lunes, 13 de enero de 2014

La connotación de los términos políticos

Manuel E. Yepe (especial para ARGENPRESS.info)

La propaganda corporativa para promover la hegemonía y la dominación del capitalismo tiene como una de sus armas más sistemáticas la manipulación de los términos del lenguaje político y económico en la información.

No más de diez megacorporaciones poseen y controlan los grandes medios de información de Estados Unidos, además del negocio del entretenimiento y la cultura de masas. Abarcan el mundo editorial, el de la música, el cine, la producción y distribución de los programas de televisión, las salas de teatro, la Internet y los complejos recreativos tipo Disney World, no sólo en su país sino similarmente en buena parte del hemisferio occidental, Europa y el resto del mundo. Con este vasto emporio propagandístico bajo su control, a la élite del poder, que constituye el verdadero supergobierno de los Estados Unidos, le resulta factible imponer modas y maneras a la información y la publicidad, a escala global.

Así, han logrado identificar con características propias de su ordenamiento político, económico y social términos como democracia, libertad, derechos humanos y tantos otros cuando justamente es en la esencia del orden capitalista donde está la raíz de las violaciones contra la democracia, la libertad y los derechos humanos.

Incluso llegan a asumir la posición de árbitro y custodio de estos términos, reservándose la facultad de calificar, respecto a ellos, a cualquier ordenamiento ajeno y así censurar a los que difieran del modelo que conviene a su política exterior hegemónica.

Mediante la reiteración mediática de ciertos calificativos, acuñan términos peyorativos como tiranos, dictadores, terroristas y extremistas para aplicarlos contra dirigentes políticos inconvenientes, hostiles a la hegemonía estadounidense.

Fijan de esa forma calificativos destinados a alojarse en el subconsciente de los ciudadanos ahorrándose con ello, para sus ataques, los razonamientos. Con una sola palabra transmiten la carga de injurias que han acumulado en ella a base de cantinela reiterativa en los medios. Tal ha sido el caso del término comunista, intensificado como grave insulto a partir de la guerra fría.

Recuerdo una tonada colombiana que se popularizó por todo el continente americano en los años 60 del pasado siglo que decía: “si las cosas de Fidel son cosas de comunista, que me pongan en la lista, que estoy de acuerdo con él”.

Antes del triunfo de la revolución en Cuba los medios habían dotado al término “comunismo” de tan desdeñosa connotación que en una publicación clandestina contraria a la dictadura de Batista, algún revolucionario, con evidente ingenuidad, escribió en cierta ocasión: “…Nos acusan de ser comunistas y los verdaderos comunistas son ellos: los batistianos y los yanquis”.

En contraposición, hay términos prácticamente excluidos del lenguaje que manipula la gran prensa corporativa al referirse a las motivaciones de los movimientos populares. Sobresalen por su ausencia los que se identifican con aspiraciones nacionales como autodeterminación y soberanía, así como otros que reflejan aspiraciones sociales populares como lucha de clases, igualdad, insurrección, revolución y rebeldía, entre otras.

Cuando se habla de derechos humanos, limitan el término a los derechos civiles e ignoran los derechos sociales, tan humanos como aquellos: laborales, económicos, alimentarios, educativos, de género, a la salud…pero menos susceptibles de manipulación demagógica sin ofrecer avances reales a los ciudadanos.

Se hace el juego al monopolio de la información hacia el que se orienta la superpotencia cuando se acepta y repite el contenido y la extensión de ciertos términos de los que los medios corporativos se han apropiado o pretenden hacerlo, tales son los casos de sociedad civil, desarrollo humano y otros a los que a los pueblos correspondería dar una más amplia y lógica utilización en beneficio de sus causas y no cederlos para su uso y abuso por los poderes fácticos. Para los medios corporativos estadounidenses y los que reproducen sus mensajes, los gobiernos de países que no aceptan su absoluta hegemonía son “regímenes” y, al calificarlos así, se ahorran una serie de improperios que le han ido endilgando sistemáticamente a ese término a lo largo de muchos años. De ahí que jamás se lea o se oiga hablar en la corriente mediática principal del régimen de Washington o se califique así al gobierno de alguno de los aliados de Estados Unidos.

Otra manipulación muy evidente de los términos con fines propagandísticos es la que califica de exiliado a todo inmigrante de un país incómodo para Washington y, en cambio, jamás se aplica ese vocablo a los que emigran de los demás países o a ciudadanos estadounidenses obligados a emigrar por motivos de persecución policial cuyo número, por cierto, crece cada vez más en todo el mundo.

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Enero 2014 en Chile: El factor portuario, las inequidades y una pérdida

Andrés Figueroa Cornejo (especial para ARGENPRESS.info)

1. Los principios metálicos del imperialismo dictados durante la administración de George W. Bush (2001-2009) para los países dependientes se sintetizan en la multiplicación de tratados de libre comercio donde el sur es reprimarizado y se consolida como objeto de saqueo y expoliación de naturaleza y trabajo humano barato, mientras el norte monopoliza las finanzas y el conocimiento científico y tecnológico estratégico. Así también se impone que los territorios periféricos sancionen leyes antiterroristas para reprimir preventiva y ejemplarmente cualquier gesto popular que lastime de verdad, en potencia o imaginariamente al capital en general y a los intereses del Eº corporativo norteamericano en particular; y el establecimiento de democracias sin pueblo y de sistemas de partidos políticos funcionales al poder geopolítico central del planeta.

En la actualidad Estados Unidos permanece conflictuado por la emergencia de China y Rusia y su competencia en mercados comerciales y financieros tradicionalmente considerados de su propiedad. Como parte vital de la guerra económica por arriba, Estados Unidos apura un pacto de sangre con los Estados cruciales de la Unión Europea (Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones) para enfrentar la arremetida asiática. Lo anterior se dibuja con tiza fresca en la lucha interimperialista de la repartición del mundo.

Subordinado a los principios previos -cumplidos sobreactuadamente- se explica y desenvuelve la clase hegemónica en Chile a enero de 2014.

2. Un 30 % menos que el 2012 acumuló el superávit comercial fundado sobre la exportación de minerales y otros commodities secundarios. Si bien ese guarismo se mantiene aún favorable, así como el crecimiento y los índices macroeconómicos –pese a una tendencia gradualmente descendente-, Chile es uno de los países del planeta donde la desigualdad social y asimetría en la distribución de los ingresos resulta más tangible y brutal, e incluso se manifiesta geográficamente en la organización territorial de los empobrecidos y los pocos enriquecidos, tanto en las ciudades capitales como en la provincia profunda.

Respecto de las inequidades, el economista Marco Kremerman de la Fundación Sol afirmó que “Acá, según un sondeo, el 1% más rico concentra el 31% de los ingresos, cifra que puede verse como escandalosa si se considera el caso de Suecia, donde el número llega al 9% o en Alemania (11%). Incluso en Estados Unidos, reconocido por su alta desigualdad, este valor asciende a un 21%.”

La misma entidad informó que el promedio de los ingresos no alcanza los USD450 dólares al mes, que el 75 % de los hogares (4 personas) obtiene USD1400, y que desde 2010, de cada 10 empleos asalariados, 7 son tercerizados.

La sobrevivencia económica de la inmensa mayoría de la gente sólo se explica por una de las dinámicas motoras de la reproducción capitalista: la deuda y la expansión y diversificación de la industria crediticia. El capitalismo tiene su primavera ganancial en el momento financiero, sorteando el momento productivo y donde el momento comercial (intercambio) en el retailer opera como respaldo y excusa para vender deuda.

La asimetría abismal entre los magros ingresos del pueblo trabajador y sus precarias condiciones laborales respecto de la minoría enriquecida a su cuenta y espalda, sólo es el termómetro del estadio de las relaciones de fuerza entre opresores y oprimidos en la sociedad chilena. Es decir, la fotografía de la lucha de clases en un momento determinado.

Asimismo, las políticas estatales de contención social hacia la población más empobrecida a través de programas asistenciales resultan muy acotadas en relación a otras economías de la región.

Como en Chile todo es mercancía –todo en su sentido más estricto y literal-, las relaciones sociales resultantes condicionan correlativamente el acceso precario a la salud y la educación de excelencia, a los derechos sociales, a la recreación y al tiempo para la producción y consumo de bienes simbólicos. Este fenómeno redunda particularmente en el no ejercicio de la política –en términos ampliados-, la ignorancia cívica y en una de las dificultades principales para los polos anticapitalistas en sus tareas contra-hegemónicas. Junto a la eficaz usina de la alienación explotada por la minoría gran propietaria, la falta de tiempo libre de los trabajadores y los pueblos atentan contra su organización, disposición de lucha y autoconciencia de sus intereses históricos. Si para el capital el tiempo es oro, para el trabajo y los oprimidos el tiempo es uno de los requisitos de su recomposición como sujeto y promesa de protagonismo político.

Por otro lado (de la totalidad sistémica), la uniformidad de los ingresos de la mayoría social –más allá de la segmentación aparente y balanceada por la deuda- debería colaborar objetivamente con la unidad orgánica y, por tanto, de sentido de las clases subalternas a la hora del combate social. De hecho, esa misma uniformidad obra como un facilitador provocado contradictoriamente por la forma nacional de la acumulación y reproducción capitalista en Chile.

3. Una semana antes del fin de 2013 y todavía cuando se escribe este artículo, los trabajadores portuarios de San Antonio y Mejillones, marcando a fuego las primeras líneas de 2014, realizan una paralización de actividades, tanto contra los incumplimientos del empresariado, como contra una de las formas más eficientes de la apropiación privada del excedente producido por el trabajo: la tercerización o subcontratismo o trabajo basura.

La pelea dura de alrededor de 4 mil trabajadores de los puertos ha obtenido la adhesión y solidaridad militante de los asalariados de 9 puertos chilenos, sectores estudiantiles y organizaciones populares de todo tipo.

Si la demanda central –la superación de la precarización contractual, laboral y salarial de los trabajadores- es una reivindicación transversal para la mayoría de los asalariados del país, por causas asociadas a la coyuntura de la recomposición orgánica de la clase trabajadora, hasta el momento otras áreas del extractivismo y los servicios sólo han manifestado una solidaridad declarativa.

Sin embargo, las condiciones materiales para una huelga general están dadas. Los portuarios han ofrecido poderosa resistencia a la represión policial y política. El poder estatal y empresarial los criminaliza desde el gremio de los dueños (Confederación de la Producción y el Comercio), como desde el Ejecutivo de turno en su ocaso anunciado, empleando policía militar, rompehuelgas, falsos representantes sindicales, celda y amenaza.

El capital exagera sus pérdidas y como desde el nacimiento del movimiento obrero en Chile, acusa a los trabajadores de ‘anarquistas’ y digitados por la ‘infiltración’, como si sus demandas no fueran genuinas.

Pero lo anterior es repertorio conocido de los opresores. El dato grave es el silencio obsecuente de la dirección de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), compuesta por militantes de comités centrales y planas mayores de los partidos políticos de Nueva Mayoría (o ex Concertación más el Partido Comunista de Chile). Antes de que asuma Michelle Bachelet en marzo de 2014, la CUT revela una vez más su rol contencioso y complementario de la estrategia antipopular del capital desde el inicio de los gobiernos civiles post tiranía.

