viernes, 20 de diciembre de 2013

Ecuador va venciendo a Chevron - Texaco

Carlos Angulo Rivas (especial para ARGENPRESS.info)

La ambición desmedida del capitalismo salvaje, representado por las grandes empresas transnacionales extractivas, no tiene en consideración la defensa del medio ambiente como tampoco la preservación de la vida humana, la animal o vegetal. El éxito de estas corporaciones de la globalización económica, el neoliberalismo y el libre mercado, es decir, las sobre ganancias de ellas, se basa en la depredación, en la ruina de vastos territorios en cualquier parte del mundo. Muchos habitantes del planeta no prestan atención a esta maligna forma de explotación de los recursos naturales, no toman en serio los estudios científicos del cambio climático, el calentamiento global, la destrucción de bosques naturales y la contaminación mortal de aguas y tierras.

El irresponsable y criminal gobierno de George W. Bush lideró un boicot irracional a los líderes anti-cambio-climático, Barack Obama está guiado por la continuidad sin mencionarla, no ha hecho nada a favor de la protección del medio ambiente y hoy nos encontramos en un momento donde los datos y los hechos ya no permiten la mentira ni la negación de los males ocasionados en diferentes países del mundo. La humanidad está en peligro de afectarse a sí misma con el permanente deterioro de la atmósfera a través de la emanación de miles de toneladas de gases tóxicos industriales y los de la vida diaria con el monóxido de carbono; a ello se suma la acción depredadora de la naturaleza que atenta contra la vida de las personas, los animales y las plantas, pues el agua se convierte en elemento no consumible y las tierras en cementerios fantasmas de suelos contaminados inhabilitados para la siembra.

Las cifras de los estudios realizados muestran que las transnacionales Chevron, Exxon, Royal Dutch Shell y British Petroleum, son entre otras ochenta más, las empresas responsables del cambio climático y la contaminación ambiental conducente a la crisis climática del siglo XXI. En su mayoría estas empresas multinacionales están dedicadas a la producción de petróleo, gas, carbón, cemento, oro, cobre y plata. La mitad de los daños ocasionados al planeta se han producido en los últimos treinta años, mucho después del período cuando los países afectados, los gobiernos y las transnacionales, fueron prevenidos de las peligrosas emisiones de gases de efecto invernadero a consecuencia de la quema de carbón y petróleo.

Los líderes mundiales grandes o pequeños tienen la palabra. Los responsables de la destrucción de la naturaleza deben ser frenados y de acuerdo a su responsabilidad sancionados a fin de resarcir las pérdidas ocasionadas. Ha hecho bien el presidente de Ecuador, Rafael Correa, y ojalá lo sigan muchos presidentes, denunciando a la empresa Chevron –Texaco por los crímenes ambientales producidos durante 26 años debido a la explotación de petróleo crudo en las provincias de Sucumbíos y Orellana (zona central norte de Ecuador). Correa en la denuncia a Chevron – Texaco ante los tribunales ecuatorianos señala que la petrolera desparramó 15 mil 834 millones de galones de agua tóxica, altamente cancerígena, realidad admitida por el representante legal de la empresa transnacional, Rodrigo Pérez Pallares. El presidente ecuatoriano informó que durante todo ese tiempo se quemaron 235 mil millones de pies cúbicos de gas al aire libre, catástrofe ecológica que supera en 85 veces el derrame de British Petroleum en el Golfo de México y en 18 veces el desastre de Exxon Valdez, en las costas de Alaska. Por esa razón, luego de un proceso judicial la empresa petrolera estadounidense, Chevron –Texaco, fue condenada a pagar un total de 9,511 millones de dólares por los daños ambientales ocasionados en la Amazonía. Sentencia expedida en última instancia por la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, fallo válido apelado internacionalmente y burlado por la empresa transnacional.

Pero no todo está perdido, pues felizmente Canada recuperando la condición de país defensor del medio ambiente, venida a menos durante el gobierno conservador de Stephen Harper, el Tribunal de Apelaciones de Ontario dictaminó que Ecuador tiene el derecho y la competencia para ejecutar la sentencia que exige el pago a Chevron por la contaminación ambiental y los daños que afectaron a la Amazonía ecuatoriana. Los habitantes y los indígenas de la región perjudicada vivían felices hasta que llegó la Chevron – Texaco a arruinar la supervivencia de mujeres, hombres, niños, animales, aguas y sembríos, sin cuidar la ecología del lugar.

Según nos informa Telesur, la orden del Tribunal también dictamina que dos filiales canadienses de Chevron deben cancelar a Ecuador un total de cien mil dólares. La decisión emitida por tres jueces del Tribunal canadiense sostiene que “Después de todos estos años, los demandantes ecuatorianos merecen tener el reconocimiento y que la ejecución de la sentencia ecuatoriana sea escuchada en una jurisdicción apropiada".

El abogado de la Unión de Afectados por las Operaciones de Texaco, Pablo Fajardo, afirmó que con esta orden tienen “la oportunidad de parar a Chevron y que no huya de la escena de sus crímenes ambientales en Ecuador después de que se dictó una sentencia válida en contra de ella.” En entrevista para la agencia Andes, otro de los abogados, Juan Pablo Sáenz, consideró como un logro importante el dictamen, “porque a pesar que la petrolera se opuso a que la jurisdicción canadiense reconozca la sentencia realizada en Ecuador, la Corte de Ontario ratificó la jurisdicción y se aceptó la apelación para que el proceso no sea detenido y se reconozca la sentencia realizada en Ecuador”.

La sentencia de la Corte canadiense evidencia cómo Tribunales de otros países reconocen el daño causado por la Chevron, “y no como lo hizo el juez de la Corte de Nueva York, Lewis Kaplan, durante el juicio Rico (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), que estaba dispuesto a hacer lo que le diga la petrolera” agregó Sáenz. La sentencia de 222 páginas ratifica el fallo emitido por la Corte de Sucumbíos aunque redujo el monto a pagar por parte de la petrolera a los ciudadanos afectados por la contaminación ambiental que, según peritos internacionales, Chevron dejó en la Amazonía del país suramericano. El documento también indica que las disculpas públicas que se le exigía a la petrolera estadounidense no proceden por no existir la figura en la legislación ecuatoriana.

Carlos Angulo Rivas es poeta y escritor peruano.

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México: La nación-pueblo ante el atraco neoliberal

Gilberto López y Rivas (LA JORNADA)

Coincido con Adolfo Gilly en su apreciación de que las reformas recientes a los artículos 25, 27 y 28 significan la destrucción de la Constitución de 1917 y la transición a un México sin ley, "un vuelco de dimensiones históricas" y "un golpe de mano" ( La Jornada, 13 de diciembre de 2013). De hecho, el único artículo fundamental de esa Carta Magna que aún queda sin modificaciones dictadas por las corporaciones trasnacionales y el gobierno de Estados Unidos es el 39, que a la letra asienta, y hay que reiterarlo: "La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno".

Claro que el artículo 39 mantiene una secuencia con los artículos 40 y 41 constitucionales. En el primero se establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república federal, representativa, democrática y laica; mientras que en el segundo, la soberanía nacional-popular es restringida en su ejercicio por los poderes de la Unión y de los estados, cuyo acceso a los ciudadanos, en sus ramas ejecutivas y legislativas, en los hechos, es posible exclusivamente a través de los partidos políticos, que de esta manera detentan el monopolio de la representación popular y, por ende, nada menos que el monopolio de la soberanía nacional.

Pero, ¿qué sucede –como es el caso– si el poder público ya no dimana o procede del pueblo ni lo beneficia en modo alguno porque se ha ido conformado una élite política parásita, cínica y corrupta que, a contrasentido, opta por renunciar a la rectoría económica del país y entregar a potencias extranjeras y grupos privados la soberanía nacional sobre territorios, playas, recursos naturales y estratégicos? ¿Qué ocurre si la República deja de ser "cosa pública" y se trasforma en una oficina otorgante de contratos, licencias y concesiones? ¿Qué pasa si un grupo de oligarcas apátridas decide, como política de Estado, lo que más conviene a su beneficio y al de sus patrones, y con ello da al traste con cualquier tipo de representatividad democrática? Esto es, si las contrarreformas neoliberales rompen con el pacto social de la Constitución de 1917 y convierten a los poderes constituidos en autoridades de traición nacional, ¿cómo puede el pueblo alterar o modificar la forma de gobierno?

Para Cuauhtémoc Cárdenas la respuesta a este interrogante, en lo que se refiere a la llamada "reforma energética", está en la consulta vinculante que respalda, con innumerables candados, el artículo 35 de la misma Constitución, que podría llevarse a cabo en julio de 2015 (La Jornada, 14 de diciembre de 2013); esto, siempre y cuando la correlación de fuerzas sociales y políticas se imponga sobre los aparatos legislativos, electorales y judiciales que intervendrían en dicha consulta, controlados actualmente por la mafia neoliberal. Resultaría un ejercicio estéril llevar a cabo una consulta regulada, sancionada y monitoreada precisamente por los mismos actores que participaron en el golpe contra México. En todo caso, la emergencia nacional no puede ser enfrentada sólo en el marco de un formalismo jurídico, especialmente cuando son las propias autoridades las que rompen con el estado de derecho y el pacto constitucional. No fue una casualidad que junto a las reformas estructurales, la maquinaria legislativa aprobara nuevas leyes "antiterroristas" y de regulación de manifestaciones públicas, igualmente antidemocráticas y represivas. Miguel Concha documenta el conjunto de estas reformas, como la Ley de Manifestaciones Públicas del Distrito Federal, las modificaciones al artículo 29 de la Constitución, las cinco leyes para ampliar los alcances del delito de terrorismo, la propuesta del Código Nacional de Procedimientos Penales, todo lo cual configura un "entramado legal" que lleva a "un Estado que de manera paulatina institucionaliza la censura y la mordaza, mediante la excepcionalidad del derecho penal, la interpretación restrictiva de los derechos humanos, la arbitrariedad en la vigilancia de los ciudadanos, y el uso excesivo de la fuerza" (La Jornada, 14 de diciembre de 2013). El grupo dominante vislumbra una profundización de las resistencias de los sectores que ya están siendo afectados por reformas como las laborales-educativas, y por aquellos que resultarán perjudicados con las energéticas y, por esta razón, criminaliza al máximo e intenta nulificar los derechos a la protesta y la movilización social.

El polo político en torno al 39 constitucional debe conformarse a partir de la más amplia unidad de los veneros patrióticos y progresistas que se articulen a partir de un programa mínimo claramente definido en función de los intereses nacionales y populares, y que, paralelamente, responda al conjunto de las luchas y resistencias heterogéneas y diversas que se están llevando a cabo en todo el territorio. El despojo a la nación y el asalto a la República se llevan a cabo no sólo en el traspaso de los energéticos a las corporaciones privadas nacionales y extranjeras: esas mismas empresas ya han invadido todos los ámbitos del territorio nacional, tanto urbanos como rurales. Recordemos siempre que la ocupación neoliberal es integral, como integrales deben ser los movimientos contra-hegemónicos. Debemos prepararnos para una contienda de largo aliento y de alcances históricos, como los que marcaron las gestas independentistas y contra los invasores extranjeros, la Guerra de Reforma y el movimiento armado iniciado en 1910. Vivimos tiempos de indignación y de coraje al ver cómo festejan los canallas sus degradantes triunfos, al constatar la soledad de hombres y mujeres que se retrotraen al mundo de lo familiar-privado al no encontrar caminos atinados y creativos para la insurgencia cívica-ciudadana. Es responsabilidad de todos y todas poner en práctica las formas de lucha más adecuadas y desarrollar instancias unitarias como la Unidad Patriótica por el Rescate de la Nación.

