domingo, 12 de enero de 2014

¿Hacia dónde va la integración regional en Nuestra América?

José Francisco Puello Socarrás - Juan Fal - Lucas Castiglioni (FISYP)

Índice

- Introducción

- Capítulo 1: Proyectos hegemónicos. La integración de América Latina para los países centrales: recolonización imperial y reorganización de las soberanías de loes Estados-nación
- 1.1 Análisis de los proyectos ALCA, TLCAN, Plan Colombia - Plan Mérida - Plan Puebla Putumayo - DR-CAFTA.
- 1.2 Estudio de la Alianza del Pacífico, TPP, El corredor biológico mesoamericano, IIRSA, Instituciones Financieras y su accionar condicionante (el caso del BM en Argentina), América Latina como reserva estratégica de los Estados Unidos

- Capítulo 2: Proyectos Contra-hegemónicos. La Integración de los pueblos de Nuestro América. Avatares de una construcción regional alternativa
- ALBA - TCP Estudio de la Nueva Arquitectura Financiera Regional (Banco del ALBA, Banco del Sur y SUCRE), Tribunal de Inversiones y Petro-Caribe.

- Capítulo 3: Balance de proyectos de integración contrapuestos

- Bibliografía

Introducción

La profundización de la actual crisis, sus intensidades, extensiones y ritmos a nivel global, sigue develando las contradicciones estructurales del capitalismo de época para garantizar la reproducción del sistema y mantener así la acumulación incesante del Capital. Esta situación al mismo tiempo que interpela a los pueblos sobre la urgente necesidad de superar los tiempos de crisis en un marco económico político alternativo y que despliegue nuevos modos de producción y reproducción de las relaciones sociales y populares. En Nuestra América, los proyectos alternativos tendientes a la construcción de otro modelo productivo confluyen alrededor de la diversidad de experiencias emergentes que se registran recientemente al nivel de la integración regional. Uno de los principales legados del Comandante Hugo Chávez tiene que ver con la expectativa de reconfigurar un nuevo marco político para la región, en el cual logren convivir los contenidos virtuosos que al día de hoy se heredan desde la revolución socialista cubana, el socialismo del siglo XXI venezolano, el socialismo comunitario y plurinacional boliviano, la revolución ciudadana de Ecuador y, en general, las contribuciones de las diversas luchas por la emancipación popular y las experiencias de organización anti-capitalistas.

En el presente trabajo se plantea abordar la problemática de la integración regional en América Latina y el Caribe desde una perspectiva crítica. Para ello se diferenciará por un lado los proyectos de regionalismo hegemónicos y por el otro los proyectos de integración contra - hegemónica. Primero estudiaremos el proceso de regionalismo en función de los intereses de los Estados Capitalistas, al que denominamos integración desintegradora. En este sentido es que realizaremos una conceptualización general de la integración desintegradora y luego mostramos cómo diferentes dispositivos, en este caso: el Plan Puebla Panamá y los planes de financiamiento del Banco Mundial en Argentina, son excelentes ejemplos de las tácticas y estrategias de reconstrucción y reforzamiento de la coyuntura actual desde un punto de vista hegemónico. En la segunda parte del trabajo nos proponemos realizar una aproximación desde una integración diferente y contra - hegemónica a partir del estudio del regionalismo en el marco de la Alternativa Bolivariana para los pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA - TCP). Al respecto estudiaremos la dinámica de dicho proyecto y el desarrollo de las iniciativas de los Programas y Empresas Grannnacionales, la Nueva Arquitectura Financiera Regional (el Banco del ALBA y el Sistema Unitario de Compensación Regional), el tribunal de inversiones y PetroCaribe. Finalmente estableceremos un balance de tales proyectos con el objetivo de identificar perspectivas y limitaciones de los procesos integracionistas en América Latina y el Caribe.

Capítulo 1: Proyectos hegemónicos. América Latina y la Integración Desintegradora: “hacia afuera y desde arriba”

La expansión de los mercados, conocida hoy como “globalización”, verifica la más pronunciada exacerbación de las lógicas y contradicciones inherentes a la reproducción y acumulación incesante del capital. En la actual fase de la economía-mundo capitalista: la globalización neoliberal, uno de los dispositivos por excelencia para avanzar en el proyecto hegemónico lo constituyen los (mal) denominados Tratados de Libre Comercio (TLC), recientemente rebautizados en distintos lugares como Acuerdos o Asociaciones de Promoción Comercial. El Libre Comercio Global (Total) es el proyecto económico-político que desde los lugares de enunciación dominantes se anima enérgicamente con la esperanza de acceder a la etapa superior del capitalismo de época. Aunque pueda parecer paradójico, en tanto la profundización de la actual crisis se explica gracias a los contextos críticos recreados por las lógicas capitalistas, especialmente en su versión neoliberal, los proyectos hegemónicos proponen en general que las salidas a la crisis deben estar no sólo en el marco del capitalismo sino también continuar con la profundización de su fase neoliberal.

Respecto a este mecanismo, deben introducirse necesariamente tres elementos de análisis transversales al debate.

(Neo)Liberalismo asimétrico y sin reciprocidad

El primero consiste en que estos “Tratados” por más que aludan a la “libertad” de comercio, plantean desde luego una realidad completamente inexistente. En la práctica se trata de pactos que garantizan, por medio de los Estados Nacionales, grandes negocios a poderosos monopolios y oligopolios transnacionales. En la gran mayoría de los TLC firmados, la regla no es la “negociación” sino la imposición, vía presiones extraeconómicas, de tipo político y, según sea pertinente, militar (una variable a veces poco comentada pero consustancial al proyecto de expansión hegemónica), como lo documenta la historia más reciente en este sentido en tanto la “integración” económica deviene en una necesidad progresiva de militarización de los territorios como mecanismo para “asegurar” el flujo de mercancías y seguridad jurídica1. En contravía del aludido espíritu de “liberalización” que comúnmente se les adjudica, se trataría en la práctica de una especie de liberalismo asimétrico y sin reciprocidad. En los TLC - en particular los bilaterales - se pacta entre las partes desregulaciones y liberalizaciones de la economía (v.g. eliminación de subsidios estatales a sectores económicos) que finalmente sólo aplican (o son aplicadas) para una de ellas - sin reciprocidad -, por lo general la más débil - lo cual refleja el carácter asimétrico.

Una situación que ilustra los atributos de asimetría y falta de reciprocidad típico de estos dispositivos aplican también respecto a socavar el derecho soberano de hacer uso de los instrumentos de política económica por parte de los Estados nacionales cuando se los condiciona sistemáticamente en el contenido de los Tratados. La inclusión de cláusulas restrictivas - por ejemplo - en el uso de Balanza de pagos, empeoran inclusive las condiciones de la OMC (arts. XII y XVIII) exigiendo que los países abandonen su potestad de recurrir a la cláusula de Balanza de pagos como instrumento para sortear las crisis. La gran mayoría de los TLC contemplan que ciertos mecanismos e instrumentos de política serían excepcionales y sólo podría utilizarse por determinados períodos de tiempo. En el caso de las cláusulas de Balanza de pagos, por ejemplo, el período es de “un año” en promedio, lapso que resulta insustancial para gestionar las cada vez más complejas crisis en la Balanza de Pagos, máxime en tiempos de grandes volatilidades y crisis global. Esta situación, por supuesto, aplica en general a la acción del Estado y terminaría en la práctica con su razón de ser soberana y también pública.

Más allá de los asuntos comerciales: geo-economía y geo-política

En segundo lugar, los TLC tampoco lo son estrictamente de “comercio”. El componente netamente comercial de estos acuerdos por lo general sólo representa una mínima porción de lo que se “negocia” en ellos. Se trata mejor de tratados que se proponen la liberalización de las inversiones, con énfasis en los servicios (especialmente financieros; las compras estatales, los derechos de propiedad, etc.). Esta particularidad del Libre Comercio - veremos - tiene un significado estratégico en particular de orden geoeconómico pero especialmente geopolítico-militares.

Ciertamente, una de las características fundamentales - a tener en cuenta - dentro de la economía política contemporánea actual, y muy especialmente desde inicios del presente siglo, es la exacerbación de los referentes policivo-militares los cuales han sido ampliamente funcionales a la estructura de relaciones establecidas. En particular, se ha podido consolidar legítimamente, bajo una nueva fase, ahora globalizada, la dimensión militar que articularía au coeur, la política policiva (Quiñonez Páez 2002), no sólo por parte de los poderes militares de las potencias mundiales, empezando por los Estados Unidos, sino también apoyados en los poderes corporativos emergentes quienes a la postre soportan la administración gerencial de la gestión de la crisis y del capitalismo de guerra.

En razón a lo anterior, se puede decir que la fase, novedosa en su readaptación pero, de hecho, heredada en su estructuración, logra hacer coincidir la cuestión de la seguridad (hablando en términos múltiples y amplios: nacional, geográfica, económica y territorial) en relación con la recomposición de las fuerzas sociales y económicas que mejor se han insertado en los procesos actuales.

(…) Predecimos un sentido más dominante de la inseguridad - el cual puede estar como muchos basado en las percepciones psicológicas tanto como en amenazas psíquicas - para el 2020. Entre tanto la mayoría del mundo se enriquece, la globalización sacudirá profundamente el statu quo - generando enormes convulsiones económicas, culturales y consecuentemente políticas (CIA 2005:15) 2

Ciertamente:

Se ha vuelto indispensable admitir que las necesidades de seguridad son un motor primordial en la transformación de la sociedad mundial (…) la evolución de la política mundial va a ser gobernada por la lógica de la seguridad (Bertrand: 1996)

En un informe especial redactado por la Central de Inteligencia Americana, dedicado a Latinoamérica, la tesis de la seguridad se vincula a lo que se denomina las recurrentes crisis de gobernabilidad que eventualmente enfrentaría la región fruto de las lógicas de la globalización3. No obstante, la insistencia parece girar en torno a la colonización de los intereses estratégicos que irrumpen en el marco de la política de Seguridad Nacional que, bajo las nuevas condiciones, acentuará su carácter no sólo internacional sino también, específicamente, global. Por supuesto, éste último está menos conectado con el señalamiento de las amenazas que con la generación de las condiciones apropiadas de neocolonización imperial. El caso latinoamericano es una muestra fehaciente de esta orientación:

(…) El fracaso o relativo fracaso del ALCA y la heterogeneidad regional en la aceptación del rol de Estados Unidos, implicarán un límite (por acción u omisión) al liderazgo hemisférico norteamericano, y creará un vacío de iniciativas multinacionales en los próximos años, en diferentes áreas donde la coordinación de políticas es necesaria (defensa y seguridad, medio ambiente, narcotráfico, migraciones)4.

