miércoles, 3 de diciembre de 2014

Argentina, Córdoba. Falta la democratizacion de las fuerzas policiales: Amotinamientos de diciembre de 2013 fueron un arma extorsiva

Irina Santesteban (LA ARENA)

Hace un año, la Policía provincial de Córdoba se acuartelaba en reclamo de mejoras salariales. Esa medida obró como una reacción en cadena y en las semanas que siguieron, se produjeron similares amotinamientos en otras provincias, con saqueos y muertes.

Desde la madrugada del martes 3 de diciembre de 2013 y hasta el día siguiente, Córdoba vivió horas de terrible desolación, cuando los efectivos policiales se acuartelaron en el Comando de Acción Preventiva de la zona sur, y en toda la ciudad se producían saqueos de comercios, intentos de linchamientos, daños y robos en casas. El saldo fue de dos muertos, más de un centenar de heridos y mil comercios destruidos por los saqueos. Además de grandes superficies comerciales, fueron saqueados mercados, kioscos, peluquerías, ferreterías, etc., que dejaron a sus dueños en la ruina. En muchos casos, fueron vecinos e incluso clientes de esos negocios los que entraron a llevarse mercadería ajena, alentados por la ausencia de policías y la sensación de impunidad que dejó ver lo peor de una sociedad consumista, ya que gran parte de lo robado fueron electrodomésticos, televisores LED e indumentaria deportiva de marcas reconocidas.

El conflicto se resolvió con el apresurado regreso del gobernador José Manuel de la Sota, desde Panamá, adonde había hecho escala camino a Colombia, quien negoció personalmente con el abogado Miguel Ortiz Pellegrini, vocero de los policías amotinados. El miércoles 4 anunció el acuerdo, rodeado de la mayoría de las fuerzas opositoras y miembros del Comité Interreligioso por la Paz (Comipaz). Se les otorgó a los uniformados un ostensible aumento salarial y de los adicionales, así como se les prometió mejoras en las condiciones de trabajo.

Detenciones y condenas

A pesar que el gobernador había prometido que "no habría represalias" contra los policías, el fiscal Raúl Garzón imputó y mantuvo detenidos durante varios meses a una veintena de efectivos. Otros tres fiscales instruyeron causas no sólo contra policías, sino también contra ciudadanos, por los saqueos y por habérseles encontrado mercadería robada. Dos jóvenes fueron condenados a penas efectivas de prisión, de 3 años y 2 años y 8 meses, respectivamente, por los saqueos. Ambos eran trabajadores y manifestaron su arrepentimiento en el juicio oral, por su conducta.

La plana mayor de la policía fue removida y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, de vínculos laborales con el gobierno de Colombia, tuvo que renunciar. Habían durado sólo 80 días en sus cargos, pues habían llegado en septiembre, luego del "narcoescándalo", cuando varios altos jefes policiales fueron acusados y arrestados por sus vínculos con el narcotráfico, a raíz de la denuncia del periodista Tomás Méndez en su programa de televisión ADN.

Los jefes removidos, César Almada y Carlos Galbucera, según una investigación efectuada por los periodistas Julián Cañas y Juan Federico, de La Voz del Interior, en el breve lapso que estuvieron en funciones como tales, habían iniciado investigaciones destinadas a desarticular una red de corrupción policial en Finanzas, Transporte y Estadísticas.

Irregularidades en el reparto de horas adicionales contratadas tanto por entes públicos como por empresas privadas y particulares; presunta sobrefacturación en las compras de repuestos de vehículos de la fuerza; adulteración de datos como hacer figurar patrullajes de móviles que no se movían, para luego pasar el combustible como efectivamente comprado y utilizado; eran algunas de las puntas de la investigación.

Por ello, fue que se especulaba que uno de los móviles de la asonada policial, sería el malestar de la tropa, producto de que se había desarticulado la "caja negra" de la Policía, y por ello el reclamo salarial tan fuerte, que derivó en el acuartelamiento (léase motín).

A un año de esos terribles sucesos, el jefe de Policía designado hace un año, Juan Carlos Suárez, está hoy severamente cuestionado por la prensa y sus propios subordinados. Fue imputado por un fiscal, por el "apriete" efectuado a un periodista de los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba (SRT), Dante Leguizamón, quien investigó la muerte de un joven de 18 años, en los cortaderos de ladrillo, en un caso de "gatillo fácil", en abril de este año. Suárez intentó intimidar mediante mensajes de texto de celular a Leguizamón, quien lo denunció penalmente. Al fiscal de esa causa lo trató de manera "descortés" según el propio funcionario judicial, aunque minimizó el hecho. Otro agente policial denunció a Suárez por "abuso de autoridad".

Los periodistas de Córdoba dicen que todos los días llegan denuncias anónimas contra el jefe de Policía, de sus propios subordinados.

