el caso Jourdan -uno de los huelguistas con 8 años en calidad de procesado ,es una aberración que violenta hasta la propia legalidad del poder. La violación de la defensa en juicio donde los jueces ordenan producir las pruebas que son funcionales a la filosofía punitiva-represiva, se recortan en el encierro de Otto Zimmerli, otro huelguista , su caso es una legítima defensa y esto surge de los elementos probatorios que obran en el expediente donde la Jueza de Instrucción Patricia Besso de Concarán, caratula como "homicidio simple ",no conforme con eso y ante la apelación planteada por defensa técnica del imputado ,arma una causa por usurpación contra Zimmerli , usurpación que realizo el mismo según la "Magistrada" en un terreno de su propiedad, o sea que se usurpo a sí mismo. El fin de esta arbitrariedad es evitar su excarcelación ,cabe consignar que esa causa se cayó. Y hay un pedido de juicio político para la jueza, que seguramente no prosperara por lo expuesto, este detenido se entregó después del hecho ,si se quiere es un caso paradigmático para esos sectores reaccionarios que critican la defensa de los derechos humanos , sin querer comprender que a cualquiera la cabe el sambenito ,máxime si es pobre, cualquiera se encuentra inerme ante un órgano judicial inquisidor ,corporativo y represor.

La huelga de hambre es una medida que aparece para muchos como excesiva, sin embargo nos permite reflexionar y preguntarnos, ¿porque un grupo de personas deciden poner en riesgo su vida a efectos de lograr ser escuchados? Debemos responder: porque no encuentran otra forma de que se respeten sus derechos, porque la “CORPORACIÓN JUDICIAL” viola sistemáticamente todos y cada uno de los derechos y garantías y aparece blindada a cualquier, medio de defensa o remedio procesal contemplado en nuestro ordenamiento jurídico.

La indefinición, en la situación procesal extendida en el tiempo más allá de lo razonable, acarrea un perjuicio que genera en los internos un estado de ansiedad, desesperación y resentimiento, generado por la omisión del estado, si se piensa que por principio constitucional se presuponen inocentes.

Es de público y notorio conocimiento, que la administración de justicia de la provincia produce con su proceder zozobra y miedo en varios sectores de la sociedad. Ya que cualquiera puede ser víctima.

Familiares y amigos, y personas a las que les preocupan los derechos humanos ya que son nuestros derechos, en solidaridad con los encausados, han decidido no guardar silencio, ya que estos son afectados de muchas maneras por el retardo y denegación de justicia.

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Argentina, Jujuy: Golpazo al golpe en el sindicato de obreros de Ledesma

RADIO CAPOMA - COLECTIVO RADIO PUEBLO - INDYMEDIA

En la asamblea extraordinaria convocada ayer, Rafael Vargas y el resto de la conducción combativa recibieron un masivo apoyo por parte de los afiliados del sindicato. La parte de la comisión directiva que planeó la ilegal asamblea anterior fue suspendida por 45 días y en una próxima asamblea se decidirá sobre su expulsión.

Tras la asamblea del 4 de diciembre, cuando una parte de la comisión directiva del sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL) cercana a la empresa, convocó en circunstancias irregulares a una asamblea que se pronunció por la destitución del Secretario General del sindicato, Rafael Vargas, la situación se planteaba complicada.

No solamente que el gremio podía perder a la única conducción combativa en decenios, sino también que si prosperaba ese golpe institucional algunos de sus miembros combativos podían ser expulsados del sindicato. En particular para Vargas esto podía significar también que sin el apoyo del sindicato la denuncia penal que la empresa le colocó argumentando usurpación cuando el último paro, y por la que le pintaron los dedos a Vargas, se transformara en un despido, como ya ha pasado antes con otros.

Por eso los ánimos comenzaron bajos la tarde del 10 de diciembre; desde las 17:30, hora a la que la asamblea fue convocada, nutridos grupos llegaban liderados por algún conocido miembro de la oposición, mientras que individualmente y como a goteo llegaban obreros que exclamaban algún apoyo “al cuchi”, como lo apodan.

Algunas decenas de personas comandadas por alguien de la oposición que estaban apostadas frente al local gremial se agolparon en la puerta intentando entrar, pero varias de entre ellas no podían ingresar, pues no eran del sindicato y se había dispuesto la presentación del carnet o del último recibo de sueldo para pasar a la asamblea. La constancia de que en la irregular asamblea anterior había participado gente extraña al sindicato promovió la medida de que nadie externo al gremio ingresase, medida normalizadora entendible que para nuestro pesar también significó que no pudiera entrar la prensa, aunque desde afuera se pudieron seguir varias voces gracias a la acústica que daba una construcción cercana.

Cercana la tardenoche ya había ingresado una cantidad suficiente de obreros y se apersonó por el lugar Rafael Vargas, quien, en una acción desconcertante pasó con seguro pero humilde talante caminando sólo por entre el gentío que se arrumaba en la calle, deteniéndose incluso a saludar a cada conocido.

Tras el ingreso de más obreros al local se escuchó iniciar con el orden del día y entonces los gritos y silbatinas adentro y los apuros afuera parecían indicar una larga y conflictiva noche, abogados y contadores de cada bando entraban, salían, y hacían llamadas por celular con tensos rostros. Incluso uno salió llamando a algunos policías para que entraran.

Pero al cabo acaso de una hora los gritos y silbatinas se transformaron en vivas, los “Cuchi... cuchi” y los aplausos daban cuenta de un cambio de rumbo y de distensión en el ambiente.