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¿Estatización para un culposo atolladero eléctrico?

Roberto Fermín Bertossi (especial para ARGENPRESS.info)

Después de una semana de cortes eléctricos no programados ni justificados, vemos absortos toda una afligida e indefensa comunidad de usuarios, perjudicada de mil maneras ante un ENRE abstracto e impotente.

A todo esto, el jefe de gabinete, Jorge Capitanich sólo atinó a salirse con otra bravuconada pública sobre Edenor y Edesur profiriendo: “Si no están dispuestos a cumplir con el servicio, nosotros estamos dispuestos a hacernos cargo del servicio".

Pero resulta ser que ya a principio del mes de febrero de 2013, el Gobierno nacional otra vez, reconoció las irregularidades e ineficiencias crónicas que presenta el servicio público de energía eléctrica. Julio De Vido admitía de manera explícita que hubo unos dos mil cortes de luz sólo en el área del Gran Buenos Aires.

Si bien el ministro de Planificación salió a reconocer entonces esa cifra de afectados –infinitamente inferior a la real–, terminó culpando en dicha oportunidad a otra (previsible) ola de calor.

Más allá de fastidiosos padecimientos de los usuarios argentinos, queda en evidencia una total incapacidad de previsión respecto de elementales tendencias ecológicas y demográficas, así como una plena desaprensión respecto de esenciales programas de inversión para mantenimiento y expansión, tanto como de obvios planes de contingencias.

¿Cómo no defender una confiable disponibilidad eléctrica sin envalentonar a sus verdugos?

Sino de qué se trata esta bastarda persistencia decenal de subsidios tan injustos e inequitativos como insostenibles -propia de una asignación espantosa de recursos con fines electorales/populistas- cuando dichas cifras cuantiosas de dinero público debió asignarse a inversión, expansión y consolidación de un sistema eléctrico federal.

De ese modo se alimentan, explican, multiplican y predicen protestas diversas de ciudadanos y contribuyentes, cansados y agobiados por tanta anomalía y mancillamiento de su dignidad humana.

El Estado nacional debió desarrollar y financiar todas las políticas públicas necesarias para asegurar la atención de este vital servicio eléctrico a todos aquellos hogares donde este suministro atraviesa crisis recurrentes por: Vg. súbitos cortes prolongados, pérdidas materiales, inutilización de frutos y productos perecederos, cadenas de frio rotas, lucros cesantes, reclamos de vecinos (en especial de enfermos, niños y ancianos que habitan edificios altos), todos los cuales entre otras anomalías, ya se traducen en una constante negativa con un empeoramiento interanual.

A todas luces, será irrazonable esperar otro enorme apagón y sus perjudiciales consecuencias como el que originó la sanción y promulgación de la ley 24.999 (defensa del consumidor, daños y perjuicios) o el más reciente de noviembre de 2012, que derivó en otra sanción millonaria a las empresas Edenor y Edesur.

Finalmente, la ausencia irresponsable de planificación e inversión en infraestructura eléctrica, como la ineficiencia y complicidad del Ente Nacional de Regulación Eléctrica (Enre), evidencian repetidamente las peores similitudes entre la denostada década de los 90´ con los tiempos presentes plagados de ridículos padecimientos eléctricos en un oscurísimo contraste con los iluminados países de la región.

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Hacia otro aumento sustancial de la deuda

Sergio Szulman (especial para ARGENPRESS.info)

El ex ministro Hernán Lorenzino, ahora embajador en Europa, está negociando el pago de la deuda con el llamado Club de París. Son 6.500 millones de dólares en “defol” desde 2001, que se pagarían con bonos a vencer entre 2017 y 2023, “más un interés del 7% anual” (Ambito Financiero). “La emisión de deuda podría ser aceptada, pero se reclamará la totalidad” que, con los intereses vencidos a diciembre, “superará los 10.400 millones de dólares” (ídem). Sumados los intereses futuros de los bonos a emitir, el pago superaría los 16.000 millones de dólares: o sea, el 250% del monto reclamado. Pero, para que la negociación prospere, el gobierno deberá obtener antes la aprobación del nuevo índice del Indec por el FMI y aceptar una auditoría del organismo. Es que el “club” es un comité de países imperialistas que negocia créditos sólo si son avalados por el Fondo Monetario.

Tango de buitres

No sólo es una “actualización” hiperusurera; la deuda reclamada es una estafa. El propio vicepresidente Boudou declaró en 2010 que “el 49% de la deuda es anterior al gobierno democrático”, y recientemente, Cephas Lumina (especialista de deuda de la ONU, invitado al país por el gobierno) señaló que “surgen preguntas sobre la legitimidad de la deuda”. “Entre los puntos más cuestionados se encuentran los préstamos a la última dictadura militar” (Perfil). La deuda ya fue pagada varias veces; el saldo se compone de intereses sobre intereses usureros impagos. Sólo entre 1991 y 2001, “Argentina pagó unos 9.000 millones de dólares, de los cuales 3.200 millones fueron intereses con plata de otros acreedores”. “En 2001, el país le debía unos 1.879 millones de dólares a ese grupo acreedor” (La Gaceta). A ese monto, se agregaron luego revalúos de monedas, nuevos intereses y otras deudas, especialmente la contraída con España por el gobierno de De la Rúa en el “mecacanje”, que financió la fenomenal fuga de capitales previa al defol de 2001.

Reendeudamiento impagable

“El gobierno de Obama le aclaró a la Argentina hace pocas semanas que sólo una oferta concreta de pago en el Club de París puede cambiar su voto negativo contra la Argentina en los organismos multilaterales de crédito” (La Nación). Además, en febrero, el gobierno apelará ante la Corte Suprema de Estados Unidos el fallo a favor de los fondos buitres, donde necesita el aval de Obama para que el organismo tome el caso.

A junio de este año, se reconocían pasivos del Estado nacional por 262.000 millones de dólares entre capital e intereses a vencer, sin considerar deudas provinciales, ni el cupón atado al PBI, ni deudas paraestatales que se encubren con fideicomisos. Pero ahora, se agregarán cerca de 20.000 millones de capital e intereses ofertados por la reapertura del canje de deuda con los holdouts, y 9.000 millones de dólares entre los bonos entregados a los fondos buitres con los que se negoció el acuerdo del Ciadi (Banco Mundial) y a entregar a Repsol por el acuerdo por YPF. Además, otros 10.000 millones de dólares se adicionarán a la deuda con el Banco Central por dólares para pagos de deuda según el presupuesto 2014, así como los 16.000 millones de dólares ofertados al comité de naciones buitres llamado “Club de París.” De esta manera, el arreglo con el capital financiero agregará en poco tiempo otros 55.000 millones de dólares adicionales a una impagable y fraudulenta deuda.

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Pobrecidio: Democracia y solución final

Alfredo Grande (APE)

Publiqué una nota en la Agencia que habla de "empobrecimiento lícito". Ante las obscenas muestras de enriquecimientos ilícitos, me pareció necesario señalar que en la actualidad de la cultura represora, la pobreza es lícita. La consigna de luchar contra la pobreza, ratifica que nunca se luchará contra la riqueza. La pobreza no es estructural. Lo único estructural es la riqueza.

Las venas de América Latina siguen abiertas al decir de Galeano, pero con transfusiones permanentes de riquezas a las arterias opulentas del occidente cristiano y capitalista. Aclarando que este occidente predador está enquistado en cada país. Burguesía prebendaria que estatiza pérdidas y privatiza ganancias.

No quiero recordar quien dijo: “el mercado para los ricos; el estado para los pobres”. Los tiempos cambian, aunque no todo cambia en estos tiempos. Ahora el Estado es también para los ricos y el mercado, gracias a los supercréditos para el consumismo tóxico, también es para los pobres. Como ya he dicho, la derecha castiga aquello que propicia. Quien a split mata, a Edesur muere. ¿Pero como, a los autos hay que ponerles nafta? Diablos...¿entonces como hacemos? Indemnicen a Repsol, ya!

He hablado de alucinatorio social para describir el triunfo del relato delirante y de la imagen inventada, por sobre el pensamiento y la percepción. Ya no podemos diferenciar cuándo es gato y cuándo es liebre. El alucinatorio social se nutre del pensamiento único, que en realidad es dogma. Laico, democrático, popular. Pero dogma: no hay duda que crezca a su sombra. La certeza, pariente psicótica de la convicción, se ensancha y se alarga en la contundencia de los primeros planos de la tv pública, los zócalos de la publicidad permanente, las repeticiones en los programas de noticias cada vez más farandularizados.

Milani con Hebe, Moria con Cristina, Mauricio y Tinelli con el Papa es demasiado para esta sensación térmica. He aprendido a no quejarme más ni del frío ni del calor. En realidad, trato de no quejarme de nada. La queja es individual, ilusoria, infantil. Intento distintas formas de protesta porque al menos es colectiva. Y cada vez que escribo siento muy profundamente que estoy combatiendo. Con la pluma, con la risa y con la palabra.

El lunes pasado en mi programa radial “Sueños Posibles”, entrevisté a Felix Diaz, cacique de la nación Qom. Emblema viviente de la pobreza. Jose Martí escribió: “con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar; el arroyo de la sierra me complace más que el mar”. Para nuestros originarios, ya no quedan arroyos. Toda el agua está contaminada. No hay posibilidad alguna de desinfectar aguas, suelos, ropas. Además hay agresiones, violaciones, asesinatos, humillaciones. Nada de esto en forma accidental, reactiva, ocasional, episódica. Es una sistematizada planificación del sufrimiento físico, psíquico y social. Es la crueldad como organizadora de la gestión. Maldita gestión.

La democracia contiene, sostiene y encubre estas gestiones, rebosantes de absoluta nulidad democrática. La democracia le hace un guiño a las prácticas antidemocráticas que genera. Cinco siglos igual, treinta años igual. Ahora la muerte resulta indiferente y los verdaderos saqueadores son los funcionarios que atesoran sin pudor ni vergüenza, perfectos streapers del capitalismo serio. Desnudos en su avaricia, codicia y soberbia. Hambrientos y sedientos de la potencia infinita de los treinta dineros. Eso es la riqueza estructural, porque el saqueo forma parte de las políticas públicas de los Estados.

