martes, 30 de diciembre de 2014

El país de las fosas: Cómo contar a los desaparecidos en México

Sandra Rodríguez Nieto (SIN EMBARGO - COSECHA ROJA)

La noticia de que 43 estudiantes fueron desaparecidos y de que sus restos podrían haber sido enterrados en una fosa clandestina no debió haber tomado por sorpresa a los elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Guerrero.

De acuerdo con la información difundida en el portal del Gobierno de este estado, el hallazgo de fosas clandestinas con restos humanos es una actividad nada inusual en esta dependencia.

Un primer operativo de exhumación realizado este año aparece reportado el 9 de febrero, cuando elementos del Ministerio Público del estado junto con personal del Ejército–que fueron quienes recibieron el “reporte” de la existencia de las fosas- encontraron 12 cuerpos sepultados de manera clandestina en excavaciones localizadas en las comunidades de Puente Campuzano y Mezcaltepec, en el municipio de Taxco de Alarcón.

El 17 de abril siguiente, poco más de dos meses después, policías ministeriales y demás elementos de la misma dependencia reportaron haber encontrado otras cuatro fosas, esta vez con siete cuerpos, en la colonia San Miguelito, en el municipio de Iguala. El 20 de mayo siguiente, apenas un mes después, la Procuraduría reportó otro hallazgo, esta vez cuatro fosas con nueve cuerpos, también en Iguala, pero en la colonia Lomas del Zapatero.

El 7 de junio siguiente, la Procuraduría reportó que “derivado de una denuncia anónima y trabajo de inteligencia, se logró la ubicación” de otras cinco fosas clandestinas, “en cuyo interior se encontraron once osamentas en avanzado estado de descomposición”; en esta ocasión, a la altura de un puente del paraje denominado Tlahuizapa, en el municipio de Eduardo Neri.

En total: al menos cuatro rastreos con el hallazgo y la exhumación de 36 cadáveres -personas secuestradas, asesinadas y enterradas de manera ilegal- hasta la primera mitad del año.

A finales de septiembre, el reporte de la desaparición de 43 estudiantes normalistas que habían sido detenidos por policías municipales en Iguala motivó un despliegue sin precedentes de agentes asignados a la búsqueda y que, reportó el Gobierno federal, llegó a ser de hasta 10 mil elementos. Así, en octubre 5, el Ministerio Público del Estado de Guerrero reportó que las declaraciones de dos detenidos habían conducido al hallazgo de seis fosas clandestinas en la localidad de Pueblo Viejo, donde, según las mismas declaraciones, habría 17 cadáveres.

Al tomar la investigación, la PGR concluyó que se trataba de los restos de 28 personas enterradas en cinco de esas seis fosas y que ninguno pertenecía a alguno de los normalistas. Cuatro días después, el 9 de octubre, la PGR informó haber encontrado otras cuatro fosas en las inmediaciones del rancho La Sierpe, también en Pueblo Viejo, todavía bajo la premisa de que podrían ser los “restos de los estudiantes asesinados”, encontrando ocho cadáveres.

El 22 de octubre siguiente, la misma dependencia encontró una fosa más en el mismo sitio donde la Fiscalía guerrerense había descubierto las primeras seis. De esa tumba salieron dos cuerpos más.

Once fosas clandestinas encontradas en 17 días, de acuerdo con lo que indicó el boletín de la PGR de ese mismo 22 de octubre, y diez de ellas con los restos de 28 personas.

En promedio, más de una víctima de desaparición o de secuestro asesinada y enterrada de manera ilegal encontrada por día, y sólo en Iguala, Guerrero.

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“No sabemos ni cuántas víctimas hay porque en el país no existe un registro de personas desaparecidas”, dicen activistas. Foto: Cuartoscuro “Son pocos rastreos para el número de desaparecidos que hay”, dice Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. “Pero no sabemos ni cuántas víctimas hay porque en el país no existe un registro de personas desaparecidas, que sería un paso básico para un plan nacional de búsqueda. Existe una cifra (estimada por el gobierno en 22 mil personas) pero un registro no lo tenemos”, agrega la abogada.

