viernes, 21 de marzo de 2014

Argentina, Córdoba: intento legal para frenar las huelgas en servicios públicos

Irina Santesteban (LA ARENA)

Luego del discurso de la presidenta Cristina Fernández, en la apertura de sesiones en el Congreso Nacional, a favor de "reglamentar" las protestas sociales y gremiales, en Córdoba tres legisladores oficialistas presentaron un proyecto de ley para restringir los paros en los servicios públicos.

Argumentando que la ciudadanía y los usuarios "están cansados" de los paros que afectan a los servicios públicos cordobeses, tres legisladores de Unión Por Córdoba, el partido del gobernador José Manuel de la Sota, presentaron el viernes pasado un proyecto de ley para regular -en realidad, restringir- el derecho de huelga en ese sector.

Los legisladores Oscar González (ex jefe de gabinete de De la Sota, que tuvo que dejar su cargo luego del acuartelamiento policial de diciembre del año pasado); Sergio Busso, presidente de bloque; y Carlos Gutiérrez, pretendían legislar sobre los llamados "servicios esenciales", declarando tales a la educación, la justicia, el transporte público, el servicio de recolección de residuos y los hospitales.

Desde todos los sectores llovieron las críticas. Es que al tratarse de una materia como el derecho de huelga, previsto en la Constitución Nacional en el artículo 14 bis, y habiendo una ley nacional, la 25877 que en su artículo 24 legisla especialmente sobre la temática, el proyecto era claramente inconstitucional, porque no pueden las provincias legislar sobre las materias que han expresamente derivado a la Nación.

Guardias mínimas

En esa norma, se establece que, cuando se produce un conflicto de trabajo en un servicio público declarado "esencial", con medidas de acción directa, es obligación la constitución de "guardias mínimas", porque la interrupción de dicho servicio puede afectar la vida o la seguridad de las personas. Y define taxativamente cinco servicios esenciales: los servicios hospitalarios, el control del tráfico aéreo, la producción y distribución de energía eléctrica, agua potable y gas.

No hay otros servicios esenciales que aquellos declarados tales por la ley, que además debe ser una ley nacional, dictada por el Congreso de la Nación.

En el mismo artículo 24 de la ley 25877 se establece que si se quiere declarar otros servicios "esenciales", y solo lo permite como excepción, se debe seguir un procedimiento especial, con la constitución de una Comisión Independiente, y con participación de las asociaciones de trabajadores y patronales del sector afectado. Todos estos recaudos, porque está en juego un derecho constitucional que tiene una importancia fundamental: el derecho de huelga.

¿Ignorancia u oportunismo?

Nada de lo explicado en este artículo podía ser ignorado por los legisladores. El problema es que, a la luz de un año conflictivo, por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, además de la permanencia de problemas como el empleo informal que sigue afectando a más de un tercio de los trabajadores argentinos, para algunos gobernantes la solución parece ser impedir la protesta, en lugar de atender los reclamos que la causan.

Los legisladores cordobeses argumentaron a favor de su iniciativa, invocando la defensa del ciudadano común, del usuario, que estaría "cansado" de las protestas gremiales en servicios que el Estado debe brindar y que no deben interrumpirse, como la educación, la justicia, el transporte público, etc.

Sin embargo, ninguno de estos servicios está considerado como "esencial", no sólo en la legislación argentina, sino por la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT), que considera tales a aquellos en los que su interrupción puede acarrear la muerte de las personas o un peligro grave para su seguridad.

Arresto de contraventores

Uno de los aspectos más graves del proyecto de ley, fue la disposición por la que se aplicaría el Código de Faltas para quienes no acataran sus disposiciones, y se podría disponer de arresto de hasta 30 días para los contraventores.

El Código de Faltas de Córdoba ha sido objeto de críticas durísimas por diversos sectores, porque es una herramienta utilizada por la policía, de manera abusiva, contra sectores vulnerables, con figuras tan ambiguas como el merodeo, y otorga facultades a los comisarios para juzgar y aplicar penas de arresto, sin darle al detenido la posibilidad de un abogado defensor. Por ello, desde hace años se reclama su derogación, por ser inconstitucional, y resultó aún más irritante para los sindicatos que se utilizara dicho instrumento legal para la aplicación de penas de arresto. "Es volver al Siglo XIX, cuando los trabajadores iban presos si hacían huelga", opinaron varios dirigentes sindicales.

