viernes, 26 de diciembre de 2014

Argentina: Boletín informativo de CORREPI

Rafaela, Mar del Plata y Rosario: tres botones de muestra / Teatro de títeres por duplicado: de espías y vigilantes / La imaginación del poder / A 13 años de la rebelión popular, la lucha continúa / Represión globalizada: Sucesos de una misma política.

Rafaela, Rosario y Mar del Plata: tres botones de muestra
En la madrugada del 8 de diciembre, en la ciudad santafesina de Rafaela, Adrián Pacheco, de 18 años, iba en moto con un amigo de 17 desde el Barrio San José hacia el Barrio Virgen del Rosario, donde vivía Adrián. Un patrullero los cruzó y sin motivo aparente empezó a perseguirlos. Asustados, los chicos trataron de eludirlo. La persecución se prolongó hasta llegar a la calle Champagnat, que bordea el Canal Norte, parte del sistema de evacuación de aguas de la ciudad. Allí el patrullero los acorraló y forzó a caer al canal.
Adrián murió horas después. El otro chico sobrevivió. Los policías dieron una tremenda paliza cuando lo sacaron del canal, pero no lo detuvieron.
Una rafaelina consciente nos envió por mail el link de la noticia tal como fue publicada en el diario local La Opinión, y nos dice: “Como pasa siempre, los medios escriben las notas con el parte policial y lo único que hicieron fue ensuciar el buen nombre de un pibe excelente, inventándole un hecho delictivo”.
Es que, efectivamente, el diario “informa” que los chicos en moto “respondían a las características aportadas desde el 911” en relación a dos arrebatos ocurridos mucho antes y en el centro de la ciudad, dando así principio de legalidad a la arbitraria persecución. No hace falta forzar la imaginación para saber que esas “características” eran “joven, morocho, con equipo de gimnasia y gorrita con visera”
Ni la familia ni los amigos y vecinos de Adrián aceptan la versión oficial del “accidente”, y acompañados por el Centro Cultural Estación Esperanza, nuestros compañeros en el ENA (Encuentro Nacional Antirrepresivo), ya han protagonizado dos movilizaciones exigiendo que se impute a los policías por el homicidio.
Hasta ahora, la única reacción fue la rapidez con la que el gobierno municipal, a menos de una semana del hecho, mandó limpiar a fondo el canal, alterando de manera definitiva la escena del crimen.
Casi calcado, pero en Mar del Plata, el 19 de diciembre Diario Veloz tituló “Un delincuente murió y otro está herido”. El relato, de nuevo, habla de “dos motochorros que se enfrentaron a tiros con la policía”, con el resultado de Tomás Pérez, de 17 años muerto, y su hermano Leandro, de 15, internado en grave estado.
Pero el tío de los chicos cuenta otra historia en un mail enviado al portal de noticias. Los chicos iban camino a la playa, llevaban una mochila con toallas y $100. En una esquina, al acelerar la moto, el motor hizo un “corte”, con lo que hubo algunas explosiones del caño de escape. Cerca había un policía de civil, que, creyendo que eran tiros, sacó su arma y disparó siete veces. Una bala mató a Tomás por la espalda, y otra hirió a Leandro. Naturalmente, sólo se encontró el billete de $100 y las toallas en poder de los chicos, pero eso ya no salió en los diarios.
El tercer caso fue en Rosario, el 11 de diciembre. Rodrigo Udi, de 18 años, fue acorralado en un pasillo del Barrio Ludueña por policías del Comando Radioeléctrico y de la comisaría 12ª, que lo acribillaron. Los diarios hablaron de un “enfrentamiento”, de un “feroz tiroteo”, mientras que los referentes del Movimiento Padre Mugica, en cuyas actividades participaba Rodrigo, salieron a desmentir la versión policial, asegurando que fue fusilado desarmado e indefenso.
Néstor Ciarniello, referente del Movimiento Padre Mugica y ex cura tercermundista, dijo en el programa Enredando las Mañanas, de la RNMA: “No hubo ninguna posibilidad de tiroteo ni resistencia… fue acribillado a corta distancia, cuando un policía dice ‘matalo que ya lo conocemos’. Las versiones oficiales… señalan sistemáticamente lo mismo, son reproducidas en primera instancia por los medios, que no dan lugar a otras voces que, casi siempre en soledad, denuncian el gatillo fácil de la policía”.
Tres ciudades, tres pibes, tres asesinatos, y tres botones. Una versión oficial de la policía y los medios, y mil verdades para el que quiera ver.

