lunes, 23 de diciembre de 2013

Brasil: Un increíble (y enorme) error geopolítico

Atilio A. Boron (especial para ARGENPRESS.info)

Una de las derivaciones más inesperadas de la crisis en las relaciones entre Brasil y Estados Unidos, misma que diera origen al duro discurso de la presidenta Dilma Rousseff ante la Asamblea General de la ONU y la cancelación de la “visita de estado” a Washington -programada para Octubre de este año- repercutió directamente sobre un tema que rondaba en los despachos oficiales de Brasilia desde 2005 y que hasta hace pocos días permanecía irresuelto: la muy controvertida renovación de la flota de 36 aviones caza que Brasil necesita para controlar su espacio aéreo y, principalmente, el de la enorme cuenca amazónica y sub-amazónica.

En opinión de los expertos brasileños, la flota que dispone actualmente Brasil es obsoleta o, en el mejor de los casos, insuficiente y la necesidad de su urgente renovación no podía ser demorada. Sin embargo, después de años de estudios, informes y pruebas no se llegaba a un acuerdo entre los actores involucrados en la decisión. Las propuestas consideradas por la licitación convocada en el 2001 por el gobierno brasileño eran tres: el Boeing F/A-18 E/F Super Hornet (originalmente fabricado por la firma norteamericana McDonnell Douglas, posteriormente adquirida por la Boeing); los Dassault Rafale de Francia y el SAAB Gripen-NG sueco. Una alternativa, descartada ab initio por razones nunca aclaradas pero indudablemente políticas, fue el Sukhoi Su-35, de fabricación rusa. Así las cosas en un primer momento una parte mayoritaria del alto mando de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) y diversos sectores de la burocracia política y diplomática de Brasilia se inclinaban por adquirir los nuevos equipos en Estados Unidos, mientras otros favorecían los Rafale franceses y un sector francamente minoritario a los Gripen-NG suecos. El disenso condujo a la parálisis y Lula, pese a su indiscutible autoridad, tuvo que resignarse a terminar su mandato sin poder resolver el impasse, aunque era por todos conocidos que se inclinaba a favor de los Rafale. La indecisión terminó hace un par de días, con una decisión muy desafortunada -la menos mala pero muy lejos de ser la mejor- como se verá más adelante: adquirir los Gripen-NG suecos.

Grietas en una relación muy especial

La sorpresiva revelación del espionaje realizado por Washington sobre el gobierno y la dirigencia del Brasil –es decir, sobre un país que supo ser uno de sus más incondicionales aliados en las Américas- estaba llamada a inclinar el fiel de la balanza en contra de los F-18. Incondicionalidad en el vínculo de sucesivos gobiernos brasileños con los Estados Unidos, decíamos, que era archisabida pero que saltó irrefutablemente a la luz pública con la desclasificación, en Agosto del 2009, de un memorándum de la CIA en el cual se daba cuenta del “constructivo” intercambio de ideas sostenido en 1971 entre los presidentes Emilio Garrastazú Medici y Richard Nixon con el propósito de explorar modalidades idóneas para desestabilizar a los gobiernos de izquierda en Cuba y Chile. Lo anterior es uno de los muchos ejemplos de “colaboración” entre Brasilia y Washington. Basta con recordar la participación de Brasil en la Segunda Guerra Mundial, batallando codo a codo con la U. S. Army, a lo que podríamos agregar uno más: en
Febrero de 1976 Henry Kissinger viajó a Brasil para formalizar lo que pretendía ser una sólida y duradera alianza entre el gigante sudamericano y los Estados Unidos. La humillante derrota sufrida en Vietnam exigía el pronto fortalecimiento de las relaciones con América Latina, que tal como Fidel y el Che repitieran hasta el cansancio, es la retaguardia estratégica del imperio. Nada mejor que comenzar por Brasil, en cuya capital Kissinger fue recibido como una celebridad mundial y firmó un histórico acuerdo con el dictador brasileño Ernesto Geisel. Según el mismo los dos mayores poderes del Hemisferio Occidental (para usar un lenguaje de aquella época) se comprometían a mantener consultas regulares y al más alto nivel sobre asuntos de política exterior. Subyacía a este acuerdo el conocido axioma de Kissinger que decía que “hacia donde se incline Brasil se inclinará América Latina.” Acuerdo que, murió al nacer porque como lo recuerda permanentemente Noam Chomsky, Washington no admite restricción alguna a sus decisiones, tanto si brotan de un tratado bilateral como de cualquier otra fuente del derecho internacional. Si la Casa Blanca quiere consultar lo hace, pero no se siente obligada a ello y mucho menos a someterse a los términos de un tratado o una convención. En todo caso lo anterior revela la intención de ambas capitales de coordinar sus políticas. En ese contexto histórico la coordinación se produjo en el terreno de las actividades represivas a desarrollarse en el Cono Sur, como lo demuestra sobradamente el siniestro Plan Cóndor. En fechas más cercanas, en el 2007, Lula y George W. Bush firmaron un acuerdo para compartir tecnología con el propósito de fomentar la producción de agrocombustibles –buen negocio para Estados Unidos, depredación ecológica para Brasil- reforzando nuevamente los tradicionales “lazos de amistad y cooperación” entre Washington y Brasilia.

Ahora bien: la ilegal –además de ilegítima- interdicción de los cables, mensajes y telefonemas de la presidenta brasileña (así como de muchos gobernantes y funcionarios de otros países del área) tuvo, en el caso de Brasil, un agravante de mucho peso porque Washington también incurrió en otro grosero acto de delincuencia común: el espionaje industrial, practicado en contra de la empresa Petrobras. No era aventurado, por lo tanto, pronosticar que este cúmulo de circunstancias casi con seguridad precipitarían el desenlace de la prolongada indecisión en relación al re-equipamiento de la FAB. Luego de lo ocurrido sería una insensatez que Brasil decidiera renovar su material aéreo con aviones estadounidenses. Pero entonces, ¿cuáles serían las alternativas? ¿Con qué reemplazar a lo que, a todas luces, era el avión predilecto de la FAB?

Alternativas de re-equipamiento

Un informe secreto de la propia FAB, de Enero del 2010, (pero que alguien se encargó de filtrarlo a la prensa) y que fuera enviado al Ministerio de Defensa evaluando a los tres candidatos principales para renovar la flota de aviones caza clasificaba al Gripen-NG claramente por detrás del francés Rafale y el F-18 Super Hornet. Según ese informe, sus capacidades técnicas y militares eran inferiores a las de sus homólogos francés y estadounidense. Es cierto que también era inferior su precio, estimado en unos 70 millones de dólares, mientras que la cotización del F-18 rondaba en torno a los 100 millones de dólares y el Rafale, mucho más caro, se empinaba casi hasta los 140 millones. Una vez filtrado el informe el entonces Ministro de Defensa Nelson Jobim se apresuró en aclarar dos cosas: primero, que la decisión final sobre la adquisición de los aviones sería tomada por el Gobierno nacional y no por la FAB; segundo, descartó en línea con lo que declarara Lula que el precio de las aeronaves pudiese llegar a ser un factor determinante de la decisión. La posibilidad insinuada en su momento por Nicolás Sarkozy de que Brasil pudiese recibir la tecnología y fabricar los Rafale en sus propias instalaciones industriales y luego venderlos –si bien exclusivamente en América Latina- fue lo que inclinó el fiel de la balanza de Lula a favor del Rafale. Pero su decisión no convenció a la cúpula de la FAB y a otros sectores de su gobierno, férreamente favorables a cerrar el acuerdo con la Boeing. Claro que, a diferencia de los franceses, la constructora de los Super Hornet no parecía muy dispuesta a hablar de transferencias de tecnología, a lo que se agregó el hecho de que la historia reciente registraba un antecedente inquietante: el “régimen de Washington” acostumbraba prohibir la venta de partes y repuestos de aviones estadounidenses a países clasificados por el Departamento de Estado como “hostiles a los Estados Unidos” o como “no cooperativos” en la nebulosa y vaguísima guerra contra el narcotráfico y el terrorismo internacional. O sea, a países que tuviesen la osadía de adoptar una política no alineada con la de los Estados Unidos. Y esto era un riesgo que no podía ser subestimado por los compradores.

En otras palabras, aunque los Super Hornet parecían más atractivos, tanto en términos económicos como por lo avanzado de su tecnología y por la continuidad que ofrecían con parte de la dotación actual de la FAB, lo cierto es que el incidente diplomático del espionaje unido al peligro de que, en caso de un conflicto entre Brasilia y Washington, éste hiciera con Brasil lo que, por ejemplo, hizo hace poco más de diez años con la Venezuela Chavista contribuyó a debilitar al frente “pro-estadounidense”. Como se recordará, en esa ocasión el Presidente George W. Bush impuso un embargo a la venta de partes y repuestos y, lo que es más importante, al envío de los sistemas computarizados de navegación y combate que, como los software de las computadoras, se renuevan cada pocos meses y sin cuya última versión el “hardware”, en este caso los aviones, dejan de prestar los servicios que se espera de ellos. Bastaría con que en el caso de un diferendo la Casa Blanca decidiera embargar, aunque sea temporariamente, el suministros de las nuevas versiones de esos sistemas para que esos aviones quedaran prácticamente inutilizados y la Amazonía desprotegida. Si lo hizo con Chávez, ¿por qué no habría de reincidir en esa conducta en el caso de un conflicto de intereses con Brasil?

Lamentable ausencia de una reflexión geopolítica

La parálisis que bloqueó por tanto tiempo la renovación del material aéreo de la FAB se habría destrabado fácilmente si los involucrados en la toma de decisión se hubiesen formulado esta simple pregunta: ¿cuántas bases militares tienen en la región cada uno de los países que nos ofertan sus aviones para vigilar nuestro territorio? Si lo hubieran hecho la respuesta habría sido la siguiente: Suecia no tiene ninguna; Francia tiene una base aeroespacial en la Guayana francesa, administrada conjuntamente con la OTAN y con presencia de personal militar estadounidense; y Estados Unidos tiene, en cambio, 77 bases militares en la región (último recuento, a Diciembre del 2013), un puñado de ellas alquiladas a -o co-administradas con- terceros países como el Reino Unido, Francia y Holanda. Algún burócrata de Itamaraty o algún militar brasileño entrenado en West Point podría aducir que esas se encuentran en países lejanos, que están en el Caribe y que tienen como misión vigilar a la Venezuela bolivariana. Pero se equivocan: la dura realidad es que mientras ésta es acechada por 13 bases estadounidenses instaladas en sus países limítrofes, Brasil se encuentra literalmente rodeado por 24, que se convierten en 26 si sumamos las dos bases británicas de ultramar con que cuenta Estados Unidos –vía la OTAN- en el Atlántico ecuatorial y meridional, en las Islas Ascensión y Malvinas respectivamente y en el medio de cuya línea imaginaria se encuentra nada menos que el gran yacimiento petrolífero del Pre Sal. Es obvio que comprar armamento a quien amenaza con tan formidable presencia militar no parecería ser un ejemplo de sensatez y astucia en el sofisticado arte de la guerra.

Por otra parte, al adoptar una decisión de esa envergadura debería haberse ponderado la probabilidad del estallido de algún tipo de conflicto abierto, inédito hasta ahora en la historia de las relaciones brasileño-estadounidenses pero no por eso imposible. Probabilidad sumamente baja, por no decir inexistente, si de Rusia o China se trata, pero cada vez mayor en el caso de Estados Unidos o algunos de sus “proxis” –tal vez “secuaces” sería el término más apropiado- europeos embarcados en una cacería cada vez más violenta a inescrupulosa de recursos naturales. Por lo tanto, las chances de que, en el curso de los próximos diez o quince años, puede surgir un serio enfrentamiento entre Brasilia y Washington por la disputa de algunas de las enormes riquezas albergadas en la Amazonía –agua, minerales estratégicos, biodiversidad, etcétera- o por la eventual negativa de Brasil a secundar a Estados Unidos en una aventura criminal como la que planea para Siria o Irán, o la que llevara a cabo en Libia e Irak, no es para nada marginal. Es más, diríamos que Estados Unidos, acosado por la desestabilización del orden neocolonial impuesto en Medio Oriente con la colaboración de aliados tan nefastos como Israel y Arabia Saudita y sus crecientes dificultades en Asia ponen en cuestión el suministro del petróleo y las materias primas y minerales estratégicos demandados por su insaciable voracidad de consumo. Esta combinación de factores torna altamente probable que más pronto que tarde se desencadene una clara confrontación entre Washington y Brasilia. Si tal eventualidad fuese un mero juego de la imaginación y de bajísima –por no decir nula- probabilidad de concreción no se comprenderían entonces las razones por las cuales Estados Unidos desplegó tal cantidad de bases cercando férreamente al Brasil por tierra y por mar. Si Washington lo hizo no fue por descuido o por casualidad, sino en anticipación a algún diferendo que sus estrategos estiman será de difícil, o imposible, resolución por la vía diplomática. Si instalaron las bases es porque, ¡sin la menor duda!, el Pentágono contempla en el horizonte una hipótesis de conflicto con Brasil. De otro modo tal costoso despliegue de esas unidades de combate sería ridículo y completamente incomprensible.

El chantaje estadounidense sobre los aviones europeos

Ante esta inocultable realidad una parte creciente de los actores de este proceso decisional comenzaron a inclinarse por los Rafale franceses hasta que … ¡el presidente François Hollande arrojó por la borda toda la tradición gaullista al declarar que su gobierno estaba dispuesto a secundar nada menos que el plan criminal de Barack Obama de bombardear Siria! Este anuncio fue hecho después que el Parlamento británico se rehusara acompañar tan siniestra iniciativa, con lo cual surgió de inmediato la siguiente pregunta: ¿qué garantías podría tener Brasil de que, ante un diferendo con Estados Unidos, París no se inclinaría solícita ante un pedido de la Casa Blanca de bloquear el envío de partes y software para los Rafales adquiridos por Brasil? Si hace apenas unos pocos meses Hollande demostró su incondicional complicidad con un plan criminal como el bombardeo indiscriminado de Siria, ¿por qué pensar que actuaría de modo diferente en caso de un conflicto abierto entre Brasilia y Washington? En tal eventualidad la
Casa Blanca recurriría al manual conteniendo sus “procedimientos estandardizados de operación” (SOP, por su sigla en inglés) y rápidamente denunciaría que Brasilia “no colabora” en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico con lo cual se convierte en una amenaza a la “seguridad nacional” de Estados Unidos y, escudándose en una ley del Congreso, embargaría el envío de partes y software al país sudamericano a la vez que solicitaría que hagan lo mismo sus aliados europeos. ¿Podría confiarse en que Francia, o llegado el caso Suecia, no se plegarían a la exigencia norteamericana? ¡De ninguna manera! Veamos el registro histórico: en la actualidad países como Corea del Norte, Cuba, Irán, Siria, Sudán y, para ciertos productos, la República Popular China, son víctimas de diversos tipos de embargos, y en todos los casos Washington cuenta con la solidaridad de sus compinches europeos. En el caso cubano, el más radical de todos, lo que hay más que un embargo para cierto tipo de productos es un bloqueo integral ¡cuyo costo para los cubanos equivale a dos Planes Marshall en contra! En relación a los aviones franceses y suecos los decisores brasileños tendrían que haber conocido qué proporción de partes y tecnología estadounidenses contenían los Rafale y los Gripen-NG. Porque si llegaban a tener más de un 10 por ciento -no de todo el avión sino de cada una de sus principales partes: aviónica, fuselaje, sistemas electrónicos, informática, etcétera- bastaría para que, en caso de conflicto con Brasil, Washington exigiera la aplicación de un embargo sin que los gobiernos actuales (y los previsibles) de Francia o Suecia pudiesen negarse a obedecerlo so pena de transgredir una legislación concebida nada menos que para garantizar la seguridad nacional de Estados Unidos. Tómese nota de lo siguiente: el motor que propulsa al Gripen-NG es un desarrollo de una turbina fabricada por la empresa estadounidense General Electric. Sólo con eso es suficiente para que ante una controversia entre Washington y Brasilia Suecia pueda verse obligada a interrumpir el suministro de partes y software para los aviones vendidos al Brasil, a menos que esté dispuesta a enfrentar los costos de un serio conflicto con Estados Unidos.

