viernes, 28 de noviembre de 2014

El Salvador: El presidente del Congreso pide el indulto para 17 mujeres encarceladas por supuesto aborto

DIARIO COLATINO

El presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, pidió el miércoles a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que indulte a 17 mujeres encarceladas, algunas hasta por 40 años, por el supuesto delito de aborto.

“Los casos de estas mujeres deben ser revisados y, en algún caso, indultadas”, pidió Reyes a la CSJ, tras considerar las penas carcelarias impuestas por el Sistema Judicial salvadoreño a éstas, como “indecibles”.

Las convictas guardan prisión en la cárcel para mujeres “Rosa Virginia Pelletier”, en el oriente de San Salvador, a quienes Reyes consideró que “de manera injusta han sido acusadas de cometer aborto”.

La organización no gubernamental “Unaflorporlas17” ha solicitado este año al congreso el indulto para las 17 mujeres, quienes fueron acusadas por la Fiscalía General de haber cometido el supuesto delito de “homicidio agravado”, porque presuntamente se habrían provocado un aborto.

“Las 17 mujeres para las que se solicita el indulto sufrieron lo que médicamente se llama un parto precipitado y, en el lenguaje popular, (lo) conocemos como mal parto”, se explica en un comunicado divulgado por la organización.

“Cuando a estas mujeres les ocurrió este problema obstétrico, estaban lejos de un hospital, por lo que tuvieron un parto extra-hospitalario”, se agrega en el boletín.

“Es sabido médicamente que el parto extra-hospitalario intempestivo presenta las tasas más altas de complicaciones maternas y neonatales. Esto es lo que les ocurrió a estas mujeres”, se añade en el comunicado de la organización “Unaflorporlas17”.

“No hubo delito, sino un problema obstétrico que el Sistema Judicial, por falta de conocimiento e investigación, confundió con un abortó”, se insiste en el boletín.

Congreso y CSJ firman acuerdo

Reyes brindó las declaraciones sobre el caso de las 17 mujeres encarceladas por el supuesto delito de aborto, en un discurso que pronunció durante la firma de una Acuerdo Interinstitucional de Cooperación y Compromiso con la CSJ, para la creación de Tribunales Especializados en el Juzgamiento de Delitos de Violencia contra la Mujer y la Discriminación.

En su disertación, el funcionario legislativo, al citar datos del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), reveló que cada 31 horas una mujer es asesinada en El Salvador.

Al respecto, urgió a la CSJ que el Sistema Especializado para procesar casos de abusos contra mujeres “debe implementarse y, nosotros, desde nuestra función legislativa, estaremos listos a propiciar el estudio, análisis y aprobación de los Tribunales Especializados”.

Reyes reconoció, sin embargo, que el proceso de creación de leyes que protejan a las mujeres salvadoreñas de la violencia y discriminación, “ha sido un proceso lento, pero continuo… (aunque) hemos avanzado de una forma bastante elocuente” en la creación de ese tipo de legislaturas, dijo.

Reyes recordó al respecto que hace cinco años el congreso aprobó la primera Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.

Además, la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres y, de manera reciente, la Ley Especial contra la Trata de Personas, así como una Política Institucional en ese Órgano de Estado a favor de la Mujer.

El presidente de la CSJ, Oscar Pineda, por su parte, dijo que el compromiso suscrito entre ambas instituciones estatales “promoverá la articulación e institucionalidad en material de género”.

Con el acuerdo “se asume el compromiso de viabilizar la creación de los Tribunales Especializados, en procura de reducir los porcentajes que se relacionan con la violencia contra la mujer”, aseguró Pineda durante un discurso que pronunció durante la rúbrica del compromiso.

Ana Vilma de Escobar, presidenta de la legislativa Comisión de la Mujer e Igualdad de Género, afirmó que con la suscripción del acuerdo “vamos a seguir empujando y presionado para que efectivamente se erradique este flagelo que golpea a la sociedad salvadoreña”.

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