viernes, 3 de enero de 2014

¿Existe la cooperación internacional?

Marcelo Colussi (especial para ARGENPRESS.info)

Relata cierta historia que alguna vez el presidente de Estados Unidos salió a hacer una gira por países amigos…y a la tarde ya estaba de regreso. ¿Hay amigos en política? No, definitivamente no: sólo intereses.

Si entendemos por política las relaciones de poder, en otros términos: el arte o técnica de gobernar, de mandar, de ejercer ese poder, la solidaridad, el amor y el cariño no entran en su ámbito. Esto último está en el lado de la amistad, de la generosidad, de la entrega desinteresada. El ejercicio del poder no tiene absolutamente nada que ver con eso. Es una pura cuestión de intereses, de cálculo, de dominio de uno sobre otro (dialéctica del Amo y del Esclavo se le llamó).

De ahí, entonces, que la pregunta en torno a si es posible la cooperación entre países nos remite a la dura realidad que intenta ilustrar el chiste con que abrimos el texto: la cooperación internacional es, en definitiva, un mecanismo más de control y sojuzgamiento de las potencias del Norte sobre los empobrecidos y saqueados países del Sur. Si se dan algunas monedas, no es por un sentimiento de culpa; en todo caso eso constituye un mecanismo más al servicio de la dominación (colchones para hacer más tolerable la miseria y que no revienten rebeliones populares, limosnas que sólo sirven para paliar pero que no tocan las verdaderas causas estructurales de las asimetrías). En otros términos: mantenimiento de las injusticias pero con rostro humano.

Desde inicios de la década de los 60 del siglo pasado, algunos pocos países (las potencias capitalistas del Norte) implementan proyectos comúnmente llamados de “cooperación”. No debe olvidarse que en realidad nacieron –y en muy buena medida siguen siendo eso – como “estrategias contrainsurgentes no militares”. ¿Cooperan con los pobres del Sur? En décadas de estar realizando estos procesos, ningún país pobre dejó de ser tal gracias a esas supuestas ayudas. “En el plano político –decía críticamente Luciano Carrino, funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno italiano, muy buen conocedor de estas cuestiones– la cooperación representa la voluntad de una parte de las poblaciones de los países ricos de luchar contra racismos, la pobreza, la injusticia social y mejorar la calidad de vida y las relaciones internacionales. Una voluntad que los grupos en el poder tratan de voltear en su provecho pues la cooperación para el desarrollo humano persigue objetivos oficialmente declarados pero sistemáticamente traicionados (…) Los datos sobre el uso global de los financiamientos de la cooperación parecen demostrar que menos del 7% total de las sumas disponibles es orientado hacia la ayuda a dominios prioritarios del desarrollo humano. El resto sirve para objetivos comerciales y políticos que van en el sentido contrario.”

El tema, por cierto, es apasionante. Por eso mismo días atrás lo tocábamos en alguna clase con estudiantes de Ciencias Sociales. Y al respecto uno de mis alumnos consiguió un material que me parece de antología. Es un análisis hiper crítico de la cooperación internacional, realizado a través de un caso puntual pero válido para toda la cooperación en su conjunto. Creo que lo mejor es transcribirlo íntegro y dejar que el lector saque sus conclusiones.

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"Los dividendos de la guerra fría. Mucha violencia y poca paz"

Juan Francisco Coloane (especial para ARGENPRESS.info)

Se cierra un año en política internacional y la dinámica terrorista resurge como en los dos primeros años después de la invasión a Irak en 2003. No se trata solamente de los últimos atentados terroristas en Rusia, o el que golpea a Siria desde que comenzó el plan de desestabilizar su gobierno en 2011.

El terrorismo está muy presente en Afganistán, Irak, Líbano, Egipto, Malí, Somalia, Kenia, Nigeria, Filipinas, India, Pakistán, Argelia entre los países más afectados. Se registra en 2013, cerca de 300 atentados terroristas en zonas urbanas con un elevado número de víctimas fatales que alcanzan varios miles; en algunas fuentes especializadas se menciona cercana a los 8 mil muertos producto de atentados (Global Terrorismo Data Base; Global Terrorism Index).

El año anterior, 2012, no fue diferente, con un número similar de atentados y víctimas fatales. Sin embargo en 2013, la actividad terrorista proveniente del sector Yihadista del radicalismo islámico en cada contexto local, se expandió territorialmente en África, Asia y el Medio Oriente.

Claramente se trata de un retroceso que la comunidad internacional y la institucionalidad que la hace funcionar como entidad política desde el multilateralismo, debieran asumir.

La guerra fría ha regresado en gloria y majestad, pero con ropaje nuevo en un amplio menú de posturas doctrinarias reflejadas en diversas versiones de realismo, idealismo, constructivismo, entre las mas recurrentes. Sin embargo predominan los mismos rasgos de la guerra fría – ambición desmedida por la supremacía en el nivel que fuere, nación, región, grupos de interés; utilización permanente de la amenaza; subordinación de la política a lo bélico; operaciones encubiertas; cumplir objetivos sin contemplaciones, entre otros.

El internacionalismo multilateral e integracionista, seriamente dañado con la invasión a Irak en 2003, aún no recupera las bases de confianza, elemento central en las relaciones internacionales. Se ha constatado una marcada debilidad institucional para prevenir el uso de la fuerza, así como persiste la incapacidad de los instrumentos internacionales para impedir el uso ilegítimo del poderío militar. El Derecho Internacional mantiene su estado embrionario y carente de poder coercitivo. No se ha incrementado el esfuerzo político, para construir instrumentos de Derecho Internacional que promuevan la integración y la cooperación y se observa una reafirmación de las soberanías y los nacionalismos exacerbados.

En cada región, se observa a las naciones preocupadas por su poderío militar, - en algunos casos de carácter nuclear- estimulando un tipo de relaciones internacionales determinadas por la variable bélica.

Europa occidental y Estados Unidos observan con preocupación la emergencia de una Rusia más potente económicamente con impulsos de formar un poder que equilibre la balanza en el mundo. Los colosos como China e India buscan acuerdos entre ellos para contrarrestar el avasallamiento de la unidad transatlántica en la región asiática con un aliado “interno” como es el Japón.

La región de América Latina y el Caribe no ha escapado a esa corriente de realineamientos políticos entre las naciones, sin embargo son aun procesos en gestación cuya consolidación está condicionada.

Por una parte, a los factores financieros y políticos externos de las potencias tradicionales y las nuevas como China e India que buscan zonas de influencia para colocar y adquirir recursos. Por otra, a los vaivenes y ambigüedades de sistemas políticos locales en los países de la región, considerablemente determinados por problemas de gobernabilidad interna e influencia foránea, especialmente en el área financiera.

El hecho más trascendental del año en política internacional considerando a la paz mundial como foco, quizás haya sido la decisión del presidente Barack Obama de recurrir al Congreso para llegar a una resolución sobre el plan de bombardear Damasco en agosto pasado. Finalmente no se abrió otro foco de guerra en una región golpeada por la injerencia extranjera, y es el dato que cuenta.

La coyuntura de un inminente ataque de Estados Unidos a la capital de Siria, se precipitó cuando el propio presidente estadounidense estableció arbitrariamente un límite para intervenir por razones humanitarias en Siria, sin la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU. La crisis emerge a partir del uso de arsenal químico en Ghouta Oriental, periferia de Damasco del 21 de agosto.

El trágico evento es hasta hoy día materia de variadas conjeturas respecto a la responsabilidad y derivó finalmente en el plan de Naciones Unidas para desmantelar el arsenal Sirio de armas químicas. Hay que destacar el estoicismo del gobierno Sirio para llevar adelante el plan frente al acecho terrorista.

La decisión de condicionar en forma más selectiva un ataque de esa naturaleza, con imprevisibles consecuencias para la región del Medio Oriente y el Asia Central, constituyó el despegue de un nuevo proceso de negociaciones en torno a los conflictos más trascendentales para la paz mundial, incluyendo la negociación mas abierta sobre el desarrollo nuclear en Irán.

Algunos conflictos son de carácter histórico como es la creación del estado Palestino. No obstante, la mayor parte de los actuales problemas críticos en política internacional que afectan a la paz mundial, responden a los “dividendos” post guerra fría que no se han resuelto entre las principales potencias como Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido.

Por otra parte, el año que concluye, continúa exhibiendo un regreso a la política de los alineamientos y la búsqueda de los equilibrios de poder.

Con el objeto de contener la hegemonía de las potencias tradicionales occidentales, las naciones con economías emergentes, y otras, convertidas en potencias de carácter mediano, como son los casos de India, Brasil, Irán, Nigeria, Sudáfrica, comienzan a explorar nuevas formas de asociación, integración, o alianzas.

Aun así, no se observa una voluntad mas efectiva en promover un sistema único de valores, o un criterio global de bien común. Los movimientos sociales masivos de décadas pasadas, con un foco específico en la paz y el desarme nuclear, se han diluido por la diversidad de temas que enfrenta la globalización.

Se confirma la falla central en la confianza de los estados en los organismos internacionales, sus instrumentos y su operatividad, donde el elemento principal es continuar creyendo que las relaciones internacionales estarán progresivamente menos supeditadas a la fuerza bélica. Existe un comercio y una economía global con indicadores en ocasiones rutilantes, no existe aún una paz y un orden global de seguridad, con sentido humano.

En el panorama mundial hay una tendencia a la tensión y a resolver los conflictos con posiciones de confrontación, con una guerra que cumple pronto tres años en Siria expresando el epicentro de la frustración y la incapacidad del orden institucional vigente.

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Gobiernos populares de Latinoamérica, ¿transición o reciclaje?

Isabel Rauber (ACTA)

Isabel Rauber es Doctora en Filosofía. Directora de la Revista “Pasado y Presente XXI”; escritora. Profesora adjunta de la facultad de Filosofía de la Universidad de La Habana.

Notas a propósito del artículo de E. Gudynas, “La izquierda y el progresismo: la gran diferencia”. El texto de Gudynas intenta poner en blanco y negro los cambios políticos que vienen teniendo lugar en territorios de Nuestra América.

En ese sentido, al iniciar el artículo afirma: “Uno de los mayores cambios políticos vividos en América Latina en los últimos veinte años fue el surgimiento y consolidación de los gobiernos de la nueva izquierda.” Nótese que el autor define a estos gobiernos latinoamericanos como “los gobiernos de la nueva izquierda”, sin embargo, de inmediato los subclasifica como “progresistas”, por considerarlos anclados “en la idea de progreso”. Sobre esta base, asegura, se marca una “divergencia” con “muchas de las ideas y sueños de la izquierda latinoamericana clásica.”

Así, en el primer párrafo del texto, el autor emplea tres categorías políticas diferentes: nueva izquierda, progresismo e izquierda clásica. Atribuye a ellas diferencias sustantivas en las miradas estratégicas, las propuestas y planes gubernamentales, y en las prácticas políticas concretas de los actores políticos que las encabezan. Sin embargo, no deja en claro qué entiende por “nueva izquierda”, ni por “izquierda clásica”. Tampoco define claramente que entiende por "progresismo" ni por "progreso".

