jueves, 18 de septiembre de 2014

Despidos y suspensiones ¿coyuntura o estructura?

OTRO VIENTO

Durante los últimos meses, la realidad argentina estuvo marcada por la conflictividad social. Desde fines del año pasado y comienzos de este, algunos indicios permitían anticiparlo. Así, el 2013 se iba con los petroleros de Las Heras condenados a perpetua, y el 2014 amanecía con una significativa devaluación de la moneda nacional.

Las señales dejaron de ser tales, para convertirse en realidad. Entre abril y mayo de este año, la empresa multinacional de capitales españoles Gestamp, ubicada en Escobar y dedicada a la fabricación de autopartes, despidió sin indemnización a 67 empleados con motivo de la caída en la actividad automotriz. El mismo camino siguió la autopartista Lear, de General Pacheco, que despidió a unos 100 trabajadores y suspendió a otros 200, además de paralizar sus actividades por 15 días, amenazando con cerrar sus puertas.

Más cerca en el tiempo, los trabajadores de la empresa Donelley se encontraron una mañana con la noticia de que su lugar de trabajo cerraría sus puertas y se iría del país, motivando una acusación pública de la Presidenta: “Alteración al orden económico y financiero”, un delito que enmarca en la ley antiterrorista.

Estos no son más que los casos que tuvieron una mayor repercusión en los medios de comunicación, seguramente por las medidas de fuerza desarrolladas (como toma de plantas, movilizaciones y cortes de ruta). Sin embargo, esta escena se repitió a lo largo y ancho de todo el país. Por ejemplo, en la provincia de Córdoba, donde la autopartista Valeo echó a 59 empleados, o automotrices como Renault e Iveco decidieron suspender a la mayoría de sus trabajadores ante la falta de insumos, provocada por la paralización en las empresas proveedoras.

La lista no se detiene, y aparecen casos como el de la metalúrgica Visteon, quien abastece de insumos a Ford y Volkswagen, que a comienzos del mes de julio también cerró dejando en la calle a 290 trabajadores. O el caso de los 180 empleados del Talar, parte del Ingenio Ledesma, que desde marzo sostienen el reclamo para su reincorporación. En definitiva, un listado de casos que parece interminable, pero que al mismo tiempo, es sólo una porción de la realidad que agobia a los trabajadores de todo el país.

Empresas del sector automotriz fueron las que comenzaron con la seguidilla de despidos, luego le siguieron muchas otras de distintos sectores, todas aduciendo una causa en común: la baja del consumo. Los grupos empresarios vinculan esto con la crisis económica que está atravesando el país, y frente a dicha situación llevan adelante distintas medidas con el objeto de mantener siempre su altísima tasa de ganancia. Es así que lo primero que tienden a hacer es reducir sus costos de producción, y para ello se sacan de encima lo que en verdad les da su mayor rentabilidad: la mano de obra de los trabajadores.

Ahora bien, ¿Es posible que la caída de la demanda sea tan elevada que se vean obligados a despedir trabajadores? ¿O solamente lo hacen para sostener su ganancia y seguir llenándose los bolsillos? En todo caso, ¿Por qué tienen la libertad de hacerlo sin ninguna restricción por parte del Estado?

Ante este panorama, el Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y Profesor de Economía Política en la Universidad Nacional de Rosario, Julio C. Gambina, brinda su mirada a fin de desentrañar las verdaderas causas económicas que generan la actual convulsión social.

¿Cómo se relaciona la enorme cantidad de despidos y suspensiones de este año con la situación económica que atraviesa el país? ¿Qué factores de la economía nacional provocan la actual crisis?

La Argentina entró en recesión (técnicamente más de dos trimestres de caída del PBI), con mayor impacto en el sector industrial. Las empresas industriales, mayormente extranjeras, que constituyen el núcleo de la dominación, no resignan ganancias, pese a la acumulación en los últimos años de expansión entre 2002 y 2013, más allá de eventuales caídas como en el 2009.

La recesión está asociada a una retracción en la inversión productiva. El argumento de los inversores externos remite al tipo de cambio -retrasado según ellos- y a las restricciones para remitir utilidades al exterior, como así también otras limitaciones, por ejemplo las autorizaciones de importaciones, que en la industria son claves, pues el sistema productivo de “armaduría” supone la importación de partes componentes del producto final.

El modelo productivo argentino y la política económica en curso tiene límites para los objetivos de obtener ganancias y su respectiva acumulación capitalista, por lo cual, la respuesta empresaria utiliza la recesión para solicitar ajustes de política cambiaria, y demanda facilidades para las inversiones, los créditos y otros beneficios que potencien las ganancias. Con las suspensiones o despidos generan presión sobre los trabajadores para una reducción de los salarios o de sus actualizaciones y con ello, apuntan al gobierno, que teme a la conflictividad social creciente derivada del clima laboral.

