lunes, 20 de enero de 2014

Armas y violencia on line

Adán salgado Andrade (especial para ARGENPRESS.info)

Hace algún tiempo escribí un artículo acerca de lo adictivas, banales y hasta peligrosas que están siendo las así llamadas “redes sociales” (http://adansalgadoandrade.blogspot.mx/2010/11/las-banales-adictivas-y-riesgosas-redes.html).

En ese trabajo, me refería al hecho de que las redes sociales, tales como el Facebook, que es una de las más empleadas, YouTube o el Twitter, no llegan, precisamente, a socializar en la época actual, sino, todo lo contrario, se han convertido mayoritariamente en instrumentos que aíslan, banalizan y, cada vez más, violentan a infinidad de grupos que se sirven de esos, digamos, hitos tecnológicos. Para los accionistas y/o dueños de tales redes, éstas se han convertido en muy lucrativos negocios que sirven, perfectamente, para, primero, retroalimentar al sistema de consumo impuesto por el capitalismo salvaje y, segundo, como instrumentos que emplean los poderes fácticos de control para manipular a sus “gobernados” y mantener la, digamos, “estabilidad social”.

En esta ocasión me centraré en el análisis de una de las tendencias a la que más han contribuido las redes “sociales”, que es la de la incitación cada vez más creciente a la violencia, que sería una especie de catalizador que contribuye a la citada “estabilidad social”, lo cual tiene el efecto de provocar un bajo o nulo nivel de activismo social, es decir, la gente es “activa” ejerciendo la violencia entre sí, pero es apática ante los movimientos sociales que buscan reivindicaciones políticas, como veremos.

Por ejemplo, en el caso de YouTube, basta con teclear la palabra “peleas” y aparecen infinidad de frases que contienen a dicha palabra contextualizada para distintos tipos de “contrincantes”: peleas en escuelas, peleas de mujeres en restaurantes, peleas de animales salvajes reales a muerte, peleas de borrachos, peleas de gallos… y así.

Hay supuestos filtros que YouTube aplica para “evitar” que se acceda a ciertos videos, como el de “restringir” la edad de la persona que se dispone a ver un video violento, pero, eso, como podemos intuir, no es problema para nadie familiarizado con la creación de cuentas en la red, pues es suficiente falsear los datos y, listo, se tiene acceso inmediato.

Así, tan sólo por el hecho de teclear palabras alusivas a la violencia, se tiene acceso a ésta en la red, aunque también hay los llamados “sitios extremos” en los cuales, ese tipo de videos o de contenido violento gráfico es por lo que existen. De hecho, es endémica ya la inclinación, casi generalizada, por la violencia, pues, por ejemplo, gran parte de los videos de violencia cotidiana que se presencian, son el resultado de las personas que se encontraban cerca de la riña, las que, en lugar de haberla detenido, simplemente sacaron sus celulares, la filmaron y la subieron a la red. Eso tiene el pernicioso efecto de irnos acostumbrando cada vez más a tal violencia y, peor aún, volvernos insensibles ante ella, de tal forma que cuando se mira un video agresivo de cualquier tipo, pareciera para muchos que están mirando una película “de acción”. No sólo eso, sino que, en general, hay una especie de encanto hacia todo lo que implique violencia. Cuando a la ciudad de México se han traído exposiciones museográficas sobre asesinos seriales, permanecen varios meses y se rompen records de taquillas, pues hay una morbosa atracción hacia esos psicópatas. En Estados Unidos, por ejemplo, hay mujeres que piden el semen de asesinos como Charles Manson, para embarazarse de ese obscuro personaje, quien en los años sesentas dirigía una supuesta “secta” que terminó asesinando a varias personalidades, entre ellas a Sharon Tate, en agosto de 1969, esposa en ese entonces del director Roman Polansky. Por si eso no bastara, como Manson, antes de convertirse en asesino, era cantautor, varias de sus canciones han sido retomadas por grupos tales como Guns N’ Roses, White Zombie o Marilyn Manson (Charles Manson cumple cadena perpetua en la prisión estatal de Corcoran, California). A ese nivel de socio-patología hemos llegado actualmente.