El Sukhoi: la carta rusa

Así las cosas, lo único que podría haber garantizado la independencia militar del Brasil habría sido adquirir sus aviones en países que, por su poderío, por razones de su propia inserción en el sistema internacional y por su estrategia diplomática, estuvieran exentos del riesgo de convertirse en obedientes ejecutores de los mandatos de la Casa Blanca. Hay sólo dos países que detentan esas características y que, a la vez, cuentan con la capacidad tecnológica para construir aviones caza de última generación: Rusia y China, fabricantes del Sukhoi y el Chengdu J-10 respectivamente.

En consecuencia, el debate sobre quién suministraría los nuevos aviones que Brasil -¡y los países con los que comparte la cuenca amazónica!- necesitan llegó abruptamente a un punto completamente inesperado: descartados los F-18 y los Rafale, la opción más razonable habría sido llamar a una nueva licitación y permitir la inscripción de los aviones rusos y chinos. Infelizmente no fue ese el camino elegido por Brasilia. Alguien podría preguntarse qué tienen de malo los Gripen-NG suecos. No sólo lo que indica el informe secreto filtrado a la prensa y detallado más arriba sino que, además, desde el punto de vista político no hay garantía alguna de que Estocolmo –es decir la Suecia de hoy, no la que existía en los tiempos de Olof Palme, que por algo fue asesinado- vaya a comportarse de manera distinta ante una requisitoria de Washington de embargar el envío de partes y software a los Gripen-NG de la FAB. Por eso el 18 de Diciembre del 2013 el Ministro de Defensa de Brasil, Celso Amorím, anunció el resultado de la licitación con la adjudicación de los mismos a la empresa sueca SAAB, fabricante de Gripen-NG. “La elección se basó en los criterios de desempeño, transferencia de tecnología y costo”, dijo en la rueda de prensa convocada a tal efecto. Desgraciadamente la elección no tuvo en cuenta el criterio más importante para la toma de decisiones en asuntos que hacen a la autodeterminación y la defensa nacional: la geopolítica. ¿Cómo se pudo ignorar que un informe oficial del Parlamento Europeo del 14 de Febrero del 2007 estableció que con posterioridad a los atentados del 11-S -entre 2001 y 2005- la CIA operó 1.245 vuelos ilegales en el espacio aéreo europeo, trasladando “detenidos fantasmas” (“ghost detainees”) hacia centros de detención y tortura en Europa (especialmente Rumania y Polonia) y Oriente Medio? Entre los gobiernos que se prestaron a tan siniestro tráfico se encuentra el país donde se fabricarán los aviones encargados de vigilar el espacio aéreo brasileño, Suecia, que si bien en el citado informe no es acusado de haber admitido “interrogatorios” en su territorio pero sí de haber permitido que esos “vuelos de la muerte” estadounidenses se reabastecieran y encontraran apoyo logístico en sus aeropuertos. Siendo esto así, ¿cómo confiar que un país que se prestó a una maniobra tan atrozmente violatoria de los derechos humanos podría rehusarse a “colaborar” con Washington en caso de que éste le solicitara interrumpir el envío de suministros, partes y software para los Gripen-NG de la FAB?

Conclusión

Por eso decíamos antes y lo ratificamos con más fuerza ahora que la única opción realmente autónoma que tenía la presidenta Dilma Rousseff era la de adquirir los Sukhoi rusos, aún al costo de tener que soportar virulentas críticas dentro y fuera del Brasil. Dentro, porque a nadie se le escapa que hay sectores internos que proponen olvidarse de Latinoamérica y militan a favor de una incondicional alianza con los Estados Unidos y Europa, y en los cuales prevalece la mentalidad de la Guerra Fría que Estados Unidos se ha esmerado en mantener viva a lo largo de todos estos años, si bien con algunos maquillajes. Por ejemplo, no se habla ya del “peligro soviético” pero sí de la “amenaza terrorista”; y Rusia, al dar asilo y protección al ex agente de la National Security Agency (NSA) Edward Snowden, confirma que no se encuentra del lado de la libertad y la democracia sino precisamente en la vereda de enfrente. Y críticas fuera del Brasil, porque Estados Unidos no sólo habría presionado para abortar una posible decisión a favor de los Sukhoi sino que, en caso de concretarse la adquisición, hostigaría a Brasilia con condenas y sanciones de todo tipo. La desorbitada ambición del imperialismo y sus sistemáticos atropellos a la legalidad internacional y a la soberanía nacional brasileña no le dejaban a la presidenta Rousseff ninguna otra alternativa. Su única escapatoria para garantizar el control de la cuenca amazónica, más por necesidad que por convicción, eran los Sukhoi. Cualquier otra opción ponía seriamente en riesgo la autodeterminación nacional. Lamentablemente estas consideraciones geopolíticas no fueron tenidas en cuenta y se tomó una mala decisión -la menos mala porque peor aún hubiera sido adquirir los F-18- pero mala al fin porque es antagónica al interés nacional brasileño y, por extensión, a las aspiraciones de autodeterminación de Sudamérica. Con esta decisión Brasil podrá vigilar y preservar la integridad de la amenazada Amazonía mientras no exista un diferendo con Estados Unidos o alguno de sus compinches; pero si un conflicto llegara a desatarse Brasil quedaría prácticamente desarmado, rehén de los chantajes y la prepotencia de Washington. El problema no era tan sólo con los aviones de la Boeing sino también con los de cualquier otro país que previsiblemente se inclinara solícito ante las requisitorias de Washington, como todos los europeos. Comprarle los aviones caza al aliado de quien espía a las autoridades y las empresas brasileñas y aliado también de quien acecha al país con veintiséis bases militares es un gesto de increíble insensatez política y que revela un imperdonable amateurismo en el arte de la guerra, errores estos que le van a costar muy caro al Brasil y, por extensión, a toda Sudamérica. Con la adquisición de los Gripen-NG se ha desperdiciado una magnífica oportunidad de avanzar hacia la autodeterminación militar, prerrequisito de la independencia económica y política. No sólo Brasil tomó una pésima decisión que perjudica su soberanía; también perdió la UNASUR porque con ella se obstaculiza la clara percepción de quién es el verdadero enemigo que nos amenaza con su infernal maquinaria militar. Por eso hoy es un día muy triste para Nuestra América. Como se dice en la jerga de los videojuegos de guerra, “game over”, ¡y desgraciadamente ganaron los villanos! Ojalá que los movimientos sociales y las fuerzas políticas patrióticas y antiimperialistas de Brasil tengan la capacidad de revertir tan desafortunada decisión.

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Aumentos y falencias de fin de año

Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

El aumento de precios es una preocupación social, especialmente si se es parte del 70% de los trabajadores asalariados, los que perciben menos de $5.000, según datos del Indec a junio del 2013. O si se pertenece al 73% de los jubilados nacionales que perciben la mínima, algo así como la mitad de los ingresos de 2/3 de los trabajadores asalariados en la Argentina.

La demanda social popular por mejorar los ingresos se generaliza en estas horas, y por ahora, las policías mejoraron sus haberes, como los camioneros obtuvieron un bono de fin de año, no remunerativo, por supuesto. Es parte de la situación de irregularidad que sufren un tercio de los trabajadores asalariados en el país.

El nuevo piso de la demanda de ingresos de los trabajadores, como reclamó en las calles esta semana la CTA y otras organizaciones sociales y políticas, ronda los $8.000 y el 82% móvil para los retirados.

Acuerdos de precios

La política económica responde por ahora con un nuevo “acuerdo de precios” en alimentos, bebidas, artículos de limpieza y de tocador. Unos 180 productos con precios acordados entre proveedores y el Estado.

¿Será uno más de otros “acuerdos” previos?

Vuelve a aparecer la figura del control popular, esta vez con capacidad de auditoria desde el ente de recaudación.

Ante los bajos ingresos populares, vale el intento de morigerar la remarcación de precios de la canasta de consumo de las familias con menores recursos económicos y financieros.

Claro que aún falta precisar el precio definitivo al que se ofrecerá esa lista de productos.

¿A qué precio se ofrecerán? ¿Regirán precios actuales, ya incrementados en estos días, o se retrotraerá la situación a alguna fecha anterior?

No recuerdo que los precios alguna vez bajaran, lo que puede considerarse un comentario pesimista que ratifica que los “mercados” ya hablaron. Ojalá nos equivoquemos.

El dólar en alza

Mientras se pretende contener el aumento de algunos precios, el de las divisas crece en forma acelerada.

No hace mucho el gobierno perjuró que no devaluaría. El tipo de cambio ya supera el promedio de valuación previsto para el 2014, cuestión debatida hace apenas meses, en septiembre, cuando se aprobó el presupuesto del próximo año y se imaginaron las variables de la evolución económica futura.

Algunos explican que no se trata de una devaluación sino de una depreciación de la moneda local respecto de las externas. Más allá de disquisiciones técnicas, lo real es que la modificación del precio del dólar y las demás monedas externas incide en el establecimiento de los precios locales, los que se corrigen en función de la dependencia de la Argentina del ingreso de importaciones para la producción.

El costo del alza de las divisas modifica los precios relativos en el conjunto de la economía, e induce una profundización de la ecuación de beneficiarios y perjudicados. Así, se afirman las tendencias a la expansión de la brecha de ingresos y calidad de vida de una mayoría empobrecida contra una minoría de amplio acceso al mercado de consumo y acumulación de riqueza y poder.

La política económica vuelve a intentar administrar o contener por consenso algunos precios, mientras que otros, caso del dólar, los aumenta.

Cortes de electricidad y tarifas

Una incógnita pasa por la disminución o quita de subsidios, los que significarán en simultáneo incremento de tarifas de servicios públicos, especialmente de electricidad y transporte.

El tema se agudiza ante la seguidilla de cortes de electricidad y agua que promueve protestas sociales y demandas extendidas contra las empresas concesionarias producto de las privatizaciones en los 90´.

Está claro que la política de privatizaciones es un fracaso para la sociedad y un gran negocio para las empresas, más allá de lo que cuentan sus balances contables.

La exhibición de pérdidas puede asumirse como un chantaje para incrementar precios o inducir expropiaciones ventajosas luego de agotar la potencia de la acumulación de ganancias.

El propio gobierno amenaza con hacerse cargo de la prestación del servicio de iniciativas empresarias descapitalizadas y sin proyectos de modernización, algo que también ocurre en el área de las comunicaciones, especialmente la telefonía celular.

La lógica es la del Mercado y el Estado capitalista

En definitiva, asistimos a la lógica del Mercado capitalista, donde el aumento de precios favorece la apropiación de mayor rentabilidad del capital y cuanto esto no es posible se acude al Estado capitalista, primero para que subsidie, y si no alcanza, entonces que expropie y compense la salida de la empresa en problemas.

Es la historia reciente del correo, de los ferrocarriles y más costosa aún, la de YPF, incluyendo una negociación que supondrá el incremento de la deuda pública por $5.000 millones de dólares. Una deuda a cancelar por recursos fiscales a costo de satisfacer necesidades de la población.

¿Es la subordinación a la lógica de la ganancia la única posibilidad? Responder el interrogante nos lleva a discutir el orden económico, político y cultural de la sociedad contemporánea, y no solo de la Argentina, sino de la región y del mundo.

¡¡¡Felices Fiestas!!!

Julio C. Gambina es Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.

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Acerca de los sindicatos policiales

A. Guerrero (PRENSA OBRERA, especial para ARGENPRESS.info)

El conflicto con las policías de casi todo el país ha devuelto al debate público el asunto de la sindicalización policial, con la cual ahora están de acuerdo hasta los macristas de PRO y los “renovadores” de Sergio Massa, junto con un amplio arco político que va desde Víctor De Gennaro, Hugo Moyano y Héctor Recalde hasta dirigentes de la Unión Cívica Radical y del FAP. Todos ellos se preguntan si el sindicato “podría servir para ponerles fin a los autoacuartelamientos (y) terminar con el autogobierno policial” (Página/12, 15/12). Es decir, si podría ser un instrumento eficaz de regimentación y control de crisis.

En estos planteos resulta evidente la ausencia de caracterización de la policía en el Estado capitalista, por un lado, y de las rebeliones policiales contra su propio Estado, por el otro. En febrero de 1974, una asonada policial en Córdoba (el “navarrazo”), impulsada desde la jefatura de la fuerza y desde el propio gobierno de Perón, dio el punto de partida a un proceso contrarrevolucionario que culminó con el golpe militar del ’76. No estaba en juego en aquella ocasión ninguna cuestión relativa a la sindicalización, sino el rescate del Estado por parte de las fuerzas represivas y de las paraestatales. Los acuartelamientos recientes responden a otro conjunto de factores: uno, la crisis inflacionaria, o sea la crisis fiscal, que siempre tiene un efecto disolvente en los aparatos estatales; dos, una manifiesta crisis del aparato policial, como consecuencia de depuraciones debidas a su entrelazamiento con el delito organizado y en especial con el narcotráfico; tres, una pérdida de autoridad del gobierno como resultado de la crisis general y de su derrota electoral.

Que Gendarmería reprima a la policía tucumana, responsable de delitos y desapariciones de personas, y que inmediatamente esa policía reprimida reprima, a su vez, a los vecinos que le reclaman seguridad, o que se enfrente al gobierno de Alperovich, que ha protegido sus delitos y negocios; o que Daniel Scioli y su ministro del área, el matón Alejandro Granados, admitan la disgregación y la podredumbre policial cuando proponen privatizar la “seguridad”, son síntomas extremos de esa descomposición y de esas crisis. Enarbolar los reclamos salariales para justificar una “salida sindical”, mientras se deja a un costado la caracterización concreta de la policía, por un lado en cuanto fuerza de choque contra los trabajadores y contra la juventud y, por el otro, en su situación actual de descomposición, equivale a dar status legal a la mafia del aparato estatal e incluso al narcotráfico, que tienen amplias posibilidades de infiltración y control de esos “sindicatos”.

El derecho de huelga

Carlos Tomada y Jorge Capitanich, a diferencia de los anteriores, se oponen a los sindicatos policiales porque, según dicen, la sindicalización implica derecho de huelga y eso no puede reconocerse en el caso de la policía. Capitanich añade que no puede haber sindicatos “de gente armada”. Uno y otro agitan espantapájaros, porque nadie propone un derecho de huelga policial y menos que nadie la CTA, principal abogada de la sindicalización de “los azules”.