Por su parte, las lógicas del Libre Comercio también muestran en concreto su faceta geoeconómico-política. La pretensión de profundizar hasta sus últimas consecuencias el “modelo de desarrollo” vigente (término con el cual eufemísticamente se denomina a las estrategias de expansión del capitalismo contemporáneo) tiene que ver con quién gana con la globalización. Bastaría hacer un breve balance al respecto, tomando como ejemplo, la economía de los Estados Unidos:

“Los Estados Unidos han ganado enormemente con esta globalización. Nuestro país - dice Bergsten -cada año es mucho más rico en más de U$1 trillón gracias a la integración comercial. Esto equivale aproximadamente al 10% de toda nuestra renta nacional y más de U$10.000 por hogar. Se acumulan ventajas adicionales con la globalización financiera que ha acompañado los crecientes flujos comerciales (subrayo) [Nota: los “beneficios adicionales” podrían añadir otros U$0.5 trillones al cálculo].

Lo anterior por el lado de las ganancias. Mientras tanto las pérdidas (“costos” en términos de Bergsten) de la globalización para los Estados Unidos resultan ser bastante diferentes:

“Cerca de medio millón de trabajadores (de una fuerza laboral total de 150 millones) pierden su trabajo anualmente, la mayoría por períodos temporales, como resultado del incremento en las importaciones. Algunos tienen que aceptar empleos con bajos salarios en el largo plazo, sufriendo una pérdida en ingresos durante toda su vida. Esos efectos totalizan aproximadamente U$50 billones por año, un monto sustancial en términos absolutos pero sólo un vigésimo de la rentabilidad anual fruto de la globalización…” (resalto y subrayo).

La “globalización” a la que nos referimos evidentemente favorece en concreto y casi en exclusiva los intereses de los capitales usamericanos, es decir, la globalización de carácter neoliberal la cual, en estos momentos, en su concepto, debería avanzar hacia su fase superior: el Libre Comercio (total). Con este objetivo, los Estados Unidos insisten en una “gran campaña” - aún más agresiva de la que se ha visto hasta el momento, parece sugerir - para continuar “negociando” y ampliando nuevos Tratados de Libre Comercio, bilaterales o plurilaterales (como el “Acuerdo P4” o Transpacífico (TPP) que vincula Asia y América).

Incluso, existe un consenso relativamente generalizado en los Estados Unidos que los TLC son el mejor mecanismo para consolidar definitivamente el modelo usamericano de “crecimiento basado en las exportaciones” y que la mejor forma para asegurar los mercados mundiales sería lograr un Tratado de Libre Comercio Global que reemplace (o reviva) la Ronda de Doha, la cual - en su opinión - ha sido un total fracaso después de una década de “esfuerzos en las negociaciones”. En estas tentativas propone la “utilización” de las instituciones económicas internacionales como el FMI y la OMC y en menor medida el Banco Mundial y el BID.

Lo anterior responde a que los Tratados, recordemos, diseñados a la medida de las pretensiones usamericanas, reproducen las mismas estructuras productiva y de intereses que actualmente existen en los Estados Unidos después de las transformaciones sufridas en ese país desde la década de los ochenta. Hoy por hoy el sector manufacturero usamericano representa a lo sumo el 10% de la economía mientras que la Agricultura no más del 1% y los Servicios (sobre todo, los financieros) más del 80%. Este último sector provee el 25% de los empleos y ha crecido los últimos treinta años a tasas del 30% y con salarios 10% superiores a los de la manufactura.

Integración unidimensional y desintegradora

En tercer lugar, el proyecto de Libre Comercio Global (Total) propone un tipo de integración desintegradora. Se trata de una integración que se dirige y funciona sustancialmente al nivel de los mercados; complementariamente, y estrechamente relacionado con lo anterior decíamos, este tipo de integración automáticamente incluye la dimensión de la seguridad (militar y policiva). En este proceso por lo tanto se eximen otras dimensiones (sociocultural, por ejemplo), o en el mejor caso, quedan fuertemente subordinadas a las lógicas mercantiles. Bajo este esquema otro tipo de integración diferente a la de los mercados simplemente no existe. Adicionalmente, el proceso en la práctica ha venido demostrando recientemente que una condición necesaria de la integración neoliberal es desintegrar (o bloquear) proyectos de integración (previa o prospectivamente) existentes. Los TLC bilaterales en Suramérica ofrecen un buen ejemplo que ilustra este punto. La firma y ratificación de TLC entre los Estados Unidos y Colombia y Perú (cada uno por aparte) fue uno de los motivos por los cuales “otro” tipo de integración subregional ya existente: la Comunidad Andina de Naciones (creada en 1969 por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela) se detuviera o, cuando menos, se pusiera “entre paréntesis” ya que la firma de este tipo de Tratados de Libre Comercio en tanto tratados internacionales se constituyen, primero, en bloques constitucionales para las partes, es decir, se asumen y elevan a un nivel legal similar al de las Constituciones políticas nacionales; y segundo, exige a los países contratantes a “ratificar o adherir” otros tratados internacionales ya suscritos por las partes. Tales situaciones motivaron a que en el año 2006 Venezuela decidiera retirarse del Pacto Andino y Ecuador y Bolivia, aunque permanecen actualmente a la Comunidad Andina, empezaran a privilegiar otros espacios y proyectos.

Pero esta lógica de desintegración de los proyectos existentes también aplica y compromete los proyectos de los Estados nacionales firmantes hacia el futuro. Es sabido que los TLC se firman sin caducidad en el tiempo, es decir, no aplican para un período de tiempo determinado (a menos que los tratados se renegocien o se den por terminados por mutuo acuerdo; o se desconozcan unilateralmente aunque de suyo esta posibilidad conllevaría consecuencias jurídicas, incluso, en aspectos de la economía política, efectos más graves). Una característica en las nuevas generaciones de TLC, marcos que hoy por hoy avanzan como modelos de integración dominantes, es el reforzamiento de las cláusulas de “trato nacional” y especialmente “nación más favorecida” lo cual - palabras más, palabras menos -, significan que si un país le otorga en algún sentido beneficios mayores a otro en algún Tratado diferente, éstas ventajas serían extendidas automáticamente a otras partes contratantes. Aunque estos principios del comercio y el derecho internacionales son de vieja data, hoy figuran como dispositivos que impedirían aún más, tipos de integración paralelas a las de las propuestas dominantes y, aún peor, por este mecanismo, las lógicas mercantiles de integración del Libre Comercio eventualmente podrían transmitirse hacia otros marcos integrativos, llegando incluso a proponer “ruidos” o directamente obstaculizar los proyectos alternativos.

Del ALCA a la Asociación Transpacífico: El proyecto de integración dominante

Seguramente, el proyecto más abarcador en la vía del Libre Comercio Global como etapa superior de la fase del neoliberalismo capitalista, fue la propuesta del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) (Miami, 1994), la cual intentó integrar el continente americano de Canadá hasta Argentina. Liderado principalmente por los Estados Unidos, se pretendía “negociar” un gran TLC que extendiera el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre los Estados Unidos, Canadá y México hacia los demás países de América Latina y el Caribe (excluyendo a Cuba). La estrategia incluía negociaciones con los demás países “en bloque” o eventualmente, contando con los “bloques comerciales” ya existentes. Como se sabe, el proyecto se vino a menos en la Cumbre de Mar del Plata (2005), momento desde el cual se impuso una negociación diferenciada que condujo, primero, a negociaciones vía Tratados regionales (como el realizado con la Comunidad de Estados centroamericanos y República Dominicana) y, luego, mediante Tratados bilaterales entre los Estados Unidos y otras naciones consideradas por aparte (v.g. Colombia, Perú, etc.) con lo cual no podría asegurarse que el Proyecto ALCA terminara sino que más bien se puso “entre paréntesis” y continuó tras ese formato aunque bajo otras tácticas.

De hecho, diferentes analistas han convocado una especie de Integración silenciosa, vía otros dispositivos, entre ellos el más importante la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) que desarrolla aspectos de “seguridad” y más puntualmente de tipo militar que constituyen una especie de ALCA-militar. Entre los formatos que incluye este tipo de Alianzas se cuentan el Plan Puebla-Panamá (después ampliado hasta Putumayo, departamento fronterizo de Colombia con Ecuador, y rebautizado como Plan Puebla-Putumayo) que articula el llamado Plan Colombia dentro del Proyecto Mesoamericano, la Iniciativa Mérida (o Plan México). Este tipo de iniciativas son complementarias a otras como la Integración de la Infraestructura Regional Suraméricana (IIRSA) que si bien no incluyen directamente componentes no-militares de integración, se encuentran debidamente articulados al marco de integración hegemónico.

Más recientemente, el proyecto Global supone su profundización a través de la Alianza del Pacífico, la bisagra entre el proyecto ALCA y otro de más largo alcance. Esta Alianza conformada por Colombia, Chile, México y Perú, últimamente Costa Rica y próximamente Panamá, entre otras futuras posibles adhesiones - incluyendo la intención “polémica” de integrarse al bloque, expresada por el gobierno de Uruguay - tiene como trasfondo profundizar la sintonía de los acuerdos de libre comercio y, en últimas, de profundizar el modelo económico hoy vigente, el neoliberal y sería un primer eslabón para integrar a sus países miembros dentro de un pacto más omniabarcador: la Asociación TransPacífico, según sus defensores: “el modelo de integración del siglo XXI” y que los mismos Estados Unidos han apelado como “la Madre de todos los Tratados de Libre Comercio”. Esta Asociación, a su vez, serviría de base para conformar hacia el futuro el Área de Libre Comercio Asia-Pacífico (FTAAP) (con naciones del Sudeste asiático y Oceanía) un mercado que proyecta más de 660 millones de personas y que representaría alrededor del 30% del PIB mundial y el 25% del comercio global.

Más allá de las particularidades propias de estos acuerdos de integración que tienen como regla avanzar a espaldas de la opinión pública y en privado, la Asociación TransPacífico llama la atención porque, tras dos años de negociaciones, el proceso de conversaciones se ha desarrollado en medio del más absoluto secretismo, en una especie de proceso “clandestino”, y al cual ni siquiera el mismo Congreso de los Estados Unidos ha tenido acceso a los archivos “clasificados” donde se ha consignado qué es lo que se va acordando entre los países. Inclusive, TTP deja abierta la puerta para que en procesos judiciales arbitramento abogados privados actúen como jueces y elimina autoridad y derecho constitucional del Congreso de Estados Unidos para regular aspectos comerciales con naciones extranjeras. La cuestión genera todavía más suspicacias cuando, como se mencionó, los llamados Tratados de Libre Comercio son todo, menos exclusivamente comerciales, y en el caso de la Asociación, solamente 5 de los 29 capítulos apuntarían a ese tópico. De manera más explícita, y teniendo en cuenta las particularidades geoestratégicas de esta Asociación la cual prácticamente cubriría casi toda la cuenca del Pacífico (casualmente “bloqueando” el acceso de China al océano y, en consecuencia, las vías hacia América Latina), especialmente, para los intereses de los Estados Unidos, es lógico pensar que entre los capítulos restantes se amplíen, profundicen y complementen la gran red de acuerdos ya no comerciales sino directamente de “seguridad” y militares que ya existen actualmente. Los países de la subregión se embarcarían entonces en la aventura de ser un engranaje más de los planes transpacíficos, y de paso denostando - implícitamente - las promesas de integración regional sura- y -latino americanos.