Los trabajadores portuarios, los estudiantes secundarios y universitarios, y el pueblo mapuche constituyen el movimiento real visible que contingentemente pugna contra los intereses del empresariado. Su unidad y ampliación de fuerzas sociales es posibilidad para conquistas de los oprimidos. Ningún sector puede alcanzar victorias estructurales por sí solo.

La tragedia tras este enero promisorio capitaneado por los portuarios, es la vuelta de tuerca explícita, formal, real y legal, de la dirección del Partido Comunista chileno al integrarse a Nueva Mayoría, un compuesto apoyado por el empresariado y la embajada norteamericana por su teórica capacidad de gobernabilidad, represión social probada y sin temblores y continuidad ultraliberal. Pero Nueva Mayoría no es el Frente Popular de los años 40 y 50 del siglo XX y su política nacional desarrollista y de sustitución de importaciones. Nueva Mayoría es el instrumento en crisis de representatividad del capitalismo realmente existente arriba descrito de manera apretada.

Resulta tremendamente dolorosa la pérdida de una tienda en cuya cuna se forjó una enorme franja de luchadores sociales que interpretaron, condujeron y protagonizaron episodios extraordinarios para los intereses históricos de los trabajadores y pueblos de Chile. Todavía no se ha basculado suficientemente este vuelco, impensable hace un par de décadas. Al respecto, la conducta reprochable de la dirección de la CUT ante la huelga de los portuarios es sólo un botón de muestra de las negativas repercusiones para el movimiento popular en el presente período y fase de su reestructuración. La propia realidad se encargará de hacer su diagnóstico.

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Precios y salarios en el debate económico

Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

La preocupación económica es la inflación y por eso, aparece como central la cuestión de los precios, entre ellos el de la fuerza de trabajo.

El fenómeno de la inflación se manifiesta como incremento de los precios, y más allá del INDEC y el viejo o nuevo indicador, la propia política de gobierno reconoce la existencia del flagelo inflacionario. Se discute la magnitud del problema, pero ya no se niega su existencia. Otra discusión es la política económica para frenar o impulsar los precios.

Por ello es que hay acuerdo de precios, por ahora solo en la zona metropolitana y en grandes centros comerciales. Ahora empieza a extenderse a cadenas de comercialización de menor magnitud y progresivamente adquirirá carácter federal, llegando el acuerdo de precios al conjunto del país. En el “mientras tanto”, quien puede aumentar lo hace.

Es importante que se reconozca el problema, paso inicial y pre-condición para intentar confrontarlo. Claro que el problema esencial apunta a reconocer no solo el fenómeno, sino las causas de la inflación. En general se reconoce la complejidad de la cuestión, pero existen teorías y enfoques que privilegian ciertos elementos.

Entre otros existen los que apuntan a la política económica, especialmente la monetaria, y más precisamente la emisión. La respuesta en este caso apunta a la disminución de la emisión de moneda y con ello a la reducción del gasto público. En general, esa reducción apunta a gastos sociales y nunca a aquellos destinos que satisfacen el ingreso de sectores dominantes, por caso el pago puntual de la deuda pública.

Otros señalan la cuestión estructural de la dominación monopolista en el sistema capitalista, es decir, señalan a los fijadores de precios, que no son muchos. Solo pueden establecer precios aquellos que tienen una situación de dominación en el mercado y utilizan esa posibilidad para apropiar una parte de la renta socialmente generada a costa del ingreso de una parte sustancial de la población. La respuesta para intentar contrarrestar esta situación apunta a medidas de control del poder económico, algunas veces de carácter imperativo y otras consensuales, como los actuales “acuerdos”.

Ambos diagnósticos pueden ser compartidos, siendo discutibles las medidas que se asocian a cada diagnóstico. Puede coincidirse en que se trata de un problema de emisión y que debe reducirse el gasto. La discusión es en todo caso cual es el gasto que se debe afectar. Si se achica el gasto en salud o educación, por ejemplo, o si se asume otra política respecto al privilegio de los acreedores, entre cancelar la deuda pública con inversores locales o externos o satisfacer derechos sociales consagrados por la Constitución Nacional. En el otro sentido, el debate apunta a discutir cómo se evita el accionar de monopolio. En este caso, debe asumirse que el capitalismo hace rato abandonó una época de libre competencia para abrirle paso a la concentración y centralización del capital, habilitando la dominación monopolista de la economía contemporánea, al mismo tiempo que el carácter del Estado, más allá de contradicciones, remite a una institucionalidad gestada por el propio régimen del capital.

Vale mencionar que el acuerdo de precios en curso es voluntario y por lo tanto involucra en el debate al gobierno con grandes operadores económicos, los que consienten en la coyuntura la política de “precios cuidados”. Cada cual atenderá su juego, intentando el sector empresario corregir al alza los acuerdos transitorios en busca de rentabilidad, esencial lógica capitalista. La respuesta gubernamental amenaza con la importación y pretende involucrar a nuevos actores económicos, caso de los productores de alimentos frescos y sus propios instrumentos de comercialización, caso del Mercado Central de abastecimiento.

Queda claro que el diagnóstico necesita incluir la lógica de la ganancia, esencia del capitalismo, para poder entender que la fijación de precios al alza es uno de los mecanismos del capital para lograr su cometido. Es algo que tiene especificidad nacional, pues no ocurre del mismo modo en todos los países del mundo. EEUU es un gran emisor y sin embargo no se manifiesta en una suba descontrolada de los precios, entre otras cuestiones, por su capacidad de trasladar la inflación al resto del mundo. Existen otros países con posición hegemónica en el sistema mundial del capitalismo que actúan del mismo modo.

Por ello, no en todos los países, la respuesta del capital es la misma. En el caso de la Argentina, las restricciones estructurales evidenciadas luego del ciclo inicial de la devaluación del 2002, con efecto hacia el 2006, hizo que se defienda la rentabilidad de la inversión con aumentos de precios. En esas condiciones, los trabajadores intentan defender sus ingresos y acuden a las paritarias, un logro de estos años, aunque solo para un sector minoritario de los trabajadores. De hecho, solo los trabajadores regularizados del sector privado han podido defenderse de la evolución de los precios, algo no logrado por los estatales y ni hablar aquellos que están en situación irregular de empleo, es decir, sin seguridad social. La mayoría de los trabajadores han perdido contra la inflación, insistamos, más allá de cualquier indicador del INDEC, el viejo o el nuevo que empezó a contabilizarse desde el comienzo del 2014.

La realidad augura conflicto a varias puntas, entre fijadores de precios y sociedad; entre los actores económicos y el gobierno, para ver quién puede disciplinar a quien; y claro, entre la mayoría de la población que vive de ingresos fijos, entre ellos los trabajadores en defensa de los salarios, a quienes pretenden disciplinar los patrones y el Estado. Este conflicto tiene a los trabajadores como sujeto esencial y por eso está en la agenda de discusión en las organizaciones de trabajadores, las que preparan las formas de intervención para obtener logros en la disputa por el ingreso nacional, destacándose pese a la fragmentación sindical la unidad de acción insospechada hasta hace muy poco tiempo. Es un juego de intereses económicos que se dirime en la política, en las iniciativas políticas para defender ingresos, es decir, ganancias los propietarios y salarios los trabajadores. El Estado juega para el capital, sí, es verdad, pero es también ámbito de disputa si se pretende construir otra institucionalidad para la transformación social, anticapitalista.

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Chevron roba en el país mientras la echan de Europa

Félix Herrero (INFOSUR)

El abogado y economista analiza la situación creada en torno de la empresa Chevron y el acuerdo para Vaca Muerta.

Todo lo que escucho es condena y tristeza…
Un profundo fracking para sacar el petróleo que no está en el pozo.
Hay niños recogiendo todos los desperdicios del basurero.
Me estoy quedando sin agua así que mejor vigilo el chorro.
The Rolling Stones, “Doom and Gloom”, 2012, letra de M. Jagger y K. Richards

Cuando Mick Jagger, coautor de la canción con referencia directa al fracking, encuentra ruina y la melancolía (Doom & Gloom) que vendrá después, da letra a la canción y se pone a la vanguardia de la conciencia antifracking, a la que empleados de las petroleras ahora denominan simplemente estimulación hídrica.

Las noticias sobre el fracking y Chevron, cómplice de YPF y del gobierno nacional en mantener secuestrado el texto del acuerdo para Vaca Muerta, siguen llegando sin pausa. Mientras Chevron roba en Argentina, mal que les pese a ciertos funcionarios y algunos políticos que dicen lo contrario a lo que piensan, el fracking debe retirarse de la Cantabria española y en Rumania, Chevron debe paralizar sus actividades de fracking.

Cinco o más son las formas e instrumentos que manifiesta el movimiento antifracking en el mundo. Todas ellas se manifiestan en Argentina menos los plebiscitos electorales, porque seguimos siendo una democracia imperfecta, de carácter representativo pero lejos está de ser participativa. Al pedido de que la aplicación de la técnica del fracking sea aprobada o rechazada por la población, las petroleras, los políticos que les responden y los funcionarios, que parecen empleados de ellas, ponen el grito en el cielo.

Las manifestaciones posibles que se me ocurren mencionar como método de lucha contra el fracking son las siguientes: a) Normas decididas por los poderes administrativos y legislativos en todos los niveles (congresos, legislaturas, concejos deliberantes), b) Recursos ante el Poder Judicial, c) Sufragios populares, d) Movimientos populares de reclamos y e) Debate y esclarecimiento.

Las acciones contra el fracking

a. Las leyes u ordenanzas han tenido desde Cinco Saltos en Río Negro un importante desarrollo, sobre todo en provincias como Neuquén, Entre Ríos, Río Negro, Mendoza, Santa Fe, etcétera. En estos momentos hay 30 municipios o partidos que han declarado o están en proceso de establecer la prohibición del fracking en nuestro país, con las consignas No Al Fracking, o Territorio Libre de Fracking.

b. Los recursos de amparo frente a la fractura de nuestro subsuelo también se han presentado en el país, sobre todo en Entre Ríos (Paraná y Concordia) y Neuquén. En el orden nacional son importantes los recursos introducidos por Pino Solanas con la asistencia de Alejandro Olmos, en los que pide la anulación del decreto 929 -publicado en el Boletín Oficial el día anterior al de la firma del acuerdo YPF/Chevron-; la juez se dirigió al gobierno de Neuquén para que le entregue el acuerdo Provincia/YPF, y el otro recurso, contra el secretismo del acuerdo YPF/Chevron e YPF/Dow está en espera de decisión en el juzgado a cargo del Dr. Enrique Lavié Pico. La importancia del segundo recurso lo señala el hecho de que el fordista CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) presidido por Horacio Verbisky lo toma como materia de estudio, aceptándolo de hecho como un leading case en causa judicial contra el fracking.

c. El plebiscito popular es el colosal instrumento democrático que utiliza gran parte de la población estadounidense para prohibir el fracking: más de 300 condados, ciudades o municipios han votado contra la aplicación frackinera. Sin duda, este derecho es el que debe conseguir el pueblo argentino, quien debe ser el principal decisor acerca de la aplicación de técnicas peligrosas para la salud, la soberanía y el ambiente. Mientras tanto, la discutida constitución nacional de 1994 queda como mero papel en el campo de los derechos de usuarios y consumidores.

d. Los reclamos populares son los únicos que el gobierno nacional y el de la Provincia de Neuquén consideran de fuerte voluntad para el quebrantamiento del negocio del fracking. Los resultados electorales de octubre pasado son muestra de ello. Es precisamente en esta provincia donde los sectores sociales, como los mapuches, las universidades, los partidos políticos no oficialistas, como la dirección provincial de Proyecto Sur cuyo secretario es el histórico Ramón Negro Medina, el partido Libres del Sur, sectores radicales, movimientos de defensa del ambiente, del petróleo y la energía, fruticultores, productores agrícolas y laneros se han hecho oír y creado un nivel de conciencia popular que podrá retraer los ocultos contratos con las multinacionales petroleras.

e) La conciencia de la necesidad de obviar energías dañinas como el fracking, que alimentan el trabajo de intelectuales, políticos como los concejales en la Cuenca del Claromecó unidos con ediles del Uruguay, cineastas como Josh Fox en Estados Unidos (Gasland I y II), la criolla Guerra del fracking, músicos como los propios Rolling Stones, visitantes del Papa Francisco que muestra los emblemas antifracking son formas de la lucha que se multiplican, sin dinero pero con mucha esperanza.

