viernes, 25 de julio de 2014

Buitres en NY: Al filo de la navaja

Esteban Mercatante (PTS)

Como viene haciendo desde que la Corte Suprema norteamericana avaló su fallo que ordena pagar a los bonistas “holdout” en cash, el juez Thomas Griesa redobló el 21 de julio la presión sobre el gobierno. Se negó a reponer el “stay”, que habilitaría la posibilidad de hacer los pagos de bonos “performing” (que ingresaron a los canjes) que vencieron el 30 de junio, con período de gracia hasta el 30 de julio.



El juez rechazó pronunciarse sobre la situación de los bonos nominados en yenes y euros, también afectados por el bloqueo a los fondos que el gobierno depositó en el Bank of New York para afrontar el vencimiento. Los acreedores fuera de Estados Unidos sostienen que Griesa estaría actuando fuera de su jurisdicción. De no saldarse el pago ya vencido antes del 30 de julio, estos bonos entrarán en default. Los bonistas que entraron al canje pueden iniciar reclamos por el valor total de los bonos (si al menos el 25% de los bonistas acuerda). Después del 30, aunque ya en default, el gobierno tendría otros 60 días para restablecer la situación de los bonos. Tampoco se descarta que el “stay” lo pidan los buitres para sostener el privilegio que les da el fallo y que podrían perder ante un default.

Griesa dispuso nuevos encuentros de conciliación. Los funcionarios argentinos insisten en que no pueden alcanzar un acuerdo, ya que se dispararía la cláusula RUFO (sigla en inglés para Derechos Sobre Futuras Ofertas) establecida en los bonos canjeados, que les da derecho a participar de cualquier mejora en las condiciones que se otorgue a algún bonista antes de enero de 2015. Desde el gobierno sostienen que un arreglo con los buitres aún bajo presión judicial la dispararía, pudiendo hacer que la deuda crezca en 120 mil millones de dólares. Ante esta amenaza, la estrategia oscila entre intentar alcanzar un acuerdo que se concrete después de enero o, si esto no resulta, ir a un default de los bonos en el extranjero cargando la responsabilidad sobre la intransigencia de Griesa. Hasta la semana pasada, los valores de los bonos indicaban que los especuladores confiaban en un acuerdo pero esto empezó a cambiar. La hipótesis de default parcial se vuelve más palpable. La deuda que caería en cesación de pagos sería la emitida fuera de la jurisdicción argentina, en dólares, yenes y euros. Ante esta posibilidad, varios analistas señalan que hoy la deuda en moneda extranjera tiene un peso muy menor comparado con otras épocas, representando apenas el equivalente a un 15% del Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, sería un disparo en las piernas para la estrategia del gobierno de volver a los mercados y estimular la entrada de capitales.

Este hipotético plan B, ante la dureza de Griesa y el temor de la cláusula RUFO, podría sazonarse con discursos sobre la “herencia” de las cláusulas noventistas que cedieron soberanía judicial. Pero la encerrona en la que se halla el gobierno es consecuencia de sus propias decisiones políticas. Si Griesa y los buitres tienen poder de daño, es porque se otorgó soberanía extranjera en las reestructuraciones kirchneristas de 2005 y 2010 para asegurar buenos niveles de aceptación en el canje.

Dudoso “éxito”, que llevó a que la economía argentina vuelva a ser desfalcada por los pagos a los especuladores, bien aderezados con cupones atados al crecimiento de la economía. El gobierno “nac & pop”, que ilusionó con que podría salirse del problema de la deuda pagando “serialmente” está ahora acorralado por las cortes, en un momento en que el Banco Central se muestra escaso de divisas, a consecuencia de los pagos de deuda, de una formidable fuga de capitales y del déficit energético. La encrucijada pone en evidencia que, en las antípodas de la estrategia oficial y de todos los partidos patronales, la única salida a la crisis de la deuda es el no pago, como parte de un programa de conjunto para cortar con la expoliación de todos los buitres. Desde la bancada del PTS en el Frente de Izquierda hemos planteado la necesidad de un referéndum vinculante para que el pueblo decida, y no un puñado de funcionarios que hipotecan nuestro futuro a espaldas de los trabajadores.

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