Teatro de títeres por duplicado: de espías y vigilantes
Comienza un nuevo año, y el gobierno no quiere quedarse afuera de la temporada electoral de títeres y marionetas que caracteriza a las políticas de limpieza interna en las cúpulas partidarias de los poderosos.
Para mostrar que sigue en pie de guerra, Cristina Fernández nombró la primera obra para la apertura de 2015 con el descabezamiento de la cúpula de la ex SIDE. La Secretaría de Inteligencia, que reemplaza a la vieja nómina con la que se mencionaba al equipo de espionaje de estado, quedó a cargo de Oscar Parrilli, en reemplazo de Héctor Icazuriaga. En el enroque, Parrilli dejó su cargo de Secretario General de la Presidencia, lo que produjo el regreso al ejecutivo de Aníbal Fernández, personaje del que sabemos bastante, y que suma ahora la vinculación con el narcotráfico que denuncia Wikileaks.
Apenas asumió, Aníbal Fernández ya le dio contenido a lo que vendrá. “Es un año particular en el que hay que trabajar mucho”, anticipó. La Casa Rosada pasó en 24 horas de un clima espeso, tras los cambios de gabinete, a una fiesta con los cientos de seguidores que acompañaron el regreso de quien será, nuevamente, vocero oficial. “De vuelta a casa”, le dijo Cristina Kirchner.
La primera medida del nuevo jefe de los espías, Oscar Parrilli, fue ordenar la salida del director general de Operaciones, Antonio Styles, más conocido por su alias Jaime Stiusso, un hombre con cuatro décadas en la agencia, que saltó a la luz públcia cuando el primer ministro de Justicia del kirchnerismo, Gustavo Béliz, mostró su foto en TV y lo acusó de armarle “un gabinete paralelo”. Stiusso ganó la batalla, se quedó en la SIDE con su fama de “intocable” incrementada, y “zapatitos blancos” Béliz terminó con una causa penal por develar la identidad de un espía.
El “detalle” es que, más que la influencia de Jaime en cuestiones de estado como el acuerdo con Irán en la causa AMIA, era el encargado de operar sobre el aparato judicial para garantizar la impunidad de funcionarios y allegados complicados en investigaciones penales. Precisamente, esta última es una de las necesidades más imperiosas del gobierno en estos momentos.
La SI cayó en desgracia para el gobierno cuando no pudo pronosticar que Sergio Massa se convertiría en opositor. Fue uno de los motivos por los cuales, desde entonces, se privilegió a Inteligencia del Ejército, área donde hizo su carrera el actual jefe de la fuerza, el represor César Milani. El kirchnerismo, además de usar a la ex SIDE para la tarea de espionaje sobre sus opositores -evidenciando su falso discurso progresista- se recostó en los espías militares, a pesar de que, por ley, las Fuerzas Armadas tienen vedado realizar inteligencia interior. Pero las leyes claramente están para que las cumpla el pobre, nunca el rico ni el poderoso.
La tensión con la ex SIDE, el viejo departamento de inteligencia que recibirá una suba del 16% en su presupuesto, fue inmediato: las funciones de control y seguimiento de las acciones de los actores sociales pasó a corresponder a otro orden. “Hay que sacar a la inteligencia militar de un estado de adormecimiento y prescindencia, para darle el rol activo y protagónico que desempeña actualmente”, arengó Milani a sus tropas en Campo de Mayo en noviembre de 2013, logrando el descomunal incremento presupuestario con que, desde la Casa Rosada, se benefició a la Dirección General de Inteligencia del Ejército, del 156% desde 2010, mientras que, en ese mismo período, la SI recibió un aumento del 34%.
Nuevas prioridades, nuevos funcionarios, nuevas reparticiones, parte de un reacomodamiento estratégico de la Argentina.
La duplicación del espionaje interior y la perpetuación de sus prácticas entrenadas en planificación y control del territorio, dejan clara evidencia: siga quien siga, y aunque nos hagan creer que la disputa de arriba es entre los derechosos y los progres, quien asuma el gobierno de estado proveerá a nuestros explotadores de un arma doblemente filosa: para espiarnos, perseguirnos y liquidarnos. El gobierno, que tanto se ufana de la defensa de los derechos humanos, ha montado ahora dos monstruosos aparatos de vigilancia, presión y extorsión, incorporándolos al aparato represivo general de gendarmes, policías y fuerzas especiales, que tienen, todos, sus propios protocolos de espionaje, como el Proyecto X de los primeros.
El enemigo está adentro, y, si se toman como referencia los primeros efectos del funcionamiento de esta disciplina, tiene una característica bien definida: los que mueren y van presos son fundamentalmente los trabajadores jóvenes y pobres.