Incluso, la mayoría de los videojuegos existentes, también incitan a la violencia, además de a un nocivo aislamiento, a las personas, niños y adolescentes principalmente, que los juegan (http://www.jornada.unam.mx/2013/12/23/sociedad/042n1soc). Es increíble que los programadores traten de hacerlos “muy realistas”, buscando que los asesinatos que perpetran los personajes contra sus “enemigos”, ya sea que les revienten la cabeza de un certero disparo o que los corten a la mitad con un sable, parezcan, eso, muy sanguinolentamente reales.

Regresando a las redes, podría pensarse que la violencia queda allí, registrada en los videos de YouTube o en las fotos que se promocionan en Instagram, por ejemplo. Desafortunadamente, cada vez más se están dando situaciones en donde tal violencia se traduce en el mundo real, teniendo, muchas veces, consecuencias fatales.

Retomo el trabajo del periodista Ben Austen (Wired, octubre 2013), quien realizó un dramático reportaje acerca de lo que la violencia promovida por fotos o textos subidos a redes como el Facebook están ocasionando tan sólo en una ciudad de Estados Unidos (¿en qué otro país podría darse algo así?), a la cual contribuye aún más la absurda facilidad para adquirir armas y emplearlas, un verdadero azote para la sociedad estadounidense, pero un muy lucrativo negocio para los fabricantes de tales armas (ver mis trabajos al respecto:
http://adansalgadoandrade.blogspot.mx/2007/11/la-locura-por-las-armas.html
http://adansalgadoandrade.blogspot.mx/2012/07/de-tiroteos-estrenos-hollywoodescos-y_26.html).

La ciudad en la que Austen basó su investigación es Chicago, Estados Unidos, una de las ciudades más emblemáticas del estado de Illinois y de dicho país (fue cuna de famosos gánsteres). Esta ciudad cuenta con una población cercana a los dos millones, setecientos mil habitantes. Y aunque alberga a las 11 empresas que figuran entre las 500 más lucrativas del mundo, según la publicación Fortune, también existen zonas caracterizadas por una creciente pauperización y deterioro urbano y social, consecuencia de la generalizada decadencia de Estados Unidos, que a pesar de ser el centro del capitalismo salvaje y jactarse de ser aún el país más rico del orbe, posee ya 50 millones de habitantes en situación de pobreza y pobreza extrema (ver mis trabajos al respecto:
http://adansalgadoandrade.blogspot.mx/2012/01/en-busca-de-los-signos-de-la-decadencia.html
http://adansalgadoandrade.blogspot.mx/2012/02/de-como-eu-pospone-su-quiebra-y-aumenta.html).

Una de esas empobrecidas zonas es el barrio Englewood, caracterizado por elevados índices de pobreza y criminalidad. En el sitio, a finales del siglo 19, se hallaba la estación ferroviaria Englewood, por la que llegaban a pasar hasta 1000 trenes por día. Después, importantes centros comerciales se establecieron en el lugar, como el Englewood Shopping Center, los que dinamizaron bastante la actividad económica, logrando que en 1960 más de 97,000 personas habitaran dicho barrio, de un área de poco más de 23 kilómetros cuadrados. Sin embargo, la paulatina degradación, justo de la actividad económica, tuvo la consecuencia de que Englewood se fuera deshabitando y deteriorando urbanamente, a grado tal de que en la actualidad no permanecen allí más de 30,000 habitantes, siendo negros la mayoría, 97.37%, 1.06% hispanos, 0.11 asiáticos, 1.12 otros grupos raciales y apenas un 0.34% de blancos, lo que mostraría la tendencia decreciente que la raza blanca está teniendo en Estados Unidos (a pesar de ello, sigue habiendo racismo del blanco hacia las otras razas. Hace poco, una mujer negra fue asesinada sólo por tocar a la puerta de una casa, pues su auto se había descompuesto y trató de pedir ayuda. Quien le abrió era un paranoico blanco, quien, “temiendo” que la chica lo fuera a “asaltar”, si mayor advertencia le disparó a la cara. Ese individuo aún no es juzgado:
http://www.argenpress.info/2013/11/otro-crimen-de-odio-racista-en-estados.html).

Siendo mayoritariamente negros los residentes de Englewood y con un alto índice de pobreza, del 44%, comparado con el promedio del 20% para toda la ciudad, se comprende, muy bien, por qué el índice de criminalidad allí es de los más altos de Estados Unidos.

