jueves, 10 de julio de 2014

Los femicidios, un delito que no cesa en todo el país

Irina Santesteban (LA ARENA)

Un nuevo crimen por violencia de género en Córdoba, a manos de un hombre que ya había sido condenado por el asesinato de su primera pareja, demuestra que todavía falta mucho para la erradicación de este tipo de delito.

Mucho se escribe y se publica sobre la violencia de género, y entre los avances producidos en Argentina hay que mencionar la sanción de leyes que tienen por objeto su erradicación, así como la puesta en agenda de esta temática, tanto en los organismos del Estado, en el Poder Judicial y en las fuerzas de seguridad.

El 14 de noviembre del 2012 se sancionó la ley 26791 que introdujo reformas al Código Penal, incorporando la figura del femicidio en el artículo 80 (homicidio agravado), en los incisos 1 y 4. Así, esa norma establece que "se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare: 1. A su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia. 4. Por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión".

Y también se incorporan dos incisos al mismo artículo 80, que disponen: "11. A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. 12. Con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1".

De esta manera, Argentina, lo mismo que Perú, Bolivia, Ecuador y otros países de la región, incorporan la figura del femicidio en su legislación, como una de las formas de castigar la violencia de género en su máxima expresión, que es el crimen de una mujer por su condición, a manos casi siempre de sus parejas, cónyuges, novios, concubinos, actuales o pasados.

Sin datos oficiales

Pero aún con estos avances en materia de legislación penal, los números son implacables. En primer lugar, por la falta de ellos. No hay estadísticas oficiales sobre femicidios, y casi todos quienes se refieren a esta problemática, se basan en los datos que recopila la organización no gubernamental "La Casa del Encuentro".

Según el informe que esta ONG realiza todos los años en el mes de marzo, al momento de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, en 2013 hubo 295 femicidios en la Argentina, lo que significa que cada 30 horas, una mujer fue asesinada por violencia de género.

La estadística de 2013 superó la de 2012 en un 16 por ciento, y constituye la cifra más alta de los últimos seis años. La directora del Observatorio de Femicidios de la Argentina, que pertenece a La Casa del Encuentro, Ada Beatriz Rico, estimó que unos 405 niños y niñas perdieron a su madre durante 2013, por esta causa.

El Observatorio lleva el nombre de Adriana Marisel Zambrano, una joven jujeña de 28 años, asesinada a golpes en 2008 en Palpalá, a manos de su pareja, Juan Manuel Zerda, quien fue condenado a cinco años de cárcel por "homicidio preterintencional" y una vez recuperada su libertad, el mismo Poder Judicial que lo benefició con una figura legal que considera "que no tuvo intención de matar", dispuso que la niña -que tenía 10 meses al momento del crimen- pueda ser visitada por el asesino de su madre dos veces por semana.

Proyecto de ley

Por ello La Casa del Encuentro pretende que el Congreso de la Nación trate un proyecto de ley que prive de la patria potestad a los femicidas. Y junto con eso, han presentado un petitorio con medidas para mejorar el tratamiento del problema de la violencia de género, tales como: la confección de estadísticas oficiales; mayor presupuesto para dar respuesta a las víctimas; que la reforma del Código Penal no suprima el agravante por violencia de género; la incorporación en todas las currículas educativas de la temática de violencia sexista, en particular en los operadores del Poder Judicial y los miembros de las fuerzas de seguridad.

El relevamiento del Observatorio abarca los casos que se publican en las agencias informativas y más de 120 diarios y portales de noticias de todo el país, desde 2008, y lo hace justamente ante la falta de estadísticas oficiales. De esta forma, contabiliza los homicidios de mujeres por razón de género, es decir, casos que no tienen que ver con robos, secuestros u otras situaciones de la llamada "inseguridad" urbana.

Para Fabiana Túñez, directora de La Casa del Encuentro, el trabajo estadístico del Observatorio es "un piso para saber dónde estamos", y para que la agenda pública de los gobiernos aborde esta problemática con la seriedad que esos mismos números están reclamando.

En 2012, el Observatorio había registrado 255 femicidios; 282 en 2011; 260 en 2010; y 231 en 2009. En casi todos los casos, el principal sospechoso o imputado por el crimen es el marido, novio o ex pareja de la víctima.

Los datos no incluyen los casos que no se difunden en los medios de comunicación, como por ejemplo, mujeres que ingresan a los hospitales con evidencia de violencia sexista, pero al fallecer en sus certificados de defunción figura muerte por paro cardiorrespiratorio u otra causal; mujeres que mueren por abortos clandestinos, que fueron causados por violencia de género; o mujeres que aparecen en las noticias como muertas por suicidio, pero que han padecido previamente una situación de violencia sexista en sus vidas.

