jueves, 19 de diciembre de 2013

Entrevista a Guillermo Almeyra, La Jornada (México): La socialdemocracia alemana ha renegado de todo su pasado, incluso del reciente

Mario Hernandez (especial para ARGENPRESS.info)
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Mario Hernandez (MH): Nos adelantamos una semana porque los próximos miércoles 25 y 1º de enero vamos a enviar programas grabados por las festividades. Luego Ud. se va a México.

Guillermo Almeyra (GA): A mediados de enero.

MH: Pienso que nos va a traer muy buena información porque están pasando hechos muy graves en ese país.

GA: Espantosos.

MH: Nada que ver con el México que Ud. conoció.

GA: Claro que no.

MH: Me interesaba retomar un tema que en su momento conversamos y si mal no recuerdo Ud. había puesto en duda la posibilidad de un acuerdo, de una coalición entre Angela Merkel (AM) y el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), sin embargo, para el tercer período de gobierno de AM se ha formado una super-coalición de la que va a participar el SPD con 6 carteras, entre ellas la de Economía y Energía. ¿Qué pasó?

GA: Yo creía ingenuamente…

MH: Todavía le daba un crédito al SPD.

GA: Exactamente. Creí que todavía tenían un mínimo de lógica. La vez anterior que se habían unido con los Demócratas Cristianos y la derecha cristiana bávara les había ido como en la guerra. Posteriormente, habían perdido el electorado que los había castigado, una cantidad importante de electores. Creí que por lo menos el reflejo de conservación iba a predominar, pero resulta que la transformación ideológica de ese partido ha sido tremenda, al extremo que se ha ido de la Internacional Socialista, de la cual el SPD era uno de los fundadores, porque la consideran, aunque integrada entre otros por el Partido Sionista Socialista Mapam, demasiado izquierdista, entonces han formado una Internacional Liberal.
Ideológicamente hay muy poca diferencia, prácticamente ninguna, con la derecha. Han renegado de todo su pasado, incluso del reciente.
El hecho que se haya ido una parte de su ala izquierda, De Linke, los sindicalistas sobre todo, también ha influido en la falta de resistencia a la alianza con la Merkel que les ha dado algunos cargos realmente incineradores, por ejemplo, Trabajo. Han conseguido la promesa de un salario mínimo que en Alemania no existe, pero sabemos muy bien que aunque exista en casi todos los países, eso no impide en lo más mínimo ni la explotación ni la crisis para los trabajadores.
También se harán cargo de Energía donde probablemente tengan que producir nuevamente energía atómica porque no pueden depender del petróleo que no tienen y lo importan de Rusia o Azerbaiján, ni pueden sacar suficiente energía de las no renovables. Les han dado carteras que son secundarias y la Democracia Cristiana mantiene Finanzas que es la que decide sobre el sentido general de la economía.

MH: Allí continúa el mismo ministro que ha llevado adelante todas las reformas estructurales que están teniendo lugar en la eurozona.

GA: Es el verdugo de Grecia.

Bachelet tiene que preguntarse qué significa que el 58% no haya votado

MH: Donde no falló su pronóstico fue en cuanto a la 2ª vuelta en Chile ya que aumentó la abstención. De todos modos, me interesaba conocer su opinión sobre los que llamaría los tres pilares programáticos de la candidata ganadora: la reforma del sistema educativo, la nueva Constitución y la reforma impositiva.

GA: Este gobierno de Michele Bachelet (MB) va a ser un poco más radical que el anterior y más de ella que de los partidos que la apoyaron como sucedió en el anterior donde limitaban su accionar. Tiene un poco más de margen de maniobra.
Ella tiene que estar preguntándose, como todo el mundo en Chile, qué significa que la mayor parte del electorado no haya votado. El 58% no votó, quiere decir que MB que sacó el 63% representa solo al 30% de los chilenos. Son muchos más los que se abstuvieron que los votantes.
La derecha está hecha pedazos. Ya no tiene ninguna justificación para ser moderada, en cambio tiene que ver las movilizaciones que se van a producir y ya están anunciadas. Es probable que tenga que hacer una política un poco más radical que en su administración anterior.
Está muy contenida por la composición del Parlamento porque aunque tiene mayoría se ve obligada a negociar con la derecha que está sobre-representada. Para los cambios constitucionales necesita los 2/3 de los votos y el Partido Socialista con sus aliados no los tiene.
En esa negociación hay bastante margen para echarle agua al vino, hablando de Chile. La derecha va a conseguir algunas leyes más conservadoras. Del otro lado está incluso el Partido Comunista que es muy apto para luchar por reformas dentro del régimen y está desesperado por mantenerse dentro del gobierno y por aparecer en el próximo gabinete que se conocerá en enero.
Hay un margen para una diferenciación con los movimientos que querrán soluciones inmediatas y pesarán en la calle acompañados por estudiantes, obreros e indígenas que siguen en pie de lucha y el gobierno alegará un mandato que le permita obtener los 2/3.
En ese tire y afloje pueden salir algunas cosas. Una reforma de la educación por etapas, no exactamente la que piden los estudiantes, la universidad gratuita, laica y estatal, no en forma inmediata, pero puede haber un período de transición y una reforma tributaria muy discutida. Lo que será muy difícil es la reforma de la Constitución, quizás se puedan conseguir algunos cambios en la Ley electoral que deja afuera a la inmensa mayoría de los chilenos y no le conviene a nadie, por lo menos a más de la mitad de los ciudadanos. Ese será el tire y afloje permanente durante este gobierno.

La policía debe ser controlada por la comunidad

MH: En nuestra última comunicación quedó pendiente un análisis del motín policial en nuestro país.

GA: Creo que muchos de los que analizan posibles soluciones piensan en abstracto, por ejemplo, creen que la sindicalización de la policía podría evitar el tipo de policías como La Bonaerense, la neuquina o la salteña o las torturas en las penitenciarias, etc., etc.
La policía en Argentina, por razones históricas, no es la de Suecia o Suiza, que de todos modos son organismos de represión, pero dentro de una relación de fuerzas con la sociedad que las limita y contiene.
Existen sindicatos policiales en Italia y Francia. Por ejemplo, en Francia participa en represiones brutales, incluso con muertos a palos. El que entra en la policía no es un trabajador común, no se recluta simplemente entre los desocupados aunque hay muchos que optan por entrar porque les dan salarios más altos.
También es una construcción ideológica, un instrumento de represión que se recluta en los mismos medios que lo hace el narcotráfico. Uno mira las fuerzas de represión y su rotación en otros países, sobre todo en América Latina, y ve los lazos que existen con el narcotráfico.
El año pasado en México entre ejército y policía desertaron alrededor de 200.000. Son los que se pasan con armas y bagajes, especialmente los cuerpos especializados en la represión, al narcotráfico. Los Zetas en México son gente que se formó en la policía. Entonces, el problema es otro. No puede haber solo un cuerpo de represión bien pago y sindicalizado, como si fuera una corporación de trabajadores cualquiera, sino que hay que poner el acento en la relación entre quién ejerce la función y la sociedad.
En México, en algunos lugares, existen las llamadas policías comunitarias. En algunas zonas rurales eligen a los policías e incluso a sus jefes y los controlan. Los mismos vecinos les pagan el salario. Tiene que haber un control de parte de la comunidad para que no sean chupados de entrada por el narcotráfico y sean solamente instrumentos de represión del poder ejecutivo o estatal. Fuerzas de represión y nada más.

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Panamá: El legado de la invasión del 20 de diciembre de 1989

Marco A. Gandásegui (h) (especial para ARGENPRESS.info)

Los panameños conmemoramos mañana, 20 de diciembre, el vigésimo cuarto aniversario de la invasión militar norteamericana. Murieron, según algunos, centenares de niños, mujeres y hombres. Otros calculan que perdieron la vida miles de vidas inocentes. La invasión de Estados Unidos tuvo como principal objetivo, podemos decirlo ahora tras más de dos décadas, generar un cambio radical en el sistema político de gobierno.

Efectivamente, se ha producido un cambio radical en la forma de dirigir el país. Las instituciones militares - ambas de factura de Estados Unidos - que encabezaron los gobiernos durante 21 años (1968-1989) fueron reemplazadas por un sistema de partidos políticos. Los militares que gobernaron utilizando la Guardia Nacional entre 1968 y 1983, decían que querían instaurar un régimen democrático participativo (Asamblea de Representantes). Nunca lo lograron. En 1983 los militares le cambiaron el nombre a la antigua institución castrense y la bautizaron con el nombre de las Fuerzas de Defensa de Panamá (FDP). Después de la invasión norteamericana en 1989, el nuevo sistema partidista proclamó como meta la democracia 'representativa'. Tampoco lo han logrado.

El régimen militar de la Guardia Nacional cuyo jefe era Omar Torrijos le legó a quienes se apoderaron del sistema político a partir de 1989 el control económico de la ruta de tránsito, las valiosas tierras revertidas de la antigua Zona del Canal y la vía acuática que une a los dos océanos más grandes de la tierra. El crecimiento económico actual de Panamá es el resultado de la nueva relación de nuestro país con su posición geográfica. Somos desde 2000 dueños de la ruta de tránsito cotizada desde los tiempos coloniales y sobre el cual se construyó el Canal de Panamá hace 100 años (entre 1904-1914).

Hay claros indicios que los grupos que gobiernan a Panamá desde 1990 no se prepararon para este cambio. Incluso, rechazaron toda posibilidad de planificar el desarrollo nacional. Hoy presenciamos un proceso mediante el cual se levantan grandes fortunas sobre la base de la apropiación cuestionable de las riquezas de todos los panameños. La gran mayoría del pueblo panameño recibe un 'goteo' que se derrama del gran contenedor que representa el crecimiento económico. (Cito al ministro de Economía y Finanzas, Guillermo Chapman).

Hay que pensar en los próximos 24 años. Hay que cambiar el modelo de crecimiento económico actual y elaborar otro que tenga como estrategia el desarrollo integral. Es decir, poner todas nuestras riquezas al servicio del desarrollo cualitativo y cuantitativo de la población, especialmente de la juventud: Educación y salud igual para todos. Hay que desarrollar los 'polos' productivos aprovechando los recursos que genera nuestra posición geográfica privilegiada.

También tenemos que pensar en una estrategia que nos permita alcanzar estas metas. Estados Unidos nos ha enseñado que no se detendrá ante obstáculo alguno para someter a Panamá a sus intereses. Prueba de ello el despliegue militar desatado el 20 de diciembre de 1989. Según Olmedo Beluche, el Pentágono lanzó contra Panamá un total de “25,000 mil soldados. Además de las tropas normalmente acantonadas en las bases ubicadas en el área del Canal de Panamá, bajo las órdenes del Comando Sur, participaron en la invasión la 7ª división de infantería procedente de Fort Ord, California. Un batallón mecanizado de la 5ª división de infantería acantonada en Fort Polk, Louisiana. Una brigada de la 82ª división aerotransportada de Fort Bragg, Carolina del Norte. Además, movilizó dos batallones de los llamados Rangers”.

