lunes, 15 de diciembre de 2014

Lo políticamente correcto y la ley absoluta

Jaime Richart (especial para ARGENPRESS.info)

¿Qué es lo políticamente correcto? Lo que diga el gremio: todo aquel discurso público acrítico respecto a los puntos de vista dominados por el poder en sus respectivas esferas. A fin de cuentas el lenguaje no sólo describe la realidad, también la fabrica.

En mi consideración, lo políticamente correcto, al igual que el academicismo, sólo son válidos para hacer justo lo contrario de lo que establece la comunidad o colectivo que se tienen por única autoridad con derecho a instituir la ortodoxia en la materia; es decir, sólo tienen interés como referencia y desafío para ser truncados. Pese a predicarse “, Hay muchos modos de interpretar la realidad y de hacerla, más allá de "lo políticamente correcto”. Es más, gran parte de las cosas importantes para la sociedad, si no la mayoría, han sido concebidas o realizadas por “heterodoxos”, no por académicos ni por políticamente correctos. La obra voluminosa, “Historia de los heterodoxos españoles”, de Marcelino Menéndez y Pelayo, quizá sin proponérselo su autor, lo subraya.

Por otra parte, en la sociedad española todas las actividades profesionales están reguladas por academias, institutos o colegios que establecen los criterios de valoración técnica y deontológica de los individuos asociados a ellos, en línea con lo que significa la locución "lo políticamente correcto". De modo que quien no ha obtenido la respectiva licencia no está autorizado a ejercer la profesión, y si incurre en una conducta que contraviene la ética establecida por el colegio o academia, el profesional puede llegar a ser expulsado e impedido del ejercicio de la profesión. Todas las profesiones están sujetas a esa norma... excepto -y he aquí la paradoja- la política.

Porque para ejercer la política no hay nada, ninguna cortapisa, ningún criterio regulador que permita distinguir al político "garantizado" o avalado por un instituto oficial, del simple oportunista. Los únicos límites a la conducta del político como tal se reducen al mínimo del mínimum moral que es el código penal, y además el deplorable sistema electivo refuerza la falta de garantías acerca de la competencia del elegido dentro del totum revolutum que son listas cerradas. Así, cualquiera puede postularse como administrador de los bienes públicos y gestor del bienestar colectivo; cualquiera puede ser elegido por el pueblo aunque éste desconozca absolutamente su condición personal y su condición moral. El elector sólo puede saber de su presunta integridad después, en el transcurso de la legislatura. Sea competente, sea un desaprensivo o sea un forajido, cualquiera puede estar en la política, manejar los fondos públicos y decidir la suerte de millones de personas en nombre del abstracto concepto del demos, y además decidir qué es "lo políticamente correcto". Casi y exclusivamente, en este país y en este defectuoso modo de interpretarla se basa la jactancia de llamar a este sistema democracia. Es indiferente que luego la separación de poderes sea más aparente que real, y que normas fundamentales sean conculcadas con toda impunidad…

Pero en estas últimas etapas la sociedad española ha descubierto que el concepto de "lo políticamente correcto" viene alojado en sesos y espíritus no ya incorrectos, sino degenerados por el uso depravado del dinero público que es lo que fundamentalmente nos ha conducido hasta el desamparo total en que se encuentran millones de españoles.

"Lo políticamente correcto” es casi irrelevante en periodos de manifiesta prosperidad general, pero en tiempos revueltos o críticos como los que atravesamos, el esfuerzo por parte de quienes lo dictan, los gobernantes, necesita de la fuerza suplementaria cómplice en los medios. Y resulta que esa fuerza ya no la encuentra el gobierno en los medios a los que tampoco puede amordazar. Y al no recibir de ellos la cobertura precisa para persuadir a la ciudadanía de la realidad contraria a lo que es la exclusión social de millones de personas, por otra parte indisimulable e inocultable, recurre a la disuasión coercitiva para imponer "lo políticamente correcto" de su pensamiento neoliberal. En resumen, el parlamento español, tomado desde hace tres años (antes de conocerse sus infinitas fechorías) por la mayoría absoluta del partido del gobierno, acaba de plasmar una vez más "lo políticamente correcto", esta vez en un decreto, ucase u orden gubernativa en forma de ley que coarta en términos represores la protesta en la calle y la libertad de manifestación: el mismo recurso de que se valía la dictadura precedente para fortificar civilmente su poder...

Jaime Richart es antropólogo y jurista.

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