Entonces sucedió algo curioso, que al menos llama a la suspicacia: un par de señoras llegaron a la puerta del sindicato a los gritos diciendo que estaban saqueando el Comodín (un supermercado local a unas cinco cuadras) y que venían para la feria que está detrás del sindicato, empezaron a llamar a sus maridos y se corrió la voz. Algunos de los trabajadores salieron apresurados y el móvil policial arrancó para la zona con alguno de los policías que estaban en la puerta del gremio.

Y entonces se escuchó a alguien cercano pensando en voz alta que ahora iban a entrar los que estaban fuera, que la asamblea se iba a desarmar por la corrida... pero entonces no surgió la suspicacia, sino ya tras el final, cuando caminando para el Comodín algunos consultados dijeron que no había pasado nada y que ese rumor “vino desde el sindicato”.

Tras poco tiempo empezaron a salir del local en hilera los trabajadores, los primeros en salir lo hacían con gesto adusto y alguno comentó entre ellos “ganaron”, luego salieron cabizbajos dos de la parte de la comisión directiva opositora.

La noticia ya no hacía falta preguntarla, pero se hizo por ese reaseguro más producto de los sentires que de la lógica: la comisión combativa había tenido un apoyo aplastante, la fracción opositora había sido suspendida por 45 días y en una nueva asamblea se decidiría su continuidad en el gremio.

Al ingresar al tinglado, la prensa se compactó alrededor de Vargas, bien que algunos con preguntas que olían más a argumento de apelación legal que a otra cosa, tras lo cual vino también una pregunta de la otra prensa, que mostraba la polarización reinante “¿Que le dice a los medios de comunicación que vierten otra idea y le juegan en contra con la población a usted?”.

Tras abrazos y saludos empezó a correr el rumor de que los opositores iban a tomar la sede de la obra social, uno de los puntos en disputa, pero mientras nos aprestábamos a ir a cubrir la acción Alberto Gomez, uno de los delegados combativos, fue tan sencillo como cabal en sus expresiones, que la tomen, dijo, ya ganamos.

También en el interín sucedió que una mujer empezó a increpar a Vargas diciendo que había dejado sin trabajo en el sindicato a su marido, al parecer contratado por la parte opositora, a eso con la misma sapiente tranquilidad de obrero viejo, Gomez se le acercó y le dijo: “no importa si a eso lo firmó Rafael, o César... señora, acá los patrones somos nosotros y no le falta el respeto a él, sino a la asamblea”.

Mientras quedaba ya un grupo más reducido y Vargas alentaba a elegir entre los de la comisión “ni siquiera al que le caiga bien a Rafael, sino al que sientan los representa” emprendimos la vuelta.

A media cuadra una anciana de cancino andar nos dejó la última impresión de lo que se jugaba en esta sociedad ledesmense: ¿Y que pasó? Nos preguntó, al responderle casi saltó mientras agitaba los brazos, y luego se volvió por donde había venido con su cancino andar, metáfora acaso de una sociedad que poco a poco va recobrando la fuerza y el coraje que antes de la dictadura supo tener.

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Argentina: Libertad inmediata del periodista Juan Pablo Suárez en Santiago del Estero

RED ECO

Se trata del director del diario Última Hora, que se encuentra detenido desde el 9 de diciembre bajo la grave acusación de sedición y atentado contra el Poder Ejecutivo provincial. Reproducimos el comunicado de prensa difundido por La Naranja de Prensa.

“Este claro ataque a la libertad de trabajo de un trabajador de prensa en ejercicio de su labor -cometido bajo un gobierno provincial aliado del kirchnerismo- sienta graves precedentes para el gremio de prensa y se inscribe en una política regimentadora que se complementa con la Ley Antiterrorista. Desmiente, además, los argumentos del kirchnerismo, que se ha ufanado de ser garante de la libertad de expresión y la pluralidad de voces y que, lejos de ello, ha demostrado reiteradas veces que no tiene otra intención que la de regimentar a los trabajadores.

Los hechos sucedieron cuando el policía Nelson Norberto Villagrán se encontraba reclamando un aumento salarial. Lo entrevistaban el propio Suárez y una camarógrafa cuando un comando policial detuvo a Villagrán. Los periodistas regresaron a la redacción para difundir lo filmado. Dos horas después, cincuenta policías allanaban el diario, incautaban material periodístico y se llevaban detenido a su director, según reveló el portal Plaza de Mayo.com (http://www.plazademayo.com/2013/12/urgente-detienen-a-periodista-en-santiago-del-estero-acusado-de-sedicion/)

Suárez está detenido e imputado en su condición de periodista por instigación a cometer delitos y sedición en perjuicio del Estado provincial, según explicó el abogado Víctor Daniel Nazar. Su esposa y periodista Judith Sandra Wede dijo que Suárez está detenido en un calabozo de un metro por un metro desde hace dos días.

Desde la Naranja de Prensa llamamos al gremio de prensa a difundir este grave atentado contra la libertad más elemental cometido por un gobierno socio del kirchnerismo, un hecho más que sepulta el falso relato de la democratización de la palabra y la ley de medios.

Luchemos por la libertad inmediata del periodista Juan Pablo Suárez”.

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Cuba, Chile y Uruguay en vanguardia mundial de registro infantil

PL

Cuba, Chile y Uruguay están entre los pocos países del mundo que lograron establecer un registro universal de nacimientos, destacó hoy el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Esos estados encabezan a Latinoamérica y el Caribe con el ciento por ciento de inscripción de los niños nacidos, según el reporte divulgado por Unicef en el aniversario 67 de su creación, el cual refleja que en el planeta 230 millones de menores de cinco años nunca fueron registrados, un tercio de todos los de esa edad.

En la presentación del estudio en la sede de la ONU, la directora ejecutiva adjunta de Unicef, Geeta Rao Gupta, dijo que los resultados de la región demuestran cuánto puede hacerse en los países en desarrollo.

