lunes, 27 de octubre de 2014

Argentina: El círculo K de la entrega

Alcira Argumedo (especial para ARGENPRESS.info)

El círculo de la aberrante entrega de nuestros recursos en petróleo y gas, que ahora se cierra con la Ley de Hidrocarburos, comenzó a dibujarse el 30 de agosto de 1991. Ese día el presidente Carlos Menem y sus ministros Domingo Cavallo y José Luís Manzano suscriben un acuerdo con el gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, por el cual se comprometen a reconocer a esa provincia una deuda de 480 millones de dólares por supuestas regalías mal liquidadas; pero dependía de la ley de privatización de YPF: de no aprobarse esta ley “quedará sin valor y efecto alguno y no podrá ser invocado como antecedente de ninguna especie”.

En función de este acuerdo, Néstor Kirchner será el protagonista principal en la solución del problema de Menem: no tenía en el Congreso los votos necesarios para aprobar la privatización, ante la negativa de la UCR y las resistencias dentro del PJ. La clave era lograr el apoyo de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos -OFEPHI- integrada por las provincias de Tierra del Fuego, Río Negro, Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Salta y Santa Cruz, que Kirchner presidía desde pocos días antes. Luego de meses de un arduo trabajo de convencimiento -levantando las banderas del federalismo y ofreciendo prebendas de diverso tipo- hacia comienzos de septiembre de 1992, todo estaba maduro.

El 17 de ese mes, en la Legislatura Provincial de Santa Cruz, la diputada Cristina Fernández de Kirchner expresa: “Señor presidente: Venimos a requerirle que, a través de una declaración, nuestra Honorable Legislatura se expida exigiendo a los diputados nacionales del Distrito que posibiliten el tratamiento del proyecto de la (…)Ley de Federalización de Hidrocarburos y de Privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (para que) tenga siquiera su tratamiento en esa Cámara (…) Del dictado de esa ley depende hoy el envío de los 480.000.000 de dólares y el pago de nuestra parte en la licitación de las áreas ya concretada.”

Luego de reunirse con José Luís Manzano, el 22 de septiembre Néstor Kirchner dio una conferencia de prensa instando a los diputados disidentes a que, al menos, dieran quórum. Además, el avión de su gobernación permitió al diputado Rafael Flores viajar a Buenos Aires con una pierna enyesada: era el voto necesario para el quórum. El 23 de septiembre de 1992, la Cámara de Diputados aprueba la Ley 24.145 de privatización de YPF. El miembro informante Oscar Parrilli tuvo palabras elocuentes: “No venimos a esta sesión arrepentidos de lo que fuimos, no sentimos vergüenza de lo que somos y tampoco venimos a pedir disculpas por lo que estamos haciendo…” El diputado Álvaro Alsogaray tomó como referencia ese discurso, con calurosos elogios.

En febrero del 2007, durante un encuentro en el Salón Sur de la Casa Rosada, el presidente Néstor Kirchner manifestó: "Sabemos el genocidio que pasó nuestra industria petrolera, la increíble privatización (...) Si YPF hubiera quedado en manos nuestras estaríamos recaudando (...) entre 20 y 25 y hasta 30.000 millones de dólares por año". No obstante, antes del fin de su mandato avaló la prórroga por 40 años del yacimiento de Cerro Dragón en Chubut y Río Negro, a favor de la British Petroleum y el Grupo Bulgheroni. En 2008, mediante un nuevo acuerdo avalado por los Kirchner, la empresa Repsol-YPF aceptó vender el 25% de su patrimonio al Grupo Petersen de Enrique Ezkenazi -banquero amigo del poder- en condiciones altamente favorables: sin poner ni un peso, la compra se pagaría con las utilidades correspondientes, gracias a un crédito avalado por la propia corporación. A cambio, se permite a Repsol vaciar la empresa: podrá disponer del 97% de sus beneficios, sin realizar inversiones ni exploración.

A causa de la privatización de YPF, en el 2011 Argentina debió importar una cantidad creciente de gas y petróleo y la balanza comercial de hidrocarburos comenzó a mostrar rojos. En mayo de 2012, en un recinto de Diputados desbordante de funcionarios -entre ellos Oscar Parrilli- y público con banderas y carteles, se aprueba la Ley de Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina impulsada por la presidenta Cristina Kirchner. La drástica caída de las reservas durante la gestión de Repsol en YPF dada la insuficiente inversión, fue el principal motivo aducido y se declara de utilidad pública, sujeto a expropiación, al 51% de la empresa. El fundamento señala que “de proseguir con esta política de vaciamiento, de no producción, de no exploración, prácticamente nos tornaríamos en un país inviable, por políticas empresariales y no por recursos”; pero esas fueron las condiciones de la compra en el 2008. Por esta razón, en el 2014 se paga a Repsol el total de lo reclamado, aceptando una tasación trucha del patrimonio y sin incluir los pasivos que debían descontarse: los de Repsol tenían en la manga el acuerdo respaldado por los Kirchner.

Las acciones K tuvieron resultados catastróficos; entre 1992 y 2014, nuestro país perdió más de 250.000 millones de dólares en concepto de renta petrolera y gasífera. Pero algunos obtuvieron frondosos beneficios: en abril del 2014 la British Petroleum se auto-incrimina ante la Comisión de Valores de Estados Unidos, reconociendo el pago de coimas por esa prórroga de la concesión de Cerro Dragón. El círculo cierra con la nueva Ley de Hidrocarburos promovida por Cristina Kirchner: se entrega a perpetuidad el total de los recursos de gas y petróleo -convencional y no convencional- a las corporaciones petroleras, con la prohibición de otorgar nuevas áreas a empresas públicas o con participación estatal; por ejemplo, YPF. Se habilita la explotación depredadora del fracking, después de eliminar del Código Civil el derecho al agua potable, para que nadie moleste. Se fija un tope del 12% a las regalías, mientras Evo Morales cobra 50%: una diferencia de 38%. Según cálculos del diputado Federico Sturzenegger del PRO, por cada 1% de regalías que no cobre, el país perderá 45.000 millones de dólares en el período de 30 años; por el 10% se pierden 450.000 millones; por el 20% se llega a 900.000 millones de dólares. Montos que sucesivas generaciones del pueblo argentino ofrendarán a las corporaciones: esto para los K es ser patriotas, como Belgrano.

Alcira Argumedo es diputada nacional por Proyecto Sur.

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