martes, 2 de diciembre de 2014

Las disyuntivas progresistas y la contraofensiva de las derechas

Nils Castro (especial para ARGENPRESS.info)

Los tres primeros lustros del siglo XXI latinoamericano se han caracterizado por el surgimiento de gobiernos “progresistas” y la subsecuente orquestación de una contraofensiva multidimensional de las derechas, cuyos propósitos rebasan una simple restauración de las condiciones previas a dicho surgimiento.

Al inicio del período, la atención periodística y académica registró la emersión del fenómeno y comentó las circunstancias que dieron pie a su aparición, las similitudes y contrastes entre esos gobiernos, y sus principales efectos y repercusiones nacionales, regionales e internacionales. Al propio tiempo abordó el campo de oportunidades que esos procesos abrían en nuestra América -desde el combate a la pobreza hasta la integración regional-, caracterizando sus aportes y limitaciones, así como las diferencias entre sus posibles variantes progresistas o revolucionarias -y si las primeras pueden convertirse en las segundas-, intentó adjudicarle cierto marco teórico al tema. Sin embargo, muchas veces definiéndolo a la sombra de instrumentos y propuestas conceptuales tomados del precedente período de alza de las ideas revolucionarias en los años 60 y 70, anterior a la implosión del “socialismo real”, la ofensiva neoconservadora y la hegemonía neoliberal de los siguientes decenios, y de sus efectos socioeconómicos, políticos y culturales.

La interpretación del sentido e implicaciones de esa oleada progresista, en sus respectivas modalidades y etapas, despertó varias controversias en el seno de las izquierdas, pero con frecuencia adoptó caracterizaciones más enfocadas en exaltar o en descalificar sus distintos aspectos que en discernir la originalidad y la naturaleza del fenómeno y, por consiguiente, de las oportunidades y consecuencias que este plantea.

Probablemente esto contribuyó a que la atención periodística y académica dispensada demorase en advertir la muy previsible contraofensiva de las derechas, no solo en lo que concierne a sus recursos, instrumentos y modos de operación, sino especialmente en lo que respecta a sus objetivos de mayor alcance. Por consiguiente, demoró en prever las acciones que las organizaciones y partidos de izquierda, y los gobiernos progresistas, deberían asumir para superar sus propias fallas, vencer esa contraofensiva y emprender la siguiente etapa del desarrollo regional.

Contorno inicial del fenómeno

Usualmente, los recuentos sobre esta oleada de gobiernos progresistas empiezan por la primera elección de Hugo Chávez en 1998. No obstante, pocas recuerdan que no mucho antes, en 1988, el establishment político mexicano le había escamoteado su significativa victoria al movimiento encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas.

La victoria chavista fue seguida de una secuela de otros triunfos progresistas a escala regional: el de la Concertación chilena en 2000 y los liderados por Lula da Silva en 2002 y 2006; el de Néstor Kirchner en 2003; Martín Torrijos y Tabaré Vásquez en 2004; Manuel Zelaya en 2005; Evo Morales en 2006, 2009 y 2014; Daniel Ortega en 2006 y 2012; Michelle Bachelet en 2006 y 2014; Rafael Correa en 2006, 2009 y 2013; Álvaro Colom en 2007; Cristina Fernández en 2007 y 2011; Fernando Lugo en 2008; Mauricio Funes en 2009; Pepe Mujica en 2010; Dilma Rousseff en 2011 y 2014; Nicolás Maduro en 2013; y Salvador Sánchez Cerén en 2014.

A ellos deben añadirse las importantes demostraciones electorales abanderadas, en 2006, por Carlos Gaviria, Andrés Manuel López Obrador y Ollanta Humala.

Más que discernir sus respectivos perfiles políticos, aquí interesa observar que esa oleada -reelecciones incluidas-, se extendió por todo el decenio y fue especialmente notoria en 2006. Antes de ese año, lo que venía ocurriendo pudo parecer una excepción venezolana, a la que poco después se le añadió una réplica más extensa en el Cono Sur. Sin embargo, las victorias de Evo Morales y Rafael Correa en la región andina evidenciaron que lo que venía dándose era la emersión de un fenómeno de carácter continental. No extraña pues que, aunque la punta del iceberg asomó en 1988 y cuajó en 1998, fue a partir del 2006 que la literatura periodística y académica lo entendió como tal, aunque todavía percibiéndolo a través de reminiscencias ideológicas de época anterior, más que inquiriendo en la originalidad y naturaleza del nuevo fenómeno.