Al principio parecería que, según el autor, la “nueva izquierda” es el “progresismo”, sin embargo, línea a línea, se ocupa de demostrar que los gobiernos que engloba indiferenciadamente al inicio como de la “nueva izquierda”, en realidad no lo son, puesto que solo llegan a ser “progresistas”. Aquí surgen interrogantes: ¿Por qué definirlos entonces como algo que inmediatamente se niega? Al parecer esto responde a la intención del autor de marcar una distancia sustantiva entre el período inicial de los gobiernos de la “nueva izquierda” en Latinoamérica, y el período actual, en el que –siempre siguiendo a Gudynas , estos han devenido en: “progresistas”, anclados en las viejas ideas de progreso y crecimiento económico, es decir, economicistas. De aquí se derivarían, a ojos del autor, políticas muy limitadas de estos gobiernos en relación con la perspectiva de cambio social, ancladas en exportación de materias primas, en estimulación del consumo, en planes de asistencia económica a los sectores desprotegidos, para lo cual apelan –fundamentalmente a políticas extractivistas…

“El progresismo actual (…) no discute las esencias conceptuales del desarrollo”, afirma el autor. Esto supondría, en síntesis, que los gobiernos de la ex-nueva izquierda devenidos en progresistas, se atienen planamente a la antigua concepción economicista del desarrollo, contradiciendo y alejándose crecientemente de los procesos democratizadores originariamente impulsados desde abajo, con los movimientos sociales, y ahora frenados-negados desde arriba. Llegado a este punto el autor entra en una seguidilla de consideraciones que buscan reforzar sus objeciones a los que considera hoy son ex-gobiernos de la “nueva izquierda”. Con las generalizaciones secundariza o menosprecia los esfuerzos por construir instancias articuladoras regionales (ALBA, UNASUR, CELAC) y su significación política en este tiempo para los procesos de cambio que pugnan por profundizase y enraizarse en cada país.

La transición en la nueva realidad global y continental
Un debate postergado pero imprescindible

El articulo mencionado resulta una provocación interesante, porque –aunque su autor no se lo proponga con sus reclamos e imputaciones, pone al descubierto la necesidad de abrir debates acerca de la transición hacia la nueva sociedad, acerca de sus contenidos, sus tareas, sus significados, sus actores centrales, sus alcances, su horizonte histórico… en las condiciones actuales de Latinoamérica, en el actual sistema mundo y tiempo histórico que vivimos. Vivimos tiempos de cambios constantes y de confusión, y ello lo refleja también Gudynas al escribir de forma confusa.

Es evidente que tiene preocupaciones y se percata de algunos problemas, en realidad, poco novedosos para quienes seguimos de cerca el curso de los procesos actuales. Pero aunque no enseña nada nuevo, su análisis recorre algunos puntos clave que es preciso discutir. Toca muchas aristas y, al hacerlo –aunque de modo disperso y forzando regularidades donde, si existen, no están suficientemente claras aún , llama la atención y provoca el debate, considero que en ello radica probablemente su principal aporte.

No ocurre lo mismo cuando se refiere a las interrelaciones entre movimientos sociales y ong’s, estableciendo prácticamente una equiparación entre ellos, con lo cual da por tierra sus planteamientos respecto del protagonismo de los movimientos (¿o se refería a ong’s?). Igualmente resulta cuando menos llamativo su elogio a la CIDH, como si se tratar de un organismo que brillara por su criterio de justicia para con los pueblos… Estas referencias parecen más bien una reacción de enojo del autor frente a alguna crítica de la que pudo ser destinatario, aunque no lo manifiesta así en este artículo.

Algunos temas o problemáticas a considerar
-Cambio de mentalidad y construcción de un nuevo pensamiento crítico

Analizar con parámetros de ayer la realidad del presente es fuente segura de errores. Y ello ocurre cuando se intenta trazar una línea de continuidad analítica entre la realidad social local y mundial, las tareas y la perspectiva estratégica que se planteó la izquierda en el siglo XX, y la realidad del sistema-mundo actual del cual es parte nuestra región y, consiguientemente, entre las propuestas y actitudes políticas de la izquierda que hoy gobierna (“nueva izquierda”, “progresismo”), y los planteamientos de la “izquierda clásica” (de fines del siglo XX). Vale hacer notar, además, que en el siglo pasado no existió una “izquierda clásica”, hubo muchas izquierdas, muchas miradas, propuestas, estrategias y caminos para lograrlas, protagonizados por actores políticos diversos, generalmente enfrentados entre sí. Tal fue el caso, por ejemplo, de la división entre los reformistas (camino gradual de reformas dentro del capitalismo) y los revolucionarios (toma del poder, ruptura con el sistema e implantación del socialismo), y sus consiguientes propuestas de las entonces llamadas vía pacífica (electoral) y la vía armada (insurreccional o guerra de guerrillas para la “toma del poder”).

Indudablemente estas polémicas, lejos de estar saldadas, se manifiestan hoy bajo nuevas formas, aunque ahora tienen lugar en la realidad de un nuevo sistema-mundo regido por la hegemonía global del capital con sus instituciones de poder global del mercado. Al plantearse el cambio social, es necesario entonces, dar cuenta y enfrentar nuevas problemáticas, nuevos contenidos, horizontes y actores. No se puede trazar una línea directa entre los reformistas ayer y quienes hoy plantean caminos de reformas, ni viceversa. No se puede tampoco, contraponer abstractamente, reforma y revolución; dicotomía que cada día se revela más obsoletas, a la vez que surgen y se plantean nuevas y complejas mediaciones, contradicciones y tensiones entre lo viejo y lo nuevo, entre reformas y cambios raizales.

¿Qué significa hoy ser revolucionario?, ¿tomar el poder?, ¿qué poder?, ¿quiénes? Y, en tal caso: ¿qué harían el día después?, ¿quiénes?, ¿con quiénes?, ¿cómo?

¿Para qué se quiere o se necesita el poder político-institucional? Pues para impulsar cambios en la realidad social, promover la organización y ampliación del sujeto político-social en su desarrollo hacia la conformación de la fuerza social de liberación, capaz de constituirse en conducción soiopolítica popular del proceso histórico de cambios, desde abajo, en los ámbitos parlamentario y extraparlamentario. Y para pensar colectivamente, decidir y realizar los cambios raizales, en la medida que el conjunto de condiciones sociales, culturales, de conciencia, organización, y en la subjetividades, así lo haga posible… transformando la correlación de fuerzas anclada en el poder constituido, desde el nuevo poder constituyente.

-De la izquierda del ‘deber ser’ a la izquierda del ‘ser’

Ser de izquierda significa que se es revolucionario, no que se recitan textos, ni que se dicen bonitos discursos, o que se tienen perfectos programas. Ser revolucionario es ser parte del proceso colectivo de cambio del mundo en sentido de justicia, equidad, paz, progreso humano, en el sentido y con el contenido que esto tiene para el horizonte revolucionario… ¿Qué cantidad de cambios hay que hacer en cada momento y a qué velocidad han de realizarse? Nada de ello puede definirse fuera de la arena de los acontecimientos y sus contradicciones. No hay recetas; no hay fórmulas. Se trata de una pulseada permanente con el poder del capital en general y con los nichos de su hegemonía que están dentro de nosotros mismos.

La teoría revolucionaria no puede existir fuera de los procesos revolucionarios y sus sujetos; es guía para la acción en tanto emana de ella, se nutre y enriquece en las prácticas socio-transformadoras y hacia ellas vuelve, marcando aciertos, errores, desafíos, mostrando trampas y abriendo caminos… estimulando la marcha. Es pensamiento crítico de las prácticas revolucionarias, por eso puede orientarlas, ser “guía para la acción”. Lamentablemente, esta expresión se tomó al pie de la letra, mecánicamente, suponiendo que para ello debía haber una doctrina correcta, científica, previa a los acontecimientos. Ella, como si fuera una linterna, habría de conducir a los pueblos en lucha por el buen camino, alejando a sus conducciones de errores y derrotas. Nada más alejado de la realidad, de la propuesta epistemológica de Marx, y de la verdad histórica.

No existe una teoría absoluta sobre el comunismo, el socialismo comunista, comunitario, o del siglo XXI, esperando en el algún lugar (fuera del mundo), para ser “aplicada” a cada realidad. Nada más apriorístico y dogmático que ello. Como ya advirtiera Marx, esta es “la oposición típica del idealismo entre la realidad y lo que debe ser…”, paradójicamente el rasgo característico del mal llamado “marxismo científico” en el siglo XX. [Marx,C., 1966: 11]

La ideología, el pensamiento crítico revolucionario, el pensamiento político y social se van construyendo permanentemente, es decir, están en constante cambio, con los acontecimientos históricos, con la maduración de conciencia de los sujetos en sus prácticas, con las dinámicas de las luchas sociales de clases, etcétera. Como advirtiera Mariátegui: es una “creación heroica” de los pueblos, y por tanto, hay que rescatar esa creación, sistematizarla y conceptualizarla y reconceptualizarla permanentemente, desde abajo, en articulación orgánica con los sujetos colectivos de las prácticas sociales, siendo –a la vez- parte de ellos.

-Del enfoque analítico abstracto a la mirada analítica sistémica (concreta)

El autor presenta sus enfoques aún atrapados por los límites del pensamiento lineal fragmentario propio del siglo XX: aborda las cuestiones ecológicas o de la naturaleza de modo aislado, igualmente lo relativo a pobreza, desarrollo, democracia… como si estas problemáticas sociales se pudieran analizar y resolver aisladamente, sin contar con un enfoque integral sistémico de la realidad social en cada momento (integrando economía, política, cultura, modo de vida). Concuerda con el Buen Vivir levantado por los gobiernos, pero les recrimina que no lo llevan a cabo.

La pregunta, en tal caso, sería: ¿Cómo saber si lo llevan a cabo o no?, ¿a partir de qué elementos?, ¿desde dónde, con quiénes y con cuáles parámetros medirlo? ¿Porqué? Indudablemente hay que entrarle de lleno a estos debates.

Urge reflexionar sobre las condiciones de la transición en la situación actual del mundo y de nuestras sociedades, teniendo como punto de partida (y de llegada), las experiencias de los actores sociopolíticos que las llevan adelante, sus y las subjetividades, identidades, cosmovisiones…

-Recuperar la dimensión analítica y sistémica de la categoría “modo de producción”

Ser ecologista, por ejemplo, no implica necesariamente estar ubicado en el nuevo tiempo. Si se piensa en la ecología separada del modo de producción y reproducción de la vida social, se mantiene la vieja concepción de la naturaleza como objeto del cual la humanidad puede “servirse”, en tanto sujeto.

Integralmente, el debate acerca de la ecología es parte del debate civilizatorio, del planteo claro de la indivisible interrelación naturaleza-sociedad como clave para la defensa de la vida toda. Este resulta uno de los anclajes epistemológico-cosmovisivo fundamental pues abre posibilidades para la creación de un nuevo modo de producción y reproducción de la vida social, es decir, de un modo de vida, anclado en la indivisibilidad de la vida humana y de la naturaleza. Es por ello, un horizonte promotor de la creación de una nueva civilizan (re-humanizada).

La civilización creada por el capital y su lógica de mercado amenazan a la sociedad y la naturaleza de muerte, el sistema mundo anclado en la producción destructiva para satisfacer la voracidad creciente de ganancias de los centros del poder global del capitalismo actual, profundiza un sistema productivo-destructivo que no toma en cuenta el sistema reproductivo, es decir, no se hace cargo de las consecuencias o cargas sociales que su reproducción sistemática imponen a la sociedad (con énfasis en las interrelaciones humanas y sus modos de vida) y a la naturaleza. Encontrándonos al borde del abismo, la defensa de la vida se impone y es integral y reclama la construcción de una convivencia armónica entre sociedad y naturaleza como parte de un todo que se llama vida. Con esto quiero subrayar un elemento central: el contenido sistémico, interconectado de las problemáticas a enfrentar y, por tanto, de las respuestas a construir para superarlas.