Los defensores K de la sindicalización, como Raúl Zaffaroni y Marcelo Sain, intentan tranquilizarlos. Vinculan el sindicato de policías con una “reforma policial” que consideran indispensable y, al igual que De Gennaro, Recalde y, por supuesto, PRO y el Frente Renovador, hacen hincapié en que un sindicato policial no debe tener derecho de huelga. Es más: coinciden en esa negación del derecho de huelga algunos agrupamientos policiales que pugnan por la sindicalización, como Apropol y otros. Por tanto, no proponen un sindicato sino un instrumento de mediación para contener la crisis y, en el caso de Apropol, para hacer incluso una defensa corporativa de la policía con toda su carga de corrupción y criminalidad. Esas propuestas no hablan, por ejemplo, del personal de la Guardia de Infantería, que se encarga del asalto a las movilizaciones populares, ni del personal de los servicios de inteligencia.

Zaffaroni, como León Arslanián, propone, además de sindicatos policiales, descentralizar la policía, dividirla en pequeñas fuerzas a cargo de los intendentes. Policías comunales, en definitiva. Es una propuesta vieja que pondría a la policía, más aún, bajo control de las intendencias y de los punteros barriales; es decir, del delito organizado. En ese contexto, el sindicato policial sería, simplemente, una nueva organización mafiosa.

Los socialistas y la policía

Como es sabido, lo que distingue a los socialistas de los anarquistas es, principalmente, la reivindicación, por parte de los primeros, del trabajo en las instituciones del Estado. Este trabajo no se limita al parlamento o los municipios. Se trata de una diferencia de método que tiene que ver con dos factores fundamentales. En primer lugar, esas instituciones son un producto histórico, o sea, creado por grandes transiciones históricas que los pueblos solamente pueden superar a través de la experiencia -o sea, de otra transición histórica. En segundo lugar, no pueden evitar, incluso en su condición de instrumentos despóticos contra las masas, que se refracten en su seno las contradicciones de la sociedad capitalista y sus crisis. Muchos izquierdistas admiten este postulado solamente para el parlamento, al cual transforman, para estos fines, en una representación de la voluntad popular. Por su contenido, sin embargo, el parlamento es el padre material y espiritual de la coacción contra el pueblo, simplemente porque es el que dicta las leyes que organizan al conjunto del Estado, incluidos la policía y los servicios de inteligencia. Esos mismos izquierdistas, de todos modos, violan cotidianamente la acción reservada al parlamento cuando se presentan ante otro poder del Estado, la Justicia, con denuncias y apelaciones. ¿Por qué dejar al margen, entonces, a la policía, que hace cumplir las leyes del parlamento y las órdenes de la Justicia? En 2011, el Frente de Izquierda estuvo a punto de presentar una lista para la elección del Consejo de la Magistratura (una elección que, finalmente, no tuvo lugar).

No hay ninguna necesidad de darles a los policías la categoría de “trabajadores” o “proletarios” para orientar un trabajo político hacia ellos. Encerrar la actividad socialista entre esos términos (trabajador, no trabajador) es, simplemente, una cretinada. En numerosas empresas, destacadamente en el subte y en aeronáuticos, el activismo ha organizado sindicalmente al personal de seguridad, que se encarga, como es obvio, de proteger la propiedad de los patrones. La institución policial (represora) incorpora una contradicción entre su jerarquía y la base, entre las camarillas superiores -entrelazadas con el aparato estatal y las grandes corporaciones- y un personal de agentes, que estalla, si no periódicamente, sí cada vez que la crisis social y política alcanza niveles excepcionales. Ignorar la importancia de estas crisis en la disolución del Estado burgués sería imperdonable; la cuestión de los salarios aparece, en forma recurrente, en estas crisis. Sin un trabajo socialista profundo en la policía, la lucha contra la represión y, a término, por el desmantelamiento del aparato represivo, sufriría serias limitaciones. Rechazar este trabajo es puro anarquismo, no es socialismo.

Ahora bien: para este trabajo en la policía es necesario un programa. La cuestión de los salarios es muy importante, claro, pero lo es mucho más la relativa a los códigos de faltas, o sea la persecución sistemática de la juventud, que lleva al gatillo fácil y a la tortura en las comisarías. Asimismo, la oposición a reprimir las movilizaciones populares. La lucha popular contra los códigos de faltas y por la inspección de las comisarías por comités populares, debe ser llevada a los parlamentos y al interior de la policía -¡incluido el boicot a la aplicación de los códigos de faltas! Los partidarios de la sindicalización no hablan de este trabajo, o sea que sindicalizarían al gatillo fácil. Solamente sobre la base de un trabajo socialista sistemático y solamente sobre la base de la formación de una fracción socialista importante en la policía, tendrá actualidad la reivindicación de un sindicato de la categoría inferior de la policía. Una posibilidad de este tipo, como lo prueban numerosos ejemplos históricos, depende en gran medida de un ascenso excepcional de la lucha de los trabajadores. Lo que está claro, de cualquier manera, es que en caso de que se legisle la formación de (pseudo)”sindicatos” policiales, los socialistas deberíamos desarrollar un trabajo político adentro de ellos.

“Semana Santa”

Las asonadas policiales últimas, que han tenido diferencias marcadas en cada provincia, no tienen nada que ver con aquel “navarrazo” cordobés de 1974 ni responden a una tendencia golpista de la burguesía, cuyos partidos políticos se unieron al gobierno para denunciar la llamada “extorsión” de la policía. Los levantamientos ocurrieron en medio de una verdadera disparada inflacionaria, que hizo estallar la crisis salarial en la policía; por eso los aumentos salariales han tenido un impacto muy grande entre los trabajadores y un impacto político en general. El estallido sacó a flote (por si faltaba) la pugna entre camarillas vinculadas con los punteros políticos, al delito organizado y al narcotráfico. Puso en evidencia, en este plano, la tendencia disolvente en los aparatos del Estado, que se hará más intensa con el agravamiento de la crisis fiscal. Las asonadas pusieron de relieve, precisamente, el “trabajo político” de todas las fracciones, legales o ilegales, de la burguesía adentro del aparato policial.

El conjunto de la burguesía se colocó del lado del gobierno, pero además ha puesto sordina a la designación de César Milani al frente del Ejército (una medida que tiene mayor alcance estratégico que las asonadas policiales). Dado el control que Milani tiene de la inteligencia estatal, no hay que excluir que hubiera dejado andar estas asonadas para reforzar su pretensión a encabezar el Ejército. Todavía no ha sido dicha la última palabra acerca de la negativa del gobierno de enviar la Gendarmería a Córdoba antes de los saqueos, ni del papel de Milani, que cuenta con una red de punteros en esa provincia, en esa negativa.

Ningún socialista necesita “defender” la asonada policial (incluso debe denunciar todas las combinaciones mafiosas que han intervenido en ella) para señalar a los trabajadores la oportunidad que esas asonadas han creado para reclamar un básico de 8.500 pesos, equivalente a una canasta familiar. La posición, sin embargo, de numerosos izquierdistas, que cuestionan esos aumentos como una “extorsión” de la policía, sirve directamente al ajuste que reclaman el FMI y el capital financiero internacional. Estamos ante un caso único de cretinismo izquierdista. Coinciden con el “acta democrática” firmada en el Congreso, que precisamente denuncia la “extorsión” con la mirada puesta en la necesidad de ocultar su propio papel en la descomposición policial y, sobre todo, en la de impedir que esos aumentos se conviertan en un reclamo generalizado de los trabajadores. Hay que hacer notar, además, que el argumento de la “extorsión” ha sido utilizado sistemáticamente por los K o los Macri contra los trabajadores del subte y de otros servicios públicos, con el objetivo puesto en una regimentación del derecho de huelga bajo la excusa de asegurar “servicios esenciales”.

Estos izquierdistas coinciden, especialmente, con la posición oficial del gobierno y del kirchnerismo, que consideran a esas asonadas o sediciones como una reacción política contra un gobierno “nacional y popular”. La consigna: “Para los trabadores, sí; para la yuta, no”, significa plantear el desmantelamiento de los aparatos represivos por la vía de la disminución los salarios de su personal, un absurdo.

Conclusión

En el contexto de la crisis fiscal, inflacionaria y de pagos internacionales, y de la disgregación del gobierno -ahora coparticipado con un jefe de Gabinete y distintos funcionarios ajenos a la camarilla oficialista-, Argentina ingresa en una etapa excepcional de desarrollo de los antagonismos acumulados desde 2002. Hay, al mismo tiempo, un frente único (mayoritario) en favor de que el gobierno pueda mantener el control de las cosas, en el marco de la renegociación de deuda externa y la entrega petrolífera. La devaluación de la moneda, y la hiperinflación que podría desatar, amenaza esta coalición frágil. Se plantea, como nunca, la reivindicación de que la crisis la paguen los capitalistas, o sea salario básico de 8.500 pesos, jubilación de 82% móvil, control obrero, nacionalización de la banca, del comercio exterior y de los recursos estratégicos, cese del pago de la deuda externa.

Sobre la base de esta orientación se abre la oportunidad de extender el campo de acción conquistado por el Frente de Izquierda y desarrollar una alternativa de poder de la clase obrera.

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Juicios contra la impunidad y ascenso de Milani: Las dos caras del Estado

Hugo Blasco (ACTA)

Groucho Marx sostenía críticamente y en clave de humor: “estos son mis principios, si no les gustan tengo otros”. Algunos lo asumen como sentido de la oportunidad o de la conveniencia que le dicen, y lamentablemente lo hacen desde posiciones de gobierno, cuando sostienen ciertos principios en algunas ocasiones y otros diametralmente opuestos a continuación.

¿Cómo alguien que se precie defensor de los derechos humanos puede abruptamente pasar a defender y promover al superior cargo del Ejército, a “capa y espada”, a un militar de máximo rango denunciado como responsable del terrorismo de Estado?

¿Cómo esa misma persona, en otro momento, puede justificar que un alto funcionario nacional del Ministerio de Seguridad secuestre ilegalmente a un grupo de personas que reclamaban ayuda social del Estado, entre los que se encontraban niños y ancianos, llevándolas a una sede militar durante más de un día?

¿Cómo puede asimismo impulsar una legislación penal para que una ley nacional se convierta en una herramienta represiva idónea para “disciplinar” a los sectores populares?

¿Contradicciones u oportunismo?

¿Podemos hablar de contradicciones? Posiblemente. Pero quizás lo más acertado sea hablar de sobreactuaciones que justifican la subordinación al proyecto de las clases dominantes.

Quien posee fuertes convicciones no tiene que preocuparse por conocer el “apropiado discurso” porque lo construye con acciones, con historia, con consecuencia y coherencia.

Contrariamente, el oportunista, el especulador, el demagogo, debe hacer lo que no siente. Entonces sobreactúa: es el mayor defensor de los derechos humanos, nadie lo supera.

Es más, la lucha empezó con él. Tenía amigos y compañeros que están desaparecidos por la Dictadura como si eso fuera un mérito. Se vincula con Organismos de DDHH a quienes ignoró durante décadas sobre todo en los años del Terrorismo de Estado.

Todo viene bien. Encontró la veta. No tiene costo. Es casi un héroe. Pero en algún momento pierde el rumbo, o lo que es peor, muestra su ¿verdadero rostro?

Entonces propone el ascenso del denunciado represor Milani, justifica el delito cometido por Berni, impulsa y logra aprobar la Ley Antiterrorista. Podríamos seguir con la lista…

¿Cuál es la verdadera cara del Estado?

En el día de ayer se iniciaron las audiencias de uno de los juicios de lesa humanidad más emblemáticos, La Cacha, que se desarrolla en los Tribunales Federales de La Plata. En dicha causa el Estado nacional es querellante a través de la Secretaría de DDHH de la Nación.

Ahora bien, ¿qué papel define realmente a este Estado? ¿El que exige juicio y castigo a los represores o el que los premia?

Quizás se trate de la llamada “reconciliación”. Entonces vale la banalización de los lugares de la Memoria o el deseo presidencial que en diciembre de 2015 no hayan más juicios, por ejemplo.

Luchar por la vigencia plena de los derechos humanos no es tarea sencilla. Exige mucha fortaleza ideológica, la que es puesta permanentemente a prueba por la realidad.

Por eso mismo en estos tiempos de tanta confusión política e ideológica debemos resaltar que hay un hilo conductor en la historia individual y colectiva que nos lleva del pasado al presente, ida y vuelta, y que todo, o casi todo, lo explica.

Por eso, no le pidamos peras al olmo y construyamos nosotros la alternativa popular, con autonomía de los patrones, los partidos y los gobiernos. Será nuestro homenaje a todos los represaliados, por la memoria y la emancipación popular.

Hugo Blasco es Secretario de Derechos Humanos de la CTA.

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Un viaje hacia la coherencia y las convicciones con Norita Cortiñas

Luis Angió (LA RETAGUARDIA)

Se cumplieron doce años del inicio del “Que se vayan todos”. Rebelión popular, crisis institucional, huida de un Presidente y de su gobierno elegido en democracia.

19 y 20 de Diciembre de 2013. Doce años después me encuentro en el Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio conocido como “Virrey Ceballos”, ubicado en la calle del mismo nombre, entre los números 628/30, en pleno barrio de Balvanera. Desde allí La Retaguardia va a emitir Oral y Público, un programa radial que realizan junto al Instituto Espacio para la Memoria. Van a entrevistar a Nora Cortiñas y a Víctor Basterra. Fernando Tebele me invita a ser parte de esa entrevista; junto a Eugenia Otero, Silvina Manguía y Catriel Fernández harán la transmisión. Acepto la invitación y cuando llego a ese edificio me doy cuenta de que he pasado cientos de veces por allí pero nunca lo he registrado como lo que fue y como lo que es hoy.

Mientras esperamos a Norita y a Víctor, recorro el edificio y registro en fotos el lugar, una construcción de principios del siglo pasado. Se percibe que fue una casa de alguna familia adinerada de Buenos Aires, pero entre los años 1976/77 la Fuerza Aérea la utilizó como un Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio (CCDTyE) de políticos y luchadores populares para luego enviar a algunos de ellos a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Al fin llega Norita. Son casi las seis de la tarde. Nos dice que se había retrasado porque pasó a saludar a quienes se estaban manifestando en Plaza de Mayo con la CTA-Michelli y otras organizaciones sociales, políticas y sindicales.

Como Víctor Basterra no llegó todavía, comienza el programa con ella. No tiene mucho tiempo porque se irá luego a la inauguración de la Estación Darío y Maxi en Avellaneda, donde la esperan a las siete de la tarde. Lo que dice no es nada nuevo. Lo que siempre se escucha de ella: la defensa de los derechos humanos de ayer y de hoy. Las luchas populares, en donde se la encuentra en cualquier lugar de nuestro país, y un poco más allá, como por ejemplo en Honduras, contra el golpe de estado que derrocó al Presidente constitucional Manuel Zelaya.

