miércoles, 31 de diciembre de 2014

El Salvador: Amenazas y agresiones limitan el ejercicio periodístico

DIARIO COLATINO

Juan Coronado, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), destacó como límitantes al ejercicio periodístico en el 2014, las amenazas, intimidaciones y agresiones contra los periodistas en el territorio nacional.

“Como APES reiteramos nuestra preocupación por el incremento de las amenazas, limitantes y agresiones en contra la libertad de expresión y prensa en el país, que provienen de mayores niveles de intolerancia hacia el trabajo de la prensa”, afirmó.

Coronado señaló en su informe anual que muchas de las violaciones contra el derecho de informar de los periodistas provinieron de instituciones públicas, sindicatos, partidos políticos, funcionarios y medios de comunicación.

“De acuerdo con el informe de Reporteros sin Fronteras (RSF) y Freedom House, el nivel de riesgo para el ejercicio periodístico aumento 61 escaños en relación al 2013, lo que significa un retroceso y se citan como ejemplo Estados Unidos y Guatemala, lo que significa una degradación global de la libertad de información”, dijo.

En el resumen de los casos registrados como agresión contra los periodistas del país, se encuentra la captura del Director de Diario Co Latino, Francisco Valencia, en enero pasado, luego que se “activara” un proceso judicial que había sido cerrado en 1996, de lo que se responsabiliza a la Policía Nacional Civil.

En cuanto a las intimidaciones se documentó el caso de Jessica Ávalos, de LPG, por el Juez Cuarto de Instrucción, Aristarco Chavarría.

Por Amenazas a muerte a periodistas se citó la de Ciro Granados, del diario digital La Página, hechas por un dirigente de un partido político de derecha. Y también, el director (sin nombre por temor a represalias) de un medio digital en el Occidente del país, que recibió amenazas de pandilleros que fueron capturados por la PNC.

“Tenemos también el caso laboral de La Prensa Gráfica, que despidió a cinco periodistas, por decisión empresarial, alegando déficit financiero”, indicó.

La obstrucción al ejercicio periodístico fue la más común de las violaciones con alrededor de ocho casos.

Estos colegas se enfrentaron a funcionarios de las Juntas Receptoras de Votos (TSE) , la División Anti narcóticos de la PNC, y Sindicalistas de las Alcadías de Mejicanos e Ilopango.

“Hemos clasificadocomo agresión verbal mediática la del presidente de la Asamblea Legislativa contra Fernando Romero, de la LPG”, expresó.

Coronado lamentó además la muerte de Mélida Amaya, quien fue víctima de delincuencia común y condenados los hechores. Y Carlos José Orellana, camarógrafo del Canal 99, de Usulután, que aún se encuentran en proceso de investigación judicial.

Sobre la protección que la APES da a los periodistas en ejercicio, Coronado señaló que toda la información compilada es puesta, a disposición de organismos internacionales, quienes clasifican los niveles de amenaza y los que se relacionan con la vida o garantías legales, pasan a una “alerta tempranas” para darles seguimiento.

“Celebramos que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) que ya cumplió tres años y el manejo que ha hecho el Instituto de Acceso a la Información Pública, aunque falta fortalecer el rubro y lamentos como APES que la actuación judicial y política limiten el acceso a la información”, finalizó.

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