jueves, 9 de enero de 2014

La relativización de los valores

Guillermo Navarro Jiménez (especial para ARGENPRESS.info)

Es lugar común, luego de que la globalización puso en evidencia la contradicción entre las diferentes culturas, debatir, como posturas antagónicas, la universalización y la relativización de los principios y valores éticos.

Quienes defienden la universalización, habitualmente sustentan la primacía de los valores de sus culturas o de la cultura occidental o de las europeas, bajo argumentos tales como los inscritos en el "Choque de civilizaciones", obra en la que se establece como indispensable el predominio de la cultura norteamericana y en ella de los valores cristianos (Huttington); sea por pretender que la cultura occidental y cristiana debe prevalecer ante las culturas islámicas o las de los pueblos cuyas culturas salen de su aislamiento y desconocimiento, precisamente como efecto del proceso globalizador; sea por considerar que con la instauración de la democracia representativa y el neoliberalismo, la historia había llegado a su fin ( Fukuyama).

Desde la otra orilla, la relativización de los valores por parte de los pueblos cuyas culturas emergen al conocimiento de los dominadores que las habían relegado, sumido en el olvido, en procesos de aculturación o, por lo menos, de inculturación, se reclama la prevalencia de sus saberes sobre las culturas dominantes, la universalización de sus valores.

Ante lo irreconciliable de esas posiciones, Adela Cortina, plantea optar por una ética de mínimos y, de contraparte, una de máximos, entendida la primera como aquella cuyos principios y valores son de respeto irrestricto por todos los seres humanos, indiferentemente de la cultura a la que se correspondan; y, la de máxima aquella a la que se sujetan, en su convivencia, todos los miembros de una nación, de una cultura en particular.

Así planteado el problema, vale preguntarse cuál es la condición para definir los principios y valores de aplicación universal, cuáles son los principios y valores de la ética de mínima que debemos aceptar y respetar todos los ciudadanos. La condición sine qua non para definirlos no es otra que nuestra condición de humanos. Condición que debe prevalecer sobre cualquier otra condición. Condición de la que se derivan los derechos humanos y consecuentemente el deber de respetarlos, sí recordamos que los deberes prevalecen sobre los derechos. Claro está que: "al decidir las normas que en una sociedad van a regular la convivencia”, deben tenerse: “en cuenta los intereses de todos los afectados en pie de igualdad, y no se conforme con los pactos fácticos, que están previamente manipulados" .

El respeto a la vida, a la integridad personal, a la dignidad e intimidad, a nuestra libertad y autonomía, son principios y valores inobjetables, incuestionables, por constituir derechos esenciales del hombre y, en tanto tales, constituyen valores de mínima, esto es de carácter universal, de obligado respeto por todos los individuos por su condición humana, indiferentemente de la cultura a la que pertenezcamos. Condición que, por otra parte, ha determinado su obligada inclusión en todos los cuerpos normativos de nuestros países, razón más por la que todos tenemos el deber de respetarlos en su real dimensión, sin relativización alguna.

La aplicación de todo lo antes enunciado, en países plurinacionales como el Ecuador, determina que los principios y valores de la ética mínima deben ser generales, universales para todos los miembros de las distintas naciones y sus correspondientes culturas que conviven en nuestro Estado Nacional, en tanto que los principios y valores de máxima solo tutelan la convivencia de los miembros de una nación y de su correspondiente cultura.

No obstante ello, en posiciones similares a las de la dominación de la que habían sido objeto, algunos pretenden que en la relación entre las leyes indígenas y las ordinarias, se otorgue prelación a las primeras sobre las segundas. Habitual y común es ya la demanda de que las contravenciones y delitos que se cometan al interior de las comunidades deban ser juzgados y castigados bajo las leyes indígenas, relegando al derecho ordinario y, con ello, en algunos casos, incluso valores ligados a la dignidad humana, como es el caso de los castigos corporales, por ejemplo. Posición que relativiza los valores éticos de carácter universal que debe imperar en nuestro Estado Plurinacional.

En la relativización de los valores éticos antes mencionada, en el Ecuador de hoy, igualmente se constata la inauguración de una nueva forma de relativización de los derechos humanos, entre éstos el derecho a la intimidad. No de otra forma puede entenderse la jerarquización que respecto a la intimidad establece León Roldós; el reconocimiento que expresa Diego Oquendo respecto a quienes la violentan; el condicionamiento político que establece Juan Cuvi, cuando su respeto lo inscribe en ese contexto; la simple renuncia que se infiere de los textos de Diego Ordóñez; y, así por el estilo.

Posiciones y actitudes que no sólo desdicen del deber ineludible de respetar esos derechos, sino que, lo que es más grave, conducen a una clasificación oportunista de los mismos, dependiendo del entorno y del posicionamiento político de quien así procede. No de otra manera podemos entender que quienes ayer fungieron como acérrimos defensores de un derecho humano: la libertad de expresión, hoy se desdigan, abandonen esa posición humanista y procedan a instituir una posición que relativiza el debido respeto a los derechos humanos.

Pero no sólo ello preocupa. Alarma el reconocimiento, el alineamiento, consciente o no, de los editorialistas antes citados, con la percepción de Paul Valery, formulada luego de la crisis de los años 30, en la que señalaba que: "ya no existía un patrón fijo de valores, estables y absolutos, sino que todos los valores fluctúan en un amplio mercado, en el cual suben y bajan los valores según los entusiasmos, los pánicos y las más subjetivas apuestas". "Que vivimos lo efímero, la obsolescencia acelerada, el capricho subjetivo, como si los más sagrados valores, ahora sin fundamento, pudieran entrar en el gran mercado de los valores mobiliarios y fluctuar a la vez" . Adscripción, consciente o inconsciente, a la que tienen absoluto derecho, bajo dos premisas: reconocer abiertamente que su volubilidad en este campo responde a sus entusiasmos, sus pánicos, sus intereses subjetivos y objetivos, para que todos podamos apreciar cual es la razón de ser de sus variaciones; y, cumplir la obligación que su variabilidad impone, proponer en forma explícita, inequívoca, los valores que, según su criterio, deben constituir la ética de mínimos que la sociedad ecuatoriana debe irrestrictamente respetar para una convivencia social civilizada y civilizadora.

Limitarse a negar o afirmar valores sobre la base de sus intereses subjetivos, especialmente políticos; sus pánicos ante el proceso social, económico y político en marcha; la afectación a sus intereses económicos por la construcción emprendida para instituir iguales oportunidades para todos, es por decir lo menos irresponsable. Irresponsabilidad mayor, cuando se eximen de exponer cuales son los valores alternos a los recusados, cuando asumen un silencio en este campo, seguramente por la imperiosa necesidad de ocultar sus verdaderos propósitos.

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