miércoles, 31 de diciembre de 2014

Más de 100 mil españoles asesinados permanecen en fosas comunes

Miguel Lozano (PL)

A 78 años del golpe militar contra la República española e inicio de una Guerra Civil y dictadura que duró hasta 1975, permanecen hoy sin ubicar 114.226 desaparecidos durante ese doloroso período.

El año 2014 dejó para los familiares de las víctimas pequeños avances relativos a algunos hallazgos de fosas comunes con recursos propios, dada las limitaciones para la búsqueda de los restos por la negativa de las autoridades a dedicar fondos a ese fin.

La limitación de recursos por la crisis argumentada por el gobierno, sin embargo, es puesta en dudas por grupos como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que presentó una queja ante el Defensor del Pueblo por discriminación.

El recurso se basa en la admisión el pasado domingo de la participación de las autoridades en la exhumación de caídos en Rusia de la División Azul, contingente enviado por el dictador Francisco Franco a luchar junto a las tropas de Adolfo Hitler.

El pasado domingo, el Ministerio de Defensa admitió que participa en la recepción de peticiones de familiares para la identificación, apoyo al traslado por vía aérea, recepción de restos y su entrega a los familiares.

En opinión de la asociación, esa actitud contrasta con la política hacia las víctimas del franquismo por el gobierno de Mariano Rajoy que no destina ni un euro a la localización y exhumación de víctimas de la dictadura de Franco desde 2012.

En su demanda al Defensor del Pueblo la organización pidió una investigación de los motivos por los cuales la gestión de fondos públicos se realiza con criterios de discriminación política.

La reclamación alerta que la situación alcanza mayor dramatismo por la avanzada edad de los sobrevivientes, muchos de los cuales ya murieron sin la tranquilidad de saber qué les ocurrió a sus seres queridos y sin darles una sepultura digna.

El informe sobre la búsqueda y exhumación de miembros de la División Azul se conoció por la respuesta del Ministerio de Defensa a una pregunta del diputado de Amaiur Sabino Cuadra sobre la colaboración del Estado en esas gestiones.

Cuadra preguntó asimismo por qué hace dos años se suprimió la partida para la recuperación de los restos de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura que duró desde el golpe de Estado de 1936 hasta la muerte de Franco en 1975.

En su interpelación Amauir recordó que el Partido Popular (PP) redujo en 60 por ciento en 2012 ese presupuesto y lo suprimió desde 2013, pese a lo cual colabora en la repatriación de los restos de quienes combatieron bajo las órdenes de Hitler.

En el contexto de este debate, medios locales de prensa denunciaron la entrega de galardones a obras alusivas a la represión de ese terrible período de la historia en los Premios del Ejército 2014, otorgados por el Ministerio de Defensa.

Sintomáticamente una de las obras premiadas en la sección miscelánea, lleva como título El regreso a casa; División Azul, 1943, mientras en la modalidad de Enseñanza escolar recibió una distinción un trabajo sobre el 250 aniversario del regimiento América 66.

En su reseña sobre la premiación, el periódico digital Público recordó que esa unidad militar dirigida por el general Emilio Mola cometió crímenes como la violación y asesinato de 14 enfermeras, junto a una menor de 15 años y cuatro trabajadores del centro.

El pasado mayo, ese Regimiento de Cazadores de Montaña fue homenajeado en una sala del Ayuntamiento de Pamplona, pese al rechazo de familiares de víctimas y asociaciones de memoria histórica y una campaña de firmas.

Entre los pequeños avances en esta materia que dejó 2014 está la retirada a Franco del título de Hijo Predilecto, Alcalde Honorario y Medalla de Oro de la Ciudad de Huelva 71 años después que el Ayuntamiento le concediera esos honores.

Sin embargo, para ese acuerdo Izquierda Unida debió aceptar la votación por separado de varios puntos incluidos en su propuesta original, con el fin de lograr los votos requeridos del PP.

Así, el PP bloqueó el reconocimiento a 750 personas asesinadas por las tropas sublevadas y a miembros de la Corporación Municipal republicana que sufrieron represalias en Hulva, prueba de las posiciones divergentes sobre la dictadura franquista 78 años después.

Todo ello, pese a que dos grupos de trabajo de la ONU pidieron en el año a las autoridades cumplir los compromisos adquiridos con la ratificación de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada e Involuntaria de Personas.

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