El debate y análisis de este tipo ponen en evidencia las mentiras que se usan para justificar el fracking, y así ahora se conocen como tales la introducción del doradismo, del burbujeo (muchos pozos y poco petróleo en cada pozo), la estimulación hídrica y los argumentos a favor de la inocuidad de los solventes utilizados para la fractura. La mentira en energía supera a los datos del INDEC: en plena crisis eléctrica las empresas afirmaban que daban pérdida. No obstante los papeles, ADR-Edenor tuvieron en 2013 una ganancia del 159% y su valor bursátil creció en 234%, segunda luego de la belga IndupaSolvay (El Cronista, Buenos Aires, 31 de diciembre de 2013). La operación suba de las tarifas es consecuencia de las pérdidas imaginadas del sector.

Rumania y España

Son recientes las noticias que hacen al rechazo en Rumania de Chevron, la quinta petrolera anglonorteamericana que se beneficia con la invasión a Irak, y a la prohibición del fracking en España, en la región cantábrica.

El Partido Popular que gobierna la Comunidad Autónoma de Cantabria promulgó una ley votada por unanimidad prohibiendo el fracking en la región; hay que recordarle a varios partidos políticos argentinos que los populares cántabros mantienen irreductiblemente esta posición, en contra del Partido Popular que en el orden nacional acaba de dictar la autorización para que Repsol comience al prospectar con las líneas sísmicas en zonas que, incluso, alcanzan a la Cantabria.

También hace pocos días continuaron en Rumania las demandas populares, a pesar de que han sido salvajemente atacados por la policía nacional y las policías privadas que en este país están dirigidas por el general norteamericano West Clark, que fuera comandante de la OTAN en la invasión y creación como país autónomo de Kosovo (con la segunda mina de carbón más grande de Europa) y también ejecutivo de Petróleos BNK en el fracking de Polonia, donde fue definitivamente prohibida la fractura hídrica. Chevron tuvo que suspender dos veces sus trabajos de exploración ante el levantamiento del pueblo de Pungesti, que mantiene cercado el área concedida a la petrolera mientras, en diciembre, la policía oficial y la privada cercaron al pequeño pueblo. El presidente Víctor Ponta es un socialdemócrata que ganó la elección prometiendo la prohibición del fracking y una vez en el gobierno urdió lo contrario, o sea que hizo la gran Beder Herrera.

Dificultades las hay y habrá: el poder financiero-petrolero no dejará que se les escapen los beneficios de una actividad de corta duración (burbuja petrolera) pero que recibe amplios subsidios.

La disputa debe basarse en la unidad. Son devastadores los efectos de los que quieren una pureza que impide la tarea común, por la cual nada que provenga de otros orígenes es aceptable. En la prolongada batalla antifracking deben participar todos, como en Estados Unidos, donde productores (como Josh Fox) y periodistas (como los de The New York Times) dieron vuelta el estado de conciencia norteamericano.

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Cortes de luz y los trabajadores de la energía eléctrica, la mirada ausente

Trabajador de la energía eléctrica (ANRED)

"La tremenda crisis de la distribución eléctrica en la zona de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano Bonaerense en este último año desnudó ante la sociedad los años de desinversión, desidia y especulación de las privatizadas EDENOR y EDESUR (...) En la justa bronca se cortó calles, se movilizó hacia las oficinas de las distribuidoras. Los medios de comunicación masivos y alternativos dieron cuenta de esto; sacaron sus micrófonos y cámaras para registrarlo, hubo largas notas de opinión. Pero hubo un actor silencioso y, me atrevo a decir, silenciado: los trabajadores de las empresas privatizadas".

La tremenda crisis de la distribución eléctrica en la zona de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano Bonaerense en este último año desnudó ante la sociedad los años de desinversión, desidia y especulación de las privatizadas EDENOR y EDESUR. Da cuenta también de la connivencia por parte del gobierno y de los órganos de contralor como el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) en la lógica de ver el suministro eléctrico como un “negocio” y no como un servicio esencial para la vida humana en las grandes urbes.

Las explicaciones “climáticas” de las empresas son la moneda corriente de una excusa que el gobierno tiende a fortalecer enumerando “los picos de consumo” por la ola de calor. Quizás nos olvidemos pero cuando existe una tormenta se voltean los postes de tendido eléctrico en el Gran Buenos Aires; cuando llueve copiosamente se inundan los centros de transformación subterráneos en la Ciudad de Buenos Aires; cuando vienen las olas de calor y de frío colapsa la distribución en los barrios y localidades más populosas; y el resultado es cortes de luz por días. Es decir, existieron modificaciones en los consumos y hábitos de la población en estos últimos 20 años y tremendas modificaciones en el clima en nuestro país. Existe una demanda y una presión de consumo muy alta con una oferta pequeña, rapaz y monopólica. Un monopolio que se constituyó durante la privatización menemista y que los posteriores gobiernos no modificaron en absoluto. Pareciera que el único monopolio “malo” fuese Clarín, que en la distribución de la energía eléctrica no existiese empresas de capitales privados multinacionales que poseen una posición dominante y oligopólica.

Esta crisis encuentra a un sujeto perjudicado claramente: los vecinos que estuvieron (o están todavía, en muchos casos) sin suministro eléctrico; que vieron perder alimentos y remedios, que convivieron con 40° de calor sin refrigeración y muchas veces sin agua; sin poder descansar, sin poder higienizarse y con un número importante de electrodependientes.

En la justa bronca se cortó calles, se movilizó hacia las oficinas de las distribuidoras. Los medios de comunicación masivos y alternativos dieron cuenta de esto; sacaron sus micrófonos y cámaras para registrarlo, hubo largas notas de opinión. Pero hubo un actor silencioso y, me atrevo a decir, silenciado: los trabajadores de las empresas privatizadas.

Realmente me sorprendió como obrero de la energía eléctrica como se invisibilizó a esta fracción de la clase trabajadora por parte de la izquierda, las organizaciones sociales y los medios de comunicación alternativa. De los grandes medios, no nos hacemos ilusiones…

Los trabajadores de las cuadrillas de calle (tanto la guardia, como mantenimiento) estamos trabajando con una triple presión acostumbrada, la de la “santísima trinidad antiobrera”: patronal, gobierno y burocracia sindical. A esto se sumaron dos protagonistas: los grandes medios de comunicación y los “vecinos enfurecidos”. Trabajando 12 horas con 40° de calor a la intemperie y donde aumenta en no menos de 60° en las cámaras de transformación; con unas instalaciones de maniobra de Media Tensión (13.200 Volts) desastrosas, sin herramientas y protecciones adecuadas; jugándonos la vida, literalmente. A esta situación “natural”, le sumamos que hemos estado perseguidos por los medios y los vecinos: filmados en vivo, responsabilizándonos a nosotros de la falta de luz, dando noticias o información incorrectas (como que dábamos a algunos para quitársela a otros….) y siendo, en muchas ocasiones, agredidos físicamente. La solución de la empresa fue “salir a trabajar con la policía, gendarmería o prefectura”, sumándonos más presión y actuando estos más como “controladores” que como “protectores” de nuestro trabajo.

Desde hace años venimos llevando luchas silenciosas y profundas por nuestras condiciones de trabajo, ejecutando nuestras tareas a reglamento y no maniobrando instalaciones que no cumplan con los mínimos requisitos de seguridad. Hemos denunciado ante el sindicato, antes las diferentes jefaturas de la empresa, ante el gobierno. Estos días esto se hizo imposible, los trabajadores tenemos una solidaridad de clase muy arraigada y hemos hecho esfuerzos físicos y técnicos para darle luz a mucha gente, incluso por fuera de las órdenes de trabajo de la Empresa. Una frase muy dicha por nosotros es: “me cago en la empresa, vamos a dar luz a la gente”. No hemos sido retribuidos de la misma manera en líneas generales: hemos sido golpeados, humillados, basureados y ninguneados. En los barrios populares fue donde la gente nos recibe, cuida y alienta de mejor manera; pero en los barrios de clase media, “los enfurecidos vecinos y comerciantes” pequeño burgueses nos tratan como su clase siempre nos trató: como sus empleados directos, actuando como capataces de estancia.

Muchos sectores de izquierda han visto los cortes de calle por vecinos de estos barrios como “sujetos de lucha dinámicos”, agitando broncas y promoviendo soluciones a corto y mediano plazo. La propuesta de Marcelo Ramal en la Legislatura de “hacer un padrón de electricistas para formar cuadrillas y superar la emergencia” es, por lo menos, ignorante de los trabajos que nosotros realizamos y de las verdaderas necesidades; además de hacer tabla rasa con nuestro convenio.

Obviamente que un grave problema es la falta de personal: si en los años 80 en SEGBA éramos 30.000 trabajadores efectivos, hoy no somos más 7.000; a lo que hay que sumarles los compañerxs tercerizados que sumarán unos 10.000 mas. Esa es una pelea que debemos dar, recuperar los puestos de trabajo perdidos en la privatización con la entrega de la burocracia; no armar “cuadrillas de emergencia” con electricistas matriculados domiciliarios que no conocen el trabajo de Media tensión ni de reparación de cables, los grandes déficits de esta crisis.

Las soluciones de máxima que se escucharon fueron la clásica “reestatización con control de los trabajadores y usuarios”. La mayoría de los trabajadores (por no decir todos) estamos totalmente de acuerdo, pero debemos saber que el “control” hoy por hoy pasaría por la burocracia sindical y no por los verdaderos trabajadores; y que los “usuarios capitalinos” son muchos de los que festejaron la privatización y se escandalizaban con cuanto cobrábamos o por los “ñoquis” que había. Y ni hablar que la dirección la tendría el mismo Estado que permitió que las privatizadas desinviertan y se lleven las regalías a sus casas matrices. En esto, tenemos que ser claros: no por silenciosas nuestras luchas son inexistentes y la reestatización debe contemplar estos problemas: la recuperación del Sindicato para la lucha y no como un socio de la patronal como ahora y un profundo trabajo comunicativo y cultural con los “usuarios”.