Venas abiertas de los trabajadores, arterias cerradas de los explotadores. Nadie luchará contra esa forma de riqueza estructural, al menos no luchará en forma estructural. Quizá haya ademanes, gestos, mohines, muecas, tics, con intenciones electoralistas. ¿Recuerdan el “Eticazo”? Hoy Capitanich fue enfático al resaltar que la corrupción política debe ser investigada y penada, pero expresó que también debe ser debatida profundamente la corrupción empresaria. El funcionario dio como ejemplos que muchas veces se han detectado casos en los que se "violan los acuerdos de precios", "evaden impuestos", "promueven fallos judiciales cercanos a sus intereses", "tienen posición dominante", y "precios monopólicos". Mal que le pese al Jefe de Gabinete, pienso que llamar corrupción al crimen organizado es corrupto. No es que algo está corrompido en su noble esencia. Es corrupto estructuralmente: son todos empresarios, o sea, lucradores, no importa de que lado de los mostradores (público // privado) se coloquen.

La década ganada trata mejor a los lucradores que a los luchadores. Obreros condenados a cadena perpetua. Necesitamos a una Joan Baez que les cante a nuestros Sacco y Vanzetti. Y los pobres necesitan que no nos ocupemos de su pobreza, sino que nos ocupemos de todas las formas de riqueza que ocasionan esa pobreza. Insisto: la pobreza no es estructural. Todos nacemos con la mayor de las riquezas: una vida para ser vivida. No para ser sufrida, extinguida, mancillada, mutilada, herida. Vivir es vivir para la vida. Vivir para la muerte es parte del plan exterminador de los lucradores.

Una forma de la muerte en vida es la pobreza. Muerte de la conciencia de clase; muerte de los proyectos, aún los mas humildes; muerte de las tierras, el aire, el agua; muerte por que sobra lo que hace daño y porque falta lo que hace bien. Exterminio estructural. Y también exterminio de la necesidad del combate. Batalla cultural que no es otra cosa que una guerra para recuperar el sentido fundante de la vida. Felicidad, alegría, salud, crecimiento, sabiduría, descubrimiento, invento, creación. Y entonces nos daremos cuenta que la yerba mala también muere. Si decidimos matarla. Yo al menos, no tengo dudas.

No acepto el exterminio planificado de los pobres. Por me permito acuñar el significante “pobrecidio”. Para que a fuego de la lucha quede marcado otro necesario nunca más.

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César Milani: Ascendido y denunciado

RED ECO

La Cámara Alta del Congreso aprobó la designación del nuevo jefe del Ejército, a pesar del rechazo recibido por parte de distintos organismos de derechos humanos ante las sospechas sobre su participación durante la última dictadura cívico militar, especialmente en La Rioja y Tucumán.

39 senadores votaron a favor del ascenso a Teniente Coronel de César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani, propuesto por la presidenta, Cristina Fernández, en el marco de su rol de jefa de las Fuerzas Armadas.

Ante las críticas, una de las principales fundamentaciones que se utilizó para defender la designación se basó en que al no estar procesado ni condenado, a Milani le rige la presunción de inocencia. Sin embargo, existen numerosas pruebas y denuncias que dan cuenta de la participación de Milani durante la última dictadura.

La Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos enumeró algunas: a sabiendas, fraguó el acta donde planteaba que el soldado Ledo había desertado cuando sabía que estaba desaparecido; Ramón Alfredo Olivera denunció ante la CONADEP en 1984, que el por entonces Teniente Milani participó de su secuestro y torturas, y del secuestro y torturas de su padre, y que lo llevó a él ante la justicia para que declare y así blanquearlo; desde el año 2000, Plutarco Schaller viene denunciando ante la justicia la participación de Milani en su secuestro y torturas; ex presos políticos de La Rioja declararon reiteradamente que Milani iba a la cárcel a hablarles para sacarles información; en 1976, revistió como oficial de inteligencia en el Batallón de Ingenieros de Construcción 141, donde funcionaba un centro clandestino de detención y torturas; entre los años 1976 y 1977 fue destinado en varias ocasiones como oficial de inteligencia al Área de Operaciones Antiterroristas en Tucumán, lapsos en los que desaparecieron los soldados de
su batallón, Ledo, César Minué y Díaz Moreno.

En este sentido, agregaron que los 39 senadores que aprobaron el pliego de ascenso de Milani, sabiendo sobre su participación en la última dictadura, son cómplices de su encubrimiento e impunidad. A su vez, denunciaron que la única razón por la que se designa como jefe del Ejército a un oficial de inteligencia de la última dictadura es para “continuar realizando inteligencia sobre las organizaciones populares y todos los que luchan por los derechos del pueblo, para luego reprimirlos”.

Sobre esto mismo, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, se preguntó: “¿Acaso hay hipótesis de conflictos con otros países? ¿O habrá inteligencia interna en contra de la ley? Cualquiera de las dos opciones son preocupantes". Esquivel expresó su preocupación por el nombramiento de Milani al afirmar, además, que es “muy grave que el kirchnerismo, con obediencia debida, haya nombrado a Milani Jefe del Ejército Argentino sin que se investiguen las acusaciones”.

También señaló que Milani no certifica compromiso con la democracia y los Derechos Humanos: “El mejor argumento que esgrimieron los oficialistas es que ´así lo pide la presidenta´ (…). Sin legajos impecables no se puede cerrar la brecha con las Fuerzas armadas como dice Cristina Fernández de Kirchner".

Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Federación Universitaria de Buenos Aires sumaron su repudio al ascenso de Milani: “creemos que la lucha de nuestro pueblo por memoria, verdad y justicia necesita que personas como esta sean juzgadas por su participación en delitos de lesa humanidad en vez de ser premiados con una designación de este tipo. Este hecho representa un retroceso en la lucha por el juicio y castigo a los genocidas que siguen libres, solo hace crecer la impunidad que nuestro pueblo viene combatiendo hace años”.

La Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires también dio cuenta de su preocupación y pidió el apartamiento de Milani del cargo y su pase a disponibilidad. Afirmaron que la evidencia acumulada, basada en la documentación y testimonios públicamente conocidos, “importa sospecha y es suficiente para considerar que Milani no puede ser parte de la conducción de unas Fuerzas Armadas que deben ser acabadamente democráticas para servir a los intereses del pueblo y de la nación. Los procesos de verdad, justicia y memoria son aportes imprescindibles para tales objetivos”.

Desde un principio, el Centro de Estudios Legales y Sociales manifestó su rechazo al ascenso. Ya en el mes de julio, en el marco del primer intento de aprobación del pliego, el CELS había dado cuenta de su impugnación, a partir de lo cual el propio Milani pidió formular un descargo a partir de un cuestionario que le enviara el organismo, que preside el periodista Horacio Verbitsky. Sin embargo, las respuestas de Milani agregaron elementos en contra de su ascenso, además de ser contradictorias con fallos de la justicia y con información pública disponible sobre los años de la dictadura.

En un documento elaborado por el CELS, se señala que “Milani alega desconocimiento sobre hechos probados por la justicia en fallos firmes, como la existencia de un Centro Clandestino de Detención en la unidad en la que prestaba servicios y que tuvo a su cargo la responsabilidad primaria en las operaciones represivas, y la presencia en esa unidad de civiles privados de su libertad. Respecto de su participación en el traslado de esas personas desde la cárcel hasta el juzgado, ofrece una visión ingenua por la cual sólo los policías que iban en el mismo patrullero conocían las razones de la privación de la libertad y el traslado, como si él hubiera sido un mecánico del automóvil o un guardia de seguridad, cuando toda la normativa de facto establecía la subordinación operativa de las fuerzas policiales al Ejército”.

Ante el cuestionario pedido al CELS, Milani respondió que recién advirtió lo que había sucedido durante los años de dictadura una vez recobrada la democracia y aseguró que en La Rioja la represión había sido “de baja intensidad” en comparación con otras zonas. Dijo además que nunca había escuchado la afirmación de que en el Batallón 141 había funcionado un CCD y que era el punto neurálgico de la represión en la provincia.

Sobre estas afirmaciones, desde el CELS manifestaron: “Resulta inverosímil pensar que Milani, proveniente de una familia con intensa participación en la actividad política partidaria, recién entendió lo que había sucedido durante el terrorismo de Estado una vez recuperada la democracia y luego de que el juicio a las juntas comprobara la dimensión y crueldad del aparato represivo. Durante los años en que estuvo en La Rioja se cometieron crímenes que tuvieron inmensa repercusión social y política (entre otros, el secuestro y asesinato de los curas Carlos Murias y Gabriel Longeville y el posterior homicidio del Monseñor Enrique Angelelli bajo el ropaje de un accidente automovilístico). Además, tal como ha quedado reflejado en la sentencia del caso Estrella, el Batallón 141 fue el epicentro desde donde se comandaron las acciones represivas en la provincia”.

Además, el CELS recopiló una serie de discursos y comunicados referidos a la represión firmados por el Teniente Coronel Osvaldo Héctor Pérez Battaglia, primer jefe del Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 que, según indica el organismo, Milani no podía desconocer ya que era un subteniente que vivía en el Casino de oficiales de ese Batallón, que integraban solo treinta oficiales.

El documento del Centro de Estudios Legales y Sociales también da cuenta de la participación de Milani en la desaparición del conscripto Alberto Agapito Ledo.

Ledo era un joven riojano que estaba haciendo el servicio militar obligatorio en 1976 cuando en el mes de mayo fue enviado en comisión a Tucumán. Uno de sus superiores era Milani. Ledo desapareció en ese viaje, y la única respuesta que recibió su familia fue que había desertado y se había retirado del lugar por sus propios medios. Según han denunciado familiares y organismos de derechos humanos hay más de doscientos casos de conscriptos en todo el país que han sido dados como desertados, pero que en realidad se los considera desaparecidos, ya que por la situación que se vivía en años de dictadura no estaban dadas las condiciones para tomar una decisión de esas características.

Milani estaba en Tucumán cuando desapareció Ledo, por lo que los organismos consideran que es imposible que no sepa lo que sucedió con él.

En relación a lo que Milani les respondió sobre este punto, desde el CELS señalaron que este descargo en el que se refiere a su función como instructor no lo libera de su responsabilidad por la actividad que desplegó en la instrucción del sumario: “Queda acreditado en el descargo que su actividad se limitó a certificar la versión que el Teniente Sanguinetti, a cargo de la Comisión en Monteros, brindó sobre la deserción de Ledo, a través de un Suboficial, en lugar de averiguar las circunstancias reales del hecho que tenía que investigar, de acuerdo a las reglas de procedimiento militar vigentes en aquél momento”.

El documento del CELS es extenso y minucioso, las críticas y rechazos al ascenso de César Milani son muchas y llegan desde distintos organismos y agrupaciones, varios de ellos incluso relacionadas con el gobierno nacional. Sin embargo, nada alcanzó para que el Ejecutivo diera marcha atrás en su decisión de nombrar como jefe del Ejército a una persona acusada de haber participado en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar.

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Milani y la obediencia debida

SERPAJ
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El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, expresó su preocupación por el nombramiento de Milani como Jefe del Ejército Argentino: "Es muy grave que el kirchnerismo, con obediencia debida, haya nombrado a Milani Jefe del Ejército Argentino sin que se investiguen las acusaciones. Milani no certifica compromiso con la democracia y Derechos Humanos, está acusado de ser parte del Operativo Independencia iniciado en 1975, del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, y de haber actuado a favor de los ‘carapintadas’ durante su alzamiento. El mejor argumento que esgrimieron los oficialistas es que ´así lo pide la presidenta´". Y agregó "sin legajos impecables no se puede cerrar la brecha con las Fuerzas armadas como dice Cristina Fernández de Kirchner".

