jueves, 9 de octubre de 2014

Mucho está podrido en México

Gerardo Fernández Casanova (especial para ARGENPRESS.info)

La capacidad de indignación ha quedado rebasada. Me resulta difícil dar crédito a la información disponible. La matanza de los normalistas de Iguala está fuera de lógica; sólo puede corresponder a una aberrante mentalidad desquiciada, sea por abuso de drogas o por grave enajenación mental, ambas en colectivo. Queda fuera de duda la condición de criminal del presidente municipal y de las repetidas ocasiones en que fue denunciado como asesino, así como la demostración de su participación en el crimen organizado, al lado de sus cuñados. Es inexplicable que nadie haya hecho nada para detenerlo, no obstante que desde el propio Senado de la República se acordó un exhorto para hacerlo. El gobernador no puede fingir demencia y decir que no sabía lo que estaba pasando. El presidente tampoco puede lavarse las manos exigiendo al gobernador que cumpla con su responsabilidad, el asunto es competencia del fuero federal y, por tanto, es de su autoridad resolverlo. El PRD no puede salvar la cara con un simple ofrecimiento de disculpa a la población de Iguala por haber avalado la candidatura de un conocido criminal. El caso echa por tierra todo el discurso oficial de que el combate al crimen va por el camino correcto; es una muestra palmaria de la descomposición del régimen.

Pero atrocidades como las de Iguala y de Tlatlaya no son más que cuadros fotográficos de una película de terror; la película de la realidad nacional en proceso de putrefacción, cuyos principales actores son la corrupción y la impunidad en un elenco del que forma parte casi toda la llamada clase política. En la trama se observa cómo se confunde la autoridad con el autoritarismo en severo detrimento de la primera. La ilegitimidad que ha caracterizado la elección de los poderes públicos hace nugatorio cualquier esfuerzo por recuperar la paz social; el que es ilegítimo está imposibilitado para exigir honestidad (en caso de que lo quisiera intentar). Quién puede exigir a un joven carente de la posibilidad de estudiar o de trabajar que no delinca, cuando quien lo exige es un delincuente. Cómo puede respetarse a quien dispone de la autoridad formal pero carece de la de orden moral. Cómo creer en quien engaña para lograr sus “reformas estructurales” y se desmiente una vez logradas, como es el caso de las tarifas de electricidad y el precio de los combustibles. Cómo restañar el tejido social roto y corrompido, si el modelo neoliberal vigente privilegia la competencia y desalienta la solidaridad; valoriza el tener y desprecia el ser.

Para el caso específico de los estudiantes de las normales rurales, cómo reclamarles por sus actos de protesta –“vandálicos” dirían algunos- cuando el régimen las ha sentenciado a la muerte por inanición desde hace seis décadas. Con su rebeldía sólo defienden el único y reducido espacio para su inserción social. La excesiva violencia con que fueron reprimidos es la brutal expresión terminal de un proceso de constante acoso ejercido desde el poder, sea local o federal.

El país requiere una profunda cirugía en sus instituciones; su desgaste es superlativo y creciente. Para colmo, la institución creada para ofrecer credibilidad en los procesos electorales, en la que se aplican cuantiosos recursos del erario, se inaugura con el nombramiento de los consejeros electorales locales mediante procedimientos ajenos a la ética. El Instituto Nacional Electoral (INE) surgido de una reforma constitucional dispuesta para depurar los organismos electorales de los estados, sabidamente controlados por los gobernadores en beneficio de sus partidos, más pronto que el canto del gallo incurrió en el vicio que se quiso evitar. Cinco miembros del Consejo Electoral, afines al PRI, se coludieron para votar en un mismo sentido y así favorecer el predominio de su partido en los consejos locales, en contravención al objetivo constitucional de garantizar imparcialidad en los procesos electorales. De un plumazo (o plomazo) se canceló la expectativa de credibilidad. Lo denunciaron vigorosamente el senador Javier Corral del PAN, Duarte de MORENA y, extrañamente, el representante del PRD Guadalupe Acosta Naranjo (que luego sería desmentido por la dirigencia de ese partido que avaló el procedimiento). La aplanadora se impuso y dejó planchados a los denunciantes, pero también a cientos de aspirantes que se aplicaron a seguir, muchos de buena fe, el tortuoso camino de exámenes y entrevistas para la selección.

Hamlet, el de Shakespeare, detectó que algo olía mal en su Dinamarca y lo manifestó. En México Peña Nieto calla el insoportable hedor de la podredumbre. ¿Será que ya nos acostumbramos y hasta nos gusta? No quiero creerlo.

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