"Autogobierno" policial, peligro democrático

Para quienes analizan de cerca a la policía de Córdoba, luego de los hechos de diciembre pasado, la fuerza habría recuperado su "autogobierno" y continuarían las prácticas presuntamente y el accionar represivo contra los sectores más vulnerables. Los ocho casos de "gatillo fácil" en lo que va del año 2014, son una muestra de ese accionar.

La Marcha de la Gorra, que se hace en esta ciudad desde hace ocho años, y que convoca a miles de jóvenes y organizaciones sociales que trabajan la problemática de la represión en los centros urbanos, se ha ido extendiendo a otras ciudades. El 27 de noviembre se realizó la primera Marcha de la Gorra en Río Cuarto, con más de 1.000 manifestantes. Así se extiende el rechazo de la sociedad a la actitud policial de reprimir a los jóvenes más pobres.

Se replicó en todo el país

La asonada policial del 3 y 4 de diciembre de 2013 en Córdoba, desató luego una ola de movidas similares en muchas provincias, la mayoría de las cuales fueron desactivadas luego de acceder a las demandas salariales. Aunque los sueldos policiales siempre fueron bajos y el reclamo era justo, en un contexto de provincias que abonan a todos los empleados públicos y docentes, similares bajos salarios, acceder a esas demandas bajo la extorsión de "dejar librada a su suerte" a ciudades enteras, es inconcebible en una sociedad democrática.

Máxime cuando la matriz represiva de las fuerzas de seguridad, no ha cambiado demasiado en 31 años de democracia. La definición de Rodolfo Walsh, sobre la policía bonaerense, como "la secta del gatillo alegre y los dedos en la lata", sigue teniendo dolorosa vigencia.

En todas las provincias donde hubo amotinamientos, los gobernadores otorgaron aumentos salariales a los policías, muy por encima de los que habían dado a la administración pública, incluyendo a los trabajadores de la salud y los docentes.

En el caso de Córdoba, el gobierno nacional desoyó el pedido de los funcionarios provinciales que pedían que mandaran efectivos de Gendarmería, para cortar el caos que asolaba la ciudad. Ni Berni ni la Casa Rosada atendieron los teléfonos, aduciendo que el problema de la seguridad en Córdoba era responsabilidad del gobierno provincial. Fue un error enorme, y a los pocos días se demostró que el problema de Córdoba era nacional.

Más policías, menos democracia

El problema de las fuerzas de seguridad, en una sociedad que recuperó sus instituciones democráticas hace ya 31 años, debe ser abordado sin concesiones a quienes piden "mano dura" y afrontando las consecuencias que conlleva cuando se pretende extirpar esa mezcla deleznable de represión y corrupción.

En 2012, la asonada de gendarmes y prefectos, provocó la renuncia de la ministra de Seguridad Nilda Garré, quien terminó como representante ante la OEA. Fue reemplazada por una ministra muy desdibujada, y en la práctica quien asume esas funciones es el secretario de Seguridad, Sergio Berni, con un discurso y un accionar muy diferente a la de la ex ministra.

La designación de Berni fue un triunfo de los sectores que se niegan a los cambios democráticos que Garré había comenzado a impulsar en las Fuerzas Armadas primero, como ministra de Defensa, y luego, que intentó replicar en las fuerzas de seguridad como Gendarmería y Prefectura.

El secretario de Seguridad promueve la represión de la Gendarmería contra los obreros en la Panamericana, que reclaman contra despidos y suspensiones; ha efectuado declaraciones de claro contenido xenofóbico, cuando ataca a inmigrantes bolivianos o peruanos y los involucra en el incremento de los índices de delincuencia; encabeza una cruzada que hace hincapié en el aumento de efectivos y móviles policiales, armamento y otras sofisticadas adquisiciones, para acallar el reclamo de mayor seguridad de la sociedad, incentivado por los medios de comunicación, interesados en responsabilizar al gobierno nacional por el aumento de los delitos.

Sin embargo, a quienes demuestran con cifras y estadísticas que la violencia urbana y los índices delictivos son un fenómeno que atraviesa a todos los grandes conglomerados urbanos y que de nada vale incrementar la fuerza policial, si no se atacan los focos de corrupción y vínculos con los delitos complejos que la misma fuerza mantiene, acá y en todo el mundo, se los denosta como "garantistas".

Atender los reclamos

A un año de estos sucesos, no es esperable un nuevo brote de amotinamientos policiales, pero sí es posible que se incrementen reclamos de sectores vulnerables, por la proximidad de las fiestas. En un contexto inflacionario, que afecta con más fuerza a quienes tienen menores ingresos, y de un parate de la economía que ha provocado pérdidas de puestos de trabajo y suspensiones, tanto el gobierno nacional como los provinciales, deben escuchar esas demandas y no mandar a la policía o gendarmería a reprimirlas.

Sobre todo si estas fuerzas de seguridad fueron las que provocaron situaciones de caos social, y lograron sus demandas de una manera extorsiva.

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