"Llamo la atención de que no es solo una cuestión de recursos económicos, y Latinoamérica y el Caribe lo ratifican, que en los países pobres también pueden lograrse avances", señaló.

De acuerdo con el reporte divulgado sobre los derechos de los niños al nacer, esa área geográfica cuenta con un registro infantil del 92 por ciento, muy superior al de regiones de Asia y África, donde en la mayoría de los casos no llegan al 50.

Para la especialista de Estadísticas y Monitoreo de Unicef Claudia Cappa la diferencia radica en que los latinoamericanos y caribeños establecieron metas e iniciativas para resolver el problema de los pequeños sin inscribir, un fenómeno ligado a la inequidad y la pobreza.

Gracias a esos programas tenemos avances como el de Brasil, que pasó en apenas dos décadas de un 64 a un 93 por ciento, precisó.

En el reporte de Unicef -no se publicaba uno de su tipo desde 2005- se recoge que, en 2012, cuatro de cada 10 bebés no fueron registrados al venir al mundo, lo cual los hace vulnerables a la hora de acceder a los servicios de salud, educación y seguridad social.

Más de la mitad de los 230 millones de infantes sin inscribir viven en Asia, mientras un 36 por ciento lo hacen en África subsahariana.

Los 10 países con menores índices de registro al nacer son: Somalia (tres por ciento), Liberia (cuatro), Etiopía (siete), Zambia (14), Chad (16), Tanzania (16), Yemen (17), Guinea-Bissau (24), Pakistán (27) y la República Democrática del Congo (28).

Respecto a las naciones con mayor cantidad de pequeños en esa situación, India presenta a 71 millones, seguida por Nigeria (17 millones), Pakistán (16 millones), Etiopía (13 millones) y Bangladesh (10 millones).

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El Parlamento boliviano trabaja en una ley contra la ocupación de tierras

PL

La presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, informó que hoy se trabajará en un anteproyecto de ley contra la ocupación ilegal de tierras, el cual debe ser aprobado antes de finalizar el año.

Ya tenemos el anteproyecto y hoy nos pondremos a laborar con el Senado y todos los actores y sectores que tienen que ver con este tema, dijo la legisladora.

Señaló que el objetivo planteado al Parlamento es aprobar la norma antes de fin de año con vistas a poner punto final a este tema que afecta la constitucionalidad, el derecho a la propiedad privada y la garantía a la inversión privada.

En ese sentido, la vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Nélida Sifuentes, pidió recientemente aprobar con urgencia una ley que castigue a aquellos ciudadanos que ocupan terrenos de manera ilegal.

Esperamos que este año se apruebe esa norma, es necesaria, de lo contrario continuarán las ocupaciones de tierra, dijo Sifuentes, quien recordó que este delito va contra la carta magna.

La Constitución garantiza la propiedad privada, garantiza las tierras comunitarias y no hay decreto alguno que respalde al ocupante, señaló.

Ante estos acontecimientos el presidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró que las tierras serán entregadas de manera organizada por las instituciones autorizadas.

De acuerdo con el ministerio boliviano de Tierras, durante el gobierno de Morales los campesinos obtuvieron 396 mil 671 títulos ejecutoriales.

Tal estadística demuestra un cambio cuantitativo en la estructura de tenencia de la tierra en esta nación, subrayó el viceministro de Tierras, Jorge Barahona.

Gobernantes que precedieron a Morales entregaron un total de 26 mil 47 títulos ejecutoriales emitidos, recordó.

Barahona sostuvo que los resultados obtenidos hasta la fecha en ese tema corresponden a una óptima utilización de los recursos económicos y la participación social de las organizaciones.

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La presidenta Brasil anuncia un sistema para combatir la tortura

PL

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, anuncia hoy la firma de una ley que establece la creación de un Sistema Nacional de Lucha contra la Tortura (SNLT), para enfrentar las violaciones de derechos humanos en esta nación.

Rousseff informará sobre este mecanismo durante su participación en el Foro Mundial Derechos Humanos que se celebra en el Centro Internacional de Convenciones de Brasilia con la participación de delegaciones de unos 80 países.

Con una estructura independiente, el SNLT podrá realizar pesquisas, ingresar a penitenciarias, instituciones militares, policiales y hospitales psiquiátricos, y otras entidades en las cuales se sospeche que ocurren transgresiones o abusos contra personas.

Solo hará falta una denuncia para que este sistema se active y actúe, destacó la víspera María do Rosario, titular de la secretaria de Derechos Humanos de la Presidencia de la República.

Puntualizó que la mandataria no asistió a la inauguración de esta cita, pues tuvo que viajar a Suráfrica para asistir a la ceremonia oficial de homenaje al expresidente de ese país Nelson Mandela, quien falleció el pasado día 5 en su casa de Johannesburgo.

El Foro Mundial constituye un espacio para reforzar el diálogo con los diversos segmentos de la sociedad en la lucha de los pueblos por la paz y la defensa de la dignidad humana, aseveró.

En la primera sesión de ayer delegados coincidieron en la necesidad de que la justicia promueva la indemnización a las familias de torturados, asesinados y desaparecidos durante los regímenes militares.

La representante de la Comisión Nacional de la Verdad Rosa Cardoso destacó que Brasil hizo hincapié en la compensación de las víctimas, pero no promovió la responsabilidad de los autores, debido a la ley de Amnistía aprobada en 1979.

Alertó que esta legislación impide se haga justicia y sólo después de muchas presiones se creó la Comisión de la Verdad para esclarecer y sacar a la luz pública los crímenes, abusos y torturas cometidos por la dictadura militar entre 1964 y 1985.

