miércoles, 13 de agosto de 2014

España: La ley de inseguridad

Jaime Richart (especial para ARGENPRESS.info)

A fuerza de porrazos, de multas y de cárcel puede que lo consigan; que consiga el gobierno someter y amordazar a la ciudadanía... Exigiendo autorización para manifestarse o para hacer huelga, este gobierno trata a la ciudadanía como el padre que exige al hijo adulto que le pida permiso para salir a la calle...

Por un lado la Constitución reconoce el derecho a la huelga y a manifestarse, pero por otro el gobierno se atribuye el suyo por su cuenta para prohibirlo. Si a eso se añade la depauperación de grandes masas de población que el saqueo, el derroche y los recortes sociales están causando al país, esto está mucho más cerca de un Estado fallido mantenido con represión que de un Estado "de Derecho". Eso, por más que lo repitan gobierno y periodistas cómplices una y otra vez, en otro ejercicio interminable de engaño y de autoengaño. La arbitrariedad, el capricho y los abusos se vienen enseñoreando de este país.

En efecto. Este gobierno es una dictadura colegiada. En tiempos de Franco la policía disolvía cualquier reunión de unas cuantas personas en la calle con un "¡disuélvanse!". Ninguna diferencia cuando el gobierno ordena abortar reuniones semejantes de manera amenazante, imponiendo multas o haciendo que los jueces metan a la gente en la cárcel: lo que disponía el siniestro tribunal de orden público franquista. También parece un país ocupado donde la ciudadanía ejerce una Resistencia inoperante. ¿Qué sentido tienen, en tales condiciones, la manifestación y la huelga? ¿Qué mella, qué desgaste ocasionarán al gobierno o a la empresa si la huelga o la manifestación son ilegales por no haber sido autorizados precisamente porque minan la credibilidad del uno o el nombre de la otra?

Esta ley de inseguridad ciudadana está trayendo un panorama social cada vez más desolador. Por si no tuviéramos suficiente con el escandaloso saqueo de la arcas públicas a cargo de políticos, empresarios y asociados centrales, autonómicos y municipales que se cuentan ya por miles, o a cargo de miembros de la monarquía.

Franco necesitó 40 años para someter al pueblo español. Al actual gobierno le han bastado dos años. Es más, la única diferencia entre la dictadura oficial y este régimen de abominable mayoría absoluta consiste en que en aquélla todo el mundo sabía a qué atenerse, mientras que España creía ser una democracia donde el pueblo es el que gobierna indirectamente y sin embargo, poco a poco va convirtiéndose en un pueblo silencioso y recluido en su casa para no ser apaleado, multado o encarcelado. Un pueblo cuya única válvula de escape empieza a reducirse sólo a la denuncia de un puñado de periodistas concretos que parecen los únicos legitimados para hacerlo en nombre del escrúpulo y de la indignación.

Vivimos tiempos disparatados, pero esta ley de inseguridad ciudadana es el colmo del despropósito. Puede que lo consigan... hasta que lleguen los salvadores, pero mientras tanto España, dado el historial de sus dirigentes en todas las instituciones, está apareciendo ante el mundo como un país oprimido y deprimido; un país sometido por un puñado de bucaneros que legislan y maniobran en materias que afectan gravemente a la igualdad, degradan las garantías jurídicas y conculcan los derechos humanos. Y todo con el beneplácito o el jolgorio de Europa. Malditos sean.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.