jueves, 28 de agosto de 2014

Paraguay: Precalentamiento político

José Antonio Vera (especial para ARGENPRESS.info)

El gobierno paraguayo lleva una gran delantera frente a la oposición y, sintiéndose libre e impune, aplica medidas contrarias a los más elementales derechos e intereses del pueblo, en un sometimiento grosero del Estado al capital privado extranjero, alimentando de manera irresponsable un proceso de precalentamiento político con creciente repulsa social que ha desembocado en la preparación de un Congreso Democrático Popular, con potencial paralización del país.

Los gremios docentes comenzaron este lunes huelgas intermitentes, con amenazas de extenderlas por algunos meses si el Ministerio de Educación continúa indiferente a sus demandas de mejora salarial en un 20 por ciento, y la regularización de la situación de unos seis mil maestros y profesores que no llegan a percibir el mensual mínimo de un millón 800 mil guaraníes (4.300 el dólar hoy).

En forma escalonada, un sector del personal médico de los hospitales públicos, lleva cuatro días de suspensión de los servicios, a un ritmo que comenzó con una hora pero aumenta otra cada día. “No hay jeringas, guantes, medicamentos, faltan profesionales, y el gobierno nada hace por remediar esta desastrosa situación”, explican los huelguistas a los pacientes y a los cientos de personas, muchas con niños de corta edad, que durante horas forman fila, la mayoría de pie, en los nosocomios de todo el país.

Estudiantes de la media, junto a universitarios, también han comenzado a movilizarse y han salido a las calles esta semana, contra la indiferencia gubernamental, el bajo presupuesto destinado a la educación superior, la mediocridad de los programas y de capacitación del cuerpo docente, y denunciando la estafa que representan las universidades privadas (más de cuarenta contra ocho públicas), que cobran cuotas muy onerosas e inventan pretextos para retener los diplomas una vez finalizadas las carreras.

Se observa una presión popular en aumento y algo están consiguiendo las movilizaciones, caso de la libertad acordada este miércoles a Julia Sandoval, luego de tres años de cárcel y la amenaza de una condena a 30, a causa de la muerte de su marido por un balazo en el momento que la amenazaba con el arma y, en el forcejeo, escapó un tiro, Las pruebas demostraron que ella no tocó el arma. Los castigos eran constantes, incluso frente a sus hijos, pero la policía nunca respondió a cuatro denuncias de la víctima. La última le dio una orden para que le entregara a su marido. Una campaña solidaria organizada por grupos sociales de resistencia a la política del Estado, fue clave para su excarcelación.

El Presidente Horacio Cartes, con el espíritu inquieto de un gerente empresarial a prueba, se afana por ganar el máximo de tiempo para satisfacer a sus grandes socios foráneos y anticiparse a la reacción popular que ya amenaza seriamente a su proyecto de convertir a Paraguay en un centro multiplazas, con las puertas abiertas a los inversionistas con capitales de todo origen, a la especulación y usura financieras, y a las corporaciones del agronegocio y del extractivismo, apoyadas en los programas geoestratégicos de Estados Unidos para la región.

Hay excesiva soberbia en el mandatario que, mal aconsejado, ha optado por ufanarse con un doble discurso, uno de hombre abierto y sonriente para el extranjero, y otro sobrador, burlón y zalamero para el interior del país, donde se le conoce como hombre autoritario que hace honor a la herencia adquirida de los métodos represivos y de la concepción doctrinaria elitista que, desde mediados del siglo pasado,k sometió al país, al Ejército y al empresariado y, en particular, a los aparatos de los partidos Colorado y Liberal.

El General Alfredo Stroessner, alumno del Pentágono, miembro del Operativo Cóndor de exterminio de las ideas democráticas y de sus actores en Suramérica, y siniestro tirano entre 1954 y 1989, murió hace una media docena de años en un exilio dorado en Brasil, legando una descomposición moral que, aún hoy, afecta a todo el tejido social paraguayo, sembrado de miedo y desconfianza entre familiares y vecinos, buena parte concentrados en la búsqueda del enriquecimiento personal a cualquier precio.

Esa prostitución, profundamente enraizada en la actividad política, la función pública y los gremios empresariales, reina a las anchas en los círculos de poder, donde el sentido de patria, demostrado heroicamente por los paraguayos en las guerras de la Triple Alianza (1864/70) y la del Chaco (1932/35), ha sido sepultado por la fiebre del dinero, de la suntuosidad y el consumismo, convirtiendo en una coprocracia a un país con inmensas riquezas naturales y el mérito de haber sido la primera República Soberana, proba, de Suramérica, entre 1813 y 1864.

La deforestación no tiene parangón, y el Paraguay, sexto productor y cuarto exportador de soja del mundo, exhibe uno de los índices más altos de pobreza de Latinoamérica, con 49 por ciento de la población prisionera de esa definición, según un reciente informe del Banco Mundial, consignando que la mitad de ella está sumida en el hambre.