Esa oleada emergió a través de disímiles procesos nacionales, que en pocos años sumaron un conjunto heterogéneo, sin que eso niegue sino que confirma la vigencia de un factor común: el agotamiento de los modelos conservadores antes constituidos por las derechas locales y los grupos financieros internacionales que, tras la imposición de las prédicas y prácticas neoliberales, pronto agravaron la crisis social y sus consecuencias políticas. Pese a la intensa implantación de los mitos neoliberales, el malestar e inconformidad exacerbados por ese drama sobrepasaron los sistemas políticos y electorales que, país por país, antes habían bastado para controlar la situación.

La consiguiente oleada progresista pronto significó que millones de latinoamericanos pudieron comer tres veces al día, mejorar sus condiciones de vida, salir de la marginalidad y obtener ciudadanía, y todo lo demás que sabemos y aquí es innecesario repetir.

Estos logros han plasmado notables progresos en materia de justicia y solidaridad sociales, oportunidades de organización popular y de renovación de la cultura política, rescate de segmentos de la soberanía nacional, etc. Pero estas conquistas, más que notables en contraste con la situación dejada por el neoliberalismo, no conllevan de por sí un presagio o antesala de la conversión de dichos procesos en revoluciones socialistas, cosa que requeriría la formación, movilización y eficacia de otros actores.

Por otra parte, a pesar de su heterogeneidad, la oleada progresista dejó atrás la época en que las conductas latinoamericanas eran uniformadas por la hegemonía estadunidense, las políticas neoliberales eran implantadas sin alternativas y sus portavoces podían reelegirse. Cada una de las naciones involucradas recuperó importantes cuotas de autodeterminación, soberanía y recursos -aunque no todos los que la dominación neoliberal les había arrebatado-. Entre sus realizaciones ha estado la de potenciar la integración latinoamericana, ya no solo como un bien en sí misma sino como una de las condiciones para potenciar el papel de Latinoamérica en el mundo, asegurar la defensa de la democratización y de las conquistas políticas y sociales conseguidas, y sustentar colectivamente su mantenimiento y continuidad.

La integración pasó de ser un ideal a constituirse en importante instrumento de desarrollo, creación de nuevos horizontes y sostenibilidad, lo que le inyecta un sentido emancipador y multidimensional, no estrechamente comercial. Sentido que, por otro lado, ha contribuido a multilateralizar las relaciones internacionales y a erosionar la hegemonía estadunidense en la región.

La agenda inconclusa

Con todo, estos tres lustros progresistas no han bastado para que los distintos participantes políticos hayan logrado superar el enmarañado compuesto de distorsiones económicas, sociopolíticas y culturales que en los años 80 y 90 la ofensiva neoconservadora introdujo en el tejido de nuestras sociedades.

Debe recordarse que, para empezar, a comienzos de aquel período la crisis de la deuda quebró la inspiración latinoamericanista que aún mostraban algunos gobiernos. Luego, tras la implosión soviética, el cambio de la estrategia internacional china y la fatiga de las teorías revolucionarias latinoamericanas de los años 60 y 70, un desconcierto temporal redujo la capacidad de las izquierdas para resistir a esa ofensiva. La hegemonía neoliberal degradó la cultura política y organizativa de importantes segmentos sociales, que sufrieron degradaciones y deserciones.

Al ponerle fin al apogeo neoliberal, los éxitos progresistas alcanzados en estos primeros lustros del siglo XXI se escenificaron en dos campos que es preciso distinguir:

a) el del Cono Sur, donde los pactos para desactivar las dictaduras de seguridad nacional permitieron aglutinar grandes partidos o coaliciones políticas como el PT, el Frente Amplio, el peronismo kirchnerista y la Concertación chilena. Aun dentro del subsiguiente régimen político de democracia restringida, eso a la postre permitió elegir gobiernos comprometidos con promesas progresistas, con las limitaciones que esas restricciones conllevan; y

b) el de la región andina (especialmente en Venezuela, Bolivia y Ecuador), donde los partidos y sistemas políticos existentes padecían un descrédito que los había incapacitado, facilitando que las protestas sociales los desbordaran a través de grandes movilizaciones populares. Esto pronto permitió darle ratificación electoral a iniciativas más audaces, y lograr importantes reformas al marco constitucional de los respectivos Estados.