En síntesis, el proyecto de Libre Mercado Total y Global desde sus componentes asimétrico, unilateral, desintegrador y geoestratégicos - económicos, político-militares - supone la “anexión” subordinada de la región a la recomposición de la presencia hegemónica de los Estados Unidos, proceso en el cual los organismos (mal) llamados multilaterales (con el FMI, BM, BID) entran a jugar un rol preponderante en la configuración del escenario y que en lo fundamental - exceptuando asuntos político-militares - se dirigen: 1) aumentar los niveles de apertura internacional (desregulaciones y re-regulaciones favorables al capital transnacional) y 2) garantizar la protección de los derechos de propiedad (privados, por supuesto y que también coadyuvan en un ambiente “favorable” a lo primero)5.

Un ejemplo: El plan Puebla Panamá (PPP) Es importante comprender, en base a los trabajos desarrollados sobre el Plan Puebla Panamá (PPP)6, los significados del mismo. No ahondaremos sobre todas las características del Plan, por una cuestión de espacio y porque sería redundante, pero sí nos interesa detenernos, una vez más, en los significados para la integración latinoamericana de estos tipos de proyectos. Lo que primero resulta oportuno señalar, es que el PPP fue diseñado desde los Estados Unidos, por sus brazos políticos y económicos como lo son el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), las grandes transnacionales e intelectuales orgánicos pertenecientes al sistema universitario norteamericano, con el objetivo de llevar a cabo la captura de los recursos biológicos y el saqueo de unas de las riquezas naturales más importantes del mundo. Mesoamérica, centro geográfico del diseño del PPP, es centro originario de una gran cantidad de alimentos. El Plan ha sido elaborado, desde el discurso oficial, con el objetivo de garantizar la integración, cooperación y desarrollo entre los países mesoamericanos. Así, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Panamá y México, fueron los principales países miembros sobre los cuales se diseñó el PPP. De diferentes organismos como la CEPAL, el BID, el Banco Mundial y algunas universidades norteamericanos, se ha intentado justificar la necesidad de garantizar la “integración” de los países señalados, argumentando que favorecería al desarrollo. Sin embargo, a poco de investigar entre los diferentes documentos7 justificadores del PPP, nos encontramos con que en realidad, el objetivo no es garantizar el desarrollo y la integración entre los pueblos mesoamericanos, sino un fuerte proceso de extracción de recursos naturales cuya principal dirección son los mercados extranjeros, en particular, los Estados Unidos, a través del financiamiento de una infraestructura que tiende a garantizar la comunicación interoceánica y, de esa manera, la profundización de modelos agroexportadores; modelos que no sólo suplen las necesidades de recursos estratégicos de los Estados Unidos, sino que producen una profunda ruptura del tejido social, posibilitando una creciente inestabilidad política. La maniobra llevada a cabo por los Estados Unidos a través del intento de desarrollo de corredores biológicos y de infraestructura vial con el objetivo de garantizar la salida a ambos océanos y poner a su disposición los recursos naturales, pone en juego hoy más que nunca, el control por parte de la mayor potencia imperial de la riqueza biológica que permita garantizarle el control hegemónico sobre los principales bienes estratégicos. Esto es lo que está en juego, lo cual incluye la estrategia de posibilitar la desintegración de América Latina. El PPP, es un ejemplo más en esta estrategia que incluye el control total de Latinoamérica.

Banco Mundial. Condicionamiento y venta de recursos estratégico: El financiamiento de una plataforma agroexportadora

Reflexionar sobre los procesos integración en América Latina y el Caribe supone discutir las acciones de los agentes involucrados detrás de la captura de los recursos naturales: los Estados Capitalistas (periféricos y centrales), los organismos financieros internacionales (BM, BID Y FMI) y las empresas transnacionales. Es una tarea relevante a la hora de entender los cambios que están en curso y que son parte de una de las últimas peleas que está dando los Estados Unidos y sus brazos económicos y políticos como los organismos financieros “internacionales” sobre la periferia. El accionar del Banco Mundial en la Argentina es un claro ejemplo al respecto y nos parece de la mayor importancia a lo ahora de ejemplificar el accionar de corte imperialista que es parte en los proyectos de desintegración que están llevando a cabo los Estados Unidos sobre la región.

Banco Mundial en Argentina. Antecedentes: los inicios de una relación imperial

La revisión de las principales operaciones del BM en Argentina durante fines de la década de los noventa y la de los dos mil, muestra una profunda continuidad del contenido concreto en que operan los principios rectores del imperialismo y los procesos de desintegración impulsados por Estados Unidos, pese a que la forma a la largo del tiempo cambie. Es así que se pueden distinguir dos grandes períodos sobre el accionar del BM en Argentina. El primero cubre casi la totalidad de la década de los noventa, mientras que el segundo, va de 1997 al 2010.

Durante los noventa, existió un claro eje de programas que llevó a cabo lo que hemos denominado “el acorralamiento”, materializado en los programas de reforma del Estado que apuntaron a entorpecer la reproducción de la fuerza de trabajo por un lado -ya sea a través de los proyectos sanitarios como aquellos aplicados al ámbito educativo- y la venta de los recursos estratégicos por el otro. El segundo período, supone la continuación de la reforma del Estado, pero se le agrega el financiamiento de la plataforma agroexportadora a través de los proyectos de construcción de carreteras, el financiamiento de drenajes de canales orientados a la producción agrícola, el cuidado de la biodiversidad y el agua y el financiamiento para lograr “mayor competitividad” de los pequeños y medianos productores y comunidades indígenas, que no ha sido otra cosa que el financiamiento de una plataforma agroexportadora.

La hipótesis que sostenemos en relación al impacto de las políticas impulsadas y el condicionamiento ejercido por el BM sobre la Argentina no ocurren en un vacío de poder interno. Se dan en el marco de una de las derrotas más importantes que sufriera el movimiento obrero argentino, cuyo resultado fue la pérdida de poder de disputa económica y política por parte de dicho sector. La dictadura argentina del ´76, a sangre y fuego, implementaría una de las políticas más violentas que conociera el siglo XX en toda Latinoamérica. Por lo tanto, es en el cruce entre las políticas implementadas por la dictadura y fogoneadas y financiadas por el BM que deben buscarse las razones de la reprimarización y el desmantelamiento del aparato productivo industrial. Resulta claro entonces plantear que el accionar del Banco Mundial se construye en el transcurso de un cambio de época en Argentina, en parte por ellos impulsado, que significó la caída del modelo de sustitución de importaciones y, con él, el retorno de la reprimarización y el comienzo de la modificación en el uso del suelo.

En la política del BM de fines de los años ochenta se expresa claramente la profundización de los intereses de Estados Unidos en el tercer mundo, materializado a partir del triunfo de Ronald Reagan en 1981 y el cambio de su política exterior en favor de la captura de recursos estratégicos y los intereses de sus transnacionales. Las palabras de Roger Altman resultan elocuentes sobre los intereses empresariales de Estados Unidos y como la política de Banco Mundial debía sumirse a ellos. Para el ex secretario adjunto del Tesoro de los Estados Unidos (1977-1980) y miembro importante de la Comisión Trilateral, el Banco Mundial debía: “orientar sus esfuerzos hacia el alivio de la deuda y abandonar aquellos proyectos de infraestructura a los cuales contribuyó durante sus cuarenta años de vida. Preocupa que los países subdesarrollados como consecuencia de su deuda se vean afectados para importar, situación que resulta perjudicial para Estados Unidos. Ante esta situación, sugiere un cambio de rumbo en las políticas del Banco Mundial; entre las acciones propone: 1) Aumentar sus préstamos a los gobiernos nacionales debilitados. 2) Administrar sus activos de forma más creativa para financiar esos mayores préstamos. 3) El Banco Mundial debería insistir en que las naciones con superávit, en particular Japón y Alemania Federal, aporten una parte mayor del aumento de capital solicitado. 4) Por último, que cualquiera sea el plan concreto, el hecho es que debe ser hecho por el Banco Mundial”.8 Otro de los argumentos en esta misma línea sostenía por aquellos años que el Banco Mundial debía abandonar los préstamos bilaterales y canalizar tales montos por su intermedio. La tendencia por parte de Estados Unidos a disminuir los préstamos bilaterales tenía un doble beneficio como lo sugería James Baker, secretario del Tesoro durante el gobierno de Reagan: “que el Banco Mundial resulta un aliado estratégico para Estados Unidos, con la ventaja adicional de que los dólares allí depositados rinden muchísimo más que los gastos en ayuda bilateral”.9 El segundo beneficiario de dicha política eran las empresas.

Hacia fines de los años ochenta el proyecto de Banco Mundial era muy claro. En él se encontraban claramente expresados los intereses de las empresas transnacionales estadounidenses así como los del gobierno norteamericano. El objetivo estaba definido: condicionar y forzar las políticas de ajuste estructural. De esta manera se podría acceder al control, previo desmantelamiento del aparatado productivo y de la burocracia capaz de pensarlo y desarrollarlo, de los recursos estratégicos nacionales, donde las empresas estadounidenses cumplirían un rol destacado.

En este marco, el BM otorgó a lo largo de los años noventa, cuatro tipos de préstamos a través del BIRF: 1) los destinados a programas sociales; 2) a la infraestructura; 3) ajuste estructural y 4) asistencia técnica. Todos ellos concedidos en los primeros años (1991-1996) con obligaciones de pago que superarían la propia década de los noventa. Durante ese primer período se otorgaron 24 créditos y a partir de 1996 se autorizaron veintiséis nuevos préstamos, de los cuales la mitad estuvieron destinados a sellar las reformas estructurales encaradas en la primera etapa y que no habían sido incluidos hasta ese entonces, como es el proyecto de reforma de las obras sociales sindicales, el cual suponía su traspaso a manos privadas, así como también extender la privatización de otros sectores como la de los aeropuertos y el transporte público de la ciudad de Buenos Aires (subterráneos y ferrocarriles metropolitanos). La implicancia de cada uno de estos proyectos fue diferente, en tanto impulsan el proceso de desmantelamiento del aparato productivo, y, con ello, la desnacionalización de los recursos estratégicos de la Nación, así como la propia capacidad de reproducción de la fuerza de trabajo.