Servicios deficientes, aún sin huelga

Está claro que los ciudadanos se molestan, y mucho, cuando hay medidas de fuerza de los choferes de ómnibus, o los docentes, o los recolectores de residuos, o los empleados del Poder Judicial. Pero por muy importante que sea el servicio que se presta y por muy molesto que sea su interrupción por una medida de acción directa, eso no justifica su restricción por parte del Estado, porque del otro lado está el derecho de huelga del trabajador y de su sindicato, que protesta porque no se atiende su reclamo.

Y porque además, en el caso de Córdoba, se intenta culpar a los trabajadores por el mal estado de los servicios públicos, aún cuando no hay medidas de fuerza decretadas.

Por ejemplo, el legislador Busso ejemplificaba para justificar el proyecto, que no es justo que un ciudadano del interior se quede sin atención médica, cuando asiste al hospital público de Córdoba, por una enfermedad o un accidente, o porque tenía un turno.

Pero resulta que los servicios hospitalarios sí son un "servicio esencial", según la ley 25877 y por ende, cuando hay huelga en un hospital, se deben dejar guardias mínimas para atender los casos urgentes.

Y también hay que aclarar que, en tiempos "normales", cuando los trabajadores no están haciendo huelga, hay muchos ciudadanos que quedan sin atención médica, aún con turnos otorgados, porque faltan profesionales; porque los aparatos se rompen y no se arreglan o se cambian, y no se pueden hacer las prácticas o los análisis necesarios para los tratamientos o intervenciones quirúrgicas; o son atendidos deficientemente por falta de insumos, cuando no deben adquirirlos los propios pacientes. Y eso, sin que nadie esté haciendo paro o asambleas.

Otro ejemplo, en Córdoba, el intendente Ramón Mestre hijo, puso en marcha un nuevo servicio de transporte público que ha generado innumerables problemas a los sufridos usuarios de los colectivos urbanos. Cambios de recorridos, supresión de líneas, paradas ubicadas a muchas cuadras de los barrios más alejados del centro, etc. Todo ello, motivó que hubiera protestas, cortes de calles de los vecinos afectados, y hasta agresiones a los choferes, al punto que en una de las empresas éstos hicieron paro en protesta por esa situación. Y este grave problema que afecta hoy a una ciudad de más de un millón y medio de habitantes, no es producto de una huelga en los servicios públicos, sino de la falta de políticas públicas de los gobernantes para solucionar los problemas de la gente.

Proyecto sin apoyo

La oposición de los gremios cordobeses, que el miércoles se movilizaron a la Legislatura para oponerse al tratamiento del proyecto de ley, obligó a los legisladores que lo habían presentado a su retiro, sobre todo porque no tenían siquiera los votos de su propio bloque, para que dicho proyecto prosperara. A pesar de esta derrota, González siguió insistiendo en que había que debatir el tema, aún cuando no se tratara el proyecto, algo que Gabriel Suárez, secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza, negó de plano. "Si intentan volver con una iniciativa de este tipo, habrá un paro general de todo el movimiento obrero de Córdoba", advirtió.

Entre los abogados laboralistas y jueces del fuero laboral, también hubo opiniones coincidentes de que cualquier iniciativa para legislar el derecho de huelga en los servicios públicos o en cualquier otra actividad, debe ser mediante una ley del Congreso Nacional. El camarista César Arese, ex abogado de gremios, en un trabajo publicado hace varios años, titulado justamente "La Huelga en los Servicios Públicos", dice que la enumeración del artículo 24 de la ley 25877 es taxativa y por lo tanto no se puede avanzar, si no es con una ley, para definir a otros servicios esenciales que los cinco que establece dicha norma. Y agrega que dicha enumeración está en línea con las resoluciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT. Además, afirma que, aún en esas actividades, para obligar a los trabajadores a constituir guardias mínimas, dicha obligación es sólo para el personal de la estructura empresaria "involucrado directamente y operativamente en los servicios mencionados, y no aquel de carácter coadyuvante, accesorio o perteneciente a la estructura empresaria pero ajeno al objeto especial de restricción de la huelga". Es decir, que en un hospital público, no están obligados a hacer guardias mínimas, los empleados administrativos, o aquellos que trabajan en áreas que no afectan directamente los servicios que atienden a los casos graves o las urgencias.

Habrá que ver si el proyecto es definitivamente abandonado o si, a la luz de las palabras de González, vuelven a la carga con modificaciones. Está claro que los sindicatos cordobeses, que tienen una gran capacidad de movilización, no van a aceptarlo. Pero el proyecto fue avalado por el propio gobernador De la Sota, aún cuando se mantuvo alejado de la polémica.

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