De todo ello se desprende que los éxitos progresistas alcanzados durante esta primera parte del siglo XXI no resultaron del desarrollo y diseminación de propuestas político ideológicas más avanzadas, ni de la formación de una nueva cultura política en el seno de las mayorías sociales y electorales que los hicieron factibles. Antes bien fueron manifestaciones sociales y electorales espontáneas de su inconformidad con la situación existente, de su repudio moral y su castigo político al régimen vigente, a su corrupción, su insensibilidad y su incapacidad para defender los intereses nacionales. Por consiguiente, fueron expresiones emocionales, sujetas a los vaivenes de las coyunturas electorales, como los mismos votantes aún lo reflejan en las elecciones intermedias y locales.

Es decir, la aparición de ese fenómeno expresó tanto la demanda como el límite político de lo que esas mayorías deseaban y eran capaces de acoger, elegir y sostener. El referente conocido -o recordado- de un proyecto más radical era el de las izquierdas revolucionarias de los años 60 y 70. Tanto en el Cono Sur como en la región andina se hicieron sentir grandes contingentes maduros para reclamar y sostener hasta determinado punto un proceso de cambios, pero no disponibles (todavía) para asumir los riesgos y rigores de un proyecto revolucionario cuyos contornos y esperanzas se desdibujaron en los años 80.

Se trató de victorias electorales, no de revoluciones. Faltaba el proyecto de masas apropiado para darle mayores alcances a la nueva situación. En este sentido, las discusiones sobre si estos gobiernos progresistas son o no revolucionarios, o si pudieran serlo, han sido más retóricas o especulativas que provechosas. Esos gobiernos han sido lo que, en los límites de sus oportunidades y propuestas electorales, y en los límites sociopolíticos, económicos y culturales de sus circunstancias y del movimiento popular, ellos pueden ser. Al menos hasta que más adelante nuevas condiciones permitan concitar un apoyo de masas capaz de desbordar esas limitaciones.

En el terreno histórico más que en la imaginación ideológica, la coincidencia y la diferenciación entre las opciones progresistas y revolucionarias fue claramente evidenciado al inicio de la Revolución cubana. En los primeros dos años, sus realizaciones y discurso tuvieron no pocas similitudes con los de algunos de los actuales gobiernos progresistas. En la terminología de aquellos años, a los esfuerzos comparables con el cubano de ese entonces -y los poco antes los intentados en Guatemala y Bolivia- se los calificó como revolución democrático popular o movimiento de liberación nacional , conceptos compartidos por las izquierdas de esa época y que hoy no hay razones para soslayar sino para reactualizar.

Pero hoy en día ¿qué le impide a estos gobiernos dar el salto que Cuba en aquella oportunidad decidió en las vísperas de Playa Girón? Entre otras cosas, que cuando en la Isla la guerra revolucionaria concluyó el Ejército Rebelde había remplazado al viejo ejército, la claque política tradicional había sido desbandada, la derecha política, el Parlamento y la Corte Suprema se habían desintegrado, el entusiasmo patriótico y revolucionario martiano se había tomado la cultura política dominante y los mayores medios de comunicación se hundieron bajo el peso de sus complicidades con la oligarquía y su dictadura.

Había una situación revolucionaria, lo que es bastante más que haber ganado las últimas elecciones presidenciales. En ese contexto, ante el pueblo indignado por los bombardeos que precedieron el desembarco que el gobierno norteamericano organizó por Playa Girón, Fidel Castro y sus compañeros decidieron cruzar el Rubicón cuando las mayorías populares ya estaban dispuestas a combatir por la opción socialista. Reclamar que los actuales gobiernos progresistas los imiten sin disponer de condiciones equivalentes más parece un pretexto que una ingenuidad.