El Banco Mundial de fines de la década de los noventa y principios de los dos mil, 1997-2010

Hacia fines de la década de los noventa el interés de Washington y el BM sobre la Argentina cambia. Comienzan a prestarle más atención a la agricultura del norte argentino, sus carreteras, biodiversidad y agua, lo cual ha sido una novedad de los últimos 15 años si consideramos toda la relación entre el BM y la Argentina. La materialización de ese interés se observa en los proyectos que han financiado para la construcción de carreteras, el fomento de la “competitividad” de los pequeños y medianos productores, que no es otra cosa que el financiamiento de la agricultura industrial, la construcción de canales de drenaje para el desarrollo del sector agrícola y el cuidado de la biodiversidad y el agua. Proyectos que en su conjunto conforman un principio de control territorial, social y biológico, cuya principal consecuencia ha sido la instauración de una plataforma agroexportadora y de esa manera, imposibilitar el proceso de integración de la Argentina con el resto de los países de la región. Es notorio como el BM cambia el eje de su intervención en la Argentina a fines de la década de los noventa, línea que se profundiza en los dos mil, pasando de hacer un fuerte hincapié en la reforma del Estado a interesarse por la captura de la biodiversidad y por la consolidación de una plataforma agroexportadora a través del control de los pequeños y medianos productores y el desarrollo de la infraestructura vial.

Hay que considerar que la disputa por los recursos naturales está en el marco de una estrategia más amplia que incluye al IIRSA10 y otros proyectos de la misma índole, cuyo objetivo es garantizar la captura de la biodiversidad en tanto materia prima de la ingeniería genética. Este es el camino que propone el BM como salida al agotamiento de los recursos fósiles convencionales11. Es decir, lo que está en disputa, es la transición energética. Esta es la verdadera magnitud del problema desde el punto de vista geopolítico y así lo ha planteado Estados Unidos desde la segunda posguerra: la cuestión es posibilitar el abastecimiento de los recursos estratégicos necesarios para garantizar el sustento de su propio crecimiento, para lo cual, diseña e implementa estrategias de control territorial sobre los países periféricos, ya sea a través de intervenciones directas como las militares, o bien aquellas tendientes a provocar inestabilidad política y social, o las dirigidas a no permitir la industrialización y, por lo tanto, el no consumo de recursos naturales, entre otras, para los cuales el BM es uno de sus brazos ejecutores.

El total de proyectos que financió el Banco durante este período fue de 96 y 24 de ellos se destinaron a los objetivos señalados anteriormente (cuadro N° 1). El monto de estos proyectos alcanzó los 4.411 millones de dólares. El resto, financiaron un sinfín de otras cuestiones, entre los cuales se encuentran proyectos de asesoría por cuestiones de salud, de educación, etc. Otros proyectos se destinaron a la reforma del Estado, condicionalidad acreedora mediante, etc., etc. Sin embargo, lo que se observa es un cambio rotundo en el tipo de proyectos que financia el BM en Argentina si uno lo compara con la primera etapa de los noventa. Cambio que fue acompañado por modificaciones en el ámbito de la legislación, no solo por permitir la entrada de los transgénicos, cuestión que motivó una discusión en el ámbito local, sino por el intento de modificación de la ley de semillas y creaciones fitogenéticas.

Cuadro Nº 1
Préstamos otorgados por el BM - BIRF 1997-2010


Los proyectos financiados por el BM, presentados anteriormente, pueden ser agrupados en tres grandes ejes: i) biodiversidad y agua; ii) carreteras y iii) financiamiento de pequeños y medianos productores y comunidades indígenas. Estos tres ejes, de los cuales serán desarrollados los dos primeros por una cuestión de espacio, resultan diferentes a los que predominaron durante los primeros años de la década de los noventa, quiebre que coincide con la autorización de la entrada de los transgénicos. Otro de los rasgos característicos de estos tres ejes es que se ocupan, en su gran mayoría, del norte del país, porción del territorio sobre la cual avanza la agriculturización de sus tierras y donde Estados Unidos instaló unas de sus bases militares en el año 2011 (provincia de Chaco), que luego sería retirada debido a la movilización popular.

Cuadro Nº 2
Proyectos financiados por el Banco Mundial - BIRF (1997-2010)


En síntesis, la intervención del BM en la Argentina ha sido multifacética a lo largo de las últimas dos décadas, su grado de injerencia se fue ampliando hasta incluir los más diversos sectores. Fue un proceso paulatino que llevó veinte años, comenzando en la década de los noventa por la construcción del entramado de relaciones que operaron en favor del desmantelamiento del aparato productivo del país, empujándolo a la reprimarización. En aquellos primeros años, la estocada del BM sobre Argentina constó de dos pasos: 1) provocar el desmantelamiento del apartado productivo industrial y la venta de los recursos y empresas estratégicas y 2) entorpecer la reproducción de la fuerza de trabajo. El primer paso se posibilitó a través de los préstamos destinados a las reformas estructurales y al desfinanciamiento del Estado acaecido con el traspaso de los fondos jubilatorios a manos privadas y con el privilegio al pago del servicio de la deuda, generando grandes boquetes presupuestarios que fueron llenados con empréstitos altamente condicionados; el segundo, con los préstamos orientados al empobrecimiento de la educación y la salud. El período que va de fines de la década de los noventa hasta el 2010, revela el cambio de impronta que el BM le da a sus préstamos, cuyo único objetivo fue influir en el sector agrícola argentino y controlar la biodiversidad.

Ambos movimientos - garantizar la desestructuración productiva y social primero y la captura de los recursos naturales y el control agrícola segundo- son parte de un accionar colonial / imperial de la política exterior estadounidense, representada por el BM como uno de los entes subrogados al Departamento del Tesoro, que tiende a privilegiar el control de los recursos no renovables, en una etapa donde que lo que está en juego, en una primera instancia, son los límites materiales que presenta el capitalismo para continuar creciendo y, en una segunda, la posibilidad de vida sobre la biosfera. La consecuencia ha sido la imposibilidad de integración con el resto de los países vecinos.

Es por todo esto que la Argentina termina siendo un buen ejemplo sobre los planes de desintegración llevados a cabo por los Estados Unidos en la región, cuyo principal órgano ejecutor ha sido el Banco Mundial, donde los proyectos financiados no buscan el bien común y el desarrollo y conexión con los mercados regionales o internacionales sino que lo que está detrás de estos proyectos es el control territorial y la instauración de una plataforma agroexportadora que obture toda posibilidad de integración con los países de la región.

Capítulo 2: Proyectos contrahegemónicos. La Integración de los pueblos de Nuestro América. Avatares de una construcción regional alternativa

Los procesos de integración regional acaecidos durante los primeros años del siglo XXI ponen en discusión modelos de regionalismo económico predominantes en los esquemas de América Latina y el Caribe (como el MERCOSUR nacido en el marco del neoliberalismo). La Alternativa Bolivariana para los pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA - TCP) es una de las más ambiciosas en cuanto programa de coordinación de políticas regionales, intercambio y principios en las relaciones internacionales.

En el marco del ALBA-TCP se ha construido un esquema de integración energética (PetroCaribe), de comercio regional (Convenios Comerciales Compensados), de planificación y de empresas (proyectos y empresas grannacionales), de integración financiera (Banco del ALBA) y de cooperación monetaria (Sistema Unitario de Compensación Regional - SUCRE -) que conllevan elementos novedosos y distintivos con respecto al “regionalismo abierto” característico de la integración neoliberal. Sin embargo, el ALBA-TCP es un proceso en el que se desenvuelven tensiones correspondientes a los distintos proyectos societales presentes en los países de la región.

¿Cuáles son los elementos que forjan al ALBA-TCP como proyecto alternativo en la integración regional? ¿Qué factores potencian o limitan la iniciativa? Son interrogantes fundamentales a la hora de interpretar los proyectos de integración regional en el Siglo XXI.

Estos procesos se condicen con el desarrollo político de la región y la consolidación de un cambio en las correlaciones de fuerzas de América Latina y el Caribe. Si bien en el proyecto ALBA - TCP participan diversos países que al mismo tiempo forman parte de otros proyectos de integración regional con otros objetivos, el diseño de la propuesta ALBA - TCP adquiere dinámica propia, con objetivos claros, iniciativas específicas y el camino hacia la construcción de una identidad colectiva regional. Dicha afirmación no oculta las tensiones, disputas e indefiniciones al interior de la iniciativa.

En este capítulo de la presente investigación analizaremos los aspectos más relevantes del proyecto ALBA - TCP y sus aportes en la construcción de un regionalismo contra-hegemónico. Para ello primero nos introduciremos en la historia y desarrollo del ALBA - TCP y luego se estudiaremos detalladamente los proyectos de Empresas Grannancionales, la propuesta de la Nueva Arquitectura Financiera Regional, tribunal de inversiones y Petrocaribe.

Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP)

Uno de los fundamentos claves en la formulación de la propuesta regional es la recuperación de todo un legado histórico de los grandes intelectuales orgánicos y dirigentes de Nuestra América. En este sentido es que postula al ALBA - TCP en función de los idearios de Simón Bolívar y la Carta de Jamaica de 1815, de Simón Rodríguez, del Congreso de Panamá de 1824, de José Martí y la reivindicación de Nuestra América, de las luchas de Fidel Castro y el Che Guevara por la revolución socialista, de Mariátegui, de Sandino.

La propuesta del ALBA nace primeramente en contraposición de la estrategia interamericana de los Estados Unidos para América Latina y el Caribe en la post - Guerra Fría condensada en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). El ALCA, programado como la política de los Estados Unidos para el Siglo XXI, fue formulado durante la década de los noventa y se pensó llevar a cabo en la primera década del nuevo milenio. Sin embargo, la respuesta de los pueblos de Nuestra América dio dar marcha atrás en la propuesta de los Estados Unidos y generó un espacio político para debatir sobre un nuevo tipo de regionalismo. De este modo, es que urge pensar la integración regional como fortalecimiento de la autonomía de América Latina y el Caribe frente a las estrategias de dominación de los Estados Unidos. En la llamado de los libertadores de principios del siglo XIX frente a la Doctrina Monroe como así también en los procesos de integración regional contemporáneas ante la estrategia del ALCA y los TLC.

En la III Cumbre de las Américas desarrollada en Québec en 1999, los mandatarios de la región se encontraron negociando la propuesta hemisférica de los Estados Unidos del ALCA y se firmó un compromiso de puesta en funcionamiento en la próxima Cumbre de las Américas en 2005. La única delegación que estableció reservas en la firma de la Declaración final fue la venezolana. El presidente Chávez en el marco de la III Cumbre de mandatarios de la Asociación de Estados del Caribe en Venezuela en 2001 pronunció la propuesta del ALBA en contraposición a la iniciativa ALCA.

Frente al llamado de Chávez de construir el ALBA, Cuba adhirió al proyecto regional. En los años posteriores al anuncio de la iniciativa Venezuela sufrió el golpe de Estado en 2002 y lock out petrolero en 2003. Estos hechos supusieron una demora en el diseño de la propuesta regional por parte de Venezuela. Sin embargo, el gobierno bolivariano en este período conformó una comisión presidencial para abordar esta problemática y en 2003 divulgó el documento oficial titulado “de la integración neoliberal a la Alternativa Bolivariana para América Latina: Principios rectores del ALBA”. Según Linares y Guerrero Lugo, el documento “se centra en avanzar hacia niveles de crecimiento y bien vivir colectivo, ajeno de toda influencia de los organismos internacionales” (Linares y García Lugo 2010:321)

Finalmente, en 2004 se firmó la Declaración de La Habana entre Venezuela y Cuba. Dicho documento constituye el antecedente inmediato del proyecto de integración de la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA. En el mismo se plantearon los ejes fundamentes sobre los cuales se diseñó y construye la propuesta ALBA.

