miércoles, 18 de diciembre de 2013

¿Existe una política suramericana de ciencia y tecnología o, al menos, la voluntad política de los gobiernos de establecerla?

Alejandro Teitelbaum (especial para ARGENPRESS.info)

Argenpress del 10 de diciembre publicó un artículo de Sally Burch (Hacia una política suramericana de ciencia y tecnología) dando cuenta del Foro de UNASUR “Ciencia, Tecnología, Innovación e Industrialización”, que se desarrolló del 2 al 4 de diciembre en Río de Janeiro, Brasil.

Un tema crucial, en la perspectiva de un desarrollo autónomo, armónico, autocentrado e inclusivo de la región.

Al parecer, en el Foro se hizo mención al problema que plantean las patentes, pero no se discutió ni se hicieron propuestas acerca de uno de los principales obstáculos para avanzar en el objetivo proclamado de crear una política sudamericana de ciencia y tecnología.

Dicho obstáculo consiste en que los países de la región están atados, como miembros de la Organización Mundial del Comercio, a la política imperialista en materia de ciencia y tecnología contenida en el Acuerdo relativo a los aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC, TRIPS en inglés) y muchos, o todos ellos, también están atados a esa misma política por tratados bilaterales en materia de propiedad intelectual.

Veamos.

I. El Acuerdo relativo a los aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC). TRIPS en inglés

El ADPIC es uno de los acuerdos fundadores de la Organización Mundial del Comercio. La orientación decididamente «liberalizadora » de la OMC cambia bruscamente en este Acuerdo, porque se trata de la propiedad monopólica u oligopólica que detentan las sociedades transnacionales de las tecnologías más avanzadas y de muchas marcas y patentes, que es fuente de enormes ganancias. Por eso nunca se llegó a un acuerdo en las discusiones celebradas durante años en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (CNUCED - UNCTAD) para aprobar un Código Internacional de Conducta sobre Transferencia de Tecnología y finalmente se aprobó el ADPIC, que refuerza en los hechos la propiedad oligopólica o monopólica de los conocimientos aprovechables económicamente.

La duración de la protección conferida por una patente se ha fijado en el ADPIC en 20 años (art. 33) y la de las marcas es indefinida (siete años renovables indefinidamente, art. 18), lo que significa demorar excesivamente el momento en que los nuevos conocimientos pasan al dominio público, en beneficio exclusivo de los propietarios de las patentes, generalmente sociedades transnacionales.

En los hechos, las grandes sociedades transnacionales se apropian, por diversos medios y en su exclusivo beneficio, de los conocimientos que son por naturaleza sociales.

Entre los medios utilizados está la apropiación “legal” (el acuerdo ADPIC y las patentes y marcas) y la biopiratería, consistente en la apropiación de hecho y patentamiento ilegal de los conocimientos ancestrales y de materia orgánica y organismos vivos y sus partes, entre ellos los genes. (1)

El Acuerdo ADPIC incluye el patentamiento de formas de vida (artículo 27, inciso 3, apartado b: microorganismos), lo que implica, entre otras cosas, una infracción a la legislación internacional en materia de patentes (2) y la eventual apropiación privada de conocimientos y técnicas tradicionales que pertenecen al patrimonio común de diferentes pueblos.

Formalmente, el Acuerdo ADPIC admite la posibilidad de excluir del sistema de patentes a los seres vivos, aunque en el artículo 27, 3, b) del mismo dice: “Sin embargo, los Miembros preverán la protección de variedades vegetales por brevets, mediante un sistema sui generis eficaz o por una combinación de ambos…”. No especifica qué quiere decir un “sistema sui generis eficaz”. Así, en el ADPIC, de todas maneras queda la puerta abierta al patentamiento de variedades vegetales.

Este “sistema sui generis eficaz” está establecido, con el nombre de “derechos del obtentor” en la UPOV (Unión Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas), que no es mencionada en el ADPIC. Pero en la gran mayoría de los tratados bilaterales en materia de propiedad intelectual está incluida la obligación de adherir a dicha Unión, con lo que en tales tratados desaparece hasta la posibilidad formal de excluir el patentamiento de organismos vivos.

En el marco del ADPIC, la India perdió un litigio en la OMC frente a Estados Unidos y a la Unión Europea por una cuestión similar a la planteada en el juicio de las 39 transnacionales farmacéuticas (que finalizó con un arreglo entre las partes) contra Africa del Sur. En 1997 el Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio dio la razón a los Estados Unidos, que reclamaba contra la legislación de la India que impide de manera temporaria el registro de patentes sobre productos farmacéuticos y agroquímicos El Órgano de Apelación de la OMC hizo una interpretación discutible de los procedimientos del Acuerdo ADPIC para exigir a la India que otorgara de inmediato a las transnacionales farmacéuticas derechos exclusivos de comercialización. La Unión Europea (Comunidades Europeas), que actuó en el litigio como tercero, junto a Estados Unidos y contra la India, argumentó que era inadmisible la referencia de la India a la importancia para los países en desarrollo de la cuestión de los derechos exclusivos de comercialización de productos farmacéuticos y agroquímicos.

Pese al escándalo internacional que provocó el juicio de 39 transnacionales farmacéuticas contra el Gobierno de Sudáfrica que permitía la fabricación de medicamentos contra el SIDA a bajo precio, la transnacional farmacéutica Novartis se aventuró en un litigio similar contra la India en agosto de 2006, atacando la legislación de dicho país en materia de brevets ante un tribunal hindú, a fin de defender su monopolio sobre un medicamento contra la leucemia, el Glivec, cuya patente fue rechazada por la administración india por no considerarlo novedoso según los términos establecidos en la Ley de Patentes. La demanda de Novartis fue rechazada en sucesivas instancias de los tribunales hindúes y finalmente, en marzo de 2013, el Tribunal Supremo de la India rechazó definitivamente las pretensiones de Novartis.

El objetivo de Novartis iba más allá de hacer reconocer el brevet de Glivec. Su propósito era deslegitimar la norma existente en la ley de patentes de la India que establece que las patentes solo pueden concederse para medicamentos que sean realmente innovadores.

La finalidad de esta norma es impedir una práctica habitual entre las grandes transnacionales farmacéuticas, que consiste en obtener patentes adicionales por mejoras que no son novedades terapéuticas en medicamentos que ya existen, extendiendo así el monopolio en el tiempo (y los elevados precios) sin que en cambio el paciente tenga ningún nuevo beneficio terapéutico.

Las compañías fabricantes de genéricos de India, conocida como la "farmacia del mundo en desarrollo", han sido las mayores proveedoras de medicamentos para enfermedades como el cáncer, la tuberculosis y el SIDA, para quienes no pueden pagar los medicamentos patentados por las transnacionales farmacéuticas, mucho más caros.

La diferencia de precio entre el fármaco genérico y el patentado es fundamental para las personas más pobres en todo el mundo, según Médicos sin Fronteras.

Dicha organización señaló que una terapia mensual con Glivec, conocido como "santo remedio" por los resultados en el tratamiento de formas letales de leucemia, cuesta 4. 000 dólares, mientras que la versión genérica se puede comprar en India por 73 dólares.

Las transnacionales farmacéuticas defienden sus enormes beneficios con uñas y dientes, amparándose en las patentes o brevets.

El Acuerdo ADPIC, que ha acentuado los aspectos negativos ya existentes en la transferencia de tecnología, produce una profundización de la brecha tecnológica entre los países industrializados y los países periféricos en detrimento del desarrollo de éstos últimos y afecta derechos humanos fundamentales como los derechos a la salud y a una alimentación suficiente, con consecuencias quizás menos espectaculares que las del SIDA en África, pero igualmente funestas para buena parte de la humanidad.

El 27 de noviembre del 2000, el Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales organizó un debate sobre el derecho de propiedad intelectual como derecho humano, en el que participamos. Allí propusimos dos cosas:

1) que el Comité estableciera una clara distinción en este derecho como derecho humano por un lado, cuando se trata del derecho intelectual de la persona autora del invento o creación y como derecho patrimonial por el otro, cuando se trata de la propiedad de una patente, detentada por ejemplo por una empresa y

2) que el Comité recomendase que, en todo lo que se refiere a la propiedad intelectual, en particular en lo que concierne a la interpretación del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio relativo a los aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) y a la solución de diferendos en el marco de dicho Acuerdo, se reconociera la primacía de los derechos humanos y del interés general.

Varios otros participantes hicieron propuestas similares.

Posteriormente, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales emitió una declaración en la que se decía: « Mientras que los derechos de propiedad intelectual se pueden atribuir y son de alcance y duración limitados y susceptibles de transacción, enmienda e incluso renuncia, los derechos humanos son eternos y constituyen la expresión de una reivindicación fundamental de la persona humana. Mientras que los derechos humanos tiene por objeto garantizar un grado satisfactorio de bienestar humano y social, los regímenes de propiedad intelectual -aunque tradicionalmente brindan protección a los autores y creadores individuales - se centran cada vez más en proteger los intereses e inversiones comerciales y empresariales». (3)

En noviembre de 2005 el Comité aprobó la Observación General Nº 17 sobre los derechos de autor, donde reiteró que el artículo 15, inciso 1 del Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales protege los intereses morales y materiales del autor o autores, los que no necesariamente coinciden con los intereses e inversiones de las corporaciones, protegidos como propiedad intelectual en las legislaciones nacionales y en los tratados internacionales. (4)

II. Los tratados bilaterales en materia de propiedad intelectual.

La mayoría de los tratados bilaterales en materia de propiedad intelectual obligan a los signatarios a adherir a la UPOV (Unión Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas), que no es mencionada en el ADPIC.

El UPOV es un tratado celebrado en 1961 del que eran miembros hasta 1994 sólo países del Norte y Sudáfrica. Pero desde esta última fecha comenzaron a adherir al mismo los países del Sur. El tratado otorga amplia latitud para patentar plantas y obliga a los agricultores, para poder seguir sembrando y cultivando, a que pagar cada vez más derechos a las grandes sociedades transnacionales especializadas en ingeniería genética y en “piratería genética”.

Como el derecho tradicional de patentamiento requiere que el objeto de la patente sea un invento, con lo que quedan excluidos los organismos vivos que existen en la naturaleza, con el UPOV se consagraron los llamados “derechos del obtentor” que se refieren a las variedades vivas obtenidas con manipulaciones genéticas.

Así es como con los tratados bilaterales que obligan a adherir al UPOV desaparece la posibilidad que tienen los Estados miembros del ADPIC de excluir de sus leyes de patentes a las plantas y a los animales.

Aparte de los abusos que se cometen con el patentamiento de seres vivos, pues se patentan genes y otros materiales vivos existentes en la naturaleza (5), con las reformas introducidas en 1991 al UPOV 78 se suprimió totalmente el derecho fundamental del agricultor a guardar o intercambiar con otros agricultores para la siembra siguiente semillas que tengan “derechos de obtentor” registrados. (6)
(E/CN. 4/2003/58)

Un caso ejemplar es el de MONSANTO, acogida con “orgullo” (la Presidenta dixit) para instalarse en Malvinas Argentinas, Córdoba, Argentina, a fin de producir semillas transgénicas resguardadas por patentes. (7)

Esta es la situación en que ya se hallan muchos países del Sur. (8)

III. En su informe presentado a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2003 sobre El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental el Relator Especial, Sr. Paul Hunt, señaló los riesgos que representa para el derecho a la salud de los sectores de la población de bajos recursos la apertura del sector servicios de salud a las inversiones extranjeras. Y en su visita a Perú en junio de 2004 advirtió que la difusión de los medicamentos genéricos puede resentirse gravemente si entran en vigor algunas disposiciones del Tratado de libre comercio que estaba negociando dicho país con Estados Unidos.