Para resumir, a finales del siglo XX e inicios del XXI el repudio colectivo a las consecuencias sociales de la dominación neoliberal desencadenó crecientes movilizaciones populares. No obstante, quedó inconclusa la misión estratégica de convertir esa inconformidad, y su enorme potencial político, en un nuevo conjunto de conocimientos y convicciones duraderos. Un conjunto no solo motivador, sino también eficaz para entender los mecanismos de ese estado de cosas y los medios requeridos para transformarlo a favor de las reivindicaciones y expectativas de los sectores sociales mayoritarios.

Esa misión ahora puede y debe cumplirse. Sin embargo, por su carácter ella corresponde principalmente a las organizaciones, movimientos y partidos políticos expresivos de las reivindicaciones populares, con la colaboración de los intelectuales afines. Incluso después de ganar elecciones esa misión es indelegable, puesto que los gobiernos de izquierda tienen otras funciones que los comprometen a servir igualmente a los sectores sociales desafiliados o de otras preferencias políticas.

Las derechas vuelven a la carga

Es falso que las políticas económicas de los gobiernos progresistas estén atadas al auge del extractivismo, esto es, a financiar sus políticas asistencialistas con los ingresos procedentes de la exportación de commodities, ambientalmente depredadora. También los gobiernos de derecha o ajenos al progresismo aprovecharon el auge de la apreciación de esas exportaciones. Pero esto no hace la diferencia entre unos y otros. Esa diferencia consiste en que los primeros aprovecharon esa oportunidad para invertir en desarrollo social, y los segundos en favorecer el lucro de las empresas interesadas y la concentración de la riqueza.

El problema ha estado en confiar en que ese factor surtiría efectos durante mayor plazo. Así que es correcta la crítica de que se demoró demasiado en restar recursos al propósito de mitigar la pobreza y la injusticia distributiva para dirigirlos a aumentar el valor agregado nacional a los bienes exportados, objetivo que sigue pendiente en muchas agendas progresistas.

Así las cosas, concluido el ciclo de apreciación de las commodities, los gobiernos y proyectos progresistas tienen que asumir el reto de sostenerse y proponer nuevas metas sin contar con ese auxilio. Esto le exige a las izquierdas y al progresismo un esfuerzo especial por renovar sus capacidades políticas, político educativas, organizativas y comunicacionales, y para concebir mejores estrategias de desarrollo. Precisamente, las dificultades políticas que en los años 2013 y 14 varios gobiernos progresistas sufrieron para poder reelegirse reflejan que ese esfuerzo aún está rezagado y, asimismo, que las derechas han sabido aprovechar esta omisión.

Este es el marco de nuevas oportunidades que ahora ha venido a reforzar la contraofensiva de las derechas y a incrementar sus propósitos de mayor plazo.

Como debe recordarse, las derechas políticas, económicas y socioculturales vencidas en varias elecciones en los primeros lustros del siglo XXI, no por ello quedaron derrotadas. Porque esos reveses no las privaron de su poder económico, de sus relaciones transnacionales ni del control de los grandes medios de comunicación. Por consiguiente, tras la perplejidad inicial, pasaron a prever y reorganizar sus propias opciones -de viejo o nuevo tipo- para recuperar su anterior poder político y gubernamental. Y, al sentir amenazados sus intereses fundamentales, para reasumir ese poder como instrumento de una contrarrevolución preventiva orientada a bastante más que una simple restauración del orden anterior al progresismo.

En la organización de sus intentos no falta el apoyo organizador, logístico y mediático de sucesivos gobiernos norteamericanos, en tanto que el progresismo latinoamericano tiene un sentido emancipador que perjudica la hegemonía estadunidense.

Ese potencial de las derechas económicas, mediáticas y políticas hoy se moviliza teniendo en cuenta que la coyuntura económica que antes facilitó las labores de los gobiernos progresistas ahora se contrae, deparándole una coyuntura más favorable a su proselitismo. En ese contexto, la contraofensiva de derecha dispone de cuantiosos recursos financieros y técnicos que le permiten desplegarse en varios planos. Combina las viejas marrullerías políticas de los partidos conservadores y democristianos con avanzados recursos empresariales como asesorías foráneas, investigaciones de mercado, técnicas de publicidad y métodos gerenciales de formación de cuadros, etc. Como igualmente combina viejos y nuevos modelos de partidos, liderazgos, cooptaciones y retóricas políticas, y métodos de manipulación electoral y formas más brutales de desestabilización del orden público y asalto al poder.

