martes, 5 de agosto de 2014

Disputas de Galuccio con cuatro provincias petroleras, castigadas

Emilio Marín (LA ARENA)

El gobierno presentó un proyecto de ley de hidrocarburos que generó diferencias con cuatro provincias petroleras. Cada parte esgrime buenas razones. Lo que no parece razonable es que por esa oposición se castigue al cuarteto disidente.

Lo primero que habría que dejar en claro, antes de abordar las polémicas de estos días (y las que empezaron el año pasado, al compás del acuerdo de YPF con Chevron) es que la petrolera de mayoría estatal ha mejorado desde la salida de Repsol, en 2012.

Ha avanzado la producción propia de petróleo y gas, con la consiguiente mejora en las cuentas de la empresa que conduce Miguel Galuccio y en los ingresos de las provincias petroleras. Estas están agrupadas en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), que tiene por titular al gobernador de Chubut, Martín Buzzi.

Esa mejoría no significa que todo esté bien en combustibles, porque según Ismael Bermúdez (Clarín) en el primer semestre del año las importaciones ascendieron a 7.300 millones de dólares.

Al margen de la abundante propaganda gubernamental y empresaria sobre la potencialidad de Vaca Muerta (Neuquén) en gas y petróleo no convencional, el fracking o ruptura hidráulica en profundidad está lejos de haber comenzado a bombear esa producción.

El ingeniero Galuccio redactó un borrador de nueva ley de hidrocarburos, en consulta con el ministro Julio de Vido y el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, que contó con el beneplácito de Cristina Fernández de Kirchner. El mismo fue llevado a una reunión de los gobernadores miembros de la Ofephi, quienes manifestaron su acuerdo en general con la idea de atraer nuevas inversiones extranjeras. No sólo en Vaca Muerta, pero sobre todo en esa área neuquina, hubo acuerdos firmados por YPF con la mencionada Chevron, de Estados Unidos, la alemana Wintershall, la yanqui Dow, Bridas (de Bulgheroni y socios chinos de Cnocc, que tienen un 40 por ciento de Pan American Energy, de británicos y estadounidenses), la malaya Petronas, etc. Otros convenios están en estudio con la francesa Total y otras multinacionales.

En esa reunión de la presidenta con los gobernadores, éstos optaron por cierta cautela a la hora de plantear sus diferencias, pero las dejaron más o menos expuestas. Tenían reservas sobre el tema del acarreo, que ya se explicará; sobre los límites a las retenciones que pueden cobrar las provincias y otras cuestiones impositivas.

Parecía que ese debate sería seguido de otros, pero no se hicieron, quizás por la urgencia del gobierno nacional de suscribir nuevos acuerdos con empresas extranjeras que acortaran el camino hacia la mayor producción y el autoabastecimiento. Así cerrarían la canilla abierta de la importación de energía...

Diferencias profundizadas

En vez de atenderse algunas de las razones expuestas, en particular por el cuarteto disidente de Chubut, Neuquén, Mendoza y Río Negro, el PEN hizo la presentación del proyecto casi tal cual lo había redactado el CEO de YPF. Fue el 11 de julio pasado en el auditorio del Ministerio de Planificación, en una reunión del anfitrión De Vido con Galuccio y Axel Kicillof para bien impresionar a directivos extranjeros. Estuvieron entre otros los de Chevron, PAE, Total, Pluspetrol, Tecpetrol, Sinopec y Exxon.

En cambio los gobernadores de la Ofephi no fueron invitados, no fuera cosa que alguno dijera alguna palabra inconveniente en contra del libreto oficial.

Con ese rumbo que los iba dejando sin derecho a la palabra (y con unos cuantos millones de pesos de regalías menos), algunos gobernadores profundizaron su desacuerdo.

En ese lote están Buzzi de Chubut, Jorge Sapag de Neuquén, Francisco Pérez de Mendoza y Alberto Weretilneck de Río Negro. Ese es el núcleo duro, en particular los primeros tres que además de reprochar a varios de los cuarenta artículos de la iniciativa, hasta la tildaron de "ilegal". Iría en contra de la propiedad de los yacimientos que la llamada "ley corta" de hidrocarburos, de 2006, en tiempos de Néstor Kirchner, la reconoció como una titularidad de estados provinciales.

En cambio otros mandatarios fueron disuadidos, incluso algunos que venían siendo díscolos con CFK, caso de Daniel Peralta, de Santa Cruz. A otros no les costó nada realinearse porque ese es su lugar en el mundo político: Gildo Insfrán de Formosa, Eduardo Fellner de Jujuy y Juan M. Urtubey de Salta.

