viernes, 28 de febrero de 2014

El aborto en el anteproyecto de Reforma del Código Penal: un paso adelante, tres pasos atrás

Giselle Scardilli (RED ECO)

El anteproyecto del Código Penal elaborado por la Comisión de Reforma del Código Penal supone un retroceso en materia de aborto. No sólo sigue siendo un delito, sino que además se realizaron modificaciones en perjuicio de las mujeres. Red Eco dialogó con la Dra. María Elena Barbagelata, una de las autoras del anteproyecto.

El Aborto Legal, Seguro y Gratuito seguirá siendo una utopía para todos aquellos que lo consideran un derecho para todas las mujeres. Como se había anticipado, no está incluido en el anteproyecto de Reforma del Código Penal que elaboró la Comisión, integrada por la Dra. María Elena Barbagelata, jurista y ex diputada socialista, el juez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni, el diputado nacional Federico Pinedo (PRO) y los juristas León Carlos Arslanián y Ricardo Gil Lavedra. Además de eludir la despenalización de la interrupción del embarazo, se realizaron modificaciones que contribuyen a dificultar los procesos en los casos no punibles.

En diálogo con la Dra. Barbagelata explicó los cambios introducidos en el anteproyecto. “La única modificación consensuada fue la referida a interrupción del embarazo en casos de violación, que de todos modos tuvo una disidencia del diputado Pinedo, quien exige que se efectúe la denuncia de violación como condición”.

De esta manera, se redactó una nueva tipificación para el aborto no punible que reemplaza a la plasmada en el Código Penal de 1921:

“El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible: a) Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; b) Si el embarazo proviene de una violación.”

La novedad más importante - y más perjudicial para las mujeres - es la inclusión de un nuevo tipo penal, el aborto culposo, que “aunque excluye a las mujeres como posibles autoras, involucra a los profesionales médicos o farmacéuticos que le proporcionan la medicación”, explicó Barbagelata. Según se establece en el artículo 86, inciso 2° del anteproyecto: “será penado con prisión de seis meses a dos años e inhabilitación por doble tiempo que el de la condena, el que causare un aborto por imprudencia o negligencia o por impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo”.

Otra nueva figura penal es la de lesión al feto, tanto doloso como culposo, que consta en el artículo 96 del anteproyecto y que también excluye a las mujeres como posibles autoras, dirigiéndose a terceros que puedan causar con o sin su voluntad un daño al feto. Los casos dolosos tipificados en el inciso 1° son “la mala praxis médica, o la administración de ciertos medicamentos, intoxicaciones, etc.” y prevé una pena de tres a diez años, aclarando que aunque no se produzca un aborto, “habrá una persona que cargará toda su vida con las consecuencias de esas lesiones”.

En el inciso 2º, que contempla la misma lesión cometida en forma culposa, establece “una pena de prisión de seis meses a dos años o la de multa de hasta cien días”.

Por último, se agravan las penas en casos de interrupciones en el embarazo producidas sin consentimiento de la mujer, que constan en el inciso 1° del artículo 86, que prevé una pena de uno a tres años “al que con violencia causare un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, si el estado de embarazo de la mujer fuere notorio o le constare”.

Tanto las nuevas figuras penales, como el agravamiento de la punición contribuyen a dificultar los procesos si los profesionales se negaran o pusieran trabas a la hora de realizar abortos en los casos no punibles. Sumado a ello, aproximadamente la mitad de las provincias no tienen todavía los protocolos de actuación para estos casos de violación, a pesar de que existe un fallo de la Corte que sienta la interpretación que debe darse al Código Penal vigente. Es por ello que la tipificación de los casos no punibles que reemplaza a la del Código de 1921 representa un aspecto positivo, tal vez el único.

Como señaló la Dra. Barbagelata, los demás miembros de la Comisión decidieron realizar estas modificaciones esgrimiendo la protección a la mujer: “es muy poco sustentable, a la mujer no se la protege con mayor punición o incorporando figuras que si bien no están destinadas a penarla a ella, se dirige a los profesionales que intervienen, lo que termina perjudicando a la mujer”.

Los nuevos tipos penales fueron objetados por la Dra. Barbagelata, quien plantea la supresión de los mismos y una propuesta alternativa a tono con la elaborada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito; en una extensa fundamentación que consta en el anteproyecto.

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