Se termina la entrevista y como yo voy a la estación Darío y Maxi, me ofrezco a llevarla. Si bien a Norita la conozco desde hace muchos años, cuando era Delegado General en la Comisión Interna del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y venía siempre a entregarnos su solidaridad en momentos de lucha, nunca tuve la posibilidad de tenerla solo para mí conversando informalmente. Me recuerda a mi mamá; podría ser mi mamá. Mi mamá vive todavía y el próximo lunes 23 cumplirá 89 años. Norita tiene unos años menos y es mucho más activa. La salud de mi mamá no resistiría ese andar de hormiguita viajera que tiene Nora. Muchas veces me digo que si yo hubiera sido Gustavo, el hijo de Norita, seguramente mi mamá hubiera sido ella. Porque me bancó todos los años de militancia, antes, durante y después de la dictadura. Y porque se bancó los 18 años de proscripción del peronismo en un exilio interno, sin trabajo firme y ganándose el peso sin claudicar en sus principios y convicciones.

El tránsito en la Capital Federal es intenso y por la Avenida San Juan se vuelve insoportable. Llegamos a la autopista que nos lleva al Puente Pueyrredón. El tránsito es lento, vamos a paso de hombre. Por primera vez no protesto y manejo contento, no quiero acelerar, no quiero llegar. La presencia de Norita como acompañante me hace sentir importante. Comenzamos a charlar sobre la entrevista y las últimas noticias respecto al ascenso de Milani como Comandante en Jefe del Ejército, después de la aprobación del pliego por parte del Senado de la Nación. “Esto es volver a la obediencia debida”, me dice.

Me comenta sobre su lucha y la relación con algunos organismos de Derechos Humanos y cómo en estos años se ha transformado en una disputa ideológica y discursiva a favor y en contra de la política del Gobierno. No me da nombres propios pero me dice que ya no quiere disputar discursos con quienes, considera, se han aparatado de la lucha por los reclamos de Memoria, Verdad y Justicia. Que no quiere reconciliarse con genocidas y que no está de acuerdo con la solicitada que apareció publicada hoy. Lo fundamenta: “no quiero conciliar. Tampoco quiero venganza. Solo quiero Justicia”.

Suena el celular de Norita. “Cada dos minutos tengo una llamada, me llaman de todos los medios”, y otra vez es una radio que le pide una entrevista en vivo. Le comenta que está yendo a la Estación Darío y Maxi, que si no se corta la comunicación la atiende con gusto. Comienza la entrevista. Mientras voy manejando la escucho hablar, pero no lo que le pregunta el periodista. Su respuesta no es distinta a la que le vengo escuchando desde hace minutos, horas, meses, años… Coherencia. Convicción, Principios. Aclara que habla a título personal, que ella no es presidenta de nada, ni de Madres Línea Fundadora ni de nada… Es Norita, nada más… ¡Nada Menos!

Termina la entrevista y sigue nuestra charla. Estamos cruzando el Riachuelo y llegando al acceso para bajar hacia la Estación Darío y Maxi. Hay un grupo de policías que desvían el tránsito. Por aquí no se puede seguir. Pienso qué tengo suerte, y un rato más para compartir este viaje. Me desvío por donde nos indican y vamos a parar a un cruce para acceder a la Avenida Pavón. Autos y semáforos que no nos ponemos de acuerdo para avanzar. Norita ya dejó la charla conmigo y está preocupada porque quiere llegar al acto a las siete de la tarde, como estaba pautado. Estamos llegando, pero a una cuadra de la estación otro retén policial nos impide llegar hasta el palco donde comenzará en minutos el acto.

Me acerco a un policía y le muestro mi credencial de periodista. Norita se está acomodando su pañuelo blanco. Nos dejan pasar. Estaciono y la acompaño hasta el lugar donde está el palco. Todos la reconocen a su paso. Son saludos, besos y abrazos de los que están ahí presentes.

Faltan unos minutos para el comienzo del acto. Les pido a los compañeros de la organización una silla para que Norita se pueda sentar hasta que comience. Pero ella dice que no, que así está bien, que sentada se pone más nerviosa. Y se queda allí hasta que la convocan junto a Cachito Fukman, de la Asociación ex Detenidos Desparecidos (AEDD), para homenajear a las organizaciones y personalidades de los DDHH que han estado siempre junto a la lucha por Darío y Maxi. Sube al escenario y habla. Recuerda a Darío y a Maxi; a Julio López; a Luciano Arruga; a tantos otros y a los treinta mil detenidos– desaparecidos. Con la fuerza que le pone a cada lucha con la que se compromete grita: ¡30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS, Presentes, ahora y siempre!, y todos los que están allí responden a coro: ¡ Ahora y siempre! Tres veces.

Se baja del escenario y un compañero se acerca para decirle que ya está listo y dispuesto con un auto para llevarla a Morón, porque está invitada por la FM En Tránsito, que cumple 25 años al aire, a la presentación de un libro. El estudio de la radio se llama Nora Cortiñas. Es la radio de su barrio. Demasiadas razones para no faltar a la cita. Los medios de comunicación la buscan para hacerle notas y reportajes; no se niega con nadie. Son las siete y media de la tarde. Pasó una hora y media desde que llegué a “Virrey Ceballos”. En el medio fue la entrevista en Oral Y Público, por www.laretaguardia.com.ar y el viaje por el acceso hacia Avellaneda; el acto en la Estación Darío y Maxi; y ya se estaba yendo a otra actividad en la quería estar presente.

Me quedo un rato más en la estación, y siguen los reconocimientos a quienes acompañaron la lucha por Darío y Maxi, entre ellos la Red Nacional de Medios Alternativos, que lo recibió por haber sido quien estuvo en primera fila denunciando y acompañando a los familiares y compañeros, y transmitiendo todos los años desde esa estación y el puente las vigilias y los actos recordando a estos dos compañeros que no son más que los miles que día a día luchan en sus barrios, en sus trabajos y organizaciones por una sociedad más justa.

Me voy del acto y me quedo pensando si después de cuarenta años de militancia, algún día podré llegar a ser como Norita Cortiñas. Muchas y muchos tenemos esa deuda pendiente y solo la podremos ir saldando con más militancia; con más compromiso; con más coherencia y dignidad, como nos lo enseña ella todos los días.

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Necesitamos "una educación a disposición de los hijos de los trabajadores" (Parte I)

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

Con José Escobar- Secretario de Organización del Suteba Escobar- conversamos sobre la situación educativa y salarial de esa región y provincia, la burocracia sindical, las pruebas Pisa, el modelo chileno, la formación docente y los desafíos por venir.



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Argentina: Sobre la inscripción on line en la Ciudad de Buenos Aires

APDH

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos manifiesta su preocupación por la medida tomada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto de la inscripción on line de los alumnos de las escuelas públicas de su jurisdicción. Dicha decisión es coherente con la política de esta administración que atenta sistemáticamente contra el derecho social a la educación y que, desde el comienzos de su gestión, ha favorecido a la educación privada en detrimento de la escuela pública.

La Ciudad de Buenos Aires es el único distrito del país que muestra un acrecentamiento de la matrícula en las escuelas privadas de tal magnitud que llega al 50% de las escuelas de la Capital. Esta distribución permite al Ministerio impulsar el cierre de grados mediante la distribución arbitraria entre distritos, escuelas, grados y cursos al interior de cada establecimiento. La inscripción on line facilita el vaciamiento de la escuela estatal.

Se ignoró el reglamento escolar que establece prioridades por ejemplo, que los niños cuyos hermanos concurren a una escuela tienen prioridad para tener vacantes en ella. Hubo casos de sobreasignación de matrícula cuando, mediante correos electrónicos se informó que por las vacantes asignadas había grados con más de 40 alumnos. Familias que no utilizaron el sistema on line sino por vía de los contratados por el Ministerio se quedaron fuera. El personal docente que conoce el sistema y sus distintas modalidades no fue tomado en cuenta, lo que habría evitado la improvisación y falta de seriedad que se pusieron en evidencia en los métodos utilizados además de hacer ahorros en un presupuesto de por sí muy exiguo y además de a menudo subejecutado.

La vice Jefa de Gobierno admitió 3500 casos que presentaban problemas y el Ministerio explicó que estimó en 50.000 el número aspirantes a vacantes que en cambio llegaron a 80.000.

Para el año entrante esperan una matrícula de 203.500 alumnos, o sea un recorte de casi 20.000 alumnos. Esta situación hace temer cierre de cursos, aulas superpobladas y menos puestos de trabajo para los docentes. En el nivel secundario, por ejemplo, muchos aspirantes quedaron en lista de espera en un turno pese a haber muchas vacantes en el otro.
Los datos anotados constituyen solo una muestra de los errores cometidos pero que de ningún modo los agota.

Las familias que escogen una educación pública, laica y gratuita deben tener garantizado el derecho a enviar a sus hijos a aquellos establecimientos que imparten el tipo de educación que desean, y que les garantiza, a diferencia de la teoría y la práctica de la presente administración, que la educación no es una mercancía sino la exigencia al Estado de la formación de una ciudadanía con espíritu crítico y valores de justicia, solidaridad y libertad.

Mesa Directiva
Ciudad de Buenos Aires, 20 de diciembre de 2013

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Estación a la victoria

Claudia Rafael (APE)

La historia entera se concentró en ese sitial de la memoria por algunas horas. La estética de las paredes, las voces hondas que clamaban sus nombres; el pequeño altar con un tomate, un durazno y una vela como testimonio de los extraños misticismos que provocan, a veces, la mezcla de la santidad popular con la lucha de clases. Todo entremezclado conducía al 26 de junio de once años atrás. Ayer, una pequeña victoria con nombre de justicia reemplazó aquel nombre que olía a inmigrantes, federalización y genocidios por otro con aroma a utopía y masacre. Darío y Maxi se llama ahora. A sabiendas de que todavía pasará un tiempo antes de que los usuarios cotidianos del Roca digan “quiero un boleto a la estación Darío y Maxi”.

Las paredes de la vieja estación ostentan la historia misma en un relato caótico de esos días de un país que se devoraba las vidas de un solo trago. Las paredes dibujan los rostros de los asesinos y bosquejan las figuras ya míticas de las víctimas. Con sus cabelleras al viento y los sueños intactos y a flor de labios. Darío intentando parar las balas con su mano en alto como si pudiera detener el exterminio con su propia piel.

Darío y Maxi parieron miles de hijos aquel día. Mujeres con rostros surcados por la dureza de la vida en el pobrerío aguachento de los días ayer amamantaban a sus niños mientras otras voces jóvenes coreaban que Darío y Maxi no están muertos. Porque nadie muere para la Historia, si se lo sigue nombrando. Es el triunfo irrefrenable de los de abajo cuando las caras y las letras de sus nombres se constituyen en bandera.

*****

La imagen de la celebración de los 30 años desde aquel 83 que parece ya tan lejano se fundió en un cóctel con la fotografía de la masacre. En las voces se fustigaban las huelgas policiales y la reivindicación de la represión como “trabajo” y el gatillo fácil como “accidente laboral”. ¿Acaso se puede llamar trabajadores a quienes ostentan el plomo en la mano para matar impunemente o por detrás? Nadie sabía allí, donde la sangre de Maxi y de Darío fluyó a la tierra y se transformó en abono para la raíz de las esperanzas, que a 350 kilómetros, en una ciudad de cementos y olvidos, se acababa de lanzar días antes el SinPoPe (Sindicato Policial y Penitenciario) con una frase demoledora: “Tiraron un tiro a Kosterki (con la r transplantada e incomprensible) y Santillán y hace 11 años que vienen `choriando´ con eso, lo mataron al compañero Fuentealba y hace 20 años que los grupos de izquierda están trabajando con Fuentealba. A nosotros nos matan 50 por año y nadie levanta un dedo”.

Los mismos policías sindicalizados –que, en el caso de Olavarría, responden a Hugo Moyano- se atribuyeron allí la libertad de Juan Horacio Coria, el policía que mató de un balazo a “Tito” Ortega, un hombre que simplemente estaba en las orillas del arroyo Tapalqué con la intención de suicidarse. Mientras el policía que mató a Ortega está libre, la mujer de la víctima está custodiada permanentemente por otro policía, de la Federal. Extrañas paradojas de este país en el que suelen reinar las contradicciones.

*****

La misma paradoja que llevó a algunos de los responsables políticos de la masacre a votar a favor del cambio de nombre a la estación. Vanina Kosteki cuestionaba ayer que “varios de los responsables políticos de la muerte de Maxi ahora voten una ley para homenajearlo”. Y la voz de Aníbal Fernández, fue espada del kirchnerismo por años, replicaba: “Me siento en una situación sumamente incómoda. Porque esta chica me ha tomado de punto a mí y lo repite cada vez que tiene oportunidad. Si uno razona, se va a dar cuenta de que es de una idiotez superlativa. Yo era secretario general de la presidencia y las fuerzas de seguridad pasaba a mil millones de kilómetros … Además, ¿qué tengo que ver si desde el 14 de junio no estaba en el país? ¿Y qué hago yo? ¿La querello? Encima que tiene la desgracia de perder al hermano yo tengo que querellarla para que deje de hablar pavadas. ¿La querello y voy por sus bienes? ¿La querello y voy en términos penales a que dé las explicaciones penales encima que perdió a su hermano?”.

Ayer, la estación Darío y Maxi estallaba de banderas rojas y puños en alto. Darío intentando mil veces salvar a Maxi. Maxi escribiendo con su cuerpo el mismo poema parido cuatro meses antes. Ese que decía las bestias me persiguen y ya comencé a desangrar, por aquellos zarpazos que desfiguraron mi rostro y mutilaron parte de mi cuerpo, con todas mis últimas fuerzas hallé una puerta, agitado, desesperado, intento llegar antes que ellos…

No sabían ellos aquel día, que once años más tarde sus nombres estarían estampados en esa estación que les llevó la vida. Tampoco imaginaban que Nora Cortiñas (Madre Línea Fundadora) llevaría, como llevó ayer, una remera roja con sus nombres y que los vivaría junto a los 30.000 que tajeó este país décadas antes. O que una mujer como Mónica Alegre, que apenas podía con sus días algunos años atrás, subiría al escenario hecha un emblema férreo por la historia de ese muchachito que es su hijo, desaparecido en democracia: Luciano Arruga, el que le dijo que no a la policía y por eso lo diluyeron para siempre en la nada.

Con Darío y Maxi se hermanaron miles como ellos. Estaban sobre el mismo escenario los familiares del maestro Fuentealba y de Kiki Lezcano, un pibe acribillado por el alegre gatillo policial.

A ninguno de ellos conocieron Darío y Maxi. No llegaron con sus respiros y sus luchas a abrazarlos. Los mataron antes. Los acribillaron a destiempo como repite testarudamente este país que lleva desde el 83 hasta ahora más de 4000 historias de muerte en manos de alguna fuerza de seguridad. Más de 2500 de esas 4000 fueron posteriores a la masacre de Avellaneda. Más de 2300 en la década K, que sigue nutriendo sus filas de algunos de los responsables políticos de la masacre y sin impulsar sus enjuiciamientos.

Ahora la estación dejó de ser Avellaneda para siempre. Jamás lo imaginó el ex comisario inspector Alfredo Fanchiotti, condenado a perpetua por el doble homicidio. Ni tampoco lo imaginaron Eduardo Duhalde, máximo responsable político de la masacre; o Aníbal Fernández, actual legislador K y entonces secretario general de la presidencia; o Felipe Solá, actual legislador massista y entonces gobernador. Y ni siquiera lo podrían haber pensado jamás Juan José Alvarez, jefe de campaña de Massa y entonces secretario de Seguridad de Duhalde o Alfredo Atanasoff, quien cumplía funciones como jefe de Gabinete. Menos aún Carlos Soria, que era entonces jefe de la SIDE y que murió por mano de su mujer como flamante gobernador de Río Negro.