Les pedimos compañeros que en las propuestas, en las agitaciones o en las medidas de lucha, se explicité nuestra situación. Como trabajadores somos doblemente víctimas: explotados por la patronal y, como todos, cuando llegamos a nuestras casas no tenemos luz. Es un buen momento para cuestionar de raíz la lógica patronal de máximos beneficios a costa de nuestra explotación y de un espantoso servicio. Se debe promover una unidad entre los usuarios y los trabajadores para una futura experiencia en común en la lucha por la Gestión de los Trabajadores y Usuarios de las empresas de energía eléctrica.

Los trabajadores que nos identificamos como clasistas nos hemos sentido menospreciados por la izquierda que muchas veces habla en nuestro nombre, y ni hablar de los compañeros de base, sin identificación ideológica. Por desconocimiento seguramente y no adrede; por estar acostumbrados a interpelar a la clase obrera desde otro lugar que no sea “desde afuera”; por oportunismo muchas veces, lanzando mensajes “ciudadanistas” hacia los sectores medios, sin desarrollar una política y propuestas realmente de y para la clase trabajadora.

Abrazo, Salúd y Arriba los que luchan!!!

Trabajador de la Energía Eléctrica*

* Se resguardó la identidad, como así también la empresa y área donde desempeña sus tareas, para preservar al compañero trabajador.

Nota aclaratoria:

Ante las recientes declaraciones del Ministro de Planificación Julio de Vido, donde anunció que el estado le va a exigir a las empresas de energía eléctrica que deben aumentar sus cuadrillas de energía en un 20%, que deben dar a conocer de forma diaria las zonas con cortes y preavisar con tiempo dónde habrá cortes programados, el trabajador autor del artículo aclaró:

"No hay problema de falta de cuadrillas de electricistas por media o baja tensión, sino en la reparación de los cables de media y baja tensión que se queman, y que no se llegan a reparar. Trajeron a trabajadores chilenos y españoles por 20 días con un sueldo de 10 mil dólares por 20 días por la ´emergencia´. Así lo van a ´solucionar´".

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Entretelones judiciales del fallo contra la empresa Monsanto

Irina Santesteban (LA ARENA)

El fallo de la Sala Segunda de la Cámara Laboral de Córdoba, dio lugar al amparo presentado por vecinos de Malvinas Argentinas, donde Monsanto planea instalar la planta de procesamiento de semillas más grande del mundo.

Desde que anunció su instalación en Córdoba, con el visto bueno del gobernador José Manuel de la Sota y de la propia presidenta de la Nación, Cristina Fernández, que realizó el anuncio desde los Estados Unidos, la empresa Monsanto tuvo una dura oposición de parte de quienes la denuncian como una de las más contaminantes del planeta.

A despecho de esas denuncias, Monsanto se presenta en costosas publicidades como una firma que acondiciona y trata semillas para la siembra, sin contaminar el agua y respetando las leyes de seguridad ambiental vigentes.

Pero en el film documental "El mundo según Monsanto", la realizadora franco-canadiense Marie Monique Robin, muestra una realidad muy diferente, al punto que esta empresa no puede operar en muchos países del mundo, donde sus productos han sido prohibidos.

Fallos adversos

La presidenta anunció en junio de 2011, en el Consejo de las Américas, que había mantenido una reunión con directivos de la firma Monsanto, para la radicación de esta empresa en la Argentina. Semanas después, el gobernador De la Sota anunciaba que la empresa se radicaría en Córdoba, más precisamente en la localidad de Malvinas Argentinas, situada a 16 kilómetros de la capital cordobesa.

La instalación de Monsanto contó con el beneplácito del intendente Daniel Arzani, por la posibilidad de la creación de empleos en una población carente de ellos, y cuyos habitantes trabajan en su mayoría en la ciudad capital.

Apenas comenzó la radicación de Monsanto, los vecinos de la zona se organizaron en la Asamblea "Malvinas lucha por la Vida" y presentaron una acción de amparo con el patrocinio del Club de Derecho, dirigida por el joven abogado Federico Macciocchi. En dicha presentación pedían una medida cautelar, expresamente contemplada en la ley 25675, para que se impidiera la construcción de la planta hasta tanto no se conociera el estudio de impacto ambiental, y se realizara una consulta popular, mecanismo también contemplado en la normativa nacional, cuando se trata de emprendimientos que pueden afectar el medioambiente.

Luego de un fallo adverso de la jueza civil Claudia Zalazar y otro favorable de una Cámara Civil, finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba resolvió que Monsanto podía construir la planta aún sin el estudio de impacto ambiental, hasta la "etapa operativa".

Perseverancia y lucha

Los vecinos de Malvinas Argentinas no se sintieron derrotados por el fallo adverso del Tribunal Superior, siguieron su camino jurídico, accionando para que se declare la ilegitimidad de las ordenanzas y decretos provinciales que autorizaban a Monsanto a radicarse en esa zona sin respetar las normas nacional y provincial sobre la materia.

Volvieron a tener un fallo adverso de la jueza de Conciliación de Cuarta Nominación de Córdoba, que no hizo lugar al amparo presentado una vez más por el abogado Macciocchi. Pero en la apelación ante la Cámara Laboral, Sala Segunda, obtuvieron una resolución favorable que se conoció el miércoles 8 de enero. En plena feria judicial, la vocal Silvia Díaz fue la autora del voto que resolvió declarar "la arbitrariedad e inconstitucionalidad", tanto de la resolución dictada por la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba, como de las ordenanzas municipales del Concejo Deliberante de la comuna de Malvinas Argentinas, por ser "arbitrarias en forma manifiesta e inconstitucionales, en tanto violentan normas de jerarquía superior, al disponer la autorización del Aviso de Proyecto correspondiente a la ejecución de la Etapa 1 'Planta de Acondicionamiento de Semillas de Maíz' en la localidad de Malvinas Argentinas, presentado por la firma Monsanto Argentina SAIC, aplazando la presentación del Estudio de Impacto Ambiental, para el momento previo al inicio de la Etapa Operativa". Por ello, ordenó a la municipalidad de Malvinas Argentina a que se abstenga de autorizar a la firma Monsanto Argentina SAIC, "toda implementación, obra, ejecución o acción, hasta tanto no se cumplimente con la realización del correspondiente Estudio de Impacto Ambiental y la celebración de una Audiencia Pública, y ordena la suspensión de todas las obras que se llevan a cabo "con los permisos otorgados por los instrumentos normativos tachados de arbitrarios e inconstitucionales a través de la presente resolución".

Voto en contra

El voto de la jueza Silvia Díaz fue avalado por el camarista Fernando Farías. Pero el tercer voto, del magistrado Azar fue contrario, fundado en la resolución del Tribunal Superior, que había autorizado la continuidad de las obras de la planta de Malvinas Argentinas. Además Azar dice que sus pares preopinantes cometen un grave error, al considerar que con la construcción de la obra civil, "ya estamos en presencia de un menoscabo al medio ambiente y que la actividad a ejercer desgasta al mismo, contamina y produce un daño ambiental (...) sin ninguna pericia técnica idónea que lo demuestre llegan a una conclusión falsa y carente de asidero legal".

Y continúa diciendo el juez Azar: "Aprovechando la habilitación de feria dispuesta por la presidencia de esta Cámara y accediendo a una invitación publica que formula la firma Monsanto en los medios periodísticos de esta ciudad, para verificar dichas conclusiones viaje el 2 de enero pasado hasta la localidad de Pergamino y al día siguiente, viernes 3, me constituí en la planta de la firma cita en la localidad de Rojas, provincia de Buenos Aires junto con un profesional de mi confianza especialista en semillas, la que es similar a la que se pretende construir en Malvinas Argentinas y pude verificar que la misma es una planta modelo que no produce ningún daño ambiental".

Insólita confesión de un juez que manifiesta haber sido invitado por una de las partes en el juicio, y que acompañado de un "especialista", al que no identifica ni con su nombre ni con sus títulos, ya se siente autorizado para decir que la planta de Monsanto en Rojas "es una planta modelo que no produce ningún daño ambiental".

Pero no termina allí la intervención de este magistrado, porque luego dice que "familiarmente hace más de treinta años que utilizo el producto Roundup para combatir efectivamente las malezas, ello sin ninguna consecuencia física y/o orgánica a nivel personal, quizás habría que utilizar algún correctivo legal para responsabilizar a los magistrados que haciendo abuso de las cautelares distorsionan el derecho y con resoluciones infundadas producen daño económico a terceros con posturas alucinantes como la de autos".

No aclara Azar de qué manera utiliza "familiarmente" el producto Roundup, de Monsanto. Si es en su jardín o huerta familiar o si es productor agrícola, en cuyo caso estaría incurso en una causal de incompatibilidad, además de tener un interés muy claro a favor de una de las partes en el proceso. Pero si el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Carlos García Allocco, declaró sin tapujos que es productor sojero y además tiene un establecimiento donde cría ganado para la venta, y dice que "no hay incompatibilidad" en ello con su función como magistrado, ¿por qué no habría de hacerlo otro magistrado como Azar?

Lo que causa estupor es que diga que los fundamentos de los dos magistrados preopinantes en la sentencia, son "alucinantes" porque con "resoluciones infundadas" causan daño económico a terceros.

Para quienes abogamos por un Poder Judicial independiente no sólo de los otros poderes sino también de los grandes grupos económicos, esta afirmación en una sentencia, constituye casi, casi, confesión de parte.

Acampe

"No bajamos la guardia", declararon los amparistas luego que la empresa Monsanto declarara que iba a apelar ante el Tribunal Superior de Justicia, que ya había fallado en abril del año pasado a favor de la continuidad de las obras civiles de la planta tan cuestionada por los vecinos de Malvinas Argentinas.

Y es que Monsanto ya anunció que iba a apelar el fallo ante el TSJ, y este Tribunal ya dio una opinión favorable a la multinacional en abril del año pasado. Por eso, los asambleístas decidieron mantener el acampe y bloqueo a la planta de Monsanto, que comenzaron el 19 de septiembre del año pasado, para impedir la continuidad de las obras. Por esa medida fueron reprimidos con la policía y con patotas sindicales en dos oportunidades, pero ahora la Justicia les ha dado la razón.

Efectos nocivos

El médico Medardo Avila Vázquez, de la organización Médicos de Pueblos Fumigados, es uno de los que más ha estudiado los efectos de los herbicidas y plaguicidas en las poblaciones que sufren las fumigaciones o que se encuentran cercanas a las plantas donde se manipulan y producen semillas genéticamente modificadas, como lo hace Monsanto.

Afirma Vázquez que "la planta que Monsanto planea instalar en Malvinas Argentinas, va a tener 240 silos grandes de 150 toneladas, que son galpones circulares donde almacenan, seleccionan y secan granos de maíz. Estos silos gigantescos tienen que mover el grano, tienen que airearlo, porque de lo contrario empieza a fermentar y entra en combustión y explota. Ese movimiento de los silos de maíz va desprendiendo una cascarilla, como una arenisca del revestimiento que tiene la semilla. Esa cascarilla vuela, por la corriente de aire que tiene el silo que lo hace desprender por la parte superior".

Según Vázquez, esos silos van a estar colocados justo al noroeste del pueblo, "que es de donde viene el viento la mayor parte del tiempo". En consecuencia irá arrojando una nube de cascarilla que, según lo han medido en otros pueblos, "esos residuos de esas cascarillas tienen gran cantidad de productos químicos: glifosato, atrazina y otros".