¿Qué capacidad de maniobra posee el Estado cuando la actividad económica está concentrada mayoritariamente en empresas extranjeras?

En rigor, hay que cambiar el modelo productivo y de desarrollo, difícil a resolver por un gobierno que tiene un imaginario de desarrollo capitalista sostenido en una inserción subordinada al mercado mundial. El Estado capitalista en un país subordinado o dependiente, sólo puede adecuarse a las condiciones de la transnacionalización y por eso, más que actuar para reactivar la economía con medidas alternativas, acude a pagar a Repsol, las sentencias del CIADI, del Club de París y si pudiera cancelaría deuda con los holdout.

Para que el Estado intervenga eficazmente debe decidir confrontar al orden capitalista, pensando en un proceso de transición.

Históricamente, Argentina se ha ubicado dentro de la división internacional del trabajo como productor de materias primas ¿Qué consecuencias genera la ausencia de desarrollo industrial? ¿Qué posibilidades existen de desarrollar un verdadero proceso de sustitución de importaciones?

El desarrollo industrial está subordinado a la transnacionalización del capitalismo. En la actualidad funciona el mecanismo de la “armaduría”, subordinado a la importación de partes componentes del producto final.

Organizar un modelo de desarrollo industrial no dependiente, requiere asumir un rumbo no capitalista y un proceso de integración alternativo, no subordinado, organizando alianzas estratégicas en la región.

Una de las claves será la independencia tecnológica, a lograr con la promoción de la educación pública, especialmente la Universidad y los institutos de investigación, siempre en el marco de la integración regional y con otros países en disposición de no subordinarse a la lógica del capitalismo.

¿A qué se debe que el gobierno no haya llevado a cabo medidas como nacionalizar el comercio exterior, restablecer una junta nacional de granos, modificar la ley de entidades financieras de Martínez de Hoz, realizar una reforma tributaria para que los terratenientes paguen tasas impositivas acordes con el altísimo valor de sus tierras? ¿Cuáles serían los costos políticos? ¿Cómo impactaría ello en la economía?

Es una cuestión de clase, que iría contra el bloque económico que sostuvo al gobierno en la década.

Las reestatizaciones (que se produjeron en estos diez años) fueron más decididas por retiro de los empresarios transnacionales que operaban esas actividades que por decisión propia. Las AFJP se estatizaron en la más profunda crisis capitalista con impacto en bancos y finanzas y esos recursos se aplican hoy a sustentar inversiones en bonos de la deuda pública.

Los costos políticos son con las clases dominantes, y eso es algo que el gobierno no está dispuesto a llevar adelante. No existe solución para los trabajadores y el pueblo en el marco del orden capitalista, sustentado en la obtención de ganancias, la acumulación y su impacto en la dominación social.
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Como señala el economista Julio C. Gambina, la conflictividad actual se genera a raíz del posicionamiento privilegiado del sector empresarial, que con la intención de no disminuir su tasa de ganancia, decide abaratar costos en la producción despidiendo trabajadores, presionando a la vez al Estado, a fin de que reduzca su intervención en la economía para así obtener mayores beneficios. Esto conduce a indagar acerca de cuáles son las condiciones estructurales que brinda la economía argentina para permitir a un grupo selecto y minoritario llevar adelante este tipo de acciones.

En este sentido, cabe señalar que Argentina a lo largo de la historia, se ha posicionado dentro del mercado mundial como un país productor y exportador de materias primas, donde la inversión de los capitales extranjeros ocupa un lugar privilegiado para la explotación de los recursos naturales a raíz del casi nulo desarrollo tecnológico. A su vez, consolidó, de este modo, una economía fuertemente dependiente de la importación de productos industriales y altamente transnacionalizada. No es casual que de las 500 empresas que más facturan en la actualidad el 66% son extranjeras.

Esta lógica funcional, no ha sido transformada en los últimos diez años. Por el contrario, ha sido reproducida, ya que a través del impulso de un modelo “neo desarrollista”, donde el Estado asumió una mayor intervención para garantizar un mejor funcionamiento del mercado, las inversiones extranjeras continuaron siendo fundamentales para el desempeño de la economía, ante los frustrados intentos del gobierno por conformar una burguesía nacional, reforzándose de este modo el carácter dependiente antes señalado.

Ahora bien, es fundamental resaltar la normativa legal en la cual se circunscriben las negociaciones que tiende el Estado con el capital extranjero, a modo de comprender las facilidades que tiene éste para hacerse de ganancias en su excursión por el país. Aunque resulte paradójico, aún hoy se encuentran vigentes tanto la Entidades Financieras como la Ley de Inversiones Extranjeras, provenientes de la última dictadura cívico-militar.