También expresó preocupación porque por primera vez en nuestra historia del Ejército Argentino, se nombra a un jefe de la rama de inteligencia: "¿Acaso hay hipótesis de conflictos con otros países? o habrá inteligencia interna en contra de la ley? Cualquiera de las dos opciones son preocupantes".

Adolfo Pérez Esquivel es Premio Nobel de la Paz y Presidente del Servicio Paz y Justicia.

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Crimen en el Senado

AGENCIA WALSH

La Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos cuestiona y rechaza la decisión de 39 senadores de ascender al cargo de “Teniente General genocida” a Cesar Milani. Las diferencias son insalvables ya que los argumentos de la Asociación no tienen punto de unión con el hecho que rige en ellos, como la presunción de inocencia. Exigen como mínimo, la separación inmediata de Milani y la revisión de su pasado para que se haga justicia.

Dicen que al no estar procesado ni condenado rige la presunción de inocencia.¿Inocente, el que a sabiendas fraguó el acta donde planteaba que el soldado Ledo había desertado cuando sabía que estaba desaparecido?

¿Inocente, cuando desde el año 1984 está la denuncia en la CONADEP de Ramón Alfredo Olivera de que el entonces Teniente Milani participó de su secuestro y torturas y del secuestro y torturas de su padre, y lo llevó a él ante la justicia para que declare y así blanquearlo?

¿Inocente, cuando ya en el 2000 Plutarco Schaller denunciaba ante la justicia la participación del Teniente Milani en su secuestro y torturas?

¿Inocente, cuando ex presos políticos de La Rioja declararon reiteradamente que el Teniente Milani iba a la cárcel a hablarles para sacarles información?

¿Inocente, cuando en el año 1976 el teniente César Milani revistió como oficial de inteligencia en el batallón de Ingenieros de Construcción 141, donde funcionaba un centro clandestino de detención y torturas?

¿Inocente, cuando entre los años 1976 y 1977 fue destinado en varias ocasiones como oficial de inteligencia al Area de Operaciones Antiterroristas en Tucumán, desapareciendo en dicho lapsos los soldados de su batallón, Ledo, Minué y Diaz Moreno?

En la Argentina luego de más de 7 años de juicios por crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos en nuestro país durante la última dictadura, se sabe que la función de los oficiales de inteligencia en los centros clandestinos de detención era la de obtener información que les permitiera continuar secuestrando a quienes se oponían a los designios del gobierno dictatorial; y que la principal herramienta con la que contaban para obtener dicha información era la tortura.

Oportunamente dijimos si “jueces, fiscales, gobiernos durante estos casi últimos 30 años no hayan promovido y llevado adelante la acciones penales que permitieran las condenas de los miles de partícipes del último genocidio cometido en nuestro país, no les quita a los represores las responsabilidades por los delitos que cometieron.”

Los 39 senadores que aprobaron el pliego de ascenso de César Milani, a sabiendas de su participación en el genocidio cometido durante la última dictadura, son cómplices de su encubrimiento e impunidad.

Denunciamos que la única razón que hay para designar como jefe del ejército y ascender a un oficial de inteligencia, represor y torturador de la última dictadura es continuar realizando inteligencia sobre las organizaciones populares y todos los que luchan por los derechos del pueblo, para luego reprimirlo.

Repudiamos esta nueva medida de encubrimiento e impunidad llevada a cabo por los senadores del kirchnerismo y aliados, que como no podía ser de otra forma, se realizó impidiendo la presencia en el recinto de los organismos de Derechos Humanos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.

Exigimos:
- Separación inmediata de César Milani como Jefe del Ejército

- Enjuiciamiento de César Milani por la desaparición de Alberto Agapito Ledo y los secuestros y Torturas de Ramón Alfredo Olivera y su padre

- Apertura inmediata de los archivos de la dictadura

- Juicio y castigo a todos los genocidas por todos los compañeros

No perdonamos, no nos reconciliamos.

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Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH): A la opinión pública por el ascenso de Milani

APDH

La APDH oportunamente, junto a otros organismos de derechos humanos, se pronunció en oposición al ascenso del hoy Teniente General Milani e hizo lo propio como Jefe del Ejército dado los serios cuestionamientos en torno a su carrera militar relacionados con violaciones a los derechos humanos.

A pesar de la votación en el Senado de la Nación aprobando su ascenso, reiteramos nuestra posición al entender que dicha aprobación menoscaba y ofende la celebración de los 30 años de democracia por la cual los Organismos de Derechos Humanos han luchado denodadamente. Menoscaba y ofende también el proceso de los Juicios de Lesa Humanidad donde miles de víctimas han dado y dan testimonio de sus sufrimientos durante la dictadura militar que ha enlutado miles de familias.

Reiteramos nuestro compromiso de lucha por la total consolidación del Estado de Derecho sobre los valores de Memoria, Verdad y Justicia.

Mesa Directiva
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2013.

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La Legislatura porteña y la crisis policial. Ramal: “critican a la misma policía que ustedes prohijaron”

PRENSA OBRERA (especial para ARGENPRESS.info)

Durante la sesión del jueves 12 de diciembre, tuvo lugar el primer debate político de la nueva Legislatura, a partir de la crisis policial. El PRO, los K y el Unen presentaron una declaración contra el accionar policial , en línea con el texto aprobado en el Congreso -que contó con el apoyo, además, de Claudio Lozano. Una vez más, el PRO, el Unen y los K votaron unidos en una cuestión de fondo.

El diputado del Frente de Izquierda, Marcelo Ramal, denunció por “encubridora” y “autoexculpatoria” a la declaración que suscribieron en común los tres bloques. “Ustedes critican el accionar de la misma policía y el mismo aparato represivo al que protegieron y contribuyeron a reforzar en todos estos años. ¿Quién nombró a Granados en Buenos Aires? -preguntó Ramal-. ¿Quién colocó a Fino Palacios en la Metropolitana? Ustedes han prohijado a la policía del gatillo fácil y la asociación con el delito. Pero principalmente, la declaración de ustedes omite señalar que estamos ante una crisis económica y social de fondo, que sólo se ha asomado a través del conflicto policial. La carestía galopante, que devora los salarios, está siendo alentada por el gobierno y sus opositores, cuando fogonean la devaluación de la moneda o los tarifazos en los combustibles”.

“En ese cuadro, los mismos partidos y gobiernos que juzgaban ‘demagógico’ o ‘utópico’ un salario que cubra la canasta familiar, hoy en 8.500 pesos, se lo otorgaron a la policía en cuestión de horas. Pero en nuestra Ciudad, un municipal ingresa con 5.000 pesos de bolsillo, y un maestro, con 4.100 pesos para el cargo testigo -o sea, menos de la mitad de la canasta familiar”, señaló el diputado del Frente.

Ramal propuso una declaración alternativa frente a la crisis, que reclama “el establecimiento inmediato de un salario mínimo, vital y móvil de 8.000 pesos para todos los trabajadores sin distinción, y el 82% móvil”. La declaración advierte también contra “cualquier variante de militarización del Estado”, reclama el fin de la criminalización de la protesta social y se pronuncia “por una salida de los trabajadores a la crisis nacional”.

El diputado del Frente de Izquierda advirtió que “los que hoy invocan la democracia están reforzando la militarización del Estado y el protagonismo del Ejército en la vida política, como se manifiesta en el ascenso del represor Milani”.

En el curso del debate, los representantes del PRO, K y Unen se autoproclamaron “las fuerzas de la democracia”, en oposición a quienes no suscribimos la declaración encubridora. En este sentido, Ramal terminó su intervención señalando: “quiero recordarle a ustedes que cuando los partidos que han gobernado o gobiernan este país le prestaban intendentes a la dictadura militar, el Partido Obrero luchaba todos los días contra esa misma dictadura”.

El representante de Alternativa Popular, que venía a profundizar “por izquierda” al kirchnerismo, no intervino en el debate. Se limitó a apoyar el texto mayoritario, sin denunciar el reforzamiento del aparato represivo en curso ni la relación entre los gobernados y las mafias policiales.

Alejandro Bodart tampoco suscribió la declaración de “consenso”. Reclamó el derecho a la sindicalización de la policía, sin establecer cuál es el contenido de ese planteo en la crisis actual. Una parte del gobierno y de la oposición apoyan una sindicalización sin derecho de huelga, y que no cuestione ni a los mandos policiales ni a la función represiva de la policía. Bodart no se delimitó de estas posiciones.

La primera sesión de la nueva Legislatura, convocada inicialmente para debatir cuestiones administrativas o formales, terminó marcando una fuerte delimitación política a su interior.

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El debate sobre la sindicalización de las fuerzas de seguridad

Irina Santesteban (LA ARENA)

Luego de los sucesos de las últimas semanas, con acuartelamientos policiales en Córdoba y varias provincias, el debate sobre las fuerzas de seguridad en la democracia, está nuevamente en la agenda política.

El 3 y 4 de diciembre la policía de Córdoba se acuarteló en reclamo de mejoras salariales y en las condiciones laborales. Ante la negativa del gobierno provincial a conceder el aumento que pedían, los policías dejaron sus puestos de trabajo y la ciudad capital quedó a merced de bandas que aprovecharon para saquear comercios y hasta casas de particulares. Córdoba fue literalmente "tierra de nadie", con un saldo de dos muertos, más de un centenar de heridos y mil comercios saqueados. Finalmente, el gobernador José Manuel de la Sota les concedió a los uniformados todo lo que pedían, un básico de 8.000 pesos a partir de febrero de 2014, más una suma fija de 2.000 pesos para diciembre y enero. También les cumplió otros reclamos relacionados con sus condiciones de trabajo, aumento de las horas adicionales y el compromiso de que ningún policía sufriría sanciones por el amotinamiento y tampoco descuentos salariales.

Luego de eso, los gremios estatales reclamaron el adelantamiento de las paritarias, pero solo obtuvieron un bono navideño de 1.000 pesos para los empleados públicos y los judiciales, mientras que los jubilados que perciben haberes inferiores a los 8.000 pesos, recibirán 500 pesos. Para los docentes el bono será de 800 pesos para activos y jubilados.

La situación de la provincia de Córdoba es muy preocupante, y quienes conocen las finanzas provinciales, dudan que el gobierno pueda hacer frente a estos compromisos. El gobernador De la Sota, en la conferencia de prensa que compartió con el jefe de Gabinete de la Nación, Jorge Capitanich, en la Casa Rosada, habló de "extorsión" al referirse a la solución que le había dado al reclamo policial. Sin embargo, al regresar a Córdoba, tranquilizó a la tropa asegurando que el acuerdo se cumpliría tal cual se había firmado.

