jueves, 4 de diciembre de 2014

Argentina, Tucumán. Derechos humanos: Marcha contra la impunidad por delitos de Lesa Humanidad

ACTA

En una reunión llevada a cabo en sede de CTA Tucumán se acordó con todos los organismos de DDHH, partidos políticos del campo popular, organizaciones sociales y sindicales presentes, realizar una marcha unitaria el próximo 10 de diciembre en repudio al fallo de la cámara III de casación que dejó sin efecto la prisión en cárcel común a los condenados en la megacausa (Arsenales).

La Sala III de la Cámara de Casación Penal de la Nación, con el voto mayoritario de los jueces de cámara Eduardo R. Riggi y Liliana Catucci, y el voto en minoría con una disidencia parcial de Ana María Figueroa resolvió que 34 de los 37 ex militares y policías condenados por masivos delitos de lesa humanidad en la Megacausa Arsenales II-Jefatura II, vuelvan a prisiones domiciliarias, cesando así la imposición de cárcel común resuelta por el Tribunal Oral Federal de Tucumán.

Este proceso fue el más grande del NOA Argentino realizado hasta el momento. Allí se debatió la responsabilidad de 41 personas acusadas de múltiples homicidios calificados, privaciones ilegitimas de la libertad, torturas y abusos sexuales cometidos en dos de los CCD más grandes de Tucumán. En uno de estos “Arsenales”, a partir del impulso dado por los familiares querellantes en la causa y las organizaciones de DDHH de Tucumán, se encontraron las fosas donde fueron inhumados clandestinamente los desaparecidos luego de ser torturados y ejecutados.

Consideramos que actuando con displicencia, Casación resolvió que los 37 acusados vuelvan a sus casas a gozar de privilegios que por ejemplo, la mayoría de los encausados y condenados por delitos comunes, no tienen. Por la decisión de la Sala III, los genocidas están otra vez en las calles, entre nosotros.

Estos miembros del aparato judicial no se detuvieron ni un segundo a pensar en la seguridad de los cientos de testigos que declararon en contra de los imputados, tampoco en su integridad psicológica, al saber que sus captores, sus torturadores están nuevamente libres.

Algunos de los acusados de delitos de lesa humanidad fueron enviados a sus domicilios particulares, en prisiones domiciliarias que NINGUNA fuerza de seguridad controla, por lo que sabemos que se trata de una ilusión.

Denunciamos la impunidad que genera una justicia obscurantista

Consideramos que el primer paso para la impunidad lo dio la mayoría del Tribunal Oral de Tucumán (conformada por los jueces Gabriel Casas y Carlos E. Jiménez Montilla), quienes absolvieron a 4 imputados en la sentencia definitiva de la megacausa y le impusieron penas irrisorias a las cabezas del sistema represivo: los oficiales de inteligencia del Ejército. Los imputados Varela, Torres, Ojeda Fuentes, Ocaranza Moore, especializados en Inteligencia y por lo tanto, cabeza y corazón operativo de los delitos de lesa humanidad cometidos en Tucumán, fueron quienes recibieron las penas más bajas. Penas vergonzosas para personas encontradas responsables de la autoría mediata de decenas de homicidios calificados cometidos en el marco del Delito de Desaparición Forzada de Personas.

Este pacto de la justicia con la impunidad, lo viene a sellar la Cámara de Casación Penal, con lo resuelto en el día de ayer que además deja la resolución sobre la forma del cumplimiento de la pena, sujeta a que la sentencia quede firme. Nos preguntamos: ¿Cuántos años tendremos que esperar para que la sentencia quede firme? ¿Cuántos años tienen que pasar para que el Tribunal de Casación se digne a resolver los recursos pendientes, y luego haga lo propio la Corte Suprema?

Los números de la Megacausa y la burla vergonzosa de Casación

40 AÑOS ESPERANDO JUSTICIA - 13 MESES DE DEBATE ORAL Y PÚBLICO 212 VÍCTIMAS - 41 IMPUTADOS - 400 TESTIGOS ORALES - 400 TESTIGOS INCORPORADOS POR LECTURA - 150 LEGAJOS DE CONADEP - 10.000 FOJAS- 37 CONDENAS - 4 PRISIONES PERPETUAS.

¿QUIÉNES SERÁN LOS RESPONSABLES DE CUIDAR QUE LOS GENOCIDAS CUMPLAN CON LA PRISIÓN DOMICILIARIA HASTA QUE LA CONDENA QUEDE FIRME? ¿LA POLICÍA TUCUMANA?

¿LA CÁMARA DE CASACIÓN GARANTIZARÁ LA SEGURIDAD DE LAS CIENTOS DE VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE VÍCTIMAS O SERÁ CÓMPLICE DE UN POSIBLE NUEVO JULIO LÓPEZ?

Hemos creído en la justicia, porque la hemos buscado, convencidos que es el único camino posible dentro de una sociedad democrática y hemos contribuido a construir esa justicia. Hemos luchamos toda la vida para ver a los genocidas presos, y ahora pareciese que tendremos que luchar el resto de la vida para que permanezcan presos.

¿Porqué estos jueces creen que no hay peligro en dejar a estos genocidas en sus domicilios sin ningún tipo de control? Estamos hablando de personas que desde hace más de 30 años ocultan información sobre nuestros desaparecidos, saben qué les pasó, dónde están y NUNCA en todo este tiempo hicieron un acto de constricción y dijeron lo que saben.

Tuvimos que ver absoluciones de asesinos probos, tuvimos que soportar condenas irrisorias para los hacedores de los crímenes más horrorosos, atravesamos 13 meses de juicio, y el dolor de los relatos de cientos de familiares y víctimas, predispuestos a revivir el horror con la esperanza de que por una vez, haya justicia.

¿Cuánto tiempo más cree la justicia que tenemos que esperar para que haya justicia? ¿40 años no son suficientes?

Los derechos de los que gozamos en esta democracia por la que hemos luchado desde siempre, no debe implicar soluciones facilistas e injustas escudándose en que la estructura de la Justicia no puede garantizar cárceles acorde al estado de salud de los genocidas. Sostenemos que la Justicia se está lavando las manos y apuesta al punto final biológico para resolver la pesada carga de hacer su trabajo.

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