martes, 5 de agosto de 2014

Mendoza intramuros

Carlos del Frade (APE)

Mendoza es una de las provincias más hermosas y ricas de la Argentina. Una tierra cuya historia la vincula con el proyecto de la patria grande a partir de la creación y desarrollo del primer ejército popular latinoamericano en operaciones, el de Los Andes, comandado por aquel guaraní libertario, José de San Martín.

Hoy, sin embargo, Mendoza muestra las luces y sombras de las geografías económicas, políticas, sociales y culturales argentinas.

Y en sus cárceles se exhibe la ferocidad del sistema que descarga su furia, especialmente, sobre las mujeres y los hombres varias veces excluidos. Durante el mes de junio de 2014, el abogado Carlos Varela Alvarez, visitó las cárceles de Almafuerte, San Felipe, Boulogne Sur Mer y la llamada El Borbollón, en su carácter de peticionario de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y el lunes 21 de julio presentó un informe en Londres en relación al tema.

En la provincia hay 3.739 personas privadas de su libertad, 321 de las cuales responden a delitos federales. Unas 1.100 están alojadas en el penal de Almafuerte, el último construido y habilitado, pero cuya capacidad estaba prevista para 900 internos. En 2013, se realizaron unas 4 mil denuncias por violencia institucional y sólo 7 fueron calificadas como torturas.

“Mendoza no escuchó los reclamos que produjeron el motín del año 2000 e hizo caso omiso de las recomendaciones que surgieron para evitar nuevos hechos y se llegó al año 2004 con decenas de muertos y heridos”, fue uno de los conceptos vertidos por el doctor Varela Alvarez.

En el penal San Felipe "las condiciones generales son absolutamente inadecuadas para el alojamiento de personas. Los jóvenes se encuentran en celdas oscuras, húmedas, sin ventilación natural ni suficiente". Y se agrega: "Las conexiones eléctricas son absolutamente precarias y peligrosas. Los baños se encuentran deteriorados en la totalidad de las celdas y no tienen separación entre sí".

También se hace referencia al estado de algunos pabellones de la cárcel de Boulogne Sur Mer (construida a principios del siglo XX), donde "se repite lo ya denunciado en diciembre de 2013 y febrero de 2014", cuando se percibía "un fuerte olor a orina y excrementos, la cloaca del patio interno destapada, basura acumulada, agua estancada y podrida. Las paredes externas e internas de algunas celdas se encontraban salpicadas de materia fecal. Todo el pabellón estaba mojado y las paredes y techos daban muestra de haber filtrado el agua de lluvia...."

En relación a las celdas, se indica que una "no posee camastros ni camas y tiene tres colchones en el piso. Otra se encontraba totalmente mojada, sin luz, muy sucia y con un boquete en la pared entre ésta y la continúa, advirtiéndose con preocupación un retroceso en las condiciones de habitabilidad del módulo, particularmente por la presencia de basura, fuertes olores nauseabundos y la cloaca y canales sin tapa".

La diferencia está marcada en el lugar donde se encuentran alojados los detenidos por delitos de lesa humanidad, cuando se señala: "en general, el lugar presenta buenas condiciones higiénicas en las celdas y en espacios comunes. Las celdas tienen tres camastros de cemento, todos con colchones y frazadas. Cada celda tiene su propio inodoro y espejo, en buenas condiciones. El lugar cuenta con dos cocinas y cinco heladeras, adquiridas por los propios internos. Algunas celdas poseen televisión, bibliotecas y libros".

-Cuando comencé este informe hice mención al contexto de Mendoza, quien pese a recibir la atención nacional después del motín del 2000 y la presencia del sistema interamericano de derechos humanos en pleno y de las principales ONG del mundo, hizo caso omiso de todas las advertencias. Lo que se consignaba en el informe del año 2000, tiene plena vigencia, porque si bien Mendoza aumentó las plazas edilicias de Boulogne Sur Mer a Almafuerte, San Felipe y El Borbollón, reprodujo los mismos patrones que la llevaron lamentablemente al motín del 2000 y a las medidas de urgencia internacionales. Hacinamiento, encierros prolongados, violencia carcelaria, abusos penitenciarios, ausencia de atención médica y farmacológica, de recreación, cultura, trabajo y esencialmente de educación es la característica de las cárceles de Mendoza – terminó diciendo el abogado.

Del otro lado de las postales de turismo, la realidad de las cárceles mendocinas muestra el permanente desprecio del sistema por aquellos a los que convierte en delincuentes. Una fenomenal hipocresía en las tierras donde nació el viejo sueño de la Patria Grande.

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