El ALBA tiene por objetivo la transformación de las sociedades Latinoamericanas, haciéndolas más justas, cultas, participativas y solidarias y que, por ello, está concebida como un proceso integral que asegure la eliminación de las desigualdades sociales y fomente la calidad de vida y una participación efectiva de los pueblos en la conformación de su propio destino. (Declaración conjunta, 2004).

Entre 2004 y 2007 se produjo la creación del Consejo de Movimientos sociales del ALBA y la adhesión de Bolivia (abril 2006) y Nicaragua (enero 2007). En la V Cumbre del grupo, los países miembro acordaron la creación de los proyectos grannacionales, figuras claves en la integración del ALBA. Linares y Guerrero Lugo consideran que a partir de dicha Cumbre se consolida la nueva estrategia de integración regional, “muy distinta a las iniciativas económicas establecidas en el marco de la teoría clásica del comercio internacional y de las relaciones internacionales” (2010:330). Complementariamente Schaposnik y Pardo afirman que “se instrumenta a través de una estructura institucional delineada luego de la V Cumbre celebrada en 2007 y completada paulatinamente con la creación de Consejo, Comisiones, Comités y Grupos de trabajo, relacionados con derechos humanos, soberanía y defensa de la naturaleza (Schaposnik y Pardo 2013:7). La creación del Banco del ALBA (2008) y del Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE) (2009) forma parte del capítulo económico - financiero de la integración del ALBA - TCP. Al respecto bien vale recordar el primer principio de la Declaración Conjunta entre Cuba y Venezuela del 2004

El comercio y la inversión no deben ser fines en sí mismos, sino instrumentos para alcanzar un desarrollo justo y sustentable, pues la verdadera integración latinoamericana y caribeña no puede ser hija ciega del mercado, ni tampoco una simple estrategia para ampliar los mercados externos o estimular el comercio. Para lograrlo, se requiere una efectiva participación del Estado como regulador y coordinador de la actividad económica. (Declaración conjunta, 2004).

Uno de los aspectos a resaltar en la iniciativa ALBA - TCP, es la incorporación de movimientos sociales en el diseño y desarrollo de la propuesta regional. En mayo de 2013 se llevó a cabo la primera asamblea continental de los movimientos sociales hacia el ALBA en la cual se definieron como ejes de trabajo comunes la comunicación alternativa, la formación política y la solidaridad. De esta forma se elabora un bloque regional inspirado en parámetros distintos a los de la teoría clásica de la integración y en contraposición a ciertos fundamentos de la teoría tradicional de las relaciones internacionales. Abandonar criterios estado-céntricos y mecanismos de integración unidimensionales para dar lugar a una mayor articulación entre los pueblos de Nuestra América tanto materia comercial como en aspectos de cooperación social, política, cultural, comunicacional, etc.

Otro de los aspectos relevantes del proyecto ALBA - TCP es el apoyo y cooperación con el pueblo de Haití. Los países miembros se comprometieron en llevar a cabo políticas regionales en pos de brindar ayuda humanitaria y solidaridad con Haití, diferenciándose de las políticas de intervención militar que han desarrollado otros Estados en el país.

El esquema teórico tradicional de la integración comprende que los proyectos regionalismo se inician con acuerdos libre comercio, emprenden un espiral de liberalización y apertura económica y se consolidan en el consenso político y el desarrollo institucional. La historia reciente del ALBA - TCP no se condice con dicha teorización siendo que los primeros y más importantes avances se dieron en el plano político, social e institucional. Ya en sus orígenes, forjándose como alternativa frente al proyecto imperialista del ALCA, los países miembros entendieron a la iniciativa ALBA como un espacio de discusión y resolución de políticas regionales bajo las premisas de la defensa de la soberanía popular y el fortalecimiento de la autonomía regional. En este sentido resaltan los posicionamientos frente al golpe de Estado en Honduras, los intentos de golpes en Bolivia en 2008 y Ecuador en 2010 y declaraciones frente a la crisis internacional, el cambio climático, la V Cumbre de las Américas, reconocimiento al derecho de autodeterminación de Puerto Rico y las recientes frente a la intervención estadounidense en Siria.

En la XI Cumbre se anunció la creación de un Consejo de Defensa del ALBA - TCP, se estableció la necesidad elaborar un mapa de mercancías para el comercio intrarregional. Este último, según el representante ecuatoriano, Diego Borjas, debe contener intercambios con lógicas de comercio distintas a la del capitalismo dentro de mecanismos unificadores como la CELAC y la UNASUR. Sin embargo estos objetivos no pueden desarrollarse de manera desarticulada, porque como bien señala García Lorenzo “no es un acto de voluntarismo político aplicado al comercio lo que asegurará la sustentabilidad del proyecto, se trata de crear las condiciones, aplicar políticas crediticias y financieras estimulativas, tales como los créditos a la exportación con segura de gobierno” (García Lorenzo 2012:219).

El proceso de integración en el marco de los países del ALBA - TCP se vio fuertemente interpelado tras el golpe de Estado en Honduras. El por entonces presidente hondureño Manuel Zelaya en agosto de 2008 había anunciado el ingreso del país al ALBA - TCP, sin embargo luego del golpe de Estado de junio de 2009, el presidente de facto Roberto Micheletti anunció el retiro de Honduras del ALBA en diciembre de ese mismo año.

El ALBA - TCP actualmente se encuentra integrado por Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname y Venezuela. Es un proyecto de integración regional basado a partir de los principios de cooperación, solidaridad, complementariedad, defensa de la soberanía y la autonomía. Aponte García inscribe al ALBA - TCP en lo que define como Nuevo Regionalismo Estratégico, involucrando la creación de un nuevo tipo de empresas, la concepción multi-dimensional del regionalismo y la articulación del proyecto regional con la noción de soberanías (Aponte García 2013). Es un proyecto de integración regional, que en el marco de la crisis global adquiere mayor relevancia, porque como afirma Gambina (2013), América Latina es laboratorio de construcción de alternativa.

En esta línea argumental, León refuerza las anteriores afirmaciones expresando que

El ALBA es sin duda el primer planteo de un socialismo latinoamericano y caribeño vernáculo en este siglo naciente, pues recoge la experiencia única de medio siglo de construcción del socialismo en Cuba, dialoga con principios originarios, como los de complementariedad y reciprocidades, y se proyecta hacia el futuro con una propuesta integral de sociedad, entre cuyos aspectos figuran re-significaciones de los modos de intercambio a gran escala, como plantea la propuesta del Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), un planteo que, más que de comercio, habla de intercambios basados en los cimientos de una alternativa civilizatoria, signada por los fundamentos del Vivir Bien/ Buen Vivir (León 2013:11)

Gráfico 1
Estructura del ALBA - TCP


Proyectos y empresas grannacionales

Propuestos como ejes fundamentales en la integración del ALBA - TCP, los proyectos y las empresas grannacionales fueron postulados en contraposición del funcionamiento de las empresas trasnacionales. Al respecto es posible señalar tres fundamentos en los proyectos grannacionales: uno histórico y geopolítico (vinculado a las nociones de soberanía nacional y regional), otro socio - económico (asociado a los objetivos de integración comercial y económica) y otro ideológico (elaborado a partir de la crítica a la globalización neoliberal y el paradigma ortodoxo).

En la VI cumbre del ALBA en enero de 2008, los países miembro acordaron la firma de un documento en el que se conceptualizan los proyectos y empresas grannacionales. Los proyectos grannacionales son programas destinados a cumplir con los objetivos del ALBA - TCP e involucran a dos o más países en su materialización. Mientras que las empresas grannacionales son empresas mixtas conducidas por dos o más Estados de la región cuyo objetivo es robustecer el comercio intrarregional y crear una zona de comercio justo. Sin embargo, no todo Proyecto Grannacional debe convertirse en una Empresa Grannacional, pero sí toda Empresa Grannacional debe ser el producto de un Proyecto Grannacional. Según el documento oficial de la VI cumbre

El concepto de Empresas Grannacionales surge en oposición al de las empresas transnacionales, por tanto, su dinámica económica se orientará a privilegiar la producción de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades humanas garantizando su continuidad y rompiendo con la lógica de la reproducción y acumulación del capital.

Las iniciativas grannacionales se corresponden con el esquema de integración del ALBA - TCP y más específicamente con las nociones de políticas comerciales y financieras a las que adhieren los países de la región. Al respecto bien vale recordar el siguiente pasaje de la Declaración Conjunta entre Venezuela y Cuba de 2004

El comercio y la inversión no pueden ser concebidos como fines en sí mismos, sino instrumentos para alcanzar un desarrollo justo y sustentable; el trato especial, diferenciado que tenga en cuenta el nivel de desarrollo de los diversos países y la dimensión de sus economías; la complementariedad económica y la cooperación entre los países participantes; el fomento de las inversiones de capitales latinoamericanos en la propia América Latina y El Caribe (ALBA 2004)

Uno de los proyectos grannacionales que mayor desarrollo ha tenido es el que contiene el objetivo de erradicar la analfabetización en los países de la región. Inspirado en el programa cubano de alfabetización “yo sí puedo”, los países de la región cumplieron con una de las metas de los Objetivos del Nuevo Milenio de Naciones Unidas más importantes. De esta forma Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua lograron alfabetizar a sus pueblos.

Las empresas grannnacionales, según el documento oficial del ALBA - TCP, se rigen a partir de cuatro parámetros: 1) noción de integración productiva y complementariedad entre las naciones; 2) producción destinada prioritariamente a satisfacer el consumo final o industrial del mercado intrarregional, en vistas de conformar la zona de comercio justo; 3) la eficiencia productiva y auto-sustentabilidad de las empresas; 4) principios de complementariedad, solidaridad, cooperación, reciprocidad y convivencia armoniosa del hombre con la naturaleza.

El desarrollo de estas iniciativas encuadradas en el esquema integracionista ALBA - TCP es potenciado debido a que los Estados de la región han llevado a cabo procesos de nacionalización de recursos naturales.

Tribunal de inversiones

En marzo de 2013, el gobierno ecuatoriano oficializó la propuesta de creación de una comisión regional de Auditoría sobre los Tratados Bilaterales de inversiones. La propuesta encabezada por el presidente Rafael Correa nace principalmente a partir de las denuncias realizadas por la petrolera norteamericana Chevron - Texaco. La empresa fue denunciada por contaminación en la zona de la Amazonía ecuatoriana durante su presencia en el período 1972 - 1992. En el marco de la estrategia de las Empresas Transnacionales condensada en la firma de Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y en el recurso del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), Chevron demandó al Estado ecuatoriano por un tratado firmado 1997. La aplicación del tratado es realizada de manera retroactiva, siendo que el mismo fue signado cinco años después de que la empresa haya dejado de operar en Ecuador13.