Para el exmagistrado español Baltasar Garzón, quien participa en este foro, la restauración de la verdad en casos de violaciones es importante, pero que también se debe ejercer la justicia.

Garzón saludó la actividad de las Comisiones de la Verdad, como la de Brasil, pero aclaró que estas deben contar con respaldo de la ley con miras a propiciar una el castigo de los violadores de derechos humanos.

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Un sondeo augura la victoria de Bachelet en Chile con 63,7% de votos

XINHUA

La candidata de la oposición de centroizquierda a la Presidencia de Chile, Michelle Bachelet, ganaría con 63,7 por ciento de los votos la segunda vuelta del 15 de diciembre, según un sondeo difundido ayer miércoles.

La encuesta levantada por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y la consultora privada Ipsos midió la participación y los probables resultados en el balotaje del domingo próximo por la Presidencia chilena, que enfrenta a la abanderada de la oficialista Alianza por Chile, Evelyn Matthei, y a la candidata de Nueva Mayoría, Bachelet.

En todos los escenarios, debido al fenómeno del voto voluntario, Bachelet, quien ya gobernó Chile de 2006 a 2010, obtiene más de un 60 por ciento de los sufragios, mientras que la derechista Evelyn Matthei obtiene menos del 40 por ciento.

En un primer escenario, entre quienes sufragaron en primera vuelta y "probablemente" lo hagan en el balotaje, la ex presidenta Bachelet concita 63,7 por ciento de las preferencias, contra 36,3 por ciento que se inclinan por Matthei, según el sondeo "Estudio de Valores Sociales", de la Usach e Ipsos.

En tanto entre quienes votaron en la primera vuelta y dicen que sí votarán este 15 de diciembre apoyan en un 65,2 por ciento a Bachelet y 34,9 por ciento a Matthei.

Entre quienes votaron en la elección de 2009, en la primera vuelta de noviembre y tienen total decisión de votar en segunda vuelta, se aumenta la diferencia a favor de Bachelet, al lograr un 66,3 por ciento frente al 33,7 que optaría por Matthei.

En cuanto a la pregunta de "¿quién quiere usted que sea presidenta?", Bachelet es señalada por el 55 por ciento de los chilenos y Matthei por el 29 por ciento.

En cuanto a la pregunta "¿usted va a votar en la segunda vuelta presidencial del 15 de diciembre?", un 60 por ciento respondió positivamente, un 14 por ciento dijo que no votará, mientras que un 12 por ciento dijo que "probablemente si votará", un 9 por ciento "probablemente no" y un 5 por ciento señaló que no sabe.

Esta es la única encuesta que se ha hecho pública luego de la primera vuelta del 17 de noviembre, debido en parte a los errores que presentaron en su capacidad de anticiparse a los resultados reales.

La mayoría e las encuestas señalaban que Bachelet ganaría en primera vuelta con más del 50 por ciento de los votos, lo que no sucedió pues finalmente obtuvo el 46,6 por ciento de los sufragios, frente al 25 por ciento de Evelyn Matthei.

El motivo del error es explicado por la nueva modalidad de la inscripción automática en los registros electorales, que aumentó de 8,5 a 13,5 millones el universo de electores, y la posibilidad del voto voluntario, que bajó el número de participantes.

Sólo cerca de 6,7 millones de personas, el 49 por ciento de los ciudadanos, acudieron a votar finalmente, contradiciendo todos los análisis realizados con anterioridad.

El sondeo se levantó del 21 de noviembre al 2 de diciembre, a través de 900 encuestas en línea, con un margen de error de 4,2 a 4,8 por ciento.

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Lucha sin cuartel declaran campesinos paraguayos

PL

La Federación Nacional Campesina paraguaya declaró hoy que llevará adelante una lucha sin cuartel contra el aumento indetenible de nuevas plantaciones de soja y sus fumigaciones con agrotóxicos que afectan a las poblaciones.

La declaración se divulgó al final de una asamblea en la zona de San Vicente, departamento de San Pedro, tras conocerse el saldo de 24 los labriegos heridos por la represión de policías y militares en dos puntos de la zona donde sendas protestas ocurrieron.

Las nuevas siembras y la fumigación aérea en zonas prohibidas por la ley son rechazadas por los campesinos, pero se llevan a cabo resguardadas por efectivos policíacos y empleados de los latifundistas que portan armas, asegura esa agrupación.

El dirigente Arnaldo Ayala dijo que las protestas se extenderán a todos los asentamientos en cuyas cercanías se pretenda materializar las nuevas plantaciones en la operación denominada sojización ilegal del país.

Ayala agregó que las bases de la organización están preparadas para resistir la ofensiva de los geófagos y grandes agroexportadores y negó que la represión desatada haya desmoralizado a las familias campesinas.

Según las leyes vigentes, está prohibida la fumigación con agrotóxicos en las cercanías de los poblados y de las carreteras y caminos transitables, pero ello se viola con el consiguiente perjuicio para la salud incluso de mujeres, niños y ancianos.

Comentó que colonos brasileños, tras el desalojo violento de los campesinos sembraron 520 hectáreas en la zona con la protección de policías, los cuales permanecen en el lugar al servicio de los infractores de la ley.

Un video distribuido a los medios de difusión mostró imágenes de la agresión de los uniformados y permite comprobar los disparos a quemarropa contra los protestantes con el saldo señalado de personas heridas.

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Crece el descontento en Colombia por la destitución de Petro

Anubis Galardy (PL)

Los cuestionamientos al procurador general Alejandro Ordóñez suben de punto en Bogotá, a raíz de la sanción impuesta al alcalde Gustavo Petro que, según consenso, pone de relieve sus poderes omnímodos y su irrespeto al voto popular soberano.