Beluche agrega que “el sofisticado armamento utilizado en la invasión a Panamá incluyó los últimos adelantos tecnológicos alcanzados por Estados Unidos en el arte de hacer la guerra”. Esta nueva generación de armas fue usada después, masivamente, en las guerras del presidente Bush en el Medio Oriente: Bombarderos Stealth F-117, bombas de 2,000 libras, misiles Hell Five, helicópteros Blackhawk, Apache AH-64 y Cobra, aviones de asalto A-37, cañones de fuego rápido de 30 mm., vehículos HMMWV (Hummer) con ametralladoras de alto calibre y fusiles M-16 con mirilla infrarroja.

La desproporción de fuerza utilizada le mereció a Estados Unidos la condena unánime de todas las organizaciones de derechos humanos. Organismos internacionales como las Naciones Unidas e, incluso, la OEA aprobaron resoluciones denunciando los bombardeos indiscriminados contra la ciudad de Panamá y otros lugares del país. En un artículo reciente, Daniel Delgado D., quien era el teniente coronel encargado de la plaza de Tinajas, en San Miguelito, recuerda que “las unidades de combate de las FDP estaban constituidas por alrededor de 3,000 hombres”.

Los políticos y los militares panameños deben recordar que Estados Unidos maneja su política en función exclusiva de sus intereses. Si tuviera que sacrificar a ambos a corto plazo, está en condiciones de hacerlo desplegando nuevamente su poderío. Washington dispensa favores a los políticos locales y distribuye enormes recursos en financiar armamentos y adiestrar personal militar. El 20 de diciembre nos ha dejado un legado que no podemos soslayar: Tenemos que conocer mejor nuestra realidad y trabajar sin descanso para transformarla.

Sólo nos cabe construir un país capaz de tener una política independiente y fuerzas armadas nacionales. Es la única garantía de un futuro próspero para todos los panameños.

Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA.

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Frente a la pesadilla de siempre: Los cortes de luz

Claudio Lozano - Gustavo Lahoud (IPYPP, especial para ARGENPRESS.info)

Nos encontramos nuevamente ante la difícil pero cada vez más predecible situación crítica que plantean los cortes permanentes en el suministro eléctrico en buena parte del conurbano, Capital Federal y zonas del interior del país. Esta espantosa pesadilla que sufren a diario miles y miles de conciudadanos combina aspectos estructurales y coyunturales.

Lo primero a señalar es la ausencia de inversión en mantenimiento de redes de distribución eléctrica por parte de las principales empresas a cargo de la prestación del servicio de distribución, junto a la carencia de niveles relevantes de reserva de potencia instalada que pueda ser utilizada eficientemente en momentos de picos de consumo. No es casual que sea siempre en julio – agosto y en noviembre – diciembre cuando se producen las permanentes fallas tanto en transporte como en distribución eléctrica. Esto ocurre cuando las llamadas fuentes de generación de base (las de origen térmico, hidráulica y nuclear) están operando a los mayores niveles posibles en función de su capacidad de potencia y de disponibilidad, momento en que deben ser inevitablemente complementadas por generación adicional que es la que permite dar servicio eléctrico en las horas valle o pico de demanda.

Los números son contundentes: la capacidad instalada actualmente en todo el parque de generación con sus distintas fuentes, orilla los 31.000 MW de potencia de los cuales, pueden disponerse hasta 24.000 MW en términos de potencia disponible para abastecer la demanda creciente. Piénsese que en estos días, estamos orillando los 22.000/23.000 MW de demanda de energía eléctrica, lo cual, en los hechos, implica que el sistema está funcionando SIN RESERVAS DISPONIBLES y en estado de criticidad permanente, lo cual ocurre cuando las temperaturas superan los 32 o 33 grados, situación que nos pone permanentemente ante la precariedad y la violencia que implica que se le siga tomando el pelo a nuestra población en forma permanente.

Téngase en cuenta que cualquier sistema eléctrico debe operar, por lo menos, con una reserva del 15 al 20% del total del parque disponible; el Gobierno nacional sostiene que tenemos un remanente de 2.500 MW para usar en horas pico de consumo, sin embargo, esa situación no parece verse reflejada en la operación del sistema, ya que cuando superamos los 32 o 33 grados de temperatura, la disponibilidad remanente se transforma en un dato ficticio.

También es cierto que estas situaciones conviven con inversiones que se han hecho en materia de redes de extra y alta tensión en el país, sobre todo, entre 2007 y 2012, con el objetivo de extender el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), pero, también, se ha invertido en centrales térmicas que, a falta de gas, se han operado crecientemente con combustibles líquidos como fuel oil y gasoil, más caros y contaminantes. Es decir, que hay aspectos centrales vinculados al diseño de la planificación que siguen marcando falencias insostenibles a esta altura de las circunstancias. Huelga decir, además, que el SADI necesita un monitoreo permanente a los efectos de corroborar su correcto funcionamiento, ya que hoy sabemos que una región clave como Mar del Plata no está conectada a las líneas de extra alta tensión de 500 Kv, al tiempo que, como viene pasando desde hace casi dos años, han contratado mini centrales térmicas que funcionan con
combustibles líquidos al modo de grandes grupos electrógenos móviles, cuya operación es ruidosa, contaminante y peligrosa.

Es decir que, en la cosmovisión general del sector, conviven situaciones que parecen paradojales; en efecto, mientras es cierto que, en la última década, se han instalado unos 9.000 MV adicionales al parque de generación- como decíamos recién- ello no se ve reflejado en la operatoria global del sistema, por cuanto, en la unidad de distribución- que es donde hoy está impactando más seriamente la crisis- se han acumulado diversas problemáticas que van desde falta de inversión en nuevas subestaciones, falta de repuestos esenciales, cuadrillas de equipos en calle que en buena medida son personal tercerizado, deficiencias en el mantenimiento de las redes y cables y problemas con las tensiones del suministro eléctrico.

Asimismo, un último aspecto de carácter estructural, es la inadmisible intervención política discrecional del ENRE, que es el organismo creado por ley en 1992 que debiera asegurar criterios de regulación del mercado sobre la base de la idoneidad técnica y el apego a la observancia de lo que la legislación marca. Sin embargo, hace ya años que el organismo está intervenido, lo cual comporta otra grave anomalía que debe solucionarse a través de la convocatoria a un concurso público para la normalización institucional del Ente Regulador.

Por otra parte en lo que respecta a una cuestión estrictamente coyuntural, hace ya un año, se tomó una decisión de aumentar levemente los cargos fijos del servicio eléctrico en los consumos domiciliarios y, junto con ello, se puso en marcha una resolución por la que se destinaban esos recursos para el mantenimiento y las obras nuevas en el área de distribución final. En tan sentido, durante este año, han estado trabajando en la forma en que suelen hacerlo: desvirtuando la naturaleza del problema encarando procesos de mantenimientos parciales por barrios y en función de los mismos reclamos que se iban generando y, por cierto, sin compromiso alguno sobre un informe en tiempo real sobre las inversiones que se concretaron realmente en todas las áreas bajo cobertura, por ejemplo, de Edenor, Edesur y Edelap en las zonas del conurbano, Capital Federal y La Plata.

Por ende, las autoridades gubernamentales y el ENRE deberían exigir informes periódicos completos sobre todo lo actuado en materia de mantenimiento de redes y nuevas inversiones, ya que, nuevamente, todo lo que se decide se va por el agujero negro de la falta de voluntad política de control real sobre el servicio que las empresas distribuidoras brindan.

Por último, una pequeña reflexión sobre el remanido argumento de la necesidad de revisar tarifas. En primer término, debe generarse una discusión integral sobre el servicio público de la electricidad, en la que se replanteen no sólo las cuestiones vinculadas a las tarifas, sino los patrones bajo los cuales se debe prestar el servicio. En ese sentido, cabe recordar que los problemas de deficiencias severas del sector comenzaron a registrarse hacia fines de 1998, cuando la problemática del atraso tarifario no estaba en las clásicas argumentaciones que se escuchaban desde las empresas. Pero, el deterioro en la calidad de las prestaciones, la baja en los niveles de eficiencia y la falta de reglas de juego claras que obligaran a las empresas a invertir, siguen siendo aspectos centrales del problema que hoy, sí, conviven con una situación generalizada de precios relativos divergentes, situación que debe ser abordada en forma integral.

A su vez, el referido retraso tarifario en los consumos finales de los hogares residenciales y usuarios comerciales, tiene que ponerse a la luz del funcionamiento distorsionado del mercado eléctrico en la Argentina, ya que el actual Gobierno sigue subsidiando indiscriminadamente la oferta- léase la generación eléctrica a través del subsidio permanente a la compra de combustibles líquidos a través de Cammesa, mientras que esta situación convive con un esquema de precios en el que las crecientes importaciones- un 25% del total de nuestros energéticos hoy- juegan un papel determinante, ya que operamos sobre números que no controlamos a causa de la pérdida del abastecimiento y, por ende, toda la operatoria del sistema se encarece.

Sólo desde esa consideración integral, podemos encarar una nueva propuesta vinculada a las políticas de demanda que, en tan sentido, debería combinar una tarifa social sólida con acceso barato y seguro a garrafas- para aquellos hogares que no cuenten con gas natural por redes- y con graduales ajustes destinados, en principio, al 30% de los consumos residenciales que están por encima de los 1.000 kW/h de consumo por bimestre.

Es decir, no puede ser que el criterio de intervención oficial sea el de subsidiar la oferta en forma permanente al tiempo que no asegura el acceso en condiciones igualitarias a toda la población, ya que el ciudadano que no tiene gas domiciliario por redes, debe pagar más por el consumo a través de garrafas y los ciudadanos del interior del país siguen pagando más caro el acceso a gas natural por redes en comparación con los usuarios del Gran Buenos Aires, La Plata y Capital Federal. Por ende, por el lado de la demanda existen inequidades rampantes que deben ser corregidas, mientras que debe avanzarse en forma integral en una política que revea la calidad y eficiencia de la prestación del servicio y sólo dentro de ese esquema, se puede hablar de revisiones acotadas de tarifas.

Por último, teniendo en cuenta las declaraciones de funcionarios gubernamentales, no sería extraño que ingresáramos en una dinámica de cortes de servicio programados. Los límites de las empresas y el oficialismo obligan a la sociedad a seguir creciendo en su autoorganización.

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Crisis energética. Rigane: “Este modelo energético fracasó”

FETERA - ACTA

José Rigane, Secretario General de la FETERA-CTA y secretario general Adjunto de CTA Nacional, analizó las razones de los cortes de luz en zonas urbanas, la crisis energética y las posibles soluciones de fondo. Criticó las declaraciones del Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien hizo foco en el consumo irracional e irresponsable de los ciudadanos. También, planteó algunos paliativos que deberían implementarse ante esta urgencia en el sector energético.