Lo anterior sirve para comprender el fenómeno de la violencia que investigó Austen, que, como dije, se ha multiplicado gracias a las redes “sociales”.

De hecho, la violencia en las redes que se ha desatado en Englewood, no es privativa del lugar, ya que, señala Austen, la mencionada facilidad para adquirir armas, así como la pobreza imperante, han llevado a que muchos jóvenes formen pandillas, con tal de mostrar que son y existen, como sucede en todo el mundo, en donde el pandillerismo concede, digamos, identidad e importancia a sus practicantes. En Chicago, alrededor de 70,000 personas, la mayoría jóvenes y adolescentes, son pandilleros que pertenecen a nada menos que 850 grupos de distintos tamaños y denominaciones y que se precian de serlo (un buen ejemplo cinematográfico de la importancia de las pandillas en Estados Unidos, lo ofrece la cinta clásica Blood in, blood out, en donde los miembros de tal o cual pandilla, se precian de serlo y buscan distintivos que, justo, los identifiquen ante otros, imponiendo su superioridad, tanto por el número de miembros, así como por las armas que poseen y las “victorias” que obtengan enfrentando a otras bandas. Así, las más distintivas en la cinta, eran los “Batos Locos”, contra “Tres Puntos”).

Antes de la existencia del Internet y su generalizado uso, las pandillas se concretaban a “patrullar” su territorio y no meterse en el de otras, si buscaban estar en paz. Sin embargo, en la actualidad, las redes “sociales”, tales como el Facebook, el Twitter y el YouTube, como menciono arriba, han ocasionado que las rivalidades y los enfrentamientos de los pandilleros, sobre todo en Englewood, sean cada vez más frecuentes e, incluso, perversos.

Austen comenzó por investigar el asesinato de un joven, Joseph Coleman, apodado Lil JoJo, debido al intercambio de insultos y canciones de rap, entre él y Keith Cozart, apodado Chief Keef. Cozart se hizo famoso con una serie de videos de él rapeando, que incluso lograron que una empresa disquera, Interscope Records, le diera un contrato exclusivo por 6 millones de dólares. El video, titulado “3hunna Chief Keef”, es una alegoría a la violencia de la pandilla a la que pertenece Cozart, pues “3hunna” es, digamos, que el apodo de dicha banda, Black Disciples Gang (puede verse el video aquí: http://www.youtube.com/watch?v=QFEhJfUcD1Q).

La mayor parte de la letra, acompañada del minimalista ritmo característico del rap, es una auto-exaltación del propio Cozart, quien advierte a cualquier “nigga” de otra pandilla que ni se metan con él o los miembros de su pandilla, 3hunna, pues “está fumando marihuana, tiene muchas pistolas y las empleará sin miramientos” (refiriéndose al enemigo despectivamente como “bitch”). Particularmente, alude a la pandilla GBE, Gangster Disciples, que es a la que pertenecía Coleman, diciéndoles que los va a matar (por otro lado, el hecho de que una canción tan minimalista, tanto en ritmo, como en letra, pero letra que contiene violencia intrínseca, haya convertido a su autor en famoso y millonario, nos da idea de la banalidad y simpleza “cultural” a la que hemos llegado actualmente, que la mayoría de la gente vanagloria a subproductos pseudo-artísticos como el citado video, que a la fecha tiene casi 16 millones de vistas).

La respuesta de Coleman fue otro video, “3HUNNAK”, en el que alude a Keef y su banda, con la frase “Niggas claim 300 but we BDK”, en la cual BDK se refiere a la propia pandilla de Jojo, la Black Disciples Killers. En ese video, incluso, amenaza con disparar a un miembro de la pandilla de Cozart (este es el video: http://www.youtube.com/watch?v=LhAOSzpydVM).

