viernes, 12 de diciembre de 2014

Colombia: El debate sobre el delito político y el narcotráfico

Gabriel Ángel (PAZFARC-EP.org)

«El Presidente encendió el debate. Pero por la forma sospechosa en que lo hizo, abrió la puerta a toda clase de maledicencias»

Al presentar la discusión acerca de la posible conexidad entre narcotráfico y delito político, la periodista Diana Calderón, de Caracol Radio, trajo a colación la voladura del avión de Avianca realizada por el cartel de Medellín en 1989, con el propósito claro de demostrar la aberración que envolvía la relación de conexidad inicialmente sugerida por el Presidente Santos. Con igual o mayor perversidad han asumido el asunto todos los grandes medios de comunicación, empeñados en presentar a las FARC como la máxima representación de la maldad y el crimen.

Con el fin de presentar las cosas de un modo claro y limpio, vale la pena comenzar por una cuestión elemental. Los llamados delitos políticos refieren a un tipo especial de conductas tipificadas en la ley penal que tienen cuando menos dos elementos comunes. El primero de ellos es el empleo de la violencia, el uso de las armas contra las instituciones y autoridades establecidas, lo cual entraña necesariamente que se les desconoce cualquier legitimidad. El segundo es el propósito claro y definido de derrocarlas, de reemplazarlas por otras que se piensa mejores, más justas y legítimas. Lo que la tradición jurídica y las leyes penales reconocen en el delito político, por fastidioso que pueda parecer, es que se trata de un altruismo ejercido con violencia.

A lo anterior, desprovisto de enfoques ideológicos, habría que agregar otra característica, y es que de algún modo se trata de conductas relativamente delictuosas, pues sólo puede imputarse y sancionarse a los vencidos, a los que fracasan en la rebelión. Nadie que triunfe en una revolución va a ir a la cárcel por ella, es más probable que quienes terminen allí sean los vencidos, los personeros del régimen derrocado, y no precisamente por la comisión de delitos políticos, sino por un largo catálogo de delitos comunes. En la lucha por el poder la línea divisoria entre la criminalidad y el heroísmo está sujeta al resultado final. Ahí es donde juega la política.

Es ese carácter especialísimo y excepcional el que confiere una condición única a la suma de conductas ilícitas conexas con el hecho simple del alzamiento. Se considera conexos aquellos hechos vinculados causalmente con el alzamiento en armas, ya sea porque se reconocen como necesarios para su preparación, su facilitación, su ejecución o incluso su ocultamiento. Esos delitos conexos quedan absorbidos por la rebelión, una realidad reconocida por la mayoría de códigos penales del mundo, que sin embargo, dada la evolución de la conciencia universal, excluyen cierto tipo de hechos considerados como atroces, por los cuales se debe responder por separado. Si no se trata de delitos políticos, esa conexidad suele dar lugar a un concurso de delitos, a un serio agravamiento de la condición del procesado, lo que pone en evidencia la naturaleza especial del delito político. Sólo para él están previstas las amnistías e indultos. Y sólo los condenados por él no quedan excluidos del derecho a ocupar cargos de elección popular en el futuro.

Pese al escándalo que quieran hacer los beneficiarios del régimen vigente, no puede perderse de vista que los delitos políticos implican la práctica de la violencia armada. El asunto envuelve al Estado, al gobierno, a los poderes establecidos. No se trata de defenestrar la junta directiva de una institución de beneficencia, sino de enfrentar Ejércitos, cuerpos profesionales armados que cuentan con todos los recursos, dentro de los cuales es frecuente el apoyo de grandes potencias extranjeras. El Estado es un poder institucionalizado, una fuerza demoledora y aplastante que cobra muy caros los atrevimientos contra él. Un poder, que amparado por su propia legalidad, recurre a todas las formas de violencia para sostenerse. Rebelarse es un asunto muy difícil.

Una rebelión exige requerimientos exorbitantes. Numerosa gente dispuesta a luchar, armas con suficiente capacidad de inferir daños considerables, enfrentamientos armados en los que se van a sacrificar muchas vidas. Cuando se habla de delitos políticos se está hablando de eso, que además tiene una connotación especial, el ocultamiento, el proceder en la clandestinidad, el amparo en el secreto y la conspiración. De alguna manera todas las conductas ligadas al delito político rozan con las líneas de las leyes penales, constituyen hechos punibles. Ninguna organización rebelde puede abrir licitaciones en el país o el extranjero para adquirir sus armas, u organizar bazares o colectas para financiarse. Ni va al combate para regalar flores a sus adversarios. Sus actos se realizan bajo permanente hostilidad y persecución por parte del régimen que enfrenta. Necesita asegurarse el secreto de sus planes y actividades. El delito político se ocupa de una situación explosiva.