En la planta se hará también el curado de la semilla, que significa "cubrir con una capa insecticida persistente a las semillas, darle como un látex que quede impregnada y no se vaya rápidamente. Eso tiene el objetivo de que cuando las estén comercializando no sean atacadas por bichos y cuando la siembren tampoco las ataquen gusanos".

Para Vázquez, estos productos que usan para curar las semillas "se echan en enormes piletones donde van a usar más de millón y medio de litros de agroquímicos", para lo cual necesitan 600 mil litros diarios de agua y toda esa agua contaminada "no se sabe dónde la van a tirar".

Aunque Monsanto y el juez Azar dicen que en Rojas, donde hay una planta similar, no hay contaminación, Vázquez dice que en realidad "tienen grandes problemas porque no consiguen personal para esa planta: se enferman". Y como Malvinas Argentinas es un pueblo muy pobre, con mucha necesidad de trabajo, es evidente que la empresa juega con esa necesidad.

A pesar de ello, Monsanto se opone a la realización de la consulta popular que es lo que pide la Asamblea "Malvinas lucha por la Vida", y dice que la Audiencia Pública es suficiente.

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Argentina, Córdoba: “Monsanto no puede apelar porque la sentencia es definitiva”

Katy García (PRENSA RED)

El abogado Federico Macciocchi, apoderado de los amparistas de Malvinas Argentinas, ponderó la sentencia que revocó un fallo anterior que autorizaba la construcción de una planta de semillas sin cumplir con los requisitos que exige la Ley general de Ambiente (N° 25.675). Criticó el voto en disidencia y afirmó que “La sentencia sienta jurisprudencia a nivel mundial”.

El recurso de amparo presentado por el Club de Derecho y por vecinos de la comuna que planteó la inconstitucionalidad de la ordenanza municipal que autorizaba el inicio de la construcción de una Planta de Acondicionamiento de Semillas de Maíz, por parte de la corporación Monsanto, revocado por la Sala Segunda de la Cámara del Trabajo – el 8 de enero pasado-, vino a remontar una decisión ilegal tomada desde el estado.

“Estábamos convencidos de que la sentencia iba a beneficiarnos porque nos asistían la razón y los argumentos jurídicos. La violación a la Ley general de Ambiente y a la Constitución Nacional era flagrante. Inclusive, no se tuvieron en cuenta los antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la nación (CSJN) que se expidió en otros casos en los que no hubo una evaluación de impacto ambiental previo. La Corte dijo que en estos casos el hecho deviene en clandestino. Si tuviera que resolver este caso diría que la construcción es clandestina”, afirmó Federico Macciocchi, abogado de la causa. (1)

“Esta sentencia también sienta jurisprudencia a nivel mundial respecto a la empresa Monsanto”, agregó el letrado.

En diálogo con Prensared, analiza los alcances de la sentencia, advierte sobre la “manipulación de la información” manejada desde la multinacional y los medios de comunicación. “No hay ninguna posibilidad de “apelar” como anuncian porque nosotros ganamos la apelación”, manifiesta. En ese orden opina que desde el punto de vista judicial “no es necesario seguir con el acampe” porque la sentencia definió la cuestión de fondo. No obstante desde las organizaciones confirmaron que seguirán en el lugar.

El letrado reivindica el papel de la justicia en la resolución de conflictos sociales que violan los derechos humanos. “Es fundamental porque es el último eslabón del estado de derecho. Por eso desde el Club de Derecho, acompañamos a los vecinos. No es fácil porque implica muchas discusiones, debates y cintura política, pero debe hacerse”, señaló.

Vecinos organizados en torno a Malvinas lucha por la vida le pusieron el cuerpo a esta pelea que se dirimió en la calle y en los tribunales. Hubo represión policial y ataques de patotas organizadas que intentaban expulsarlos para avanzar con la obra. Pero también hubo mucha solidaridad y adhesiones. Y la justicia ahora puso las cosas en su lugar.

- ¿Cuál es el recorrido de este pleito que concluye favoreciendo a los vecinos?

La causa se inicia cuando los vecinos de Malvinas Argentinas y de todo el país toman conocimiento a través de un video que la empresa Monsanto se iba a radicar en la provincia de Córdoba. Y lo anuncia la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La noticia produjo un gran revuelo porque se hizo en el marco del Juicio por las Fumigaciones en barrio Ituzaingó donde los agroquímicos y las fumigaciones eran temas muy sensibles. Comenzamos a movilizarnos y presentamos una nota ante el municipio solicitando información y advirtiéndoles que antes de decidir debían realizar una evaluación del impacto ambiental previo como lo establece la ley y además que se garantizara la participación ciudadana. La nota no fue respondida. Otros vecinos y abogados ingresaron otra y tampoco obtuvieron respuestas.

- ¿Es ahí que deciden presentar una acción de amparo? ¿Con qué objetivo?

El objeto final del juicio era lograr la paralización de la obra y que la municipalidad de Malvinas Argentinas se abstenga de autorizar la construcción de la planta y obviamente su funcionamiento hasta que se cumpla con los pasos que determina la Ley General de Ambiente. Es una cuestión muy sencilla, de puro derecho y no requiere prueba. Pero la desinformación lleva el tema al plano de la contaminación y esa no es la discusión en este caso porque la planta aún no está funcionando.

Se advierte cierta confusión respecto a los alcances de la cautelar y la acción de amparo. ¿Cuál es la diferencia?

El juicio de amparo va al fondo de la cuestión, en tanto la medida cautelar es accesoria y apunta a evitar que los derechos que están en juego no se vean afectados cuando la sentencia seguramente haga lugar a la demanda. Por ejemplo, si alguien tiene una deuda laboral y deliberadamente pone en marcha mecanismos para declararse insolvente, el damnificado presenta una cautelar solicitando un embargo de bienes para evitarlo. Por eso nosotros pedimos como medida cautelar que se paralizaran las obras hasta que este amparo fuere resuelto. Las idas y vueltas al respecto fueron porque en primera instancia se nos denegó el pedido, pero en segunda instancia nos hicieron lugar, luego la Municipalidad de Malvinas Argentinas recurrió esa decisión y el TSJ permitió seguir adelante con la construcción.

- ¿Cuando la empresa Monsanto anuncia que va a “apelar” qué está queriendo decir?

Es parte de la manipulación informativa expresar inexactitudes para desinformar y relativizar lo resuelto. Nosotros apelamos una resolución ante la Cámara y se resolvió por mayoría. El fallo le puso fin al proceso y quedó zanjada la cuestión. Esta sentencia es definitiva, y Monsanto no puede apelar. Es inapelable.

- Pero no está firme aún. ¿Qué recursos jurídicos podría utilizar la empresa y con qué resultados?

No está firme porque los plazos para recurrirla no se han vencido. Quedan impugnaciones y algunos recursos. Ordinarios no le quedan porque la apelación la ganamos nosotros. Técnicamente puede presentar un recurso extraordinario que es la casación cuyo efecto no va a suspender la orden judicial de paralizar las obras. Esto es muy importante porque a las casaciones las resuelve el Tribunal Superior de Justicia y el tiempo que demora en resolverlos en muy largo. En materia penal, la demora puede llegar a dos año y medio. Y en lo laboral y civil llega hasta los siete. Si nosotros tenemos en cuenta estos parámetros en este caso pasaría más o menos lo mismo. Por eso manifesté que no es necesario seguir con el acampe pero sí militar la calle informado a la población.

- Pero existe un antecedente. El TSJ demoró 20 días en resolver la cautelar a favor de la municipalidad y de la empresa.

Pero este antecedente se refiere a una cautelar y no a una sentencia definitiva como en este caso. No creo que ahora el TSJ cometa otro escándalo institucional como ocurrió en esta misma causa.

- El fallo declara la “inconstitucionalidad” de lo actuado ¿qué significa?

El sistema jurídico ambiental a partir de la reforma constitucional de 1994 y de la reforma del artículo 41 contempla que todo ciudadano tiene derecho a un ambiente sano apto para el desarrollo humano y sin comprometer a generaciones venideras. Decir “ambientalistas” no existe, es un error. Todos somos ambientalistas porque el estado de derecho es democrático y ambientalista porque así lo establece la Constitución. Algunos medios se refieren a “los ambientalistas, los asambleístas” un tanto despectivamente como si fuesen distintos al resto de la población. Esa manipulación viene desde los medios y de la empresa. El artículo 41 es clave y establece que el Congreso de la Nación dicte leyes de presupuestos mínimos de protección al ambiente y los municipios y las provincias deben adaptarse, complementarse, sin restringir. Se podrá legislar ampliando esa protección nunca reduciéndola. Lo que dijo el intendente (Daniel) Arzani que se reglaban por una ley provincial, es un disparate. Y es ahí donde está la inconstitucionalidad.

- ¿Qué opina de la fundamentación del voto en mayoría?

El voto de los vocales de Cámara Silvia Liliana Díaz De Novak, y Luis Fernando Farías, es majestuoso porque demuestra la solvencia, el manejo y el dominio del derecho ambiental y es doblemente meritorio porque lo hace un fuero laboral que se dedica especialmente a ese ámbito. Es un ejemplo y una lección que deberían aprender muchos jueces y funcionarios.

- ¿Por qué el voto en disidencia fue tan cuestionado?

Da miedo tener un camarista que en su fundamentación plasme su voto sin contenidos jurídicos. A mi criterio se advierte mucha pasión de su parte y entre sus dichos reclama un “correctivo” para sus pares que dictan “fallos alucinantes”. Y confiesa algo que es terrible. Accedió a una invitación de Monsanto y concurrió a la planta ubicada en la localidad de Rojas acompañado por un especialista de su confianza y de esa visita afirma que la planta no produce daño ambiental. Un juez no puede fundar sus argumentos en conocimientos privados, se debe basar en la prueba que existe en el expediente. Y si fuera necesario debe contar con peritos. Decir que no vio daño ambiental es otro error palmario porque el daño es a futuro, intergeneracional. Y por último remata diciendo que familiarmente usa el round up desde hace 30 años y que no tuvo ningún problema. Desvió a propósito el eje del debate y lo instaló en un plano político y mediático. (3)

- ¿Qué pasa si el informe de impacto ambiental es aprobado?

La sentencia no manda a que la empresa realice un informe o estudio de impacto ambiental. Ordena cumplir con la evaluación de impacto ambiental, competencia que esta a cargo de la Secretaría de Ambiente de la Provincia, instancia en la que también debe garantizarse la participación ciudadana. Es decir, los vecinos podrán tomar conocimiento del expediente administrativo y acompañar los estudios e informes que refuten los presentados por la propia empresa.

- ¿Cuál es la manera de implementar la consulta ciudadana?

Según lo establece la norma vigente las vías pueden ser dos. Una, a través de una consulta popular, como ocurrió en Esquel donde se votó por Sí o por No la explotación minera. La otra, mediante audiencias públicas, como se hizo en el caso del saneamiento del Riachuelo. Ambas son figuras válidas. Lo importante es que los ciudadanos se puedan expresar y eso debe ser garantizado por el estado.

- Algunos sectores dicen que la consulta debería ser vinculante. ¿Cómo es?

La ley dice claramente que no es vinculante.

¿El dictamen genera jurisprudencia?