Según Correa, Chevron tiene cerca de 60 firmas trabajando en esto, para no acatar la sentencia del tribunal ecuatoriano y hundir al país. Más de 1.000 abogados han trabajado en esto, más de 400 millones han gastado -cifra sin precedente para la defensa- y tratar de evitar asumir sus responsabilidades y hundir al país en una campaña de desprestigio”14.

La Comisión postulada por Ecuador incluye la elaboración de una auditoría del CIADI, a la UNCITRAL (Tribunal de Naciones Unidas para el Derecho Comercial), sus consejos, tribunales y árbitros. La Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones (CAITISA) se encuentra adscripta a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). Toma como fundamento el artículo 33915 de la Constitución Política de Ecuador de 2008.

Las funciones de la Comisión son las de examinar y evaluar el proceso de firma y negociación de TBI y otros acuerdos de inversión; el contenido y compatibilidad de los mismos con la legislación del Ecuador; la validez y la pertinencia de las actuaciones y los procedimientos adoptados y los laudos y decisiones emitidos por los órganos y jurisdicciones del arbitraje internacional en materia de inversiones, con el fin de determinar la legalidad, legitimidad y licitud de sus decisiones e identificar inconsistencias e irregularidades que hayan provocado o puedan provocar impactos al Estado ecuatoriano en términos económicos, sociales y ambientales, y a los pueblos y nacionalidades. Asimismo, la CAITISA plantea la elaboración de una Auditoría integral ciudadana de los TBI, del arbitraje internacional y de los órganos y jurisdicciones a los que los TBI transfieren competencia para el Tratamiento de controversias en materia de inversiones.

La CAITISA postula:

1. Determinar las motivaciones y sustento de la firma y suscripción de los TBI

2. Evaluar el impacto social, económico, ambiental y jurídico;

3. Determinar las obligaciones que se hayan derivado o puedan derivarse para el Estado ecuatoriano;

4. Identificar inconsistencias o disposiciones y cláusulas que se consideren inconformes con el derecho ecuatoriano y el derecho internacional público;

5. Examinar actuaciones, laudos y decisiones arbitrales en los que pueda detectarse conflictos de interés, interpretación o aplicación errónea del derecho internacional o ecuatoriano; condenas y montos pagados en virtud del cumplimiento de laudos arbitrales; rol de los terceros financiadores, en caso de existir.

6. Evaluar el proceso operativo y desempeño económico, social y ambiental de empresas que llevaron a cabo acciones contra el Estado ecuatoriano;

7. Determinar la existencia de probables indicios de responsabilidades civiles, penales y administrativas para derivarlas a las autoridades pertinentes;

8. Proponer medidas jurídicas y políticas alternativas respecto de los acuerdos de Inversión y del Sistema de Arbitraje Internacional en materia de inversiones; e,

9. Investigar cualquier otra información o circunstancia que se considere pertinente.

La Comisión Integral Ciudadana para la Auditoría de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional (CAITISA), se encuentra integrada por cuatro representantes de instituciones del Estado16, cuatro expertos o investigadores internacionales provenientes de organizaciones de la sociedad civil y cuatro representantes de las organizaciones y/o movimientos sociales con experiencia en derecho internacional y/o derecho de inversiones y/o arbitraje internacional.

La iniciativa del Ecuador ha sido la base para el desenvolvimiento de un debate regional en el marco del ALBA, recuperando experiencias nacionales e interpelando el desarrollo de cada país en materia de inversiones.

El ALBA - TCP en 2013 decidió crear el Observatorio Internacional para combatir los abusos de las Empresas Transnacionales. En la reunión interministerial de Guayaquil (mayo de 2013) los países miembros del ALBA - TCP y República Dominicana firmaron la creación del Observatorio con el fin de dar cuenta del estado de los litigios internacionales en materia de inversiones externas17.

La I Conferencia Ministerial de Estados Latinoamericanos afectados por intereses de Transnacionales. Se planteó la posibilidad de reformar instancias arbitrales y la constitución de espacios regionales para la resolución de controversias en materia de inversiones. La propuesta ALBA - TCP de este modo apoya el proceso iniciado en el marco de la UNASUR por construir mecanismos alternativos al CIADI.

Los países acordaron en coordinar la defensa conjunta de acciones jurídicas a través de equipos legales internacionales de expertos y abogados, y en diseñar estrategias de comunicación como contrapeso a las campañas globales emprendidas por las compañías transnacionales.

Nueva arquitectura financiera regional

La propuesta de Nueva Arquitectura Financiera Regional (NAFR) ha sido diseñada y puesta en funcionamiento en dos esquemas de integración de América Latina y el Caribe (la UNASUR y el ALBA - TCP) y también ha sido incluida en el programa de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). La iniciativa se compone a partir de la articulación de tres pilares: un banco de desarrollo de nuevo tipo, un fondo de reservas regional y un sistema de compensación de pagos en perspectiva a una moneda regional. Esta se consagra como una propuesta integral en el debate político global sobre la reforma/restauración/legitimación del complejo institucional y normativo que rige sobre las relaciones financieras y monetarias a escala global, es decir, la NAFR se inscribe en el debate sobre la Arquitectura Financiera Internacional.

La propuesta NAFR tiene un antecedente nacional y uno regional. Primero, fue formulado como una política pública del Estado ecuatoriano tras la crisis de los años 1999 y 2000, en la cual participaron activamente organizaciones sociales y movimientos populares. Luego, en el marco de la discusión multilateral en torno al Banco del Sur, la comisión integrada por representantes del gobierno ecuatoriano y por intelectuales invitados bosquejó una propuesta de institución regional siguiendo los pilares de la NAFR. Posteriormente, al calor del debate continental sobre la construcción de alternativa(s) a la crisis global, la propuesta de la NAFR se resignifica y adquiere mayor la relevancia en los esquemas de integración de América Latina y el Caribe (UNASUR, ALBA - TCP y CELAC). Los tres pilares de la NAFR contienen objetivos complementarios y requieren una fuerte articulación y coordinación en instancias multilaterales o supranacionales. Sin embargo, esto no invalida el desarrollo autónomo de cada una de las iniciativas y su adaptación a las condiciones políticas, económicas y sociales de los países de la región. De esta forma es que es posible comprender la materialización de la propuesta NAFR en tres iniciativas regionales correspondientes a dos proyectos regionales: El Banco del Sur en el marco de la UNASUR y el Banco del ALBA y el Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE) en el marco del ALBA - TCP.

A partir de la VI Cumbre del ALBA en enero de 2008 y de la III Cumbre extraordinaria en noviembre del mismo año, los países de la región iniciaron un proceso de consolidación de la NAFR. El Consejo Económico del ALBA - TCP oficia como espacio para la coordinación de políticas y proyectos de integración financiera, cooperación monetaria y complementariedad comercial. Entre sus objetivos, el Consejo se propone planificar la política productiva de la región, articular y coordinar los proyectos grannacionales, fortalecer el comercio intrarregional, consensuar políticas entorno a los bienes comunes, reducir las asimetrías entre los países y apoyar las iniciativas del Banco del ALBA y el SUCRE. Posteriormente, en febrero de 2012 se formalizó la creación del Espacio Económico del ALBA, EcoALBA, con el mandato de fortalecer los lazos regionales, crear un espacio para el comercio justo y consolidar el Banco del ALBA y el SUCRE. Refiriéndose al área económica del ALBA - TCP, el canciller venezolano Elías Jaua considera que el desarrollo de éste último implica pensar

Cómo hacer sustentables las políticas sociales que hemos venido construyendo, lo que solo se puede lograr si nuestros países avanzan hacia un proceso acelerado de industrialización para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo y crear un espacio de intercambio de mercancías en condiciones preferenciales dentro de los países que integran el ALBA (León 2013:18)

El proceso de integración financiera y monetaria desarrollado en el ALBA - TCP se corresponde con la constitución de una nueva paradigma en el regionalismo y con la confluencia de ciertos aspectos políticos, económicos y sociales presentes en los países de la región. Una de las condiciones políticas más importantes a la hora de pensar la integración regional radica en las cuentas nacionales de los Estados miembros del acuerdo. En este sentido, los importantes saldos de acumulación de reservas internacionales habilitan el debate en torno al uso de dichos fondos y la confluencia en una política regional.

Gráfico 2
Reservas internacionales de los países del ALBA - TCP (en millones de dólares)


Banco del ALBA

El Banco del ALBA fue creado en el año 2008 en el marco de la explosión de la crisis global y con el antecedente de la firma del Acta Fundacional del Banco del Sur (diciembre de 2007). En enero de 2008, Bolivia, Nicaragua, Cuba y Venezuela firmaron el Acta Fundacional del Banco del ALBA y posteriormente, en noviembre del mismo año, signaron el Convenio Constitutivo de la entidad. Finalmente, entre julio y agosto de 2009 se produjeron las ratificaciones parlamentarias que habilitaron la entrada en vigencia de la institución. En 2011 San Vicente y las Granadinas se asociaron al Banco, y en 2012 se sumó Dominica.

Según los documentos oficiales de la institución, el Banco del ALBA fue creado con los objetivos de coadyuvar al desarrollo económico y social sostenible, reducir la pobreza y las asimetrías, fortalecer la integración, promover un intercambio económico justo, dinámico, armónico y equitativo entre los miembros del ALBA, inspirado en los principios de solidaridad, complementariedad, cooperación y respeto a la soberanía de los pueblos (Banco del ALBA 2008). Mencionados objetivos conducen a una fuerte articulación entre el Banco y los proyectos y empresas grannacionales. De esta forma, el Banco del ALBA ha financiado los proyectos ALBA Educación (plan de alfabetización y post - alfabetización), ALBA Salud, ALBA MED, entre otros. Expuesto como ejemplo de la banca de desarrollo de nuevo tipo, el Banco del ALBA posee características que lo distinguen de los bancos de desarrollo tradicionales. Una institución que opera en el ALBA - TCP con objetivos e instrumentos diferentes y que se propone garantizar la soberanía financiera, alimentaria, energética, de los recursos naturales y de la salud, y al mismo tiempo garantizar una progresiva autonomía de la región. La banca de desarrollo de nuevo tipo incorpora a sujetos y organizaciones (como lo son las cooperativas, organizaciones sociales y experiencias de la economía popular) excluidas en el financiamiento de las entidades tradicionales. Otro rasgo distintivo es el sistema de gobierno al interior de la institución: un país, un voto.

Asimismo, el Banco del ALBA cuenta con un monto de 1.000 millones de dólares como capital suscripto y 2.000 millones de dólares de capital autorizado. En 2012, los países miembro acordaron incrementar los fondos del Banco a través de la capitalización del Banco con el 1% de las reservas internacionales de los países miembros. Teniendo en cuenta las reservas internacionales de los miembros de la institución, los países se comprometieron a dotar al Banco del ALBA con 428,4 millones de dólares.

