lunes, 22 de diciembre de 2014

A 25 años de la invasión norteamericana contra Panamá

Olmedo Beluche (especial para AREGNPRESS.info)

(Del libro La verdad sobre la invasión)

El mayor crimen, y el más cuantioso en víctimas y daños, cometido por Estados Unidos en Panamá, no puede sanar porque aún sufrimos sus consecuencias: un régimen títere con careta “democrática” que obedece ciegamente los dictados de Washington, en especial la imposición de un programa económico establecido en el llamado Convenio de Donación, de julio de 1990, el cual constituyó uno de los objetivos reales de la agresión.

No puede olvidarse que las víctimas y sus familias siguen clamando justicia, y el pleno esclarecimiento de los hechos. Crímenes que los sucesivos gobiernos panameños y nuestro corrupto sistema judicial han procurado oscurecer. Se sigue negando la demanda formulada desde el primer día de una Comisión de la Verdad sobre la invasión de 1989.

Las fosas comunes continúan sin abrirse; los nombres de los muertos siguen sin pronunciarse; los daños materiales fueron pagados del erario público panameño; y el autor material, el imperialismo norteamericano, sigue allí, riéndose de nosotros, saqueándonos y repitiendo su crimen en Afganistán, Irak, Somalia, Serbia, Colombia, etc.

Panamá tuvo el dudoso “honor” de ser el primer lugar donde Estados Unidos inauguró su nueva doctrina político-militar, conocida ahora como “guerra preventiva”. Aunque el concepto de “estado paria” no había sido pronunciado aún por George W. Bush, el gobierno que presidió su padre aplicó a Panamá las duras tácticas de las sanciones económicas, las presiones políticas y militares y, finalmente, la agresión directa. La “guerra quirúrgica” fue experimentada por primera vez en nuestro país. Aquí se probaron las bombas dirigidas por láser y el “avión fantasma”, ahora tan conocidos luego de dos “guerras del Golfo” contra Irak. Lo mismo ocurrió con el nuevo equipo militar, incluidas las mirillas infrarrojas y los vehículos Hummer.

Todas las desgracias que hoy sufren los pueblos iraquí o afgano, las sufrimos los panameños en carne propia durante la invasión de 1989. Las víctimas civiles, al menos la mitad de los 500 muertos oficialmente contabilizados por la iglesia Católica; los más de 2,000 heridos; los 5,000 prisioneros políticos arrestados en el campo de concentración de Nuevo Emperador, la mayoría “culpables” de ser funcionarios del gobierno o miembros del PRD; los 18,000 desplazados de sus casas en El Chorrillo, incineradas por las tropas norteamericanas la mañana del 20 de diciembre; la imposición de un gobierno títere con un regente militar yanqui en cada ministerio fiscalizando lo actuado por los civiles “panameños” y el embajador Dean Hinton actuando como verdadero procónsul, igual que Paul Bremmer en Irak, desayunando cada jueves con Guillermo Endara para “revisar” los actos del gobierno.

La sombra del criminal, y sus cómplices internos, sigue proyectándose sobre nuestro país, aunque en apariencia se hayan retirado sus bases militares el 31 de Diciembre de 1999, y el Canal de Panamá esté ahora administrado por panameños.

No se trata sólo del nefasto Pacto de Neutralidad, que permanece como amenaza velada de que en el futuro podemos volver a sufrir nuevas invasiones. El Acuerdo firmado entre el ministro de Gobierno panameño, Aníbal Salas, y el encargado de negocios de la embajada yanqui, Frederick Becker, el 5 de febrero de 2002, ha sido definido como el “Hay Bunau Varilla del siglo XXI” y, como aquel, no tiene fecha de término.

Este Acuerdo constituye una renuncia expresa del gobierno panameño a ejercer la jurisdicción sobre nuestro mar territorial y espacio aéreo al otorgarle el derecho al servicio de guardacostas norteamericano a patrullarlos, a detener y abordar naves que a su juicio considere “sospechosas” ubicadas dentro de nuestro territorio.

Cuatro años después que finalmente logramos la retirada de las tropas norteamericanas de nuestro suelo, éstas entran por la puerta de atrás, al permitírsele ejercer de policías. Si renunciamos a ejercer la jurisdicción, es decir, la autoridad sobre nuestro mar y aire, en la práctica hemos perdido nuevamente parte de la soberanía del Estado panameño.

Lo más irónico de este tratado es que, en reciprocidad, EEUU ofrece a Panamá el mismo “derecho”, pero no sobre su mar territorial y espacio aéreo continental, sino sobre Puerto Rico, Islas Vírgenes y la isla Navassa (art. II). Además, Panamá renunció a la reivindicación de las 200 millas náuticas de mar territorial, cuando lo reduce a 12 millas.

Este Acuerdo Salas Becker, no sólo debe ser rechazado por su contenido lesivo a la soberanía nacional, sino porque ha sido negociado en secreto (sospechamos que fue redactado por EEUU, de ahí las incongruencias de la traducción denunciadas por Julio Yao); firmado por un funcionario que no tiene potestad para suscribir acuerdos internacionales; y no ha sido trasladado a la Asamblea Legislativa para su ratificación. Todo lo cual constituye una violación múltiple de la Constitución Política, las leyes nacionales y del derecho internacional.

Siguiendo el mismo método espurio de los “canjes de nota”, tenemos ahora otro acuerdo, firmado entre Alemán Zubieta, de la Autoridad del Canal, con el servicio de Guardacostas y la llamada Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos, para que desempeñen funciones de “seguridad” en nuestro Canal. Así mismo se rumora la existencia de otros “canjes de notas” (transformados en tratados): uno que serviría de marco a éstos, firmado a fines de diciembre de 2001, por el cual diversas agencias de seguridad norteamericanas operarían en Panamá, y otro que cedería instalaciones en Howard para la presencia de dichas agencias.

Hay que preguntarse por qué se firman estos tratados en las presentes circunstancias y con tales métodos. La razón es que el Acuerdo Salas Becker es un paso hacia el involucramiento de Panamá en el conflicto colombiano, y la utilización de nuestro país como plataforma de agresión a la hermana nación, como parte del ampliamente denunciado Plan Colombia. Por eso ha coincidido en el tiempo con la ruptura de los diálogos de Paz con las FARC, con la ofensiva militar del ejército colombiano contra la guerrilla y cuando se preparaba el triunfo electoral de un candidato presidencial, Alvaro Uribe, candidato guerrerista apoyado abiertamente por Washington.

Una sola conclusión se impone, nos están llevando de vuelta a 1903, reviviendo el sistema colonial contra el que lucharon generaciones de panameños.

Para mantener viva la lucha generacional por la soberanía, a la cual las víctimas de la invasión del 20 de Diciembre de 1989 dieron su aporte de sangre, y que no ha terminado pese a lo que quieren creer los incautos, publicamos esta quinta edición de La verdad sobre la invasión, a la que hemos agregado un folleto publicado por separado en 1996, La invasión a Panamá, preguntas y respuestas.

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