En relación con esto, está claro que los caminos de la transición hacia la nueva sociedad y el nuevo mundo cuyo horizonte se redefine y abre con la llegada de estos gobiernos de la “nueva izquierda progresista” latinoamericana , ya no pueden analizarse con los lentes de una lupa del siglo XX, cuyos parámetros pertenecen a un mundo y un tiempo histórico que ya no existe.

Las problemáticas de hoy no son exactamente las mismas de ayer, recicladas. Aunque muchas coinciden, se desarrollan en situaciones y dimensiones nuevas, con aristas e interconexiones no solamente nuevas, sino anteriormente desconocidas o inimaginadas. Por ello hay que descubrirlas y analizarlas tal como ellas existen y se manifiestan hoy.

Habría que ir incluso unos pasos atrás y ver si existe una claridad común en la definición acerca de cuáles son los pilares claves para avanzar hacia una civilización capaz de superar los males, las tragedia, los modos de interrelacionamiento y pensamiento humanos de la civilización actual, regida por la lógica del metabolismo social del capital. Un recorrido por las programáticas de los actuales gobiernos progresistas, de izquierda, revolucionarios o populares de la región parece indicar que no es así. Esto refuerza la necesidad de centrar las reflexiones también en este aspecto aunque sin pretender unificar o encasillar procesos socioculturales profundamente diferentes , para ir fortaleciendo, tal vez, sus posibilidades de encaminarse hacia la construcción de convergencias estratégicas. Esto es parte de los desafíos del presente. A ello se anudan interrogantes claves. Entre ellas:

¿Quiénes son los creadores y protagonistas de las definiciones del rumbo de los cambios, de sus contenidos, sus ritmos, etc.? ¿Puede el pueblo de un solo país, aisladamente, en el mundo globalizado, crear y construir una civilización nueva?, ¿en qué aspectos sí y en qué debe hacerlo interarticuladamente con otros? ¿Cuál es el sentido de la integración latinoamericana?, ¿está relacionada con la posibilidad de construir un referente regional capaz de correr el horizonte civilizatorio mas allá de los límites del capital o es solo un campo formal para el intercambio mercantil y diplomático?, etcétera.

Reflexionar sobre esto ayudará a pensar hasta dónde un proceso de cambios sociales raizales puede avanzar dentro del capitalismo, realidad sociopolítica, económica y cultural en la que viven y se desarrollan todos los países, gobiernos y procesos del mundo, y desde la cual y en la cual también creamos, construimos los cambios y pensamos la transición.

Ello contribuiría, por ejemplo, a matizar o reinterpretar la expresión del autor cuando, refiriéndose a los gobiernos de la “nueva izquierda” o “progresistas” latinoamericanos, dice: “…en algunos casos hay una retórica de denuncia al capitalismo, pero en la realidad prevalecen economías insertadas en éste...”.

¿Acaso supone el autor que los que ganaron las elecciones podrían romper inmediata y tajantemente con el capitalismo? ¿Cómo?, ¿con cuáles fuerzas sociales?, ¿con cuales propuestas?, ¿reemplazándolo con qué sistema?, ¿apuntalando cuál civilización? ¿Acaso considera el autor que ya existe, prefabricado, el nuevo sistema productivo-reproductivo social que puede reemplazar al del mercado, y que solo se trataría de “aplicar” su recetario a las realidades concretas? ¿Se trata acaso de “aplicar” o de crear, construir y apostar a lo nuevo, conociéndolo en la medida que se lo va creando y construyendo? Estas son solo algunas interrogantes que pueden estimular el pensamiento colectivo acerca de estas problemáticas de fondo.

Está claro que los pueblos no saltan al vacío; los grandes cambios sociales ocurren siempre por acumulación, a partir de desarrollar las fuerzas sociales, económicas, culturales y políticas del pueblo capaces de desplazar (imponerse sobre) el –entonces- viejo orden metabólico social. Esto supone procesos histórico-sociales de creación colectiva de los pueblos, su autoconstitución en sujetos políticos de su vida, de su historia; supone la refundación democrática de nuevas institucionalidades e instituciones, de nuevas interrelaciones entre todos los integrantes de una sociedad, y con el mundo entero y con la naturaleza.

No se puede vivir en libertad en un mundo plagado de injusticias, salvo desde una posición individualista: Si yo estoy bien, no me importan los demás. No hay salida individual, por países, si no hay salida para todos los países, global. Se trata, entonces, en principio, de una transición anclada en diversos procesos integrales de cambios en el ámbito de cada país que tenderán a orientarse hacia el mismo rumbo y horizonte estratégico. En materia de integración, este es uno de los mayores desafío: definir un rumbo y un horizonte civilizatorio colectivos capaz de traccionar los procesos locales y regionales en una misma dirección, y definir cuál es esa dirección para encaminarse hacia el horizonte común. Es entonces cuando la paciencia histórica, así como la creación sostenida y la resistencia al capital y sus tentaciones cotidianas, se imponen como realidad.

Si se acepta que los procesos todos se desarrollarán durante bastante tiempo dentro del capitalismo, es de suponer entonces, pulseadas constantes, palmo a palmo, con el poder del capital, luchando por construir, sostener y desarrollar desde abajo otra hegemonía, popular, orientada a abrir cauces a una nueva civilización, anclada en el Buen Vivir y Convivir. En esta perspectiva, tal vez lo que el autor define como “retórica” anticapitalista de los gobiernos, resulte, en algunos casos, un recurso pedagógico político orientador-estimulador de cambios y creaciones, fortalecedor de procesos en curso que -desde abajo- alimentan las esperanzas y las utopías del nuevo mundo, haciéndolas realidad día a día en sus comunidades, en sus economías, en sus modos de vida solidarios, en un respeto creciente a la naturaleza recuperándola como sujeto de vida y para la vida, creciendo en la conciencia integral de la vida y de los modos de vida.

Todo esto supone un proceso integral de cambios en la concepción del mundo, del progreso, el bienestar, el desarrollo, la economía, la sociedad y las interrelaciones humanas y con la naturaleza. Nada puede verse, pensarse o resolverse por separado. Una nueva mentalidad, un cambio cultural se impone.

-Una nueva concepción de totalidad se abre paso

Es interesante notar que en el tiempo en que los posmodernistas anunciaban el fin de la totalidad y del “relato” colectivo, revive con fuerza el pensamiento científico que argumenta la concatenación universal de los fenómenos en la naturaleza y en la sociedad. Por supuesto, se trata de una totalidad nueva, profundizada y ampliada con el apoyo de la nano-sociología hasta lo macro, siempre con la mirada integradora que anuncia que lo analítico (fragmentado) es parte de un fenómeno social mayor al que se articula y que en esa articulación se define socialmente, o más exactamente, se interdefine permanentemente en procesos de interacción constante y redefiniciones mutas, cambios, saltos… Tales son las dinámicas sociales dialécticas, más precisamente identificadas ahora como tales, por la denominada “teoría de la complejidad”.

-El lugar central de los procesos está en los sujetos

No hay teoría, ni propuesta, ni programa ni organización que pueda desplazar o sustituir el protagonismo creativo colectivo de los sujetos sociales y políticos, su capacidad para (auto)constituirse en fuerza sociopolítica de liberación, conducción política colectiva del proceso de cambios en los ámbitos parlamentario y extraparlamentario (conjugados, articulados). Concebir la actual tarea histórica civilizatoria de defensa integral de la vida, desde las élites, grupos reducidos, llámense estos partidos, movimientos, ong’s… implica quedar atrapado por una retórica testimonial que, a lo sumo, puede servir como justificación personal frente a la titánica labor colectiva de los pueblos abocados a crear el mundo que ha de sustituir a este.

-La interculturalidad y descolonización

Y esto alude directamente a presupuestos nuevos, que den cabida a la diversidad de actores, con sus modos de vida, cosmovisiones, cosmopercepciones, sus identidades, subjetividades, aspiraciones, propuestas… es decir, habla de superar el obsoleto paradigma dogmático acerca del sujeto revolucionario, que lo limitaba a una supuesta clase obrera industrial que, en rigor, nunca existió en Latinoamérica, llama a dejar atrás el eurocentrismo negador de los pueblos indígenas como sujetos con plenos derechos y capacidades, llama también a abrir espacios políticos a las mujeres con sus pensamientos liberadores, como a todos/as los marginados/as o excluidos/as según sus capacidades físicas, sus identidades sexuales, etc., en resumen, llama a abrir las prácticas políticas a la perspectiva intercultural para concebirlas desde este lugar, reclamando por tanto, una mirada que dé cuenta de los disímiles intereses de los diversos actores y sectores que conforman el llamado “campo popular”.

Esto supone también hacerse cargo de las disputas de poder que tienen y tendrán lugar en el seno del pueblo y que acompañarán la creación del nuevo mundo buscando nuevas relaciones y modalidades de organización y acción que vayan superando la verticalidad jerárquica instalada como el “saber hacer” de la humanidad durante milenios.

Sobre esta base se podrán ir abriendo pasos hacia una perspectiva de interrelacionamiento cada vez más horizontal, reconociendo la igualdad entre los diferentes, en derechos, identidades, subjetividades, modos de vida, estableciendo condiciones para la convivencia de las diferencias sobre la base de equidad y la complementariedad. La democracia ocupa aquí un lugar central, puesto que limitarla a aquella –representativa o directa que solo reconoce el derecho de las mayorías es, en realidad, una modalidad encubierta de autoritarismo, pactado y reglamentado en las constituciones. El derecho es siempre para quienes lo necesitan, no para quienes lo poseen, es decir, alcanza también a las minorías, a los relegados/as de siempre, a los subordinados/as y excluidos/as históricos… Y su reconocimiento y ejercicio efectivo hay que construirlo colectivamente. No hay modos de convivencia colectiva que puedan imponerse a la humanidad, por muy perfectos que ellos resulten en la propuesta teórica. De ellos hay sobradas muestras en la historia reciente.

Por ello, la interculturalidad presupone, se asienta y promueve, la descolonización cultural (modo de vida y de pensamiento) de nuestras realidades, desde la historia hasta el futuro pasando por el presente.

No dice solo respecto de la colonia, la conquista y colonización emprendidas en el siglo XV. Teniendo en cuenta que la conquista y colonización de América, genocidio mediante, implantó el capitalismo en estas tierras, los actuales procesos de descolonización comprenden todo el período histórico, desde tiempos de la llegada del capitalismo a nuestras tierras de la mano de la conquista y colonización hasta la liberación del jugo del capital en lo económico-social y cultural, en el modo de vida, de percepción, de conocimiento, de interrelacionamiento humano y con la naturaleza.

Para expresarlo sintéticamente: interculturalidad y descolonización constituyen pilares claves promotores de la nueva civilización, anclados en la equidad, la solidaridad y la búsqueda de armonía en la convivencia humana y con la naturaleza y, todo ello, sustentado en un nuevo modo de producción y reproducción, cuyo ciclo garantice la reproducción de la vida humana y de la naturaleza. Se trata de un proceso búsqueda y creación colectivas de una nueva racionalidad del metabolismo social, proceso que Franz Hinkelammert define como: racionalizar lo racionalizado (por el capital).

Esta es, en trazos gruesos, la situación.

