lunes, 29 de diciembre de 2014

13 años del 2001: El dolor y la bronca no prescriben

INDYMEDIA

A 13 años de la rebelión popular de diciembre de 2001, que fue respondida por los diferentes niveles del Estado con 38 muertes en todo el país, se realizó en Rosario una bicicleteada hacia Tribunales Provinciales, donde el acto encabezado por los familiares de los caídos convocó a la militancia local. Con olla popular, bandas e intervenciones artísticas se gestó la tarde que terminó en marcha hacia la sede local de gobernación.

Un calor abrasador acompañó una nueva jornada exigiendo justicia para los 9 asesinados en la provincia de Santa Fe en diciembre de 2001. Las bicis nuevamente surcaron la ciudad al grito de “Pocho Vive, la lucha sigue”, consigna que se multiplicó en todos los territorios tras el asesinato del militante Claudio ‘Pocho’ Lepratti aquel 19 de diciembre, en el techo de la escuela donde trabajaba.

El dolor y la bronca no han prescripto. Con el paso de los años y el sostenimiento de la impunidad, familiares y compañeros de los asesinados siguen exigiendo la condena de los responsables materiales y políticos de la masacra, el ex Gobernador Carlos Alberto Reutemann a la cabeza. Otra vez, la solidaridad se hizo presente con los inundados de Santa Fe que comparten el reclamo contra Reutemann, también responsable político nunca juzgado por las 158 muertes* que dejó el fatídico episodio en la capital santafecina.

“Son trece años que se están cumpliendo de lo que nosotros llamamos la masacre del 2001. Seguimos exigiendo lo mismo que en aquel momento, justicia por todos, por cada uno de los asesinados. Siempre tenemos que recordar que Santa Fe, lamentablemente, tuvo un número muy alto, el número más alto de asesinados en el país en aquellas jornadas en cuanto a la cantidad de habitantes y que por todos estos crímenes no hay casi responsables cumpliendo penas; la justicia no los ha alcanzado”, recordó Celeste Lepratti, hermana de ‘Pocho’.

“Si no hay justicia, si lo único que existe es la impunidad como hasta hoy, no podemos hablar de democracia, no podemos hablar de que estamos mejorando, de que somos una provincia mejor o un país mejor”, evaluó la hermana del militante asesinado en Barrio Las Flores.

En su discurso recordó además a Doriz Benítez, fundadora del Centro Comunitario Catu II. La mujer hizo de su casa un centro comunitario donde decenas de pibes y pibas bailaban reggaetón, participaban de la comparsa y lograban así otra perspectiva de vida. Doriz era abuela de Catu, el niño asesinado por un policía en el Parque Independencia, encontrado en una bolsa dentro del laguito de ese parque, crimen también impune. “Hablando de aprender y de crecer, quería recordarla a ella también, otra de las que se fue por tristeza, por la impunidad, porque la justicia no llega, porque el corazón no resiste, como le pasó a Gregoria, mamá de Walter Campos, a mi viejo, a la mamá de Rubén Pereyra, de Juan Delgado. Se habla de enfermedades, pero en realidad es el corazón que no resiste tanta impunidad”, aseguró Lepratti.

A su turno Sara, la hermana de Walter Campos, asesinado por un francotirador el 21 de diciembre, recordó que el adolescente había sido marcado de antes. “Los policías dijeron que solamente agarren al flaquito, o sea mi hermano, el que era conocido por ellos, y lo dejaron ir al otro muchacho que corría con él. Y fue entonces en el arroyo Ludueña donde le dieron varios disparos y Omar Iglesias de las TOE (Tropas de Operaciones Especiales), le dio el disparo mortal, que fue en la cabeza”, rememoró cargada de bronca y dolor.

Con el lacerante desgarro del alma que expresa cada año al cargar la foto de su hija frente a los Tribunales, Lila, madre de Yanina García, habló apoyada en su nieta, quien hoy tiene poco menos de la edad que tenía su madre cuando fue asesinada. Yanina fue alcanzada por una bala en el frente de su hogar y la muerte se la llevó con tan sólo 18 años.