Aquí tomaría demasiado espacio volver a describir cada uno de sus principales aspectos ideológicos y operativos, sobre los cuales ya hay material informativo disponible , así que me limitaré a resumir sus características de interés más inmediato.

Esta derecha reactualizada cuenta con las ayudas transnacionales suficientes para darse discurso y formación de cuadros. Abundan las conferencias, seminarios y cursos auspiciados por fundaciones y universidades privadas, organizaciones internacionales de partidos políticos y ONG’s de diferente tipo, así como agencias gubernamentales como la AID. Entre sus actividades proliferan los encuentros subsidiados por fundaciones ligadas al PP español y a la Heritage estadunidense, decorados con ex presidentes y personalidades de la reacción latinoamericana y española del pelaje de José María Aznar, Álvaro Uribe, Luis Alberto Lacalle, Henrique Capriles y hasta el impresentable Ricardo Martinelli. Asimismo, los cursos y entrenamientos ofrecidos por universidades del área de Miami en materias como el marketing político, diseño e interpretación de encuestas y manejo de políticas y métodos de comunicación.

En la articulación de grupos y liderazgos, la definición de objetivos, la selección de temas y la orientación de conductas y acciones, desempeña un papel especial el manejo de los medios de comunicación. La relevancia de su papel, en no pocos casos hace que quienes fijan e instrumentan la política editorial asuman de hecho la dirección estratégica de la ofensiva, dejándole a los políticos de oficio el papel de operadores de las líneas de acción que ellos disponen. No es para menos: esos medios custodian, actualizan y manejan la hegemonía ideológica, cultural y política del bloque socioeconómico dominante. Justifican sus decisiones, conductas y desempeños y, al propio tiempo, desacreditan y aíslan a las personas y propuestas de quienes se oponen a dicho bloque, y ningunean sus iniciativas.

Como piezas de la contraofensiva reaccionaria, esas instancias e instrumentos forman “estados de opinión” que resultan tanto de promover las figuras, opiniones y proyectos que al bloque dominante le interesa encumbrar, como de tergiversar a quienes lo adversan o banalizar sus ideas, para justificar las ataques y marginaciones que se cometan contra ellos en el curso de las campañas para descalificar a los sectores populares, y desestabilizar la situación general, ya sea con vistas a objetivos electorales o para enmascarar los asaltos “blandos” o “duros” al poder gubernamental.

Un antecedente conocido fue el de la larga campaña mediática para desestabilizar al gobierno de Salvador Allende. Más recientemente, la prolongada campaña conspirativa y violenta en Venezuela, que dejó un crecido saldo de víctimas mortales y que en los medios periodísticos internacionales sigue recibiendo amplísima cobertura.

Del 2006 a la fecha se ha apelado a varias modalidades de asalto al poder, similarmente preparadas y avaladas por los grandes medios locales e internacionales de comunicación. La conspiración para inculpar de asesinato al presidente Álvaro Colom, el golpe sui generis mediante el cual el ejército depuso y expatrió a Manuel Zelaya y acto seguido entregó el gobierno al reaccionario presidente del Congreso; la conversión de empresarios en candidatos presidenciales para derrotar a los socialdemócratas en Panamá y Chile; la intentona secesionista de la Media Luna para sacar del poder a Evo Morales; la masacre de campesinos urdida para justificar el golpe parlamentario contra Fernando Lugo; la insubordinación policial dirigida a derrocar a Rafael Correa; y, últimamente, las campañas de desestabilización y descrédito emprendidas contra el gobierno de Cristina Fernández y los escándalos mediáticos fabricados para desprestigiar al de Dilma Rousseff, con vistas a erosionar sus posiciones en las vísperas de nuevos retos electorales, etc.