Gráfico 3 Estructura del Banco del ALBA


Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE)

El Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE) se corresponde con el pilar monetario de la NAFR. Con el objetivo de fortalecer la soberanía monetaria regional y la coordinación macroeconómica, los países del ALBA - TCP establecieron un mecanismo inspirado en proyectos regionales anteriores (como la Cámara de Compensación Recíproca de la ALADI y el Sistema de Pagos con Monedas Locales entre Argentina y Brasil) como así también a partir de experiencias de la economía popular y las finanzas solidarias. El SUCRE es una de las propuestas más novedosas en el regionalismo del ALBA - TCP.

En octubre de 2009 Cuba, Venezuela, Ecuador y Bolivia firmaron el Tratado Constitutivo del SUCRE. En enero de 2010 se realizó la primera transacción a través del Sistema entre Cuba y Venezuela. En 2013 se formalizó el ingreso de Nicaragua al SUCRE y en marzo de este mismo año Uruguay adhirió al sistema a pesar de no ser miembro del ALBA - TCP. El SUCRE se encuentra compuesto por el Consejo Monetario Regional (CMR), máximo órgano del sistema, la Unidad de Cuenta Común “SUCRE”, como moneda fiduciaria y unidad de cuenta del sistema (sucres - XSU), la Cámara Central de Compensación (CCC) y el Fondo de Reservas y Convergencia Comercial (FRCC). Los Fondos de Convergencia Estructural se conforman como elementos claves para el cumplimiento del objetivo de reducción de asimetrías en la integración del ALBA - TCP.

Si bien el SUCRE, como pilar de la NAFR, es presentado como un espacio de cooperación monetaria y de articulación entre los bancos centrales camino a una moneda regional, en una primer etapa se estableció que el sistema funcione como una moneda virtual a partir de la conformación de una canasta de monedas. Esta última es el resultado de la evaluación de la economía nacional y del establecimiento de la convertibilidad del sucre con otras divisas. El valor del sucre, de arranque en 2010 fue establecido por 1,25 dólares por 1 XSU. Tal valor se mantuvo relativamente estable desde el inicio del Sistema: 1,2500 dólares iniciales en enero 2010, 1,2503 al cierre de 2010, 1,2509 en 2011 y 1,2509 en 2012. El sistema se basa en un sistema entre los bancos centrales de los países miembros y la participación de bancos autorizados en los sistemas financieros nacionales. Primero el importador y el exportador acuerdan las condiciones de la transacción, luego se firma el contrato comercial, posteriormente ambos informan a un
Banco Operativo Autorizado sobre la negociación, después el Sistema Informático del SUCRE (SIS) registra la operación e instruye a los Bancos Centrales de los países en los que actúan el importador y el exportador a realizar la conversión de la moneda local en sucres y finalmente autoriza la transacción en moneda local a la cuenta del exportador, en un plazo menor a las 48 horas.

Gráfico 4
Operación en el Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE)


A diferencia de otros proyectos, el SUCRE no es un sistema que excluye la utilización de otros mecanismos y otras monedas. Uno de los objetivos centrales del SUCRE es des-dolarizar las economías de la región. De esta forma, incentivando el uso de monedas nacionales y la conformación de una canasta de monedas, el SUCRE asume la materialización de otro de los objetivos del ALBA - TCP: promover un régimen de “ventajas cooperativas”. Según Cerezal et al, este término define un régimen comercial en el que cada país pone sus ventajas comparativas para la producción de determinados bienes y servicios al servicio de la complementariedad entre las economías nacionales a partir de un esquema de cooperación basado, más que en el intercambio competitivo, en un intercambio solidario y en la existencia de intereses y necesidades mutuas (Cerezal et al. 2013:155)
El objetivo de fortalecer el comercio intrarregional que asume el SUCRE debe ser contextualizado a partir del análisis de la historia de relaciones comerciales de los países de la región. Como queda expuesto en el siguiente gráfico, los miembros del ALBA no poseen antecedentes inmediatos de grandes flujos comerciales al interior del bloque. Sin embargo desde la creación del ALBA - TCP, y posteriormente del SUCRE, dicho índice creció considerablemente.

Gráfico 5
Comercio Intrarregional países del ALBA - TCP (en porcentaje)


Los primeros años del SUCRE evidencian un importante crecimiento en el uso del sistema. Como puede verse en el siguiente gráfico, desde su constitución hasta la actualidad, el uso del Sistema se incrementó un 196% en el año 2011 con respecto al 2010 y un 306% en el año 2012 con respecto al año 2011. Según el informe del Consejo Monetario del SUCRE se estima que para 2013 se realicen transacciones por el valor de XSU 1.700 millones. En este período se destacan las importaciones de Venezuela (representando el 92,8% de las importaciones en sucres en 2012, el 60,7% en 2011 y el 83,6% en 2010) y las exportaciones ecuatorianas, que en función de los datos de 2011 y 2010 significó el 78,6% de las ventas a través del SUCRE, seguido por Venezuela con 16,1% mientras que Bolivia representa el 4,3% y las de Cuba el 0,9%.

Gráfico 6
Operaciones SUCRE (en millones de sucres, XSU)


Petrocaribe

La integración energética en el marco del ALBA - TCP tiene como fundamento la política energética de Venezuela. Al respecto Aponte García identifica a la gestión del presidente Chávez de la Empresa PDVSA con la economía política internacional del petróleo. En este marco se señala una doble contradicción “los mayores consumidores de petróleo no son los más grandes poseedores de las reservas comprobadas de petróleo, y en muchos de los países con las mayores reservas el recurso está en manos de compañías nacionales asociadas a la OPEP, mientras que los países de consumo alto no tienen compañías nacionales de petróleo y dependen de petroleras internacionales” (Aponte García 2013:9) Y es entre estas contradicciones en las que se construye el concepto de soberanía petrolera. Según la autora citada, la soberanía petrolera es “una respuesta a las contradicciones entre compañías petroleras nacionales y las privadas internacionales y como una alternativa relacionada con el socialismo del siglo XXI” (op. cit.)

En este proceso se condensan las políticas recuperación del control del Estado en la PDVSA venezolana, la renacionalización de la YPFB boliviana y el decreto ecuatoriano de utilización del 99% de las ganancias extraordinarias. En 2005 se creó la iniciativa de PetroCaribe en el marco del Acuerdo de Cooperación Energética. A la fecha, de la iniciativa participan Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Venezuela y Suriname.

Los principios de PetroCaribe definidos en el acuerdo son los de Unión, solidaridad, cooperación, complementariedad, seguridad energética, desarrollo socioeconómico, empelo soberano de los recursos energéticos, visión conservacionista y mirada hacia el sur.

Si bien el peso de las exportaciones petroleras de Venezuela es superlativo en la región, en el marco de PetroCaribe se esbozaron precios a escala ajustable. Los países miembro tienen un período de gracia de dos años para iniciar el repago. Este último se compone de la siguiente manera: el 50% de la parte del pago puede realizarse mediante el intercambio de productos, el 25% crédito al gobierno del país importador y el otro 25% al Fondo del ALBA Caribe administrado por PDVSA.

En 2013, PetroCaribe ha brindado suministro energético equivalente al consumo de 83 millones de personas, 232 millones de barriles de petroleó a los países miembro. Según el ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, Petrocaribe se ha convertido en una de las “herramientas fundamentales para asegurar más del 40% del consumo energético en la región caribeña (…) además, Petrocaribe impulsa 88 proyectos de desarrollo social, en beneficio de 12,2 millones de personas, así como el financiamiento de 109 iniciativas adicionales”19.

Sin embargo, entre 2008 y 2009 en el marco de la crisis global se produce una importante caída del precio internacional del petróleo y al mismo tiempo, una considerable reducción en la producción de petróleo crudo en Venezuela, interpelando así el desarrollo de PetroCaribe. Al respecto, Munevar considera que aunado al reciente fallecimiento de Hugo Chávez, un cambio en las condiciones de venta de crudo establecidas por Petrocaribe debilitarían seriamente la dinámica de la integración regional (…) Sin petróleo para financiar los acuerdos de integración es necesario analizar si existe la voluntad por parte de otros países de mantener los esquemas implementados hasta el día de hoy. La mencionada falta de diversificación parece indicar una respuesta negativa a esta pregunta” (Munevar 2013).

Capítulo 3: Balance de proyectos de integración contrapuestos ¿Regionalismo hegemónico asimétrico y desintegrador o integración de los pueblos?

En los capítulos anteriores se lograron identificar elementos que caracterizan los proyectos regionales presentes en la región. En este sentido, se indagaron por un lado, elementos de la integración hegemónica en función de la estrategia imperial, y el por otro lado, se establecieron los elementos que permiten repensar la integración regional a partir de propuestas alternativas. Dichas perspectivas se manifiestan en los diversos proyectos de integración. Los guían y condicionan. Sin embargo tales perspectivas contradictorias también logran convivir en algunos proyectos aún no definidos y que cuya definición depende de su puesta en funcionamiento y de la voluntad política expuesta en ellos.

Estos debates se encuentran presentes en las reuniones multilaterales realizadas en la región y en el diseño de políticas de los países latinoamericanos. Muestra de ello es la actual situación del Banco del Sur: una iniciativa regional postulada en la segunda mitad del primer decenio del siglo XXI que luego de haberse firmado dos documentos oficiales (el Acta Fundacional en 2007 y el Convenio Constitutivo en 2009) y de haberse producido las correspondientes ratificaciones parlamentarias (2011), recién en junio de 2013 se llevó la primer reunión del Consejo de Ministros. En la creación de la institución y en las distintas instancias multilaterales en las que el Banco del Sur formó (y forma) parte de la agenda, se desarrolla un debate sobre qué tipo de banco debe ser, qué debe financiar y bajo cuáles perspectivas. ¿El Banco del Sur debe financiar a los mismos proyectos de infraestructura que financia el BID o el Banco Mundial? O ¿El Banco del Sur debe constituirse como pilar de la integración de los pueblos?

Al realizar un balance sobre los proyectos analizados, es posible realizar las siguientes consideraciones:

1. La crisis global involucra sin lugar a dudas un gran desafío para los proyectos regionales analizados. Por un lado representa un desafío en la estrategia imperial y las instituciones financieras que intervienen en la región. Por otro interpela a los proyectos de integración alternativos en un contexto de volatilidad cambiaria, inestabilidad económica y recesión. Deben ser estos últimos los que constituyan una salida regional alternativa para los pueblos de la región.

2. Resulta necesario interpretar la integración más allá de “lo comercial”. En este sentido, al estudiar el proyecto imperialista de regionalismo, al que denominamos liberalismo asimétrico y sin reciprocidad, incluye proyectos de liberalización económica, apertura comercial como así también aspectos políticos, militares, de seguridad. En contraposición a tal perspectiva emerge el proyecto Nuevo Regionalismo estratégico definido Aponte García (2013). Este último comprende la articulación de tres ejes fundamentales: concepción multidimensional del regionalismo (más allá del aspecto económico-comercial), la promoción de nuevo tipo de empresas (las empresas grannacionales) y la vinculación la noción de soberanía (soberanía alimentaria, financiera, monetaria, energética, política).