En declaraciones a Radio Sur de la ciudad de Buenos Aires, Rigane expresó que “el aire acondicionado, que el Gobierno intenta poner en el eje del debate, tiene una incidencia en el consumo de un 8% nacional, mientras que el 32% del consumo de los artefactos eléctricos del país pertenece a las lámparas de iluminación, tanto de domicilios particulares, empresas o alumbrado público”. Y agregó que “esta contundencia de los datos desmiente categóricamente a los argumentos lanzados desde el Gobierno que ponen el foco en el uso de los aires acondicionados cuando esta demostrado que su incidencia es menor y quita del debate la enorme falta de mantenimiento y de inversión del sector privado”.

El dirigente de CTA Nacional afirmó que “en Argentina hay una capacidad instalada de 31.100 megavatios, pero están en disponibilidad en el sistema eléctrico sólo 26.000. Entonces, lo que ocurre es que cuando hay record de demanda hay problemas y todo el mundo se preocupa porque estamos al borde, estamos en un limite peligroso”.

Sobre el planteo de los cortes programados Rigane explicó que “es para resolver el día a día y evitar un apagón generalizado inmediato, del cual es muy difícil solucionarlo rápido, pero no es ninguna solución planificada”. Y agrego que “lo primero que se hace cuando hay una situación como la que estamos viviendo es bajar la tensión, por eso en los lugares más alejados de las centrales la tensión no es de 220, sino que pasa a ser de 210 o 208”.

Rigane mencionó el caso de Mar del Plata, que durante “el verano los apagones son seleccionados y se eligen los barrios humildes y periféricos para que los cortes no lleguen al centro de la ciudad en plena temporada, lo cual seria un bochorno. Entonces, prefieren perjudicar a los sectores periféricos de la ciudad. Nosotros entendemos que esta no es la forma de resolver el problema”.

José Rigane se encargó de remarcar que en temas de energía “no hay sorpresa”. Y agregó que “ya esta todo previsto lo que se va a necesitar en potencia, cuánto creció la demanda, cuáles son los cálculos a 10 o a 15 años. No hay sorpresas”. Reforzando este argumento, Rigane explicó que “se sabe que en el día más frío del año la demanda crece 4.800 Megavatios y en el día de mayor calor la demanda crece 5.000 megavatios. Todo está calculado”. “Por este motivo es que se esta tan pendiente del clima, porque no hay una suficiente cantidad de potencia instalada y disponible”, dijo.

“El sacrificio en el ahorro y el uso racional de la energía tiene sentido si la energía fuese patrimonio del conjunto del pueblo y ese esfuerzo tuviese impacto en el presente y en el futuro, pero hacer un esfuerzo en el ahorro desde el consumo individual u hogareño no tiene sentido porque el origen del problema es la falta de inversión y mantenimiento para la obtención de ganancias privadas en un marco donde tenemos que entregar el petróleo que no tenemos”, agregó. Para ser más claro, explicó que este tipo de propuestas de ahorro de energía es similar a reducir el café en una empresa en crisis sin modificar lo que produjo esa crisis. No tiene sentido sino se va al fondo de la cuestión”.

Por último, Rigane afirmó que de esta situación “se sale cambiando el modelo energético, que se sustenta en la privatización y extranjerización, porque fracasó”. “Esta crisis energética es estructural, no tiene que ver con algo coyuntural como un accidente o por alguna tragedia natural. Al ser estructural, la única forma es salir de este modelo energético”. En este sentido, afirmó que “el Estado tiene que dejar de ser el socio bobo de los grupos multinacionales en el campo de la energía, como lo ha sido hasta ahora. El Estado tiene que promover y llevar adelante una política de servicio publico con valor estratégico con una planificación clara de la energía”.

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La luz y la violencia sistémica

Silvana Melo (APE)

El hágase la luz de la cosmogonía cristiana determinó que la gente no podrá sobrevivir buenamente en la oscuridad. Y desde su más precario estado de conciencia el hombre buscó llamas y luna para iluminarse. Pero el fiat lux de aquel génesis no imaginó el conurbano bonaerense, donde diez millones de personas se apilan en un territorio mínimo, generan un calor de trópico entre hormigón y hacinamiento y se iluminan y se refrescan a través de un cablerío obsoleto con corazones que explotan al primer calor fuerte de diciembre. Y si la luz desaparece también desaparece el agua y desaparecen ambas cuando hay 38 grados dentro de casa y no queda para beber ni para bañarse ni para enjugarse la esperanza, cada vez más marchita.



La energía eléctrica y su ausencia en el momento justo cuando es imprescindible se vuelve una herramienta más de ejercicio del poder. Una herramienta que pone las cosas en su lugar: hay quien tiene un aire a 18 grados y hay quien no tiene dónde enchufar el ventilador. Y si la retirada eléctrica intenta ser democrática, nunca lo logra: hay quien puede comprar un generador de energía. O irse de su casa y volver cuando todo pase. Y hay quienes están abandonados a la mala de los dioses, oscuros y oscurecidos, solos en medio del hormiguero de gente, con sus niños deshidratados y en peligro, con sus viejos deshidratados y en peligro, vulnerables hasta la muerte.

Son muchos años. Veinte. Treinta. Cuarenta. Sin inversiones desde el Estado ni, luego, desde las empresas concesionarias. Brutalmente subsidiadas para no pagar –nadie- el costo político e inflacionario de un salto tarifario. Sin obras ni inversiones. Con entes de control que se han comportado históricamente como gerentes de las empresas. Y han dejado a la gente sola, de toda soledad. A la buena de quién sabe. Esperando, siempre. Que vuelva la luz, que vuelva el agua. Que vuelva la vida buena, aunque sea por cinco minutos. La espera, según Pierre Bordieu, “implica sumisión”. Es una forma de “experimentar los efectos del poder”. Ellos están condenados a la espera. No a la esperanza.

Por eso tal vez salieron en Glew, durante la huelga policial. Pero no salieron porque no había policía. Salieron porque no había luz. Enfurecidos salieron. Salieron porque abandonaron la sumisión, porque no soportaban la oscuridad y salieron también quienes se vuelven lobos acechantes en la oscuridad. Y hubo vidrios rotos y saqueos y hasta muerte.

Por eso tal vez salieron en Lanús, a tirar piedras en la casa del Intendente. El primer representante de la política que tienen a mano. El símbolo del poder más cercano. El más palpable.

Por eso tal vez salieron en Gerli, hace dos noches. Hartos del horno en tinieblas donde se los confinó. Hartos de la promesa y de la esperanza que ya no espera. Piedrazos en el Alto Avellaneda y furia en las calles. Salieron también los lobos. Como siempre, escondidos entre los corderos en cólera.

Porque no entran en las agendas de nadie ni en las planificaciones ni en los largos plazos de nadie. Porque les cambiaron el clima, les negaron viviendas, los asan en los pavimentos y les quitan la luz, el agua de las canillas y el fresco de las heladeras en diciembre. Otro diseño de la violencia sistémica, complejo y depurado. Otro formato en la ejecución del poder.

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Adolfo Melnik: "Son treinta años de una democracia burguesa"

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

Con el periodista Adolfo Melnik conversamos sobre la "democracia" que tenemos, los festejos K, la policía amotinada, el narcodelito y el periodismo alternativo.



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Más que sheriff, discriminador vulgar investido de ministro

El semiólogo (OTROS CÍRCULOS)

Sobre el sincericidio de Alejandro Granados -“¡pedazo de mogólico!”-, las falacias de la seguridad y la cotización del negro y el blue.

Hace pocos días, en la asunción de los nuevos ediles del municipio de Ezeiza, Alejandro Granados descalificó a una persona del público de la peor manera: discriminándolo al tratarlo de mogólico. O sea, lo que últimamente llaman “sincericidio”. Utilizó el término de una enfermedad genética e incurable para calificar a otro ser humano que no padece tal patología. De paso, reforzó el estigma* sobre quienes padecen Síndrome de Down y sobre sus respectivos allegados.


Foto: El ministro Granados al ungir a la nueva cúpula policial, en septiembre. / Fuente: OTROS CÍRCULOS

“El kilo de negros cuesta dos pesos”. Esta frase es otra que le atribuye al ministro más de un miembro de su entorno… Todavía no se le escapó en público, pero la dice en confianza, dicen. Cuentan que la aplica en tiempos de campaña electoral, cuando hay que ir pensando en los votos de Ezeiza y en cuántos colchones y paquetes de yerba hay que repartir para que lo voten. La frase es francamente superadora de la ya siniestra “negro villero”. De ser así, ¿qué sintagma esconderá Granados para los bellos negros de Senegal que en La Plata venden chafalonía?

Una xenofobia de ese calibre, de ser cierta, no dejaría de ser coherente con la del gobernador que lo designó: ya este medio dio cuenta de las desafortunadas declaraciones del entonces diputado nacional Daniel Osvaldo Scioli sobre los inmigrantes que llegan a la Argentina. (1)

La falacia de la eficacia

Volviendo al ex intendente de Ezeiza, primero sorprende la falacia que en definitiva, lo habría sentado en el sillón del Ministerio de Seguridad. Ezeiza tiene las mismas cifras de delito que los municipios vecinos. En nada difiere, por ejemplo, de Esteban Echeverría, partido que Carlos Saúl Menem escindió para que su amigo Granados tuviera Ezeiza. Allí desaparecieron Carlos Ariel Chávez (19 años) en noviembre de 2001, mataron a Oscar Mariano López (12 años) el 9 de septiembre de 1999 y en la localidad de El Jagüel, que pertenece al municipio madre, Esteban Echeverría, secuestraron a Diego Peralta, (17 años).

En los tres casos hay fundadas y fortísimas sospechas de la participación policial que, con Granados y la hinchada de Tristán Suárez, formaron una funcional tríada (si el término “tríada” remite al sr. lector a las mafias chinas y taiwanesas está bien encaminado). Y, si en defensa de Granados respecto del secuestro de Diego Peralta alguien observa que el “El Jagüel” es partido de Esteban Echeverría, me apresuro a aclarar que los policías sospechados tenían destino en Esteban Echeverría pero hacían Co.Re.S. (algo así como horas extras) en Ezeiza.

Se sostiene en entornos ministeriales que al buscar un candidato para el Ministerio de Seguridad, Scioli, coherente consigo mismo, tuvo en cuenta estos antecedentes de Granados y no el cuentito infantil del municipio seguro y las cuadrículas que, a esta altura, no resisten el más mínimo análisis. Ya sabemos: los Reyes Magos son los padres.

Complejos, espejos y kilos de muertos

Objetivado lo hasta aquí dicho, vuelvo a la frase: “El kilo de negros cuesta dos pesos” y me centro en su persona unos segundos: ¿padecerá Granados de algún complejo del tipo de Michael Jackson, que quería ser blanco, o como el de Menem, que se veía alto, rubio y de ojos claros? ¿Creerá Granados que nació en una maternidad Lebensborn? ¿No tiene espejos en la casa? ¿Pensará que Tristán Suárez es el barrio de la Recoleta?