En efecto, si en los tratados bilaterales se introducen disposiciones relativas a la propiedad intelectual, el resultado va a ser que se restrinjan severamente el acceso a medicamentos esenciales. Esos acuerdos retrasarían e incluso bloquearían la difusión de genéricos.

Las sociedades transnacionales farmacéuticas pueden bloquear la difusión de los medicamentos genéricos extendiendo la vigencia de las patentes más allá de los 20 años mediante la inclusión del criterio de “nuevos usos” de las patentes. Esto quiere decir que un medicamento que actualmente se utiliza para tratar una enfermedad podría beneficiarse con un nuevo monopolio de 20 años si se demostrara que es eficaz para tratar otra enfermedad.

Además, en los tratados bilaterales celebrados por Estados Unidos con muchos países puede quedar suprimido el mecanismo de las “licencias obligatorias” -una de las salvaguardas más importantes de las reglas de propiedad intelectual previstas por la OMC- que permite a los Estados saltar las barreras de las patentes y fabricar o comprar fármacos genéricos en caso de emergencia pública.

El 30 de agosto de 2003 los medios de desinformación anunciaron que se había llegado a un consenso "histórico" en la OMC sobre los medicamentos genéricos y que de ahora en adelante los países pobres tendrían acceso a los mismos a bajo precio.

En realidad, el consenso consistió en que todos los demás países, detalle más o menos, se plegaron a las exigencias de los Estados Unidos, es decir a las exigencias de las transnacionales farmacéuticas.

En un comunicado conjunto, Médicos sin Fronteras e Intermón OXFAM resumieron bien los alcances del acuerdo, diciendo que el mismo sólo aporta algunos elementos positivos a los países pobres y preserva los intereses de la industria farmacéutica de los países ricos. Agregaron que "las normas sobre patentes seguirán elevando el precio de los medicamentos y que los miembros de la OMC no parecen darse cuenta de que las rígidas medidas que quieren imponer no van a servir para garantizar la producción de genéricos a largo plazo, más bien al contrario, los países en desarrollo tendrán pocas alternativas a los altos precios y a los monopolios de las compañías farmacéuticas". Criticaron también que el acceso a los genéricos se limite a situaciones de emergencia sanitaria. Céline Charveriat, portavoz de OXFAM, declaró: "Es un mal negocio, el acuerdo es muy difícil de aplicar y legalmente poco claro. Los países que quieran beneficiarse de él tendrán que recorrer un camino plagado de obstáculos. (En efecto, dichos países tendrán que someterse a la supervisión del secretariado de la OMC, del Consejo del ADPIC y del presidente del mismo). Se trata de 20 páginas llenas de cláusulas complicadas, contradictorias y ambiguas y los países pobres no tendrán otra opción que comprar medicinas caras si quieren seguir tratando a sus enfermos".

El acuerdo sobre genéricos del 30 de agosto de 2003 empeora la letra del Acuerdo ADPIC que establece ciertas excepciones al régimen de patentes por razones de salud pública: la posibilidad de importar medicinas de los países donde se producen más baratas y las licencias obligatorias, que permiten a los países en condiciones de fabricar medicamentos baratos obligar a las empresas a ceder los derechos de patente y de esa manera producir sus propias medicinas genéricas.

En julio de 2009 la Cumbre del MERCOSUR emitió una declaración sobre medidas de protección en respuesta a la pandemia de la influenza humana A (H1N1).

En la Declaración se solicitaba a la Organización Mundial de la Salud coordinar esfuerzos “para la ampliación de la capacidad de producción de vacunas, antivirales y kits de diagnósticos a precios accesibles”. Abogaba por el acceso equitativo de la población de la región a los tratamientos antivirales, vacunas y métodos de diagnósticos para controlar la influenza A y otros virus pandémicos. Proponía una mayor cooperación internacional, fortalecimiento de la red de laboratorios regionales y “en caso que se requiera”, utilizar las flexibilidades contempladas en el Acuerdo sobre los Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC). Esto permitiría -seguía diciendo- la promulgación de medidas como las licencias obligatorias, que facilitarían a centros farmacéuticos de la región replicar estos medicamentos para responder a la creciente demanda, y de esta forma ampliaría el acceso para los sectores más vulnerables de la población.

Esta Declaración puso de manifiesto la falta de autonomía de la región en la producción de medicamentos, un aspecto fundamental en una política de ciencia y tecnología al servicio de la población, (el otro es, como hemos señalado, el derecho a la alimentación) a causa de las ataduras al gran capital transnacional materializadas en el ADPIC, el UPOV y los tratados bilaterales.

De modo que es a todas luces evidente que para avanzar en una política sudamericana de ciencia y tecnología no basta perorar en Foros internacionales: es imprescindible romper los lazos que atan a los países de la región a los dictados imperialistas en materia de propiedad intelectual, a través del ADPIC, del UPOV y de los tratados bilaterales.

Notas:
1) Véase Jeremy Rifkin, Le siècle biotech, Le commerce des gènes dans le meilleur des mondes. Ed. La Découverte, Paris, 1998. En inglés: The Biotech Century: Harnessing tehe Gene and Remaking the World. G. P. Putnam’s Sons New York, 1998,
2) Agnès Bertrand, Comment peut-on breveter la vie? en: Symposium GATT/WTO, 17-18 Noviembre de 1995, CETIM.
3) Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Los derechos humanos y las cuestiones relativas a la propiedad intelectual. Declaración del Comité. Naciones Unidas (E/C. 12/2001/15) 14/12/2001, párr. 6.
4) En su resolución 2000/7 del 17/08/2000, la Subcomisión de derechos humanos de la ONU dijo, entre otras cosas: " Afirma que la protección de los intereses morales y materiales que resultan de toda producción científica, literaria o artística de que una persona es autora es, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 27 de la DUDH y el inciso c) del párrafo 1 del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales(PIDESC), un derecho humano, en los límites del interés general;
5) Declara, sin embargo, que dada que la aplicación del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual que se relacionan con el comercio (ADPIC), no tiene en cuenta como debería la naturaleza fundamental de la indivisibilidad de todos los derechos humanos, en particular el derecho de cada persona a disfrutar de las ventajas de los progresos científicos y de sus aplicaciones, del derecho a la salud, a la alimentación y del derecho a la autodeterminación, hay conflictos visibles entre el régimen relativo a los derechos de la propiedad intelectual contenido en el Acuerdo, por una parte, y el derecho internacional relativo a los derechos humanos, por la otra;
6) Recuerda a todos los gobiernos la primacía de las obligaciones relativas a los derechos humanos sobre las políticas y los acuerdos económicos; "El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha dicho: "(…)Contrariamente a los derechos humanos, los derechos de la propiedad intelectual son generalmente provisorios y pueden ser revocados, concedidos bajo licencia o atribuidos a otro. Si los derechos de la propiedad intelectual pueden cederse, tener una duración y un alcance limitados o ser negociados, modificados o perdidos, los derechos humanos son intemporales y constituyen la expresión de prerrogativas fundamentales que pertenecen a la persona. . . ( párr. 6 de la Declaración del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre "Los derechos humanos y la propiedad intelectual", E/C. 12/2001/15, adoptada el 14 de diciembre de2001).
7) Véase Jeremy Rifkin, Le siècle biotech, Ed. La Découverte, Paris, 1998.
8) Véase Silvia Ribeiro, Campesinos, biodiversidad y nuevas formas de privatización, en América Latina en Movimiento, Nº 384, febrero 2004. www.alainet.org. www.etc.group.org
9) Véase, del Prof. Dr. Raúl A. Montenegro: Monsanto amenaza Malvinas Argentinas: semillas envenenadas y pérdida de soberanía alimentaria. http://www.unrc.edu.ar/unrc/ocsa/docs/m-extractivista/monsanto-pormontenegro.pdf
10) GRAIN y SANFEC : « Trips-plus », entran por la puerta trasera. Los tratados bilaterales imponen normas de derecho de propiedad intelectual sobre seres vivos mucho más rigurosas que la OMC. http://www.biodiversidadla.org/filemanager/download/155/TRIPS%20plus.doc.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Maíz, censura y corrupción en la ciencia

Silvia Ribeiro (ETC)

En 2012, un equipo científico liderado por Gilles-Éric Séralini publicó un artículo mostrando que ratas de laboratorio alimentadas con maíz transgénico de Monsanto, durante toda su vida, desarrollaron cáncer en 60-70 por ciento (contra 20-30 por ciento en el grupo de control), además de problemas hepato-renales y muerte prematura. Ahora, la revista que lo publicó se retractó, en otra muestra vergonzosa de corrupción en los ámbitos científicos, ya que las razones esgrimidas no las aplica a estudios iguales de Monsanto. El editor admite que el artículo de Séralini es serio y no peca de incorrecto, pero que los resultados no son concluyentes, algo que atañe a gran cantidad de artículos y es parte del proceso de discusión científica.

La retractación viene luego de que la revista contratara como editor especial a Richard Goodman, un ex funcionario de Monsanto, y como corolario de una agresiva campaña de ataque contra el trabajo de Séralini, orquestado por las trasnacionales. El caso recuerda la persecución que sufrió Ignacio Chapela cuando publicó en la revista Nature que había contaminación transgénica en el maíz campesino de Oaxaca.

En otro contexto, pero sobre el mismo tema, Randy Schekman, galardonado con el Nobel de Medicina 2013, al recibir el premio llamó a boicotear a las publicaciones científicas “como Nature, Science y Cell”, (y podría haber incluido a la que ahora retractó a Séralini) por el daño que le están haciendo a la ciencia, al estar más interesados en impactos mediáticos y ganancias que en la calidad de los artículos. Schekman aseguró que nunca más publicará allí y llamó a publicar en revistas de acceso abierto, con procesos transparentes. Se suma a otras denuncias sobre la relación incestuosa de las industrias con este tipo de revistas, para lograr la autorización de productos a través de publicar artículos científicos.

El estudio de Séralini es muy relevante para México, porque las ratas fueron alimentadas con maíz 603 de Monsanto, el mismo que las trasnacionales solicitan plantar en más de millón de hectáreas en el norte del país. Si se aprobara, este maíz entraría masivamente en la alimentación diaria de las grandes ciudades del país, cuyas tortillerías se abastecen principalmente en esos estados. Como México es el país donde el consumo humano directo de maíz es el más alto del mundo y durante toda la vida, el país se convertiría en una repetición del experimento de Séralini, con gente en lugar de ratas, con altas probabilidades de desarrollar cáncer en algunos años, en un lapso de tiempo suficiente para que haya cambiado el gobierno y las empresas nieguen su responsabilidad, alegando que fue hace mucho y no se puede demostrar el maíz transgénico como causa directa.