Dibuja un tiempo movido por un gran tembladeral histórico en el que transitamos sacudidos permanentemente por reajustes o resquebrajamientos de la agonizante civilización construida y regida por el capital. No es de extrañar, por tanto, que los caminos diversos que hoy se plantean acerca de la transición orientada a una superación de esta civilización, provoquen mas incertidumbres que certezas. Vamos a un mundo nuevo, que depende de nuestras capacidades. No viene del más allá; no hay nadie que a priori lo haya prediseñado para nosotros… Como dice Silvio Rodríguez, “la revolución se hace a mano y sin permiso”.

-El Estado, ¿actor central o herramienta popular para la transición?

Destaco particularmente, en primer lugar, lo referente a la concepción y el papel del Estado, tanto en los inicios de los procesos de cambio orientados a la transición, como a los cambios que necesariamente habrán de ir suscitándose en el curso de esos procesos.

En este aspecto, se plantea una diferenciación entre los procesos encabezados por los gobiernos populares del continente, puesto que algunos de ellos, tal vez mejor avenidos a la definición de “progresistas” dada por Gudynas, se plantean ser una variante “prolija” del capitalismo, definiendo a esta civilización como su horizonte histórico.

Recuperar el papel central del Estado como institución pública garante de derechos sociales y del respaldo económico para el ejercicio efectivo de esos derechos, es apenas un primer paso, casi obligado, del que arrancan los gobiernos dada su situación posneoliberal inicial. Pero superado ese momento, se abren interrogantes claves. Entre ellas: ¿Es el Estado un actor central del proceso o es una herramienta? Si es una herramienta, ¿de quiénes y para quienes?. Y en ambos casos, ¿quiénes lo motorizan y conducen?, es decir, ¿quiénes son los protagonistas del proceso? Y aquí se abre una inmensidad para pensar y reflexionar.

Aunque no es factible ahora adentrarme en este tema, vale recordar que el Estado, como toda institución pública, es la personificación de un poder de clase social específico, está hecho a su medida y en función de la defensa de sus intereses, que representa y para lo cual fue constituido. Es absurdo entonces, sostenerlo tal cual, es decir, ajustado a la defensa de esos intereses y su jurisprudencia y pretender que, a la vez en tales términos , pueda resultar una herramienta de cambio social.

-Potenciar la participación y el control popular

Para poner la dirección en este rumbo hay procesos democratizadores transformadores imprescindibles, como por ejemplo, las asambleas constituyentes, cuya realización abre –jurídicamente- las puertas a la participación de la ciudadanía popular (movimientos indígenas y sociales) en la definición de las políticas publicas y la gestión de lo público, de sus territorios, sus comunidades, etc. Esta participación habrá de incrementarse sustantivamente en función de las tareas que los pueblos se tracen en cada momento, de ahí que las asambleas constituyentes serán varias, tantas como lo demande el proceso democratizador revolucionario en cada sociedad. Transformar raizalmente la democracia

Los procesos democrático revolucionarios necesitan transformar la democracia, abrirla a la diversidad de ciudadanías que habitan en nuestras tierras, apostar a la participación de los pueblos desde abajo, avanzar hacia la plurinacionalidad, en cada país y en el continente. No hay posibilidad de Estado plurinacional sin democracia plurinacional, pero esto hay que crearlo y construirlo, sostenerlo y desarrollar, en cada país y en el continente. La revolución democrático-cultural que tiene lugar en Bolivia, por ejemplo, lleva en esto la delantera, es el laboratorio de la nueva Latinoamérica, plurinacional, intercultural y descolonizada. No es que ya haya madurado como Estado plurinacional, pero esta definición ubica la plurinacionalidad en el horizonte y en los imaginarios, estimulando y traccionando el proceso hacia ese rumbo. Esto es parte de la conducción político-ideológica de los procesos.

¿Qué están llenos de errores?, obviamente. Lo contrario sería propio de un engaño.

No hay nada que hagamos, saliendo de las entrañas del mundo regido por el mercado y su lógica mezquina y competitiva que pueda ser “puro” y propio de un mundo otro, que todavía no ha sido creado por nosotros. Su alumbramiento ocurrirá mediante un parto doloroso, pero como en todos los caos, será maravilloso y balsámico. Por eso, en este contexto, más que la razón individual –que es importante, sobretodo para quien la sostiene-, es primordial aportar a la construcción de la razón colectiva, sustento de la voluntad colectiva. Esto no significa, sin embargo, que haya que silenciar las opiniones o críticas a los procesos; siempre que se hagan desde adentro, redundarán en beneficio colectivo, incluso si ellas también contienen errores.

No hay arbitro individual ni colectivo, partidario, onegeístico o institucional estatal o religioso que pueda dictaminar quién tiene la razón y quién no. No hay nada mas “feo” en política que la “razón de Estado”, en todos los casos.

Los intelectuales (orgánicos) no pueden diluirse en la gestión del gobierno o el Estado; ciertamente deben estar comprometidos, entrar al “fango” de la vida real, ser parte de las búsquedas y los procesos de construcción de lo nuevo; pensar desde afuera de los procesos no aporta, pero tampoco su exégesis. Es necesario ser parte, estar comprometidos y, a la vez, mantener un distanciamiento critico, necesario para que sea posible aportar al proceso colectivo. En esa interrelación, ser uno más, no aporta.

En resumen, considero que un trabajo como el que me ha movido a escribir estas líneas es un ejemplo palpable de las contradicciones de la diversidad de miradas, juicios y prejuicios que atraviesan los procesos políticos abiertos con los actuales gobiernos populares en el continente. Ellos tal vez abran cauces a transiciones que podrían desarrollarse a partir del presente, es decir a partir del inicio de las etapas posneoliberales, de la mano de grandes luchas sociales, intentan ahora embanderan procesos de cambios raizales.

Que estas reflexiones contribuyan a promover debates necesarios acerca de la transición hacia el mundo nuevo, alentando la búsqueda de un nuevo modo de producción y reproducción que haga posible el Buen Vivir y Convivir entre la humanidad y la naturaleza, anclado en nuevos paradigmas de bienestar, progreso, desarrollo y democracia, alimentando así un nuevo pensamiento critico revolucionario que nos convoca hoy a defender la vida atravesando los campos minados por el capital, sin entrenamiento previo.

Tales son algunos desafíos.

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Educación pública para Chile

Mauricio Weibel Barahona (especial para ARGENPRESS.info)

Construir una educación pública, ciudadana y de calidad demorará entre 15 y 20 años. Esa es la magnitud del desastre político y social que hoy padecemos como país, producto de la mercantilización de la educación en los colegios, los centros técnicos y las universidades, luego de tres décadas de intervención neoliberal. Esa es la profundidad de la segregación educativa que hoy tenemos.

Política y socialmente, las autoridades futuras deberán entregar señales claras y contundentes de su compromiso con esta transformación profunda del modelo educacional. Es la única forma de dar hoy gobernabilidad a los cambios estratégicos que el país requiere para el futuro.

Acabar con el lucro y establecer un cronograma transparente para la gratuidad son dos iniciativas que deben estar resueltas lo antes posible. Idealmente en 2014.

Sin embargo, ambas acciones son sólo el comienzo de las enormes transformaciones que el modelo educacional demanda y que son indispensables para construir una educación inclusiva, liberadora, que impulse el desarrollo y que sea capaz de establecer diálogos con los procesos científicos y sociales de América latina y el mundo.

Todo ello demanda una actitud activa del Estado y de las comunidades académicas y estudiantiles. Una transformación de esta índole no puede ser soportada por la tecnocracia, por cierto. El desafío es demasiado grande y exige consensos políticos y sociales, fortalecidos continuamente.

Actualmente, la educación escolar es una de las áreas más precarizadas de nuestro sistema educativo. La segregación social se expresa en ella de manera dramática y vergonzosa.

El Estado dejó de proveer educación escolar para entregarla al mercado, como si fuera un bien de consumo. Todos sabemos que los niños de los liceos municipales están casi condenados a reproducir sus niveles de pobreza y marginalidad, producto de esta operación educativa neoliberal.

Es cierto, necesitamos una educación para el desarrollo económico, pero antes que eso requerimos una educación para la democracia y la igualdad. ¿De qué nos sirve capacitar obreros calificados si no formamos ciudadanos comprometidos con su democracia, con su memoria?

Es importante recuperar la presencia del Estado en la educación escolar, eliminado en el largo plazo el negocio (lucro) de los colegios subvencionados, es importante establecer una institucionalidad que garantice el desarrollo y calidad de nuestra educación escolar. Es decir, establecer estándares mínimos obligatorios de calidad.

La dictadura, con un poder omnímodo, tardó una década en privatizar la educación escolar. Tardaremos mucho más en reconstruirla.

Para que estos procesos fructifiquen, es indispensable incorporar a los docentes activamente a estas transformaciones y, aún más, a las familias. La educación debe ser entendida como una acción colectiva, desde el propio diseño de las políticas públicas.

En la educación universitaria, es importante revitalizar el papel central del Estado y las comunidades académicas y estudiantiles.

El modelo de educación superior debe favorecer el desarrollo, la igualdad y el diálogo de nuestras universidades con los procesos políticos, sociales y académicos en curso en América latina y el mundo.

Algunas medidas básicas son devolver al Estado y las comunidades académicas la tuición sobre los procesos de acreditación en todos sus niveles, impulsar la inversión equilibrada en ciencia y tecnología abandonando las ópticas economicistas imperantes las últimas décadas, desarrollar programas de cooperación y formación de redes al interior del país y entre las universidades chilenas y sus pares globales.

Sin embargo, lo central es restituir al Estado su papel en la educación pública, como eje de la democracia y el desarrollo.

Una iniciativa interesante en el programa del futuro gobierno de Michelle Bachelet es la idea de que las universidades privadas declaren de forma expresa su manifestación pública.

A esta condición de universidades privadas con manifestación pública sólo podrían optar casas de estudios acreditadas, con altos niveles de inclusión social, que respeten los aranceles de referencia del Estado y que no lucren. Hasta ahora sólo la Universidad de Arte y Ciencias Sociales expresó públicamente su voluntad de acogerse a esta iniciativa.

Es de esperar que muchas otras lo hagan. Chile requiere reconstruir una educación pública, gratuita y de calidad. Es un esfuerzo enorme y es tarea de todos por los próximos 20 años.

Mauricio Weibel Barahona es Director de la Escuela Latinoamericana de Postgrados de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales ARCIS.

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Iniciativa política y lucha de clases en la Argentina

A treinta años de vigencia de la Constitución en la Argentina, queda claro que existen distintas iniciativas políticas en la disputa del poder, algunas antagónicas entre sí.
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Por un lado, existe la disputa por la gestión del capitalismo. En términos generales, es un proceso disputado por radicales y peronistas en la gestión del Estado Nacional, con algunas presencias de otras identidades políticas en algunos Estados provinciales y/o municipales. Ambos partidos tradicionales y los terceros que buscan su lugar en el arco de la dominación política, se disputaron en estos 30 años la hegemonía de la representación institucional. Se trata de un proceso que reconoce varias fracturas y divisiones por “derecha” o por “izquierda” de los partidos tradicionales, pero siempre en el marco del objetivo de lograr “normalidad” en el funcionamiento del capitalismo local. Capitalismo “serio”, “crecimiento con inclusión”, “país normal”, son los nombres que suelen asignarse a esa idea.