La autopsia del preadolescente y de tez oscura Oscar M. López dice que pesaba 42 kgs.: a dos pesos por kilo, son $84. Carlos Ariel Chávez pesaba 70 kgs.: son $140. Diego Peralta no llegaba a los 70 kgs.: otros $ 140. De estas tres personas, dos están muertas y una desaparecida (y, más que seguramente, también muerta). Según la escala de los supuestos dichos del Ministro, para una suma de 364 kgs/negro, un total de pesos setecientos treinta y ocho ($738). Porque las víctimas eran “negros”. Por extensión, feos, sucios y chorros.

La cotización del negro y el blue

Pero resulta que la vida tiene sus parábolas y dentro del Ministerio de Seguridad hay un subministerio de Policía. De sus 55.000 miembros, unos 54.000 son tan negros como los que Granados cotizaría a $2 el kilo de ser cierta semejante leyenda. Pero ahora él es rehén de los morochos pata sucia, aunque la cuenta da que los 55.000 valen unos $ 8.000.000. Hartos de la explotación, lógicamente, explotaron. Lo pusieron contra las cuerdas y Scioli salió a rescatar a su ¿co-xenófobo? aumentando los ingresos en forma de bonificaciones.

La semana pasada, la cotización del negro subió levemente. Mal que les pese al ministro y al gobernador. Ambos tuvieron que posponer el tema de la supremacía blanca, porque ahora necesitan los negros para el Operativo Sol, porque los intendentes están desesperados y el propio Scioli está aterrado ante la posibilidad de que Papá Noel traiga saqueos en el trineo.

Otra de las parábolas reside en el nombre de una de las localidades de Ezeiza: Canning, por el canciller británico George Canning, nombre que tuvo sus vaivenes por el de la estación de subterráneo porteño “Scalabrini Ortiz”. La curiosidad es que el funcionario del imperio británico fue, además de ello, un luchador contra la trata de negros en su Inglaterra natal.

Pero estos tópicos poco le importan al Ministro. Hay cosas más importantes, como el poder. Debe de ignorar quién fue Flaubert, pero a pesar de ello, encarna una de sus frases: “Los que adoran el poder, sea cual sea, serían capaces de pagar para venderse”. Si hacia allí va, ¿qué le importa el cómo?

Pareciera la trayectoria de Granados como Ministro de Seguridad no ser muy prolongada ni fructífera. Roguemos que luego no ocupe la cartera de Salud, porque lejos de propiciar la reposición de la serie Corqui, el programa que nos ofrecería será de eugenesia. Nebulizaciones con prusiato en forma de Ziklon B y chau enfermedad. Mientras tanto, las denuncias del INADI y de las diferentes secretarias de derechos humanos se hace desear.

* Los griegos crearon el término estigma para referirse a signos corporales con los cuales se intentaba exhibir algo malo y poco habitual en el status moral de quien los presentaba. Los signos consistían en cortes, quemaduras en el cuerpo, y advertían que el portador era un esclavo, un criminal o un traidor. (GOFFMAN, Erving: Estigma. Edit. Amorrortu. Buenos Aires, 1968.

Nota:
1) Políticos de raza
La foto de Daniel Scioli, Evo Morales y Florencia Saintout es de esta semana de octubre de 2013 en La Plata. Pero en Dominación étnica y racismo discursivo en España y América Latina (Gedisa, Barcelona 2003, pág. 142) Teun A. van Dijk cita del entonces diputado Scioli conceptos que interpelan a esta imagen:
Sr. Scioli.- Señor presidente: quiero poner mucho énfasis en este punto que está describiendo el diputado Pichetto, por que nada tienen que ver las características de los inmigrantes que hoy están llegando a nuestro país, especialmente a nuestras grandes ciudades, con las de aquellos in migrantes italianos y españoles que han hecho grande a nuestra patria, cuando vinieron a trabajar y poner industrias.. Esto se ve claramente reflejado en el caso concreto de muchos delitos que están azotando la ciudad de Buenos Aires con tours de delincuentes que vienen de otros países, con tours sanitarios que vienen a ocupar nuestros hospitales, con delincuentes que vienen a usurpar casas y a ejercer la prostitución.
Argentina hoy vive al revés: estamos exportando ingenieros y científicos, y estamos importando delincuentes. Tenemos que tomar los ejemplos de otros países, como España, que ha producido un sinceramiento en la situación y protegido a los suyos. Por eso tenemos que empezar a proteger a nuestra gente, sancionando una ley migratoria que contribuya a erradicar gran parte de la delincuencia, por que como bien se dijo aquí, la derogación del “dos por uno” no es suficiente.

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El modelo se profundiza: Genocida al frente del ejército

AGENCIA WALSH
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Cuatro trabajadores condenados a perpetua en Santa Cruz con declaraciones arrancadas bajo tortura, los trabajadores reprimidos del Borda procesados, el hambre que avanza en todo el territorio, cortes de luz , comunidades aplastadas por la carencia de agua y el abandono, la Ley antiterrorista intacta, los presos de Corral de Bustos encarcelados y apaleados, las torturas y las muertes en las cárceles y comisarías, la salud pública desbastada, la muerte de los pibes pobres por gatillo fácil o por falta de futuro, la precarización laboral en todos los sectores, el encarcelamiento de Esteche y Lescano frente a la impunidad de Sobich, La ESMA banalizada hasta la vergüenza, miles viviendo en la calle, la destrucción total de nuestra tierra y sus recursos regalados a corporaciones , los barrios populares militarizados, y … Frente a toda esta realidad, un genocida al mando del ejército, donde está el asombro, todo es de una coherencia aplastante, el modelo se profundiza, la unidad en la lucha también.

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Argentina, Tucumán: No contaron la muerte de Aldo

Pedro Noli (TUCUMÁN ZETA - COSECHA ROJA)

Aldo Molina está muerto, pero su nombre no figura en los registros oficiales de los asesinados durante los últimos días de sangre en Tucumán.


Autora foto: Florencia Zurita (TUCUMÁN ZETA - COSECHA ROJA)

Las nubes están naranja en esta tarde de domingo en Los Ralos. Después de la lluvia, corre un viento fresco y los vecinos del pueblo toman mate y cerveza, acomodados en las sillas que sacaron a las veredas. Parece que no hay nadie dentro de las casas, parece que todos están afuera.

Entre la gente que conversa en el barrio Libertad, en una calle de tierra que no tiene nombre y donde se cruzan gallos y caballos, hay una mesa redonda de rostros cansados, de ojeras largas, donde nadie ríe, donde el silencio entre cada frase es más largo que en las demás mesas de la cuadra. Esta es una mesa de rostros tristes.

Hay una mujer de piel trigueña, de ropas sencillas, de cabello recogido que habla bajito; me parece que si es que esfuerza la voz no hablará más alto; se quebrará en lágrimas.

Su nombre es Claudia Paz y hace 26 años se casó con Aldo Molina, a quien le decían Cucha, entonces un joven albañil y delantero del Eudoro Avellaneda, el histórico club deportivo de Los Ralos. Tuvieron cinco hijos y tres nietos. Y el martes diez a la tarde, los compañeros de trabajo del marido le avisaron que había pasado algo terrible y que Aldo estaba en el hospital Centro de Salud.

Claudia se fue con lo puesto. La acercaron en un vehículo, pero desde el corte de tránsito en Banda del Río Salí siguió caminando hasta el hospital. Lo vio recién a las 21.30. Desde la cama de la sala de observaciones, alcanzaron a conversar.

-¿Pero qué ha pasado?, le preguntó la mujer.

-Es un policía el que me hizo esto. Me puso la escopeta en la pierna y me disparó.

Esa mañana Aldo había salido a las 6 de la mañana de su casa, en su moto Yamaha, negra. Se dirigió a una obra en construcción en Yerba Buena, a unos 40 kilómetros de distancia. Había conseguido esa changa porque unas semanas atrás la empresa constructora BH, en la que trabajaba desde hace 10 años, no le renovó el contrato. Quedó en la calle, pero con oficio. Y entonces salió a laburar donde encontró unos pesos en negro.

Cuenta su mujer que al volver de la obra fue por su camino habitual que incluye La Banda del Río Salí, uno de los puntos más críticos de los conflictos de los últimos días, originados por el reclamo policial que causó un caos en la provincia. Cuando pasó por la distribuidora Sancor, la calle era disparos y corridas. Por donde pudo siguió su rumbo, junto a su cuñado, y una moto más, y ahí, en ese despelote de disparos, salió para la Ruta 9. Una camioneta sin identificación policial lo detuvo en la ruta. Se bajó un hombre con el uniforme de policía y sin mediar palabras lo amenazó: “¡¿Qué andan haciendo ustedes?!”. Después clavó la punta del cañón de su arma de fuego en la pierna izquierda de Aldo. Y disparó.

*****

Hasta el miércoles, las cifras que se dieron a conocer sobre los muertos durante los robos y en los barrios de Tucumán alcanzaba a cinco personas. Con tantas armas en la calle portadas con tanta bronca en las personas y entre tanta convulsión, el número pareció siempre muy pequeño. El viernes, después de agonizar tres días, murió Aldo. Aún las autoridades oficiales no actualizaron el número de asesinados por vecinos, por policías y por delincuentes durante la semana pasada. Ni tampoco ningún medio periodístico demostró que ese número no es correcto. Y por eso, esta no es sólo la historia de Aldo; es la historia urgente y exclusiva que Tucumán Zeta escribe sobre los muertos que no se dicen.

*****

Mientras los niños juegan en la calle, Claudia acerca una foto donde se lo ve a Aldo: tiene la cara grande, de mandíbulas separadas y el cabello voluminoso. Otra foto: se lo ve agachado, con una camisa a cuadros, abrazando a sus nietos mellizos, con una gorra de River Plate. Claudia vuelve a mirar las fotos. Tal vez es la primera vez que ve una imagen de su marido cuando ya no está en la tierra.

En los últimos diálogos que tuvo con Aldo, le preguntó por qué siguió en la moto después de que le habían disparado.

-¿Por qué agarraste la moto así, desangrado?

-Porque tenía miedo que me mate o que mate alguno de los que estaban conmigo, le contestó.

Aldo siguió y pocos metros después se desvaneció y chocó contra las barandas de protección de la ruta. Los compañeros de trabajo que iban en la otra moto lo cargaron y lo llevaron hasta el Hospital del Este, de ahí lo derivaron para el Centro de Salud.

El miércoles estuvo bien. Y ese mismo día se anunció que había muerto un hombre en un accidente de tránsito en una moto, que tal vez tenía que ver con los saqueos, dijeron.


Autora foto: Florencia Zurita (TUCUMÁN ZETA - COSECHA ROJA)

El jueves Aldo empezó a empeorar. Cuenta acá, delante de mí, Claudia, que los calmantes no le hacían efecto:

-Yo le hacía masajes en la pierna para que se le calme, pero no pasaba nada. Le dolía mucho, mucho. Dice y Alfredo, hermano de Aldo, el hombre de la foto que está junto a Claudia, mira al piso.

El viernes murió Aldo Molina, a los 45 años. Lo velaron en su casa. Todo el pueblo llegó a despedirlo y abrazar a la familia. En un perfil de Facebook que se dedica a contar sobre Los Ralos, (Los Ralos Raleñadas) se amontan los mensajes para él y su familia:

“Una pena deja la muerte del Cucha Molina, y el dolor en sus hijos y en su mujer. Para colmo fue un policía, los que tenían que cuidar a gente trabajadora, como él”, escribió Marta Inés Gómez.