El dictamen que lo destituyó de su función y lo inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos fue denunciado la víspera como una señal de peligro para la democracia regional por ocho alcaldes y alcaldesas de la Red de Ciudades Suramericanas, reunidos en Bogotá en un foro internacional sobre Seguridad Humana Urbana.

Se trata de un hecho de extrema gravedad, alegaron, y un duro golpe a la gobernabilidad de la capital colombiana.

El argumento esgrimido por Ordóñez fue un presunto mal manejo de Petro de la crisis de recolección de basura registrada en Bogotá en diciembre de 2012, surgida por la puesta en marcha de un nuevo esquema de aseo de la ciudad, encomendado a la empresa pública de Acueducto y Alcantarillado.

Hasta entonces, en los 11 años anteriores, ese servicio estuvo en manos de cuatro grupos de empresarios privados, que lo convirtieron en un negocio millonario y urdieron la crisis que desembocó en el caos sanitario que vivió Bogotá el 18 de diciembre de 2012, como lo asegura el abogado Manuel Sánchez.

El fiscal Eduardo Montealegre, que no escatimó desde el inicio sus críticas a la sanción impuesta por Ordóñez, tras calificar de "medieval e inquisitorio" el modelo de justicia del Ministerio Público, decidió inspeccionar el expediente que determinó la destitución e inhabilitación de Petro.

Según fuentes de ese ente judicial citadas por el diario El Espectador, era la única manera de que la Fiscalía tuviera acceso a esas pruebas relacionadas con el caso, que era preciso recaudar a la mayor brevedad, de acuerdo con los objetivos del vicefiscal Jorfe Perdomo, quien está a cargo de la investigación correspondiente.

Por su parte, Montealegre había dejado clara desde un inicio su posición al respecto. "Es altamente antidemocrático, dijo, que un funcionario elegido popularmente sea destituido a través de un proceso que no es garantista, y por un funcionario que no tiene naturaleza judicial".

Los argumentos masivos de los colombianos apuntaron siempre en esa misma dirección. El señor Ordoñez prácticamente le ha dicho al país que la democracia no existe y que el voto de los ciudadanos es basura, afirmó un bogotano de a pie, que prefirió el anonimato.

Con esta postura, ese señor ha sellado su muerte política, pues los ciudadanos exigimos su renuncia o que sea retirado de ese ente público.

Han sido muchas las fallas que este procurador ha cometido contra del futuro de Colombia. Ha demostrado que es enemigo jurado de la paz, añadió.

Mientras, la temperatura política del país y de la capital bogotana se caldea por minutos y Montealegre deja entrever que las funciones del procurador pueden ser replanteadas en su totalidad.

Miembros de la guardia indígena se encuentran ya en la capital y otros 300 viajaron desde el sureño departamento del Cauca, con sus bastones de mando, para acompañar a Petro en la gran movilización por la paz y la democracia, una cita de honor convocada para el viernes.

El alcalde dejó ahora de ser el protagonista, manifestó Petro el martes pasado ante miles de bogotanos en la Plaza Bolívar.

Ahora el protagonista es el pueblo. Es el momento de ustedes, postuló. Petro se queda fue el clamor en respuesta.

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Las FARC invitan a participar en la protesta contra la destitución del alcalde de Bogotá

XINHUA

Las FARC invitaron a la ciudadanía a la marcha que se convocó para el próximo viernes en la capital colombiana, en protesta por el fallo emitido por la Procuraduría de Colombia, que destituyó e inhabilitó al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

"Llamamos a respaldar todas las acciones de repudio al (procurador Alejandro) Ordóñez y a apoyar la gran manifestación de rechazo a su decisión de desconocer la voluntad popular que eligió al alcalde Petro con más de 700.000 votos", precisaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en un comunicado.

Según los rebeldes, la sentencia que emitió el procurador general de la Nación "atenta contra el establecimiento de una verdadera democracia en Colombia".

Inicialmente, el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, afirmó que el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, sí puede investigar penalmente al procurador general de la Nación, luego de que éste destituyó e inhabilitó al alcalde de Bogotá.

"Como tal, el gobierno no puede hacer nada distinto a decir: Que respeta esa decisión judicial (de la Procuraduría). El señor fiscal tiene competencia constitucional para investigar al procurador y si es dentro de ese ámbito, que lo hace el señor fiscal, el gobierno no puede hacer juicios de valor", dijo el funcionario a periodistas.

La Procuraduría General de Colombia destituyó e inhabilitó por 15 años al alcalde de Bogotá, el pasado lunes, por irregularidades en la implementación de un nuevo esquema de recolección de basuras que según explicó, puso en riesgo la salud de los capitalinos el año pasado. Dicha decisión desató una polémica política en el país sudamericano.

Durante este día, miembros de la Fiscalía realizaron una inspección judicial a la sede de la Procuraduría, en Bogotá, donde buscaron las pruebas que tuvo el Ministerio Público para destituir e inhabilitar a Petro.

"Una de esas pruebas es verificar la decisión del señor procurador general de la Nación, se realizó una inspección judicial a la Procuraduría General de la Nación para mirar qué tipo de pruebas se practicaron luego del pueblo de cargos (contra Petro)", expresó el fiscal Montealegre.

"No puede ser posible que el derecho administrativo sancionador, el derecho disciplinario, el mismo funcionario abra la investigación, hace la apertura, formula el pliego de cargos, realiza la audiencia, dicta la sentencia primera y la misma institución falla en segunda instancia", agregó el jefe del ente acusador.

Por su lado, los eurodiputados le enviaron una carta abierta al presidente Juan Manuel santos en la que expresaron su preocupación por la destitución del alcalde de Bogotá.