A pesar de todos ellos y aunque ningún poder se atreva a sentarlos en el banquillo de los acusados y frente a un tribunal, ahora los trenes del Roca se detienen y parten cada día de la estación que, con sus nombres como bandera, alguna vez conducirá a la victoria.

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Dólares a más de 8 pesos para las cerealeras: El combustible de la carestía y el rodrigado

Sergio Szulman (especial para ARGENPRESS.info)

El gobierno acordó con las cerealeras la liquidación de unos 2.000 millones de dólares de cosecha retenida. Con la entrega de bonos “atados al dólar” -es decir actualizados por la devaluación oficial, a un plazo de pago de entre 90 y 180 días, y con un interés adicional del 3,6%-, pretenden frenar la caída de reservas, que supera los 12.500 millones de dólares en el año. El ritmo de devaluación actualmente supera el 5% mensual y llevaría el dólar de los 6,30 pesos actuales a 8,50 al vencimiento de los bonos.

Más devaluación y aumento de las tasas de interés… existe un acuerdo inicial de ingresar entre 1.500 y 1.700 millones de dólares en unas cinco semanas” (El Cronista). Pero “se calcula que por la escapada del dólar paralelo y la aceleración de la suba del oficial los productores retuvieron entre 5.700 millones de dólares y 6.300 millones de la última cosecha de soja dentro de silobolsas”.

El gobierno cede a este chantaje acelerando la devaluación y emitiendo los bonos, pero los montos a liquidar por las cerealeras son parciales y en cuotas, y dependerán del ritmo en que el gobierno siga devaluando. A los bonos de las cerealeras se le suma la autorización a varias provincias a emitir más bonos actualizados por la devaluación oficial, con lo cual se convalida un aumento de la tasa de interés del orden del 60% anual en pesos.

Están echando nafta sobre el fuego de la inflación, que ataca en primer lugar a los trabajadores. El encarecimiento del crédito frenará la economía.

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Víctor Basterra: “no quiero hacer un Disneylandia en la ESMA”

LA RETAGUARDIA

Recién llegado del Foro Mundial de Derechos Humanos realizado en Brasilia, dialogamos nuevamente con Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA, acerca de la iniciativa museográfica que continúa impulsando el gobierno nacional para el Casino de Oficiales de ese ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, a pesar del desacuerdo de un importante grupo de sobrevivientes y organismos de derechos humanos.

“Fue un evento extraño para mí, con muchísimas mesas y actividades. Creo que eso hace que se diluya un poco, pero por otro lado sirve para visibilizar a muchos invisibles. Vi mucha gente que era de los pueblos originarios, del Amazonas, de muchas etnias. Nuestra participación fue más que nada como observadores, llevamos parte de nuestros materiales, pero sirvió también para desactivar algunos intentos raros de instalar alguna idea acerca de la famosa resignificación que se le quiere dar a la Escuela de Mecánica de la Armada”, explicó Víctor Basterra en relación al Foro Mundial de Derechos Humanos del que participó como sobreviviente de ESMA y en representación del Instituto Espacio para la Memoria (IEM), junto con Silvina Manguía.

En este sentido, Basterra hizo una interesante diferenciación en relación a la perspectiva que se tiene de los derechos humanos en Brasil y Argentina: “en Brasil o parte de América Latina, el tema se ve desde otras perspectivas y la idea de la justicia está un poco huérfana. El avance de la Argentina fue establecer el término punitorio como elemento final de todo esto, y después construir todo lo demás. Es decir, acá se pide objetivamente juicio y castigo. En Brasil, por ejemplo se habla de la justicia transicional, y en la presentación del Foro hubo toda una movida en la que noté que hay como una especie de interna en el gobierno brasilero, donde hay quienes impulsan una visión punitoria, de justicia, y hay otra que habla de verdad y reparación, como si dijera ‘sí, reconozco que maté a toda tu familia, ¿cuánto vale?, 50.000 dólares, tomá’, y se acabó el partido”, afirmó Basterra a Oral y Público, en una conversación que estuvo acompañada por un permanente sonido, como si otra persona estuviera marcando. El propio Basterra explicó que es algo que ocurre habitualmente en esa línea telefónica, que pertenece a un familiar suyo: “es un sonido que tiene esta línea y yo me pregunto qué pasará en esta línea. Son siete golpes de número, no sé qué pasa”.

En cuanto al proyecto museográfico que el gobierno nacional tiene decidido realizar en el Casino de Oficiales y que prevé inaugurar el 24 de marzo de 2014, Basterra consideró: “se están charlando las modificaciones que se quieren hacer, pero hay un sector, una línea de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que se quiere apropiar del Casino de Oficiales y lo quiere hacer a través de una instalación. Tienen mucho dinero para eso y han establecido un proyecto que ha sido podado en muchos aspectos. Yo no vi el último proyecto, pero sí el primero, y con un grupo de sobrevivientes nos opusimos abierta y directamente a que se hiciera algo en el Casino, ya que para nosotros tiene que quedar tal cual está y que nadie meta la mano. Si quieren hacer algo que lo hagan dentro de cien años, pero mientras estemos los sobrevivientes ahí dando testimonio, no. Cuando estemos muertos puede que sí, será sobre nuestras cenizas pero ya será otra historia. Además, aspiran a que las visitas sean interactivas para cuando nosotros no estemos, pero eso que lo dejen justamente para cuando no estemos; sin embargo ellos lo quieren hacer para el 2014. El día que se abrió el debate en la Secretaría de Derechos Humanos, yo planté que no solamente estábamos los sobrevivientes sino también las guías que hacen el recorrido todos los días. Y Oscar Parrilli (secretario general de la Presidencia) nos vino a mostrar todos los visitantes que tiene la Casa de Gobierno y los pocos que tiene la ESMA, pero a mí no me importa eso, yo no quiero hacer un Disneylandia de esto”.

“Esto no es una atracción turística, esto es un recordatorio”, dijo enfático Basterra y añadió: “si alguien quiere ir como turista será para saber la historia argentina y cuáles son las consecuencias y el contexto en el que se dieron las cosas. Cuando uno va a Auschwitz sabe que ahí sucedió un Holocausto, una cosa espantosa, pero la ESMA da lugar a muchas interpretaciones porque hay un montón de expresiones que se están dando en este momento que no tienen nada que ver con la tragedia que sucedió en la Argentina. Acá te dicen que hay que cubrirlo con alegría, pero así estás buscando el olvido, más tarde o temprano vas a decir que nos reconciliemos con las fuerzas armadas, incluso con aquellos que torturaron e hicieron desaparecer gente, pero yo aspiraría a que nunca suceda eso, por eso estamos tomando las prevenciones”.

En este sentido, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVyJ) realizó hace unos días una conferencia de prensa en la que se reveló parte del contenido de documentación secreta del Poder Ejecutivo sobre el tema. Por ejemplo, se dio cuenta de un convenio de cooperación y colaboración entre la Secretaría General de Presidencia de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos y la Universidad Nacional de San Martín para el desarrollo de un “proyecto museográfico integral del Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio de la Ex ESMA (Casino de Oficiales)”, a inaugurarse el 24 de marzo de 2014.

En su décima cláusula, se establece que “las partes involucradas se avendrán a las pautas de seguridad y confidencialidad propias de la seguridad presidencial”. Esto se opone a los “Principios fundamentales para las políticas públicas sobre sitios de memoria” del Instituto de Políticas Públicas del Mercosur, que plantea: “el diseño institucional de los sitios de memoria debe incluir mecanismos de transparencia, monitoreo y evaluación que permitan la rendición de cuentas y el control por parte de la sociedad, incluyendo la ejecución presupuestaria”.

Cabe recordar que esta propuesta museográfica se lleva adelante en el edificio del Casino de Oficiales de la ESMA, que fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2008, y como tal considerado intangible por la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, que depende de la Secretaría de Cultura de la Nación, por lo que una puesta museográfica en ese lugar podría alterar sus valores como espacio memorial.

Además, constituye una prueba tanto para el juicio que se está realizando actualmente ante el Tribunal Oral Federal N° 5, como para los tramos que se encuentran en instrucción y que serán elevados próximamente a la instancia de oral y público.

A su vez, el EMVyJ convocó realizó el sábado 14 de diciembre un acto político cultural bajo la consigna “Ante la historia oficial, la memoria es del pueblo”. Se desarrolló en la vereda de la ESMA, ubicada en Avenida del Libertado al 8100, y participaron bandas musicales, obras de teatro y luego se leyó un documento. Las actividades fueron acompañadas por una radio abierta que realizó la Red Nacional de Medios Alternativos.

Para Basterra, se trata de un problema que hay que resolver incluso ante la justicia, porque existe una cuestión jurisdiccional: “se debe respetar la autonomía del otro y más la que tiene el IEM (ente a cargo de la administración del edificio Cuatro Columnas y del Casino de Oficiales). Esta autonomía es invalorable y hasta hace unos años era el ejemplo que se quería seguir en otras provincias, que es cuando el movimiento de derechos humanos no está involucrado con la partidocracia; es decir, que haya diversidad pero nadie lleve agua para su molino. Esto es de un colectivo que alcanza a todo el país y eso hay que respetarlo, no hay que montarse sobre una idea y convertirlo en un hecho cierto y que nadie hable más. Hay un montón de personas que estamos en esta historia”.

Un montón de personas cuya opinión debería ser escuchada. Los sobrevivientes, con todo el aporte que han realizado para que hoy ese lugar sea un espacio para la memoria, merecen tener voz y voto sobre lo que allí se haga. Podrá decirse que, ahora, ese predio es de toda la sociedad. Suena muy lindo. Pero es más de ellos que de nosotros. Aunque algunos demuestren pensar lo contrario.

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Argentina. Casi 2 casos de tortura por día en cárceles y comisarías bonaerenses desde el 2000

Rosario Marina (COSECHA ROJA)

Uno de los 328 casos de tortura por parte de la policía o el servicio penitenciario de este año ocurrió en Pergamino. En la calle. En Plaza Merced, el 26 de mayo. La policía trasladó a un pibe, menor, hasta la comisaría 1ra. Según su denuncia, lo insultaron, lo humillaron, le pegaron cachetadas y lo golpearon con un palo, llegando incluso a ponérselo en la cola. El abuso sexual se repite en diez casos más. Todos menores de edad.

Desde la creación del Banco de Datos, en el año 2000, hay 8909 casos registrados de torturas en cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires. Esto es: casi dos casos diarios. 4300 son denunciados y 4609 se conocen bajo secreto profesional.

En el informe que presentó el defensor general de Casación de la provincia, Mario Coriolano, se registraron 328 casos de torturas entre el 1ro de mayo y el 19 de septiembre de 2013. Cien de esas víctimas fueron menores.

Los datos no son del todo precisos. Es muy probable que sean más. Coriolano explicó que las únicas cifras que tienen son las registradas por los defensores oficiales en su trabajo, el número real depende de la buena voluntad de los operadores. “A veces hay menos registro, lo que no quiere decir que haya menos tortura” aclaró.

Otro caso, que en el informe resaltan por la gravedad: la policía golpea con puños, puntapiés y armas en el cuerpo a una mujer después de esposarla. Hoy está en silla de ruedas.

En el año 1999, los defensores públicos notaron que había un aumento preocupante de la violencia policial. Esto los llevó a armar un registro no sólo de los hechos denunciados judicialmente sino también de aquellos que por temor a represalias no se denunciaban, y que conocían sólo los defensores bajo secreto profesional. Esa es la llamada “cifra negra”. Desde el año 2000 se trata de un 50% de los casos. De los 8909 casos registrados desde la creación del Banco de Datos, 4300 son denunciados, y 4609 son bajo secreto profesional.

Este es el segundo informe del año periódico del Banco de Datos de Casos de Tortura y Otros tratos o penas crueles, Inhumanas o Degradantes. Los casos son del 1ro de mayo al 10 de septiembre de 2013. Y es la segunda vez que no aparece ningún dato de La Plata, “(…) cuando en La Plata están las cárceles con mayor cantidad de detenidos. Eso no puede obedecer a otra cosa que a la falta de registro. En realidad habría que hacer actuaciones internas por parte de la Procuración General para que den explicación los operadores de por qué no registran”.

Cinco autoridades reciben el informe: Gobernador, a los Presidentes de cada Cámara, a la Procuradora General y al Presidente de la Corte. Toda la información forma parte de una base de datos que existe desde marzo del 2000.

Lo que se pide es la puesta en marcha de la policía judicial; que el Subcomité para la Prevención de la Tortura haga visitas periódicas a los lugares de detención; y que se creen comisiones de expertos independientes que analicen las situaciones sistemáticas de tortura que permanecen impunes. “No se investiga. Cuando se investiga se lo hace mal. Y cuando alguna causa llega a juicio se la califica de una manera benigna”, explicó Coriolano.

De los casos no denunciados, 3408 son de ámbitos policiales, y 1042 son de cárceles. A Coriolano lo que más le preocupa son los casos en ámbitos policiales, porque las víctimas siguen en contacto con los agresores. “El traslado o la posibilidad de protección es mayor en la cárcel que en la comisaría”.

Los indicadores que se manejan en el informe son: torturas/malos tratos;superpoblación/agravamientos ilícitos; y prueba falsa/obstaculización del ejercicio de la defensa.

En el caso Migone (http://cosecharoja.org/de-bru-a-migone-no-te-metas-con-la-novena-2/) se cruzan ejes de tortura y causa armada. “A veces se arman causas para tapar situaciones de abuso de poder”. “Estamos trabajando con la Asociación Miguel Bru porque hay casos en la comisaría 9na de torturas después de Miguel (Bru) y antes de Migone. Estamos viendo de hacer un informe conjunto de esos hechos.” En el juicio oral se descubrió que a Migone le habían inventado una causa.

En la presentación, dialogaron el defensor general y Rosa Bru –madre de Miguel Bru, torturado y desaparecido en la comisaría 9na de La Plata-. En este período que abarca el informe, Rosa se acuerda de un par de casos. Uno de ellos es el de Peralta. Una causa armada en la defensoría. “El muchacho que estaba cuidando sus hijos, entró la policía con un allanamiento acusándolo de un robo. Lo llevan a declarar a la defensoría y al otro día muere”, explica Rosa.

Este caso, sumado a los que denunció Julián Axat (defensor del fuero de responsabilidad juvenil de La Plata) de chicos que mataron, no están en los datos del informe.

Con respecto a los métodos de tortura, Mario Coriolano dijo a Cosecha Roja: “La verdad no veo que haya nuevos métodos. Sí se notan características regionales y locales. En nuestros registros se repiten las modalidades que se pueden ver en los informes: patadas, golpes de puño. Se ve a muchos menores que los desnudan.Y sigue la picana y el submarino seco. Las víctimas dicen que el submarino seco es el más inaguantable: prefieren morir”.

Finalizando la presentación, dijo que existe una deuda pendiente por parte del poder judicial. “Se deja en evidencia que hay una deuda pendiente por parte del Estado, en primer lugardel poder judicial. Pero también de los poderes ejecutivos en fuerzas de seguridad y penitenciaria como es la policía y los carceleros que son instituciones jerárquicas y que están involucrados en muchos nichos de corrupción y violencia institucional que se retroalimenta”.

