martes, 21 de octubre de 2014

¿Quién es considerado víctima del conflicto interno colombiano?

Alberto Pinzón Sánchez (especial para ARGENPRESS.info)



Nunca el santanderismo oligárquico dominante desde hace 200 años, se había mostrado más florido que con motivo de la definición jurídica de víctima del conflicto interno colombiano. La maraña legislativa se inicia en el gobierno de Uribe Vélez con la expedición de la tan conocida “ley de justicia y paz”, técnicamente ley 975 de 2005, donde en su artículo 5º dice así:

( …)“ARTÍCULO 5o. DEFINICIÓN DE VÍCTIMA. Para los efectos de la presente ley se entiende por víctima la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley.

También se tendrá por víctima al cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida.

La condición de víctima se adquiere con independencia de que se identifique, aprehenda procese o condene al autor de la conducta punible y sin consideración a la relación familiar existente entre el autor y la víctima.

Igualmente se considerarán como víctimas a los miembros de la Fuerza Pública que hayan sufrido lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual o auditiva), o menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de las acciones de algún integrante o miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley.

Igualmente se considerarán como víctimas a los miembros de la Fuerza Pública que hayan sufrido lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual o auditiva), o menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de las acciones de algún integrante o miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley.

Asimismo, se tendrán como víctimas al cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares en primer grado de consanguinidad, de los miembros de la fuerza pública que hayan perdido la vida en desarrollo de actos del servicio, en relación con el mismo, o fuera de él, como consecuencia de los actos ejecutados por algún integrante o miembros de los grupos organizados al margen de la ley” (…).

Pero vinieron las críticas tanto nacionales como internacionales y sobre todo, 6 meses después de esta leguleyada colombiana, se aprobó por unanimidad en la Asamblea General de la ONU, la Resolución 60/147 del 16 de diciembre de 2005, titulada “principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de Derechos Humanos y de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, donde se cita toda la legislación internacional existente hasta la fecha relacionada y, donde se condensa de manera sencilla y ejemplar toda la legislación ”global” actual.

Debieron pasar 6 años de promulgada la resolución de la ONU y de intensas críticas, cuando los fetichistas de la ley, debieron maquillar el original y produjeron la también conocida “ley de víctimas y restitución de tierras”, técnicamente ley 1448 del 2011, que dice así:

(…).ARTÍCULO 3o. VÍCTIMAS. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.

También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente.

De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.

La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima.

PARÁGRAFO 1o. Cuando los miembros de la Fuerza Pública sean víctimas en los términos del presente artículo, su reparación económica corresponderá por todo concepto a la que tengan derecho de acuerdo al régimen especial que les sea aplicable. De la misma forma, tendrán derecho a las medidas de satisfacción y garantías de no repetición señaladas en la presente ley.

PARÁGRAFO 2o. Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no serán considerados víctimas, salvo en los casos en los que los niños, niñas o adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de edad.

Para los efectos de la presente ley, el o la cónyuge, compañero o compañera permanente, o los parientes de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley serán considerados como víctimas directas por el daño sufrido en sus derechos en los términos del presente artículo, pero no como víctimas indirectas por el daño sufrido por los miembros de dichos grupos.

PARÁGRAFO 3o. Para los efectos de la definición contenida en el presente artículo, no serán considerados como víctimas quienes hayan sufrido un daño en sus derechos como consecuencia de actos de delincuencia común.

PARÁGRAFO 4o. Las personas que hayan sido víctimas por hechos ocurridos antes del 1o de enero de 1985 tienen derecho a la verdad, medidas de reparación simbólica y a las garantías de no repetición previstas en la presente ley, como parte del conglomerado social y sin necesidad de que sean individualizadas.

PARÁGRAFO 5o. La definición de víctima contemplada en el presente artículo, en ningún caso podrá interpretarse o presumir reconocimiento alguno de carácter político sobre los grupos terroristas y/o armados ilegales, que hayan ocasionado el daño al que se refiere como hecho victimizante la presente ley, en el marco del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, de manera particular de lo establecido por el artículo tercero (3o) común a los Convenios de Ginebra de 1949. El ejercicio de las competencias y funciones que le corresponden en virtud de la Constitución, la ley y los reglamentos a las Fuerzas Armadas de combatir otros actores criminales, no se afectará en absoluto por las disposiciones contenidas en la presente ley” (…).