Ello sin contar más de medio siglo de conspiraciones, sabotajes, atentados y toda suerte de ataques materiales, económicos, diplomáticos y mediáticos contra la revolución y el pueblo de Cuba, entre los cuales últimamente han descollado el auspicio, entrenamiento, dotación y soporte internacional para “blogueros” y otros tipos de operadores y medios digitales.

Por otra parte, nada de ello ocurre por gestión meramente local. Cada una de esas acciones, desde su etapa preparatoria, ha dispuesto de un coro internacional que va más allá de los medios y agencias de prensa, y los alimenta. Esto incluye declaraciones de organismos de derechos humanos, de clubes de escritores y de directivos del FMI, de congresistas norteamericanos y órganos de la Unión europea, etc. Es decir, las campañas de la llamada “nueva” derecha no se circunscriben a la asociación con sus congéneres latinoamericanos, españoles y estadunidenses, sino que forman parte de una estructura global más nutrida y articulada.

Entre los mayores objetivos de esa estructura está el de degradar el sentido del proceso latinoamericano de integración. El solo hecho de que en la gestación de la llamada Alianza del Pacífico hayan sobresalido personajes como Felipe Calderón Hinojosa, Álvaro Uribe y Sebastián Piñera, y de que eso inmediatamente recibiera fuerte aliento norteamericano, es de por sí elocuente. Por lo tanto, en la coyuntura que tenemos por delante, defender la proyección emancipadora, solidaria y desarrollista del proceso de integración debe ser uno de nuestros mayores empeños, aunque las organizaciones latinoamericanas de izquierda aún disten de haber convertido ese tema en un asunto de interés popular.

Pero esa historia no finaliza aquí

Esta es la naturaleza del adversario que los gobiernos progresistas y las izquierdas latinoamericanas tienen por delante. No será con el respaldo de grandes recursos financieros, empresariales ni mediáticos que lo podrán superar. Esto solo podrá lograrse renovando tanto ideas y propuestas, como formas de lenguaje y comunicación, especialmente las de naturaleza juvenil y popular.

Tanto más cuando, tras las sucesivas reelecciones de los partidos y los líderes progresistas, los años no dejan de acumularse y, a los ojos de los jóvenes, nosotros y nuestras conquistas empezamos a formar parte del pasado. El tiempo le reabre a los conservadores la oportunidad de presentarse como los portadores del “cambio” que anhelan los insatisfechos de hoy. A los doce años de gobiernos del PT, por ejemplo, las demoras de la reforma agraria o de la reorganización del transporte metropolitano no pueden achacarse a Collor de Mello o Fernando Enrique Cardoso, ni mucho menos a los militares.

Frente a la “magia” de la publicidad y la manipulación de la maquinaria mediática burguesa, y de su capacidad para reciclar el reinado de la vieja cultura de su conveniencia, solo construir una contracultura o nueva cultura política popular puede darle a nuestros pueblos la solidez de convicciones indispensable para enfrentar críticamente las ofertas de los grandes medios.

Esa contracultura es indispensable para contrarrestar y superar la hegemonía ideológica y política del bloque económico y mediático dominante. Precisamente porque eso no puede lograrse a corto plazo, debe ser la primera de nuestras dedicaciones, transversal a todos nuestros demás esfuerzos.

Hora de cambiar

El impacto de la contraofensiva política de las derechas no es un asunto colateral. Hace cuatro años algún optimismo o autosatisfacción imprudente podían tomarla como un asunto manejable. Pero durante este último período la reelección de los candidatos del PSUV, del FMLN y del PT fue más difícil y reñida de lo previsto; Alianza País sufrió reveses inesperados en Quito y otras ciudades, y los éxitos rotundos solo volvieron a darse en Bolivia y, en menor grado, Uruguay.

En Brasil, una difícil victoria presidencial se acompañó de importantes pérdidas parlamentarias y el fantasma de la derrota amenazó al destino de la integración latinoamericana y caribeña.

La izquierda progresista hoy está a la defensiva, y eso debe hacerla extraer importantes lecciones y renovar métodos, estilos y objetivos. Rafael Correa inició una prometedora reacción reflexiva y política al convocar a los partidos, organizaciones y movimientos progresistas latinoamericanos a debatir cómo enfrentar la estrategia de “restauración conservadora”.