En las provincias

La asonada policial cordobesa se replicó en doce provincias, donde también, como en Córdoba, hubo muertos, heridos, comercios saqueados y esa sensación del "todo vale", con ciudadanos armados para defender sus pertenencias, que agredían salvajemente a cualquier motociclista con "pinta" de sospechoso.

En este contexto, los levantamientos policiales estuvieron muy lejos de constituir huelgas por aumentos salariales, aunque ésa fuera su principal demanda. En la mayoría de las provincias, los saqueos fueron alentados por los mismos uniformados, en grupos organizados que aprovecharon la falta de vigilancia, para ingresar con palos y barretas, rompiendo persianas y rejas, y llevándose electrodomésticos, zapatillas y perfumes de marca, y lo que encontraban a su paso. No fueron los "saqueos del hambre", de las crisis de 1989 o 2001, sino una suerte de desmadre social, donde se aprovechó la falta de vigilancia para arrebatar aquellos bienes, casi todos prescindibles, que la sociedad de consumo ofrece a los que pueden comprarlo. En Córdoba, muchos comerciantes reconocieron en los videos a sus clientes, robando y rompiendo las instalaciones.

Democratizar la policía

El debate sobre la democratización de las fuerzas de seguridad, a treinta años de recuperadas las instituciones democráticas, tiene que darse en el marco del contexto actual, en un país que ha hecho importantes avances en materia de derechos humanos, con los juicios por los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, pero donde el poder político, en particular los provinciales, no han podido o no han querido depurar las fuerzas de seguridad que, con menor impunidad pero similar crueldad, mantienen prácticas aberrantes. Sin desmerecer el enorme valor de tres décadas de vigencia de las instituciones democráticas, hay que reconocer que las torturas en las comisarías, los castigos en los lugares de encierro, las detenciones arbitrarias para engrosar los números de las estadísticas policiales, en particular de los jóvenes de barrios pobres, siguen siendo prácticas dolorosamente actuales. Y no sólo eso, las detenciones de importantes jefes policiales en provincias como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, acusados de
fuertes vínculos con el narcotráfico, así como las continuas denuncias que involucran a policías con delitos complejos como la trata de personas o la piratería del asfalto, son razones más que valederas para que se encare con seriedad una depuración profunda y se camine hacia fuerzas de seguridad democráticas y respetuosas de los derechos y garantías de las que gozan todos los ciudadanos, sean pobres o ricos, sin importar dónde vivan, su edad ni su orientación sexual.

Democracia y sindicalización

En 2009 se firmó el Acuerdo para una Seguridad Democrática, firmada por la mayoría de los partidos políticos, dirigentes sindicales, organizaciones de derechos humanos, sociales, etc. Luego se lanzó la Campaña contra la Violencia Institucional, que tenía por objeto denunciar las prácticas violatorias de los derechos humanos en cárceles, comisarías, establecimiento de encierro o internación, etc.

En este debate, hay quienes opinan que para democratizar a la policía y otras fuerzas de seguridad, se les debe permitir su sindicalización, para que puedan reclamar de manera organizada. En esta posición, se considera a los uniformados como "trabajadores del Estado", sin atender a su condición de fuerza armada, que tiene a su cargo el resguardo de los bienes y la vida de los ciudadanos, para lo cual el Estado les entrega armas, y les permite su uso. En palabras cinematográficas, son personas con "licencia para matar", aunque limitadas obviamente por reglas y protocolos, que no siempre se cumplen.

En el contexto actual de una policía con autogobierno y acostumbrada a prácticas violentas en su accionar cotidiano, no parece ser la solución que la policía se organice como cualquier sindicato, con su práctica de asambleas, debates, movilizaciones, etc. Para el jefe de la CGT, Hugo Moyano, si la policía estuviera sindicalizada no se habrían producido los acuartelamientos de las semanas pasadas.

Quienes esto propugnan dicen que no se les podrá conceder el derecho a huelga, porque son una fuerza armada, que tiene el monopolio de la represión estatal. Pensar que pueden llegar a acatar una "conciliación obligatoria" dictada por el ministerio de Trabajo, es ingenuo o peligroso.

Uniformados a la Corte

El debate sobre la eventual sindicalización de la policía llegó a la Justicia, pues la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene en sus manos varias causas, en una de las cuales la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, desaconsejó la agremiación de los policías.

El expediente que está actualmente en manos de la Corte para dictar sentencia se inició en 1998 y corresponde al Sindicato Policial de Buenos Aires, con dictamen negativo del Ministerio de Trabajo y también de la Sala Quinta de la Cámara Nacional del Trabajo, además del rechazo del planteo de la procuradora Gils Carbó.

Los argumentos sostienen que no hay una ley expresa, y que incluso los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), son cuidadosos, cuando disponen que son las legislaciones nacionales las que deben determinar "hasta qué punto se aplicarán a las fuerzas armadas y a la policía las garantías previstas" en cuanto a la libertad de asociación y sindicalización.

La Cámara Laboral argumentó que "los tratados internacionales de derechos humanos que cuentan con nivel constitucional permite afirmar válidamente la presencia de una clara y notoria restricción a la sindicalización de los integrantes de la Policía". Expresa además, que por su carácter de funcionarios públicos, ejercen "por delegación una parte del poder estatal, y en ellos prevalece la existencia de una función estatal con una completa identificación con el poder público que le confiere el cargo".

Una policía democrática

En el informe "Mirar tras los muros. Situación de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad en Córdoba", del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba, los investigadores Magdalena Brocca, Susana Morales, Valeria Plaza y Lucas Crisafulli, al escribir sobre "Policía, Seguridad y Código de Faltas", proponen algunas medidas para la democratización de las fuerzas policiales, comenzando por un diseño, planificación y evaluación de las políticas de seguridad, con un debate y control civil de la policía, que vaya más allá de la simple elección del comisario del barrio, pues se trata de romper con la trama de complicidad policial con el delito.

Así, la modificación de la estructura militarizada y el estado policial, la eliminación de la división entre oficiales y suboficiales, porque funcionan como "castas" dentro de la institución y la derogación la obligación de portar el arma reglamentaria las 24 horas del día. En otro orden, proponen políticas de integración de la policía con la comunidad, y revisar el régimen disciplinario, así como combatir el espíritu corporativo de la fuerza, involucrando a la justicia en la persecución y sanción de las arbitrariedades, abusos y delitos cometidos por los policías en el cumplimiento de sus tareas.

Para regular la función policial proponen la creación de protocolos en caso de persecución, uso de armas, uso de la fuerza física, actuación en las manifestaciones, etc. Esos protocolos deben ser obligatorios para los policías y conocidos por la ciudadanía, para exigir su cumplimiento.

Y en materia de investigación del delito, se propone que esté completamente judicializada, para lo cual se deben crear las Policías Judiciales en todas las provincias.

Estas y otras medidas son las más apropiadas, más que la sindicalización de la policía, para una real democratización de las fuerzas de seguridad.

Y a la vez, atender los legítimos reclamos de los policías, que son de tipo laboral, permitiendo la conformación de Comisiones paritarias, para discutir salarios y condiciones de trabajo, pero sin que sea una organización sindical que pueda convocar a estado de alerta y movilización, o a asambleas o a medidas de fuerza como las huelgas o el trabajo a desgano.

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Pobreza y marginalidad detrás de los saqueos

Fabiana Arencibia (RED ECO)

Doce años después, algunas de las causas de fondo que generaron el estallido social del 19 y 20 de diciembre, siguen siendo las mismas: altos niveles de pobreza, dificultades para conseguir y mantener el empleo, inflación y falta de recursos estatales que lo empujan a volver al endeudamiento externo.

Mucho se ha escuchado, escrito y visto durante estos días sobre los saqueos en diversas provincias del país que se dispararon a partir de los reclamos policiales de aumentos salariales.

Los saqueos de 2001, que en realidad habían comenzado con anterioridad, respondían a una situación social y económica de altos niveles de pobreza, indigencia, desempleo.

Las jornadas del 19 y 20, fueron el estallido ante la gota que rebalsó el vaso: la declaración del Estado de Sitio.

En jornadas previas también habían comenzado los saqueos que, al igual que los sucedidos en estas semanas, fueron provocados solo en el inicio para luego sumar espontáneamente al pobrerío y también la marginalidad.

Doce años después, los saqueos de 2013 – luego de decantar su detonante inicial - también responden a necesidades insatisfechas de millones de personas en la Argentina.

No se puede pensar en que haya participación masiva en estos actos sino hay una situación real de pobreza e indigencia que las estadísticas oficiales hace años, más precisamente desde la intervención de INDEC en 2007, disimulan.

Algunos datos pueden mostrar la realidad que subyace más allá las estadísticas oficiales.

Casi cuatro de cada diez trabajadores no están registrados lo cual le imposibilita acceder no solo a cobertura médica y beneficios sociales sino que además su salario es la mitad de lo que cobra un trabajador registrado.

Sobre 8 millones de trabajadores asalariados, 2,6 millones trabajan menos de 35 horas semanales, y 5,4 millones lo hacen por más de 35 horas.

Siete de cada diez trabajadores ocupados cobran menos de $ 5.000 pesos y dos de cada cinco menos de $ 3.000.

Esta situación salarial contrasta con la canasta necesaria para que una familia tipo (padre, madre y dos hijos, pueda vivir dignamente que asciende a $ 8.000.

Casi ocho de cada diez jubilados y pensionadas cobra el haber mínimo de $2.477 pesos. La canasta para la tercera edad ha sido calculada en $ 4.885 por mes. O sea que sus ingresos no llegan a cubrir la mitad de sus necesidades.

En el primer semestre de este año se han destruido 103.000 puestos de trabajo. La caída del empleo privado formal, el estancamiento del empleo industrial y el descenso del empleo público provincial se combinan con el estancamiento de la actividad y el crecimiento demográfico.

Más allá de que la FAO haya declarado que Argentina ha logrado el objetivo fijado en las políticas de “hambre cero” y que la CEPAL haya afirmado que la población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) bajó de 5,7 % a 4,3%, los datos que se desprenden de la realidad muestran que ha crecido la pobreza e indigencia.

Es simple llegar a esta conclusión si tenemos en cuenta que para el gobierno y sus estadísticas no ser pobre significa tener un ingreso diario de $ 14,60 y no ser indigente es vivir diariamente con $ 6,40.

Hoy en Argentina hay 11.390.000 pobres, 3 de cada 10 habitantes. Se calcula que entre un 10 y un 15 por ciento de ellos son pobres estructurales, o sea que han caído en la pobreza y no han podido salir de ella.

Casi la mitad de los pobres en Argentina son niños y adolescentes; es decir 5 millones de menores de 18 años viven en la pobreza. 4 de cada 10 pobres en la Argentina son niños o adolescentes, y de estos, la indigencia alcanza a 2.240.000. Esta situación se agrava en provincias como Chaco donde 7 de cada 10 niños y adolescentes son pobres.

La inflación, que ha venido para quedarse, empeora esta situación social ya que castiga más a quienes menos tienen porque utilizan casi todos sus ingresos para comprar alimentos. Si tomamos sólo 49 productos básicos necesarios para alimentarnos, el aumento de sus precios en los últimos 12 meses ha sido de alrededor de 40%. Los datos oficiales hablan de una inflación anual que llegara al 10,5 %.