“Vengo a pedir justicia por mi hija que fue también asesinada en el 2001, con solo 18 años, la mató la policía en la puerta de la casa. Estaban saqueando un supermercado y la gente corría para la casa de ella y una bala perdida llego a ella. Ahí estaban 10 policías que fueron indagados y después no se supo más nada”, recordó Lila. Y pidió justicia para que no se repita nunca más una masacre de estas características.

Lo que prescribe es la justicia

Habiendo pasado más de una década, muchas de las causas que no se movieron vinculadas a la masacre del 2001, caerán en el saco de la prescripción. Pensar en todos estos años de lucha de familiares y amigos, que a su vez se encontraron con otras víctimas de la violencia institucional y la desidia de los gobiernos, es la contracara de la situación latente de perpetuación de la impunidad.

Lo cierto es que, como dicen las y los integrantes de la Asamblea 19 y 20 que reúne familiares y compañeros de las víctimas, “la justicia la construimos entre todos”. Y no se habla de la justicia del mármol frío de Tribunales, con historias y dolor agolpadas en papeles que a pocos personajes con poder de resolución parecen importarles. Se trata de la condena social, de la construcción de memoria colectiva que permita que al menos los responsables de generar tanta pérdida y dolor, no caminen por la calle sin ser repudiados. Como pasó con muchos militares genocidas o con funcionarios del menemato, quienes gozan de impunidad jurídica, sufrirán el escarmiento social.

“En Buenos Aires empezaron los juicios del 2001. Una justicia totalmente lenta, torpe, una total falta de respeto a los familiares, la verdad es que no nos han tratado muy bien. Hoy estamos acá acompañando la lucha, no es casual que sean 10 los chicos menores de edad de los 38 asesinados, no es casual que la policía les tire a los jóvenes, no es casual la cantidad de gatillo fácil que sigue y no es casual que nos vayan a seguir tirando otra vez y tenemos que estar más unidos que siempre; mientras siga la impunidad seguiremos luchando”, aseguró Kika Aguilera, víctima de la represión en la capital nacional.

“Lamentablemente si no nos ponemos firmes y nos unimos esto va a seguir sucediendo, van a seguir viniendo acá los pibes de los barrios a pedir justica sin encontrarla”, consideró Sara Campos. “No tenemos expectativas de que de este edificio venga una respuesta; pero estamos acá para señalarlos, para mostrar lo cómplice que son, porque no administran justicia, por el contrario, han garantizado la impunidad y no me refiero solo a los responsables materiales, que sabemos que en su mayoría, ni siquiera recibieron algún tipo de pena mínima; la mayoría de los policías que salieron a reprimir, a matar, siguen brindando seguridad, siguen trabajando como policía. Estoy hablando de los responsables políticos también, de Carlos Reutemann, que sigue ocupando una banca en el senado. El único lugar público que le compete a él es la cárcel y seguimos exigiendo que eso suceda. Pocho vive, la lucha sigue. Cárcel a Reutemann y también marcar muy fuertemente las responsabilidades, tanto locales, provinciales, los distintos gobiernos nacionales, que cuando no actúan son cómplices”, sentenció Celeste Lepratti.

Como en cada acto, varias veces el grito de “presente”, siguió al nombre de cada persona asesinada en la provincia: Graciela Acosta (32); Rubén Pereyra (20); Juan Delgado (28); Ricardo Villalba (16); Walter Campos (16); Claudio Lepratti (38); Graciela Machado (35); Marcelo Pacini (15); Yanina García (18). “¡Presentes, ahora y siempre!”.

*Contra las 28 reconocidas por el Estado, un relevamiento de la Casa de Derechos Humanos de la ciudad de Santa Fe contabilizó 158 muertos por causas atribuibles a la crecida. El desborde del río Salado, que el 29 de abril de 2003 ingresó por un tramo del terraplén de defensa que no había sido construido —pese a estar previsto—, obligó a la evacuación de 135.000 de los 450.000 habitantes.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.