Los partidos y movimientos políticos son experiencias vivas que con el tiempo tienden a reproducir esquemas discursivos y modelos de liderazgo ya trillados, sin reajustarse activamente a la evolución de las realidades y expectativas de su base social originaria. Sin embargo, su tarea medular no es conservar la legitimidad antes alcanzada, sino promover nuevas metas de mayor alcance: proponer otro futuro, más que mantener el presente ya logrado. Esa tendencia autocomplaciente daña su función de ser renovadores de la cultura política popular y de sus objetivos.

Las dificultades electorales de los últimos tiempos demuestran que es perentorio renovar la vigencia de los principios y propuestas -éticas y políticas- que les dieron origen. Al propio tiempo, esas mismas dificultades igualmente comprueban que la contraofensiva de la derecha logra éxitos precisamente en los flancos donde los gobiernos progresistas y los partidos de izquierda se hacen vulnerables. Repetidas veces los éxitos de la derecha no resultan tanto de sus recursos y astucias como de su oportuno aprovechamiento del reblandecimiento de nuestra identidad y valores.

En esto las actitudes morales tienen especial relevancia. Cierto es que los prohombres y organizaciones de derecha suelen ser más indecorosos y corruptos. Pero en el seno de las izquierdas estos vicios tienen efectos mucho más mortíferos. Ante la sensibilidad ciudadana, para quienes antes predicaron contra la corrupción y a eso deben parte de su reconocimiento, cualquier desliz es imperdonable. Los partidos de izquierda y los gobiernos progresistas tienen que ser mucho más severos con los malos síntomas de sus propios integrantes y amigos que frente a las corrupciones de sus adversarios. En las izquierdas la autodepuración necesariamente es una exigencia ineludible y permanente.

Al final de cuentas, más allá de aciertos y errores de estos partidos y gobiernos, y de sus mayores o menores dinámicas y alcances, ¿pueden estos tres lustros de gobiernos progresistas reducirse a un conjunto de eventos de coyuntura, o expresan fenómenos estructurales de mayor significado? Desde luego, la elección y reelección de gobiernos progresistas, y parte de sus realizaciones, son reversibles. Pero sería irresponsable aducir que su paso no dejará huellas. Aun en el peor de los desenlaces, durante este período el escenario regional ha cambiado y ya hay acumulaciones que echaron raíces en la evolución de las culturas políticas, las conquistas y las exigencias de los pueblos de América Latina.

La movilización social y electoral de grandes masas, que puso en escena nuevos sujetos y objetivos políticos, derrumbó gobiernos o los hizo tambalear, expresa movimientos profundos del desarrollo latinoamericano: las clases sociales se movieron, sus exigencias se amplían y las conciencias han pasado a hacer un nuevo balance de posibilidades.

También los latinoamericanos sabemos aprender de nuestros errores y volver a la liza fortalecidos. Si se cuenta con los liderazgos adecuados, aun la derrota puede ser fuente de ulteriores fortalecimientos, si la decisión de superar deficiencias éticas y políticas supera la tentación de justificarse.

Si el progresismo es síntoma de un fenómeno estructural, las eventuales ganancias de la contraofensiva de la derecha deben asumirse como reveses aleccionadores, cuyo análisis autocrítico ayudará a realimentar la continuación de la ofensiva de las izquierdas.

Por su naturaleza, las derechas son inevitablemente conservadoras, pues su misión es reproducir o recuperar estructuras y privilegios del pasado, por mucho que se envuelvan en los ropajes del “cambio”. Como, a su vez, las izquierdas legítimas solo pueden ser innovadoras, puesto que expresan la fuerza creadora de quienes se indignan ante las causas de las injusticias y desigualdades del presente, y se movilizan para extirparlas y fundar otra realidad.

Este dato esencial debe incidir sobre nuestras organizaciones y proyectos, sobre sus formas de abordar y sumar a nuestros pueblos, sobre sus lenguajes y modos de escuchar, renovar propuestas y persuadir. Solo así ellas podrán convocar, formar y ayudar a organizarse por sí mismos a los contingentes sociales necesarios para pasar del progresismo ahora posible a la necesaria transformación revolucionaria, y sostenerla.

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