Por otro lado, existe un variado movimiento político popular que intenta ir más allá del capitalismo, pretendiendo construir alternativa anticapitalista y antiimperialista, construyendo identidad por el socialismo bajo las nuevas condiciones del desarrollo social contemporáneo. Remitimos especialmente a las novedades en Nuestramérica, que lideran el proceso de cambio político regional, sea la renovación del modelo socialista en Cuba, la formulación por el socialismo del Siglo XXI que emerge desde la revolución bolivariana de Venezuela, o el propósito del Socialismo Comunitario proveniente desde Bolivia; incluso las formulaciones constitucionales en Bolivia y Ecuador por el Vivir Bien o el Buen Vivir, así como la asunción de esas sociedades como “Estados plurinacionales” poniendo en crisis la legitimidad del Estado nacional vigente desde la época de la independencia. Son estas últimas señales de crítica y orientación alternativa al modelo productivo y de desarrollo del capitalismo realmente existente, como expresión de la búsqueda global experimentada en el laboratorio de cambio en la región latinoamericana y caribeña. Las proyecciones en nuestro país de estas ideas son, en cierta medida, débiles e inconexas. Por un lado nos encontramos con rechazos globales a estas experiencias por no ser “genuinamente” socialistas, sin comprender la importancia de la reinstalación del debate socialista que supuso la propuesta del chavismo en momentos en que parecía imposible la disputa del orden social global por el socialismo. En otras ocasiones se produce la asimilación de la experiencia boliviana o venezolana con procesos, a lo sumo reformistas, que no ponen en absoluto en cuestión el carácter capitalista de la sociedad, como el argentino o el brasileño. Este último comentario genera la confusión de sectores que imaginan aportar a la construcción del bloque popular, cuando en realidad son absorbidos por la hegemonía del bloque en el poder.

La experiencia cubana destaca por su historia y aporte como experiencia viva de la construcción actual del socialismo, y Venezuela aporta la dinámica del poder popular para afirmar un nuevo rumbo social en la región, contribuyendo de una manera especial a la nueva integración y la dinamización del movimiento popular en la disputa contra el capitalismo y por el socialismo.

Iniciativas desde el PODER

Las iniciativas políticas se despliegan en varios ámbitos, el más visible es el institucional. El predominio justicialista y radical es notorio en los poderes del Estado capitalista argentino. Claro que hay agrupamientos a izquierda, centro y derecha de las tradicionales identidades políticas locales. En el peronismo coexisten promotores y cultores de la reestructuración reaccionaria de los 90, con críticos de aquel discurso, aun sosteniendo los cambios institucionales que afirmaron la incorporación de los transgénicos en la producción agraria (soja), las modificaciones al Código minero que explican las grandes inversiones externas en mega-minería, el conjunto de acuerdos internacionales en defensa de las inversiones externas, el pago de la deuda, y claro, la legislación anti terrorista en tiempos del kirchnerismo y más cercanamente la designación al frente del ejército de Milani.

En el ámbito institucional se desarrollaron batallas interesantes en las tres décadas. En todos los periodos hubo ambición fundadora de nuevos ciclos de representación política. Lo intentó el radicalismo con Alfonsín y el peronismo con Menem y luego la década K. Las identidades mayoritarias conviven con una fuerte y larga crisis política, que se hizo evidente en la pueblada del 2001.

La crisis política, que viene de largo, es una asignatura pendiente de resolución y que entre las propuestas hegemónicas se pone en disputa en procesos electorales, especialmente y en el último tiempo en el 2009, bajo la emergencia de una oposición sistémica (en favor del sistema capitalista) con masivo apoyo electoral. Es un proceso que vuelve a reiterarse en 2013, en un nuevo acto eleccionario de medio mandato. También resulta acentuado el despliegue multiforme del peronismo, con más del 70% de votos colocados bajo ese signo en la decisiva provincia de Buenos Aires. La respuesta desde el gobierno, al desafío del 2009, se manifestó en una iniciativa política que consolidó la renovación de mandato de CFK con aumento de adhesiones electorales (54%). En la coyuntura actual, a fines del 2013, parece reiterarse el intento de gestar una fuerte iniciativa política que reinstale al kirchnerismo en el centro de la disputa política. Es una cuestión de importancia por la disputa de espacios sociales que generó el kirchnerismo, contribuyendo a la fragmentación social del movimiento popular. Esa es la primera lectura a realizar del regreso de CFK a sus funciones en el poder ejecutivo luego de la licencia por salud. ¿Podrá lograr consenso social con las medidas asumidas en el último tiempo, sea la designación de Milani o los acuerdos globales con inversores transnacionales? ¿Cómo incide en el consenso la explicitada crisis energética, los nuevos acuerdos de precios? La inflación en ascenso desde el 2007 es una política de ajuste que se agudizará con la aplicación de la “sintonía fina” aplicada en un intento de no perder consenso.

El cambio de gabinete es la primera de las medidas, las que serán acompañadas con el ejercicio de políticas con condiciones económicas diferentes de las presentadas entre 2009 y 2011. En ese periodo, el ciclo virtuoso de crecimiento económico y consenso social facilitó la expansión del gasto y la transferencia de deuda externa con ámbitos locales de la administración gubernamental (BCRA, ANSES, etc.). La nueva situación de desaceleración económica con cambio en el escenario mundial (continuidad de la crisis mundial y cambio de tendencias en los países no hegemónicos), asociado a la pérdida de reservas internacionales, escaso ingresos de divisas y fuerte presión de los capitales hegemónicos, dificultan iniciativas que no culminen en un fuerte ajuste contra el salario y los ingresos populares. La modificación del elenco ministerial parece apuntar a recortar “excesos” de intervención estatal y de política “redistributiva”, y en el caso de la Jefatura de Gabinete a hacer pie en vértices de poder tales como los gobernadores provinciales, la Iglesia Católica y la embajada norteamericana.

Transitar el conflicto político institucional entre 2014 y 2015 es el escenario probable de oficialismo y oposición para gestionar el capitalismo local. Claro que en un marco de aceleración del ajuste fiscal con impacto concreto en el deterioro de la capacidad de compra del salario y los ingresos populares, especialmente desde el recorte anunciado de los subsidios al transporte y la energía. Por ello es que intentarán contener la demanda salarial en las negociaciones colectivas a pedido de las patronales y el proyecto oficial y persistirán en sostener el viejo modelo sindical contra el que impulsamos desde la CTA.

En ese marco de conflicto institucional actuarán otras instituciones que configuran la constelación del poder, entre ellas, la Iglesia o los medios de comunicación masivos. La dimensión militar continúa sumergida por la condena social de sus incursiones directas en la política desde los golpes de Estado de 1930 y especialmente la genocida dictadura de 1976. La búsqueda del poder por restaurar la herida con las Fuerzas Armadas está latente y en ese sentido debe incluirse la designación del nuevo jefe del ejército. Son ámbitos que actúan en la formación del sentido común, construido como contraofensiva al poder popular vigente hacia mediados de la década del setenta. No puede entenderse el consumismo, el individualismo y el descompromiso con la transformación revolucionaria de la sociedad, si no es desde el trabajo ideológico, sicológico, comunicativo, desplegado desde terror del Estado hasta nuestros días. La agresión al sindicalismo y otras formas de agrupamiento de los trabajadores es parte sustancial de este proceso.

Iniciativas desde ABAJO

Junto a la ofensiva del PODER se pueden verificar en simultáneo iniciativas desde ABAJO. Al terrorismo de Estado se le opuso la resistencia obrera y popular, contra la represión, por la memoria y la vida. Se resumen en un conjunto de movilizaciones, organizaciones, campañas e iniciativas con reivindicaciones democráticas, por los DDHH, la defensa de los ingresos salariales y populares, todas surgidas al tiempo que se manifestaba la ofensiva de las clases dominantes.

En ese marco se construyó la CTA a comienzos de los 90´ y se procesa la experiencia actual, con fragmentación social y política por el accionar de la iniciativa kirchnerista. Mencionamos a la CTA en primer lugar, no solo por sentirnos parte protagonista de su construcción, sino por ser el principal espacio de agrupamiento de trabajadores organizados en nuestro país. En la Argentina es la clase obrera el principal bastión histórico para el despliegue del sujeto político y social por la revolución. Vale reconocer que sobre la base del desprestigio de la burocracia sindical se construyeron miles de agrupamientos de trabajadores que buscan su sindicalización al margen de las centrales sindicales. Muchas de esas experiencias tienen orientación clasista y se reconocen en el combate cotidiano a las clases dominantes y al Estado capitalista, y no se encuentran necesariamente contenidas en la CTA. Ese conjunto es parte de la experiencia de aquellos que nos reconocemos en un nuevo modelo sindical, con democracia y libertad sindical, en contraposición del viejo modelo sindical que sustenta la burocracia sindical y política en el gobierno y consensuada por las patronales.

Junto a la organicidad obrera emerge una diversidad de organizaciones populares, donde se destacan la cuestión de género, de las minorías sexuales y más reciente y con mucha fuerza reivindicaciones ambientalistas, contra la mega-minería a cielo abierto, contra la fractura hidráulica (fracking) en la explotación de hidrocarburos no convencionales, en defensa de los pueblos fumigados y por las reivindicaciones históricas de los pueblos originarios, contra el modelo productivo y en pos de la soberanía alimentaria, energética, financiera para otro orden productivo y de desarrollo.

Del conjunto de acciones sociales populares emergen nuevas experiencias políticas, entre las que sobresalen aquellas que involucran a compañeros surgidos de la lucha de la CTA y que en su accionar legislativo promueven los intereses de los trabajadores e intentan construir movimiento político de liberación, tal el caso de la Unidad Popular (UP). Entre lo nuevo en la disputa institucional emerge la potencia de grupos juveniles, herederos de las luchas del 2001. Son diversos los grupos que intentan desplegar acción política, algunos en el plano institucional incluso. Remitimos entre otros a camino de los libres, las diferentes fracciones del Darío Santillán, el MULCS. Con varios de ellos articulamos experiencias de resistencia y se acercan a la CTA o participan del ESNA. Es cierto que algunos no terminan de delimitar su campo de alianzas y coquetean con la versión nacional y popular, pero participan de nuestra expectativa por el despliegue de una alternativa política. Nuestra propuesta es por la amplitud de alianzas y experiencias, muchas de las cuales se vinculan a una estrategia de articulación regional o global, como el movimiento de lucha por la inserción de Argentina en el ALBA o la promoción de mecanismos de integración alternativos, contra la Alianza Pacífico y los tratados de libre comercio o en defensa de la seguridad jurídica de las inversiones y las empresas transnacionales. Una mención especial merece el caso de Marea Popular o el Frente Darío Santillán, ahora en proceso de unificación, y otros grupos en todo el territorio, protagonistas de una articulación que involucró a UP en la disputa electoral del 2013.

Todos los grupos mencionados y otros son parte de la expectativa esperanzada por profundizar la necesaria unidad en la lucha cotidiana e incluso en la disputa institucional, la que debe ampliarse a otras tradiciones políticas, especialmente hacia la izquierda.