El artículo de Séralini fue publicado en la revista Food and Chemical Toxicology, luego de una revisión de meses por otros científicos. A horas de su publicación y en forma totalmente anticientífica (no podían evaluar los datos con seriedad en ese tiempo) científicos allegados a la industria biotecnológica comenzaron a repetir críticas parciales e inexactas, curiosamente iguales, ya que provenían de un tal Centro de Medios de Ciencia, financiado por Monsanto, Syngenta, Bayer y otras multinacionales.

Para retractar el artículo, ahora se alega que el número de ratas del grupo de control fue muy bajo y que las ratas Sprague-Dawley usadas en el experimento tienen tendencia a los tumores. Omiten decir que Monsanto usó exactamente el mismo tipo y la misma cantidad de ratas de control en un experimento publicado en su revista en 2004, pero sólo por 90 días, reportando que no había problemas, logrando la aprobación del maíz Mon603. Séralini prolongó el mismo experimento y lo amplió, durante toda la vida de las ratas, y los problemas comenzaron a aparecer a partir del cuarto mes. Queda claro que la revista aplica doble estándar: uno para Monsanto y otro para los que muestran resultados críticos.

El equipo de Séralini explicó que el número de ratas usadas es estándar en OCDE en experimentos de toxicología, pero para estudios de cáncer se usan más. Pero su estudio no buscaba cáncer, sino posibles efectos tóxicos, lo cual quedó ampliamente probado. El mayor número de ratas en estudios de cáncer es para descartar falsos negativos (que haya cáncer y no se vea), pero en este caso la presencia de tumores fue tan grande que incluso para esa evaluación sería suficiente. Igualmente su equipo señaló desde el inicio que se deben hacer más estudios específicos de cáncer.

A nivel global hay varios comunicados firmados por cientos de científicos defendiendo el estudio de Séralini, pero en México la Cibiogem (comisión de bioseguridad) haciendo gala de su falta de objetividad y compromiso con la salud de la población, solamente publica el lado de la controversia que favorece a las trasnacionales, ignorando las respuestas de numerosos científicos independientes.

Esto es más preocupante ya que el gobierno afirma que la liberación de maíz transgénico en México se decidirá por criterios científicos. Sin embargo, consulta solamente a científicos como Francisco Bolívar Zapata, Luis Herrera Estrella, Peter Raven y otros que tienen conflictos de interés por su relación con la industria biotecnológica. El tema del maíz en México excede los aspectos científicos, pero cualquier consulta debe ser abierta y con científicos que no tengan conflictos de interés. Por ejemplo, tomar en cuenta los documentos de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, apoyados por más de 3 mil científicos a nivel mundial.

Silvia Ribeiro es investigadora del Grupo ETC.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Bachelet: “antipolítica” + antipartido = gobierno de los mercados

Atilio A. Boron (especial para ARGENPRESS.info))

Si hay algo que puede vaciar de contenido un proyecto democrático es la combinación entre abstencionismo electoral y el rechazo de los partidos políticos. Y esto es precisamente lo que está ocurriendo en Chile a partir del triunfo de Michelle Bachelet en un comicio en el cual quien verdaderamente arrasó fue el abstencionismo, que arañó el 59 por ciento del padrón electoral, mientras que Bachelet apenas obtuvo el apoyo de un 25 por ciento del mismo.

No hace falta ser un Premio Nobel de Ciencia Política (plaga por ahora inexistente) para concluir que la democracia chilena enfrenta una grave crisis de legitimidad: la “antipolítica”, o sea, la indiferencia ciudadana ante el predominio indiscutido de los grandes intereses privados expresa, de manera categórica, el triunfo ideológico del neoliberalismo en un país en donde no sólo la economía tiene ese signo ideológico sino que también lo asume como su divisa una sociedad que lleva más de cuarenta años de indoctrinamiento en los valores más exacerbados del individualismo burgués.

La apatía ciudadana no es un capricho. Se explica por un hecho bien sencillo: una democracia que durante más de veinte años se desinteresó por la suerte de la ciudadanía (al paso que se desvivía por asegurar las ganancias de los capitalistas) al cabo de un cierto tiempo sólo podía cosechar apatía, desinterés y, en algunos casos, el abierto repudio de amplios sectores de la sociedad. No sorprende que la última encuesta de Latinobarómetro haya certificado que, interrogada sobre cuál es la forma preferible de gobierno, casi un tercio de la muestra entrevistada en Chile, exactamente el 31 por ciento, declarase preferir un gobierno autoritario o que “le da lo mismo” cualquier clase de régimen político. En Venezuela, en cambio, para tomar el caso de un gobierno ferozmente atacado por la prensa hegemónica en la región a causa de sus supuestos “déficits democráticos”, quienes contestan de la misma manera constituyen apenas el 11 por ciento de los entrevistados. Y como asegura la teoría política, la calidad de una democracia se mide, entre otras cosas, por las creencias políticas de sus ciudadanos. No es este el único indicador en el cual la Venezuela bolivariana supera a casi todos los países de la región, comenzando por Chile.

El triunfo del neoliberalismo y la exaltación de los valores mercantiles se traducen naturalmente en la derrota de la política a manos del mercado; del espacio público subyugado por la esfera de lo privado, dominada por las grandes empresas. A lo anterior súmesele la preocupante declaración que hiciera Bachelet al día siguiente de su victoria cuando dijera (tal como lo reprodujera Página/12 en su edición del 17 de Diciembre) que “las decisiones las voy a tomar yo, no sólo del gabinete. La coalición que me apoya es una cosa, la constitución del gobierno yo la voy a decidir.” En otras palabras el peor de los mundos: apatía ciudadana combinada con la desmovilización, o marginación de los partidos políticos y, por añadidura, de movimientos sociales u otras formas de organización, que son la expresión de las aspiraciones, expectativas e intereses de las clases y capas sociales que componen la sociedad chilena. ¿Creerá acaso la futura presidenta que de ese modo podrá avanzar en la reforma de la antidemocrática constitución pinochetista, el regresivo régimen tributario y la educación convertida en un negocio que ofrece pingües ganancias a los empresarios que lucran con ella, para ni hablar de derogar la decimonónica y reaccionaria legislación laboral que todavía subsiste en Chile? Sin una población re-politizada (como supo ser la del Chile de Salvador Allende) y sin partidos políticos y movimientos sociales que canalicen y potencien las aspiraciones populares la democracia chilena continuará siendo fácil presa de las clases dominantes, de los grandes empresarios que desde dentro y fuera de Chile han venido controlando el estado y los sucesivos gobiernos desde el golpe del 11 de Septiembre de 1973.

Convendría que, habida cuenta de lo anterior, Bachelet reflexionara sobre lo que más de una vez sentenciara George Soros: “los ciudadanos votan cada dos años, los mercados votan todos los días.” Controlar ese nefasto influjo cotidiano de los mercados -eufemismo para no designar por su nombre al gran capital- será una misión imposible sin sortear la trampa de la “antipolítica” y sin garantizar que los partidos, sobre todos los de izquierda, jueguen un papel protagónico en su gobierno. De lo contrario, el tránsito desde esa frágil democracia sin ciudadanos hacia una plutocracia desenfrenada será tan acelerado como inevitable.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Chile: La plutocracia tiene sus nuevos administradores

Mario R. Fernández (especial para ARGENPRESS.info)

Se acabó la fiesta de la Señoras candidatas chilenas neoliberales, la más popular y liberal Michelle Bachelet se quedó con la corona de presidenta -que en realidad es una aureola con poco poder; pero, para Michelle Bachelet repetirse el plato, saborearlo de nuevo, es seguramente lo más grande de su vida: pasará a la historia de un país lejano que se esfuerza por sobre todas las cosas en figurar en el mundo.

Ahora, esta mamá chilena rodeada de su séquito dinástico, ya muchos de tercera generación, una verdadera mafia partidista, no cabe en sí de alegría, alborotada como cuando el alimento les llega a las aves de corral. Todos ellos saben que recuperan la vaca por los próximos cuatro años –los más puntudos y oportunistas bien saben que no es cualquier cosa. Todos los chilenos y chilenas que sufragaron por la ganadora supuestamente saben a quienes eligieron -a los mismos que gobernaron Chile por más de veinte años. Michelle Bachelet es la misma persona que siendo presidente usara métodos fascistas contra del Pueblo Mapuche, quien quería darle a la Unasur, Unión de países de América del Sur, el nombre atractivo de “casa” como si se tratara se jugar a la ronda cada quien vistiendo los trajes típicos de su país y no de un intento mucho más ambicioso de Hugo Chávez, una unión para la liberación, un desafío al imperialismo. Seguramente habrá quienes esperan algunos cambios dentro del país y en el contexto de América Latina pero tendrán que conformarse con las simples apariencias.

Mirando desde afuera, los poderes centrales de los amos del sistema coinciden en su opinión, y nos debería servir de barómetro saber que sus opiniones con respecto al nuevo gobierno de la Nueva Mayoría son muy favorable. Todos sus medios de comunicación y propaganda apoyan a los nuevos administradores del sistema en Chile, usando un lenguaje creado para confundir y para desprestigiar a otros proyectos más validos latinoamericanos, les llaman progresistas, centro izquierda, y a la presidente electa le dicen socialista moderada, toda una verborrea que usan para seguir manipulando tanto a incautos como a cómplices.

Para corroborar lo que se opina fuera de Chile, Karen Poniachik ex- ministra de Minería y Energía del pasado gobierno de la Concertación, que seguramente volverá a ocupar algún puesto de alto rango en el próximo gobierno, durante su entrevista por el periódico canadiense Globe and Mail semanas atrás destacaba primeramente que: “Ellos, los de la Concertación, fueron históricamente exitosos en atraer inversiones foráneas”, y que el plan de Bachelet de incrementar el impuesto corporativo del 20 al 25 por ciento no podría alarmar a los inversionistas extranjeros que continuarán siendo bienvenidos y que encuentran al país muy atractivo por su minería y facilidades de inversión. Agrega, sin embargo, que hay tres áreas de preocupación con respecto a la explotación minera en Chile: “La energía con sus precios altos que se mantendrán aumentando”, el “agua, ya que Chile sufre continuas sequias y esto es vital para las mineras” (pero aparentemente no para los habitantes del país) y que “las comunidades (o sea el pueblo) en algunos territorios están más fortalecidas (esto es más organizadas), que quieran más participación seguramente económica y estén haciendo demandas a los tribunales de justicia.” Sin duda estas comunidades están preocupadas por el agua que sustenta sus vidas. La ex- ministra opina que Chile enfrenta una creciente competencia sobre los recursos mineros con otros países y que los minerales, el cobre en especial en Chile, decaen en grado por lo que se requiere más inversión e innovación tecnológica para extraerlos, incluida mano de obra especializada supuestamente escasa y más cara.