Después de 10 años de gobierno y modelo kircherista todavía hay cerca de 10 millones de personas que dependen de subsidios vinculados a alimentos, salud, educación, vivienda y trabajo.

El modelo, como decíamos en una nota pasada, está en inestable equilibrio. La Nación y la mayoría de las provincias tienen déficit fiscal, o sea que los ingresos no alcanzan a cubrir sus gastos. En el caso de la Nación, los últimos datos del INDEC muestran un déficit de casi 2.758 millones de pesos en octubre, que se incrementa a 7.280 millones de pesos después del pago de deuda. Las proyecciones hablan de que 2013 se cerrará con un déficit fiscal de casi 100.000 millones de pesos (contar 55.600 de 2012)

La mayor recaudación de ingresos sigue focalizada en las contribuciones de seguridad social. Y esto explica que la ANSeS sea la principal caja a la que apela el gobierno para hacer frente a los gastos (incluidos el pago de deuda). Dentro de la recaudación impositiva el mayor ingreso continúa siendo el IVA que castiga más a los sectores de menores recursos.

Al déficit fiscal se suma también déficit en la balanza de pagos ya que el saldo comercial favorable esta cada vez más castigado por las importaciones de energía y se convierte en déficit por los pagos de intereses de deuda, por el giro de utilidades al exterior y por las salidas de turismo.

La inflación sigue subiendo por la combinación de varios elementos: la acción de oligopolios formadores de precios, una estructura económica extranjerizada donde los precios internacionales fijan muchos de los precios de consumo interno, empresas que no invierten para aumentar su capacidad productiva y cubren la rentabilidad con los aumentos de precios, un gobierno que apela a la emisión continua para poder cubrir los gastos, pagar deuda y tratar de recomponer las reservas del Banco Central y evitar que sigan descendiendo.

Se ha retomado la política de endeudamiento externo y esto agravará la situación fiscal y obligará a utilizar recursos públicos para cumplir con los acreedores externos por encima de las necesidades sociales.

El modelo sigue asentado sobre la concentración y extranjerización de la económica y sobre el continuo desarrollo de un perfil sojero y agroexportador acompañado por la actividad minera contaminante y el fracking como objetivo para revertir la crisis energética. Nada de esto traerá desarrollo económico independiente ni bienestar para las mayorías, como no lo ha hecho hasta ahora.

Por el contrario, todos estos factores se combinan en un coctel que solo traerá una etapa de ajustes inevitables, los que, como siempre, afectarán a los sectores de menor poder adquisitivo.

Es decir que la continuidad - o profundización - de este modelo económico habilita que una sintonía fina sólo beneficie a las mayorías. Todo muestra que los grandes beneficiarios seguirán siendo los sectores que más tienen. La primavera nacional y popular ha entrado de lleno en el ciclo que cada 10 años nos pone en crisis. Pero las crisis también pueden generar ciclos de maduración. Entonces, para no volver al que se vayan todos, porque luego todos regresan, es necesario construir alternativas políticas con las que avancemos hacia otro modelo de país y no más de lo mismo con variantes de cambiar algo para que nada cambie.

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Argentina: El extractivismo pide represión

OBSERVATORIO PETROLERO SUR
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Comunicado en repudio a las declaraciones de la vicegobernadora de Neuquén, Ana Pechén.
19 de diciembre de 2013.

El 13 de diciembre, en el marco de la celebración del Día Nacional del Petróleo organizada por la filial Neuquén del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), la vicegobernadora de la provincia, Ana Pechén, convocó al empresariado del sector a educar a la población en general, y a los niños en particular, para contrarrestar los discursos de miedo del ‘terrorismo ambiental’.

Desde todo punto de vista es repudiable que la vicemandataria nos trate de terroristas por criticar su política extractivista, que promueve la explotación de yacimientos no convencionales con la aplicación de la técnica de fractura hidráulica o fracking. Nuestro objetivo es advertir sobre los impactos socio-ambientales del modelo de desarrollo de su gestión y estimular el debate democrático sobre qué provincia y qué país queremos.

A pocos días de haberse conmemorado los 30 años del fin de la última dictadura cívico militar, la vicegobernadora Pechen parece no haber aprendido que uno de los pilares de la democracia es el respeto por la diversidad de opiniones, la disidencia y la libertad para poder expresarlas. Afirmar que sembramos el miedo y buscamos imponer nuestras ideas a través del terror, no sólo es una cabal manifestación de autoritarismo sino una abierta amenaza. Sabemos muy bien cómo a lo largo de nuestra historia se ha empleado esta palabra, las miles de vidas que nos ha costado el terrorismo de Estado. También tenemos presente cómo ha sido usada esta palabra a nivel global y el tendal de muertos que ha dejado, particularmente luego del atentado perpetrado el 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas (EE.UU.).

En los últimos años este tipo de acusaciones se han tornado frecuentes en boca quienes promueven este modelo de privatización, saqueo y degradación de los bienes comunes; la expresión “eco-terrorista” o ‘terrorismo ambiental’ para quienes denunciamos los perjuicios de megaminería, agronegocios o el fracking resultan entre patéticas y grotescas. En un contexto de creciente judicialización de los reclamos sociales y ambientales, donde una justicia de dudosa independencia dicta sentencias, el discurso de la vicemandataria va más allá de lo grotesco y patético. Abona el terreno para la represión de la protesta social y la aplicación de la Ley Antiterrorista.

También es lamentable que Ana Pechén, ex rectora de la Universidad Nacional del Comahue, es decir, ex rectora de una universidad pública, sostenga que la educación es una tarea delegable a las empresas.

Por otra parte, las afirmaciones de la vicegobernadora de Neuquén están en fina sintonía con la decisión del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, de judicializar la voluntad del pueblo de Allen. El mandatario, en lugar de generar ámbitos de participación donde definir qué desarrollo quiere la región, apeló al Superior Tribunal de Justicia, convencido de que así se resuelven los problemas políticos, pero Allen sigue siendo No al Fracking.

La explotación de hidrocarburos de yacimientos no convencionales es presentada como un destino manifiesto por lo que los gobiernos provinciales y el nacional, no aceptan críticas ni oposición. El extractivismo petrolero, lejos de la promocionada bonanza material, en los últimos 20 años ha devenido en el saqueo de un bien común estratégico, y se expresa también en el deterioro de las condiciones para las prácticas democráticas conquistadas y su profundización.

Multisectorial contra la Hidrofractura de Neuquén

Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Comahue (ADUNC), Asociación Zainuco, Confederación Mapuche de Neuquén, COB La Brecha, Emancipación Sur Corriente Nacional en Proyecto Sur, Foro Ciudadano para la Democracia del Neuquén, Foro Permanente por el Medio Ambiente de Neuquén (Foperma), Frente Popular Darío Santillán Altovalle, Fundación Ecosur filial Neuquén, Instrumento Electoral para la Unidad Popular, La Revuelta Colectiva Feminista, Movimiento Socialista de los Trabajadores, Observatorio Petrolero Sur, Partido Comunista (Cinco Saltos), Partido Socialista, Partido de los Trabajadores y el Pueblo – Partido Comunista Revolucionario, 92 Millones.

Adhieren
Agrupación 27 de junio, ATE Neuquén.
Agrupación La Germán, CTA Neuquén.
Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos – Seccional Paraná (AGMER Paraná).
Asociación Pluriculturalidad Jurídica de Guatemala –Plurijur.
Asamblea Ambiental de Río Gallegos.
Asamblea Autoconvocados San Carlos (Mendoza).
Asamblea Ciudadana Ambiental Colón, Entre Ríos.
Asamblea SANIDARIOS – Cuenca Currú Leuvú.
Asamblea Vecin@s Autoconvocad@s de Campana Mahuida (AVACAM).
Asamblea Vecin@s Autoconvocad@s de Loncopue (AVAL).
Asamblea de Vecinos Autoconvocados Tunuyán (AVAT).
Asamblea de Vecinos por un Tandil y Provincia Libres de Fracking.
Biblioteca Popular Osvaldo Bayer (Villa La Angostura).
Campaña Salvemos al Iberá.
Centro de Investigación y Formación de Movimientos Sociales Latinoamericanos-CIFMSL.
Coalición Cívica ARI (Entre Ríos).
Colectivo por la Igualdad en el Partido Social (C.A.B.A)
Colectivo Sumaj Kawsay (Catamarca).
Cooperativa Cae Babylon (Neuquén).
Corriente Nacional Emancipación Sur (en Proyecto Sur, Prov. Buenos Aires).
Corriente Nacional Emancipación Sur (en Proyecto Sur, Bahía Blanca).
Corriente Unidad Sur.
CTA Nacional.
CTA Tucumán.
Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía.
Equipo de Pastoral Aborigen-Diócesis de Comodoro Rivadavia.
Foro Ambiental y Social de la Patagonia (Comodoro Rivadavia).
Foro Ambiental y Social de la Patagonia (Puerto Madryn).
Foro Ambientalista Santiago del Estero – Capital.
Frente de Unidad y Lucha Estudiantil, conducción del Centro de Estudiantes FaDeCS (UNCo).
Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional.
Fundación Ecosur (Buenos Aires).
Fundación Uñopatún (Viedma).
Junta Interna del Ente Provincial de Agua y Saneamiento de Neuquén.
Lof Winkul Newen (Neuquén).
Movimiento Entre Ríos Libre de Fracking.
Movimiento de Vecinos Autoconvocados de Centenario (Neuquén).
Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social – MULCS.
ONG Ambiente Comarca (Sierra de la Ventana).
Partido Socialista Auténtico- Corriente Socialismo y Dignidad No en UNEN.
Pro Eco Grupo Ecologista (Tucumán).
Programa de Extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable”, UNER.
Proyecto Allen.
Proyecto Sur (Bahía Blanca).
Proyecto Sur (Provincia de Buenos Aires).
Proyecto Tierra (Paraná).
Red Nacional de Acción Ecologista – RENACE.
Unión Asambleas Patagónicas – UAP.