La frecuencia con la que se emitieron los reportes de más hallazgos de fosas en Iguala mientras se buscaba a los estudiantes llamó la atención de la ciudadanía que, de diversas formas, expresó su percepción de que el Gobierno mexicano estaba desestimando la barbarie que significa encontrar seres humanos enterrados de manera ilegal después de haber sido secuestrados y asesinados.

E, incluso, fue motivo de ironía entre medios extranjeros que han mantenido seguimiento al caso. “Esta fosa clandestina no es la fosa clandestina que estás buscando”, tituló The Nation un artículo publicado el pasado 17 de noviembre. “Una semana después (de la desaparición de los estudiantes), configuré una alerta para ‘fosa clandestina” en Google News. Esto es lo que me ha aparecido”, dice el artículo, para a continuación enlistar los constantes reportes de casos que se emitieron y hacer notar cómo el Gobierno usa “de manera endémica” la voz pasiva para reportar la continuidad de los hechos, como si no hubiera sujetos responsables de la acción: “Se descubren fosas. Se cometen masacres”, observó el autor Greg Grandin.

Grandin, que es profesor de Historia en la Universidad de Nueva York, recuerda también en su artículo que “antes de los 43, hubo 72 emigrantes –en su mayoría de Centro y Sudamérica- encontrados en fosas en Tamaulipas. Y antes existieron 193 cuerpos encontrados también en Tamaulipas”. Citando palabras de, entre otros, el sacerdote Alejandro Solalinde, el artículo de The Nation concluye que “México entero es un cementerio (…) una escena del crimen”.

Para Delgadillo, que ha sido colaboradora del Equipo Argentino de Antropología Forense en el proyecto de identificación de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y Chihuahua, la impunidad con la que se secuestra, asesina y entierra a alguien en México es una muestra de la debilidad de las instituciones que, por no investigar, han perpetuado un ciclo de violencia e impunidad.

“Todos estos casos de desapariciones y de fosas lo que nos muestran son una debilidad institucional absoluta, en la que no cabe la menor posibilidad de vivir en un Estado democrático de Derecho que, en primer lugar, debería tener como fundamento la prevención del delito, y no sólo a través de medidas policiacas, sino a través de muchos otros elementos de desarrollo, humano, social, de generación de oportunidades de empleo”, dice Delgadillo.

“En un Estado democrático de Derecho, el derecho penal se aplica como último recurso para controlar a la sociedad, pero en México es la regla, porque no hay otras maneras de que el Estado cumpla con su papel de proveer una democracia real: no hay prevención, no se sabe investigar, es siempre la sociedad civil la que empieza a documentar los errores cometidos en las investigaciones, cómo el Estado recurre a la creación de chivos expiatorios usando la tortura para obtener confesiones como método único (…) Y si como Estado no sabes investigar, lo que generas es un ciclo de impunidad”, agrega.

Delgadillo, que también colaboró en el proyecto Frontera, para la creación de un comité regional para búsqueda de migrantes no localizados e identificación de restos, cuenta en entrevista que, desde que se encontraron las fosas en San Fernando, las organizaciones de la sociedad civil advirtieron que toda la ruta que seguían los migrantes en México, de Chiapas y Oaxaca a Veracruz, era una zona susceptible de albergar decenas de fosas clandestinas. Y entonces, agrega, advirtieron también la necesidad de contar con un registro nacional de personas desaparecidas -ya sea por fuerzas del Estado o del crimen organizado, explica- y, en general, todo un plan de búsqueda como el desplegado en Colombia, donde se plantearon responder plenamente a las preguntas de “¿quiénes están desaparecidos?”, “¿dónde podrían estar?” y “¿qué les ocurrió?”.

Pero en México, agrega Delgadillo, nunca se ha diseñado una estrategia de búsqueda de personas “ni vivas ni muertas” ni se coordinan esfuerzos ni información entre estados o entidades de Gobierno.

“Ahora vemos que en 2014 encuentran fosas en Guerrero, pero lo que pasa es que en otros lugares no encuentran más fosas porque no las están buscando”, dice la experta, que insiste en que las búsquedas se realizan sólo a iniciativa de las familias de las víctimas.