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Argentina. Centro universitario de compañeros de la Unidad 9 de La Plata: Denuncias y reclamos a los tres poderes públicos

AGENCIA WALSH
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“A los métodos de tortura más difundidos durante la dictadura (submarino seco y húmedo, golpizas, picana eléctrica) se agregan otros no menos gravosos (duchas o manguerazos de agua fría, bastonazos en las plantas de los pies, aislamiento absoluto por varios meses, traslados constantes, etc.) que persiguen la neutralización subjetiva de la persona y no el tan enunciado fin de la resocialización constitucional. (…) La provincia destina $6.809 mensuales por cada persona detenida. Con este monto debe brindar seguridad, alimentación, medicamentos, elementos de higiene y limpieza a los 28.000 detenidos en 60 establecimientos penitenciarios. Gran parte de estas sumas se pierden en los circuitos de corrupción que están ligados a las inhumanas condiciones de detención y a las torturas que padecen los detenidos. El robo de alimentos, medicación, útiles de limpieza, etc. provoca el padecimiento de hambre, nula higiene y desatención médica de los detenidos. Para sostener estas condiciones se apela a la violencia institucional, tendiente a callar los reclamos y denuncias de los detenidos”. Así lo expresa en parte del extenso escrito, dirigido a los tres poderes de la Provincia de Buenos Aires, el Centro Universitario de la U9 de La Plata. Allí, los compañeros –entre diversas medidas- solicitan apertura de dialogo, instan reclamos y requieren participación para abordar los graves problemas que padecen presos y cautivas bonaerenses, sus familias y amigos. Llamamos a impulsar las más amplia difusión y solidaridad con sus justas demandas.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

REPRESENTANTES DE LOS PODERES ESTADUALES
EJECUTIVO.
LEGISLATIVO.
JUDICIAL.

S/D.

De nuestra mayor consideración:

Los abajo firmantes, internos alojados en la Unidad Penal N° 9de La Plata, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense, haciendo uso de las prerrogativas que nos confieren los Arts. 12, 13, 14, 56, 57 y 144.4 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en concordancia a los Arts. 14, 16, 18, 28, 33, 75 Inc. 22 de la Constitución Nacional, Arts. 2, 18, 24, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Arts. 5 Inc. 2°, 7 Inc. 6°, 8 Inc. 2°, 23° Inc. a) 24°, 25° de la Convención Americana sobre derechos Humanos Arts, 2, 3, 5, 10 y 15 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos ellos de rango constitucional a través del Art. 75 Inc. 22 de la Constitución Nacional, respetuosamente se presentan y dicen:

EXORDIO.-

Considerando que la problemática Carcelaria adolece de un PROYECTO coyuntural, en procura de las soluciones operativas que se vienen postulando sin arrimar verdaderos cambios positivos y lo cual amerita un exhaustivo y urgente relevamiento, no de dichos, sino de hechos concretos o empíricamente comprobables. Teniendo en cuenta que, a la fecha se manifiesta y denota la inercia ejecutiva de los tres Poderes Estaduales, los cuales por acción u omisión, cercenan, limitan y restringen, Derechos al amparo de Garantías operativamente aplicables por imperio de los Pactos y Tratados Internacionales con jerarquía Constitucional que avala el art. 75 inc. 22 de la Carta Magna Nacional.

Es en consecuencia de ello, que solicitamos apertura de diálogo y requerimos participación como sujetos activos de dicha problemática con la finalidad de formar una comisión de seguimiento con injerencia en los puntos que reclamamos, conformada por las personas privadas de libertad, en todo el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.

Asumiendo que, los mecanismos rectamente empleados no han podido restablecer el imperio de legalidad, en el marco de las normativas impuestas por la C.S.J.N. (fallo Verbitsky).

La situación carcelaria de la provincia de Buenos Aires continúa siendo preocupante. Si bien es verdad que a partir del fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 3 de mayo de 2005, se han registrado acciones dirigidas a aliviar la situación de hacinamiento y sobrepoblación de las cárceles y comisarías, este problema está lejos de encontrar una solución. Sin embargo, resulta evidente la demora –en el ámbito de los tres poderes del Estado provincial– en la implementación de políticas que se adecuen a los estándares constitucionales.

Y aún en un contexto de extrema gravedad y emergencia, es innegable la dificultad que tienen los distintos poderes del Estado provincial para desarrollar acciones coordinadas, a fin de alcanzar soluciones plausibles en un plazo razonable.

Desde otro prisma, cabe señalar que como consecuencia de sus propias acciones, los internos pueden ser privados de determinados derechos fundamentales para la libertad. Aun así, la Constitución y las leyes nos reconocen determinados derechos y principalmente conservamos la esencia de la dignidad humana, inherente a todas las personas. El respeto por aquélla dignidad se corporiza en la prohibición de todo castigo o trato cruel, inhumano o degradante. El concepto básico subyacente no es otro que el de la dignidad humana (art. 5 D.U.D.H. y art. 7 del P.I.D.C.P.).

Sentado ello, cabe señar que para encarcelar, la sociedad toma de los presos los medios para satisfacer la propia necesidad. Así, los internos dependen del Estado para comer, vestirse, contar con atención médica adecuada, acceder a la educación, etc. Una falla de la cárcel para proveer de sustento a los internos puede producir tortura física o una muerte lenta. Así como un interno puede morir de hambre si no se lo alimenta, puede sufrir o morir si no se lo atiende médicamente. Una cárcel que priva a sus internos del sustento básico, es incompatible con el concepto de dignidad humana y no puede tener lugar en una sociedad civilizada. En efecto nuestra Carta Fundacional proclama en su art. 18 …”las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos mas allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice”.

Dado este contexto de crisis estructural del sistema carcelario provincial, entendemos que la política más razonable es que cada uno de los poderes del Estado provincial promueva y desarrolle acciones efectivas, en el marco de sus respectivas competencias, de modo coordinado con los otros poderes.

Hasta el momento, el Poder Ejecutivo ha agotado sus estrategias de intervención en la construcción de cárceles, lo cual denota una perspectiva errada en tanto parece reducir la problemática de la sobrepoblación a la falta de infraestructura edilicia. Pero aún desde esa perspectiva, las decisiones del Poder Ejecutivo resultan criticables por la falta de claridad en los criterios utilizados para determinar el cupo carcelario y la inobservancia de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.

El Poder Legislativo provincial promovió un intento de adecuar la legislación penitenciaria a los estándares constitucionales. Sin embargo, los proyectos consensuados en ese ámbito ni siquiera tienen estado parlamentario y aquellos que han sido trabajados incurren en gravísimas violaciones a los derechos constitucionalmente reconocidos.

Asimismo, los jueces de la provincia deben controlar, de acuerdo al mandato de la C.S.J.N., el respeto de las Reglas Mínimas en los lugares de detención, y hacer cesar la detención en comisarías de la provincia de menores de edad y enfermos, como así también toda eventual situación de agravamiento de la detención que importe un trato cruel, inhumano o degradante.

Según esas directivas, la S.C.B.A. dictó las resoluciones nº 58/05, 262/05, 2376/06 y 314/06. Asimismo, convocó a una audiencia pública para analizar la situación de las personas privadas de su libertad en la provincia, y el estado de ejecución del fallo Verbitsky.

Los inconvenientes en la implementación judicial del fallo Verbitsky están relacionados con la persistencia de prácticas fuertemente arraigadas en la rutina del trabajo judicial, cuya paulatina erradicación exige –cuanto menos– el establecimiento de parámetros claros, por parte de la SCBA, para evaluar y modificar ese desempeño. También es necesario desarrollar un control sostenido en el tiempo del cumplimiento de esas pautas.

Así las cosas, la situación que atraviesa desde hace ya mas de una década la institución carcelaria puede analizarse comparando el problema con una telaraña. En este sentido, la tensión de varios hilos está determinada por la relación que existe entre todas las partes de la red, por lo que si se tira de un solo hilo, la tensión de toda la tela se redistribuirá en un nuevo y complejo patrón. Sólo un enfoque multidimensional, que tenga en cuenta varias causas, incluyendo el hacinamiento, el uso discrecional de la prisión preventiva y la omisión jurisdiccional entre otras, podrá llegar a una solución. Esto último es lo que venimos a proponer con la presente demanda.

MOTIVAMOS AGRAVIOS
Como puede advertirse sin mayor esfuerzo, la capacidad máxima de alojamiento del sistema carcelario está ampliamente superada, tal como el propio Poder Ejecutivo lo admite por ejemplo a través de las declaraciones periodísticas del vicegobernador Gabriel Mariotto.

El hacinamiento es la causa primaria de la violación de los derechos Humanos, específicamente, el maltrato grave e ilegal de presos mediante la groseramente inadecuada provisión de cuidados médicos, alimenticios, educacionales, y un largo etcétera.

La importancia de los derechos afectados y la gravedad de la situación de sobrepoblación y hacinamiento carcelario que se denuncia, justifican sobradamente la convocatoria a una Mesa de Dialogo a fin de que la cuestión suscitada sea resuelta bajo las máximas garantías de inmediación y transparencia. De esta forma, estaremos evitando llegar al punto en que el MALESTAR generalizado dentro de las cárceles bonaerenses erosione con impulsos violentos que desencadenen una serie de motines a lo largo de Nuestra Provincia.

Precisamente el carácter estructural del problema torna impracticable una solución total e inmediata. Por la multiplicidad de los actores involucrados (gobierno provincial, administración penitenciaria, legisladores, jueces, fiscales y defensores) se requiere una acción mancomunada de estos, en el marco de sus respectivas competencias, para revertir la situación. Pero no obstante ello, venimos a reclamar nuestro lugar en esa construcción del cambio, como personas capaces de producir alternativas y generar respuestas positivas a favor de nuestras necesidades. Teniendo en cuenta que las obligaciones de estos actores se componen de múltiples y variadas cargas que necesariamente requieren planeamiento y despliegue a lo largo del tiempo.

A continuación expondremos los temas que pretendemos abordar y desarrollar en la Mesa de Dialogo solicitada. Ellos se refieren a las medidas que le competen a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para garantizar el cumplimiento del fallo “Verbitsky” y alcanzar los estándares mínimos en materia de política criminal.

Solicitamos se adopten las siguientes medidas y se nos de participación e información sobre el proceso de restructuración del sistema penal, toda vez, que las modificaciones que proponemos proyecta una mejor, segura y rápida recuperación de los internos y en consecuencia, toda mejora en nuestro tratamiento como seres humanos, hará que comprendamos mejor la humanidad y permitirá incorporarnos mas fácilmente a ella.

SOLICITAMOS SE ADOPTEN LAS SIGUIENTES MEDIDAS

I.- Poder Ejecutivo:

a) Efectivizaruna conmutación de penas a condenados alojados en dependencias del Servicio Penitenciario Bonaerense, según las atribuciones que le confiere el artículo 144.4 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Solicitamos que se tenga en consideración de este punto los fundamentos que fueran expresados en el marco de la presentación de solicitud de Conmutación de Penas a favor de condenados en la provincia de Buenos Aires realizada por la Asociación de Pensamiento Penal con domicilio en calle 46 nº 646 de La Plata.

La sobrepoblación carcelaria trae aparejadas consecuencias deletéreas e indeseables, como el hacinamiento, la promiscuidad, el aumento de la violencia intracarcelaria e institucional, a lo que se ha sumado, recientemente, la dificultad para atender las necesidades básicas de la población privada de la libertad, como lo es la alimentación y la salud.

El Papa Juan Pablo Segundo –Jubileo en las cárceles, 9 de julio del 2.000- proclamó que;

“…Los poderes públicos que, en cumplimiento de las disposiciones legales, privan de la libertad personal a un ser humano, poniendo como entre paréntesis un período más o menos largo de su existencia, deben saber que ellos no son señores del tiempo del preso…

…En el marco de estas propuestas abiertas al futuro, y continuando una tradición instaurada por mis Predecesores con ocasión de los Años Santos, me dirijo con confianza a los Responsables de los Estados para implorar una señal de clemencia en favor de todos los encarcelados: una reducción, aunque fuera modesta, de la pena sería para ellos una clara expresión de sensibilidad hacia su condición, que provocaría sin duda ecos favorables, animándolos en el esfuerzo de arrepentimiento por el mal cometido y favoreciendo el cambio de su conducta personal…” (La negrita nos pertenece).

En consecuencia y advirtiendo que se encuentra dentro de su esfera de incumbencias la posibilidad de disponer una conmutación general de penas para condenados solicitamos que se efectivice tal medida propendiendo a descongestionar los niveles de sobrepoblación de las unidades penales bonaerenses.

b) Solicitamos que se adopten la medidas pertinentes para que en la órbita del Servicio Penitenciario Bonaerense se de cumplimiento inmediato y completo del Habeas Corpus Colectivo interpuesto por detenidos de la Unidad 9 de La Plata, respecto de los informes criminológicos, resuelto favorablemente por la Sala I del Excmo. Tribunal de Casación Penal Provincial (Causa Nº 35.601).

c) Se decrete la inmediata intervención del Patronato de Liberados por abandonar a la inmensa mayoría de sus tutelados, en el período más delicado (12 meses posteriores a su egreso) y abrumarlos con trámites estériles y aturdirlos con falsas promesas, en lugar de asistirlos concretamente.

d) Se instrumenten de inmediato medidas reales para ayudar a que el liberado no reincida empujado por necesidades primarias insatisfechas.

e) Se instaure un meticuloso e intensivo procedimiento para reconstituir los vínculos familiares de los compañeros alojados en establecimientos neuropsiquiátrico, que están “olvidados del mundo cual muertos civiles”.

f) Se controle estrictamente que los traslados de detenidos, no sean empleados como método de tortura institucionalizada.

g) En vista a la extremada crisis institucional imperante, se adopten medidas de emergencia, readaptando las “atenuaciones” de las coerciones procesales (art. 163, CPP, domiciliarias, pulseras, etc.) a condenados y procesados con el 50% de la pena cumplida cualquiera sea su monto.

h) Solicitamos especialmente que se pondere la situación particular de mujeres con hijos encarcelados menores de edad y se efectivicen medidas morigeradoras de la prisión preventiva o prisión domiciliaria en los casos de condenadas, teniendo como base la aplicación efectiva de la Convención sobre los Derechos del Niño. Teniendo en cuenta que los últimos informes señalan que en la población de mujeres detenidas, 17 se encontraban embarazadas, 74 estaban detenidas con sus hijos/as y 91 chicos/as se encontraban detenidos/as con sus madres, lo cual muestra la falta de sensibilidad por parte de los funcionarios que legitiman esa situación.

A mayor abundamiento consideramos que por años, el sistema de las cárceles bonaerenses ha caído incluso por debajo del mínimo constitucionalmente requerido y falló en proveer a los internos de derechos básicos y fundamentales de salud, higiene, alimentación, trato digno, asistencia real sobre adicciones, etc., etc. La muerte y el sufrimiento innecesario han sido el resultado mejor documentado. A través de los años los esfuerzos por revertir estas violaciones se han visto frustrados por el grave hacinamiento del sistema penitenciario bonaerense y las soluciones de corto plazo en la provisión de cuidados han sido erosionadas por los efectos de largo plazo del hacinamiento grave y persistente creando condiciones inseguras y antihigiénicas de vida, que hicieron que una provisión efectiva sea de muy difícil o imposible logro.