Queda claro para quienes han gobernado los miembros de la Nueva Mayoría y para quienes volverán a gobernar siendo que su preocupación central (como explica la ex funcionaria) no son los chilenos ni sus problemas sino esos inversionistas extranjeros que vienen a devorarlo todo como monstruos, devorando Chile como devoran el planeta. El mandato y la tarea del gobierno chileno presente y el que esta al venir: dar garantías a saqueadores nacionales y extranjeros de riquezas naturales y no naturales para que estos continúen en su explotación y acumulación, por un lado, y por otro controlar al pueblo chileno en todos los niveles con engaños, propaganda y represión para asegurarse que este macabro proyecto neoliberal continúe. Todos los funcionarios, administradores y políticos de estos gobiernos neoliberales apuestan a los ricos y se esmeran para que su trabajo sea aceptado y bien remunerado por sus amos –porque cobran sueldos y reciben prebendas espectaculares cuando comparamos con el resto de los trabajadores y trabajadoras chilenos.

Sin duda los interesados en la explotación de Chile ven al nuevo gobierno tan fiable que merece su confianza, pero también los sectores supuestamente progresistas (incluso izquierdistas) de América Latina y Norte América, que lo incluyen con apelativos de centro izquierda, progresista o socialista y lo colocan en el mismo lugar donde colocan a proyectos reformistas como el Alba, ven al gobierno chileno como valido olvidando todo referente histórico. Y esto no sucede solamente con Chile sino también con otros gobiernos similares como el de Uruguay, ambos Chile y Uruguay proyectos netamente neoliberales y afines al imperialismo norteamericano y europeo, enemigos solapados del Alba y cualquier otro proyecto de reforma o liberación. Y, peor aún, a este engaño contribuye hasta la cadena Telesur, creada para desafiar al neoliberalismo pero que lo reproduce y extiende cuando omite a los sectores sociales y políticos que promueven el cambio anti-neoliberal en Chile y Uruguay y le da espacio a quienes, como el Frente Amplio en Uruguay y la Nueva Mayoria en Chile promueven y mantienen el neoliberalismo fingiendo cuestionarlo y transformarlo. Y lo hacen incluso quienes solidarizan con Venezuela y los otros proyectos del Alba. Y entonces me pregunto ¿Que sucede? Como vivimos auto-engañándonos, rodeados de impostores y como la fuente de producir farsantes y renegados se nos ha vuelto inagotable.

La baja participación en las elecciones, dicen algunos, ilegitima el proceso electoral mismo, y está correcto, pienso, pero Chile tiene muchas ilegitimidades arrastrándose durante estos últimos cuarenta años que no deben olvidarse. Por empezar, la que le dejó la dictadura cívico-militar y que es la más ilegal es la constitución de 1980, que la propia Concertación trató de legitimar mientras tuvo el poder político. Otra ilegitimidad seria el proyecto económico de la dictadura misma y la ideología alienante en Chile. Luego, se le puede agregar, la carga de disculpas indignas que algunos dirigentes de la Concertación dirigieran a la oligarquía, por ejemplo cuando se disculparon de haber existido durante el gobierno legítimo de Salvador Allende. Otra gran ilegitimidad que se arrastra es que pudiera, no legalmente sino moralmente, presentarse como candidata a elecciones por la Alianza la Señora Evelyn Matthei, hija de un miembro de la Junta Militar golpista que usurpara al gobierno legítimo de la república el poder y la vida al presidente legitimo Salvador Allende. Esto de la Matthei candidata es una abominación realmente, una vergüenza, algo así como que en Alemania se tirara de candidata la hija de Hitler. Nadie podría aceptar en Europa algo así, sería siniestro; pero, en Chile parece que todo es borrón y cuenta nueva. Bueno eso si habláramos de ilegitimidades como vemos dejaría el problema de la baja participación de los chilenos muy chiquitito. Pero la ilegitimidad mayor, incluso mayor que la anterior, es que Chile se haya transformado en un país donde el saqueo del patrimonio nacional tanto en territorios, costas, aguas y corporaciones, sea lo legitimo. ¡Qué ilegitimidad que los chilenos todos acepten como proyecto nacional el saqueo del país y de sus habitantes!

Pese a todo, de variadas formas la izquierda, los movimientos sociales politizados, el movimiento sindical consecuente, el movimiento estudiantil y el movimiento de los pueblos originarios están ahí, han sobrevivido al engaño y la represión diaria y continuaran, no hay duda. Me parece imposible organizarse por una Asamblea Constituyente sin primero construir un frente político fuerte, me parece que es como intentar saltarse un peldaño de la lucha política. La esperanza que significaran algunos líderes estudiantes admirados por la gente, que les mostro su aprecio eligiéndolos como parlamentarios (con lo difícil que es ser elegido en un sistema tramposo electoral como el chileno) fue también traicionada cuando tres de estos líderes en vez de acercarse a los que luchan por un cambio real, los despreciaron y tratan de convencer que van a ser algo dentro de una coalición neoliberal y de derecha. Aun cuando sus intenciones fueran confiables bien sabemos que es imposible cambiar al monstruo desde adentro cuando el monstruo es bien resistente al cambio y acomodaticio al poder.

El nuevo gobierno chileno, como el uruguayo o el brasileño, no es un gobierno reformista ni algo parecido, la situación que se ha vivido en Chile como en los otros dos países es el resultado de un auge, por decirlo así, de mercado de materias primas minerales y monocultivos -sus principales exportaciones. La cadena de servicios que este apogeo generó, creo empleos mal pagados para la mayoría y bien pagados para una minoría que acompañado de mucho crédito personal alimento esa falsa apariencia de progreso. Quizás ha sido la mayor oportunidad de vender recursos y productos de la tierra que hayamos tenido en la historia, pero los trabajadores productores de estos recursos y el país mismo han recibido solo ilusiones de progreso y mentiras de bienestar, las riquezas se las llevan los depredadores, y la vulnerabilidad del país aumenta al depender de estos recursos, como el caso del cobre cuando se asoma en horizonte bajas en los precios debido al decrecimiento de la economía capitalista mundial.
En las últimas décadas, la política social del estado chileno ha incluido ayudas mínimas para los más necesitados, algo que también sucede en otros países latinoamericanos. Se trata de un sistema caritativo más que de derecho y no es tan diferente, si lo comparamos en la historia de las ayudas sociales, a la legislación de 1598 del Parlamento Británico que encargaba el cuidado de los pobres a instituciones locales, una ley que fue modificada en 1834 centralizando el sistema -medida ampliada a mediados del siglo 18 en Halifax, Canadá donde yo resido y que incluyó la educación básica obligatoria y la salud primaria. Vemos entonces que las políticas sociales en Chile, y otros países latinoamericanos, no merecen tanta honra pues son “bufonadas de vías al desarrollo” de cuatro siglos atrás.

Si el nuevo gobierno en Chile tuviera intensión de impulsar redistribución económica y social promovería la sindicalización y los contratos colectivos, aumentaría el salario mínimo lo que implemento Canadá a partir de 1945 con la creación del Estado de Bienestar Social por un gobierno del Partido Liberal. Esto que los Liberales de mediados del siglo pasado hicieron es imposible lo hagan los neoliberales de la Nueva Mayoría hoy; incluso en su pasado reciente como gobierno la sindicalización en Chile bajo de un 15 por ciento durante la dictadura a un 10 por ciento durante la Concertación y los contratos colectivos bajaron de un 10 por ciento durante la dictadura a solo un 5 por ciento hoy. Es obvio que el nuevo gobierno chileno beneficiara solo a los ricos porque para eso están ahí, ¿hay que volver a esperar cuatro años más para comprobar esto?.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Alejandra Gervasoni: "¿De qué sueño entrerriano hablará este Gobernador que no despierta?"

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

Con Alejandra Gervasoni- secretaria general de la Asociación Gremial del Magisteria de Entre Ríos-Paraná- conversamos sobre qué sucede en las escuelas de esa provincia -donde a 30 años de "democracia"- la droga, la deserción y el empobrecimiento calan profundamente el proceso de enseñanza-aprendizaje de niños y jovenes.



Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

La dékada, los kortes... las kulpas

Gustavo Robles (especial para ARGENPRESS.info)

Vuelve el calor intenso, y regresan los cortes de energía. Consecuencias de la "déKada", aunque según ellos (los "K"), en dichos de su vocero oficial Capitanich, no tienen la culpa: siempre, pero siempre siempre, es de los demás.

La inflación no existe, pero que la gente la sufra es culpa de los que la denuncian.

Los trenes andan de maravilla, pero que cada dos por tres haya un accidente donde mueren decenas de personas, es culpa de quienes manejan las máquinas y de los negligentes que viajan hacinados.



Los saqueos son la obra maquiavélica de los pobres que son pobres porque quieren serlo, seres maléficos que se empeñan en querer hacer quedar mal al gobierno del país de las maravillas.

Los trabajadores se quejan de llenos, porque que el 90% de ellos gane bastante menos de lo que vale una Canasta Familiar, tiene que ver con su incapacidad y su falta de ganas de trabajar. Son unos vagos irresponsables, bah.

El país "tiende" a ser un Kaos por culpa de los que permanentemente ponen palos en la rueda: los originarios que quieren que se le respeten sus tierras ancestrales e impiden la sojización de todo nuestro territorio; los campesinos pobres que no quieren entregar sus querencias a las multinacionales petroleras y mineras para que se lleven nuestro patrimonio; los habitantes de pueblos y ciudades, que protestan y hacen piquetes porque no quieren vivir con la contaminación que produce el modo extractivista de esas empresas; los laburantes que no quieren vivir con la miseria que cobran; los procesados por protestar por todas estas políticas, que ya suman más de 6000; los estudiantes que luchan por una universidad democrática.

¿¿Pero qué se creen que son??

Cristina y su troupe, preocupados en sus mansiones con todos los servicios a pleno y sus heladeras y cajas fuertes bien llenas, se sienten incomprendidos por millones de desagradecidos, que no entienden ni ven los beneficios de la "déKada", que si bien exhibe "pequeños defectos", nunca son por culpa de las políticas oficialistas, sino de todos los demás que sufren sus consecuencias.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Lobo, ¿está?

Mariano Serenelli (APE)

La fuerza policial desaparece de las calles. Suspende su accionar para plantear un reclamo por mejores salarios y condiciones laborales. Surge un escenario donde el hombre transgrede, avasalla. Las imágenes duelen. Se difunde la idea de que la presencia policial no sólo es necesaria, sino fundamental y urgente. La solución al conflicto es exigida con premura: ¡El lobo debe volver al bosque!

El lobo es el enemigo clásico, el archirrival histórico. Es el portador de lo salvaje, aquel que encarna la idea de la amenaza permanente, engendrando terror y desconfianza. Es también el protagonista macabro de relatos fabularios y cuentos infantiles. Las imágenes que contraponen lobos y corderos ilustran con frecuencia la construcción humana sobre las ideas de maldad y bondad. Las pequeñas comunas que tiempo atrás llevaban a cabo la tarea pastoril, las utilizaron como elemento identificador del responsable de poner en riesgo la labor diaria y de dañar sus intereses.