Los alzados, excluidos de la vida ordinaria, necesitan alimentarse, vestirse, contar con asistencia sanitaria, lugares de ubicación segura, campos de entrenamiento, armas y municiones que deben renovarse con frecuencia, centros de salud, medicinas, medios de trasporte, llevar una vida medianamente normal en medio del conflicto en que se hallan. Si la rebelión se prolonga, los requerimientos serán mayores. Ya no bastará con una vaca para la carne de la quincena, sino que se necesitarán centenares de ellas para el grueso del ejército revolucionario. Habrá que criarlas en algún lugar, en muchos de ellos. Las finanzas para la rebelión no van a recaudarse con limosnas en la calle. De allí que sea enorme el listado de conductas conexas con el delito político. Pensar en ellas sin aterrizar en realidades materiales, constituye deliberada ignorancia, estupidez o mala fe.

El Presidente encendió el debate sobre la conexidad en los delitos políticos. Pero por la forma sospechosa en que lo hizo dio lugar a toda clase de maledicencias. De su dicho se han aferrado todos los enemigos del proceso de paz y de la paz misma, los hipócritas defensores del orden establecido que posan ahora de sabios.

Santos planteó el asunto por el lado más odioso, el narcotráfico. Y los grandes medios, monopolios ligados íntimamente al capital financiero que tantas ganancias ha obtenido lavando dineros de las mafias durante décadas, han agarrado el tema en la dirección insinuada. Una cuestión tan llena de aristas como la conexidad en los delitos políticos, se transformó velozmente en que el narcotráfico va a ser delito político en los Acuerdos de La Habana. La manipulación es de naturaleza tan grotesca que obligatoriamente conduce a pensar en un propósito infame de por medio. ¿Qué se traen con esa falsedad que hizo carrera tan pronto?

Comenzando porque el narcotráfico como tal hace relación a un larga lista de delitos relacionados con la producción, distribución, circulación y consumo de drogas ilícitas. Es decir, no existe un tipo penal, un delito llamado narcotráfico, sino que con esta palabra se arropan un sinnúmero de comportamientos que van desde el porte de unos cuantos gramos de cocaína hasta el envío al exterior de miles de toneladas de droga, pasando por las vendettas, los asesinatos, el lavado de activos, la corrupción militar y policial, la voladura de aviones, el paramilitarismo, los crímenes de Estado y todo lo que se quiera añadir en la materia. Así que al presentar la cuestión como la intención de amnistiar o indultar el narcotráfico, se transmite la idea de que en La Habana, con propósitos reprochables, se piensa legitimar un mar de crímenes tenebrosos, lo cual naturalmente conduce al rechazo automático por parte del conjunto de la sociedad indignada.

Ni siquiera en los tiempos innombrables de Uribe en la Presidencia, cuando propuso y consiguió que el Congreso de la República, muy serio y muy majo, confiriera mediante ley el carácter de delito político a las mafias paramilitares de Vicente Castaño, Macaco, Jorge 40, Mancuso y demás, el conjunto del Establecimiento se atrevió a armar un escándalo de las dimensiones del que arman ahora con una falacia tan cuidadosamente meditada. Los beneficiarios de entonces no eran otros que los artífices de los peores actos criminales cometidos en la historia de Colombia, pero tales acciones aseguraban el despojo de tierras y el campo para las grandes inversiones en megaproyectos, que tanto interesaban a los dueños del gran capital. Así que bien valía una legislación repugnante capaz de asegurar los importantes beneficios.

En cambio la algarabía de hoy se cumple con la mera insinuación de una falsedad múltiple. Nadie en La Habana, ni siquiera en las FARC-EP, tiene en mente que el narcotráfico sea un delito político. En eso nadie puede llamarse a engaños. Entre otras cosas porque todo el debate se está fundando en la premisa de que las FARC somos una organización de narcotraficantes, algo que está totalmente fuera de lugar. La gigantesca arremetida del Establecimiento y los medios apuesta una vez más a fijar en la mentalidad colectiva la matriz definitiva de que las FARC somos una banda criminal mafiosa que está esperando, igual que los paramilitares beneficiados por Uribe y su Congreso entonces, que en La Habana sean borrados todos los expedientes contra nosotros.