“Cuando encontraron las fosas en Pueblo Viejo, muchas personas decían que si no hubiera sido porque estaban buscando a los estudiantes, jamás hubieran encontrado esos otros restos”, agrega.

Una estadística generada por la Secretaría de la Defensa Nacional y publicada en marzo de este año a través del Instituto Federal de Acceso a la Información indica que, tan sólo entre marzo de 2011 y febrero de 2014, esa entidad de Gobierno exhumó 534 cadáveres enterrados en 246 fosas ubicadas en 16 estados del país –sobre todo Tamaulipas. Un promedio de 14 cuerpos inhumados ilegalmente localizados por mes en ese periodo de poco más de tres años, y sólo por el personal castrense.

Un visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de acuerdo con una nota publicada el pasado 22 de diciembre en el periódico Crónica, estimó por su parte en “al menos mil cien fosas” las encontradas o reportadas ante esta instancia desde 2009.

Y, apenas el pasado 23 de diciembre, los medios cerraban el año reportando que elementos de la Secretaría de la Marina habían encontrado cinco cuerpos enterrados en dos fosas clandestinas ubicadas en una zona serrana de Saltillo, Coahuila.

De acuerdo con Ana Lorena Delgadillo, el caso de los estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala en septiembre pasado significó el culmen de un fenómeno que se ha estado registrando por años en el país pero que, en este caso, dice, habría causado mayor indignación porque las víctimas son estudiantes y, sobre todo, porque los perpetradores son policías, hecho que deja al desnudo la participación del Estado en la violencia que se ha querido atribuir a los cárteles del narcotráfico.

“Este caso representa un caso máximo de violencia estatal, del involucramiento diario de los policías en los casos de desaparición, de todo el esquema de criminalidad vinculado con el Gobierno”, dice.

La frecuencia de la participación de fuerzas de diversos niveles de gobierno en la comisión de este tipo de crímenes en México quedó de nuevo expuesta también a finales de este año, el pasado 22 de diciembre, cuando el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington publicó información desclasificada por la Procuraduría General de la República y que confirma que elementos de la Policía Municipal de San Fernando estuvieron involucrados de forma directa en la desaparición y asesinato de los cientos de migrantes encontrados en fosas de ese municipio tamaulipeco.

“Sé que la policía y oficiales de tránsito de San Fernando ayudan a la organización de los Zetas, porque en lugar de llevarse a los detenidos al Pentágono, que es la cárcel municipal, se los llevan a los Zetas. El mero bueno es un policía viejo y otro llamado Oscar Jaramillo, que reciben dinero de la organización para colaborar”, dice uno de los testimonios incluidos por la PGR en la tarjeta informativa enviada al Archivo.

Delgadillo, que trabajó también como testigo para el caso de las víctimas del campo algodonero de Ciudad Juárez presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sentenciado contra México en 2009, dice que esos feminicidios podrían ser una fotografía del fenómeno criminal de México, un caso en el que no se ha investigado y determinado quiénes son los culpables y que, por esa violación al acceso a la justicia, genera una sentencia internacional sin precedentes, ejemplar en materia de reparación del daño y que, sin embargo, dice, no logra generar una política de prevención de este tipo de delitos.

“Hay una gran debilidad institucional; haces muchos edificios, construyes la institución, pero no le metes en profesionalización, humanismo para atender a las personas ni interés real en resolver los casos”, dice.

“La vida humana ha llegado al grado máximo de no tener ningún valor para nadie, sino sólo para los familiares. Seguimos siendo mucho una sociedad en la que alguien no se involucra sino hasta que le toca. El caso de Iguala ha cambiado esto, porque ha despertado este dolor, que nos puede hacer reflexionar también acerca de las cien mil muertes violentas generadas desde 2006 y de los 22 mil desaparecidos.

El caso de Iguala logró tocar la conciencia nacional e internacional, y es momento de traer a la mente a muchos miles de personas más que siguen buscando a los suyos”, cierra Delgadillo.

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