La izquierda partidaria es parte de este proceso, claro que con contradicciones, ya que algunos agrupamientos fueron parte de la cooptación del kirchnerismo en este periodo. Los partidos de la izquierda tradicional, desde una lógica hegemonista intentan ser vanguardia del movimiento popular, con una concepción que escinde “movimiento social” de “movimiento político”. La política de izquierda, anti capitalista o antiimperialista no es solo patrimonio de los partidos tradicionales de la izquierda (que aún sostienen ese posicionamiento), sino que está integrada en las propuestas de diversos movimientos sociales, que incluso intentan disputar en el plano electoral, tal como ocurrió en las recientes elecciones con movimientos estudiantiles, sindicales y territoriales con diverso éxito electoral. De cualquier manera, el fuerte crecimiento del FIT en provincias consideradas “conservadoras” como Mendoza, Salta, y en menor medida Córdoba, tanto como en Buenos Aires, el mayor distrito electoral del país, nos marca la existencia de sectores que procesan su hartazgo de los partidos tradicionales y de la política profesionalizada en búsqueda de una crítica global de la sociedad existente. Lo dicho va más allá de lo que ocurre y pueda ocurrir en las disputas entre los integrantes de esa alianza electoral y el conjunto de la izquierda social y política actuante en el movimiento popular.

El debate ideológico constituye un eje central en la disputa del PODER desde ABAJO. En ese sentido se requiere reconstruir la capacidad de acción de la teoría y práctica de la revolución. No alcanza con la crítica al capitalismo desarrollada por los clásicos, desde Marx hasta ahora, y se requiere de una intelectualidad orgánica del movimiento obrero y popular, que desentrañe las formas concretas e históricas de la explotación del hombre por el hombre en la contemporaneidad, al mismo tiempo que sistematice las experiencias de construcción de movimiento revolucionario y emancipador en nuestro tiempo. Es un desafío teórico, educativo, de investigación y de comunicación social para contribuir a constituir sujeto popular para la revolución.

Articular a la izquierda partidaria, política y social sigue siendo un desafío para otorgarle mayor densidad y volumen a una propuesta alternativa que dispute el poder para enfrentar al régimen capitalista y construir la nueva sociedad socialista. Se trata de refundar una tradición con aportes múltiples, que no pueden excluir a quiénes procuran sostener posiciones de izquierda desde el peronismo. Es una necesidad en la lucha de clases nacional y regional, contra la avanzada de la militarización y el golpismo en Honduras y Paraguay; la presencia de tropas de la región en Haití y la subordinación al proyecto neoliberal redivivo en la Alianza Pacífico, para restablecer el espíritu del ALCA, contra lo nuevo expresado en el ALBA y aún contradicciones en UNASUR y la CELAC.

Algunas propuestas

En este momento de la lucha de clases, con iniciativas políticas para disputar el gobierno del capitalismo, se necesita construir una variada iniciativa política popular para defender los intereses y demandas de los trabajadores y otros sectores populares. En ese sentido se requiere:

1. Consolidar una articulación popular en la lucha cotidiana en defensa de los intereses de los trabajadores y el pueblo argentino. La CTA, que viene de organizar una jornada nacional de protesta en todo el país el pasado 20/11/13 y el 19/12/13 necesita potenciar su capacidad articuladora de la protesta social. Esto necesita consolidarse en la continuidad y extensión de un Plan de Lucha en el Congreso de marzo del 2014 y especialmente en una masiva elección para la renovación de la conducción en mayo 2014, desplegando una fuerte organización de delegados en ámbitos de trabajo y territoriales, especialmente en el sector privado de la economía y entre el conjunto de trabajadores (activos, pasivos, formales e informales, desempleados y subempleados, precarios y tercerizados, etc.). La CTA necesita ampliar sus relaciones al conjunto de los de ABAJO, de los que luchan día a día en defensa del medioambiente, los bienes comunes y la vida. La estrategia para llevar adelante este proceso de ampliación y articulación es impulsar masivamente la “Campaña Nacional por una Consulta Popular en Defensa de la Soberanía sobre nuestros Bienes Comunes”. Que no es otra cosa que poner en debate la lógica del actual modelo productivo, contra la mercantilización y por la des-mercantilización del agua, la tierra, la educación, la salud, la energía, el transporte. Es decir, discutir el modo de producción, distribución y consumo capitalista. Todo esto conlleva activar la iniciativa por una constituyente social, como forma de agrupar al espacio social y político que pretende discutir el país que tenemos y el que necesitamos de cara a la confrontación con el capitalismo. En este plano se destaca el trabajo que se realiza en la consolidación del ESNA y la FSM, tanto en el ámbito continental y global, pero especialmente en la unidad de acción como espacio unitario de organización de los trabajadores en la Argentina.

2. Profundizar la línea programática sustentada en los últimos años por la CTA, precisando el carácter anti capitalista y antiimperialista de la propuesta de la CTA y discutiendo con el conjunto del movimiento popular que no existe salida posible para los trabajadores y el pueblo si no es en confrontación con el capitalismo. No hay salida popular en el capitalismo y por ello la lucha es por el socialismo. Es necesario habilitar el debate programático en la sociedad y especialmente en el espacio de los de ABAJO. No se pueden generar ilusiones de cambios sin confrontar con el orden capitalista. Argentina necesita potenciar los procesos más radicalizados del cambio político en Nuestramérica, abonando a las propuestas del socialismo en Cuba, del socialismo del Siglo XXI pregonadas desde Venezuela o del socialismo comunitario sostenidas desde Bolivia. A ello debe sumarse un programa para el “mientras tanto” que marque las líneas de enfrentamiento con el sistema capitalista en tanto se lucha por la hegemonía desde fuera del poder político. En ese marco se requiere establecer un conjunto de reivindicaciones a sustentar local y regionalmente, en la CTA y en el ESNA.

3. Necesitamos organizar un gran movimiento político social de liberación, lo que supone construir fuerza política que actúe en todos los escenarios de la lucha de clases, económica, política, cultural, social, institucional. Es algo que se debate en todo el mundo y que requiere pensar la articulación de las construcciones sociales y partidarias en las nuevas condiciones del desarrollo capitalista y la experiencia del movimiento popular por la emancipación social contemporánea.

Buenos Aires, Enero 2014

Víctor Mendibil, Judicial; Julio Gambina, Profesor Universitario; Julio Acosta, Luz y Fuerza La Pampa; Néstor Jeifetz, MOI; Susana Colli, Docente CABA; Carlos Perusini, MTL Santa Fe; Carmen López, MTL Capital; Ismael Medina, MTL Capital; Alfredo Grande, Escritor; Fernando Cardozo, ATE-CTA; Mary Muñoz, Judicial Pcia. Bs. As; Matías Fachal, Judicial CABA; Daniel Campione, Fisyp; Beatriz Rajland, Fisyp; Fernando Pita, Profesor Universitario; Mariano Randazzo; Periodista; Enrique Elorza, Profesor Universidad de San Luis; Sergio Papi, Economista, Mendoza; Julio Bertomeu, Jubilado Judicial L.P; Ester Kandel, Fisyp; Marcos Wolman, Jubilado Mesa Coordinadora; Pola Monti, Jubilada Mesa Coordinadora y Ademys; Juan Murga, Jubilado Mesa Coordinadora; José Lualdi, Bancario Bahía Blanca; Gabriel Martínez, Luz y Fuerza Mar del Plata; Leandro Del Greco, Metalúrgico Villa Constitución S.F; Elsa Picado, Judicial Campana; Héctor Manfredo, CTA-Tucumán; Adrián Ruiz, CTA; Javier Echaide, ATTAC; Maria Elena Saludas, ATTAC; Carlos Oroz, Docente CABA; Néstor Di MIlia, Docente CABA; Eduardo Smidt, Fisyp; Alejandro Gambina, Comunicador Social; Homero Ramirez, MOI; Romina Quintas, Luz y Fuerza Mar del Plata.

Adhieren a ésta iniciativa numerosos compañeros que integran la conducción nacional de la CTA.

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A 30 años de democracia. ‘Proyecto nacional’ y extranjerización: discurso y procesos estructurales en la Argentina actual

Martín Schorr (ACTA)

Martín Schorr aborda las diferencias entre los discursos y los hechos en materia de extranjerización económica.

La apertura que sufrió la economía argentina durante el decenio de 1990 (con sus antecedentes desde 1976) supuso transformaciones decisivas en la estructura económica y en la dinámica social. Si durante el modelo de sustitución de importaciones el eje del proceso económico pasaba por la defensa del mercado interno a través de una alianza entre el capital nacional y la clase obrera, bajo el predominio del neoliberalismo se potenció una inserción en el mercado mundial a partir de rubros altamente concentrados y asociados a la explotación de recursos naturales. Sectores en los que, en su mayoría, los salarios significan mucho más un costo de producción que un factor dinamizador del consumo. Más recientemente, el abandono del régimen convertible implicó cambios a nivel macroeconómico que tuvieron un impacto positivo en el desempeño de los sectores ligados al mercado interno, pero durante la posconvertibilidad también se profundizaron las modalidades de inserción del país en una economía mundial crecientemente internacionalizada.

Entre las principales apuestas del gobierno de Néstor Kirchner figuró la recreación de una “burguesía nacional” que pudiese constituirse en el sujeto impulsor de un proceso de desarrollo económico con inclusión social. Para lograrlo se apeló al recuerdo del empresariado mercado-internista que durante la etapa de la industrialización sustitutiva conformó, junto con la clase trabajadora, la alianza social sobre la cual se erigió el peronismo clásico.

El proyecto parece haber quedado trunco, como se desprende de algunas acciones del gobierno de Cristina Fernández que involucraron la intervención directa del Estado en empresas de sectores estratégicos (como YPF y Aerolíneas Argentinas). No obstante, la esperanza en una clase empresaria vernácula no ha desaparecido totalmente; así lo demuestran las diversas regulaciones que, sobre todo a partir de 2008, se han adoptado en materia comercial con la supuesta intención de favorecer la actividad de los capitalistas nativos.

La continuidad del proceso de extranjerización

En la primera mitad de la década de 1990 el grueso de la inversión extranjera directa se dirigió al sector no transable, especialmente hacia los servicios públicos privatizados. Mientras que en el segundo lustro la extranjerización alcanzó también al sector productivo, en particular a aquellas actividades que contaban con ventajas absolutas como la producción agroindustrial, minera, petrolera y de otros commodities. Así las cosas, en el año 2001 del panel de las 200 corporaciones más grandes de nuestro país un total de 92 empresas eran extranjeras y, en conjunto, daban cuenta del 55% de las ventas globales de dicha cúpula (en 1990 eran 56 firmas que explicaban “apenas” el 23% de la facturación total).

Ahora bien, ni el resurgimiento en los elencos gubernamentales de discursos favorables a un “capitalismo nacional”, ni el renovado protagonismo de firmas de capital local supuestamente interesadas en desarrollar el mercado interno, han logrado revertir durante la posconvertibilidad el proceso de extranjerización. Muy por el contrario, este último se afianzó: en 2010 las compañías de origen foráneo dentro de la elite empresaria eran 115 y su ponderación en las ventas totales orillaba ya el 60%. Semejante nivel de extranjerización se dio, además, en un cuadro de creciente concentración a favor de estos segmentos del poder económico, pues a fines de la década pasada las 200 empresas más grandes del medio doméstico explicaron cerca del 30% de toda la producción generada en el país, porcentual holgadamente superior a los registros de la convertibilidad.

Una aproximación alternativa permite corroborar que en la actualidad el peso relativo del stock de inversión extranjera directa en el PBI (algo más del 20%) se encuentra en valores similares a los existentes al final de la convertibilidad, pero con un nivel de actividad que es el 75% más elevado.

