martes, 9 de diciembre de 2014

Desendeudamiento y reendeudamiento público en la Argentina

Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

El ministro de Economía de la Argentina anunció el jueves 4 de diciembre pasado el pago anticipado del BODEN 2015, que como su nombre indica vence el próximo año, más precisamente el 3 de octubre.

La opción incluye el canje por el BONAR 2024, con vencimiento el 30 de enero de ese año. El atractivo supone pasar de una tasa de 7% del BODEN 2015 a otra de 8,75% del BONAR 2014, aunque postergando el vencimiento por una década.

Al mismo tiempo se ofrece una nueva convocatoria a suscribir BONAR 2024 por unos 3.000 millones de dólares.

Por un lado, se sostiene la política de cancelar, de desendeudar, vía ofrecimiento de cancelación a los tenedores de títulos que vencía en octubre del 2015.

Algunos inversores optaran por cobrar y hacerse de dólares en momentos en que está restringido el mecanismo para obtener divisas. Son recursos que irán a las cajas fuertes u otras formas de atesoramiento, o quizá animen el mercado inmobiliario e incluso el pequeño mercado del paralelo, contribuyendo con esa mayor oferta a reducir la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, ilegal o blue.

No es la principal apuesta del gobierno, aun cuando en el discurso oficial, la medida apunta a destacar la capacidad de pago de la Argentina, sobre todo cuando crece la especulación sobre el impago continuado en 2015 a los acreedores que demandaron al país en Estados Unidos.

El país confirma su vocación de pago, de ser “pagador serial”, tal como afirman las autoridades argentinas, que en estos años de gobiernos kirchneristas cancelaron 192.000 millones de dólares, según informa la Presidenta Cristina Fernández.

La apuesta del gobierno se concentra en estirar los plazos de vencimiento, desde el 2015 al 2024, en la expectativa de que los tenedores del BODEN 2015 acepten el convite del canje por el BONAR 2024, con mayor rendimiento.

En el fondo, sigue el festival de bonos, el cáncer del endeudamiento, aun cuando desde el punto de vista del ordenamiento de pagos, estos se estiran en el tiempo, gobierne quien gobierne en el futuro.

Desde el próximo año y por 10 años caerán vencimientos de intereses, y al final, el vencimiento total, problema de gobiernos futuros, similares o diferentes al actual. En rigor, no solo será cuestión del BONAR 2014, sino de un conjunto de viejos vencimientos a los que se suman los nuevos préstamos provenientes de China y Francia.

El costo a pagar es del conjunto de la sociedad, la que verá limitada su demanda por derechos ante reclamos de tenedores de títulos de la deuda pública.

La especulación financiera volverá a ganarle a los derechos constitucionales de una paga digna a los trabajadores estatales, y por cierto a la educación o la salud pública, la seguridad y ni hablar de los reclamos de los jubilados que confirmarán el achatamiento de la pirámide de ingresos previsionales.

Por si esto fuera poco, la Argentina confirma con esta ampliación de la deuda, que retoma el camino del endeudamiento público, al ofrecer una nueva emisión de títulos públicos, ampliando los compromisos derivados del BONAR 2024, oportunamente emitido para cancelar a REPSOL la expropiación parcial de YPF.

Ahora se ofrecen bonos por 3.000 millones de dólares que se suman a la acrecida deuda pública del último tiempo, con inversores locales en pesos equivalentes a la cotización del dólar al vencimiento; con Francia y especialmente con china. Es un aporte a las opciones de financiamiento para ahorristas con capacidad económica y fondos ociosos.

¿Para qué necesita el Estado estos recursos? Para pagar deuda, entre otras cuestiones. Con lo cual se confirma el ciclo de más deuda para seguir pagando deuda, comprometiendo recursos demandados para educación, salud, salarios de estatales, jubilaciones y variadas necesidades sociales.

Campaña popular para suspender los pagos

Ante esta situación se requiere profundizar la campaña popular por la suspensión de los pagos de la deuda y la conformación urgente de una auditoría popular que investigue la deuda en la Argentina.

En septiembre del 2014 se votó la “ley de pago soberano” que incluía la conformación de una Comisión Investigadora por parte del Parlamento sobre la deuda desde la dictadura de 1976 hasta la actualidad. Se cumplirán tres meses desde entonces y el Congreso está en mora, y nada indica que cumplirá con su cometido.

Por eso necesitamos ejercer el derecho soberano del pueblo para organizar lo que las instituciones no realizan.

El próximo año, el 24 de abril del 2015, se cumplirán 15 años del fallecimiento de Alejandro Olmos, quien denunció la deuda en tiempos de la dictadura (1976-1983) y lograra el fallo condenatorio en el 2000, con enunciado de más de 400 fraudes comprobados. Ese es el origen espurio, ilegal, ilegitimo y repudiable de la deuda pública, que bien puede considerarse “odiosa”.

Entre la CTA Autónoma y el Comité de Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, el CADTM, se está considerando realizar una Conferencia Internacional para analizar el caso argentino y estimular la campaña por la suspensión de los pagos y la conformación de una auditoría popular que investigue lo que las instituciones no hicieron, no hacen y que muy probablemente no hagan.

La propuesta fue llevada a la Asamblea por la suspensión de los pagos, la conformación de una auditoría de la misma y en defensa de los bienes comunes. Se trata de un ámbito plural entre los variados que asumen campañas diversas por cuestiones específicas, contra la mega-minería a cielo abierto, contra la fumigación de los pueblos asentados en la cuenca sojera, contra la ley de semillas ajustada a la demanda de Monsanto y el modelo productivo de re-primarización de la economía,

Todos esos movimientos y muchos otros, necesitan articularse en una propuesta integradora, que bien pude subsumirse en una campaña por la suspensión de pagos y defensa de los bienes comunes.

Se trata de constituir sujeto colectivo consciente y masivo por otro modelo productivo y de desarrollo, por otro país, en una agenda más allá de la preocupación electoral y que la contiene, para modificar la agenda política en el país. Que no solo tenga en cuenta el programa de las clases dominantes, que contiene las propuestas de las opciones con posibilidad de gobernar a la Argentina.

Esa Conferencia Internacional que imaginan desde la CTA Autónoma y el CADTM tiene que ser el punto de partida de una consulta popular, para que la sociedad argentina, en un gran debate pueda decidir en que utilizar los recursos públicos.

¿Debe el país seguir postergando derechos de la mayoría de la población para ratificar sus compromisos con el sistema financiero internacional?

¿Hay que seguir alimentando el mercado de la especulación y la danza de bonos que paga el pueblo?

Son interrogantes que se responden desde la política, desde la acumulación de fuerzas necesarias para enfrentar la posibilidad de un presente y un futuro con autonomía e independencia, contra la subordinación y la dependencia que confirma la política del endeudamiento estructural, sea con desendeudamiento o con reendeudamiento, tal como ocurre en el presente.

Como en otras ocasiones, el pago o no de la deuda vuelve a constituirse como dicotomía entre dependencia o soberanía.

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