La provincia destina $6.809 mensuales por cada persona detenida. Con este monto debe brindar seguridad, alimentación, medicamentos, elementos de higiene y limpieza a los 28.000 detenidos alojados en los 60 establecimientos penitenciarios de la provincia de Buenos Aires. Gran parte de estas sumas se pierden en los circuitos de corrupción que están ligados a las inhumanas condiciones de detención y malos tratos o torturas que padecen los detenidos. El robo de alimentos, medicación, útiles de limpieza, etc. provoca el padecimiento de hambre, nula higiene y desatención médica de los detenidos. Para sostener estas condiciones se apela a la violencia institucional, tendiente a callar los reclamos y denuncias de los detenidos.

Existen distintos niveles o dimensiones institucionales en la trama de la corrupción, que coexisten e impactan en la vida de los detenidos.

En primer lugar, es imperioso tener “muy” presente que uno de los pilares básicos de todo sustento republicano de Gobierno (art. 1 de la C.N), es el principio de la publicidad de los actos de Gobierno, el mismo tiene por finalidad garantizar a los Ciudadanos la posibilidad de conocer, controlar y eventualmente cuestionar las decisiones de sus representantes. Es una de las libertades fundamentales de la participación ciudadana, a tal punto que todos los poderes se encuentren alcanzadas por ella. Esta temática de especial relevancia como es la política Criminal y Penitenciaria al acceso de la información por parte de la sociedad civil, se vuelve fundamental, ya que en su implementación se define la mayor o menor limitación que sufre el Poder Estatal, frente a las libertades de los ciudadanos.

Sentado ello, y en función al citado art. 1 de la Constitución Nacional solicitaremos se arbitren los medios hábiles conducentes a informar públicamente, de forma visible y clara como se realizan y de qué manera se hacen operativas las siguientes gestiones administrativas, a saber:

*Forma, modo y tiempo, en la que se realizan las compras de todos los insumos, elementos, comestibles, etc., destinados a la población carcelariadistribuida en las diferentes unidades penales. **Si la misma se realiza por licitación pública, privada, o compulsa de precios, se informe su tramitación, conforme lo regula la ley de Procedimientos Administrativos de la Nación Nro. 19.549 o su par provincial Nro. 7.764 a fin de que las personas privadas de la libertad tengan acceso claro e irrestricto a tales informes.

***Cantidad y racionamiento diario de CARNE VACUNA, que se distribuye per cápita en cada unidad penal.

****Cantidad de MEDICACION ESPECIFICA, que se reparte per cápita en cada unidad penal.

*****Cantidad y racionamiento diario de ELEMENTOS DE LIMPIEZAl.

******Cantidad y frecuencia de renovación referente a EQUIPO CELDARIO, SABANAS, FRAZADAS, TOALLAS, COLCHON, PLATOS, VASOS y CUBIERTOS, per cápita en cada unidad penal.

*******Cantidad y racionamiento diario de AZUCAR, HARINA, FIDEOS, ARROZ, PURE DE TOMATE, ACEITE, LECHE EN POLVO, VERDURA, FRUTA., que se dispensa per cápita en cada unidad penal.

********Cantidad y frecuencia de entrega de PAPEL HIGIENICO, JABON TOCADOR, JABON EN PAN, MAQUINA PARA AFEITAR, DENTIFRICO, CEPILLO DE DIENTES, que se dispensa per cápita en cada unidad penal.

**********Se informe por la misma vía, presupuesto erogado al Patronato de Liberados, planes, subsidios y becas entregadas, asistencia de pasajes a familiares, como así también personal destinado y carga horaria.

***********Se realice un relevamiento de las empresas proveedoras privilegiadas por el SPB y que son: Iannone (en 2010 la Contaduría de la Provincia descubrió una escandalosa maniobra fraudulenta en la que la firma había incurrido), El edén SRL, Grupo sureña SRL, CLI distribuidora SRL, San Labrador SRL, Dasem SRL, Frigorífico Visom SA, Distribuidora Virasoro SRL, Alimentos generales SA, Giaver SA, Olazul SA y Sol ganadera SRL.

Teniendo en cuenta que la Contaduría advirtió en su investigación que fue utilizado un procedimiento excepcional –la contratación directa, previsto en el artículo 26, inciso 3, de la Ley de Contabilidad de la Provincia– y se pagaron precios en exceso en relación a valores referenciales obtenidos de la misma institución y anteriores a la emisión de las órdenes de compra cuestionadas, es que solicitamos la inmediata intervención de la defensoría general de casación penal, subsecretaria de derechos humanos de las personas privadas de la libertad y la oficina nacional anticorrupción, con el fin de que por su intermedio se pida el procesamiento ajustado a derecho sobre los funcionarios corruptos que este gobierno emplea.

Los múltiples mecanismos de corrupción estructural y sus conclusiones deben ser resueltos a la brevedad. Desde hace años, el hambre se ha constituido en un acto de tortura que padece la gran mayoría de los detenidos que se fundamenta en estas maniobras que constituyen delitos, causando afectaciones en la salud de las personas, provoca peleas y problemas de convivencia. La provisión de alimentos, elementos de higiene, medicación, termina corriendo por cuenta de nuestras familias, por lo que en la mayoría de los casos nos vemos privados de los mismos.

Se conjuga de esta forma una situación dialéctica en donde la tesis es igual al discurso de inseguridad, la antítesis, el uso indiscriminado del la prisión preventiva y por último, el presupuesto erogado en pos de reprimir y sustentar este aparto preventor es la síntesis perfecta, entre rédito político, y subvención del mismo aparato político, la ecuación seria esta. Discurso para combatir la inseguridad + prisión preventiva + denegación de derechos, - aplicación de Pactos y Tratados Internacionales = rédito político. Si esta ecuación no es así, a tenor de lo palmariamente evidente, esperamos que los fundamentos que esgriman contraríen el mismo, pues otra realidad no se vivencia en las unidades penales.

II.- Poder Legislativo:

En principio consideramos que el excesivo uso de la prisión preventiva y la falta de legislación que se adecue a los parámetros y pautas directrices dictaminadas por los Pactos y Tratados a que nuestro país ha adherido, conculca groseramente los derechos de todos los ciudadanos que habitan la Provincia de Buenos Aires. En efecto, la práctica demuestra que durante el desarrollo del proceso el estado jurídico de inocencia y el derecho a la libertad personal aun cuando constituyen principios universales propios del humanismo penal liberal, son burlados despechadamente cuando se somete a alguien que se considera inocente al requerir prisión preventiva, la mayoría de las veces por tiempo excesivamente prolongado.

En esta inteligencia, se hace propicio recordar lo manifestado por la prestigiosa penitenciarista Española al decir que…”Imponer a un hombre una grave pena como es la privación de la libertad, una mancha en su honra, como lo es la de haber estado en la cárcel y esto sin haberle probado que es culpable y con la probabilidad de que sea inocente, es una cosa que dista mucho de la Justicia. Si a esto se añade que deja a la familia en el abandono, acaso en la miseria y que la cárcel es un lugar sin condiciones higiénicas, donde carece de lo preciso para su vestido y sustento. Donde si no es fuerte pierde su salud., donde si enferma no tiene conveniente asistencia, y puede llegar a carecer de cama, donde confundido con el vicio y el crimen espera una justicia que no llega o llega tarde, `para salvar su cuerpo y tal vez su alma. Entonces la prisión preventiva es un verdadero atentado contra el derecho y una imposición de la fuerza, solo una necesidad imprescindible y probada puede legitimar su uso, y hay abuso siempre que se aplica sin ser necesaria y que no se ponen los medios para saber hasta dónde lo es” (Concepción Arenal, estudios penitenciarios, Madrid, Imprenta de T. Fontanet, segunda edición).

Es verdad que muchas veces las personas privadas de la libertad, se callaron la boca, es cierto, quedaron sin vos, sin corazón, sin aliento, SIN VIDA, sin reclamar sin exigir, entre otros tanto los (33) treinta y tres compañeros de Magdalena. Cuáles de ellos, inocentes a impericia, negligencia, e inoperancia administrativa, sufrieron el escarnio, la mora, y la falta de diligencia del Sistema punitivo Provincial.

Así, la política espectáculo, presenta la prisión preventiva, como un instrumento de lucha contra la criminalidad y como se orienta a satisfacer la opinión pública necesita intimidar en su urgencia por ejercer el control de la alarma pública. Como surge del art. 169 del C.P.P. reformado por ley 13.449 el legislador presume iure et de iure, la presunción de fuga del imputado y con ello la imposición del encierro cautelar con el solo fundamento de la gravedad de la sanción posible, desnaturalizando de esa forma el principio de inocencia y traspasando la mentada medida cautelar en un inconstitucional anticipo de pena.

La reforma del Código Procesal significó un cambio progresivo, en tanto desplazó el viejo sistema inquisitivo que acumulaba en el juez las funciones de acusación y juzgamiento y daba un rol preeminente a la agencia policial en la investigación. Sin embargo, la implantación del sistema acusatorio no sólo ha quedado a mitad de camino sino que también ha sufrido deterioros operados por las más de treinta reformas parciales realizadas en los últimos diez años. En este sentido puede destacarse la limitación de las medidas alternativas a la prisión, transformando en regla el encierro cautelar; la implementación del juicio abreviado como mecanismo extorsivo y disfuncional; el procedimiento de flagrancia, que ha generalizado y profundizado la intervención policial como principal vía de ingreso al sistema penal y fomentado la delegación absoluta de la tarea de los fiscales en la policía. Por otro lado, debe resaltarse que la oralización del proceso penal sólo fue implementada de manera parcial y que las instancias de resolución alternativas de conflictos penales han tenido un desarrollo ínfimo en relación a las instancias netamente represivas.

No merece desprecio, echar un vistazo al comunicado de la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, “considera preocupante el uso abusivo de la detención preventiva en detrimento de los principios de presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad que deben regir este mecanismo procesal. En este sentido, reitera que la detención preventiva de una persona es una medida excepcional, de naturaleza cautelar y no punitiva, procedente únicamente para asegurar que el procesado no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá de la acción de la justicia. La Relatoría observa que los jueces optan por la medida cautelar más gravosa para la vigencia del derecho a la libertad durante el proceso, con el objeto de mostrar eficiencia y evitar los reclamos de la sociedad, los medios de comunicación y del mismo poder político”.

“La Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observa con preocupación las últimas reformas procesales por las que se restringió el acceso a las medidas alternativas a la privación de libertad y se aplican criterios sustantivos para el análisis de procedencia de la prisión preventiva, en contradicción con los estándares internacionales. En tal sentido, exhorta a las autoridades a aplicar la detención preventiva con un criterio eminentemente excepcional e implementar medidas alternativas. Asimismo, es necesario adecuar la legislación procesal de la provincia a los estándares internacionales de derechos humanos”.

Consideramos que los legisladores amen de los esfuerzos que se han alcanzado, tienen todavía por llevar a cabo una ardua tarea en materia legislativa que ubique la política criminal en un marco de respeto sobre los derechos inherentes de los ciudadanos que habitamos la provincia de Buenos Aires; en función de ello es que solicitamos:

a) En vista a la extremada crisis institucional imperante, se adopten medidas de emergencia, readaptando las “atenuaciones” de la coerciones procesales (art. 163, CPP, domiciliarias, pulseras, etc) a condenados y procesados con más del 50 % de la pena cumplida cualquiera sea su monto

b) Por la igualdad ante la ley (art. 16 C.N.) las “salidas transitorias” de provincia se concuerden “realmente” con las de nación y se otorguen desde la mitad de la pena (a procesados y condenados) y no solo seis meses antes de cumplida la condena.

c) Se cree un órgano “extra – poder”, para controlar efectivamente los continuos abusos de los magistrados, fiscales y defensores, quienes parecen estar más allá del “bien y del mal”.

d) Que la reincidencia sea valorada como atenuante por el deterioro personal que produce el encierro en las actuales condiciones, la falta de oportunidades sociales y el abandono institucional.

e) Abrogación del art. 14 C.P., y se otorgue la libertad condicional a los reincidentes, para que además no sean discriminados de la “progresividad” del régimen de ejecución, cuya nota característica esencial, es precisamente la libertad condicional.

f) Se reglamente urgente el cupo del 3% de empleos en la función pública (art. 178 ley 12.256) para ex – detenidos. La falta de reglamentación impide su aplicación, demostrando escandalosamente, desde hace más de una década que no les interesa realmente nuestra integración social, la reincidencia y la inseguridad.

g) Urgentemente se reglamenten los arts. 218 y 188 inc. 4 (ley 12.256) para que las empresas de servicios públicos empleen un 5% de su plantel de personal con penados con salidas laborales y ex -detenidos; y, ante el incumplimiento de esa obligación, se haga efectiva la multa que tendría que destinarse al auxilio económico del liberado y su familia.

h) Abrogación de la ley 25.430 por violar el compromiso internacional a no retroceder en los avances efectuados en materia de derechos humanos, la ley 24.390 (2x1), constituyó un progreso, su derogación constituye un franco retroceso.

i) Abrogación de la ley 25.892 que eleva a 35 años la condicional de las penas perpetuas, por ser inhumana desconociendo la realidad biológica y “el fin esencial” de la prisión que es el retorno con vida al medio libre.

j) Abrogación de la ley que eleva a 50 años el máximo de la pena e impone la suma aritmética en los concursos, por idénticos motivos del punto i).

k) Los delitos de corrupción contra los fondos públicos, que arrastran a miles de ciudadanos a la miseria y al robo tengan mayor pena que el robo con armas (art. 36 C.N.).

III) Poder Judicial:

-RECORDATORIO-

La Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa su profunda preocupación por la información recibida según la cual en los centros de detención se inflingen torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. En particular, se tuvo conocimiento de golpizas frecuentes, muchas veces seguidas de duchas frías (…) malos tratos mediante disparos con balas de goma; aislamiento prolongado en celdas de castigo; hacinamiento y malas condiciones materiales. Durante la visita la Relatoría tuvo conocimiento, inclusive, de tratos crueles inflingidos a un miembro del Servicio Penitenciario como parte de un “ritual de iniciación” para ingresar en un grupo de élite de ese cuerpo. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reitera que existe en el Derecho Internacional un régimen absoluto de prohibición de la tortura, y que los Estados tienen el deber de proteger a los privados de libertad contra todo tipo de amenazas y actos contra su integridad física o mental. Esto incluye el deber de abstenerse de utilizar como castigo disciplinario métodos que puedan ser catalogados como torturas, o tratos crueles, inhumanos y degradantes. De conformidad con la información recibida, entre febrero y junio de 2010 se reportaron 241 casos de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, de los cuales 115 fueron denunciados formalmente ante las autoridades.

La Relatoría también recibió información por parte de diversas fuentes sobre la falta de voluntad del Estado para investigar y sancionar los actos denunciados, la impunidad imperante, y la falta de un registro oficial de los mismos, que permita contar con información fidedigna sobre la dimensión real del problema y diseñar políticas de prevención. En ese sentido, es de resaltar que la falta de castigo alienta la consolidación de prácticas contrarias al respeto a la integridad y la dignidad humana. Al respecto, la Relatoría insta al Estado argentino a tomar las medidas necesarias para prevenir la tortura; y en particular, exhorta a las autoridades judiciales a investigar, juzgar y sancionar a los responsables de hechos de torturas, teniendo en cuenta, para su calificación jurídica, la gravedad de los mismos y los estándares internacionales.

