jueves, 21 de agosto de 2014

Herramientas contra despidos sin razón

Claudio Lozano (ACTA)

De manera insólita, luego de que Berni moliera a palos a los 400 despedidos de la imprenta Donnelley, que incluso metiera presa a una nieta recuperada que participaba del reclamo (Victoria Moyano), el gobierno entendió que tenia que avanzar legalmente sobre la empresa e incluso que era razonable aplicarle la legislación antiterrorista.

La contradicción oficial es de tal magnitud que merece explicarse. Es la resultante de una estrategia que boya como bola sin manija entre la opción por un ajuste ortodoxo de carácter recesivo y que como tal requiere “mano dura y represión”, y la defensa de un relato (cada vez más hueco) solidario con los trabajadores y la inclusión social. En el marco de este engendro, sin destino ni horizonte, estamos los argentinos.

Es obvio que el gobierno debiera usar todas las herramientas legales para evitar que las empresas despidan sin razón trabajadores. Máxime cuando los balances no justifican quiebra alguna ni amerita decisiones de cierre de la empresa.

Es incoherente que el gobierno lo haga luego de reprimir la protesta legítima de los trabajadores. El procedimiento oficial obliga a ser muy precisos.

En este sentido, la Ley Antiterrorista debe ser derogada ya que la misma puede ser empleada como una abusiva herramienta represiva del Estado para limitar, restringir, perseguir y penalizar a personas físicas, integrantes de empresas u organizaciones de la sociedad.

A la vez, resulta absolutamente razonable avanzar con acciones legales sobre empresas que, de manera fingida y maliciosa, alteran el orden social y despidan trabajadores.

En el caso puntual de Donnelley asombra que hoy el gobierno se preocupe por la presencia en su capital accionario de fondos como Blackrock y otros que, según el oficialismo, serían socios de los fondos buitres que litigan contra la Argentina por el tema de la deuda.

Corresponde decir que hace rato que las empresas en las que participa Blackrock debieran haber sido advertidas por la autoridad pública. Este fondo, al igual que la Barrick Gold, participa de las actividades de exploración y explotación hidrocarburífera en Malvinas cuando existe una ley nacional que prohíbe desarrollar actividades en el mercado interno argentino cuando se participa junto a los británicos en actividades en el archipiélago.

¿Por qué nunca consideró esta cuestión?

En un contexto donde Donnelley tiene un patrimonio neto positivo, una deuda fiscal baja, presenta una absoluta viabilidad económica, y muestra un capital accionario que viola la ley argentina, el gobierno puede, si quiere defender los puestos de trabajo, avanzar con la expropiación sin aplicar la Ley Antiterrorista.

Ley ésta que, de aplicarse, configuraría un pésimo antecedente para el contexto de una Argentina donde tiende a agravarse el conflicto social.

Claudio Lozano es Diputado Nacional de la CTA. Presidente del Bloque de Unidad Popular (UP).

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