martes, 16 de diciembre de 2014

Puerto Rico: Al gobierno no le salen las cuentas

Jesús Dávila (NCM, especial para ARGENPRESS.info)

El Gobierno de Puerto Rico se topó con un obstáculo inesperado cuando en un intento por conciliar las cifras de los recaudos del arbitrio al petróleo y sus derivados y tras un esfuerzo de 72 horas durante las cuales los números subían y bajaban sin control, se produjo la paradoja de que se anticipa un “amento” que produce en total menos que antes.

El descuadre, que hasta ahora no ha habido forma de resolver, pone sobre el tapete si el Gobierno tiene o no la capacidad para producir la información, justo cuando hace esfuerzos desesperados para continuar aumentando los impuestos de forma que obtenga más préstamos que garanticen la solvencia del Estado.

La cuenta de los recaudos del año fiscal 2013-2014 comenzó en 264.000.000 de dólares el miércoles, bajó a 255.591.000 y de inmediato subió a 661.965.000 el jueves y el viernes volvió a bajar a 410.081.000, en tanto que la proyección para el primer año de vigencia del nuevo aumento –para 2015- es de 317.000.000, un “aumento” de casi cien millones menos de lo que había.

Además, el Departamento de Hacienda tenía unas cifras y el Banco Gubernamental de Fomento otras, sin que hubiese forma de conciliarlas. De hecho, NCM Noticias obtuvo copia de documentos producidos por ambas entidades, en los que se registró toda la incongruencia.

La pesadilla contable de la suma que resta puso en evidencia que el Gobierno insiste en nuevos aumentos a los arbitrios del petróleo sin tener información exacta de lo recaudado con los aumentos del año pasado. El episodio presenta un fenómeno difícil de predecir los para inversores “buitres” y contratistas asesores vinculados a la inteligencia militar estadounidense, que intentan reorganizar la economía puertorriqueña.

Así, sin saber cuánto recauda ni a dónde va a parar, el Gobierno intenta persuadir a la Legislatura, que en días recientes aprobó nuevos impuestos al petróleo por mayoría de apenas un voto en cada cámara, para que acepte seguir subiéndolos y se embarque en una reforma total de las leyes impositivas que se anticipa multiplicaría los impuestos al consumo y a la propiedad inmueble. Como en un cuento antiguo de la gente sacrificándolo todo para aplacar la ira de un monstruo, el Gobierno insiste en que si no sigue aumentando los impuestos, los inversores “buitres” de Wall Street no prestarán dinero suficiente para evitar la quiebra del Estado.

La posición expresada por el Ejecutivo es que es necesario aumentar sustancialmente los recaudos a fin de garantizar el repago de casi tres mil millones de dólares en bonos que comprarán los “buitres”, que se han hecho cargo de continuar financiando a Puerto Rico desde que esta pequeña nación isleña se ha sumido en una espiral hacia abajo de múltiples degradaciones de su crédito en el nivel conocido como “basura”. Con ese dinero se redimiría la deuda que tiene la Autoridad de Carreteras con el Banco de Fomento y se podría pagar obras controversiales menores –como pistas de patinaje sobre hielo y patinetas- con las que se logró apoyo de gobiernos municipales para los nuevos impuestos.

Para los inversores “buitres”, que además de obtener rendimientos muy altos por los bonos han comprado activos a precios de remate en Puerto Rico, el inesperado problema de contabilidad plantea asuntos cuyas consecuencias son inciertas.

Los impuestos del petróleo, que además del crudo incluyen los arbitrios de la gasolina, del combustible de aviones y el diesel, son importantes en el análisis económico porque marcan una huella de la producción, el transporte y el consumo. Los cómputos de los recaudos anuales estuvieron claros hasta concluido el último año fiscal del anterior gobierno anexionista, con su punto pico en 1999, en el que se recaudó más de 406 millones de dólares, y su declive, según fue avanzando la crisis, con el punto más bajo en 2012-2013, con una recaudación de 264 millones de dólares.

Tras comenzar el nuevo gobierno autonomista, se triplicó el impuesto –de tres dólares por barril a 9,25- y los recaudos debieron aumentar sin haber mejoría en la situación económica. Ahí mismo, sin embargo, los cómputos se empezaron a poner nublados por las discrepancias entre las estadísticas de Hacienda y las del Banco.

Los primeros informes fueron que se había repetido el recaudo de 264 millones de dólares de 2013-14, lo que eventualmente sería base para que se intentara conciliar los cómputos.

Un aspecto del problema tiene que ver con la modalidad de privatización de la preparación de leyes y la presión del Ejecutivo para que la Legislatura se limite a refrendar ceremonialmente lo que los contratistas asesores vinculados históricamente a la inteligencia militar preparan en secreto. Eso provoca choques con la prensa, que ha demandado acceso a documentos y el Gobierno se defiende en los tribunales invocando la doctrina Estados Unidos v. Nixon, que fue establecida durante el escándalo de Watergate.

La resistencia legislativa tampoco se ha hecho esperar y mientras no hubo mayor problema para lograr la aprobación de la primera ronda de aumento en 2013, promovida con la idea de hacer esa misma emisión de bonos –que no se produjo- esta vez la oposición dentro de la propia bancada oficialista fue tenaz. El Ejecutivo utilizó todo un arsenal de trucos y maniobras, entre ellas desacreditar oficialistas disidentes y hacer acuerdos que luego no se honraron mientras sorprendía llenando el vacío con un voto de la minoría.

Todo eso permitió que saliera a la luz que desde hacía meses la Legislatura estaba recibiendo información incorrecta y ahora hay una situación de incertidumbre sobre las posibilidades de éxito de una nueva ronda de medidas para seguir aumentando los impuestos. También hay ambiente un tanto delicado en Wall Steet y el periódico Caribbean Business indicó que a los inversores se les está agotando la paciencia.

Mientras tanto, en la calle continúan incrementándose los intentos por parte de grupos sociales y políticos para tratar de cuajar una convocatoria masiva de protestas.

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