San Francisco de Asís se aventuró en un diálogo de paz con un viejo lobo que amenazaba la población de Gubbio. Lo trató como hermano y comprendió que sus acciones eran motivadas por el hambre. El perdón mutuo de las ofensas se sostenía en una calma condicionada en el eterno alimento. El verso de Rubén Darío habla de un pacto por los hombres traicionado, donde el lobo engañado es devuelto a su origen violento a causa de un comportamiento ingrato, presentado como inherente a la condición humana. La frase “El hombre es el lobo del hombre”, popularizada en la obra Leviatán de Thomas Hobbes, se cita con frecuencia cuando se refiere a los horrores de los que es capaz la humanidad para consigo misma. El autor justifica así la necesidad de una monarquía absoluta. Sin embargo, la expresión debe ser completada para recuperar su sentido primigenio: “El lobo es el hombre para el hombre, y no hombre, cuando desconoce quién es el otro”. Como señala Humberto Maturana, la fórmula no es una descripción de la esencia de la humanidad, sino la huella de una historia cultural. Una historia construida en una suerte de convivencia cuyo rasgo principal es la pérdida de la confianza. No hay un prójimo, porque en esa lógica el otro o bien funciona como elemento de control o bien no existe.

La democracia no es una receta, sino una especie de marco convivencial. Cada sociedad democrática habita ese marco de una forma particular, de acuerdo a sus posibilidades, decisiones y su compromiso con tales decisiones. En su forma delegativa, la democracia toma una parte de la idea del estado absoluto y admite en ella un brazo represivo. Así, la legitimidad del organismo que ahora monopoliza la violencia no se discute y siempre estará presente mientras asuma un carácter referencial. Es una figura naturalizada, la cual funciona como elemento omnipresente, actuando o sin actuar, y es por ello constitutiva de la sociedad en la cual opera como referencia. En este sentido, es útil abandonar el paradigma presencia-ausencia para dar lugar a otra forma dual del tipo acción-inacción. Esta última caracteriza de manera más precisa el movimiento oscilante, regulador del comportamiento de una sociedad como la descripta. El grado de intervención [matiz de la relación acción-inacción] de la policía en las calles sólo determina la forma de la delincuencia. Mientras una marcada inacción posibilita el actuar de algunos sectores asociados a la marginalidad y al oportunismo, un fuerte componente accionario garantiza el crecimiento constante del poderío de los que más tienen. Mientras la primera alienta el saqueo a pequeños propietarios, la otra permite un entramado de negocio y muerte, ferozmente sostenido por quienes lo poseen o pretenden poseerlo todo. Cuando una fuerza armada es garante de la paz social, los móviles policiales de patrulla calman o alertan, según el interés particular.

La fragilidad del tejido social reside en que su construcción tiene como base el miedo a la autoridad y a sus medios de castigo. Así, la factibilidad de la convivencia queda en manos del organismo represivo. Esta experiencia común que se enseña y se reproduce, sólo extrae de la figura del lobo aquel temor ancestral, constituyendo éste la materia prima con la que enhebramos nuestros vínculos sociales. Sea como amigo o enemigo, la ligadura cultural con el lobo permanece intacta, solidificada como referencia eterna.

Un nuevo aniversario de la vida en democracia se celebra en la Argentina. La fiesta es la elección para darle forma a ese recuerdo. Sin embargo en el festejo no hay reflexión. Hemos modificado la forma de gobierno respecto de aquel nefasto período signado por la última dictadura cívico-militar, pero ¿ha cambiado la manera de gobernarnos? ¿Nos gobernamos o necesitamos ser gobernados? ¿Cuánto dependemos de la autoridad para generar convivencia?

Cada nuevo acto construye la cultura que nos atraviesa. Es un sistema que se reproduce a sí mismo, condicionado por nuestro accionar. Tal vez algún día, el lobo volverá a ser un animal respetado como ser vivo, librándolo del estigma que alguna vez depositamos en él. Para abrazarlo como ser y no como símbolo. Para cuidarlo al aceptarlo en el convivir, prescindiendo de toda referencia represiva. En un espacio donde cada pibe [que observa siempre lo que hacemos], sienta la protección que proviene del amor y no esa que algunos han fabricado con uniformes y sirenas.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Los espejitos de colores de Bruera

OTRO VIENTO

La ciudad de La Plata no es la misma que hace un tiempo atrás. Desde que comenzó la gestión de Bruera, los dispositivos de seguridad han aumentado considerablemente. Desde la colocación de luminarias, pasando por los botones anti pánico y las cámaras de vigilancia, hasta llegar a las patrullas municipales; sí, esos coches verdes que, cada vez con mayor frecuencia, patrullan la ciudad.

Es así que, a mitad de año, el bruerismo lanzó e implementó el denominado Sistema Municipal de Prevención y Protección, bajo el lema “Para una Ciudad más Segura”, que comprende varios dispositivos. Entre ellos sobresalen los “Corredores Seguros”, que consisten en aplicar la inmensa batería de mecanismos previamente mencionados a una delimitada zona de la ciudad.

Basta con observar los sitios donde actualmente funcionan éstos (calle 8 entre 44 y 51, avenida 13 entre 32 y Plaza Paso, etc.), para inferir que la presunta política pública está sesgada por el marketing, ya que por esas zonas comerciales circulan, habitualmente, los sectores medios y altos.

Vigilar para la impunidad

Bombos, platillos, fuegos artificiales, presencia de medios de comunicación amigos y muchos aplausos. No, no van a inaugurar un plan de obras públicas en Villa Elvira: Bruera y sus amigos presentan algunas cámaras de seguridad en City Bell. Seguramente, pasaron por alto que varios países occidentales apostaron e invirtieron millones en las cámaras de seguridad para reducir la criminalidad y fracasaron permanentemente.

Las cámaras de seguridad son presentadas como la solución mágica de todos los males, y son un eslabón más de la estructura burocrática de impunidad y de la industria del miedo, consolidando la estigmatización, vigilancia y control de los marginales de nuestra ciudad como enemigos internos y funcionando tan selectivamente como cualquier componente del sistema penal.

La sofisticación de dispositivos de control social intensifica la alarma social e impide abordar la problemática de la “criminalidad” en perspectiva interdisciplinaria. Es así como protege a algunos sectores e incrimina a otros, profundizando la polarización social e invisibilizando las verdaderas problemáticas que debe afrontar el Estado.
Para esclarecer los asesinatos de Franco Quintana y Axel Lucero (entre otros casos posibles de gatillo fácil encubierto, es decir, de pibes asesinados por la policía en dudosas circunstancias) las cámaras no van a funcionar; sí funcionarán para encerrar a los elegidos de siempre.

En el modelo de seguridad de Tigre que la administración platense pretende imitar, sólo sonríen los oriundos de Nordelta y su intendente burgués de la UCeDé, previa celebración de las corporaciones mediáticas de siempre.

Bruera pretende demostrar que el Estado ya no sabe qué hacer y que ha atravesado todos los caminos, cuando en realidad recurre a las mismas recetas sistemáticamente ¿Por qué Pablito quiso instalar cámaras de seguridad en las escuelas? ¿Por qué junto con Scioli no se comprometen en la aplicación e implementación de la Ley 13.298 de Promoción y Protección de los derechos del niño?

Del Presupuesto Municipal propuesto por Bruera para 2014 surge cómo la administración platense pretende reforzar la mano derecha del Estado en desmedro de la izquierda: el proyecto presentado procura destinar $67 millones a la Secretaría de Seguridad (encargada del Sistema Municipal de Prevención y Protección “Por una Ciudad más Segura”) en tanto que disminuirá en casi un 6 por ciento, lo destinado a Desarrollo Social (reduciéndose también montos destinados a Salud).

Más seguridad, menos libertad.

Es tan clara la política dirigida a combatir la inseguridad que, sin duda, constituye un eje central de la administración municipal. Es un modelo de gestión que responde a los intereses de las capas medias y altas de la sociedad que, atosigadas por el discurso mediático, observan en el incremento del aparato represivo la salida rápida y eficaz al asunto.

En este marco, se olvidan que la problemática de la inseguridad forma parte de un entramado más complejo, donde la salida artificial propuesta, no soluciona el asunto sino que, por el contrario, lo agrava y redefine. No se intentan promover políticas públicas destinadas a remover las causas que impulsan a determinadas personas a transgredir la ley penal.

Es preciso decir que los mecanismos de seguridad están dirigidos a paliar los delitos que se cometen contra la propiedad: hurtos y robos en sus diferentes modalidades. Dejando de lado, los delitos cometidos por personas pertenecientes a sectores con poder económico y/o político, tales como: fraudes, estafas, enriquecimiento ilícito. Estos delitos no salen en los periódicos matutinos tradicionales y esta omisión no es casual, obedece a los intereses que defienden, al conjunto de ideas que los condiciona, determinando el contenido de sus páginas y formando opinión a grandes escalas.

La vía represiva limita, principalmente, los derechos y garantías de las personas que son “etiquetadas” por el sistema penal, sobre quienes recae el peso de la reacción social. Asimismo, la presencia de patrullas en forma constante también acota las libertades de los otros sectores “no etiquetados”, ya que por medio de las cámaras de seguridad fijas -colocadas en las principales arterias de la ciudad- y móviles -patrullas municipales- el clima es de constante vigilancia. Si te tiras un pedo, un “azul” -ahora “verde” también- te susurra qué comiste.

¡Arriba las manos! Llegó el pistolero Granados…

Con la designación del Ministro de Seguridad, Alejandro Granados -ex intendente de Ezeiza, y conocido popularmente como “el pistolero”-, tanto el gobierno nacional como el provincial reconocieron públicamente la mediatizada “inseguridad”. Sin duda que esto se debió al revés electoral sufrido, sobre todo, en la provincia de Buenos Aires, donde Sergio Massa, con un discurso focalizado en la inseguridad absorbió un caudal importante de votos, posicionándose como candidato presidenciable para 2015.

Es así que, a modo de dar una respuesta a la tribuna y apaciguar la situación, se impulsaron una artillería de medidas. Hoy, la más importante está constituida por el proyecto de ley, presentado en la legislatura provincial, referido a la creación de las policías municipales. En palabras del Ministro: “Necesitamos que la Ley de la creación de la Policía Municipal avance rápidamente para poder seguir combatiendo este problema que nos afecta a todos. Tenemos una meta: en el 2015 queremos tener 100 mil hombres abocados a la seguridad”.

Es notable como cobra vigencia (y van pasando los años desde el efecto Blumberg) nuevamente esa fiebre contaminante y atractiva para la dirigencia política: el populismo penal. La traducción de más violencia estatal en nombre de la presunta voluntad mayoritaria.

La respuesta represiva, es la única que aparece como válida en las brillantes mentes de los encargados de la seguridad. Su concepción ignota de la seguridad es sinónimo de más policía. Claro, quizá utilizan la lógica, mejor dicho, su lógica: si hay más policías hay menos ladrones, por ende, menos delitos, y consecuentemente más seguridad.

¿Quién mató, acaso, a Soledad Bowers mientras hacía la fila para entrar a un recital? ¿La ceguera no les permite ver la realidad o prefieren que una venda -intencionalmente- cubra sus ojos? ¿No saben que la policía es la principal gerenciadora del delito? Olvidan claro, que a Luciano Arruga lo desaparecieron por no querer robar para ellos en Lomas del Mirador. Olvidan que Ezequiel “Kiki” Lescano recibió varios balazos a sangre fría por un policía de la comisaría 52 del barrio Villa Lugano.