"No es posible que un funcionario destituya un gobernante elegido popularmente. Concretamente, la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece que los derechos políticos pueden ser restringidos por vía de sanción solo cuando existe condena, por un juez competente, en un proceso penal", dijo la misiva conocida en la capital colombiana.

Según la Procuraduría, Petro actuó con improvisación durante su mandato y al pretender entregar el control total del manejo de basuras a la Empresa de Acueducto generó un caos sin precedentes en la ciudad en la que por varios días no se recogieron los residuos.

Entre tanto, los abogados de Petro anunciaron que ya están tomando las medidas correspondientes para denunciar ante organismos internacionales lo que consideran como "un abuso" de poder por parte del procurador Ordóñez.

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Protestará la izquierda hondureña contra los resultados electorales

PL

El partido Libertad y Refundación (Libre) sigue sin aceptar los resultados de los comicios y protagonizará esta tarde una demostración pacífica frente al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para reclamar el conteo de votos.

La protesta fue convocada por el expresidente hondureño y coordinador de Libre, Manuel Zelaya, quien insiste en que un recuento de votos y actas del nivel presidencial probaría que la candidata de esa fuerza política, Xiomara Castro, fue la ganadora de los comicios.

Desde la víspera está instalada una sesión permanente de la dirección de Libre, con el acompañamiento del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), que volvió a ganar protagonismo después del proceso electoral.

El miércoles, en cadena nacional de radio y televisión, el presidente del TSE, David Matamoros, declaró oficialmente ganador de las elecciones al candidato del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, y presidente electo de Honduras para el período 2014-2018.

Además, el TSE denegó las impugnaciones interpuestas por Libre y el también opositor Partido Anticorrupción (PAC), contra los resultados de las elecciones.

Según el escrutinio oficial del TSE, Hernández obtuvo un millón 149 mil 302 votos (36,89 por ciento); Castro 896 mil 498 votos (28,77 por ciento); el liberal Mauricio Villeda 632 mil 320 y Salvador Nasralla, del PAC, 418 mil 443 votos.

Asimismo, Romeo Vásquez Velásquez, de Alianza Patriótica, totalizó seis mil 105 votos; Orle Solís, de la Democracia Cristiana, cinco mil 194; Jorge Aguilar, del Partido Innovación y Unidad, cuatro mil 468; y Andrés Pavón, de FAPER-UD, tres mil 118 votos, precisó el Tribunal.

El TSE aseguró que ejercieron el sufragio en los comicios tres millones 274 mil 920 hondureños, y de estos, tres millones 115 mil 448 votos fueron válidos, 108 mil 171 nulos y 51 mil 727 en blanco.

La primera reacción internacional ante el anuncio del TSE vino de Washington, desde donde el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, felicitó al presidente electo y pidió a los hondureños reconocer los resultados y mostrar unidad ante los desafíos que enfrenta esta nación centroamericana.

El 24 de noviembre último los hondureños acudieron a las urnas para elegir a un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 autoridades municipales (alcaldías), 128 diputados del Congreso y 20 integrantes del Parlamento Centroamericano.

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El salvador: El FMLN aventaja a ARENA en 7 puntos, podría ganar en la primera vuelta

Oscar López (COLATINO)

La más reciente encuesta desarrollada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), indica que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) aventaja las preferencias de cara a las elecciones presidenciales de 2014.

Al consultar a la población por cuál de los partidos políticos en contienda votaría en las próximas elecciones, el 38.7% de los consulados indicó que lo hará por el FMLN, lo que le da una ventaja de siete punto porcentuales sobre ARENA, ya que de los consultados el 31.3% aseguró votar por el partido de derecha.

La encuesta también consultó las preferencias en cuanto a los candidatos, en este ítem el FMLN también aventaja al resto de los partidos políticos. Salvador Sánchez Cerén, candidato presidencial del FMLN y firmante de los acuerdos de Paz, tiene un 38.4% de aprobación de la población, aventajando al candidato arenero que tiene un 33.4%.

Jeannette Aguilar, directora del IUDOP, explicó que la población consultada considera que el país tiene mejores expectativas de desarrollo de continuar el FMLN en el gobierno. “El 49.2% de la población indicó que quiere que el FMLN siga gobernando el país”, explicó Aguilar La encuesta del IUDOP midió la aprobación de los candidatos a la vicepresidencia, en este aspecto el Oscar Ortiz, candidato del FMLN aventaja al resto de los candidatos. Los candidatos fueron evaluados basados en una nota de cero a diez, obteniendo Ortiz 7.04 y superando a René Portillo Cuadra que únicamente obtuvo un 5.74.

Omar Serrano, vicerector de Proyección Social de la UCA, profundizó en algunos puntos de la encuesta, por lo cual indicó que la seguridad es el mayor problema planteado por la población, ya que de este dependen delitos como la extorsión y los robos. De igual forma, Serrano explicó que el apoyo de la población hacia el FMLN es debido a que no quieren que ARENA regrese a gobernar el país. “Más del 60% de la población considera que ARENA no debe volver”, indicó Serrano.

Los análisis de la encuesta indican que el FMLN es el partido político que esta más cerca de ganar las elecciones presidenciales en primera vuelta. “El FMLN necesitaría ocho o nueve puntos para obtener el 50% más uno y ganar las elecciones en primera vuelta”, aseguró Aguilar

Serrano explicó que los factores que contribuyen a que la población apruebe la candidatura del FMLN son mayor capacidad y voluntad política para resolver problemas, la figura del candidato a la vicepresidencia y la capitalización a su favor de los logros del actual gobierno.

En cuanto a la posibilidad de una segunda vuelta electoral, esta sería definida por las personas que a la fecha no tienen decidido su voto, “es importante señalar que la encuesta es una aproximación a la opinión de la gente”, aclaró Aguilar.