Como es fácil darse cuenta; la telaraña jurídica habilidosamente creada por el santanderismo dominante, se estaba tornando en un guirigay difícil de aplicar, no digamos de entender: replicas van y vienen, demandas y contrademandas, en la Corte Constitucional, en el Consejo de Estado y en las innumerable s instancias jurídicas “aforadas” existentes en Colombia, a lo que se sumaron las continuas críticas de las distintas organizaciones humanitarias internacionales y nacionales. Y además, se dio el hecho político del inicio de las conversaciones de paz entre el Estado y las FARC el 18 de Octubre del 2012; cuando tres 3 meses después y a las volandas, los “honorables” legisladores colombianos (bueno, es una expresión ritual sin ningún sarcasmo) nuevamente bajo la mirada de avaricia y mezquindad del dibujo de F.P. Santander que adorna el también honorable congreso de la república, produjeron una nueva modificación y promulgaron el 3 de diciembre de 2012, la ley vigente llamada “reforma de justicia y paz”, técnicamente ley 1592 del 3 diciembre de 2012, que define definitivamente a las víctimas ante la Ley de Leyes colombiana así:

(…)”Artículo 2. Modifíquese el artículo 5° de Ia Ley 975 de 2005, el cual quedara así: Artículo 5°. Definición de Victima. Para los efectos de Ia presente ley se entiende por victima Ia persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, perdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido Ia legislación penal, realizadas por miembros de grupos armadas organizados al margen de Ia ley.

También se tendrá por victima al cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar en primer grade de consanguinidad, primero civil de Ia victima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida.

La condición de víctima se adquiere con independencia de que se identifique, aprehenda, procese o condene al autor de Ia conducta punible y sin consideración a Ia relación familiar existente entre el autor y Ia víctima.

Igualmente, se consideraran como víctimas a los miembros de Ia Fuerza Pública que hayan sufrido lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual o auditiva), o menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de las acciones de alguna miembro de los grupos armadas organizados al margen de Ia ley

Así mismo, se tendrán como víctimas al cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares en primer grado de consanguinidad, de los miembros de Ia Fuerza Pública que hayan perdido Ia vida en desarrollo de aetas del servicio, en relación con el mismo, o fuera de él, como consecuencia de los actos ejecutados por algún miembro de los grupos armadas organizados al margen de la Ley.

También serán victimas los demás familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de Ia ley penal cometida por miembros de grupos armadas organizados al margen de Ia Ley”(…).

¿Quién que haya sufrido un daño producido, no por “unas cuantas manzanas podridas del canasto” como lo han dicho los sucesivos ministros de defensa del régimen desde hace 70 años, sino por uno de los miles de “agentes” militares directos del Estado, o por uno de sus miles de Paramilitares; puede aceptar esta tortuosa definición?

¿Quién que conozca o haya leído la Resolución 60/147 del 16 de diciembre de 2005 y que recomiendo a mis lectores bajar y estudiar en este enlace http://www1.umn.edu/humanrts/instree/s-res60-147.html va a aceptar este galimatías jurídico producido por santanderismo oligárquico dominante en Colombia desde hace 200 años?

¿A quién se le ocurre siquiera pensar, que estas leyes son “mecanismos de justicia transicional en Colombia” como lo promueve el gobierno de JM Santos? (Ver: http://ictj.org/colombia-linea-tiempo/index.html)

Al contrario: ¿quién no se da cuenta inmediatamente de que en Colombia lo que los dominantes llaman “Justicia Transicional” no tiene nada de transición a ninguna parte, y si en cambio, configura una “justicia de emergencia” y de “tribunales de aforados” para tratar de salvar el régimen que se debate en una crisis de legalidad sin precedentes?

Esto es lo que debemos seriamente analizar, discutir, debatir y concluir en los foros y asambleas constituyentes sobre víctimas del Estado colombiano y sus narco- paramilitares, que se van a realizar próximamente en diferentes lugares del mundo.

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