Olvidan… ¿Olvidan? No, no olvidan, saben bien qué es lo que generan con más chapa y pistola en la calle pero, sin embargo ejecutan; no les interesa atacar las causas de la problemática, les seduce reprimir, porque de esa forma garantizan su dominio de clase a través de la mentira y la violencia.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Argentina, Tucumán. Caso Verón: "Los jueces cumplieron con su obligación"

TUCUMÁN NOTICIAS

Susana Trimarco sostuvo que no le agradecerá a la Justicia la revocación del fallo y la condena a 10 de los imputados en el juicio por el secuestro y desaparición de Marita Verón porque "solo cumplieron con su obligación", y adelantó que su misión es seguir buscando a su hija Marita, desaparecida desde 2002.

"No le pienso agradecer a la Justicia porque esta es su obligación", señaló Trimarco en declaraciones a los medios locales luego de conocerse la decisión de la Corte Suprema de Justicia y afirmó que "para eso están ahí".

Trimarco dijo que no tiene tiempo para celebrar el fallo porque sigue tratando de encontrar a su hija.

Un año después del polémico fallo que absolvió a los 13 imputados en el juicio por el secuestro y desaparición de Marita Verón el 3 de abril de 2002, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán revocó parcialmente esa resolución y condenó a 10 de los acusados.

De esta manera, el voto de Antonio Estofán, Antonio Gandur y Claudia Sbdar modificó la sentencia absolutoria que había dictado el 11 de diciembre del año pasado la Sala II de la Cámara Penal de Tucumán.

Los miembros de la Corte consideraron coautores del delito de retención y ocultamiento agravado para el ejercicio de la prostitución de Marita a José Fernando "Chenga" Gómez, su hermano Gonzalo José Gómez, Daniela Natalia Milhein y Andrés Alejandro González.

Además, condenó como partícipes necesarios de esos delitos a Juan Humberto Derobertis, María Azcuena Márquez, Mariana Natalia Bustos, Carlos Alberto Luna, Cynthia Paola Gaitán y Domingo Pascual Andrada.

En cambio, mantuvieron la absolución para María Jesús Rivero, ex pareja de Ángel "La Chancha" Ale, y su hermano Víctor Rivero.

La mujer había sido denunciada por Susana Trimarco, madre de Marita, de haber ordenado el secuestro de la joven, mientras que su hermano estaba acusado de ser el encargado de raptarla.

Ambos fueron señalados como supuestos autores intelectual y material del hecho, respectivamente, y según Trimarco son los principales responsables de la desaparición de su hija.

Además, la Corte dispuso la extinción de la acción penal contra Lidia Irma Medina, como consecuencia del fallecimiento de la imputada el 25 de febrero pasado.

La sentencia de la Corte "nos fortalece, porque nos da la razón cuando hablamos de los jueces de la impunidad", aseveró a Télam el abogado Carlos Garmendia, del equipo de letrados de Trimarco, al referirse a Alberto Piedrabuena, Eduardo Romero Lascano y Emilio Herrera Molina, jueces que liberaron a los acusados el año pasado.

El abogado aseguró que "se mantiene la acusación concreta original contra los 13 acusados", esto es "privación ilegítima de la libertad y promoción de la prostitución en concurso ideal".

Garmendia explicó que a partir de esta decisión judicial "se debe llamar a una nueva Sala para que aplique la pena que corresponda".

En tanto, el abogado de los hermanos Rivero, Cergio Morfil, opinó que "la Corte hizo una correcta lectura ya que nunca hubo pruebas directas en contra de ellos".

"De las numerosas declaraciones testimoniales producidas en el debate, y como lo destaca la propia sentencia de la Sala II de la Cámara Penal, subyace en la investigación de la causa el fenómeno de la trata de personas", señala la resolución, de 178 páginas.

El fallo precisa que en el proceso "no se juzga el tipo penal relativo a la trata de personas tipificado en la Ley 26.364, por resultar posterior a la fecha de los sucesos de la causa, aunque resulta necesaria la comprensión de dicho fenómeno a los fines de la correcta valoración de los hechos y de las pruebas".

La resolución modifica parcialmente el fallo de la Sala II de la Cámara Penal de Tucumán, que fue apelado por los abogados de Trimarco e iniciaron un pedido de destitución contra los tres jueces, que fue aprobado por la comisión de Juicio Político de la legislatura provincial.

Luego de ese paso se dispuso la realización del Jury de Enjuicimiento para cumplir con ese trámite.

El proceso se detuvo por resoluciones judiciales que hicieron lugar a los planteos realizados por Herrera Molina y Piedrabuena, quienes renunciaron para acogerse al beneficio de la jubilación.

Marita Verón fue secuestrada el 3 de abril de 2002, cuando tenía 23 años y se dirigía a la Maternidad de la capital tucumana para realizarse un estudio médico.

Desde ese día no se tiene conocimiento de ella y Trimarco inició la búsqueda de su hija, caso que se transformó en un emblema de la lucha contra la Trata de Personas.

Una nueva sala decidirá las condenas a los 10 culpables

La decisión del máximo tribunal tucumano "es un logro jurídico y social, porque jueces de la provincia revocan el fallo absolutorio, realizan una lectura de género y hablan de trata, a pesar de que Marita desapareció antes de que la ley 26364 esté vigente", señaló D´Antona, uno de los abogados de Susana Trimarco, madre de la joven a quien se busca desde abril de 2002.

D`Antona resaltó que "es la primera vez que una Corte provincial da a conocer un fallo de estas características, diciendo que 10 personas son responsables penalmente, y ahora, una nueva Sala deberá fijar sólo las condenas que pueden ir de 5 a 15 años".

Explicó además que "no puede ser la sala de origen, ya que los jueces tienen pedido de juicio político".

El 11 de diciembre del año pasado la Sala II de la Cámara Penal absolvió a todos los acusados, por lo que el equipo jurídico de Trimarco solicitó el juicio político de los tres jueces que integraban el tribunal.

Dos de ellos, Alberto Piedrabuena y Emilio Herrera Molina solicitaron la jubilación y queda en funciones el tercer miembro: Eduardo Romero Lascano.

Hoy se conoció la decisión de la Corte que consideró coautores del delito de retención y ocultamiento agravado para el ejercicio de la prostitución de Marita a José Fernando "Chenga" Gómez, su hermano Gonzalo José Gómez, Daniela Natalia Milhein y Andrés Alejandro González.

Además, condenó como partícipes necesarios de esos delitos a Juan Humberto Derobertis, María Azucena Márquez, Mariana Natalia Bustos, Carlos Alberto Luna, Cynthia Paola Gaitán y Domingo Pascual Andrada.

En cambio, mantuvieron la absolución para María Jesús Rivero, ex pareja de Ángel "La Chancha" Ale, y su hermano Víctor Rivero.

La lista de los condenados

La lista completa de los culpables y su participación en el caso es la que sigue a continuación:

- José Fernando "Chenga" Gómez fue acusado de comprar a Marita y obligarla a ser prostituida en locales regenteados por él.

- Gonzalo José Gómez es el hermano de "Chenga" y los testigos dijeron que era el encargado de los prostíbulos, en uno de los cuales habría estado cautiva Marita.

- María Azucena Márquez estuvo a cargo de "Desafío", el primer prostíbulo al que habría sido llevada Marita luego de ser secuestrada.

- Mariana Natalia Bustos, esposa de José "Chenga" Gómez, quien reconoció haber tenido prostíbulos hasta fines de los `90 y luego alquilárselos a Luna.

- Carlos Alberto Luna es la persona que alquilaba el local "Desafío" en La Rioja y lo administraba.

- Humberto Juan Derobertis, vinculado a "Desafío", fue culpado por ser uno de los que ayudó a la captura de Marita.

- Cinthia Paola Gaitán es esposa de Luna y fue condenada como la persona que administraba los burdeles.

- Domingo Pascual Andrada es un ex policía hallado culpable de haber trasladado a Marita a La Rioja, operatoria que realizaba habitualmente con otras chicas.

- Daniela Natalia Milhein, ex pareja de Rubén "La Chancha" Ale, fue culpada de retener en su casa a Marita a la espera de que fuera vendida a La Rioja.

- Andrés Alejandro González fue culpado por los mismos hechos que Milhein, su pareja, y por ser quien llevó a la joven secuestrada a un prostíbulo de La Rioja.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Argentina, Salta, Orán: Comunidades ava guaraní se movilizaron por regularización de tierras

TATA OGUE MBAE - COPENOA

En la mañana de este lunes 16 de diciembre (2013) las comunidades ava guaraní de la zona urbana protagonizaron una movilización por las calles de la ciudad de Orán con destino hacia la municipalidad para hacer escuchar sus demandas histórica sobre la regularización de las tierras y demás necesidades.

Casi un centenar de mburuvicha reta (autoridades comunitarias), presidentes, delegados y miembros de la comunidad, nucleados en la organización ÑemboatiGuasu Tata Ogue Mbae (Asamblea del Fuego que no se Apaga) se congregaron en la Plaza San Martín y partieron, a las 11:00, hacia las instalaciones de la municipalidad vieja y el Concejo Deliberante de esta localidad para exigir al gobierno municipal el cumplimiento de las demandas que vienen planteando las comunidades históricamente como lo es la escrituración de las tierras que habitan las familias por más de 30 años y la entrega de otras aptas para salir de la situación de hacinamiento en el que se encuentran.

Una vez estando en la municipalidad, los representantes de las comunidades fueron recibidos por el Secretario de Gobierno, Luis Sare, quién anunció que el intendente Marcelo Lara Gros se encuentra en Salta. Sare por su parte se comprometió en articular con el ejecutivo municipal para generar una reunión urgente para tratar la temática; además, garantizó la entrega de bolsones económicos navideños para 20 familias carenciadas de cada comunidad ava guaraní, que ha sido uno de los petitorios presentados.

Por otro lado, el Secretario de Gobierno acompañado por el Concejal Iván Misau, acordaron con los representantes mantener una mesa de trabajo permanente para ir abordando las diferentes temáticas que aquejan a los vecinos.

Ente las principales demandas de las comunidades ava guaraní de la zona urbana contempla también el tendido de cloaca, agua y luz. Como así también la construcción de baños y viviendas para las familias que se encuentran envueltos en lonas en algunos casos extremos. Se prevé más movilizaciones durante la semana si no se tiene respuestas concretas a las demandas.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Argentina, Chaco. El Gobierno lo había desmentido: Confirman desmonte clandestino de 600 hectáreas en El Impenetrable

CHACO DÍA POR DÍA

Así lo revela un informe elaborado por Guyrá y la oenegé Bird Life, que difunde el Centro Nelson Mandela Chaco. Se trata de un desmonte realizado en el establecimiento “El Diamante”, en zona amarilla de la Ley de Bosques. El Gobierno había asegurado que estaba autorizado.

De acuerdo a un informe sobre desmontes detectados en el Gran Chaco Americano, correspondiente a noviembre de este año, elaborado por Guyrá y la oenegé Bird Life, quedó finalmente comprobado -pese a lo desmentido por el Gobierno- el gigantesco desmonte que se realizó en El Impenetrable, precisamente en el establecimiento “El Diamante”, en Zona Amarilla (prohibida) del ordenamiento territorial de bosque nativo chaqueño. Desmontaron clandestinamente 600 hectáreas. Para reconocer este desmonte y su extensión, es suficiente observar la imagen satelital que ilustra esta nota, en la que se digitaliza -en color verde- las superficies desmontadas, lo que permite ver que la cobertura que encierran los polígonos corresponden a bosques nativos con el desarrollo común a los montes de esa zona.

