lunes, 1 de diciembre de 2014

Ofensiva arriesgada de Estados Unidos en Puerto Rico

Jesús Dávila (NCM, especial para ARGENPRESS.info)

El intento de Estados Unidos de proteger su dominio sobre Puerto Rico ha desembocado hasta ahora en una ofensiva aparentemente desorganizada y de alto riesgo en la que toman parte contratistas asesores vinculados a la inteligencia militar, funcionarios y empresarios aventureros, cuyo efecto visible ha sido el desmonte de los logros de la democracia social.

Ausentes durante estos meses estuvieron las grandes movilizaciones de protesta social de la primera mitad del año, que se desvanecieron el segundo semestre, aunque se reanudaron las convocatorias por grupos sociales, sindicatos y partidos opositores al comenzar diciembre.

El nuevo detonante fue la amenaza del Gobierno de cerrar el transporte público, que se disipó de momento cuando se anunció que consiguieron los votos en la Legislatura para aprobar un aumento de impuestos, pero después los oficialistas opuestos reiteraron sus posiciones.

No está claro pues, si se trata de una avanzada imparable y triunfal de Estados Unidos que está arrasando con el régimen autonómico o si, por el contrario, esa ofensiva se está tendiendo una emboscada a sí misma.

Uno u otro resultado, constituiría el centro de una onda expansiva con el potencial de afectar al menos el Caribe oriental, con efectos igualmente inciertos en la capacidad naval estadounidense cuando ya se ha anunciado el inicio del patrullaje de la armada y las fuerzas del aire rusas en la zona para la protección de las obras de construcción del Gran Canal de Nicaragua. Por supuesto, estas consideraciones ocupan muy poco espacio –si alguno- en la mente colectiva del país, donde la gente está tan acostumbrada a la idea de que “a nadie le importa Puerto Rico”, que se traduce en que a Puerto Rico “no le importa nadie”.

Fundamental para ese cuadro, la estrategia de seguridad para la frontera artificial del Caribe –Puerto Rico e Islas Vírgenes- que está preparando la Casa Blanca, tiene por lo menos siete meses de retraso. Según se informó en la oficina del Comisionado Resiente, Pedro Pierluisi, el documento será enviado al Congreso y se hará público en algún momento de este mes o en enero y su foco serán mecanismos para obstaculizar el uso de las colonias caribeñas como punto de trasbordo de la droga hacia los mercados de Estados Unidos.

El sustituto raquítico hasta ahora ha sido anunciar con gran pompa que las agencias de Estados Unidos aumentarán su injerencia en la persecución del crimen en Puerto Rico y que la anticuada flotilla que mantiene aquí la Guardia Costanera será renovada como parte del remplazo general de naves que se ha aprobado para todo Estados Unidos. Pero eso está muy distante del requerimiento de ley de que se prepare un plan estratégico similar a los que están en operaciones para las fronteras con Canadá y México.

La otra faceta es la reorganización de la economía y del Estado luego de una crisis que se desató en 2006 y que al ritmo que lleva amenaza con barrer todo el progreso económico, político y social logrado en más de medio siglo en cuestión de apenas cuatro años más. Tan avanzado está el proceso que diciembre abrió con la amenaza de parte del propio Gobierno de decretar un nuevo cierre parcial del Estado, más amplio y profundo que el que sirvió de detonante para la crisis actual, si la Legislatura no aprueba un aumento en el impuesto al petróleo y sus derivados.

A la hora del cierre, estaba por reanudarse la sesión legislativa en un ambiente de incertidumbre sobre si sería aprobado el aumento, luego de que se anunciara prematuramente la rendición de los legisladores oficialistas que se resistían a aprobar el aumento de impuestos.

El contratista que asesora al Gobierno de Puerto Rico para esa maniobra es la oficina de América Latina de FTI Consulting, cuya jefatura ha tenido vínculos históricos con el aparato de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Aunque el Gobierno insiste en la versión de que no es una estrategia sino una necesidad, el presupuesto fue presentado con documentación falsa y, en junio, la casa acreditadora Moody’s publicó que la liquidez de la corporación de carreteras estaba débil pero no había peligro de insolvencia.

El libro oficial de la Oficina de Gerencia y Presupuesto consignó que la Autoridad de Carreteras tenía fondos suficientes para todo el año fiscal. Sin embargo, en privado se hizo otro presupuesto que se agotó en noviembre y el proyecto para el aumento de impuesto estaba en borrador ya en agosto, pero se aguardó a que se acercara la temporada de fiestas para enviarlo a las cámaras legislativas.

Otro contratista asesor importante ha sido Boston Consulting Group, que en sus altos niveles ha tenido vínculos con el Departamento de la Defensa, asesoramiento de seguridad de la Casa Blanca y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Este contratista ha sido el responsable de preparar los diseños estratégicos para las políticas económicas de Puerto Rico y el sistema de educación pública, en el cual la mayor notoriedad la ha logrado el cierre de escuelas y servicios.

Al margen de todo parecen estar las grandes empresas estadounidenses, que durante la crisis aumentaron la repatriación de ganancias anuales, así como los “fondos buitres”, que proporcionan dinero al Gobierno de Puerto Rico, a cambio de lo cual obtienen propiedades estratégicas a precios de remate.

En la temporada que acaba de concluir, esta ofensiva había sido enfrentada por focos de resistencia, como en el caso de los intentos para desalojar a los pobres que no pagan el agua y la electricidad de los proyectos de vivienda pública, la construcción de varios proyectos con impacto ambiental cuestionado – el incinerador de basura de Arecibo y un desarrollo en la playa de Toa Baja- y seguir reduciendo las compensaciones a los maestros y el programa de educación de niños con impedimentos. En todos ha habido protestas, pero no han cuajado grandes convocatorias masivas.

Con la llegada de diciembre ha comenzado otra etapa.

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