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Prosigue debate de reforma energética mexicana en Cámara de Diputados

PL

El pleno de la Cámara de Diputados de México continúa hoy el debate de la reforma energética, que ayer recibió el aval del Senado en medio de la oposición de la izquierda y protestas sociales.

La víspera, luego de que los senadores dieran luz verde a la medida impulsada por el Ejecutivo, la Cámara baja dispensó todos los trámites previos, como el dictamen en comisiones, y accedió a pasar directamente a la discusión en el pleno.

El análisis debió realizarse en una sede alternativa, pues diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y del Movimiento Ciudadano bloquearon la entrada al salón de plenos y tomaron la tribuna de esa estancia en rechazo a la reforma.

Ya en el debate, los grupos del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el conservador Partido Acción Nacional (PAN) coincidieron en que la propuesta de ninguna manera es privatizadora y en cambio impulsará el desarrollo social y económico del país.

En tanto, los miembros del PRD, PT y Movimiento Ciudadano expusieron sus argumentos en contra de esta transformación constitucional, pues de ser aprobada permitirá la inversión privada nacional y extranjera en el sector de los hidrocarburos, lo cual consideran una entrega de los recursos del país.

Al decir del diputado priista Eloy Cantú, la iniciativa permitirá aumentar la disponibilidad de energéticos para los mexicanos a precios más accesibles, elevar la producción de petróleo y gas natural para incrementar la renta, y generar mayor crecimiento económico.

En tanto, para el panista Juan Bueno, la reforma energética no es privatizadora, sino que alienta la participación del sector privado porque los instrumentos actuales ya agotaron su capacidad y hoy están perdiendo potencia y soberanía.

Por su parte, el perredista Luis Espinosa recordó la existencia de una propuesta de su partido que ni siquiera fue discutida y dictaminada, por lo cual no pueden decir que hubo una confrontación de ideas.

Silvano Aureoles, también de la formación de izquierda, calificó de atrocidad a la nación entregar el petróleo a manos extranjeras, pues la reforma energética conduce a la privatización de la riqueza nacional y quitará la principal fuente de recursos del Estado.

Agregó que existe una tendencia del PRI y del PAN a privatizarlo todo, y llamó a la reflexión y a la prudencia al señalar que se está acabando con el patrimonio de los mexicanos.

Mientras tanto, integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional trasladaron el cerco desde el Senado hacia San Lázaro, sede de la Cámara baja, donde se mantendrán hasta que termine la discusión del proyecto energético.

El presidente nacional de la organización, Martí Batres, advirtió que aunque se apruebe la reforma la lucha continuará, pues seguirán los cercos a los congresos locales, la denuncia contra el presidente Enrique Peña Nieto y la difusión de los nombres de los legisladores traidores que voten la medida.

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Estados Unidos impone multa a banco escocés por acoger transacciones cubanas

PL

Estados Unidos impuso una multa de 100 millones de dólares al Banco Real de Escocia (RBS) por acoger transacciones cubanas y violar las sanciones norteamericanas impuestas a la isla mediante el bloqueo económico, comercial y financiero, publican hoy medios británicos.

Tras una investigación interna en el RBS, se determinó que la entidad bancaria cometió las violaciones entre 2005 y 2009, lo cual implicó, además de Cuba, otros países sancionados por Washington: Irán, Sudán y Birmania.

De acuerdo con la División de Servicios Financieros de Nueva York, el RBS tenía instituidos procedimientos para evitar revelar informaciones sobre transacciones en las cuales estuviera involucrada alguna de estas naciones.

Es decir, los empleados "recibían instrucciones por escrito que detallaban paso por paso cómo crear y enviar mensajes sobre pagos en dólares a Estados Unidos que involucraban entidades sancionadas para evitar su detección".

Según estimaciones, de esta forma se realizaron más de 3.500 transacciones por un valor total de alrededor de 532 millones de dólares.

En numerosas ocasiones, Cuba ha denunciado ante Naciones Unidas y otras entidades internacionales la ilegalidad del bloqueo que le impone Estados Unidos de manera unilateral, el cual tiene carácter extraterritorial y llegar a afectar a terceros países, como el caso mencionado.

Año tras año, la Asamblea General de la ONU ha rechazado las medidas hostiles mantenidas por más de medio siglo: en octubre último 188 países votaron contra el bloqueo, solo Washington e Israel se manifestaron a favor, y hubo tres abstenciones.

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Alerta la OIT sobre el aumento de largos períodos de desempleo

PL

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) alertó hoy sobre los largos períodos de desempleo sufridos por las personas, una situación que supera en algunos países los niveles previos a la crisis económica iniciada en 2008.

Las noticias sobre una reciente disminución de las tasas de desocupación ocultan la amarga realidad de que para muchos parados es cada vez más difícil encontrar un puesto en un período de tiempo razonable de seis meses o menos, subrayó la institución en un material.

Por ejemplo, en naciones como España, Reino Unido, Estados Unidos, Serbia y Bulgaria, el desempleo por largo tiempo aumentó en 40 por ciento o más con relación a 2008.

La OIT detalló que las nuevas cifras muestran que en países con tasas de cesantía similares puede haber una diferencia substancial en las tendencias del mercado laboral.

En Francia, ilustró, donde las tasas de paro han sido alrededor de 30 por ciento más altas que en Alemania desde 1991, un desempleado suele necesitar menos tiempo para encontrar un trabajo que en la llamada locomotora europea.

En el caso de los países en desarrollo, explicó que las personas pasan más rápidamente de un período de desocupación a uno de ocupación que en las llamadas economías avanzadas, un hecho atribuido principalmente a que con frecuencia encuentro lugar en el sector informal.