El gigantesco desmonte ilegal, mientras se ejecutaba, fue denunciado por el Centro Mandela durante los primeros días de noviembre ante el gobierno y difundido por los medios de comunicación, entre otros CHACO DIA POR DIA.COM, o sea que pudo ser paralizado para evitar su avance y destrucción. Sin embargo, fue rápidamente “desmentido” por la Dirección de Bosques a cargo del Ing. Miguel Ángel López y por el entonces Subsecretario de Recursos Naturales del Ministerio de la Producción, Ing. Agrimensor Hernán Miguel Brunswing, actual Ministro de Ambiente del gobierno chaqueño, cuya designación “genera una profunda preocupación por las ideas e intereses que representa”, señaló el coordinador del Centro Mandela, Rolando Núñez.

La desmentida fue publicado en algunos medios provinciales –también por este portal- y fue notificado al Centro Mandela a través una nota firmada por el secretario General de la Gobernación, Dr. Julio René Sotelo, a propósito de la presentación que debió realizar el Centro Mandela el 4 de noviembre ante el propio gobernador Capitanich. A esto, se sumó una carta pública de la organización ambientalista Greenpeace.

Reclamo ante el gobernador Capitanich

Según consiga el Centro Mandela, en la nota en cuestión se reclamó la intervención directa del por entonces gobernador “en virtud de la repetición de los desmontes clandestinos o encubiertos que se producen como consecuencia de la burocracia ineficiente, del tráfico de influencia y de la corrupción instalados en el Ministerio de la Producción, que combinados auspician, facilitan o permiten tales desmontes en zonas prohibidas, repitiéndose también los desmentidos oficiales con falsos argumentos de que se otorgaron permisos silvopastoriles y para combatir invasoras o quemados”.

“Por el irregular funcionamiento del Ministerio de la Producción, de la Subsecretaría de Recursos Naturales y de la Dirección de Bosques, se efectuó el reclamo en la propia órbita de las funciones del Gobernador dado que sistemáticamente se violan en Chaco todas las normas que hacen al manejo y explotación racional del monte nativo”, denunció. Y agregó que “nuestra presentación ante Capitanich terminaba con el reclamo de su intervención directa para que adoptara todas las medidas que pusieran límites a la destrucción del monte en el marco de programas y de planes de controles preventivos y sancionatorios, plenos y eficientes, encarados en tiempo real y no luego de que se consumen los hechos, o sea luego de que se ejecuten las explotaciones forestales, los silvopastoriles y los desmontes encubiertos o clandestinos, para lo cual planteamos al gobernador que se debían combatir los intereses de los sectores económicos que terminaron manejando las estructuras del Estado, generándose un funcionamiento desordenado, anárquico, complaciente, de tráficos de influencias y de creciente corrupción”.

El gigantesco desmonte en “El Diamante”

Cabe recordar que el establecimiento “El Diamante” está ubicado a unos 45 kms. al nordeste de la localidad de Taco Pozo, sobre la Picada 100. En noviembre de este año se denunció que allí se estaban realizando trabajos de desmontes clandestinos, a lo largo de los 20 km de longitud del predio sobre aquella picada. Dejaron unos pocos árboles en pie y eliminaron casi todas las formaciones que se desarrollan debajo del monte. Las coordenadas correspondientes al lugar, donde está ubicada una de las tranqueras, cuya imagen también ilustra esta nota y que se ubica en el mapa de Google Earth, son 25º19’24.1”S y 62º56’14.9”O.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Conferencia de prensa en la sede de la Central: Porque no alcanza, la CTA, la Multisectorial y la Coordinadora Sindical Clasista marchan a Plaza de Mayo

Inés Hayes - Miguel Aguirre (ACTA)

Este martes se llevó a cabo en la sede de la Central de Trabajadores de la Argentina, Lima 609 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una conferencia de prensa en la que se dieron los detalles de la Jornada Nacional de Lucha convocada para el jueves 19 de diciembre, que, en Capital Federal, culminará con una marcha a Plaza de Mayo.

Debido a los sucesivos cortes de luz que están azotando a toda la Capital, la conferencia se hizo en la recepción de la sede nacional de la CTA con la presencia, además de las organizaciones convocantes, del diputado nacional Claudio Lozano y Jorde Cardelli así como de Vilma Ripoll e integrantes de la Mesa Nacional de la CTA.

"Damos esta conferencia de prensa para darle forma definitiva a la Jornada Nacional de Lucha que se va a realizar este 19 de diciembre. Esta jornada muestra una realidad conflictiva en todo el país donde estamos luchando tanto los trabajadores estatales como los de la actividad privada, como los precarizados como los compañeros de los planes sociales”, abrió la conferencia Ricardo Peidro, secretario general adjunto de la CTA.

“Nuestro pueblo está diciendo No al ajuste y que la justicia social llegue a todo el país más allá de las palabras progresistas que no tienen una encarnadura en la realidad. Estamos reclamando 8 mil pesos de salario mínimo vital y móvil, seguimos reclamando por el 82% móvil, el cese de las suspensiones y despidos, la reapertura de las paritarias, una bonificación para los trabajadores cualquiera sea su condición, el desprocesamiento de todos los compañeros, que cese la criminalización de la protesta social y un repudio especial por los compañeros de Las Heras que han sido condenados a cadena perpetua y esperamos que esa arbitrariedad se revierta”, agregó Peidro.



El dirigente explicó que si bien la jornada es nacional y se sentirá de Ushuaia a La Quiaca, en la ciudad de Buenos Aires, la concentración será a las 15 en el Congreso para marchar a Plaza de Mayo en donde a las 17 se hará el acto central. “Estamos convencidos que va a ser multitudinario, con la fuerza que caracteriza a los trabajadores de nuestro pueblo porque hay necesidades y luchas concretas. Por supuesto también rendimos homenaje a los compañeros que cayeron luchando en aquel 19 y 20 de diciembre de 2001”, concluyó el dirigente de la CTA.

El siguiente orador fue Néstor Pitrola: “La Coordinadora Sindical Clasista que represento en este caso valora enormemente este acuerdo, esta movilización y este programa en el momento que lo estamos haciendo. El país está cruzado por una grave crisis política pero fundamentalmente económica e inflacionaria. Los motines policiales de la propia policía que ellos prohijaron es la policía vinculada al delito organizado que ellos han formateado y moldeado, la policía del gatillo fácil, de la represión al movimiento obrero pero lo que han venido a mostrar estos motines no es un plan desestabilizador sino una crisis inflacionaria que abarca a todos los trabajadores argentinos. No aceptamos que la alternativa sea saqueos o represión”.

El representante de la Coordinadora Sindical Clasista del Polo Obrero dijo además que “acá hay un programa que ponemos en la calle con una salida que en lugar de priorizar devaluando, priorice a los trabajadores y que la crisis la paguen los beneficiarios de esta década y no los trabajadores. Convocamos con todo el entusiasmo a esta gran movilización”.

En representación de la Corriente Clasista y Combativa habló Freddy Mariño quien recalcó la federalización de la jornada e invitó a todos “los afluentes del movimiento obrero, los jubilados, los tercerizados, los trabajadores en relación de dependencia, los trabajadores de cooperativas para plantar en esta Plaza de Mayo este grito que parte de la necesidad de todo el movimiento obrero de la reapertura de paritarias, aumento salarial acorde a las necesidades de millones de familias. Esta convocatoria nos va a servir para consolidar esta unidad de la Multisectorial con la CTA, con la Corriente Sindical Clasista para un nuevo 19 y 20 de diciembre que como aquel 2001 nos encuentre en las calles para seguir luchando por nuestras necesidades”.

El último orador fue Gustavo Giménez del MST Teresa Vive quien señaló lo oportuna que era la jornada con “una inflación que devora y se come los salarios de los trabajadores, los desocupados, los cooperativistas, jubilados que en el 75% ganan la mínima. Queremos 8 mil de mínima y que ésa sea la base para discutir, queremos también que haya un bono de fin de año de refuerzo a los aguinaldos que contemple esta situación terrible con la que encaran las fiestas las familias trabajadoras, que se acabe el impuesto a las ganancias al salario y que se acabe esta política de hambre y de ajuste que ahora en el afán de buscar divisas busca un mayor endeudamiento de la deuda pública que lo develan todas las entregas. Esta jornada va ayudar que vayamos construyendo el camino de un verdadero paro general con este programa”.

Cerró la conferencia el secretario de Relaciones Institucionales Juan Carlos Giuliani quien invitó a todo el movimiento obrero y la ciudadanía en general a participar de la jornada nacional de lucha y remarcó que “será un acto unitario que demuestra la madurez política de la organización de los trabajadores”.

Convocan a la Jornada Nacional de Lucha: CTA; CSC y Multisectorial (CCC; MST; FUA; FUBA; FNC).

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

¡Porque no alcanza y plata hay!: Giuliani. "No vamos a quedar de brazos cruzados frente al ajuste"

ACTA

El secretario de Relaciones Institucionales de la CTA, Juan Carlos Giuliani, indicó que este jueves "hemos decidido realizar una Jornada Nacional de Lucha porque los trabajadores no estamos dispuestos a permanecer pasivos mientras la inflación y la devaluación del Gobierno se comen nuestros ingresos todos los días. No vamos a quedar de brazos cruzados frente al ajuste".

En declaraciones formuladas al programa "Sobre la hora" que se transmite los días sábado por Radio Splendid con la conducción de Mauro Federico, Carlos del Frade y Corina Duarte, "Pipón" Giuliani apuntó: "Llevaremos adelante la medida en el marco de la unidad de acción, en este caso la CGT no ha participado de esta convocatoria pero vamos a marchar con las organizaciones de la Multisectorial y la Corriente Sindical Clasista, entre otros sectores".

Añadió que "la idea es protagonizar una jornada de lucha en todo el país, en algunos lugares habrá radio abierta, en otros volanteadas, cortes de rutas, de puentes, movilizaciones y actos. En la Capital Federal vamos a confluir en una gran movilización a Plaza de Mayo".

Giuliani señaló que la protesta está motivada en el costo de vida que ataca los bolsillos de los trabajadores y sectores populares. "Reclamamos un bono de Fin de Año, que el Salario Mínimo no sea inferior a los 8.000 pesos; que no se aplique el Impuesto a las Ganancias en el próximo aguinaldo; el 82 por ciento móvil para nuestros jubilados; se universalicen las Asignaciones Familiares y aumente la Asignación por Hijo; que cesen las suspensiones y despidos y se derogue la Ley Antiterrorista que criminaliza la protesta social".

Acuartelamientos y saqueos

Con relación a los acuartelamientos policiales y saqueos que se iniciaron en Córdoba y se extendieron como un reguero de pólvora por toda la geografía nacional, Giuliani dijo: “Hay un nivel de saturación informativa que termina desinformando. En primer lugar, la imagen que te devuelven los grandes medios de poder: La policía acuartelada, casi sacando a punta de pistola un aumento salarial de los gobiernos provinciales y, por el otro lado, una banda de marginales saqueando todo lo que hay a su paso. Lo que esas imágenes niegan es que toda esta parafernalia está montada en un escenario de crisis social que se pretende invisibilizar pero que tiene cuerpo, dimensión, que se viene alimentando y que estalla a Fin de Año, junto con las altas temperaturas, cuando empiezan a cortarte la electricidad, no hay agua, la guita no alcanza para fin de mes".

