jueves, 12 de junio de 2014

Argentina, Salta: Justicia y corrupción

Marco Díaz Muñoz (COPENOA)

La falta de ecuanimidad, celeridad e independencia en los fallos de la corporación judicial, ante el reclamo de justicia de los ciudadanos que claman por esta, exteriorizan al poder judicial en ineficaz, inoperante, y dependiente, acciones que degradan a este poder, sumido en alineaciones políticas.

La dependencia política, del poder judicial se efectúa desde el poder Ejecutivo y Legislativo, son los que diseñan el perfil dependiente de cada magistrado, y funcionario judicial, los que luego dictaran justicia.

Las alianzas políticas establecen quienes serán los beneficiados de los nombramientos en el poder judicial, no excluyendo a familiares y amigos del poder de turno. Lo que lo hace inobjetablemente dependiente.

Abel Cornejo

Los mecanismos participativos ciudadanos para la objeción de magistrados dispuestos por el gobierno del peronista Juan Manuel Urtubey, presentados ante la opinión pública como innovadores, fueron vaciados de trasparencia, al no respetar el gobernador la voluntad de impugnación del ciudadano. Es decir se puede opinar lo contrario, pero este fallo justificado por el ciudadano, no modifica la decisión del Gobernador.

El caso testigo fue la propuestas y posterior nombramiento de Abel Cornejo como integrante de la Corte de Justicia de Salta, pliego impugnado por cientos de ciudadanos y personalidades entre ellas el premio Novel de La Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y el Padre Jesús Olmedo. Que ratificaron que Cornejo no tenía idoneidad moral para ocupar el cargo de Magistrado de Corte.

Turistas francesas

El caso de las turistas francesas asesinadas en San Lorenzo en Junio del 2011, juicio en el que fue condenado uno de los tres imputados de los homicidios, exculpando a dos de ellos, dejo en claro, los vicios de inoperancia y dependencia del juez de instrucción, de investigación de esta causa y posterior validación de un erróneo y maloliente dictamen en Cámara, órgano superior en la estructura judicial. Con el agravante que el magistrado en cuestión, tildado de inoperante y cercano a gobiernos de turno Dr. Martin Pérez, fue ascendido a Camarista.

Esta acción continua, de manipulación dentro del poder judicial, en favor del poder de turno, atemoriza a los operadores de servicio de Justicia. Los abogados, en algunos casos, exteriorizan sus reclamos en medios de comunicación. Ejemplo son, los abogados de los imputados hoy en libertad en el caso de las turistas francesas, que no se animaron a denunciar formalmente al Juez Pérez, durante la instrucción de la causa.

Estos datos, e informaciones no pasan inadvertidos en la opinión pública, que condena estas decisiones, arbitrarias. Como respuesta, ante la falta de justicia, los ciudadanos se organizan y conforman alianzas. Tal es el caso de la marcha que se realiza todos los viernes por la tarde en la Plaza 9 de Julio, en la Ciudad de Salta, organizada por familiares de personas asesinadas que claman por pronta condena.

Romero perseguido

El caso Juan Carlos Romero, acredita la dependencia del poder judicial al poder ejecutivo, por ser este quien en sus 12 años de mandatario provincial nombro a la mayoría de los magistrados hoy en función. Lo tragicómico de Romero y la Justicia, es que este no concurre a la citación por una causa donde se lo investiga por el presunto delito de corrupción, al que no asiste por tener fueros, y sentirse perseguido políticamente por la dependencia de este poder al actual gobernador y oponente político Juan Manuel Urtubey.

Comunidades originarias

Las comunidades originarias, son afectadas por esta dependencia recurrente, la presentación de recursos de amparos, contra acciones que socaban derechos de estos, realizados por el ejecutivo, con la finalidad de proteger sus derechos consagrados en normas provinciales y nacionales como internacionales, son arbitrariamente allanados y cajoneados en la burocracia de este poder, con la tendencia en los jueces cuando no fallan en contra de las comunidades, por su inoperancia y falta de instrucción en estas nuevas normas, o una constante, declararse incompetente.

Los fiscales, verdaderos operadores políticos del poder de turno, aceleran acciones contra integrantes de las comunidades originarias, digitando órdenes arbitrarias a los servidores de este poder, como lo es la policía. No operan con la misma celeridad ante las denuncias que realizan las comunidades sobre, amenazas de muerte y atropellos a la propiedad colectivas de la tierra de estos.

Los antecedentes, y la falta de justicia en estos reclamos puntuales, serán tramitados en tribunales superiores nacionales e internacionales, los que fallaran condenando al poder ejecutivo, lo que confirmara la dependencia del poder judicial al gubernamental. Ante ello, debe haber una imperiosa necesidad de modificar esta estructura en un poder viciado y corrupto.

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