Acorde con el informe, el nivel de desajuste de competencias (las calificaciones que tienen los trabajadores comparadas con las que necesita el mercado) en las naciones en desarrollo se situó en un promedio de 17,1 por ciento en 2012.

La incidencia promedio de la sobrecalificación en las desarrolladas era de 10,1 por ciento en 2010, en comparación con 8,5 por ciento en 2008, y perjudica en particular a los migrantes, los jóvenes y los discapacitados.

En períodos de crisis económica, cuando las oportunidades de empleo son escasas y las tasas de desempleo altas, el exceso de calificaciones tiende a aumentar, explicó la OIT.

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España: El negocio de seguridad privada de la ultraderecha

Antonio Maestre (LA MAREA)

La nueva Ley de Seguridad Privada aprobada en el Congreso con los votos a favor del PP, PNV y CIU permitirá a las empresas de seguridad privada realizar actividades hasta ahora reservadas para las fuerzas de seguridad del Estado. En concreto, la nueva ley permitirá patrullar, detener e identificar a supuestos delincuentes en calles, de zonas comerciales, polígonos industriales y urbanizaciones. Además de participar en labores de vigilancia perimetrales en recintos carcelarios y centros de internamiento de extranjeros. Así reza uno de los artículos de la ley.

«En relación con el objeto de su protección o de su actuación, detener y poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes a los delincuentes así como los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, así como denunciar a los infractores en materia de infracciones administrativas. No podrán proceder al interrogatorio de aquéllos, si bien no se considerará como tal la averiguación, comprobación o anotación de sus datos personales para su comunicación a las autoridades.»

Uno de los grandes beneficiados por la ley de seguridad privada que el PP ha aprobado con el apoyo de CiU y PNV es la extrema derecha valenciana, sobre todo el partido ultra España 2000. Levantina de Seguridad es una empresa de seguridad privada de la que Jose Luis Roberto, presidente del partido de extrema derecha España 2000, es copropietario desde hace muchos años. El vínculo entre esta empresa de seguridad -que ahora podrá patrullar, identificar y detener- con el partido ultra y con la asociación ANELA de clubs de alterne es íntima. Jose Luis Roberto, es un histórico de la extrema derecha en España, detenido durante la transición por poner dos bombas en un acto independentista. Vinculado en su momento pero nunca condenado por financiar y apoyar a Acción Radical y Frente Antisistema, grupos violentos de extrema derecha.

La Asociación Patronal Valenciana de Seguridad y Servicios, acoge a todos los miembros de la seguridad privada de la comunidad valenciana. Uno de los miembros de la APVSS, de la que también es miembro Jose Luis Roberto, es Jose Antonio Ocio Albiñana, Secretario General de España 2000, asociado a la patronal valenciana de seguridad privada como miembro de la empresa de seguridad Roberto Ramón.

Levantina de Seguridad cuenta entre sus vigilantes con multitud de miembros que forman o han formado parte del partido ultra España 2000. Según consta en la página web de la empresa Levantina de Seguridad, José Cercos, es el director de inspectores de la empresa. Además Cercos es miembro del Consejo Nacional de España 2000. Pero no es el único. Ramon Barnes y David Tejedor, que fueran candidatos al Senado por Valencia en el año 2011 son vigilantes de seguridad de la empresa Levantina, condecorados por la administración.

Otros miembros de España 2000 trabajando en la empresa Levantina de seguridad son Ricardo Bartolomé Martínez, que se presentó en 2004 en las elecciones al Congreso en un pueblo de Tarragona. Rafael Gimenez Gimenez, suplente de España 2000 en las elecciones a las Cortes Valencianas en 2003. Todos ellos recibieron por parte de la dirección general de la policía una mención honorífica por sobresalir en el cumplimiento de sus funciones. Que no es otra cosa que la detención de un inviduo en un polígono en el año 2012 para Ricardo Bartolomé y la detención por robo en otro polígono en el mismo año para Rafael Gimenez. En aquel momento se pudieron realizar estas detenciones al ser efectuadas en flagrante delito según el artículo 490 de la Ley de enjuiciamiento criminal. Salvador Cayrols se presentó a las elecciones en Paterna como número 3 de España 2000, es también vigilante de seguridad de Levantina, y campeón de España de Grappling,un tipo de lucha, en la categoría de más de 110 kilos. La lucha y las artes marciales son otra de los negocios en los que la empresa de Jose Luis Roberto está implicado con el gimnasio Gym Levantina, donde muchos de sus vigilantes son entrenados.

Un antiguo trabajador de Levantina de Seguridad, Alejandro Serrador Ferrer, llegó a ser concejal de España 2000 en la población valenciana de Silla. Serrador ha sido condenado en varias ocasiones, además de estar implicado en la Operación Panzer por la que se pide a todos los implicados un total de 42 años de prisión.

Las prácticas de unas empresas de seguridad como son Levantina Seguridad y Grupo Roberto Ramón quedan en evidencia en las notas de prensa que Levantina cuelga en su web. Esto decían sobre la detención de dos “indigentes”.

«Los hechos se produjeron en una gran superficie comercial próxima a Valencia, cuya seguridad corre a cargo de la empresa Grupo Roberto Ramón. Los individuos se adentraron en el centro en hora punta para intimidar a los clientes amenazándoles para obtener dinero. Los servicios de vigilancia fueron alertados por el personal del centro.

«Una vez localizados los individuos intentaron escapar de la presión de los vigilantes para finalmente ser reducidos y retenidos hasta la llegada de la policía nacional. Aunque los vigilantes tuvieron que utilizar la fuerza para reducir a los detenidos, no hubo que lamentar daños físicos».

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