Doble femicida

Los datos sirven para luego formular y mejorar las políticas públicas, pero los casos reales superan los fríos números. Así sucedió con el caso del presunto doble femicida que ha conmovido a la opinión pública en Córdoba. Carlos Molina mató a su esposa hace siete años, dejando sin madre a 4 niños pequeños. Hoy es el principal sospechoso del crimen de su nueva pareja, Silvina Córdoba.

La Policía de Córdoba busca afanosamente a Molina, quien se encuentra prófugo, luego que un vecino declarara a la policía haber recibido mensajes de texto de su celular, confesando haber matado a su pareja.

En 2007, Molina había asesinado a su mujer, Elsa Susana Cano, de 10 puñaladas, en la casa que compartían en barrio General Mosconi de la ciudad de Córdoba. Los cuatro hijos de la pareja quedaron al cuidado de su abuela materna, Margarita Moya de Cano. El más pequeño, de sólo 3 años, comenzó desde ese día a sufrir convulsiones que aún hoy, con 10 años, lo obligan a tratamientos permanentes.

El crimen de Silvina Córdoba, y la sospecha de que su autor sería Carlos Molina, quien así se convierte en un femicida reincidente, trajo nuevamente a la luz los detalles del juicio que lo tuvo como acusado hace seite años. Tanto el fiscal como los jueces, basándose en el dictamen del perito psiquiatra, consideraron que Molina había actuado con la atenuante de "emoción violenta". De esta manera, lo condenaron a tres años de prisión "en suspenso", con lo cual no fue a prisión, a pesar de haber cometido un crimen.

¿Crímenes imperceptibles?

María Paula García, docente e integrante de la Marcha Mundial de Mujeres, en un artículo publicado en el sitio de Internet "Notas-Periodismo Popular", se interroga si es que hay "muertes más importantes que otras". Y pide que imaginemos qué pasaría si cada 30 horas en Argentina se asesinara a un comerciante, a un colectivero o a un policía. Agrega también, qué pasaría si esas muertes hubieran estado precedidas por amenazas, agresiones verbales, golpes, etcétera.

"No es muy difícil suponer", escribe García, "la irrupción de protestas de vecinos, amigos, conocidos pidiendo justicia y de toda una sociedad indignándose y pidiendo la cabeza de políticos, judiciales y policiales. Así como tampoco faltarían muestras de dolor por parte de diversos funcionarios en conferencia de prensa. Pero que una mujer sea asesinada justamente por su condición de tal cada 30 horas no le mueve el pelo a casi nadie. No hay protestas, ni movilizaciones, ni conferencias de prensa, ni presentación de planes de contingencia".

Mientras estas cifras sigan en alza, una mujer será asesinada entre el momento de escribir este artículo y su publicación. Mientras jueces, fiscales y peritos del Poder Judicial no se formen sólidamente para abordar los casos de violencia de género, seguirán dictando sentencias como la que dejó libre a Molina, hoy doble femicida, o en La Pampa, a Tomaselli, el asesino de Carla Figueroa.

Si quienes tienen a su cargo, en los poderes del Estado, diseñar no sólo las leyes sino también las políticas públicas, tanto en materia de criterios de investigación y persecución criminal, como en el área educativa, como lo reclama sin descanso La Casa del Encuentro, no abordan esta problemática con firmeza y continuidad, con los recursos que sean necesarios, la cifra de femicidios no disminuirá y muchos varones violentos seguirán golpeando y asesinando a sus parejas. Incluso con conductas reincidentes.

En un año, un 16 por ciento más

En 2013 hubo 295 femicidios, un 16 por ciento más que en 2012. En el 63 por ciento de los casos, los autores fueron el esposo, la pareja, el novio o ex parejas o ex novios.

El 16 por ciento de las víctimas había formulado denuncia contra quien luego la asesina, o había obtenido en la Justicia una medida de restricción de contacto o de exclusión de hogar para el agresor.

Para la violencia de género, el lugar más peligroso sigue siendo el propio hogar: el 52 por ciento de las víctimas fue asesinada en la vivienda que compartía con el agresor (79 casos) o en la de ella (79 casos). En la mayoría de los casos, el crimen se perpetra con armas de fuego (83 casos), con apuñalamiento (64 casos), a golpes (37 casos), por estrangulamiento (28 casos) o por incineración (17 casos). En tanto, 19 víctimas eran adolescentes: tenían entre 13 y 18 años, 11 víctimas estaban embarazadas.

En 15 casos el autor o principal sospechoso del femicidio era integrante o ex miembro de fuerzas de seguridad. En 27 casos hubo además presunción de abuso sexual. Cuatro víctimas pertenecían a pueblos originarios, y en sus casos hubo abuso sexual seguido de muerte.

La provincia de Buenos Aires, por su densidad de población, reúne la mayor cantidad de femicidios: 89. Le siguen Córdoba con 31; Santa Fe con 28; y Salta y Chaco, con 16.

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