El Presidente Cartes vive de espaldas a esa situación, basta con oír sus destemplados discursos, pero es evidente que no la ignora, pues cada día cierra más filas con los medios de comunicación afines, de los que utiliza a una docena de periodistas como sus portavoces, en un impúdico comportamiento de colegas sin ética, presumiblemente desgraciados por alguna suculenta recompensa, buenos períodos de vacaciones en los más lujosos balnearios del mundo, becas de adiestramiento en el extranjero, y hasta el reclutamiento de algún familiar en puestos administrativos con alto salario.

Ello explica la gran difusión que tiene estos días la buena conducción del país, que facilita el ingreso de mucho dinero, tras la colocación de bonos del Tesoro Nacional por unos dos mil millones de dólares, a devolver en 30 años, “cuando tendremos suficiente capacidad para pagar”, al decir de un dirigente de la Unión Industrial, sin poder explicar cómo, en seis meses, el Ministerio de Hacienda vaciado, podrá pagar la primera cuota del interés del seis por ciento anual acordado.

Los hechos, no astrólogos ni futurólogos, prueban que los jerarcas del poder en Paraguay, actúan con irresponsabilidad deliberada. El gabinete gobernante, empresarios agraciados, y periodistas cipayos, celebran desde ayer el decreto presidencial que ordenó la entrega de 300 hectáreas fiscales a 130 familias campesinas, ocultando que la propiedad es de tres mil hectáreas, sitas en Ycuamandiyu, Departamento de San Pedro, y que otras 2.500 quedaron legalmente en manos de la empresa brasileña Bioenergy, que desde hace años las ocupa por la fuerza. Otras 200 la compró, aunque parezca increíble, el Instituto de Desarrollo Rural (INDERT), cuya misión es realizar una reforma agraria.

Hace 48 días que cientos de campesinos están acampados reclamando 1.300 hectáreas de esa propiedad y, los pocos que han firmado los documentos del gobierno, reflejan el inmenso agotamiento que les produce el acoso que sufren desde hace años, humillados y empobrecidos, con cuatro de sus más activos delegados asesinados por esbirros de los latifundistas, y cercados por las plantaciones de soja y sus fumigaciones tóxicas.

La historia de esa propiedad ha tenido varias etapas. En 1951, el Médico Andrés Barbero se la donó a Italia para que orgnizara una comunidad de inmigrantes, propósito que naufragó. Fue adquirida por Mario Laterza, uno de los tantos perseguidos políticos por Stroessner, y usurpada, mediante firma adulterada de un Juez, según el dueño legal, por un ciudadano griego, cercano al dictador, quien debió huir del país cuando sus fechorías llegaron a superar el carácter delictivo del régimen, abandonando la propiedad.

Desde entonces, su condición de tierra destinada por ley a la reforma agraria, fue reclamada infructuosamente por las organizaciones campesinas, y recién se le atendió en junio del 2012 por el Presidente Fernando Lugo, un día antes de una encerrona que terminó con el asesinato de once campesinos y seis policías, pretexto planificado para dar el Golpe de Estado que lo derrocó una semana después, cuando su gobierno y el de Italia, habían acordado permutar esas tres mil hectáreas por un inmueble en Asunción para instalar la Embajada de ese país europeo.

Hay violación constitucional por todos lados. Esas hectáreas, propiedad del Estado paraguayo, nunca podían ser adjudicadas a privados y mucho menos de origen extranjero, pero el problema se agrava porque el propio Cartes aparece acusado por organizaciones campesinas, de ocupar ilegalmente parte de esa propiedad fiscal, más otra que el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), sostiene que le pertenece, aunque está a nombre de un ex funcionario ya fallecido, quien legalmente nunca pudo ser titular.

Un inmenso cartel, con una gran foto de del mandatario y una leyenda alusiva al trabajo que impulsa el Nuevo Rumbo, su eslogan electoral, cubre orgullosamente la entrada a la cuestionada propiedad, que linda con otro latifundio que está a nombre del Barón Del Maltzan, administrado por Cilfrido Baumgarten, zona de intenso cultivo de soja y producción de carne para la exportación.

En el distrito Huber Duré, cercado por los sembradíos de soja, y que lleva el nombre de un joven campesino asesinado tiempo atrás por la policía, durante una manifestación contra la fumigación con venenos, han muerto dos niñas y un bebé en menos de dos meses, y los campesinos han visto morir unas 400 gallinas, y decenas de vacunos y cerdos, pero las autoridades de Salud, del Ministerio de Agricultura y de la Fiscalía, se han permitido declarar, antes de los estudios de laboratorio, que la causa es la insuficiencia respiratoria de esas víctimas. La prensa comercial acompaña esa insensata versión oficial.

Teodolina Villalba, Secretaria General de la Federación Nacional Campesina (FNC), la más pujante fuerza en la lucha por el cambio político en el país, afirma que casi todo este desatino del gobierno de Cartes se explica por “la gran presión de los sojeros”. No sólo por eso, sino que responde a la cruzada privatista que ha llegado con atraso a Paraguay, cuyo objetivo es la sustitución del Estado por el poder financiero transnacional.

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