Otra gobernadora, no kirchnerista, que entendió como válidas las razones de Galuccio, fue Fabiana Ríos, de Tierra del Fuego, quien aseguró que se trataba de una buena ley y se protegían tanto los intereses de la Nación como de las provincias. Más aún, Ríos hizo autocrítica de algunos procederes mal llamados federalistas: "no es admisible que las provincias tengamos áreas en reserva durante años a nombre de empresas que no tienen ninguna relación con el petróleo, y mientras tanto el país esté importando hidrocarburos, favoreciendo una especulación inmobiliaria en una actividad productiva".

Quejas de cuatro

El cuarteto de gobernadores opuestos a la proyectada norma ha objetado que se elimine el sistema del acarreo. Hasta hoy, cuando una provincia licitaba un área petrolera a una empresa privada, nacional o multinacional, le imponía la obligación de entregar un porcentaje del 10 o más por ciento de la concesión a empresas provinciales, suyas, conformando a tal efecto una Unión Transitoria de Empresas (UTE). De este modo la provincia en cuestión ganaba una parte más de la renta petrolera.

Galuccio eliminó ese derecho al acarreo, limitando los ingresos provinciales. El problema es a quién se favorecerá. Si esa parte de la renta fuera al Estado nacional, vaya y pase, pero en definitiva será un beneficio extra para las privadas firmantes de nuevas concesiones, casi con seguridad multinacionales. La otra parte, habrá que ver en qué porcentaje, depende de la asociación, irá a YPF.

La redacción original era más draconiano, pues exigía en forma retroactiva que las provincias anularan todos los convenios que tuvieran firmados con cláusulas de acarreo. Esa retroactividad fue sacada, pero de aquí en adelante no podrá figurar, por ejemplo, entre los negocios de la empresa provincial neuquina GYP (Gas y Petróleo).

Siempre en la línea de acotar los negocios provinciales y agrandar los de YPF y sus socios multinacionales, la ley pretende limitar al 12 por ciento las regalías que se paguen a las provincias. Y también pone techo del 3 por ciento a los ingresos brutos que éstas puedan fijar.

El gobernador neuquino es uno de los más enfáticos en sus críticas y eso tiene que ver con que los ingresos de su distrito están en un 60 por ciento determinados por el petróleo y el gas. Por eso, además de rechazar las cláusulas mencionadas, cuestiona también que los pliegos licitatorios en su redacción queden completamente en manos de YPF, sin intervención local.

Los mandatarios quejosos tuvieron una reunión en la Casa de Chubut en Buenos Aires y desde allí partió a Puerto Madero como vocero el mendocino "Paco" Pérez, para dialogar con el CEO de la petrolera nacional. Han manifestado querer un acuerdo pero no descartan que los diferendos lleguen en su momento a la Justicia. Y en tal caso, creen que saldrán perdiendo todas las partes porque la judicialización de estos asuntos no será precisamente un atractivo para los inversionistas.

"Tarjeta roja"

El proyecto demandará que sea votado como tal en las dos Cámaras del Congreso nacional, pero también logre el aval de las legislaturas provinciales. Eso requiere de acuerdos políticos por ahora complicados.

De un lado están las quejas provinciales de que YPF quiere quedarse "con toda la torta".

Del otro, la réplica de Galuccio de que "en los últimos dos años YPF hizo por Neuquén, más de lo que cualquier otra empresa hizo en los últimos diez". Aseguró que "YPF contribuyó en el año 2013, con 2.177 millones de pesos en concepto de regalías y 537 millones de pesos en ingresos brutos, lo que representó el 26% de los ingresos de la provincia". El centro de la disputa es con Neuquén y eso porque allí está Vaca Muerta...

La presidenta excluyó a las disidentes de los acuerdos del Programa Federal de Desendeudamiento, suscriptos el jueves 31/7 por 13 distritos. Les sacó "tarjeta roja" a Chubut, Neuquén, Mendoza y Río Negro, penalizándolos por su postura petrolera. Fea la actitud...

Sin embargo no todo es disputa entre el gobierno nacional y esas provincias. Hay puntos de la ley que importan beneficios extraordinarios para los inversionistas extranjeras, que son ampliamente compartidos por unos y otros. Por caso, la ley de hidrocarburos hará suyo el decreto 927 del PEN, que exime de impuestos a bienes de capital que necesiten importarse para desarrollos petroleros, y el 929, que ofrece un amplio marco de beneficios para inversiones no convencionales y off shore, como libre disponibilidad de reservas y eliminación de retenciones sobre un porcentaje importante de las ganancias.

Galuccio y Sapag se sacan chispas por retazos de la renta petrolera, pero el gobierno nacional y las provincias petroleras se desviven por ofrecer a Chevron, Dow, Wintershall, Bridas-PAE, Petronas, Total y demás multis una porción extraordinaria de dicha renta. Difícil saber entonces cuál de las partes, si el PEN o la Ofephi, defienden el interés nacional.

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