viernes, 23 de mayo de 2014

Argentina, Río Negro: Criminalización de luchas por la tierra

AGENCIA WALSH

La ciudad de Cipolletti, se encuentra ante una escalada de judicialización de los conflictos por tomas de tierras y, de una criminalización sistemática contra sus referentes barriales.

Barrio Obrero: en el marco de la confirmación de la orden de desalojo librada por el juez Cabral y Vedia y ratificada por el STJ, y de la lucha por la declaración de utilidad pública y expropiación de las tierras en el Concejo Deliberante, el poder judicial criminaliza a Lila Calderón referente del barrio y del Foro por la Tierra y la Vivienda, dando curso a la denuncia de la concejal Valeria Fernández y cajoneando las denuncias por amenazas y lesiones que los/las vecinos/as realizaron en su contra hace más de tres meses. A través de una denuncia por amenazas, se imputa a la referente del barrio por el sólo hecho de haber luchado por sus derechos. El juez Santiago Marquez Gauna prohíbe acercarse, participar y por lo tanto obtura el derecho a la protesta al librar una restricción de acercamiento a la concejal. De esta manera, el poder judicial arbitrariamente interviene en lo que claramente es un conflicto por el acceso a la tierra, la vivienda y la ciudad.

El día 20 de mayo de 2014 Eduardo Álvarez -vecino, compañero de Lila y militante a cargo de la radio del barrio- es detenido en la comisaría de las1200 viviendas cuando fue a firmar la autorización para el jardín de su hijita. En ese momento, el personal policial de dicha comisaría le atribuyó dos contravenciones y lo dejó detenido e incomunicado durante 3 hs. La jueza de paz Gabriela Lapuente había resuelto dejarlo detenido por 10 hs.,hasta planteó tres días si fuera necesario, lo cual sería no solo arbitrario sino también inconstitucional, por violar el principio de inocencia y elderecho de defensa. Luego de ser interpelada por abuso de autoridad y privación ilegítima de la libertad, la Jueza dio la autorización para liberarlo.

Durante su arbitraría e ilegítima detención al vecino del Bº Obrero se le sacó el abrigo que llevaba puesto, y se lo mantuvo incomunicado, violándole el derecho de defensa que toda persona, aún detenida, tiene.

Barrio Nuevo Ferri: Juan Acevedo, referente del barrio y del Foro por la Tierra y la Vivienda se encuentra cercano a ser llevado a juicio por el supuesto delito de usurpación de los terrenos en los que hace más de 5 años viven más de 300 familias. El juez Herrera, sucedido por la jueza Martín, luego de un proceso judicial por demás irregular en el que se acusa de cometer el delito sin especificar ni día ni hora aproximada en la que ocurrió, impidiendo el derecho constitucional a la legítima defensa, avanza procesando arbitrariamente a dicho referente, marcando una situación inédita de criminalización de la protesta social.

En el año 2011, luego que diera a conocer información más detallada de la causa y denunciara al poder político por la situación en la que se encuentran, la policía realizó un allanamiento en la casa del referente. Nunca se le dieron explicaciones precisas del motivo real del allanamiento, que se realizó días posteriores a los reclamos y denuncias.

Barrio Awka Liwen: una vecina es procesada por la jueza Martín sin que se pruebe la comisión del delito de usurpación ya que se la identifica dos meses después de la toma de tierras y no puede probarse ni la clandestinidad, violencia y/o abuso de confianza. Además el poder judicial mantiene a las familias en la precariedad habitacional, ya que se les libra una orden de restricción de ingreso de materiales, que de manera totalmente discriminatoria sirve de base de legitimación para que los corralones se nieguen a vender y transportar materiales al barrio.

Barrio Los Sauces: el juez Cabral y Vedia rechaza un recurso de amparo para garantizar el acceso a agua potable de 62 familias aduciendo brutalmente que estas personas son ‘ilegales’ por cometer un delito - que no ha sido probado, por lo que además viola el derecho a ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario- y les niega de manera impune y descarada el acceso al agua potable a niños, niñas, mujeres y hombres de familias trabajadoras de nuestra ciudad.

Barrio La Alameda: después de 11 años se judicializa un barrio a través de un reclamo de un supuesto propietario que reclama los terrenos, alegando un incumplimiento a un contrato que los/as vecinos/as nunca firmaron. El juez Cabral y Vedia, que tarda meses en resolver un amparo, rápidamente mueve la causa, intentando identificar a los/as vecinas que viven en el Barrio hace más de 10 años, lo que muestra una clara intención de hacer lugar a los reclamos, tardíos e infundados, de quien aparece como propietario, desconociendo lo construido por ciento de familias en todos esos años.

¡No a la criminalización de las luchas por la tierra!!!
Si el poder judicial es el verdugo del derecho a la vivienda y el derecho a la protesta y el poder ejecutivo produce y reproduce precarización habitacional, nosotros denunciamos, rechazamos, resistimos y luchamos contra la criminalización de la pobreza y la protesta social!!! Basta de juzgar a pobres para resguardar privilegios de ricos, que el poder judicial se ocupe de quienes generan violencia social e injusticia territorial, no de quienes la padecen, basta!!!
Foro por la Tierra y la Vivienda, Barrio Awka Liwen, Barrio Los Sauces

Adhieren: Frente Popular Darío Santillán, Movimiento Popular la Dignidad, Frente Nacional Pueblo Unido, Asamblea Juvenil Independiente, ZAINUCO, Proyecto de extensión “Luchas por el derecho a la ciudad…” UNCo.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.