El predominio extranjero se manifiesta en casi todos los sectores, siendo particularmente intenso en aquellas actividades que han tenido un rol protagónico en el crecimiento económico en la posconvertibilidad: agroindustrias, armaduría automotriz, industrias químicas y de refinación, minería y petróleo, comercio minorista y de productos agropecuarios. Además, los capitales transnacionales tienen una presencia destacada en diversos servicios, como la telefonía celular y el sector financiero a comienzos de la década en curso los bancos extranjeros controlaban aproximadamente la mitad de los depósitos y los préstamos concedidos por la banca privada con operatoria en el medio local).

El peso estructural de los oligopolios foráneos se vuelve aún más gravitante cuando se evalúa su importancia sobre el comercio exterior: la participación de este tipo de firmas sobre el total de las exportaciones argentinas pasó de alrededor del 40% a fines de la convertibilidad a casi el 50% en la actualidad. Este hecho es sumamente significativo ya que se trata de un número acotado de corporaciones extranjeras que detenta el control sobre una parte de las divisas generadas en el país, lo cual les confiere objetivamente un importante poder de veto sobre la orientación del funcionamiento estatal en distintos aspectos.

Otra cuestión a mencionar son los “cambios de mano” a favor del capital transnacional (con una participación activa de inversores brasileros) que involucraron a varias compañías en cuya propiedad participaban accionistas locales y que, por su generalizada condición de oligopolios en un mercado interno reactivado y/o por contar con bajos costos absolutos en dólares (lo cual favorece su inserción exportadora en un contexto de creciente demanda mundial de commodities), operaron con amplios márgenes de rentabilidad. Entre otras empresas líderes que pasaron a manos de capitales extranjeros en estos años se destacan: la bodega Peñaflor, Trigaglia (molino harinero), Molfino Hermanos (industria láctea), Pecom Energía (holding petro-energético y petroquímico del grupo Pérez Companc), Cervecería Quilmes, Acindar (siderurgia), Loma Negra (cemento) y numerosos frigoríficos.

En conclusión, bajo el esquema de acumulación que se ha venido configurando tras la implosión de la convertibilidad, se han afianzado las tendencias hacia una fuerte extranjerización del núcleo duro del poder económico local y, en consecuencia, del conjunto de la economía argentina. Naturalmente, el correlato de esta situación es una ostensible pérdida de “decisión nacional” en lo que atañe a la definición de ciertas temáticas relevantes para el devenir económico, político y social del país. Tal es el resultado de una economía dependiente en tiempos de globalización, pero también del andamiaje normativo-institucional vigente. Por ejemplo, en la actualidad sigue rigiendo la Ley de Inversiones Extranjeras Nº 21.382 sancionada durante la última dictadura militar y otras normas complementarias que habilitan múltiples prebendas al capital extranjero. Además, vale apuntar que en la posconvertibilidad fueron ratificados 55 de los 58 tratados bilaterales de inversión que la Argentina suscribió en la década de 1990 en pleno auge del neoliberalismo.

¿Menor o mayor dependencia?

La extranjerización del gran capital en la economía argentina es un dato estructural que no responde a factores meramente coyunturales del tipo “etapa de crisis” o “etapa de crecimiento”. Si bien tras el default de la deuda, el abandono de la paridad cambiaria fija y la cancelación de los pasivos con el FMI el país logró mayor autonomía respecto del capital financiero internacional, el rol central que juegan las grandes empresas extranjeras en variables clave como el nivel de la inflación y el tipo de cambio, la inversión, el mercado de trabajo, la distribución del ingreso y las cuentas externas y fiscales, ha reforzado ciertos aspectos nodales de la dependencia económica. La concentración de poder económico en una fracción del capital cuyo centro de decisión escapa, en lo sustancial, a los límites territoriales de la nación, impone condicionamientos importantes al Estado argentino en su intento por definir los parámetros centrales del proceso de acumulación.

A este se le añade una serie de elementos críticos que no han tenido la debida atención de los “hacedores de política” y de diversos ámbitos académicos e incluso sindicales, al menos hasta que últimamente “reapareció” con crudeza la problemática de la restricción externa y se empezaron a realizar esfuerzos denodados, no siempre exitosos, priorizando el corto (y muy corto) plazo. Entre otros nudos críticos cabe resaltar: las compañías transnacionales que se desenvuelven en el nivel local son relativamente poco generadoras de empleo por unidad producida y en su interior se manifiesta una distribución funcional del ingreso sumamente regresiva, lo cual torna poco plausible que el poder económico realmente existente pueda oficiar de vector conductor de un “modelo de acumulación con inclusión social”; las presiones sobre las cuentas externas generadas por los actores que controlan una proporción muy considerable y creciente del ingreso, por el hecho de ser fuertes demandantes de divisas (aunque sean importantes exportadores): altos coeficientes de importación (con su correlato en el plano interno en débiles grados de articulación e integración productiva y tecnológica, y el afianzamiento del carácter trunco de la estructura manufacturera), remisión al extranjero de utilidades y dividendos, pago de honorarios y de regalías por la compra y/o la utilización de tecnologías y/o patentes, intereses devengados por el endeudamiento con el exterior, etc. Por eso, difícilmente se pueda afirmar que la inversión extranjera directa contribuya en el largo plazo a superar el problema del estrangulamiento externo crónico de la Argentina; y la inversión insuficiente por parte de las grandes empresas extranjeras y nacionales, así como la persistencia de buena parte del excedente en estado “líquido”, en su mayor parte bajo la forma de fuga de capitales al exterior.

¿“Burguesía nacional” versus capital extranjero?

La notable extranjerización de la economía argentina en las últimas décadas no hace más que expresar la ostensible debilidad del capital nacional vis-à-vis el capital extranjero. Incapaz de competir en igualdad de condiciones, esta fracción del empresariado local ha venido resignando porciones importantes de la estructura económica y se ha replegado hacia el procesamiento de recursos básicos relacionados con la “vieja” (pero sumamente actual) inserción del país en la división internacional del trabajo, actividades que, vale recalcar, tienen en los salarios bajos un dato estructural. Entre los “miembros ilustres” de esta fracción del poder económico se destacan los grupos Arcor, Grobocopatel, Ledesma, Madanes, Pérez Companc, Techint, Urquía y Vicentín, quienes en la posconvertibilidad se vieron ampliamente beneficiados.

A ellos debería agregarse un conjunto de actores que experimentaron un crecimiento notable bajo los gobiernos kirchneristas y que antes ocupaban lugares marginales (o inexistentes) en la dinámica de acumulación general y en el interior de los sectores dominantes. Dicha expansión económica y patrimonial fue posible merced a la muy activa participación de estos actores en muchas de las “áreas de negocios” que se habilitaron desde el sector público en diferentes frentes: obras de infraestructura, energía, medios de comunicación, juegos de azar, etc. (Electroingeniería, Cristobal López, Lázaro Báez, Grupo Petersen y Pampa Holding).

La notable expansión de estos “nuevos” grupos económicos fue posible por tratarse en general de actividades no transables y reguladas por el Estado y, por lo tanto, no sujetas directamente a la competencia capitalista. Lo más interesante a destacar al respecto, más allá de posibles hechos de corrupción, es que no se trata de un nuevo conjunto de “campeones nacionales” fomentados desde el aparato estatal, a la manera de los chaebols coreanos, para disputar una porción del mercado mundial en sectores dinámicos e intensivos en conocimiento, sino que deriva del aprovechamiento de ciertos espacios de acumulación que operan a resguardo de la competencia externa.

Es por ello que, más allá de las diferencias que puedan establecerse entre estos capitales vernáculos y los anteriores (historia empresaria, procedencia social de los propietarios, inserción sectorial de las firmas, grados de articulación con el capital extranjero, etc.), es claro que ninguno de ellos está interesado en encarar un proyecto susceptible de impulsar la reindustrialización del país sobre la base del desarrollo y el control de nuevas capacidades productivas que puedan recrear y/o potenciar las ventajas dinámicas de la economía, como mecanismo para hacer viable una sociedad más inclusiva e igualitaria y reducir el nivel de dependencia. De allí que se encuentren en las antípodas de lo que constituiría una genuina burguesía nacional.

De modo que en la actualidad, pese a ciertas construcciones discursivas, hay confluencia de intereses en el proyecto de país del capital extranjero y de los diferentes segmentos del gran capital nacional. En un caso, el de los “miembros ilustres”, por su inserción en el mercado mundial a partir del aprovechamiento de las ventajas comparativas domésticas. En el otro, el de los “nuevos burgueses”, porque allí no se busca modificar las modalidades de inserción de la Argentina en la economía global, en la medida en que el objetivo casi excluyente pasa por garantizarse ciertos “nichos de privilegio” al amparo de múltiples acciones y omisiones estatales. El problema es que, en ambos casos, el resultado es el mismo: la profundización de un perfil de especialización sumamente regresivo y una inserción pasiva y subordinada en el mercado mundial.

Esto marca una diferencia sustancial entre el papel de la burguesía argentina y otras periféricas como las del sudeste asiático, cuyas empresas nacieron mayormente como proveedoras o clientes de compañías foráneas pero luego se desarrollaron hasta terminar compitiendo con ellas. Países como Corea del Sur, Taiwán o China también procuraron insertarse en la economía globalizada a través de sus exportaciones, pero a diferencia del grueso de América Latina, estos países carecen de ventajas comparativas naturales y sus respectivos Estados buscaron crear o fortalecer burguesías nacionales asentadas sobre la producción industrial (con una creciente densidad tecnológica). Ello, a partir de burocracias estatales con grados más o menos relevantes de autonomía relativa respecto de la sociedad civil.

En cambio, en América Latina en general, y en la Argentina en particular, la mayor parte de los sectores dominantes sigue asentándose en buena medida sobre la explotación de las ventajas comparativas que ofrecen sus recursos naturales o en “nichos” de negocios regulados por el sector público; consecuentemente, los Estados nacionales no han llevado adelante una verdadera política industrial. De allí que las distintas regiones de la periferia (Este de Asia y América Latina) ocupen hoy en día lugares tan disímiles en la división internacional del trabajo.

En ese marco, difícilmente se encuentre entre las prioridades de las empresas trasnacionales el modificar sustancialmente el rol de la economía argentina en el mercado mundial, mucho menos cuando la misma no ofrece ventajas comparativas más allá de su abundante dotación de recursos naturales y ciertos ámbitos de acumulación privilegiados por las políticas públicas. Pero tampoco parece existir una burguesía nacional dispuesta a llevar adelante un proyecto de país distinto al que surge “naturalmente” de la tradicional división del trabajo a escala mundial. En definitiva, en este esquema no parece haber ninguna fracción de la gran burguesía que tenga interés genuino en impulsar la reconstrucción de un sistema industrial fuerte y moderno que le permita a la Argentina salir de su situación de dependencia.

Se trata de cuestiones de suma relevancia, máxime cuando en nuestro país existe un discurso bastante difundido que plantea que a partir de la salida de la convertibilidad, puntualmente desde 2003, se estaría atravesando una reindustrialización pujante que tiene entre sus principales correlatos un control nacional cada vez más acentuado. Sin embargo, ello entra en contradicción con dos factores estructurales, estrechamente relacionados, que se fueron configurando en los años de vigencia del neoliberalismo y que en la posconvertibilidad se profundizaron en sus aspectos esenciales: un perfil de especialización e inserción internacional que pivotea sobre producciones con un bajo o nulo grado de industrialización y una creciente extranjerización de la economía local. Todo esto invita a revisar críticamente el discurso legitimador de los procesos socio-económicos en curso, los criterios que guían la intervención estatal y el esquema real de ganadores y perdedores de la última década en términos de clases y fracciones de clase.