La imaginación del poder
Hay prácticas que dan cuenta del carácter institucional de la represión que sufre el pueblo trabajador. El necesario encubrimiento posterior a cada fusilamiento de gatillo fácil, acto cómplice de los compañeros del asesino de uniforme para hacer “zafar” al que “puso” a uno, asegurando la impunidad del fusilador, es una de esas herramientas. Pero si esto no alcanza, o no es posible por las características del hecho, siempre se puede contar con la generosidad del aparato judicial, con su aporte institucional, a veces sesgado, a veces abiertamente declarado.
Pasando a un caso concreto, en la localidad de Maipú, Mendoza, la noche del 11 de noviembre de 2012, Ezequiel Torres (22), fue con su novia al almacén que pertenecía a la mujer de la cual ambos eran inquilinos. Una vez en el comercio, ingresaron dos ladrones armados, y Ezequiel, junto con su novia, la dueña del local y un chico de 10 años que estaba comprando en el local, se quedaron detrás del mostrador.
Probablemente todo hubiera terminado con el robo, si no fuera porque la dueña alertó a su hijo, Rubén Darío Agosti, auxiliar de la Policía Rural, que se encontraba en la planta superior. Este bajó presto y arma en mano, y apuntó contra Ezequiel, que alcanzó a suplicar “Yo no soy el ladrón”. Pero un simple ruego no alcanzó para frenar el instinto asesino de Agosti, que disparó dos veces contra el muchacho (que recordemos, estaba junto a su novia y un chico de 10 años). Las heridas en el pecho y el estómago mataron a Ezequiel antes de que lo pudieran llevar al hospital. ¿Los ladrones?, fugados.
Agosti fue imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Pero claro, esta figura legal, cuando se aplica a un policía, no es la favorita de los jueces. Tras apenas siete meses preso, Agosti salió a esperar su juicio en libertad, porque el juez de garantías Ariel Specktor cambió la imputación a homicidio culposo por exceso en la legítima defensa. O sea, el juez consideró que existió una situación de la que el policía debía defenderse, pero que “se le fue la mano”.
Requiere mucha imaginación encontrar en un chico desarmado y que advierte a su asesino que no es uno de los ladrones una amenaza que justifique el uso de una defensa “legítima”. Pero imaginación no es algo que le falte al poder judicial a la hora de forzar los hechos. Llegado el momento del juicio oral, ni siquiera esa endeble acusación prosperó, y el policía homicida fue absuelto.
"No hubo abuso de autoridad. Quedó acreditado en el debate que fue un error en una circunstancia extraordinaria. Fue una fatalidad para todos, sobre todo para Torres, pero también para Rubén Darío Agosti, que por defenderse a él y a su madre cometió un error", afirmó con desparpajo Pablo Cazabán, abogado defensor del fusilador después de conocerse la sentencia.
Como decíamos más arriba, el poder judicial, parte funcional y necesaria del aparato represivo, no se inquieta por incurrir en estos favores para con los asesinos de uniforme, es simplemente una más de sus tareas. Queda el lector en libertad de catalogar a este caso particular como uno de complicidad encubierta, o, como les gusta decir a ellos, simple y llano cumplimiento del deber institucional de garantizar la impunidad del represor.

A 13 años de la rebelión popular: la lucha continúa
El 19 de diciembre de 2001, hacía varios días que se sucedían, en todo el país, saqueos protagonizados por masas hambreadas, mientras las organizaciones de trabajadores desocupados se movilizaban y los sectores medios, tras el avance del gobierno sobre sus depósitos bancarios, se sumaban al descontento general. Esa tarde, cuando el presidente Fernando de la Rúa decretó el estado de sitio, una multitud salió a las calles a repudiarlo.
Aunque la represión fue explícita de entrada (por la noche hubo heridos de bala por la policía, como Demetrio Cárdenas en Congreso), durante las siguientes 24 horas el flujo de manifestantes sólo creció e incrementó su nivel de confrontación. Desde las primeras horas de la mañana del día 20 y hasta el anochecer, millares pugnaron contra los gases y las balas para llegar a la Plaza de Mayo.
El saldo de la movilización, que unió desocupados, obreros, estudiantes y la clase media, en total ausencia de las burocracias sindicales de la CGT y la CTA, fueron 39 compañeros caídos en todo el país, un gobierno en fuga y un profundo llamado de alerta para la burguesía, que necesitó de bastante tiempo y esfuerzo para recomponerse y relegitimar las instituciones de su democracia.
Trece años después, ni uno solo de los autores materiales de los asesinatos del 19 y 20, ni siquiera alguno de los pocos que fueron condenados en causas provinciales, está preso. Más fuerte aún fue la garantía de impunidad para los responsables políticos provinciales y nacionales. Con la sola e insuficiente excepción del ex secretario de Seguridad de la Nación, Enrique Mathov, que desde febrero de 2014 está siendo juzgado sin riesgo de prisión en la ciudad de Buenos Aires, junto al ex jefe de la PFA Rubén Santos y unos pocos comisarios, ninguno de los gobernadores, ni sus ministros y secretarios, fueron “molestados” judicialmente. El máximo responsable nacional, Fernando de la Rúa, obtuvo su sobreseimiento con sólo afirmar que “no sabía lo que pasaba en la calle porque estaba ocupado con cuestiones de estado, sin escuchar la radio ni mirar la TV”.
Las crecientes luchas que viene desarrollando el pueblo trabajador a lo largo y ancho del país, y la masiva movilización que el sábado 20 llenó la Plaza de Mayo, muestran que, trece años después, la explotación y la represión continúan, y la lucha también.