Si, absolutamente. Sienta jurisprudencia a nivel mundial con respecto a la empresa Monsanto. Muchos medios internacionales han seguido de cerca esta noticia. De hecho a la empresa no le conviene una sentencia de condena. La Justicia ha confirmado la ilegalidad con la que se ha obrado y ha obligado a la Provincia y a la Municipalidad de Malvinas Argentinas a respetar la Constitución Nacional y las leyes dictadas. Hay un Tribunal que nos dio la razón y un fallo de primera instancia que también nos avaló. A nivel nacional la Corte ha resuelto casos donde se omitió el estudio de impacto ambiental. (4)

Notas
1) Abogado, forma parte de la ONG Club de Derecho. Doctorando en derecho, investiga el daño ambiental y las consecuencias que se derivan del uso del agrotóxicos en la producción de soja. Adscripto a la cátedra de Derecho Público. Patrocinó a la Funam y a los vecinos de la comuna de Bower en la presentación de un amparo que impidió la localización de un basural.
2) Apelaron: la Fundación Club de Derecho Argentina a través de su apoderado junto a los vecinos Eduardo Quispe, Diego Raúl Quispe, Ester Margarita Quispe, Celina Laura Molina, Vanina Barboza Vaca, Damaris Salomé Oliva, Soledad Escobar, Yanina del Valle Alarcón, Lucas Sebastián Vaca, Silvana Elizabeth Alarcón, Vanesa Soledad Sartori, Sabrina Larsen, Carlos Matías Marizza Deré, Gastón E. Mazzalay, Gisela C. Alarcón, Ramón E. Montenegro y Raquel Teresita Cerrudo.
3) Rojas es una ciudad ubicada en la provincia de Buenos Aires. En tanto que Malvinas Argentinas se encuentra a 14 kilómetros de la capital cordobesa.
4) Ver Sentencia (Link).

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Temperley: El muro del miedo

Claudia Rafael (APE)

Temperley es, por estos días, la expresión moderna de aquellos modelos separatistas ante el Otro temible. Los vecinos se plantaron: juntaron 18.000 pesos y levantaron el paredón de casi tres metros. Ahora -dicen- duermen tranquilos.

Cuando en 2008 un equipo arqueológico sirio-francés desenterró en Suweida, al sur de Siria, los restos de los muros de una ciudad fortificada del tercer milenio antes de Cristo sabía que se topaban con una constante reiterada a lo largo de la historia de la humanidad. Los miedos de aquellos hombres y mujeres de la Edad de Bronce se asemejaban -con todas las variantes aportadas por la modernidad- a los que sintieron los vecinos de Temperley que juntaron 18.000 pesos y cerraron la cuadra de Lavalle y Meeks con una pared de ladrillos, concreto y alambre de púa. Tan lejos ellos de aquellos días de piedra y muerte temprana, su opción fue exactamente la misma.

Hoy Occidente se amuralla contra la miseria del mundo para así conservar sus riquezas. El hombre medieval teme sobre todo al pagano, al musulmán y al judío, infieles que debe convertir o destruir pero desconfía también del otro, de su vecino, y contra él se amuralla, escribió Georges Duby en “La huella de nuestros miedos. Año 1000, año 2000”.

Desde los orígenes de la humanidad el concepto de territorialidad ha sido una clave. Un concepto que estuvo enraizado -con todas las variantes inimaginables- a la economía y a los botines de la opulencia. Y la puja feroz por el espacio fue la constante que demarcó la historia. Es extraño pero en la vastísima historia del hombre las soluciones separatistas no han tenido variaciones profundas. Irlanda del Norte, Ceuta y Melilla, México, Palestina, Temperley o, cuatro años atrás, San Isidro. Y más extrañeza aún genera cuando rastrear cada uno de las murallas vergonzantes de la historia demuestra que jamás significaron una solución a un problema mucho más profundo, desgarrador y medular.

Temperley (Lomas de Zamora): 2,80 metros de altura, 18.000 pesos, mes de noviembre. “Los vecinos están cansados que su cuadra sea la vía de escape de los delincuentes. Los comerciantes también saben que abundan los robos de ruedas de vehículos y a las personas que esperan los colectivos de noche en las esquinas” (diario La Nación, 8-01-2014).

San Isidro: 3 metros de altura. 240 metros de largo. Impedía que los vecinos del barrio Villa Jardín (San Fernando) pudieran cruzar por cuatro calles al barrio de La Horqueta (San Isidro). “La idea era cerrar las calles por las que, de acuerdo con la información aportada por los 33 vecinos de La Horqueta, eran utilizadas por los delincuentes que robaban en el barrio y buscaban refugio en Villa Jardín”. “Cada municipio tiene distintas maneras de encarar la crisis de la falta de seguridad del Gran Buenos Aires”. “El 80 por ciento de los delincuentes que actúan en la zona no son de San Isidro”. (dixit Gustavo Posse, intendente de San Isidro, abril de 2009). El escándalo que se desató los obligó a derribarlo.

Fue el inicio de la acumulación de cosechas lo que promovió la necesidad de defenderse “de los merodeadores”. Pero uno de los primeros registros arqueológicos conduce a Jericó (hoy Cisjordania) para encontrar entre 8000 y 6000 años antes de Cristo los primeros muros de adobe y arcilla que buscaban proteger las casitas de ese mundo exterior que resultaba hondamente peligroso y agresivo.

La clave era (y sigue siendo) refugiarse detrás de empalizadas pro-securitate. La humanidad se ha empeñado en esa suerte de autoengaño. Erigir un muro genera una sensación de protección y de cuidado ante ese Otro atroz que se presenta ante mis ojos como la amenaza voraz. De aquel que simboliza la destrucción. Del distinto. Del que cayó, por los designios del azar, del otro lado del invisible paredón de los desterrados. Y que habrá que visibilizar con barreras de concreto y muerte. Que habrá que exiliar a través de mirillas y murallas que intentan poner más allá de los ojos el rostro del enemigo que deambula y merodea.

Tenerlo lejos. Saber que aquello que no veo, no existe. Anularlo. Destruirlo.

Desde aquellas viejas murallas de Jericó sólo ha habido perfeccionamientos en los mismos y consabidos paredones. Alambres olímpicos o muros de concreto abonados con ingredientes móviles: las fuerzas de seguridad actúan como vallados intermitentes; decenas de miles de cámaras de seguridad son, en tanto, el permanente ojo vigía.

El modelo neoliberal se empeña sistémicamente en ocluir toda posibilidad de transformación. Y cíclicamente se produce la explosión de pústulas diseminadas que representan, sin más, el rostro desembozado de la exclusión. La irrupción desde esa violencia arrullada por la inequidad y el desencanto. Que entre largos períodos de mansedumbre en ocasiones estalla y salpica con sus esquirlas las vidrieras de los incluidos. Entonces, un nuevo muro se alza para tratar de jugar, mientras dure, al juego de no ver.

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Construyendo legislación popular: “El conflicto es que no llegamos a fin de mes”, afirmó De Gennaro

Melissa Zenobi (ACTA)

En diálogo con ACTA, el diputado nacional y fundador de la CTA, Víctor De Gennaro, se refirió a la situación de conflictividad que tendrá a los trabajadores en la calle durante todo el año. También opinó sobre las elecciones de la CTA e informó cómo avanza el debate hacia una nueva Ley de Organizaciones de Trabajadores y Trabajadoras Sindicalizados.

“Lo que va a haber este año es mejor y mayor respuesta a lo que nos plantea ese conflicto permanente y esa mayor respuesta tiene que ver con un mayor grado de organización de los trabajadores”, resaltó De Gennaro, coordinador nacional de la Constituyente Social.

- El gobierno está planteando un mayor ajuste para este año ¿Cómo cree que esto va a repercutir en la conflictividad social de este año y en la organización de los trabajadores?

- Conflictividad hay siempre, el conflicto es permanente. Entre el interés de acumular y manejar la rentabilidad de los grupos económicos y la defensa de los trabajadores, de su salario, de sus condiciones de vida, salud, vivienda, educación, y una necesidad de transformar la sociedad. Lo que va a haber este año es mejor y mayor respuesta a lo que nos plantea ese conflicto permanente y esa mayor respuesta tiene que ver con un mayor grado de organización de los trabajadores. No le escapa a nadie que el gobierno empezó a perder todo su rédito del 54 por ciento de votos después del gran paro del 20 de noviembre de 2012, donde la CTA que encabeza el compañero Pablo Micheli y la CGT que encabeza Hugo Moyano, demostraron que se acabó el consenso para el conjunto de los trabajadores y de éste modelo que concentra y extranjeriza las riquezas. O sea, que va a haber mejor respuesta y el grado de movilización, de paros, de acciones, de democratización y construcción de nuevos sindicatos es el ejemplo de ello. Creo que éste año va a estar claramente expuesto, ya nadie puede firmar paritarias por el 20 por ciento que quiere el gobierno, lo cual indica que la clase está más organizada para presionar sobre sus dirigentes, aquellos que los traicionan a diario y fortalecer su participación en los espacios donde están los dirigentes que la defienden.

- Este año hay elecciones de dirigentes en la CTA ¿Qué evaluación le merece este recorrido hacia el 29 de mayo?

- Me parece que es una gran oportunidad de fortalecer el modelo sindical de transformación, que apunte a consolidar un proyecto diferente. La CTA está cumpliendo 20 años y para remontarse a una experiencia sindical de esta naturaleza, hay que referirse a la existencia de la FORA -Federación Obrera Regional Argentina-, de hace más de un siglo. Siempre hubo corrientes sindicales que duraron tres o cuatro años en la CGT desde que fue creada en 1930, pero eran internas al modelo sindical existente. Hoy esta experiencia de 20 años tiene tres generaciones y va hacia la cuarta, y esto se debe a que está enraizada en una realidad. La CTA muestra que no desaparece por los vaivenes de coyuntura política y creo que esta CTA, que va a las elecciones el 2014, es la Central del futuro. Primero se instaló, se consolidó, fue vanguardia en la lucha de la resistencia y después del 2001, 2002 que logró consolidarse como Central de Trabajadores en el paro del 29 de mayo del 2002, empezó una etapa de búsqueda de un proyecto colectivo alternativo: El cambio de sociedad. Desde esa perspectiva, apuntaló un proyecto como la Constituyente Social que tuvo su gran emergente en el 2008 y 2009. Y producto de eso, fue fracturada por los sectores del poder y hubo un período de confusión y crisis, pero emergió con gran contundencia esa Central encabezada por Pablo Micheli en el 2011 y evidentemente se consolidó en el 2012 como una Central de los trabajadores. Hoy en día, las elecciones son una oportunidad para ampliar las organizaciones, convocar a nuevas experiencias y coincide con la presentación de la Ley de Organizaciones de Trabajadores y Trabajadoras Sindicalizados, con el debate por la seguridad social; una seguridad que recupere el derecho a la jubilación, la salud, la posibilidad de tener trabajos estables, terminar con el negocio de las ART, llevar adelante una política que profundice todos los derechos de los trabajadores. En síntesis, es una gran oportunidad de crecimiento después de la consolidación de la CTA en el último tramo.

- ¿Cómo avanza el debate hacia la Ley de Organizaciones de Trabajadoras y Trabajadores Sindicalizados?