También manifestó en su visita del año 2010, una (…) profunda preocupación por las condiciones de detención en la que se encuentran las personas privadas de libertad en la provincia de Buenos Aires. En este sentido, la Relatoría resalta que en consideración a la posición especial de garante del Estado frente a las personas privadas de la libertad, además de respetar su vida e integridad personal, el Estado tiene la obligación de asegurar condiciones mínimas de detención que sean compatibles con la dignidad humana (…).

En este sentido, la existencia de sobrepoblación, antes que un problema edilicio, es un problema de la administración de justicia. El recurso a cárceles y comisarías abarrotadas no es un problema esencialmente arquitectónico sino que es consecuencia del modo en que se administra justicia. Si las cárceles están sobrepobladas y propician situaciones degradantes es porque la administración del poder penal en la provincia está valiéndose de ese recurso para su funcionamiento. El problema de la sobrepoblación no es un efecto no deseado o coyuntural de falta de planificación política sino el resultado de una serie de comportamientos conscientes de las que distintos actores —entre ellos el Poder Judicial— ha participado más por acción que por omisión.

El sistema de justicia parece concentrado sólo en procesar los casos y decidir encarcelamientos, pero se desentiende del modo como se ejecuta esa sanción. Eso se lo deja librado al poder administrador que tampoco ha sido muy responsable en esto, sino más bien todo lo contrario.

Si el gobierno no cumple con la obligación de garantizar condiciones mínimas de detención que sea compatible con la dignidad humana, los tribunales tienen la responsabilidad de poner remedio a la violación a los derechos fundamentales. En este sentido, no deben evadir su obligación de hacer efectivos los derechos constitucionales de todas las personas, incluyendo a los privados de su libertad, toda vez que no deberían permitir que las violaciones constitucionales continúen sólo porque un remedio signifique una intrusión dentro del reino de la administración penitenciaria. Realmente esto es lo que viene demostrando el Poder Judicial en estos últimos años enrolándose en un protagonismo nefasto y contrario a todos los fines que se puedan imaginar.

La gran responsabilidad de nuestros magistrados debe ser exigida con absoluta urgencia, no puede ya soportarse que en un Estado de Derecho quienes tengan la misión por excelencia, de constituirse en guardianes de la legalidad, se muestren como verdaderos cómplices de la violación sistemática a los Derechos Humanos sobre las personas privadas de la libertad.

Entre las funciones de control de legalidad, previo a exigir al Poder Ejecutivo que dedique recursos a la construcción de cárceles está la de no permitir y menos aún ordenar el alojamiento de personas en condiciones de detención indignas (art. 18, CN).

La Constitución Nacional indica, desde su redacción original, que los jueces son responsables por la violación de los derechos de las personas privadas de su libertad. Esta obligación no ha sido debidamente asumida.

La afirmación señalada, según la cual el Poder Judicial tiene gran responsabilidad frente a la violación de los Derechos Humanos, no debe ser tomada como una mera denuncia, sino más bien entenderse como un punto de partida para una serie de propuestas destinadas a revertir la grave situación que se describe. En este andarivel proponemos los siguientes puntos:

a) Solicitamos se realice un estricto seguimiento de la aplicación del actual sistema excarcelatorio y se instruya desde la S.C.J.B. especialmente a los jueces, respecto de los fines del instituto y los casos en que procede, con el fin de evitar que las excepciones continúen siendo la regla y los perjudicados por estas medidas seamos siempre los más vulnerables.

b) Solicitamos se realice un estricto seguimiento de la aplicación del actual modelo de Ejecución Penal Bonaerense y se instruya a los jueces respecto al fin resocializador que persigue la pena y el sistema progresivo de ejecución que se encuentra prediseñado al respecto, poniendo especial atención en la real aplicación de los Institutos de libertad Transitoria (a la mitad de la condena); semidetención; Libertad Condicional; Libertad Asistida y Prisión Domiciliaria.

c) Solicitamos se decrete la inconstitucionalidad de las leyes 12.405, 13.177 y 13.183 por prescindir de la utilización de la prisión preventiva de modo cautelar y asignarle carácter punitivo.

d) Solicitamos se cumpla con el punto 5 del fallo “Verbitsky” y el art. 1º, inc. c) de la resolución nº 262 de la presidencia de la SCBA, ordenándose ponderar nuevamente la necesidad de mantener a las personas detenidas en condiciones que importen un trato cruel, inhumano o degradante, o bien disponer medidas de cautela o formas de ejecución de la pena menos lesivas.

e) Solicitamos se encomiende a la Procuración General adoptar las medidas necesarias para mejorar el desempeño en la materia de la Defensa Pública, ya que entre el 80 y 90% de las personas que se encuentran detenidas son asistidas por letrados de oficio.

f) Solicitamos se fijen pautas necesarias, para consolidar nuevas prácticas —según lo previsto en el art. 168 bis, CPP— que no sólo otorgarán mayor transparencia al accionar de la justicia sino también permitirán resguardar mejor los derechos de las personas sometidas a proceso.

g) Solicitamos que respecto a lo señalado en el apartado I punto a), el “informe motivado” que ordena el art.144 inc. 4º de la Constitución Provincial, se realice con una adecuada ponderación de las particularidades del caso, considerando especialmente el problema de la falta de cupo penitenciario.

Por último, señalamos también que las acciones judiciales con relación a las condiciones de detención, en muchos casos resuelven positivamente lo solicitado, pero la inversión estatal en la mejora de las condiciones edilicias o bien las decisiones que deben acogerse para modificar los regímenes de vida, no son suficientes ni adecuadas para modificar estructuralmente el problema. La sobrepoblación y hacinamiento vigentes aun en el sistema penitenciario, la ausencia de recursos destinados a estos fines (en muchos casos por desvíos o por corrupción) contribuyen a generar un escenario que ha sido también reiteradamente visibilizado por los organismos internacionales de derechos humanos, particularmente la visita realizada por el Relator de Personas Privadas de la Libertad de la CIDH.

En efecto, la continuidad de estas vulneraciones estructurales de derechos sobre los detenidos, impone la obligación a la provincia de Buenos Aires a dar urgente cumplimiento a las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de Naciones Unidas considerando lo dispuesto por la Corte Nacional en el fallo “Verbitsky”.

A MODO DE COROLARIO

Como a quedado expuesto en los apartados I), II), y III), no es posible procurar legalidad incurriendo para ello en ilegalidad.

En este sentido, sostenemos que abordar la situación de las políticas de seguridad pública, de la vigencia de los derechos humanos de las personas detenidas y de la violencia institucional sobre los cuerpos y almas de los privados de la libertad en la provincia de Buenos Aires es hablar del conjunto de nuestra sociedad, del rol del Estado, de las capacidades y debilidades de la democracia que hemos construido. En este andarivel, se hace imperioso acordarse que el próximo 24 de Marzo se cumplirán 38 (treinta y ocho años) de una de las mas nefastas paginas de nuestra historia, la Dictadura Militar. En aquella época sucedieron aberraciones contra los Derechos Humanos, que aun siguen sucumbiendo los sentimientos de toda la Humanidad y como los que olvidan el pasado, están condenados a repetir los mismos errores, no podemos menos que hacer una analogía entre aquellos años y visualizar ciertas y aterradoras semejanzas en el presente, a los efectos de ver cuánto han avanzado nuestros representantes en procura de garantizar el ejercicio pleno de todos los Derechos Humanos, a saber:

En el terror de la dictadura, las cárceles y lugares de detención eran centros y señorío del P.E.N.

En este Estado de Iure, las cárceles son centro y señorío del Poder Ejecutivo, Ejemplo resolución 07/05, entre tantas.

En el terror de la dictadura, las Garantías y Derechos de los detenidos no tenían ningún valor.

En Este Estado de Iure, lo Derechos y Garantías de los detenidos siguen sin ningún valor (incumplimiento de los arts. 13, 14, 16, 18, 19, 28, 33 de la C.N. y arts. 15, y 20 de la C. Prov. Bs. As.)

En el terror de la dictadura, a los detenidos no se los proveía de los elementos necesarios, (Ropa, asistencia médica, medicamentos, comida etc.)

En este Estado de Iure, a los detenidos no se los provee de ningún elemento, (equipo celdario, comida, frazadas, elementos de higiene, asistencia sanitaria y medicamentos, etc.

En el terror de la dictadura, era imposible reclamar ante los organismos Internacionales

En este Estado de Iure, sigue siendo utópico, que se respeten los Pactos y Tratados de jerarquía Constitucional. 25 de la C.A.D.H 18 de la D.A.D.H arts. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15,16, 20, 22, 26 Y 86. LAS REGLAS MÍNIMAS PARA EL TRATAMIENTO DE RECLUSOS

En el terror de la dictadura, era frecuente morir en las cárceles

En este estado de iure, sigue siendo frecuente morir en las cárceles de Provincia de Bs. As.; 112 muertes en el año 2008; 116 muertes en el año 2009; 133 muertes en año 2010; 126 muertes en periodo 2011 y 140 muertes en lo que va de este año.

En el terror de la dictadura, se torturaba a los detenidos.

En este estado de Iure, se siguen torturando, (caso Cristian López Toledo torturado con picana eléctrica en la U-9 de la Plata, el 9/8/2005. Julio Esteban Ortiz NN, torturado con picana eléctrica en la unidad penal Nro. 34 el 28/10/2005.

En el terror de la dictadura, las prisiones preventivas eran interminables.

En este Estado de Iure, la prisión preventiva sigue siendo interminable (aplicación del art, 171 del C.P.P) y por ende incumplimiento del art. 7.5 de la C.A.D.H.

En el terror de la dictadura, se encarcelaba a los que pensaban diferente.

En este Estado de Iure, se encarcelaron hasta los que protestaron por sus derechos criminalizándose la protesta social. Caso Raúl Castell. Entre otros tantos.

En terror de la dictadura, se armaban causas inexistentes para justificar el accionar del P.E.N.

En este Estado de Iure, se siguen armando causas para vender el negocio in-seguridad, ejemplos…” caso Britez, Preso mas de (1) un año y era inocente policía de la Matanza Clarín 01/08/05, caso Contreras preso (4) cuatro años y era inocente policía de la Plata, T.O.C. Nro. 1 diario el Día 10/06/05.,caso Farías policía de la plata, diario Hoy. 12/07/05., caso Paredes (2) dos años preso y era inocente D:D:I. de Lomas de Zamora, diario La Nación 31/08/05.,caso Gustavo Salerno preso (5) cinco años y era inocente, policía de la matanza, Diario Clarín 16/03/05, la Nación 16/03/05., caso Luna preso mas de (4) cuatro años y era inocente, T.O.C. nro. 1 La matanza Clarín 05/04/05, Pagina 12, 05/04/05., La Nación 05/04/05.” Entre otros tantos.

En el terror de la dictadura los jueces (salvo honrosas excepciones) no diligenciaban habeas corpus.

En este Estado de Iure, los jueces de la Provincia de Bs.As.( salvo dignas singularidades) siguen sin diligenciar habeas corpus.

En el terror de la dictadura, los detenidos eran trasladados a criterio y arbitrariedad del P.E.N.

En este Estado de Iure, las P-P-L. Siguen siendo trasladas indiscriminadamente por el Servicio penitenciario Bonaerense. (art. 73 y 78 de la ley de ejecución penal Bonaerense 12.256)

En el terror de la dictadura se asesinaba a los que se movilizaban, manifestaban y exigían sus derechos.

En este Estado de Iure, se sigue matando a los que se movilizan y reclaman sus derechos, Fuentealba, Maximiliano Kostequi, y Darío Santillán, son crueles ejemplos, entre tantos  

En el terror de la dictadura, era frecuente que desaparecieran personas.

En este estado de Iure, aun siguen sin aparecer JULIO LOPEZ y Luciano Arruga.

Las políticas penitenciarias no pueden pensarse aisladas de las políticas generales de seguridad. Como se ha dicho, cuántos detenidos hay en las cárceles, de qué origen social son y las condiciones de extrema vulnerabilidad que padecen, son cuestiones asociadas centralmente con un paradigma punitivo clasista y reproductor de la desigualdad social.

En esta dirección, debe modificarse de forma drástica el sistema penitenciario. La primera cuestión ineludible es democratizar el SPB, desmilitarizar su estructura y funcionamiento y adaptarlo a nuestra sociedad democrática. Para eso hace falta reformar la legislación vigente desde la dictadura, que organiza la fuerza y su funcionamiento. Pensar un cuerpo de tratamiento alejado de funciones de seguridad y dotar a las unidades carcelarias de conducciones civiles, que posean otra formación y experiencia, rompan con las lógicas y prácticas institucionales que se han reproducido desde la dictadura hasta acá e intenten transparentar y abrir las cárceles al escrutinio público. Estas transformaciones se tornan indispensables para luchar contra la tortura que, como práctica sistemática, se despliega sobre las personas detenidas. No se trata de prácticas aisladas o particulares, con diferentes modalidades e intensidades; son generalizadas en todos los lugares de detención y se reproducen en el tiempo agravándose cada
vez más. A los métodos de tortura mas difundidos durante la dictadura (submarino seco y húmedo, golpizas, picana eléctrica) se agregan otros no menos gravosos (duchas o manguerazos de agua fría, bastonazos en las plantas de los pies, aislamiento absoluto por varios meses, traslados constantes, etc.) que persiguen la neutralización subjetiva de la persona y no el tan enunciado fin de la resocialización constitucional.

En síntesis los internos alojados en la Unidad Carcelaria Nº 9, haciendo uso de sus derechos conforme Arts. 12, 13, 14, 56, 57 y 144.4 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en concordancia a los Arts. 14, 14 bis, 16, 18, 28, 33, 75 Inc. 22 de la Constitución Nacional, Arts. 2, 18, 24, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Arts. 5 Inc. 2°, 7 Inc. 6°, 8 Inc. 2°, 23° Inc. a) 24°, 25° de la Convención Americana sobre derechos Humanos Arts, 2, 3, 5, 10 y 15 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos ellos de rango constitucional a través del Art. 75 Inc. 22 de la Constitución Nacional, peticionamos formalmente que;

Se convoque a Mesa de Dialogo con representantes de los tres poderes estaduales, a fin de concretar la toma de decisiones con relación a los puntos planteados en los apartados I), II) y III) del presente reclamo;

Se apersonen en lo inmediato en la Unidad carcelaria mencionada a los efectos de realizar una reunión con al menos dos referentes de cada pabellón;

Se convoque la participación de las siguientes organizaciones y se les remita copia de lo presentado; Hugo Cardozo –Sobreviviente de la masacra del pabellón 7º de Devoto en 1978-; C.E.L.S.; Asociación Pensamiento Penal; Defensor de Casación Penal; Secretaria para las Personas Privadas de la Libertad, Presidente de Casación Penal; Médicos del Mundo; Asociación FADELI;

Dejamos expreso, que a fin de promover que se adopten las medidas correspondientes en función del reclamo incoado, haremos uso en la medida que se dilate la convocatoria, de nuestro derecho de huelga reconocido en la Constitución Nacional a través de su art. 14 bis.

Proveer de Conformidad
Será Justo.

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