Represión globalizada: Sucesos de una misma política
Sucede que en Italia, otrora poderoso centro industrial de Europa, las marchas obreras contra la flexibilización laboral en Roma Milán y Turín, fueron violentamente reprimidas por la policía, con un saldo de 11 heridos por balas de goma y gases lacrimógenos, y 9 detenidos.
Sucede que en España, hasta no hace mucho "ejemplo de democracia y bienestar", al tiempo que las protestas sociales se multiplican y los carteles dicen que "el derecho a la protesta está amenazado" organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian que en los últimos 10 años, se comprobaron judicialmente más de 6 mil casos de torturas en los lugares de detención.
También sucede que en México, la sostenida lucha del pueblo ya ha encontrado e identificado el cuerpo de uno de los 43 estudiantes asesinados por la trama policía-narco estatal del gobierno "democrático" de Peña Nieto, poniendo en evidencia que torturar, matar y desaparecer es tarea habitual de los que mandan bajo la apariencia de "un estado tercero, neutral o autónomo".
Y sucede que en Honduras, el paisito de la pobreza y los golpes dictatoriales, la ADEPZA, una organización de campesinos y pescadores originarios, denuncian al estado hondureño y a sus socios terratenientes y empresarios por "persecución, hostigamiento, amenazas e intento de asesinato" sobre sus dirigentes.
Y sucede que en Estados Unidos, el país de la libertad... burguesa, mientras continúan las movilizaciones multitudinarias contra la represión policial racista (y clasista) a partir de la indignación popular por la absolución del policía que mató por asfixia al afroamericano Erik Gardner y del que baleó a Michael Brown, se conocieron las acusaciones del senado contra la CIA por la aplicación de torturas a los detenidos sospechados de terroristas (se impone recordar que el estado yanqui siempre las avaló, en sintonía con el fallo que en Israel, en 1999, declaró lícito este procedimiento aberrante).
¿Qué sucede, entonces, si esto de la represión estatal, sucede al mismo tiempo en tan diversas regiones y realidades?
Sucede que estamos ante la concreción lisa y llana de la reorganización hegemónica del capitalismo; sucede que los pueblos del planeta estamos pagando el peaje con el que los poderosos pasan de un mundo bipolar a otro de inimaginables consecuencias.
Sucede que la concentración económica en un mercado globalizado, advertidos de la creciente resistencia popular, requiere de estados capaces de emprender contra los pueblos la violencia de sus políticas represivas sin que ellas ocupen las tapas de los diarios.
Sucede que, para que los ricos italianos, españoles, yanquis, mexicanos, hondureños, y de todas partes, vivan bien y encuentren legitimada su carroñera acumulación, hacen falta democracias ficcionales, formales, reglamentarias... y absolutamente autoritarias y violentas.
Sucede que, en el discurso antiterrorista y la lucha contra el delito, la inseguridad y otras pretendidas pandemias, encontraron la excusa para disciplinar cada vez más violentamente, al mismo tiempo que succionan todas las aspiraciones de libertad y emancipación de las clases subalternas del mundo.
Pero por sobre todo, sucede también que la lucha de clases los ha descubierto, y que, aunque la subjetividad de los pobres se halla interferida por la retracción hacia lo privado de cada uno y la manipulación del consenso por los medios masivos, los grandes crímenes del capital más temprano que tarde salen a la luz y, también, más temprano que tarde, obtienen del pueblo su más categórica condena.
Sucede el capitalismo, ni más ni menos.
No hay formas de gobierno, ni historias, ni emblemas, capaz de ocultar sus barbaries.

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