Por un lado, la sanción de la ley de Entidades Financieras permitió que ingresen al país un elevado número de entidades bancarias, a las cuales se les concedió la facultad de captar depósitos y regular las tasas de interés activas y pasivas. Cuestión de vital importancia ya que les posibilitó estructurar el acceso al crédito sin fijar ninguna pauta de orientación pública, dando como resultado un predominio de los créditos a corto plazo y la ausencia de préstamos para la producción.

Por el otro, la ley de Inversiones Extranjeras generó una apertura a la entrada de capitales extranjeros, a raíz de garantizarles un trato igualitario respecto de las inversiones nacionales. Lo cual acentúo el proceso desindustrializador, ya que ese capital no se situó en los sectores industriales, y además como dicha ley no obligaba a reinvertir las utilidades en el país, facilitó la fuga de capitales, que desde el 2003 hasta la actualidad se estima en US$ 200 mil millones.

Entonces, ¿Cómo es posible revertir esta situación de dependencia si hay un marco legal que protege y estimula las ganancias del capital foráneo? ¿Cómo hablar de rupturas con el orden económico si durante esta década el sector empresario ha incrementado tajantemente sus ganancias? Más allá de la retórica discursiva utilizada, la realidad marca que durante esta gestión la clase dominante no ha visto alterada su posición, y ello se debe sin dudas a una decisión del gobierno en tal sentido, ya que luego de embestir contra la oligarquía terrateniente allá por el 2008, se replegó en los márgenes de su modelo representado por el “capitalismo serio”.

Si se quiere lograr un cambio real hay que apostar a una transformación estructural, donde el Estado controle de manera directa los distintos sectores de la economía por sobre el sector empresarial nacional e internacional, con el objeto de desarrollar una alternativa por fuera de la lógica del “capitalismo serio” y ligada verdaderamente a los intereses de la clase trabajadora que lleve a superar la desigualdad social generada por el actual modo de producción.

Dos caras de una misma moneda

Frente a la actual conflictividad, la respuesta dada desde el gobierno no sorprendió a nadie. Era previsible que ante el descontento de los miles de trabajadores suspendidos y despedidos, las fuerzas de seguridad sean las encargadas de intentar aplacar sus gritos.

La solapada transversalidad que ha utilizado el gobierno para colocarse de un lado y del otro, a fin de sostener el equilibrio entre intereses contrapuestos -el de los patrones y los trabajadores- ha sido desechada en la actualidad, posicionándose abiertamente a favor de los intereses patronales.

En este sentido, no es ingenua la voluntad política por reglamentar la protesta social manifestada por la presidenta, Cristina Fernández, al abrir las sesiones legislativas el 1 de marzo de este año en el Congreso Nacional. Decisión luego receptada por proyectos provenientes tanto de legisladores del FPV, como por parte de los armados reaccionarios del PRO y el Frente Renovador.

Esta intención se enmarca en un contexto funcional de crisis económica, dónde el “capitalismo serio” -lema del modelo kirchnerista- no impide que las crisis cíclicas propias de este sistema de producción se eviten. Y, al encontrarse cerradas las vías de acceso al crédito externo a causa del conflicto con los fondos buitre, las fuentes de financiamiento internas (ANSES y Banco Central) pese a hallarse en rojo, continúan utilizándose para inyectar dinero a fin de dar los últimos coletazos para reactivar la economía. Sin embargo, los planes impulsados (Progresar, Pro.Cre.Auto, Proemplear) resultan acotados, ya que en nada modifican lo estructural, sino que aportan momentáneamente a sostener la tasa de empleo.

Por ello, el as que tiene el Ejecutivo es recurrir, como se indicó, a las fuerzas de seguridad a fin de contener el reclamo de los trabajadores y de este modo llegar a las presidenciales del año venidero con un menor grado de convulsión social, o por lo menos, a eso aspira.

También cuenta, en el ámbito de la industria automotriz, con la ayuda de la burocracia del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), la cual sin tapujos se ha ocupado de perseguir a los trabajadores ante cada lucha emprendida, hasta el punto de reunirse con otros sindicatos que conforman la CGT oficialista en el marco de la Confederación de Sindicatos Industriales, con el objeto de diseñar una estrategia conjunta para combatir la “infiltración” de la izquierda en las fábricas.

Es evidente que en la agenda oficial no figura la desesperante situación que deben atravesar quienes quedaron en la calle, sin trabajo ni ingresos y con numerosas familias por sostener. Sino más bien las consecuencias que de ello se desprende, en tanto afecten la gobernabilidad.

Por lo cual, esta reacción ilustra el rol ocupado tanto por el gobierno como las burocracias sindicales que, sin traicionar su historia, han movido sus fichas a favor de los intereses patronales.

La única alternativa para la clase trabajadora consiste en organizarse conjuntamente con las organizaciones de izquierda, con el objeto de llevar adelante un plan de lucha que permita avanzar contra la clase dominante, a fin de construir una alternativa superadora que acabe con las miserias que ofrece el actual modo de producción.

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