“Que tristeza se fue un amigo, un compañero de primarias, un hombre muy respetuoso”, publicó Esteban Borquez.

Hay un pueblo que lo despide.
Aldo tiene que ser contado entre los muertos.
Está enterrado en el cementerio de Los Ralos.
Y mientras tanto, Claudia no sabe quién le disparó a su marido.

Este es el primer registro periodístico sobre los muertos que no aparecen en las listas oficiales. Una historia urgente y exclusiva de Tucumán Zeta.

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Nuevo informe de la ADC sobre el cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema sobre aborto no punible

La ADC publica un nuevo informe sobre el estado de cumplimiento del fallo "F.,A.L." de la Corte Suprema sobre aborto no punible. De las 24 provincias y la jurisdicción nacional, ocho se ajustan a lo establecido por el Máximo Tribunal. Ocho jurisdicciones establecen exigencias que podrían dificultar el acceso a los abortos no punibles. Ocho provincias y el Estado Nacional siguen sin cumplir el fallo. El informe ofrece un cuadro comparativo.

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) realizó un nuevo relevamiento sobre el estado de cumplimiento del fallo “F., A.L.” sobre aborto no punible dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 13 de marzo de 2012. En el mismo se analizan los aspectos favorables y desfavorables de los protocolos para la atención hospitalaria de estos casos, sancionados hasta el momento, e incluye un cuadro comparativo por provincia. También describe las acciones judiciales que se promovieron a favor o en contra de estos protocolos, y aquéllas que se presentaron para exigir su dictado o impedirlo en las jurisdicciones donde aún no hay protocolos. Además, releva los casos en los que se dificultó o impidió el acceso al aborto y que fueron hechos públicos por la prensa en los últimos meses. Este informe es parte de un monitoreo periódico realizado por la ADC a partir del dictado del fallo.

En su sentencia de marzo de 2012, la Corte Suprema estableció que el aborto no es punible -es decir, no es considerado delito- cuando el embarazo es consecuencia de una relación sexual no consentida. Además, el Máximo Tribunal afirmó que en estos casos no se requiere autorización judicial ni denuncia policial para acceder a la interrupción del embarazo. Finalmente, la Corte exhortó al Estado Nacional y a los Estados provinciales a que sancionen protocolos que regulen el efectivo acceso a los abortos no punibles.

El panorama que muestra la ADC en su informe es el siguiente:

Ocho jurisdicciones poseen protocolos que se corresponden, en buena medida, con lo establecido por la Corte Suprema. Se trata de Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. Cada una con sus particularidades, que están detalladas en el informe.

Nueve jurisdicciones no tienen protocolos. Se trata de la jurisdicción nacional, y las provincias de Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. En el informe se describen algunos intentos por avanzar en su reglamentación.

Ocho jurisdicciones regulan los permisos pero con exigencias que pueden dificultar el acceso a los abortos no punibles. Se trata de Ciudad de Buenos Aires (cuyos requisitos arbitrarios se encuentran suspendidos por orden judicial), Córdoba (actualmente suspendido parcialmente por orden judicial), Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Provincia de Buenos Aires, Río Negro y Salta.

Obstáculos identificados en cada jurisdicción:

Entre Ríos y Salta no regulan el acceso a los abortos no punibles en caso de peligro para la vida o la salud de la mujer;

Ciudad de Buenos Aires y Salta establecen un límite de tiempo para que las mujeres puedan acceder al aborto (hasta la decimosegunda semana de gestación);

Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Salta exigen que las mujeres menores de 18 años cuenten con el consentimiento de sus padres;

Todas las jurisdicciones, salvo Misiones y Río Negro exigen que las mujeres con discapacidad intelectual o psicosocial cuenten con el consentimiento de su representante legal;

Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa exigen la intervención de un equipo interdisciplinario para verificar la procedencia del aborto

Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos y Neuquén exigen la autorización del director o directora del centro médico

Ninguna de las jurisdicciones, salvo La Pampa, prevé un procedimiento para resolver desacuerdos entre el médico y la mujer sobre la procedencia del aborto;

Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Salta permiten que los médicos ejerzan su derecho a la objeción de conciencia al momento de atender a la paciente, cuando esta objeción debería plantearse al momento de implementarse el protocolo o cuando el médico se incorpora al equipo de profesionales de un centro de salud, para evitar dilaciones en el acceso a la práctica.

Acciones judiciales por la implementación de protocolos que regulan la atención:

En la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Salta y Santa Fe se presentaron acciones judiciales a favor y en contra de los protocolos dictados;

En Tucumán para impedir su implementación.

Todas ellas continúan en trámite, y en varias la ADC se presentó como amicus curiae.

Si bien la existencia de protocolos de atención no es un requisito imprescindible para acceder al aborto no punible, la falta de los mismos ha causado que, en muchas jurisdicciones, la práctica sea sistemáticamente inaccesible. Así lo demuestra el caso de la adolescente tucumana de 16 años embarazada como consecuencia de una violación que, ante la negativa del centro de salud, en octubre pasado tuvo que viajar a Buenos Aires para acceder a la práctica. En consecuencia, si bien la mera sanción de protocolos de atención no asegura por sí sola el acceso a los abortos permitidos, sí implica en muchos casos un paso normativo importante para garantizar el servicio.

Felicitas Rossi, directora de Derechos Sociales de la ADC, expresó que "a casi dos años del dictado del fallo F.,A.L. aún son numerosas las jurisdicciones que no han creado protocolos de atención, y otras tantas dictaron protocolos defectuosos, lo que genera una situación de desigualdad intolerable en la cual el acceso a este derecho depende del lugar de residencia. El caso de la adolescente salteña dado a conocer en los últimos días revela, entre otras cosas lamentables, que el aborto no punible es inaccesible incluso en las provincias donde existen protocolos. El accionar ilegal de las autoridades judiciales y sanitarias de Salta que impidieron la práctica merece el máximo reproche”.

Es preciso resaltar que el Poder Ejecutivo nacional tampoco ha cumplido aún con lo dispuesto por el Máximo Tribunal. Hasta el momento, el Ministerio de Salud de la Nación, máximo responsable de la política sanitaria de nuestro país, no le ha dado rango de resolución ministerial a la Guía Técnica de Atención Integral de Abortos No Punibles, paso ineludible para que dicho instrumento tenga el efecto legal necesario para garantizar el acceso efectivo a la interrupción del embarazo.

En conclusión, a casi dos años del dictado del fallo "F.,A.L.", si bien el escenario actual es más promisorio que el que la ADC relevóo en sus informes anteriores, más de la mitad de las jurisdicciones del país aún no cuentan con una normativa que asegure de modo efectivo un derecho que las mujeres tienen desde 1921 s.

Descargue el informe completo aquí.

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Argentina, Tucumán. Caso Lebbos: Condenaron a los ex policías acusados de falsear el acta de hallazgo del cadáver de Paulina

TUCUMÁN NOTICIAS

Luego de cuatro horas de debate, el tribunal condenó ayer al ex comisario de Raco, Enrique García, a 5 años de prisión, Manuel Yapura recibió una pena de 4 años, mientras que Roberto Lencina le correspondió dos años.

Por unanimidad, luego de más de cuatro horas de deliberación, el tribunal integrado por los jueces Carlos Caramuti, Dante Ibáñez y Emilio Páez de la Torre halló culpables a los acusados como responsables de los delitos de encubrimiento y falsificación de instrumentos públicos, en el marco de la causa por el crimen de Paulina Lebbos.

El ex comisario de Raco, Enrique García, fue condenado a 5 años de prisión y al ex policía Manuel Yapura recibió una pena de 4 años, ambos por el delito de encubrimiento, mientras que Roberto Lencina también ex policía le correspondió dos años por falsedad ideológica.

El tribunal decidió además investigar a los ex funcionarios alperovichistas, Eduardo Di Lela, al ex ministro de Seguridad; los ex jefe y sub jefe de policía, Hugo Sánchez y Nicolás Barrera, respectivamente como también al entonces Jefe de la Unidad Regional Norte Héctor Brito.

El martes la fiscal de Cámara, Juana Prieto de Solimo acusó a los policías de encubrimiento agravado, y solicitó 6 años para el ex comisario Enrique García y 5 años de prisión para los ex policías Yapura y Lencina.

Paulina Lebbos desapareció el 26 de febrero de 2006 cuando salió de bailar de un boliche de El Abasto. El cuerpo fue encontrado el 11 de marzo de ese año, al costado de la ruta 341, en la localidad de Tapia.

El entonces comisario de Raco, Enrique García, y los policías Manuel Yapura y Roberto Lencina, firmaron un acta en la que consta que Paulina fue hallada luego de un intenso rastrillaje. Sin embargo, lo encontraron los baqueaños Marcelo y Sergio Goitea. En los alegatos la fiscal puso en duda el grado de participación del ex Secretario de Seguridad, Eduardo Di Lella; y del ex Jefe de Policía, Hugo Sánchez, principalmente en la preservación del lugar donde fue hallada Paulina. Incluso, Prieto de Solimo planteó ante el tribunal que el cuerpo de la joven fue movido en más de una oportunidad. Por todo ello, es que la representante del ministerio público solicitó la detención "inmediata" de Sánchez y Di Lella, que finalmente no aceptó el tribunal.

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Argentina, Neuquén: allanaron las instalaciones de la petrolera Pan American Energy por presunta contaminación

OPSUR

Ante una denuncia por contaminación de parte de un grupo de superficiarios, la Justicia allanó ayer instalaciones petroleras de la empresa Pan American Energy (PAE) al norte de Vista Alegre. Se tomaron una decena de muestras de suelo y agua que serán analizadas por peritos para determinar si existe un impacto ambiental que pueda poner en riesgo la salud de las personas.

La medida la tomó el fiscal Horacio Maitini, que se hizo presente por la mañana en al área conocida como Lindero Atravesado, que se extiende al sur del lago Mari Menuco. La autorización la dio del titular de Juzgado de Instrucción 3, Marcelo Muñoz.

La causa nació hace dos años, cuando un grupo de superficiarios realizó una denuncia por contaminación en la zona. Tras una serie de pericias el expediente fue archivado, pero la denuncia fue ampliada y ahora la Justicia intervino para tomar nuevas muestras.

Entre los supuestos damnificados se encuentran algunas de las familias fundadoras de la frutícola Moño Azul, como Grisanti, Pirri y Enriquez, entre otros. Las tierras serían un remanente de la compañía que quedó bajo su poder cuando se desprendieron de la misma en el año 2007.

Desde la empresa, en tanto, comunicaron que no fueron notificados de la denuncia. Señalaron que no impusieron obstáculos para la toma de muestras.

Según trascendió, PAE y los superficiarios tendrían un acuerdo extrajudicial por un canon de explotación. Fuentes del gobierno aseguran que en ese sector existen registros de derrames petroleros, pero aclararon que todos ellos fueron denunciados en el marco de la ley de renegociación de contratos petroleros y se encuentran bajo tarea de remediación.