En eso nadie puede equivocarse, las FARC-EP somos un movimiento político militar de carácter revolucionario, movido por una ideología anticapitalista y socialista, alzado en armas contra un régimen antidemocrático y violento, dispuesto a concertar una solución política con los voceros de la oligarquía en el poder, sobre la base de profundas reformas políticas, sociales y económicas. Todo lo que se diga de más es propaganda negra, operación sicológica de la inteligencia militar. Quien haya creído que con campañas como esta van a ablandarnos o asustarnos no tiene la menor idea de lo que significa la dignidad del pueblo colombiano comprometido con su causa.

Así suene a sacrilegio a nuestros enemigos, las FARC-EP estamos inspirados por los más elevados sentimientos de humanidad y solidaridad hacia nuestro pueblo, rechazamos por principio cualquier comportamiento que vaya en contra de sus intereses. Allí radica la fuente de nuestras concepciones éticas. Eso resulta muy difícil de entender por quienes siempre se han movido pensando en sus propios intereses, impulsados por el ánimo de lucro y enriquecimiento personal, revestidos por la ilusión de ayudar al prójimo siempre que eso envuelva un beneficio mutuo del que se obtengan ganancias suficientes.

Las FARC-EP suscribimos en La Habana, en un extenso y complejo texto denominado Acuerdo Parcial sobre Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, exactamente esto:

"El compromiso de las FARC-EP de contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, y en un escenario de fin del conflicto, de poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno".

Esto significa la expresión de nuestra mejor voluntad para contribuir, en lo que se halle a nuestro alcance, en la solución de ese grave problema. Y que finalizada nuestra rebelión con un acuerdo definitivo, dejaríamos atrás cualquier relación que hubiese podido presentarse en función de ella con el problema de las drogas ilícitas. El gobierno a su vez adquirió el compromiso de liderar un proceso nacional eficaz para romper de manera definitiva cualquier tipo de relación de este flagelo con los diferentes ámbitos de la vida pública, es decir que se encargará de que ningún funcionario público vuelva a tener relaciones con el narcotráfico. Si esto último se tradujera con la misma mala fe con la que se interpreta nuestro compromiso, podría hacerse valer como una autoincriminación como narcotraficante por parte del Estado colombiano. Es absolutamente falso que las FARC-EP nos hayamos reconocido como narcotraficantes en ese Acuerdo Parcial.

Nuestra delegación en La Habana ha repetido en muchas formas que para las FARC el único marco jurídico legítimo del proceso de paz es el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto firmado en agosto de 2012. Como organización guerrillera revolucionaria negamos legitimidad y autoridad al régimen establecido y sus personeros. Si nos alzamos en armas fue precisamente contra su Constitución y sus leyes, contra el gobierno y sus actos, con el propósito de construir una nueva hegemonía política y social, capaz de ponerse al frente del Estado y transformarlo en beneficio de las grandes mayorías.

Nadie que tenga algo de sentido común puede concebir que sin habernos vencido tras cincuenta años de estar intentándolo, los mandos y combatientes de las FARC vayamos a someternos, en los términos que nos impongan, a la justicia estatal que siempre combatimos por injusta. Habrá que llegar a Acuerdos, sí, y quizás una de las salidas sea la de los llamados delitos políticos como vía para materializar amnistías e indultos que permitan el ejercicio político a los mandos y combatientes. Eso sería parte de las discusiones. Quizás sea en razón de ello que ahora se inicia una campaña por sembrar en la mente de la opinión pública que los delitos políticos son los vertederos de toda la podredumbre social. Lo que de alguna manera fue tratado en el pasado con cierto grado de benevolencia práctica, sería así transmutado en intolerable y ruin.

A no ser que verdaderas fuerzas e intereses ocultos estén promoviendo ese debate con otros fines nefandos. ¿No será de verdad que hay fuerzas dentro del Establecimiento que están haciendo cálculos sobre las posibilidades reales de convertir al narcotráfico en delito político, para saldar definitivamente sus cuentas pendientes? Si recordamos el famoso articulito de moda, de acuerdo con el cual no sólo Luis Carlos Restrepo sino todos los parapolíticos podrían obtener su redención, no resulta descabellado pensarlo. Acordémonos de la repentina acogida de Carlos Castaño en los grandes medios de comunicación, en pleno proceso de paz de Caguán ¿No estaba ella anunciando las futuras maniobras de Uribe para legitimar los crímenes del paramilitarismo? Algo así puede estar sucediendo hoy, quién sabe qué movimientos se estén produciendo a estas alturas en los entretelones del poder en este segundo período presidencial de Santos. La oligarquía colombiana ha demostrado suficientemente que es capaz de todo, y sin ruborizarse por nada.

Montañas de Colombia, 10 de diciembre de 2014.

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