- Cerramos el 2013 con un debate muy importante instalado en la mayoría de las regiones en las organizaciones sindicales. Y si bien no ha hecho cambiar de postura a las otras centrales, lo que ha logrado es instalar la perspectiva del debate en los trabajadores. Para nosotros, ampliar ese debate fue una decisión correcta, y llevarlo hasta marzo también porque hemos tenido una repercusión en ámbitos inesperados como lo es la Academia, la Justicia, en los centros de abogados laboralistas, quienes mostraron la necesidad de cambios profundos. Obviamente las cuatro centrales sindicales restantes en conjunto con el gobierno, optaron por minimizar las decisiones de la Corte Suprema tratando de entregar a cambio algunas mejoras en los reglamentos electorales pero sin terminar con este sistema perverso en donde el dedo del Ministro de Trabajo es quien decide quién es representativo o no para beneficio de no sólo algunos dirigentes gremiales burócratas, sino también de las empresas que siguen concentrando la riqueza y bajando los salarios reales de millones de trabajadores.

- En los últimos días del 2013 en medio del conflicto salarial de la policía, se reavivó el debate acerca de la sindicalización de las fuerzas de seguridad ¿Por qué cree que es importante que las fuerzas se organicen?

- En principio debemos distinguir dos cosas: Los trabajadores de la seguridad estatal tienen derecho a sindicalizarse, eso está establecido en la Constitución Nacional, en los Convenios Internacionales que fueron declarados como supra ley y de hecho la decisión de la Sala 2 de la Justicia Laboral en los últimos días ha determinado que es de estricto derecho, o sea, que no es una discusión sino un derecho. Yo creo que al presentar un proyecto de ley para que se lleve adelante ese derecho, al igual que la libertad y democracia sindical que es un derecho constitucional, sería un paso hacia la democratización de las fuerzas de seguridad. Hay muchas chantandas en esto, a mi me sorprendió Capitanich diciendo que nadie que esté armado puede sindicalizarse. Los de la seguridad privada están armados y se sindicalizan, o sea, que es mentira lo que afirma el Jefe de Gabinete. Y en el mundo, la mayoría de los países europeos están sindicalizados. ¿Qué significaría para las fuerzas populares la democratización en las fuerzas de seguridad? Para mi es un paso adelante. La policía que tenemos actualmente fue la formada y construida desde la dictadura militar, la policía de Camps en la provincia de Buenos Aires, formada en el autoritarismo y la militarización creciente, con la presencia de la Gendarmería, Prefectura y ahora con este enclave del jefe de Inteligencia del Ejercito subordinando la represión interna en la Argentina. Yo creo que hacer sindicatos puede ser una vía para democratizar, o ayudar a poner luz democrática a las fuerzas de seguridad.

- ¿En qué estado se encuentra la Ley de Riegos de Trabajo?

- Nosotros hemos presentado una nueva Ley de Prevención y Reparación de Accidentes y Enfermedades Laborales. Esta nueva ley es presentada para resolver el problema de las más de 20 muertes diarias de trabajadores que existen por el mero hecho de ir a trabajar. Y a la vez, el objetivo es darle cobertura a los más de 8 millones de trabajadores que no tienen ninguna cobertura, y terminar con un negocio, el de las ART, que es el de la enfermedad y la muerte en nuestro país debido a la explotación de los trabajadores y las trabajadoras.

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Un viaje hacia las utopías revolucionarias (CXI): “Hola Luis ¿donde estás?”

Manuel Justo Gaggero (especial para ARGENPRESS.info)

La llamada de Susana, aquella madrugada del 18 de setiembre de 1971, en la que me informaba de sus temores y de la angustia con que vivía la detención ilegal o “desaparición forzada” de Luis Enrique Pujals, su compañero de vida, determinó que decidiera viajar a Buenos Aires esa misma noche, para sumarme a la búsqueda.

Esa mañana, cuándo caminaba hacia los Tribunales para cumplir con mis obligaciones laborales, me vinieron a la memoria recuerdos imborrables de aquellos años, a principios de la década del 60, en que lo había conocido a quién, desde el primer momento, consideré un compañero de una solidez y firmeza ideológica envidiable.

Llegó a la casa de estudiantes en la que yo vivía, frente al Parque Garay en la ciudad de Santa Fe, acompañado de Rubén Bonet “el Indio” y de Amadeo Viglierchio.

Militaban en Palabra Obrera, identificándose con el peronismo revolucionario y con John William Cooke.

Nosotros habíamos organizado la Asociación Gremial de Estudiantes de Derecho, adherida a la Confederación General Universitaria, y teníamos una importante inserción en el Movimiento en la provincia de Santa Fe.

Coincidimos en nuestra admiración y apoyo a la Revolución Cubana, que se había producido un año antes y, en la decisión, de que la única forma de lograr la Liberación Nacional y el Socialismo, era por la vía armada.

Acordamos acciones comunes en los diferentes frentes y encuentros cada quince días.

Al fortalecer la relación con Luis no dudé en que la mejor manera de que mi hermana Susana ingresara a la militancia política era con este grupo y fue así que ella se transformó en una activista de la Agrupación “Avanzada”, en la Facultad de Filosofía y Letras de la ciudad de Rosario.

Esa relación, en ese momento como militantes, se transformó en personal cuando logré, con muchos esfuerzos, que ambos reconocieran el amor que los unía; al mismo tiempo que reafirmaban su compromiso revolucionario.

Atrapado en aquellos pensamientos y, al mismo tiempo, recordando lo que había pasado con Alejandro Baldu, militante de las FAL secuestrado -desaparecido, y con mi amigo y colega Néstor Martins-, y su defendido Nildo Centeno, se incrementaba mi preocupación respecto a que había pasado con Luis...

Al mediodía, me encontré con quiénes compartía la mesa de café diariamente, Luis Brasesco, Eduardo Solari y Mario Arnau, quienes consideraron justificados mis temores, teniendo claro que la Dictadura empezaba a transitar por mecanismos represivos utilizados por los Estados Unidos y Francia en Vietnam y Argelia, por lo que coincidieron en que debía viajar; ofreciéndose a reemplazarme en mis obligaciones laborales.

Un compañero, con el que compartía el Estudio, me hizo saber que me podía llevar en auto.

Así, en las primeras horas de la noche de ese invierno crudo y triste, partimos hacia la Capital.

Al llegar fuimos directamente a un departamento en la calle Peña en la que se encontraban Susana, el padre de Luis, Enrique y sus hermanos Alberto y Alicia.

Pregunté si se había interpuesto un Habeas Corpus y con sorpresa advertí que se les había encomendado la tarea a abogados simpatizantes del PRT que hasta ese momento no lo habían presentado, por lo que me comuniqué telefónicamente con dos amigos de Luis, el “zambo” Rafael Lombardi y César Calcagno que acordaron redactar este y, constituirse en el juzgado de turno, para solicitar su inmediata intervención.

Esa misma noche comenzamos a conformar una Comisión por la Aparición con vida del “Flaco” integrada por Emma Illia, la hija del ex presidente radical, el esposo de esta, Gustavo Soler, el abogado de Perón, Isidoro Ventura Mayoral, y los integrantes de la recientemente constituida Gremial de Abogados de Buenos Aires, Raúl Aragón, Domingo Mercante, y Mario Kestelboin.

Desde la cárcel adhirieron Agustín Tosco, Atilio López y numerosos dirigentes de gremios combativos entre los que estaban nuestros amigos Raymundo Ongaro, Jorge Di Pasquale y, Benito Romano, entre otros.

El querido Mario Landaburu, con su compañera Lidia, habían sido testigos, obligados, del procedimiento llevado a cabo en la noche del 17 por personal de Coordinación Federal en el departamento de Canning y Nicaragua donde fueran detenidos 7 militantes del PRT y “secuestrado” Luis, ya que vivían en el mismo piso en el que estaba este.

Miguel Bonasso, al que conocí en esos días, y que era uno de los periodistas mas destacados del diario “La Opinión”, de propiedad de Jacobo Timerman, dedicó todo el esfuerzo periodístico y militante para denunciar la desaparición de Luis; manteniendo durante semanas la exigencia de la aparición con vida de este.

El hecho sin duda sacudió al mentado Gran Acuerdo Nacional proclamado por el dictador y su ministro del Interior Arturo Mog Roig, forzando a quiénes se prestaban a los planes del gobierno castrense a repudiar, por supuesto que sin mucha convicción, esta clara expresión del Terrorismo de Estado.

Por su lado los organismos de derechos humanos -Comisión de Familiares de Presos Políticos, Liga Argentina por los Derechos del Hombre-, se sumaron al reclamo advirtiendo que este procedimiento revelaba la esencia represiva del régimen militar mas allá de su proclamado respeto por las “instituciones”.

Los amigos de Enrique Pujals padre, publicaron, en varios diarios nacionales una carta abierta dirigida al presidente de facto Gral. Alejandro Agustín Lanusse solicitándole su intervención para evitar que se consumara un crimen de lesa humanidad, y para lograr que la familia Pujals recobrara a su hijo y con ello recuperara la tranquilidad afectada por este “grave episodio”. Mencionaban, además, que Luis tenía un pequeño hijo de sólo 4 años.

De esa forma se fue generando un clamor nacional, al que se sumó Norman Brisky que en esos momentos representaba, con gran éxito, la obra teatral “La Fiaca” de Talesnik, en un teatro de la Avenida Corrientes en la ciudad de Buenos Aires que leía, al terminar la actuación, una carta al pueblo argentino de Susana reclamando por la aparición con vida de su compañero.

El aumento de la actividad represiva, dirigido fundamentalmente a detener el crecimiento de las organizaciones obreras que cuestionaban a la burocracia sindical que tenía como máximos exponentes a Lorenzo Miguel y José Rucci y a frenar el desarrollo de las organizaciones armadas que intentaban disputar el poder ejercido por las clases dominantes, no pudo, sin embargo, frenar las luchas del movimiento popular.

No cabía duda de que el partido militar intentaba organizar su retirada, asegurándose la absoluta impunidad para evitar que sus crímenes fueran revisados por la justicia y que el gobierno “civil” asumiera, aceptando los condicionamientos entre los cuáles estaba la prohibición de llevar al Líder como candidato.

Este, por su lado, desde Madrid, al mismo tiempo que respaldaba a la dirigencia que había asumido la conducción de la CGT de Azopardo y reiteraba que no apoyaba a quiénes desde la debilitada CGT de los Argentinos o desde la Intersindical cuestionaban a la burocracia pactista, recibía a los delegados del peronismo revolucionario.

Nosotros, en nuestro “pequeño lugar en el mundo”, sin abandonar la campaña por la aparición con vida de Luis, bajo la dirección de los compañeros de las FAR comenzamos a preparar una acción dirigida a destruir una avioneta del interventor militar en la provincia; símbolo del poder dictatorial.

Al mismo tiempo llevamos a cabo operativos de propaganda armada conjuntamente con militantes del ERP y de las FAP.

La dinámica del momento no lograba que superáramos la tristeza que nos embargaba al darnos cuenta que pasaban los días y no lográbamos saber que había pasado con Luis.

El régimen, respondía con el silencio, a los reclamos de la familia y de las organizaciones sociales, políticas y sindicales.

Susana me comentó que el ERP, que en ese momento tenía como responsable militar a Joe Baxter, un ex integrante del Movimiento Revolucionario “Tacuara”, al que había conocido en la casa de Alicia y John, pensaba lanzar un ultimátum amenazando con iniciar una represalia indiscriminada si no aparecía Luis; cofundador de esta organización revolucionaria.