Desde esa perspectiva, las fuentes desestimaron que exista un delito penal por contaminación y aseguraron que el trasfondo sería una supuesta puja por el canon de explotación que pretenden los superficiarios.

El allanamiento se realizó en la zona de Lindero Atravesado que se conoce como Oriental, a unos 30 kilómetros de la base central del yacimiento.

Se trata de una vieja región petrolera en declive que sin embargo es clave para los planes futuros de PAE, empresa conducida por los hermanos Bulgheroni, ya que allí concentrará su plan de inversiones en gas convencional y tight gas de los próximos años.

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Argentina, Córdoba: Jornadas de lucha a tres meses del acampe contra la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas

ECOS - PRENSA RED

Se cumplen 3 meses de acampe y bloqueo a la construcción de la planta de Monsanto. Mañana jueves desde las 11 se realizará una concentración frente a la Secretaría de Ambiente de la Provincia, el viernes habrá una marcha en Malvinas Argentinas, y el sábado se realizará un Festival frente al predio de la corporación.

El 2013 va concluyendo y entre los hechos destacables a nivel mundial se visibiliza claramente la agitación mundial frente al modelo de producción y consumo de alimentos, haciendo foco en la corporación Monsanto. Nunca antes las poblaciones de tantos países había manifestado con tanta claridad y profundidad su deseo de soberanía alimentaria.

Argentina está siendo protagonista de esta resistencia desde hace más de una década, pero el intento de instalación de una planta de Monsanto en Malvinas Argentinas es para muchos la gota que rebalsa el vaso. En julio de este año la Asamblea de Malvinas cumplía un año, y poco después, el 18 de septiembre, comenzaba un bloqueo que hoy cumple tres largos meses.

Manteniendo los ejes de reclamo, en estos días se llevarán adelante varias acciones. Mañana jueves desde las 11, se realizará una concentración frente a la Secretaría de Ambiente reclamando la derogación de la resolución que habilita la instalación de la planta industrial.

El viernes 20, a partir de las 18, se concretará otra concentración con corte de ruta en la ex rotonda de la Ruta Nacional 19, en la localidad de Malvinas Argentinas.

Finalmente, el sábado desde las 16, se desarrollará el festival Verano sin Monsanto en el acampe frente al predio. Allí tocarán bandas en vivo, se proyectarán videos, y se realizará una feria agroecológica, entre otras propuestas.

Todo esto se da en momentos en que se recuerdan los hechos acontecidos en diciembre de 2001. Justamente con esa alusión comienza el comunicado de convocatoria a las actividades. El texto difundido por las asambleas y organizaciones es el siguiente:

A 12 años del 19 y 20 de diciembre de 2001
QUE SE VAYA MONSANTO!

La lucha en todos estos años ha develado la complicidad de las empresas saqueadoras y contaminantes con el gobierno nacional, los gobiernos provinciales como nuevos socios y los municipales como ejecutores de los territorios.

Sólo en aquellos lugares donde el pueblo se organizó pudieron ponerse algunos límites a las políticas del modelo extractivista: mercantilización y destrucción de los bienes comunes, de la salud y la educación pública, precarización laboral, desocupación, desalojos, desforestación, hambre y más ajuste.

Mientras se sigue pagando la Deuda Externa con miles de millones de dólares, el Estado perfecciona sus fuerzas represivas y utilizan cada vez más patotas de la burocracia sindical para reprimir a las protestas, judicializa y condena a compañeros y compañeras, y festeja 30 años de democracia con más de 6.000 procesados y presos políticos, condena a cadena perpetua a luchadores como los compañeros de Las Heras, implementando instrumentos como la Ley Anti- terrorista y Código de Faltas a nivel provincial, encubriendo la narcopolitica y la narcopolicía.

En Córdoba, la resistencia al modelo defiende la vida, la salud, el agua, el acceso a la vivienda frente al cerco de impunidad de los agronegocios y las empresas desarrollistas. La ilegítima construcción de la Planta de semillas transgénicas de Monsanto es el caso ejemplar de la ilegalidad, represión y mentira con que el gobierno hace de Córdoba una zona de sacrificio al capital. La patoteada de la UOCRA, la intimidación de la empresa con cartas documentos a luchadores y la falta de imputados por los sucesivos hechos de represión de la protesta en el bloqueo a Monsanto muestran la complicidad de estado, burocracia sindical y empresas.

A 12 años convocamos a todos a mantener bien alto las banderas asamblearias, nuestra dignidad y anhelo de ser libres de todo tipo de explotación, enfrentando estas políticas con organización, unidad y lucha para un futuro de felicidad y justicia para los pueblos.

Jueves 19- 11hs. Concentración Secretaría de Ambiente Avenida Richieri, POR LA DEROGACIÓN YA DE LA RESOLUCIÓN 595/12 que permite la construcción de la Planta en Malvinas

Viernes 20,- 18 hs MARCHA Y CORTES de rutas 88 y 19 en Malvinas Argentinas y en el centro de Córdoba, concentración y marcha en COLON Y CAÑADA

Sábado 21 desde las 16hs. FESTIVAL VERANO SIN MONSANTO, Malvinas Argentinas.

Asamblea CASA – Fogoneros – Montoneros – FPDS – Asamblea Malvinas Lucha por la Vida.

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¡Porque no alcanza y plata hay!: “Un policía debe cobrar lo mismo que una enfermera y un docente”

ATE - ACTA

“Un policía debe cobrar lo mismo que una enfermera y un docente” Así lo sostuvo ante medios radiales el Secretario General de ATE, Julio Fuentes, luego de hacer pública la resolución de parar y movilizar este jueves 19 en todo el país.

La medida acompañará la jornada nacional de lucha definida por la Multisectorial de organizaciones sindicales y sociales encabezas por la Central de Trabajadores de la Argentina, que culminará a las 15 con una marcha desde el Congreso hasta Plaza de Mayo.

Además del bono de fin de año, la eliminación del impuesto a las ganancias sobre el aguinaldo y el 82% móvil para jubilados, Fuentes señaló ante Radio Continental la necesidad de equipar los salarios de los trabajadores cuya labor constituyen los servicios básicos del Estado. “En las épocas más o menos buenas de nuestro país, regulares como en los ’80, los salarios de un policía, una enfermera y un docente estaban más o menos equiparados. Entonces siempre habrá una lucha por esta igualación, porque no es el pedido de plata para balas, medicamentos o tizas, sino para mano de obra intensiva cuyo salario no puede rondar los 4 mil pesos, como ocurre en el interior del país. No se puede vivir con 4 mil pesos”, aseguró.

Según el Secretario General de ATE, el conflicto de los empleados policiales dependientes de los Estados provinciales reavivó una situación que trabajadores del Estado pusieron en agenda durante todo el año. Arrancó en febrero con el reclamo docente y no se ha disipado todavía.

“Lo que pedimos es que se resuelvan conflictos que vienen de arrastre, como en Neuquén y Río Negro. En otros lugares pedimos que se abran instancias de negociación. Creemos que son demandas de estricta justicia y pedimos a los gobiernos que las solucionen cuanto antes, que no esperen al comienzo de clases, para el caso de los compañeros de la Educación”, agregó el dirigente.

“¿De dónde debería salir la plata?”, le consultaron en Radio Rivadavia.

“De una distribución justa de los impuestos”, respondió. “Porque de cada peso que se recauda, las provincias se quedan con el 25% y el Estado nacional con el 75%. Pero el grueso de los empleados públicos está en provincias y municipios. Nosotros entendemos que el espacio de discusión con el Estado deber ser nacional. No podemos pretender que haya hospitales o educación de primera o de segunda según la provincia”.

- Cuando escucha que desde el gobierno no van a abrir paritarias, ¿Ustedes qué responden?

- Si el único espacio de participación que tenemos es la calle y el ejercicio de nuestro derecho de huelga, nosotros lo vamos a utilizar.

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Porque no alcanza, la CTA está en la calle

José Rigane (ACTA)

A 12 años de rebelión popular de 2001, a 65 años de la declaración Universal de los derechos del hombre y en el aniversario de los 30 años de democracia ininterrumpida en nuestro país. Este 19 de diciembre la Central de Trabajadores de la Argentina convoca una vez más a una Jornada Nacional de Lucha con paros y movilizaciones.

A 12 años de las históricas jornadas de protesta y rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001 y a poco días de haberse cumplido los 30 años de democracia ininterrumpida en nuestro país, la CTA sale a las calles a reclamar "porque no alcanza y plata hay!". Poniendo en palabras claras que es lo que sucede hoy en el país.

En un reciente trabajo realizado en la FISyP (Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas), donde se trabajó con información que brinda la propia Encuesta Permanente de Hogares del INDEC (2013), se señala que existe todavía un 35,03% de trabajadores no registrados. Sí, más de un tercio de los trabajadores argentinos no tienen garantizados sus derechos básicos laborales y ciudadanos al estar bajo un régimen de trabajo precarizado. Además, entre los asalariados registrados, un 54,21% gana menos de $5.000. Son datos que ponen de manifiesto la situación de precariedad laboral y bajo nivel de los ingresos de los trabajadores.

A poco de haberse cumplido 30 años de democracia en nuestro país, después de una terrible dictadura cívico-militar, hoy los trabajadores y trabajadoras pueden elegir Presidente de la republica, gobernadores, senadores, diputados, intendentes y concejales. Pero esto no es así en el ámbito laboral, ya que, como afirma Víctor De Gennaro a través de datos oficiales del Ministerio de Trabajo, en el 84,3% de las empresas privadas los trabajadores y trabajadoras no eligen delegados.

En estos días se están produciendo numerosos cortes de luz en Capital Federal y algunas importantes zonas de la Provincia de Buenos Aires. Nosotros hemos denunciado públicamente esta situación del sistema eléctrico nacional. Hemos dicho hace poco tiempo que nada ha cambiado en materia de suministro de energía y que esta situación era repetida de otros años anteriores y era totalmente previsible que suceda. Más allá del aumento record en el consumo (23.334 megavatios en el día), el verdadero problema no está en el uso hogareño de la energía, sino que tiene que ver con la falta de inversión de las empresas del tendido eléctrico y la falta de control estatal. Los cortes de luz no se producen por culpa del uso irresponsable de la electricidad, sino que se producen por desidia privada y estatal..

Esta situación pone de manifiesto que el sistema eléctrico depende del nivel de ganancias de una empresa y no de los usuarios, no del pueblo. Se supone que las empresas que gestionan la energía eléctrica deben cubrir el servicio según la demanda. Al no tener categoría de “servicio público”, poco les importa a los grupos económicos abastecer a la población como corresponde. Su único objetivo es obtener ganancias. La situación que estamos viviendo se produce por la falta de crecimiento, mantenimiento e inversiones en el tendido eléctrico, A esto hay que sumar la demanda, hace que se realicen cortes programados en verano para garantizar el abastecimiento de energía eléctrica al resto de la población.

