jueves, 2 de enero de 2014

Trastocados los papeles en Puerto Rico

Jesús Dávila (NCM, especial para ARGENPRESS.info)

Un escándalo que provocó la caída del secretario de Justicia días después de decirse que había ordenado la revisión de un caso delicado, el uso de la prensa como informante de la Policía en incidentes violentos y el silencio ante las restricciones impuestas en las prisiones en la Navidad revelan que se han trastocado los papeles de los actores sociales y políticos.

Los incidentes, los tres manejados discretamente, cerraron el año 2013 mientras al comenzar el año nuevo sigue sin saberse si Wall Street impondrá una nueva y devastadora degradación del crédito, si ocurrirá una huelga que paralice el sistema educativo o si Washington permitirá un proceso para la descolonización.

Este cuadro de ambiente revolcado y anticipación de eventos inciertos mantiene el país en vilo al iniciar el 2014, segundo año de administración autonomista y octavo año de la crisis.

La creencia generalizada es que ninguno de esos eventos ocurrirá y Puerto Rico podrá continuar estable como Estado Libre Asociado, a pesar de que hace más de un año ya que el país le retiró su consentimiento formal a esa curiosa condición autonómica como colonia de Estados Unidos. La estabilidad, sin embargo, parece un tanto frágil.

La cadena de sucesos de diciembre comenzó con el informe, dado a NCM Noticias en el Palacio de Santa Catalina, sede de la gobernación, de que el secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, había ordenado la revisión de una declaración jurada prestada por un técnico forense que investigó la muerte de Filiberto Ojeda, comandante del Ejército Popular Boricua-Macheteros. La declaración indica que agentes federales que participaron en el operativo de septiembre de 2005 revelaron que el francotirador del grupo comando del Buró Federal de Investigaciones hizo el disparo que resultó ser fatal cuando Ojeda tocaba trompeta, lo que constituiría prueba de asesinato.

Durante varios días hubo cruce de mensajes en palacio y se llegó a indicar que el informe era incorrecto, pero el tema se resolvió abruptamente al trascender con estridencia en la prensa que Sánchez Betances se había involucrado en acompañar a un amigo cuando el segundo fue arrestado por conducir ebrio. Aunque hasta el momento no se le ha imputado acción ilegal o antiética alguna, Sánchez Betances renunció bajo presión de los medios noticiosos, que denunciaron el caso como uno de corrupción y encubrimiento.

El segundo caso ocurrió días antes de la Nochebuena, durante las protestas de más de mil maestros en el Capitolio, donde convocadas con carácter de urgencia, las cámaras legislativas dieron su aval a cambios en el sistema de retiro para el personal docente. Las protestas por la reducción drástica en las pensiones se tornaron a ratos violentas con la toma del hemiciclo del Senado durante horas y la pelea por el control de una puerta del Capitolio ante la negativa de dar acceso total a las gradas públicas del hemiciclo cameral.

Fue en ese segundo incidente, que dejó el saldo de por lo menos cuatro manifestantes e igual número de policías lesionados, que en presencia de otros representantes de la prensa ocurrió el episodio de colaborar con la Policía nacional mediante la entrega de material gráfico para la identificación de sospechosos. Aún cuando los códigos de ética profesional prohíben expresamente que los periodistas sirvan de agentes para las agencias investigativas del Estado, el asunto fue tratado como un ataque de los manifestantes contra la libertad de prensa, mientras se daba poca o ninguna importancia con respecto a acciones como los macanazos a un detenido en una calle cercana o quitarle acceso de internet a los manifestantes, lo que prevenia la activación de redes sociales cibernéticas.

El tercer suceso se desarrolló al conocerse que el Gobierno había prohibido sin justificación de seguridad las actividades de la Navidad en las prisiones, inclusive las visitas de grupos musicales religiosos, a pesar de que tal directriz contradice la ley federal sobre respeto a la libertad religiosa de los presos. Confrontado con la orden, el Gobierno se reafirmó y a pesar de conocerse de la misma en la jefatura religiosa nacional, la reacción fue de silencio total, sin que se escuchasen siquiera las voces de los grupos e instituciones que atienden el tema de los derechos humanos.

Ni siquiera hay foro institucional para atender querellas sobre éstos u otros casos similares, como no sea el Tribunal de Distrito de EEUU, pues la gubernamental Comisión de Derechos Civiles está inoperante al no haberse nombrado los comisionados necesarios para conformar el quórum del organismo.

El control de muchos medios de prensa y de las jefaturas de grupos sociales con un esquema corporativo en que se mezcla el Gobierno y el sector empresarial se ha hecho parte de la cotidianidad en Puerto Rico y hace recordar los tiempos de la nefasta Operación Mockingbird de la Agencia Central de Inteligencia de EEUU. Mientras tanto, durante el año que lleva en el poder el gobierno autonomista, las costas y puertos están militarizadas, el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín fue entregado a un consorcio privado mexicano-estadounidense y la Policía nacional es regida por funcionarios traídos desde EEUU, mientras un comité “asesor” de Washington vigila el desempeño fiscal del gobierno isleño.

En ese cuadro, el Gobierno asegura que ya hay señales de que la economía está mejorando y se prepara para lograr que las cámaras legislativas aprueben convertir el impuesto sobre el consumo en uno flexible y sin límite para ser determinado administrativamente y la entrega de todos los activos de corporaciones públicas al banco del Estado. De esta forma, se calcula que podría presentarse una imagen de solvencia para solicitar nuevos préstamos en el mercado de Wall Street.

Así se desarrolla el drama en este rincón del noreste del Caribe, equidistante de Guantánamo y de Caracas, en esta nación isleña en que se mezclan de manera ambigua los hechos de que EEUU la tiene como frontera artificial y es reclamada como parte de la frontera norte de América Latina.

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