Mi respuesta fue negativa ya que entendía, a lo mejor equivocadamente, que la movilización popular podía lograr la aparición con vida de nuestro hermano y que estas acciones podrían retraer algunos apoyos.

Por supuesto que mi opinión podía no ser tenida en cuenta ya que el partido, del que era cofundador Luis, tenía parte de su dirigencia en la cárcel pero caracterizaban el momento como de represión y reacción popular, apuntando a esta última.

Mantenían con la misma un contacto fluido. Santucho, Urteaga y Gorriaran, entre otros, admiraban y respetaban a quién era un baluarte ideológico y político de la organización.

¿De que forma pudimos reconstruir el calvario de Luis? ¿Cómo conjugar la lucha revolucionaria, con la actividad sindical y política? ¿Cómo nos preparábamos para el anunciado regreso del General?

Estos serán algunos de los temas que abordaremos en nuestra próxima nota.

Manuel Justo Gaggero es abogado. Ex Director del diario “El Mundo” y de las revistas “Nuevo Hombre” y “Diciembre 20”.

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Llaman a nuevas movilizaciones de estudiantes chilenos en 2014

PL

La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Melissa Sepúlveda, llamó a la movilización en 2014 puesto que el conflicto educativo permanece sin solución en este país sudamericano.

Luego de la primera reunión en este año de la Confederación de Estudiantes de Chile, realizada en la Universidad Técnica Federico Santa María, la dirigente -quien cursa la carrera de Medicina- realizó "un llamado explícito a los estudiantes a movilizarse".

Según reseñó Radio Cooperativa, Sepúlveda planteó que "existen profundas diferencias programáticas" con los proyectos de la presidenta electa, Michelle Bachelet, vencedora el pasado diciembre en segunda vuelta electoral.

Igualmente, afirmó que la gratuidad que defienden los estudiantes chilenos "está bajo la lógica del derecho social" y ratificó la oposición a soluciones que pasen por disminuir sueldos de familias que están endeudadas.

Dirigentes de la Confech ya habían advertido a inicios de este mes que no habrá "luna de miel" con Bachelet.

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Inédito acuerdo para gobierno de Bachelet

ANSA

La Democracia Cristiana y el Partido Comunista firmaron un inédito acuerdo político donde dejan en claro sus posturas y concordancias de cara a la participación que tendrán dentro del gobierno de Michelle Bachelet, que asume el 11 de marzo.

En medio de la tradicional Fiesta de los Abrazos, que organiza el PC, ambas fuerzas presentaron un documento que analiza los puntos en común, así como las diferencias que complican un acercamiento.

A juicio de los dirigentes, el informe permitirá fortalecer su relación en el gobierno de Bachelet, tema no menor, pensando que había sectores de la DC que no estaban de acuerdo con que la fuerza de izquierda participara.

El diputado del PC, Lautaro Carmona, dejó en claro que esto es política y que es importante que haya diferencias que permitan la unión de distintos sectores del país que tienen en común un plan de gobierno.

Uno de los vicepresidentes de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, señaló que lo relevante de firmar este acuerdo es que permitirá profundizar en las diferencias que existen entre ambos partidos.

La DC y el PC comenzaron hace tiempo a discutir en base a un documento de 12 puntos, hecho llegar a ANSA, en que destacan los principios de "la elección periódica de las autoridades por medio del sufragio libre e informado, con un sistema de asignación proporcional de cargos".

También el sufragio universal, la importancia de "la existencia real y la promoción de un sistema múltiple de partidos políticos organizados democráticamente", "la duración de los periodos de las autoridades elegidas, debe estar establecida en la Constitución" y "la separación de las funciones o poderes ejecutivo, legislativo y jurisdiccional del Estado". Asimismo, "el total respeto a los derechos humanos" y "la tolerancia, el pluralismo y la fraternidad practicadas como virtudes cívicas".

Distinguen tres niveles de consenso, que no implica unanimidad, y en ese sentido destacan "consenso respecto a los valores mínimos que se deben compartir en una sociedad; consenso respecto a las reglas del juego, cuya norma esencial es el rechazo a toda forma de violencia como instrumento de acción política en una sociedad democrática, y consenso respecto a las políticas públicas específicas". Los dos primeros, sostienen, "son esenciales para la democracia".

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bre Colombia espacios para demandas sobre genocidio contra la UP

PL

El Consejo de Estado colombiano decidió flexibilizar los términos legales para las demandas de reparación de las víctimas del genocidio perpetrado contra la agrupación política Unión Patriótica (UP), a mediados de los años 80.

En lo adelante las víctimas o familiares de quienes fueron masacrados, torturados, perseguidos u objeto de desapariciones forzadas, durante esa época, podrán exigir reparación desde el momento en que tuvieron conocimiento del crimen o exterminio de sus seres queridos por la violencia generalizada contra ese movimiento.

De acuerdo con el alto tribunal de lo contencioso administrativo, hay demandas que deben aceptarse, pues las circunstancias obligan a que el tema de la caducidad se deje a un lado para permitir que el Estado responda ante las víctimas, conforme con los principios de verdad, justicia y reparación integral.

La decisión fue tomada a partir de la reciente aceptación del caso presentado por la familia de un sindicalista asesinado en el norteño departamento de Antioquia, a pesar de que en teoría ya habían expirado los término legales para hacerlo.

A principios de este mes, la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía identificó ocho situaciones asociadas a los asesinatos, amenazas y desplazamientos forzados de que fueron víctimas los miembros y activistas de la UP.

Según fuentes oficiales, esa línea de trabajo del ente judicial permitirá profundizar las investigaciones sobre el genocidio implementado, definir sus autores materiales e intelectuales y los móviles de las acciones perpetradas para llevarlo a cabo.

Una de las pesquisas se centrará en los asesinatos registrados en los departamentos del Meta y Antioquia y en las regiones de Urabá y Magdalena Medio, con vistas a establecer una sistematicidad en los crímenes cometidos.

También se investigarán los asesinatos de dirigentes políticos de la UP en casi todo el territorio nacional y su relación con los de otros representantes de movimientos y partidos colectivos.

La masacre perpetrada fue definida por el congresista Ivan Cepeda, cuyo padre fue una de las víctimas, como un caso paradigmático de aniquilación de los miembros y líderes de un grupo en razón de sus convicciones ideológicas, así como de la persecución de sus simpatizantes y la destrucción de su entorno social.

Como resultado de esa operación de exterminio, cinco mil personas fueron asesinadas, perseguidas, desaparecidas y torturadas, entre ellas dos candidatos presidenciales, ocho congresistas, cientos de alcaldes y concejales y miles de activistas locales.

A eso se unieron, según datos oficiales, detenciones masivas y arbitrarias contra los sobrevivientes del movimiento y poblaciones desplazadas de sus zonas de influencia.

Luego de una década de batallas jurídicas para lograr la restitución de su personería jurídica, la Unión Patriótica logró que el Consejo de Estado acogiera sus argumentos y la reintegrara al escenario político y electoral.

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Guatemala: Jueza suspende juicio al dictador Ríos Montt

REVOLUCIÓN 3.0 - TERCERA INFORMACIÓN

La justicia en Guatemala ha sufrido un duro revés. La jueza Carol Patricia Flores ha decidido suspender el juicio por genocidio que se seguía contra Efraín Ríos Montt y a su ex jefe de Inteligencia, José Mauricio Rodríguez.

La decisión se tomó basada en que la Corte Suprema de Justicia dictaminó que no se pueden restituir las diligencias practicadas desde noviembre del año pasado hasta la actualidad. De esta forma, el juicio ha retrocedido a una etapa previa, similar a la que se encontraba el 23 de noviembre de 2011 cuando se le recusó.

Esta decisión provocó gran malestar entre las víctimas. La fiscal general, Claudia Paz y Paz, dijo que se presentarán las acciones pertinentes para revocar la resolución de la jueza. De la misma forma, el Ministerio Público pidió a la jueza que analizara su resolución pues considera que la decisión agravia a las víctimas de las masacres.

Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez son acusados de ser los autores intelectuales de la muerte de mil 771 indígenas de la etnia ixil y del desplazamiento de otros 29 mil. También se les acusa del sometimiento a tortura, trato cruel e inhumano contra esta población, así como de la violación y abuso sexual de las mujeres ixiles en manos del Ejército en el año de 1982.

El proceso que se le seguía al ex dictador había credo gran expectativa pues no tenía precedente en el país centroamericano.

Las pruebas y testimonios que había aportado la fiscalía parecían contundentes y estaban a punto de concluir, probablemente con la condena del ex gobernante. Sin embargo, la derecha empresarial firmó un texto titulado Traicionar a la Paz y dividir a Guatemala, que desplegó en los principales diarios del país. En él, afirman que este proceso “divide innecesariamente” a Guatemala y afirman que “se corre un peligro inminente de que la violencia política reaparezca, traicionándose con esto el objetivo y la conquista de la paz”. En medio de esta presión la jueza decidió detener el proceso.

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El Salvador: “Estaban acostumbrados a manejar los recursos del Estado en beneficio privado”

Oscar López (COLATINO)

Antonio Echeverría, diputado de la fracción legislativa del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), explicó a la ciudadanía algunos de los resultados de la Comisión Especial que investiga el destino de un supuesto donativo de $10 millones entregado por China-Taiwán al ex presidente de la República Francisco Flores.

La comisión especial se conformó a finales de 2013 con el aval de 50 diputados, la única fracción que no apoyó la creación de la comisión fue la del partido ARENA, por lo que tampoco tienen representación dentro de la misma.

Para la fracción legislativa del FMLN, el que Flores explicara a los diputados el destino de los fondos que recibió es un paso importante, ya que esta es la primera ocasión en la que se le pide a un ex presidente de la República que explique anomalías dentro de su mandato.

“Este caso se da a partir de la denuncia. Es así como se forma la Comisión Especial, la gran sorpresa es que llega Francisco Flores a la Asamblea Legislativa y resulta que no fueron $10 millones, sino que cínicamente dijo que fueron entre $15 y $20 millones”, expuso el parlamentario.

Para el FMLN, las declaraciones del ex presidente Flores confirman lo expuesto por el Presidente Mauricio Funes, además de dejar sin validez los argumentos de la dirigencia de ARENA que en repetidas ocasiones afirmaron que esos donativos no existieron.

“Pusieron en duda las palabras del Presidente Funes, aun el Fiscal General de la República había negado que existiera una investigación”, indicó el legislador.

En su intervención ante los diputados de la Comisión Especial, Flores confirmó haber recibido donativos de Taiwán, cuyos cheques eran personalizados; además de que supuestamente los fondos fueron utilizados para atender a las víctimas de los terremotos de 2001, para la crisis de secuestros y para el corredor logístico contra el narcotráfico.

Flores agregó que los fondos fueron entregados a sus destinatarios, pero no supo responder a las preguntas de los diputados cuando estos le interrogaron a qué instituciones fueron transferidos o funcionarios o personas que recibieron dinero de la cooperación.

“La junta directiva de la colonia Las Colinas dijo que no habían recibido un cinco de Flores, por lo tanto, mintió e incurrió en otro delito por lo que la Fiscalía tiene que abrir otro expediente”, explicó el legislador de izquierda.

Echeverría aclaró que la visita de Flores al Legislativo no fue como invitado, sino como imputado, “llegó a declarar, para nosotros no llegó a una entrevista, llegó a declarar qué hizo con ese dinero”, concluyó el legislador.

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