Necesitamos desarrollar un fuerte debate acerca de que tipo de democracia queremos y necesitamos, porque solo así podremos alcanzar una soberanía nacional que tome a la energía como un bien social y al acceso a ella como un derecho humano más. La concepción mercantilista de la energía es la que pone las ganancias privadas por encima de los intereses del conjunto de la población, y los cortes de luz son una muestra de ellos. Necesitamos renovar el patrimonio energético y que el Estado se cargo porque es un servicio público trascendental.

El pasado 10 de diciembre se cumplieron 65 años de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la cual se establecen una amplia gama de derechos y libertades humanos básicos y universales.

Entre tantos importantes artículos que nos hacen pensar en todo lo que debemos aún luchar para que se cumpla un texto que tiene carácter de Ley suprema, y que en nuestro país aprobado en 1948, se puede mencionar el artículo 23 que expresa; “toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”. Ya lo dijimos anteriormente, la falta de decisión política del gobierno hace que un tercio de nuestros compatriotas no tengan cumplimentado este derecho.

En otro sección de ese mismo artículo se señala; “toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social”. Ya sabemos, más del 50% de los trabajadores activos y casi el 75% de los jubilados, o el 100% de los que reciben los planes sociales con requerimientos de prestaciones a un trabajador conveniado, no tienen ingresos como para garantizar una vida digna. Mucho más elocuentes que mis palabras son las imágenes que se vieron por todo el país, donde la pobreza e indigencia, mas allá de los motivos policiales, son inocultables.

La CTA está en la calle, honrando esa gesta popular de demostración de soberanía y ciudadanía; luchando por más democracia sustantiva con el impulso de la participación en la toma de decisiones y con herramientas como la “Consulta Popular en Defensa de la Soberanía Sobre Nuestros Bienes Comunes”, que la central definió impulsar para el próximo 2014, y denunciando la necesidad de que los Estados comiencen a trabajar en garantizar derechos en lugar de empeñar tanto tiempo en el control y la generación de ganancia para unos pocos. Esa es la matriz de desarrollo y riqueza para pocos y exclusión para muchos que debemos cambiar si es que nuestro horizonte es el de las transformación social con soberanía nacional.

José Rigane es Secretario Adjunto de la CTA; Secretario General de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA-CTA).

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Argentina, Salta: Empresa de TV se niega reincorporar a trabajadores despedidos

SAT - COPENOA

Transcurrieron 15 días desde que el SATSAID instaló una carpa en la entrada del Canal STV 27 como método de protesta por los masivos despidos, son 13 jóvenes los trabajadores que prestaban funciones para la empresa y quedaron sin sus fuentes de trabajo. Mantuvieron tres audiencias obligatorias en las oficinas de la Secretaría de Trabajo, donde las dos primeras la patronal -Telemedia SA de Corrientes- mostró interés en la resolución del conflicto, pero en la tercera y última estos ratificaron los despidos cortando toda posibilidad de continuar con el dialogo.

Desde el Sindicato Argentino de Televisión se exige la reincorporación de los mismos o, caso contrario, no se les permita funcionar teniendo en cuenta las condiciones que presentan los socios de Telemedia S.A, quienes son los titulares del irregular canal de televisión de aire.

Los despidos se presentaron luego de que los empleados cansados de recibir maltratos por parte de los dueños, que se les deban dos meses de sueldos y el aguinaldo del mes de junio, acoso laboral y violencia de género convoquen al SAT y se organice una asamblea. Posterior a la misma la patronal decidió impedir el ingreso de la totalidad de los empleados no brindando detalle alguno de los motivos.

Otra de tantas irregularidades presentadas por parte de Telemedia S. A. es que no generaban los aportes correspondientes por ley a la Obra Social, generando perjuicio a quienes, estando en relación de dependencia, no podían hacer uso del beneficio.

Entre los afectados se encuentran jóvenes madres que son el único sostén de sus familias. Hoy se encuentran en alerta y movilización, donde se espera ante la negativa a ser reincorporados seguir viviendo en la carpa y pasar estas fiestas allí.

“No Vamos a permitir que empresas como esta funcionen con trabajadores en estas condiciones. Si no se consigue la reincorporación de todos los despedidos no permitiremos que continúen transmitiendo”, manifestaba Ariel Garnica, Secretario Gremial del SATSAID Salta. “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para garantizar que los derechos de los trabajadores no se vean avasallados por empresarios que poco entienden de cómo tratar a un ser humano”, finalizó.

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Argentina, Córdoba: El Observatorio de Medios analizó la cobertura periodística de los saqueos

Katy García (PRENSA RED)

En el marco de los graves sucesos ocurridos en Córdoba el 3 y 4 de diciembre de 2013, el Observatorio Universitario de Medios (OUM) de la Escuela de Ciencias de la Información, decide monitorear la cobertura que realizó el medio gráfico más representativo de la Provincia: La Voz del Interior.

Se tomaron diferentes ejes para determinar cómo el medio construye discursivamente los actores del conflicto: “saqueadores“, “delincuentes”, “defensores armados”, “Policía”, “Gobierno Provincial” y “Gobierno Nacional”. Para trabajar se definieron caracterizaciones, roles y relaciones entre sí. De esta manera se analiza la cobertura informativa y algunas columnas significativas.

De acuerdo al análisis discursivo, se arribó a las siguientes construcciones discursivas: la palabra más utilizada por los diferentes periodistas del diario La Voz para adjetivar a los que realizaron, supuestamente, los saqueos es: “delincuentes.” También se utiliza “saqueadores” al punto de dividir a la sociedad cordobesa entre “vecinos” por un lado y “saqueadores“, por el otro.

Así, se refuerza la sensación de inseguridad (estatal y ciudadana) y la necesidad de una “policía presente y de mano dura”. Se estigmatiza y se margina a un sector social a quien se nombra con valoraciones negativas: delincuentes, vándalos, depredadores, bárbaros, etc. Silenciando las voces de dicho sector.

Se presenta a los vecinos (defensores civiles armados) como un hecho lícito y naturalizado, en muchos casos justificando esta violencia como un acto solidario. Se propone a estos actores como “empáticos” justificándose a través de actos, la justicia por mano propia.

En este sentido, es importante considerar que se intenta estigmatizar a la juventud, diciendo que estas personas en su mayoría eran jóvenes. Se recupera el comentario de un testigo que insinúa que el joven que falleció (víctima de los acontecimientos), “aparentemente vendría de barrio Ciudad Evita.” Un barrio-ciudad carenciado en términos socioeconómicos de la ciudad pero es un comentario que carece de comprobación y veracidad.

Descargar informe completo.

*Autores: Nicolás Garayo, Franco Guerra, Marina Lerda, Julieta Orellano, Daniel Pizzi, Arlette Maya Vega Vargas.

Coordinadora: Dra. María J. Villa

Fuente: Boletín de la ECI, Comunicación Institucional

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Repudio a la presencia de la Policía Federal en el acto contra los despidos en Perfil

RED ECO

Los integrantes de las fuerzas de seguridad se dedicaron a filmar el acto que se realizó este miércoles 18 de diciembre, al mediodía. Al ser advertidos por los propios trabajadores que denunciaron su presencia, se alejaron pero continuaron filmando. Algo similar había ocurrido en el acto realizado en la puerta de Perfil hace dos meses por el mismo tema. Era el mismo policía, que entonces estaba de civil e intentando infiltrarse entre los compañeros fotógrafos que lo descubrieron y lo obligaron a retirarse.

“Resulta un hecho sumamente grave que sienta, además, un precedente preocupante. Sin embargo, no es una novedad dado que, recientemente, fue descubierto que un agente de esa fuerza desempeñaba tareas 'infiltrado' en la Agencia Rodolfo Walsh, algo nunca esclarecido y explicado por el gobierno nacional, a pesar de que esto duró una década entera. Estamos ante hechos que nos retrotraen a las páginas más oscuras de la historia argentina. Esto, cuando el gobierno impulsa la aprobación de un genocida y jefe de inteligencia como Milani al frente del Ejército.

Convocamos al conjunto del gremio, a los medios comunitarios, y a todas las organizaciones en general, a repudiar este hecho y a reclamar al Poder Ejecutivo el esclarecimiento inmediato de estos sucesos”, señalaron desde La Naranja de Prensa.

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Jaime Guzmán, sepulturero del proyecto conservador de Mario Góngora

Mauro Salazar J. (especial para ARGENPRESS.info)

Es un lugar común afirmar que a fines de la década de los años 70’ tienen lugar las primeras reformas político-institucionales que introduce el régimen militar para instaurar un “peculiar” New Deal. Bajo esta perspectiva procesos tales como i) la reducción del Estado mediante redes de focalización, ii) el desmantelamiento del aparato socio-productivo y la iii) constitución de una burocracia privada, “destacan” por su implementación tras la crisis del “Estado de compromiso” (1938-1970). No se trata de una argumentación meramente “localista”, por cuanto a fines del mismo periodo Europa continental conoce la crisis gradual del denominado “consenso Keynesiano” (1940-1980).

Sin embargo, y a pesar de los cambios estructurales implementadas bajo la modernización pinochetista, el conservadurismo chileno –concebido desde sus distancias con la oligarquía que derrumbo el proyecto de Balmaceda- no tiene una “relación directa” con las premisas que décadas más tarde inspiraron el proyecto económico-social encabezado por los ‘Chicago Boys’. La colosal crisis de los años 20’, la crisis de laise faire, entre otros factores, impide una relación estable entre ambas tradiciones. Tampoco podemos hablar de una ontología unitaria, dada la inclinación de un Estado fuerte y vigoroso, cuya herencia última descansa en algunos postulados de Portales. El filósofo chileno Renato Cristi, en más de un artículo, ha consagrado un análisis sobre la “peculiar transición ideológica” de Jaime Guzmán. Empresa que se extiende desde Jaime Eyzaguirre a Osvaldo Lira, hasta una concepción instrumental de la democracia que reside en la figura de F. V. Hayek. Sin embargo, en este contexto y de manera algo inexplicable las tesis de Mario Góngora quedan excluidas de facto.

Ello nos permite identificar al conservadurismo como un sistema de creencias que –parafraseando a Alberto Edwards- apela a la figura de un Estado soberano e impersonal (que el propio historiador reconocía en la figura de Carlos Ibañez del Campo). Un conservantismo que en su repudio ancestral al relativismo moral de la modernidad establece relaciones complejas con el capitalismo contemporáneo, distante de aquellas posiciones instrumentales que están a la base del paradigma aplicado en los años 80’ -que respaldan las privatizaciones mediante una modernización implementada por los ‘Chicagos Boys’. Cabe agregar que el proyecto neoliberal se sirve de nociones tales como eficacia, control y neutralidad que operan como “inmunizadores” -a través de un paradigma gestional- que erradica cualquier lastre ético-normativo proveniente de un pasado “upeliento”. De otro modo, toda significación que pueda abrumar la nueva “asepsia económica” debe ser erradicada de facto, por cuanto el emergente plan económico-social de fines de los años 70’, el shock anti/fiscal aprobado por la junta militar, se debe al incontrarrestable principio de la eficacia, orden qua orden, excluyendo preceptos conservadores, estatales o liberal-reformistas. Por ello es posible señalar a modo de metáfora que el máximum del nuevo proyecto económico-social consiste en hacer del orden social un “programa de calculabilidad”.