Martín Schorr es Licenciado en Sociología (UBA), Magíster en Sociología Económica , Doctor en Ciencias Sociales (FLACSO), docente e investigador de CONICET y coordinador, entre otros, del libro recientemente publicado “Argentina en la posconvertibilidad: ¿desarrollo o crecimiento industrial? Estudios de economía política”.

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Argentina, Salta. José “Pepino” Fernández: “Las multinacionales saquean nuestros recursos naturales con el aval de gobiernos de turno”

COPENOA

Así lo manifestó José “Pepino” Fernández, ambientalista, defensor de Derechos Humanos y dirigente social, durante una entrevista realizada en la ciudad de Salta, por la Dra. Mara Puntano. Abogada especializada en Derechos Humanos, Derecho Indígena y representante legal de Fernández y de la Organización Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi.

Al cumplirse un nuevo aniversario del hallazgo de petróleo en la Argentina, Fernández analizo la situación actual, ante la consulta periodística de la Abogada salteña Dra. Mara Puntano, preocupada sobre esta problemática.

Reproducimos parte de la entrevista realizada por la Dra. Mara Puntano a José “Pepino” Fernández, ambientalista, defensor de Derechos Humanos y Dirigente social salteño.



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Default eléctrico: El gobierno y sus opositores en el banquillo

Marcelo Ramal (PRENSA OBRERA, especial para ARGENPRESS.info)

La catástrofe energética de estos días ha puesto en el tapete, como muy pocas veces antes, la fundición política y económica del régimen de rescate de la burguesía nacional puesto en marcha a partir de 2002. Los que han dejado sin luz y sin agua a la población son los mismos que, desde entonces, han recibido miles de millones de pesos de subsidios. Como ocurriera con los ferrocarriles, los amigos del “modelo” se han devorado estos recursos sin invertir un centavo. Ahora, el gobierno y sus opositores pretenden explotar el desasosiego popular causado por los cortes para imponer un tarifazo en regla. En oposición a este desquicio, nuestra iniciativa de “emergencia eléctrica” aportó un programa y una orientación de lucha para los trabajadores y vecinos afectados.

La privatización eléctrica de los 90 -que en su momento apoyaron los K y sus actuales opositores- fue otro gigantesco operativo de endeudamiento externo, sustentado en generosas tarifas en dólares. Cuando este esquema se fundió, junto a la quiebra y la devaluación del 2001, Duhalde-Lavagna-Kirchner lo reemplazaron por el régimen actual: a cambio de pesificarles las tarifas, el gobierno le consintió a las eléctricas una verdadera huelga de inversiones. Pero al mismo tiempo, los K compensaron a las eléctricas con subsidios crecientes. Como ocurrió con los Cirigliano en el ferrocarril, esos recursos fueron utilizados para financiar un proceso de concentración empresaria, mientras Edenor y Edesur eran vaciadas. El grupo Pampa, controlante de Edesur y perteneciente al empresario K Midlin, compró subsidiarias de energía en todo el país. Luego, fabricó “deudas” de Edenor en favor de ellas, un artilugio para impedir que las ganancias de Edenor financiaran inversiones. Las maniobras de desinversión fueron también frecuentes en Edesur. El gobierno nombró un veedor judicial en la compañía en julio de 2012, con los resultados conocidos. En el desfalco eléctrico, sin embargo, oficialistas y opositores se dan la mano. De la misma Edesur, participa accionariamente el empresario Nicolás Caputo, el Lázaro Báez de Mauricio Macri. En el caso del interior, las distribuidoras eléctricas de los gobernadores opositores registran las mismas historias de desfalco empresario y colapso en el servicio. En la Córdoba del opositor De la Sota, la energética EPEC ha protagonizado un escandaloso desvío de fondos, en este caso, provistos por el Anses para inversiones que nunca se concretaron. El hundimiento del sistema eléctrico es otro episodio del rescate de la burguesía nacional a costa del pueblo, y con la participación de todos los partidos del régimen.

Tarifazo y retorno a los 90

En este cuadro, el gobierno ha amenazado con nuevas estatizaciones, esto, sobre un sistema eléctrico que ha sido vaciado ante los ojos de sus propios “interventores”. La orientación de una eventual estatización, sin embargo, tiene como antecedente a la intervención a YPF y sus conocidos resultados. El gobierno sólo desplazó de YPF a la fundida Repsol para poner en marcha los acuerdos en favor de Chevron y otros pulpos. El lubricante de esa reprivatización ha sido el tarifazo en los combustibles -las naftas aumentaron un 80% desde que los “nac y pop” entraron a la petrolera. Esa estatización, como rescate del capital en ruinas, se completa ahora con un acuerdo con la mismísima Repsol, que será resarcida por su salida de YPF sin que responda por el vaciamiento financiero, energético y ambiental perpetrado durante doce años.

Por más de un motivo, la intervención K sobre el sistema eléctrico viene marcada por la reprivatización petrolera. Es que la dolarización de los combustibles empuja, más temprano que tarde, a la dolarización de las tarifas eléctricas (las dos terceras partes de las usinas de Argentina se alimentan con gas o derivados del petróleo). Capitanich ha anunciado una posible transferencia del servicio eléctrico a la órbita de la Capital y de la provincia de Buenos Aires. Es el “modelo” de la transferencia del subte, que terminó, precisamente, con una escalada de tarifazos perpetrada por Macri. En los últimos meses, las acciones de las distribuidoras eléctricas tuvieron una suba astronómica en la Bolsa porteña: detrás de la apuesta al tarifazo, Caputo, Midlin y otros se restregan las manos. Después de la fundición del régimen de los subsidios, los K -con el aval de toda la oposición tradicional- preparan el retorno a los 90.

Desquicio capitalista y emergencia eléctrica

Es este viraje en puerta el que explica la completa -y premeditada- indolencia de los gobiernos y sus “entes reguladores” frente al colapso eléctrico que soporta la población de la Capital, Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe. Las cámaras de distribución, cables o transformadores estallan frente a la vista de los vecinos. Las distribuidoras, vaciadas de personal y cuadrillas desde hace años, no “saben” ni “contestan”. Este desquicio, que avalan los Kirchner, Macri, De la Sota o Bonfatti, es una clara extorsión contra el pueblo. El mensaje es claro: “o aceptan el tarifazo, o seguirán sin luz y sin agua”. Los gobiernos que protegen a Edenor-Edesur han decidido llevar hasta el final este chantaje. Ello se advierte, por ejemplo, en los remedos de “emergencia energética” dispuestos por el macrismo y el gobierno nacional, y el comité de crisis común que han resuelto conformar. Las “emergencias” de Berni y Macri consisten en una asistencia precaria a quienes se quedaron sin luz o agua (baños públicos, bidones). Pero no contemplan, bajo ningún punto de vista, la restitución de la luz, incluso bajo las condiciones de la emergencia.

En oposición al abandono del pueblo por parte de los gobiernos y las eléctricas, la banca del Frente de Izquierda en la Ciudad ha planteado una emergencia eléctrica fundada en una enérgica intervención de los trabajadores y vecinos sobre los intereses capitalistas. Nuestro proyecto plantea, en primer lugar, un comité de emergencia integrado por todos los bloques legislativos, y representantes electos de los trabajadores y vecinos. Exigimos de ese modo a los partidos de Estado que se hagan cargo de la crisis, pero sometidos al control de los explotados y de sus representantes políticos. En segundo lugar, planteamos la constitución de cuadrillas de obreros y técnicos electricistas para responder a los reclamos que las distribuidoras no atienden, o tardan días o semanas en responder. Ello, junto a la provisión masiva de generadores para edificios y complejos habitacionales, a cargo del Estado. Para financiar este planteo, sostenemos un impuesto extraordinario a las salas de juego, que acaban de ser beneficiadas con una condonación de deudas impositivas por parte de los bloques del macrismo y los K. Este proyecto ha sido replicado por nuestra diputada Cintia Frencia en Córdoba, en relación a la crisis del agua en la provincia. En la misma, línea Jorgelina Signa, concejal del PO en Bermudez, no sólo presentó la emergencia hídrica sino que arrancó su aprobación en el Concejo, en el cuadro de una fuerte presión popular. El impacto de nuestros proyectos contrastó abiertamente con la impotencia de los partidos capitalistas. En la Ciudad, nuestro reclamo en favor de una sesión extraordinaria de la Legislatura ha servido para establecer una brutal denuncia y delimitación de los bloques del PRO, el kirchnerismo y el UNEN, que se han negado a sesionar. La decisión de tres diputados del UNEN de adherir a nuestro reclamo ha causado una temprana crisis en su ´interbloque´, a partir de la desautorización que sufrieron por parte de Carrió. La gran impugnadora de los decretazos kirchneristas no ha tenido empacho en apoyar la clausura de la Legislatura porteña hasta marzo, a cuenta, claro está, de los decretazos de Macri. Hemos impreso masivamente nuestro proyecto, que repartimos en los cortes de calle y asambleas de los vecinos afectados. La acción de las bancadas, en definitiva, ha aportado un programa y una orientación a los movimientos de lucha de la Ciudad y de otras provincias, a favor de una acción de conjunto para poner fin al desquicio eléctrico e impedir a la vez un tarifazo.

Nuestra salida

Mientras los legisladores de los partidos oficiales se niegan a deliberar, sus economistas recorren los canales lamentando el “atraso o la insuficiencia de las tarifas”, como razón del colapso eléctrico. No pueden explicar, sin embargo, por qué en provincias como Santa Fe o Córdoba -que ya han aumentado fuertemente las tarifas- los cortes de luz se acrecientan cada día. La discusión sobre la “razonabilidad” de las tarifas carece de sentido en el marco del régimen de concesiones privadas, que se funda en la confiscación del patrimonio público y de los usuarios. En los 90, ello se consumó a través de “tarifas internacionales”; bajo los K, sosteniendo a los privatizadores con subsidios, que en su mayor parte pagan los propios trabajadores y usuarios a través del régimen de impuestos.
Como señalamos en los fundamentos de nuestro proyecto: “Es indudable que el colapso eléctrico es inseparable de un vaciamiento que abarca a toda la cadena de la producción energética. Pero no es un secreto que los costos de extracción de hidrocarburos en la Argentina representan apenas la quinta parte de sus precios internacionales”. En ese cuadro, la pretensión de “internacionalizar” las tarifas implica transferir integralmente esa renta extractiva a monopolios que sólo han comprometido inversiones ínfimas, y piensan proseguir “invirtiendo” apenas con una parte de los beneficios obtenidos. Lo mismo vale para la energía eléctrica, cuyas tarifas se pretende dolarizar.

“En oposición a ese régimen fracasado, el Frente de Izquierda impulsa la nacionalización integral de la industria energética, desde la extracción de petróleo y gas hasta la energía eléctrica, bajo la gestión de sus trabajadores. Esa nacionalización permitirá una reapropiación social de la renta gasífero-petrolera, como palanca del consumo popular y de un desarrollo industrial que, a su turno, también deberá ser colocado bajo control obrero”. (Fundamentos del proyecto de “emergencia eléctrica”). .

Impulsemos asambleas en todos los barrios y comunas, para unificar la lucha por una ´emergencia eléctrica´ bajo el control de trabajadores y usuarios, y en rechazo a cualquier tarifazo.

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