3. El programa del regionalismo desintegrador en función de los intereses imperialistas, pretende desarticular los procesos de regionalismo en América Latina y el Caribe. En este sentido, como pudo evidenciarse en el capítulo 1 de la presente investigación, la reducción de espacios de fortalecimiento de soberanías y la limitación de los canales de comunicación y coordinación de políticas entre los pueblos de la región beneficia a los intereses de potencias capitalistas centrales y refuerza la relación de dependencia.

4. El inminente rol político de los proyectos regionales. En lo que concierne a los proyectos hegemónicos, desde su inicio han sido elaborados con clara connotación política en función de la política exterior de los países centrales, en particular de los Estados Unidos. Ejemplo de esto son la propuesta ALCA hacia finales del siglo XX en el contexto de post - Guerra Fría y principios del XXI Alianza Transpacífico en la actualidad. Razón por la cual pueblos soberanos y Estados de Nuestra América han desarrollado propuestas regionalistas con el objetivo de garantizar la autonomía de la región, en primer lugar, y para fortalecer la soberanía de los pueblos de América Latina y el Caribe. En este sentido es que puede comprender la propuesta bolivariana de integración regional del siglo XX frente a la Doctrina Monroe, como así también la propuesta del ALBA - TCP (primero como freno a la estrategia del ALCA, y luego como iniciativa regionalista integral).

5. Por otro lado, la integración hegemónica desintegradora se caracteriza por sus significados asimétricos, unilateral y geoestratégico. Este último aspecto ubica a los proyectos hegemónicos en función de la estrategia imperial para América Latina y el Caribe, es decir ubica a la región como reserva estratégica de los Estados Unidos. La creación del corredor biológico e infraestructura para el saqueo de los recursos naturales de la región se corresponde entonces con tal objetivo. Como bien fue analizado en el capítulo 1, el rol del Banco Mundial en la región se condice mencionado objetivo.

6. Otro aspecto derivado del anterior hace referencia al rol de las instituciones financieras en la región, aquellas incluidas en la denominación de vieja arquitectura financiera internacional. Como bien fue señalado, los actores que intervienen en la captura de los recursos naturales son los Estados capitalistas (periféricos y centrales), los organismos financieros internacionales y las empresas transnacionales. Frente a esta política, la integración contra-hegemónica supone una rediscusión sobre el uso y preservación de los bienes comunes. En este sentido bien vale señalar que en los principios y acciones de las empresas y proyectos grannacionales, el Banco del ALBA, del Tratado de Comercio de los Pueblos tienden hacia este sentido, incorporando a otros actores (como los movimientos sociales) y limitando el accionar de otros (empresas transnacionales).

7. Asimismo, estas instituciones inciden el desarrollo de los proyectos regionalistas (en la estrategia desintegradora) como así también en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas de los países. Reflejo de esto el Banco Mundial y el condicionamiento (explícito como implícito) de las políticas del Estado argentino (por ejemplo la discusión de la ley de semillas). Frente a esto surge la premisa de que las instituciones financieras incluidas en el regionalismo contra-hegemónico de no - condicionamiento en las operaciones de tales instituciones.

8. Por otro lado, la experiencia regionalista de la NAFR conduce a repensar los modelos de integración, el rol de la banca desarrollo, de los bancos centrales y de la moneda. Tanto la experiencia del Banco del ALBA en contraposición a la banca de desarrollo tradicional (Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo) como el SUCRE en contraposición de la integración monetaria de la zona euro, conllevan un debate en la economía política. Qué financiar, cómo se da ese financiamiento, qué modelo productivo incentivar, son preguntas que se desprenden en este sentido.

9. Uno de los objetivos de la integración contra-hegemónica es el de superar el superar el extractivismo y el modelo productivo primario exportador. A pesar de haber sido expresado en determinadas instancias regionales, dicho objetivo no ha sido llevado a cabo. Son las organizaciones sociales y el movimiento popular nuestroamericano quienes pugnan fuertemente por la construcción de un nuevo modelo productivo, involucrando una política diferenciada hacia los bienes comunes. Ejemplo de esto son las luchas contra la megaminería, la sojización y el fracking, como así también es posible encontrar elementos para la discusión sobre modelo productivo e integración regional en la experiencia alternativa diseñada en el marco de la preservación del Yasuní - ITT en Ecuador. Sin embargo, en los proyectos regionalistas (incluso en los más avanzados, como en el ALBA - TCP) el desarrollo de los mismos depende en gran medida de los recursos obtenidos por el modelo extractivo primario exportador, en particular del petróleo.

Como conclusión del presente trabajo debe señalarse la importancia de América Latina y el Caribe como escenario de disputa. Por un lado, como espacio en el cual se ensayan y revisan las estrategias imperiales colocando a la región como reserva estratégica de los Estados Unidos; y por el otro lado la región en la cual se construyen y desarrollan las propuestas alternativas de integración regional poniendo en discusión los modelos productivos en América Latina y el Caribe.

Sobre los autores:
- José Francisco Puello Socarrás es politólogo, Ms Administración Pública y Doctorando en Ciencia Política. Docente de la Universidad Nacional de San Martín. Investigador de la Fundación de investigaciones Sociales y Políticas (FISyP)
- Juan Fal es licenciado en Economía (UBA), Magíster en Finanzas (UTDT) y Doctorando en Estudios Latinoamericanos (UNAM). Investigador-docente asistente de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Investigador de la Fundación de investigaciones Sociales y Políticas (FISyP)
- Lucas Castiglioni es licenciado en Relaciones Internacionales (UNICEN). Investigador de la Fundación de investigaciones Sociales y Políticas (FISyP).

Notas:
1) Llama la atención - aunque no debe sorprender - que, inclusive, pensadores neoliberales “críticos” del neoliberalismo, como el premio nobel de economía, Joseph Stiglitz han denunciado esta situación recientemente dentro del debate del Libre Comercio. No obstante, habría que subrayar que si bien para Stigltz no existen dudas sobre la realidad actual de un Libre Comercio “dirigido, que coloca por delante los intereses empresariales, y un proceso de negociaciones que no es democrático ni transparente” (Stiglitz, 2013), y en este sentido, se constituye en una “farsa”, la “crítica” tiene como trasfondo llamar hacia la construcción de un Libre Comercio “auténtico”, lo cual no nos deja con otra opción de interpretación: “neoliberalizado”.
2) Traducción libre a cargo de José Francisco Puello-Socarrás.
3) En los términos de Quiñónez Páez, una conciencia estratégica americana y en cual se piensa la política regional en donde, de alguna manera, co-existen “drivers” de volatización del conflicto los cuales, si bien podría decirse, son “de menor escala”, siguen planteando grandes desafíos geopolíticos nunca desestimables: “Ingobernable no sólo por tener una dirección ilegítima, sino por la ausencia de controles respecto de las dinámicas de expansión y tecnología que, como tales, generan desigualdad económica, exclusión social e impactos culturales” (Quiñonez Páez 2002:22)
4) CIA, Latinoamérica 2020: pensando los escenarios de largo plazo, Conclusiones del seminario realizado en Santiago de Chile los días 7 y 8 de junio de 2004, en el marco del Proyecto Global Trends 2020 del National Intelligence Council de los Estados Unidos, p. 13.
5) En esto llama la atención que organismos que en el pasado interpelaban la integración convencional, como la CEPAL, se muestren ahora proclives a estos formatos. Recientemente, en la VI Reunión Ministerial el Foro de Cooperación América Latina - Asia del Este (FOCALAE) (Bali, 13 y 14 de junio 2013) y que reunió a las autoridades gubernamentales de 36 países de América Latina y Asia del Este en un diálogo "región a región" la CEPAL y la Comisión Económica para Asia y el Pacífico (ESCAP) se mostraron en disposición a colaborar con el FOCALAE para promover el monitoreo de las políticas públicas en áreas como la facilitación del comercio, la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas y el desarrollo de redes de producción y cadenas de valor.
6) Barreda, (2002); Bartra, (2002); Sandoval Palacios, (2002).
7) El BID, BM, CEPAL y algunas universidades norteamericanas fueron algunas de las instituciones que elaboraron documentos para justificar lo conveniente de llevarse a cabo el Plan Puebla Panamá. Al respecto, véase Barreda, (2002).
8) Ámbito Financiero 1988, citado en Corbalán, 2002.
9) Clarín 1988 abril “El BIRF, un negocio entre grandes”. Citado en Corbalán, 2002.
10) Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA). Es un proyecto impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fonplata y la Cooperación Andina de Fomento (CAF).
11) Para mayor información, véase World Bank (2012). El título del trabajo es muy claro: “Inclusive Green Growth. The Pathway to Sustainable Development”.
12) http://alba-tcp.org/content/estructura-y-funcionamiento-alba-tcp
13) A lo que Correa agrega: “Fíjense la doble moral: ¿Se acuerdan del caso Pinochet, cuando se lo apresó en Inglaterra? Pinochet, claramente un criminal que mató a miles de personas, pero el tribunal inglés dijo «no, esos asesinatos fueron entre 1980 y 1986 y el Tratado y la Convención de Roma, que castiga el genocidio, fue ratificado por Chile en la década de los 90, así que no se puede aplicar retroactivamente el Tratado, vaya libre señor Pinochet», ahí sí, para liberar a genocidas, cómplices de estas potencias internacionales, no se aplica retroactividad, y es lo correcto, aunque a Pinochet se lo pudo acusar de muchas otras cosas” en http://www.andes.info.ec/econom%C3%ADa/ecuador-impulsar%C3%A1-auditor%C3%ADa-regional-develar-abusos-trasnacionales.html 9 de marzo de 2013
14) http://cadtm.org/Ecuador-crea-una-Comision-de 13 de marzo de 2013. 15 “El Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras, y establecerá regulaciones específicas de acuerdo a sus tipos, otorgando prioridad a la inversión nacional (…) la inversión extranjera directa será complementaria a la nacional, estará sujeta a un estricto respeto del marco jurídico y de las regulaciones nacionales, a la aplicación de los derechos y se orientará según las necesidades y prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en los diversos planes de desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados” (Constitución Ecuador, 2008:art.339)
16) De la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Secretaría Nacional de la Política, del Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio e Integración y de la Secretaría Nacional Jurídico de la Presidencia de la República.
17) http://www.alba-tcp.org/contenido/ministros-del-alba-se-reunen-para-analizar-abusos-de-las-transnacionales-22-de-abril-de-201
18) Procedimiento detallado en http://www.sucrealba.org/index.php?q=content/funcionamiento-del-sucre
19) Intervención de Ramírez en el 11º Consejo Ministerial en Haití, septiembre 2013. En http://www.petrocaribe.org/index.php?tpl=interface.sp/design/salaprensa/readmenu.tpl.html&newsid_obj_id=941&newsid_temas=1

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