Por lo tanto, y contra el sentido común, una concepción conservadora de la política económica quedó “parcialmente” excluida en los primeros años de la modernización pinochetista (1976-1981). En aquel contexto se apelaba a las leyes infalibles del monetarismo científico, a una conducción “no” ideológica del proceso social. Aquí tuvo lugar la fundación de un modelo que garantizaría una separación radical entre política y ética. Ello viene a consagrar una renuncia, no siempre explicita, a los postulados de una reforma moral de los sujetos. Conviene señalar que la encrucijada de la modernización neoliberal consiste en renunciar a los supuestos de una vida buena y, en definitiva, a tomar distancias de todo proyecto de progreso moral. Se trata, dadas las circunstancias históricas, de operar desde un “juicio de factibilidad” y desde una tecnificación del proceso social. Aquí se imponen un conjunto de procedimientos técnicos basados en la expertise que evitarían –según este paradigma- la regresión populista (“decisión colectiva”) del periodo nacional-desarrollista que experimentó América Latina.

A la luz de sus postulados clásicos el discurso conservador comprende otras implicancias conceptuales respecto al plan económico-social impulsado por economistas e ingenieros especializados en la teoría económica de Chicago. Se trata de una distinción incomoda, pero muy necesaria, cuanto se advierte una distancia constitutiva con los supuestos de Adam Smith y los típicos mecanismos de auto-regulación del mercado, a saber, la conocida mano invisible y su preponderancia bajo el periodo de la libre concurrencia –periclitada en la década de los 30’. En este sentido, el conservadurismo clásico busca defender poder y orden contra el mercado y no con el mercado. La comunión moral intenta compensar la desunión creada por el materialismo mercantil y el racionalismo liberal de occidente cuyo paradero fue el jueves negro de 1929. A pesar de esta tremenda lección histórica, a comienzos de los años 80’, el trabajo de Mario Góngora en su célebre “Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile” (1981) denunciaba las crisis de tradiciones cívicas que comprende la aldea global. Sin embargo, las implicancias públicas de su obra fueron incapaces de frenar la travesía liberalizante que Guzmán ya había iniciado.

Lo anterior pese a que el pensamiento conservador –Jueves negro mediante- se apartaba del empirismo inglés, pues si el orden social fuera el resultado de individuos yuxtapuestos llamados a establecer relaciones contractuales provisionales para la satisfacción de sus intereses inmediatos, tendríamos un paisaje similar al utilitarismo de Tomas Hobbes, remozado por John Locke: el orden social se torna aleatorio. Los sujetos solo se ligarían por el factum de la norma, o bien, por contactos práctico-materiales, sin ningún otro tipo de apelación comunitaria. No existirían los grupos de mediación y las fuentes de solidaridad contarían con frágiles mecanismos normativos, salvo el campo de la contractualización y su dosis de atomización. Bajo esta perspectiva, la debacle en la cual se encuentra Occidente tiene lugar bajo el capitalismo de la libre-concurrencia a comienzos del siglo XX. Se trata de una fase de acumulación rapaz, por cuanto confía el orden social al crecimiento económico con el respectivo descalabro en los marcos de integración.

Es por ello que desde el conservadurismo era posible levantar una penetrante crítica al positivismo-atomista del liberalismo anglófono, hacia una concepción contractual (liberal decimonónico) del orden social, por cuanto esta perspectiva prescinde de las “instancias normativas” (creencias, ritos, instituciones y tradiciones u otras formas de integración) que harían más estable el orden normativo basado en el respeto y/o la legitimidad de las herencias culturales –la crítica de Góngora a las liberalizaciones. Así queda establecida una crítica al individualismo clásico del programa liberal y, por cierto, se trata de una conocida “estocada” a los supuestos centrales de la escuela Schmitiana; en paralelo, asistimos, a una drástica separación del mundo conservador respecto de las premisas del laissez faire, agotada a fines de los locos años 20’ como una profecía de aquello que Oswald Spengler designara como “la decadencia de occidente”.

Hasta aquí, podemos constatar una diferencia conceptual que nos obliga discernir entre la racionalidad conservadora y su concepción sobre autoridad, tradición y Estado –expuesta en la conocida obra de Mario Góngora, respecto de las premisas del paradigma gestional. Por lo tanto, si bien es posible trazar una primera “fricción” entre las ideas de la Universidad de Chicago y el discurso conservador a fines de los 70’, también corresponde adelantar una explicación en torno a la posterior hegemonía de la modernización.

Ello se torna necesario, pues sin perjuicio de las tres décadas de decantación histórica, debemos explicarnos la posterior transición a un binomio que pretende articular dos registros incompatibles, cual es tradiciones valorativas y libertades económicas. Efectivamente, el imaginario conservador (comunidad moral, orden, familia, instituciones, trabajo y autoridad) está vinculado a compromisos ontológicos que a ratos se tornan controversiales con las tesis referidas a agentes particulares que reconocerían en el mercado el despliegue de sus facultades cognitivas. Es por ello que autores como Milton Friedman y F. Von Hayek han retratado sus ideas en la libertad de elección para dar cuenta de esto último, a saber, el discurso gestional acerca de crecimiento económico, sistema de vouchers, indicadores de logro, emprendimiento y des-regulación tiene como trasfondo la edificación de la sociedad de consumo

Si bien, la década de los 70s marca una inflexión colosal en la gramática del mundo conservador, por cuanto la aplicación de un diseño modernizador resulta tener un carácter vinculante con un conjunto de tecnopols estratégicos en el proyecto del gobierno militar, ello viene a representar un potencial riesgo “identitario” y “programático” por cuanto los partidos de derechas quedan capturados bajo el viraje liberal hacia el paradigma subsidiario. Quizás esta variante del conservadurismo, proveniente de ramificaciones más genuinas, entronco con los aspectos utilitarios-atomistas más sombríos de la modernidad –representados crudamente en la figura de los ‘Chicagos Boys’. Este fuerte “parecido de familia”, constituye una deriva propia de la modernización liberal, por cuanto se tiende a la indiferenciación de los proyectos de sociedad.

A partir de lo anterior nos resta explicar cómo a comienzos de los años 80’ el discurso conservador debe “articular” dos planos discursivos que responden a postulados antagónicos pero que, sin embargo, se fusionan por la vía de la racionalidad instrumental contribuyendo a reducir el margen de acciones que anteriormente era ser resuelto desde la autoridad estatal. De tal suerte, no podemos obrar de soslayo respecto de esta “peculiar” mutación entre dos campos argumentales que obedecen a diversos sistemas de significación y que dieron lugar a la fusión liberal-conservadora.

Sin embargo, de contradicciones está escrita la historia política chilena, y por ello podemos arriesgar una explicación tentativa para abordar esta paradoja de base que acompaña el mentado eje liberal-conservador. Existe una abundante literatura que demuestra con rigor inapelable que el inicio de las políticas de externalización, privatización, des-industrialización, des-sindicalización y, fundamentalmente, de transformación del Estado chileno tienen lugar a partir del año 1976 bajo un expediente anti-fiscal que busca dejar atrás los desbordes inflacionarios del periodo populista. Tenemos la impresión de que el giro obligatorio del conservadurismo (es algo posterior a los ajustes antes mencionados, a lo menos un quinquenio) y consiste en su necesidad de adaptarse y apoyar el factum de las transformaciones ya activadas desde la segunda mitad de la década de los 70’ por la escuela de Chicago; esta vez liberales y conservadores se sienten interpelados por una vocación anti-estatista y por ello suscriben al principio de subsidiariedad.

Se trata de una compleja convergencia –fácticamente necesaria- para fortalecer el campo de las transformaciones ya ejecutoriadas desde 1976 en la perspectiva monetarista. Entre el año 1976, año inaugural del programa anti-fiscal y 1983, fundación de la UDI, han trascurrido importantes transformaciones estructurales. En el marco de esta reconstitución de los partidos de derecha, la Unión Demócrata Independiente tiene como tarea estratégica y programática la necesidad de elaborar un vínculo instrumental de legitimidad frente a una realidad ineludible: la libre competencia auspiciada por el régimen militar. Por todo lo anterior, podemos suscribir a una primera distinción entre conservadores y liberales bajo el paradigma clásico, sin embargo, no existe a la fecha explicación satisfactoria en el plano conceptual sobre este tráfico de supuestos –más allá de su conocido pacto hegemónico. Esta mutación a procedimientos, axiomas y definiciones técnicas, da cuenta de un pragmatismo que explica alguna de las tensiones coyunturales que actualmente tienen lugar entre conservadores y liberales dentro de la propia Unión Demócrata Independiente. Todo ello a propósito de un desdibujamiento identitario que padece el integrismo bajo la nueva hegemonía de la reforma. Pero debemos ser claros. A pesar de su impulso inicial del gremialismo, Guzmán giro drásticamente hacia recetas liberalizantes y hoy debe ser recordado como un “mártir” del propio neoliberalismo que ayudo a fundar. Persistir en un Guzmán anti-neoliberal es parte de la piratería intelectual.

Mauro Salazar J. es investigador asociado Universidad ARCIS.

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El Congreso brasileño devuelve el mandato al expresidente Joao Goulart

PL

El Congreso brasileño celebró una sesión solemne para devolver post mortem el mandato de jefe de Estado a Joao Goulart, quien fue depuesto en 1964 por un golpe militar.

Se trató de un acto de recuperación de la verdad histórica, ya que en la sesión del 2 de abril de 1964 los legisladores declararon vacante el cargo de presidente de la República pese a saber que Goulart seguía en el país, intentando resistir al golpe que instaló una dictadura de 21 años, destacó el líder del Senado, Renan Calheiros

Acompañado de la mandataria brasileña, Dilma Rousseff, el máximo representante de la Cámara de Diputados, Henrique Eduardo Alves, y familiares del exgobernante, Calheiros resaltó que Jango, como llamaban a Goulart, no era un prófugo, sino una víctima del autoritarismo y de la ilegalidad.

Al devolver post mortem el mandato presidencial hacemos justicia y limpiamos una página sucia de la historia de Brasil, aseveró por su parte el senador Randolfe Rodrigues, quien presentó el mes pasado esta propuesta de restitución de honores a Goulart.

Sus restos fueron exhumanos en noviembre último y trasladados a Brasilia con miras a esclarecer el motivo de su muerte, pues familiares y amigos sostienen que este exdignatario no murió de un paro cardiaco, como consta en acta, sino fue envenenado.

Hay gran interés en esclarecer la causa del fallecimiento de Goulart, pues sus allegados estiman que fue envenenado por represores en el marco de un plan impulsado por los regímenes castrenses de entonces, según su hijo Juan Vicente.

El cadáver del expresidente retornó el 6 de diciembre último a la sureña ciudad de Sao Borja, estado brasileño de Río Grande do Sul, donde recibió sepultura con los honores correspondientes a un jefe de Estado.

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