Adhesiones individuales
Nerea R. Monte, APDH Neuquén; P. José María D’ Orfeo, Cura Párroco de Loncopue; Raúl Dobrusin , Diputado Provincial de Neuquén (UP); Alfredo Marcote, Diputado Provincial de Neuquén (UP); Hernán R. Moreno, concejal de Zapala (Partido Socialista); Dr. Carlos Moraña, Concejal de Cutral Co (Proyecto Sur); Ricardo Pérez, Concejal de Zapala (UP); Erasmo Soto, Concejal de Plottier (UP); María Rebolledo, Concejal Chos Malal (UP); Juan José González, Economista, Corriente Nacional Emancipacion Sur en Proyecto Sur; Relmu Ñamku, werken Confederación Mapuce de Neuquén – Consejo Zonal Centro; Martín Maliqueo, werken Lof Winkul Newen; Alcira Argumedo, Dip. Nac. Proyecto Sur; Jorge Cardelli, Dip. Nac. Proyecto Sur (MC); María Fernanda Reyes, Dip. Nac. CC-Ari (MC); Marta Maffei, Dip. Nac. (MC); Luis Zamora, Dip, Nac. Autodeterminación y Libertad (MC); Dra. María Emma Bargagna – Diputada Provincial de Entre Ríos (FAP); Pablo Bergel, legislador C.A.B.A. (Proyecto Sur); Maristella Svampa, investigadora y escritora, Conicet; Félix Herrero, especialista en energía; Eduardo D’Elía, Ing. en Petróleo; Enrique Viale, abogado ambientalista; Ariel Petrucelli, Prof. de Historia y Docente UNCo; José Luis Bonifacio. Profesor e Investigador de la UNCo; Romina Díaz Didier, Lic. en Comunicación Social; María E. Argeri, Profesora Titular UNICEN; Marcelo Giraud, Profesor Asociado de la U.N. Cuyo; Agustina de la Cal, Arquitecta; Pablo Fernández, periodista Cartago/Rock&Pop Neuquén; Elena Cedrón, confraternizarhoy.com.ar; Carolina Herrera, Claromecó; Ariel Eliseo López, Viedma; Teresa Malalán, Fundación Ecosur; Carlos Galano, Fundación Ecosur; Laura (Rojas) García Vázquez, artista plástica; Antonio “Negro” Medina, dirigente histórico del Cordobazo; Gustavo Robles, Relaciones Políticas – Partido Comunista de los Trabajadores; Roberto Rabello, Santiago del Estero.

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Y nos siguen pegando abajo: Algunas líneas para pensar la reforma y unificación del código civil y comercial

COLECTIVO DE ABOGADOS POPULARES LA CIEGA - ANRED

En la madrugada del jueves 28 de Noviembre, el Senado de la Nación trato la reforma y unificación del Código Civil y Comercial, dándole media sanción al proyecto del oficialismo. De este modo se prendió una luz de alarma frente a los derechos de los de abajo.

El proyecto en cuestión recorrió el siguiente camino: fue redactado por una comisión integrada por los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Luis Lorenzetti, (que la presidia), Elena Highton de Nolasco, y la profesora Aída Kemelmajer de Carlucci. Luego, una comisión liderada por Alak (Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación) revisó el texto y le introdujo modificaciones. Esta nueva versión fue enviada al Congreso. Una vez allí se creó la Comisión Bicameral para que trate el tema. La mayoría oficialista que integra esta comisión realizó 180 modificaciones al proyecto que se le remitiera. Es esta versión la que obtuvo la media sanción en el senado.

A pesar de que en un principio se prometió que el proyecto iba a tener una construcción participativa y democrática, terminó siendo impuesto, luego de idas y vueltas, con un contenido de corte neoliberal que, si bien cuenta con avances en materia de derecho de familia, beneficia a los sectores de altos ingresos de la sociedad, y que descuida y desprotege los derechos de la clase trabajadora.

El derecho privado, regulado por los códigos civil y comercial, es de una importancia fundamental, ya que regula cuestiones de la vida privada de los individuos (como los derechos personalísimos y el derecho de familia) y cuestiones que hacen a la vida económica del país (contratos, sociedades, bienes, quiebras, etc.). Esta rama del derecho está caracterizada por provenir de una matriz individualista y liberal que, si bien tuvo diversas modificaciones a lo largo de los años, se contrapone a las necesidades sociales de los sectores menos favorecidos de la sociedad. Es por ello que es necesario actualizar la normativa para otorgar herramientas que garanticen mejores condiciones de vida a estos sectores y los proteja frente a los más poderosos.

Ante la necesidad de darle un contenido social al proyecto de código civil y comercial, nos encontramos con que poco se ha hecho en este sentido y con que mucho ha sido el peso de los sectores más conservadores de la sociedad y el de los grandes intereses ecónomicos. Esto se demuestra con las modificaciones al anteproyecto realizadas a pedido de la iglesia y por la marcada mercantilización de las relaciones civiles, tendiente a generar un marco de mayor seguridad jurídica para los negocios en lugar de dar privilegio a las necesidades de la persona humana en su aspecto social, económico y cultural. De esta manera, se refleja una línea continuidad con los intentos de unificación de la década del 90.

El proyecto contiene disposiciones preocupantes en numerosos aspectos, siendo especialmente graves la regulación de los contratos y las sociedades en perjuicio de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, la regulación de los derechos de las comunidades indígenas, de la responsabilidad del Estado, la prórroga de jurisdicción, las locaciones, los servicios públicos, el derecho al agua, el derecho de consumidores y usuarios, etc. Sin perjuicio de ello, señalaremos solo algunos ejemplos concretos.

Comienzo de la existencia de la persona humana

Con respecto al artículo 19, que habla del comienzo de la existencia de la persona humana, la redacción final resultó producto de una modificación introducida por la mayoría oficialista de la comisión bicameral, constituyendo una regresión y una clara concesión a las presiones y exigencias de los sectores más conservadores de la iglesia católica que pretenden que todo se considere persona (recordemos aquí que incluso están en contra del a utilización de métodos anticonceptivos). Vale describir con detalle, ya que hay mucha confusión al respecto: el código civil vigente en la actualidad considera que comienza la existencia de la persona desde la concepción en el seno materno; en todo el proceso de reforma, y ante los posicionamientos públicos del ejecutivo nacional, no había elementos que llevaran a pensar que hubiese posibilidades de una modificación progresiva de la norma en cuestión. De todas maneras, entendemos que esa afirmación no obsta la posibilidad de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), ya que el Código civil regula los derechos, obligaciones y las relaciones entre particulares, mientras que cuando hablamos del Código Penal y de la salud pública, estamos en el ámbito del derecho público. Es decir, ni ante las disposiciones del código actual ni ante las del proyecto, concedemos que las disposiciones de un código civil sobre qué es persona obsten al reconocimiento del derecho a la IVE.

La propuesta de reforma elaborada por la comisión presidida por Lorenzetti, mantenía la misma formulación del código actual, pero en relación a las técnicas de reproducción asistida afirmaba que se considera persona desde que el embrión es implantado en la mujer, sin embargo la mayoría oficialista de la comisión bicameral quitó esta aclaración y fue por mas: también suprimió la afirmación “en el seno materno” quedando el artículo en cuestión redactado del siguiente modo: “La existencia de la persona humana comienza con la concepción”, así se habilitan interpretaciones que sostengan, por ejemplo, que los embriones no implantados también son personas (posición sostenida por la iglesia católica). Recordemos aquí que las leyes son aplicadas por los jueces y juezas, la gran mayoría católicos y patriarcales.

De la mano con esto en el proyecto aprobado se mantiene (al igual que en el Código actual) a la iglesia católica como persona pública. Lo cual coloca al culto católico en un lugar preferencial en relación a los otros cultos, le otorga un estatus excepcional comparable al Estado, le da la posibilidad a que sus bienes sean inembargables y mantiene la intensa relación entre el estado argentino y la iglesia católica.

Función social de la propiedad

Otro aspecto claramente regresivo es la supresión a la referencia a la función social de la propiedad. La función social de la propiedad está reconocida en el texto del Código Civil vigente, así ha sido interpretado por la jurisprudencia. En la nota al artículo 2508 se expresa, en punto al contenido social del ejercicio del derecho de dominio, que el mismo existe “en los límites y bajo las condiciones determinadas por la ley, por una consideración esencial a la sociedad: el predominio, para el mayor bien de todos y de cada uno, del interés general y colectivo, sobre el interés individual”.

En una misma línea de pensamiento, los más altos tribunales del país han dispuesto que los derechos reconocidos en la Constitución no son absolutos, suponiendo su relatividad la posibilidad de que se encuentren sujetos a reglamentaciones y limitaciones que permitan, una debida correspondencia entre los iguales derechos de los demás individuos y, a su vez, el cumplimiento de la "funcionalidad social" en orden a un beneficio general.

En el proyecto de código civil y comercial, el kirchnerismo incluyó un articulo al proyecto original que afirmaba: “La propiedad tiene una función social y, en consecuencia, está sometida a las obligaciones que establece la ley con fines de bien común”. Luego, ante presiones de los sectores empresarios, este concepto fue eliminado del dictamen mayoritario de la Comisión bicameral. Esta supresión es una clara regresión, ya que la inclusión expresa de la función social de la propiedad era acorde con lo establecido por los pactos y tratados de derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional. Y, como dijimos, siempre es preferible que se contengan expresamente estas cuestiones, y no dejarlo librado a la interpretación judicial.

Es así como queda evidenciada la matriz del proyecto de Código, que omite el reconocimiento expreso de derechos que impactan favorablemente en los sectores medios y bajos de la sociedad, y regula y legisla profundamente sobre formas jurídicas relacionadas con problemáticas y modos de vida de la burguesía (clubes de campo, barrios cerrados o privados, parques industriales, empresariales o náuticos, etc.).

Responsabilidad del Estado

Otra supresión regresiva tuvo como objeto los artículos que versaban sobre la responsabilidad del Estado. La intervención del ministro Alak, excluyó directa y explícitamente el tratamiento de la responsabilidad civil del Estado en el nuevo Código, estableciéndose que las cuestiones como la responsabilidad del Estado Nacional y de sus funcionarios por los hechos y omisiones cometidos en el ejercicio de sus funciones serán objeto de una ley especial. Así se establece cuando se regula la responsabilidad civil que “las disposiciones de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria” (art. 1764).

Esta modificación fue mantenida por el dictamen mayoritario de la comisión bicameral. El mismo día que se dio media sanción al proyecto en el Senado, en la Cámara de diputados se le dio media sanción a una ley sobre responsabilidad civil del Estado. En esta ley se establece que las sanciones pecuniarias disuasivas son improcedentes contra el Estado, sus agentes y funcionarios. Esto es por demás cuestionable. Asimismo es importante destacar que el código civil es una ley de fondo que se debe aplicar en todo el territorio nacional, mientras que la ley de responsabilidad sancionada solo abarca al ámbito del Estado nacional. Las provincias y la CABA pueden adherir a la misma, o dictar sus propias leyes, se complejiza pensar qué legislación se aplicará si no lo hacen ante la expresa exclusión de la aplicación de las normas del Código civil y comercial.

Con esta modificación del proyecto, se estaría discriminando a los trabajadores del Estado, ya que ante un accidente o una enfermedad laboral, que le ocasione un daño indemnizable, solo podrán recurrir a las prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo, y no tendrán la opción, como los restantes trabajadores, de optar por una reparación integral en los términos de las normas del Código Civil.

Irresponsabilidad empresaria

El proyecto contiene numerosas normas referidas al funcionamiento de las empresas y sus relaciones con terceros, caracterizándose por la inclusión de diferentes figuras funcionales a la irresponsabilidad empresaria, perjudicando principalmente a los integrantes de la clase obrera, como consumidores y usuarios de dichas empresas y muy especialmente como trabajadores.