A juicio de "Pipón" Giuliani, "no puede ocultarse que todos los estudios serios que confrontan con el dibujo del INDEC, sostienen que entre el 25 y el 30 % de la población está bajo la línea de pobreza. El Instituto de Políticas Públicas que dirige el diputado de la CTA, Claudio Lozano, ha planteado que, en el primer semestre de este año, se han destruido 103 mil puestos de trabajo. Hay una serie de suspensiones, en Córdoba concretamente en la industria automotriz, y hay despidos también. Por primera vez en 10 años lo que consiguieron los gremios con las paritarias fue un 10 % inferior a la inflación".

"Y por encima añadidura, está el tema de la devaluación que, aunque se la niegue, a esta altura del año pasado el dólar oficial apenas superaba los 4 pesos y hoy está en 6.30. Hay una transferencia de ingresos indudable de los sectores más vulnerables hacia los grupos económicos más concentrados. Sobre esta planicie de crisis social, se monta toda esta cuestión. Ese es un primer análisis", enfatizó Giuliani.

Y prosiguió: En segundo lugar: La actitud del gobernador de Córdoba, José Manuel De La Sota, actúa como un encantador de serpientes. El día lunes, él estaba viajando a Colombia y se produce la maniobra policial, no había plata y el miércoles, ya había aparecido el dinero para satisfacer las demandas policiales. En Córdoba, la Policía pasó una factura luego del descabezamiento del área de drogas peligrosas. Los tipos dejaron de cobrar un retorno jugoso que tenían de su vinculación con los narcos y lo tienen que recuperar de alguna forma. Ahora, ¿cuál fue la receta para que enfrente los compromisos que De La Sota asumió públicamente? La que le dio Capitanich, la que da el Gobierno Nacional a todos los gobernadores. Endéudense, receta típica de los años 90, la receta para hacer frente a estos compromisos en provincias fundidas y endeudadas es más endeudamiento. La provincia de Buenos Aires es abanderada en eso. Entonces, este es el otro punto, que esta situación va a generar un endeudamiento fenomenal de las provincias".

Para Giuliani, "esto abrió la Caja de Pandora, el rechifle de la cana lo que hizo fue fijar un piso salarial en Argentina. El Salario Mínimo Vital y Móvil es de $ 8000, y ningún otro trabajador va a aceptar una cifra inferior, ¿por qué un maestro o un médico, un enfermero va a ganar menos que un agente de policía? Además se demostró que plata hay, lo que no quieren es repartirla, de manera tal que este es un cóctel con muchos elementos, que hay que analizarlo uno por uno".

"Nosotros propiciamos avanzar en la democratización de las fuerzas de seguridad y explorar proyectos de sindicalización de los policías que estén decididos a asumir una herramienta gremial. Creemos que eso pondría más en evidencia la cúpula corrupta vinculada con el delito organizado”.

Del Frade: "No escuchamos una sola voz de un tipo que denuncie…Por lo que tengo muchas dudas de que una sindicalización haga a la transparencia, porque no la quieren…"

"Pipón" Giuliani: “No la quieren los de arriba, los que mandan, tampoco va a salir un agente a decir que su comisario es un chorro y recauda esto y esto…”

Mauro Federico: “Las fuentes nuestras son los propios policías y cuentan que tienen miedo…”

"Pipón" Giuliani: “Pero para eso sirve la sindicalización, para darles protección. Ojo que yo no estoy haciendo una defensa de la policía, pero sí planteo que es un debate que hay que empezarlo a dar. La falta de sindicalización de la policía es lo que deja vulnerable a los sectores que denuncian la corrupción que existe en su fuerza y que generalmente son apartados o pasados a retiro. Nuestro compañero Víctor De Gennaro tiene presentado desde el año pasado un proyecto en el Congreso para empezar a debatir la sindicalización de la policía".

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Procesaron a los trabajadores que defendieron el hospital Borda

ANSOL - RED ECO

Según la Justicia, se resistieron a la autoridad el pasado 26 de abril, cuando junto a pacientes, legisladores y militantes sociales intentaron detener la demolición de un taller protegido en el predio del nosocomio. Fueron sobreseídos los funcionarios imputados por la represión de la Policía Metropolitana.

"Lo más preocupante es que la Justicia ha liberado la zona porque si esto está bien entonces se va a volver a repetir", dijo el delegado de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Daniel Blanco al programa radial Abramos la Boca (FM Radio Gráfica 89.3).

El delegado informó que cinco trabajadores del neuropsiquiátrico fueron procesados a pesar de haber sido agredidos por agentes de la Policía Metropolitana el 26 de abril, cuando se resistieron a la demolición del Taller Protegido Nº 19.

"Fueron procesados por resistencia a la autoridad salvo Daniel Catalano, que no fue detenido ese día, sino que un efectivo de la Metropolitana lo acusa de agresión", detalló Blanco al programa radial.

El delegado remarcó que "la Justicia decidió procesar a los trabajadores y ha absuelto a los responsables políticos de la represión y a los efectivos de la Policía Metropolitana".

El conflicto por el Taller Protegido 19, en donde realizaban tareas de rehabilitación los pacientes de ese centro asistencial, se inició en 2012, debido a que el gobierno porteño tiene previsto construir en ese lugar un Centro Cívico y en varias oportunidades intentaron desalojar el lugar.

Reducción

En la misma semana, la secretaria general de Médicos Municipales del hospital de niños Ricardo Gutiérrez, Laura Schargrodsky, advirtió en diálogo con el programa Código de barras (FM Frecuencia Zero 92.5) que el Gobierno de la Ciudad redujo en un 50 por ciento los puestos de trabajo y en un 40 por ciento los salarios en el nosocomio.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Argentina, Chaco. En las paritarias del año próximo: Al igual que la Policía, docentes de Atech exigirán un piso salarial de $ 8 mil

CHACO DÍA POR DÍA

El sindicato que conduce Rosa Petrovich advirtió que corre peligro el normal inicio del ciclo lectivo del año entrante si el Gobierno no inicia la negociación salarial cuanto antes. Exigieron un piso salarial de $8 mil, igual que el que obtuvo la Policía tras la sublevación que saqueos y muertes.

La Asociación de Trabajadores de la Educación del Chaco (Atech) advirtió que corre peligro el normal inicio del ciclo lectivo del año entrante si el Gobierno provincial no inicia la negociación salarial cuanto antes. El sindicato pidió un piso salarial de $8 mil, igual que el que obtuvo la Policía tras la sublevación que generó saqueos y dos muertes en la Provincia.

En un comunicado de prensa, la Atech se dirigió a la opinión pública en particular y a la docencia chaqueña en su conjunto, para expresar que aguarda a la fecha la respuesta del primer mandatario provincial al pedido de audiencia que el día 26 de noviembre ha efectuado formalmente, "con el objetivo central de cerrar la discusión salarial de este año 2013 que aún no se ha hecho, y abrir la discusión salarial desde ya para fijar los criterios y pautas para el salario 2014".

"Del mismo modo en que el Gobierno recientemente ha 'acordado' un incremento salarial para el sector policial con un piso no inferior a los $ 8000, la Atech reclama desde ya igual piso para los trabajadores de la educación. Remarcando el reclamo permanente para que todo sea direccionado al valor del punto (sueldo en blanco), con el rechazo de plano de los montos en negro", exigieron.

"Por último la ATECH subraya que la "urgencia" de respuestas salariales nos involucran directamente como sector postergado por las políticas de pérdidas del poder adquisitivo y la falta de actualización permanente de los sueldos, como de recomposición de los mismos", afirmaron.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Argentina, Córdoba - Insensibilidad patronal: Rotunda negativa de las empresas a pagar un Bono de Fin de año a los Trabajadores de Prensa

PRENSA RED

Las empresas periodísticas de Córdoba, en una nueva muestra de insensibilidad, rechazaron hoy rotundamente la solicitud del Cispren de pagar un bono de fin de año de 2.000 pesos para los Trabajadores de Prensa y la Comunicación de Córdoba.

“La dilación de la delegación Córdoba del Ministerio de Trabajo de la Nación para convocar a la primera reunión de las partes y la alta de buena fe negocial de las empresas provocaron que hoy los trabajadores de prensa no puedan recibir en forma conjunta un bono de fin de año, que el gremio comenzó a tramitar el pasado 14 de noviembre”, manifestó a Prensared el secretario General del Cispren, Carlos Valduvino.

El dirigente, además expresó que “el gremio dejó claramente constancia en actas que esta negativa patronal será tomada en cuenta en la próxima negociación paritaria cuya escala salarial vence el 31 de marzo de 2014, y que además por esta razón tampoco no será indiferente a la hora de fijar posiciones sindicales en el devenir futuro de las relaciones laborales”.

“El gremio ha tomado con verdadera decepción la decisión de la empresas atento a que, como una costumbre reiterada en el último período, ha sido usual que el conjunto de las empresas, con la diversidad de situaciones conocidas, reconozcan a fin de año mediante un esfuerzo, de carácter remunerativo o bajo otra forma, la necesidad de compensar a los trabajadores de la actividad por su aporte al desarrollo empresarial y profesional”, enfatizó Valduvino.

Por otra parte, adelantó que en la primera semana de febrero del año próximo se realizará una reunión del Cuerpo de Delegados con el Bloque Organizativo Gremial para estudiar el comportamiento de las empresas.

“El propósito de la reunión será de identificar a aquellas empresas que pagaron, o no, el bono de fin de año a sus trabajadores porque en todas las negociaciones paritarias anteriores el gremio a ese pago lo reconoció para que sea absorbido por una cifra no remunerativa”, recordó.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Argentina, Salta: TRASNOA se niega a reincorporar a Pepe Barraza aun con Sentencia Firme de la justicia

Marco Díaz Muñoz (COPENOA)

A más de un año y medio del despido del Delegado Gremial José “Pepe” Barraza. TRANSNOA SA, la transportista eléctrica del NOA, se niega a reincorporar al Delegado que encabezó un movimiento de reclamos salariales y graves denuncias por vaciamiento y violaciones a los derechos laborales de los trabajadores de la ex Agua y Energía Eléctrica.

Con documentación probatoria a través de fotografías y filmaciones que presentaron ante el Ente Nacional Regulador de la Energía ( ENRE ) y el Ente regulador de los Servicios Públicos de la Provincia (ENRESP), los trabajadores pusieron en evidencia a la transportista responsable de los numerosos cortes de energía por falta de inversiones y mantenimiento.

Luego de dos meses de Huelga y con la presión económica sobre los huelguistas se levantó el paro en Agosto del año pasado y Barraza continuó la lucha en la Justicia. Desde Marzo esta la Sentencia de la Sala 6 del Juzgado laboral que ordena la reincorporación del Delegado Gremial. Luego de varias instancias más que la empresa usó para impedir el regreso de Barraza a su plantel, finalmente se terminó dejando en firme la Sentencia pero TRASNOA no la acata.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.