El proyecto incluye diferentes contratos, otorgando herramientas tendientes a favorecer la externalización y la descentralización productiva, regulando distintas modalidades de relacionamiento y subordinación entre empresas y permitiendo el control entre ellas. Por ejemplo, tenemos la regulación de las UTE (Uniones Transitorias de Empresas) que dispone en el art. 1467 que no se presume la responsabilidad solidaria de los socios por los actos y operaciones que realicen en la UTE, ni por las obligaciones que contraigan frente a terceros, siendo necesario un pacto expreso en tal sentido. Así se pone en riesgo el crédito de los trabajadores, que pasará a contar como garantía solo a los activos de la empresa que los haya contratado, desactivándose la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que atribuye responsabilidad solidaria a las empresas integrantes de una UTE por incumplimiento de una de ellas para con su empleado. En los consorcios de cooperación sucede algo parecido, posibilitando a los socios establecer la proporción en que cada miembro responde por las obligaciones asumidas en nombre del consorcio (art. 1477).

También se regulan situaciones de control externo de hecho entre las empresas, es decir, cuando la actividad principal de la controlada queda supeditada a las decisiones de la controlante, recibiendo aquella toda la actividad vital de esta. Los casos más comunes de este tipo de control fueron regulados en el proyecto, por ejemplo los contratos de agencia, concesión, distribución, suministro y franquicia. Estos contratos pueden ser utilizados para lograr la irresponsabilidad de la empresa controlante, como podrá suceder en el art. 1520, que establece que “los dependientes del franquiciado no tienen relación jurídica laboral con el franquiciante, sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre fraude laboral”. De esta manera, frente a la insolvencia del franquiciado, por ejemplo, los acreedores laborales no tendrán ningún tipo de acción contra el franquiciante para perseguir el cobro de sus créditos.

Otra vía útil para burlar las normas de orden público laboral y de la seguridad social que se encuentra en el proyecto es la incorporación en la Ley de Sociedades Comerciales de la sociedad anónima unipersonal. Este tipo asociativo que desde el vamos constituye un absurdo al no existir asociación entre personas, encubre el propósito de permitir que se constituyan patrimonios de afectación que liberen de obligaciones a los instituyentes del mismo, lo que puede servir para desactivar la plena efectividad de la legislación social.

Otra figura polémica que se regula es la del fideicomiso, el cual viene usándose para llevar a cabo maniobras económicas que dejan a los trabajadores sin interlocutor válido en cuanto a la protección sus derechos cuando de la actividad fideicomisada resultan daños. Grandes emprendimientos a la hora de responder ante los trabajadores, son imposibles de responsabilizar por su propio accionar, tanto lícito, como ilícito, ya que el fideicomiso implica la constitución de un patrimonio separado de los patrimonios de los sujetos del contrato (fiduciario, fiduciante, beneficiario y fideicomisario).

Con estas disposiciones que permiten limitar la responsabilidad empresaria, se deja de lado la realidad de las relaciones de trabajo, en la cual el poder con que cuenta el empresario, solo puede ser compensado con su responsabilidad ilimitada frente a los derechos de los trabajadores, por lo que todas las instituciones incluidas en el proyecto deberían al menos imponer la responsabilidad ilimitada frente a este tipo de deudas.

Otras disposiciones, a su vez, permiten encubrir relaciones de trabajo, como el caso del art. 774 que indica que “La prestación de un servicio puede consistir: a) en realizar cierta actividad, con la diligencia apropiada, independientemente de su éxito. Las cláusulas que comprometen a los buenos oficios, o a aplicar los mejores esfuerzos están comprendidas en este inciso...”. Frente a la imprecisión al regular este tipo de contratación, pareciera que se olvidan del amplio uso de los contratos de locación de servicio y de obra para encubrir relaciones laborales, principalmente en el Estado. Esta posibilidad de encubrir relaciones laborales también se ve en el contrato de agencia, el cual presenta grandes puntos en contacto con la actividad que en nuestro país llevan adelante los viajantes de comercio y los agentes de propaganda médica, entre otros, posibilitando la deslaboralización y desprotección de un número significativo de trabajadores.

Además de beneficiarse con la regulación de las diferentes figuras contractuales y asociativas mencionadas, los empresarios se verán favorecidos en diferentes aspectos con el régimen general de responsabilidad civil que se pretende establecer, especialmente ante los accidentes de trabajo.

De esta manera se incorporan nuevos retrocesos a la regulación de accidentes de trabajo, como si hubieran sido pocos los productos de la ley 26.773 de 2012. Por ejemplo, se elimina la aplicación del deber de seguridad y garantía de indemnidad en el contrato de locación de servicios, como es posible en la actualidad (art 1870, inc. 4º, arts. 1953 y 1954), por lo que no podrá invocarse para el caso de accidentes de trabajo.

En lo que hace a la indemnización por lesiones o incapacidad física o psíquica, se establece en el art. 1746 que “en caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades”. Esta disposición, que obviamente no solo perjudica a los trabajadores, termina considerando que la vida humana no tiene un valor económico por si mismo sino en función de lo que produce o potencialmente podría producir, resarciendo solamente el lucro cesante, dejando de lado el criterio de reparación integral, impuesto constitucionalmente y reconocido en la jurisprudencia sobre daños en accidentes de trabajo, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Libertad Sindical, Derecho a la Protesta y Responsabilidad por daños a terceros

Otra novedad dentro del proyecto de reforma es la incorporación de la responsabilidad colectiva y anónima, en los arts. 1761 y 1762. En el primer artículo se establece que cuando un daño proviene de un miembro no identificado de un grupo determinado responden solidariamente todos sus integrantes, excepto quien demuestre que no ha contribuido a su producción. En el caso del art. 1762, se establece que “Si un grupo realiza una actividad peligrosa para terceros, todos sus integrantes responden solidariamente por el daño causado por uno o más de sus miembros. Sólo se libera quien demuestra que no integraba el grupo”.

Estas disposiciones son una grave amenaza al ejercicio de los derechos a la protesta y de libertad sindical, de jerarquía constitucional, ya que se pueden aplicar cuando la actividad llevada a cabo por un conjunto de manifestantes reunidos en el marco de una concentración, movilización, piquete o corte de ruta, sea considerada como riesgosa o peligrosa para terceros, pudiendo obligar a cualquiera de esos manifestantes, o a la organización que los nuclea, a reparar esos daños que podrían ocasionarse.

Al no hacerse aclaración alguna en referencia a los derechos colectivos de protesta, denuncia o petición a las autoridades, garantizados constitucionalmente, quedará librado a la discrecionalidad del juez/a la delimitación de la extensión del perjuicio a terceros. Resulta evidente la intención represiva de la norma, que no se contradice con la política legislativa del gobierno si tomamos en cuenta otros antecedentes como la ley antiterrorista.

Agua para vivir

La comisión redactora del Código Civil y Comercial presidida por Lorenzetti propuso la inclusión de un artículo que establecía “Todos los habitantes tienen garantizado el acceso al agua potable para fines vitales.” Este artículo fue eliminado por el Poder Ejecutivo previo a la presentación del proyecto al Congreso, argumentando en que se avanzaría sobre el federalismo, en virtud del dominio de los estados provinciales sobre los recursos naturales (art. 124 de la CN), pero desconociendo la jerarquía de los derechos humanos y no haciéndose cargo de la función indelegable del Estado Nacional de regular sobre derechos fundamentales que hacen a la vida de las personas.

Así es como se está perdiendo de vista que el acceso al agua es un problema cada vez más apremiante. Por ejemplo, según el último censo nacional, 7.760.803 habitantes (21,60%) no tienen acceso al agua potable y 20.654.920 personas (57,50%) no tienen servicio de cloacas. El acceso a fuentes de agua contaminadas o sin garantías de calidad, con contenidos elevados de sustancias nocivas como arsénico, plomo, cromo, etc, las redes de distribución que en muchos centros urbanos son obsoletas y no acompañan el crecimiento demográfico, agravan la situación.

El derecho a un nivel de vida suficiente, reconocido por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), comprende implícitamente el derecho humano al agua, en los términos de la Observación General 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Dicha Observación, obligatoria para el Estado nacional, establece el contenido normativo del derecho al agua y la obligación de los Estados de ponerlo en vigor sin ningún tipo de discriminación.

El kirchnerismo eliminó el reconocimiento de este derecho del proyecto, pero se garantiza el uso comercial e industrial del agua, especialmente en el art. 239, titulado “Aguas de Los Particulares”, que establece que “las aguas que surgen en los terrenos de los particulares pertenecen a sus dueños, quienes pueden usar libremente de ellas, siempre que no formen cauce natural”, ante lo cual el acceso para los que necesitan el agua para vivir se encuentra en mayor desprotección.

Teniendo en cuenta los conflictos relacionados con la actividad de la megaminería metalífera a cielo abierto, que tiene al agua como principal insumo, puede entenderse la intención del Poder Ejecutivo al eliminar el art. 241 y también realizar recortes en otras disposiciones como en el caso del art. 240, que regula el derecho a reclamar daños de incidencia colectiva. Este artículo, que marca los “límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes”, sufrió mutilaciones y agregados por parte del Poder Ejecutivo respecto al anteproyecto que establecía que el ejercicio de los derechos individuales, “debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva” “en los términos del artículo 14”. Pero el Poder Ejecutivo eliminó su terminación al texto original y luego agregó que el ejercicio de esos derechos individuales “debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público”. También se quitó el párrafo que establecía que “los sujetos mencionados en el artículo 14 tienen derecho a que se les suministre información necesaria y a participar en la discusión sobre decisiones relevantes conforme con lo dispuesto en la legislación especial”. De esta manera, se apartó a los ciudadanos particulares de intervenir directamente en las cuestiones ambientales que pueden perjudicarlos. Para disimular la eliminación del artículo 241, al último párrafo del artículo 240 del proyecto original, el Poder Ejecutivo lo transformó en un nuevo artículo 241 referido a la “Jurisdicción” que ahora dice: “Cualquiera sea la jurisdicción en que se ejerzan los derechos, debe respetarse la normativa sobre presupuestos mínimos que resulte aplicable.”

El mencionado art. 14, referido a los “Derechos individuales y de incidencia colectiva”, también fue modificado por el Poder Ejecutivo Eliminando enteramente de él el inciso b) sobre “derechos individuales, que pueden ser ejercidos mediante una acción colectiva, si existe una pluralidad de afectados individuales, con daños comunes pero divisibles o diferenciados, generados por una causa común”, y el inciso “c)” del artículo 14 del anteproyecto, en la parte que decía “el afectado, el Defensor del Pueblo, las asociaciones registradas y otros sujetos que dispongan leyes especiales, tienen legitimación para el ejercicio de derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general”.

Como dijimos con anterioridad: era necesaria una reforma y actualización de los códigos civil y comercial, pero la misma debería hacerse para lograr coherencia y acompasarse con el reconocimiento de los Derechos Humanos, y en particular de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, realizado por numerosa normativa con jerarquía constitucional. Sin embargo las modificaciones y reformas introducidas por el Kirchnerismo, sea por el Ministro Alak como representante del Poder Ejecutivo Nacional, como por la mayoría oficialista de la comisión bicameral, refuerzan la matriz neoliberal, pro empresaria e individualista, en desmedro de los derechos sociales, colectivos, y sobre todo de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Una vez más: nos siguen pegando abajo.

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