Así, tras una serie de insultantes e intimidantes mensajes por Twitter, Coleman fue asesinado, cuando paseaba en los diablos de la bicicleta de un amigo. Lo irónico del asunto es que minutos antes, Coleman había twitteado que andaría en el número 6900 de la avenida South Princeton, justo en donde fue asesinado, o sea, él mismo les dio su ubicación a quienes lo asesinaron de un balazo. De inmediato, en la cuenta de Twitter de Chief Keef aparecieron comentarios burlones. Uno de ellos eran carcajadas y el otro decía que “Lástima, porque ese negro JoJo, quería ser como nosotros”, aunque Keef lo niega (alega a su favor que su cuenta fue hackeada). Sin embargo, Keef no es sólo famoso por sus melodías, sino porque frecuentemente desafía a la policía con sus fotos de Instagram, que comparte nada menos que con sus 750,000 seguidores de Twitter, en las que sale portando drogas y armas, diciendo que con esas armas “voy a matar a algunos policías ojetes” (de hecho, cumplió una breve sentencia carcelaria debido a esas amenazas contra la autoridad. Quizá también por su irreverencia ante la ley, sea tan “admirado”). El asesinato de Coleman desató, a su vez, otros asesinatos, producto de venganzas, además de miles de comentarios en Twitter y videos en YouTube, de apoyo, de burla, de amenazas… a pesar de que más de un año ha pasado desde entonces, septiembre del 2012.

Y de forma similar, señala Austen, es que se propician los enfrentamientos entre las pandillas. Basta con que un joven cualquiera (conocido como Facebook driller), una mañana, revise el Facebook del miembro de una pandilla rival, la que puede estar pasando la calle, pues las 850 que, como señalé, existen en Chicago, conviven muy cercanamente, tanto en localización física, así como por las citadas redes sociales. Luego, ese joven anotará varios insultos y… ¡listo!, esos insultos se vuelven virales, o sea, se retoman, se retwittean o se repostean por decenas, cientos, miles de personas, y al final de ese día, todo mundo sabe que fulano insultó a mengano y merece una golpiza o, peor, ¡morir!, pues lo que comenzó como simples insultos o amenazas on line, concluyen en enfrentamientos reales, muchos de ellos fatales, como ya vimos.

Como señala Austen, si antes, la acción de las pandillas era algo secreto, privativo del medio, hoy día es prácticamente un espectáculo público del que todos se enteran, incluso, irónicamente, la policía. Y si con las bandas de antes del Internet, los cuerpos policiacos de Chicago patrullaban sólo las calles, hoy también lo hacen patrullando las “redes sociales”, pues señalan que un alarmante 80% de las riñas en las escuelas, por ejemplo, se inician en las escuelas (cuenta la policía con un departamento de analistas dedicados exclusivamente a ello).

Fuera de que la “vigilancia” policiaca de las redes sirva para ubicar un posible intento de asesinato, eso comprueba como cada vez más, dichas redes les sirven a los mafiosos “gobiernos” como instrumentos de vigilancia, como ha hecho Estados Unidos durante los últimos años, no sólo a ciudadanos estadounidenses, sino de todo el mundo. De hecho, por estos días, incluso empresas como Google, Facebook y Yahoo han protestado por la violación de la privacidad de sus sitios, debido a las acciones de espionaje que realizó la NSA (National Security Agency), que fueron reveladas por el contratista Edward Snowden, porque, afirmaron, afecta sus negocios, pues mucha gente ha limitado ya el empleo de esas redes o, de plano, ha cancelado sus cuentas, por temor a ser espiados
(http://www.jornada.unam.mx/2014/01/13/mundo/019n2mun).

Ese espionaje también se ha facilitado dado que actualmente existen varios programas que vulneran los passwords de los que se sirven los usuarios de las distintas redes, por muy “secretos” que aquéllos puedan ser (ver mi trabajo al respecto:
http://adansalgadoandrade.blogspot.mx/2013/04/los-vulnerables-passwords_4878.html).

De todos modos, el exhibicionismo con que las pandillas actúan empleando las redes, señala Austen, es intencional, pues, a pesar de que saben que la policía los vigila, lo hacen porque, para muchos adolescentes o jóvenes, el mostrar fotos de ellos, portando distintas armas, en poses amenazantes es una forma de disuadir a sus posibles contrincantes de que los ataquen, como le dijo uno de los chicos entrevistados, Boss Nick, quien sube fotos a Instagram portando distintas armas en cada una de ellas, esbozando amenazantes gestos. “No me importa quién me vea, sólo que sepan que tengo estos cacharros”, afirma, categórico.

Aunque también muchas pandillas suben sus videos haciendo odas a la violencia, debido a que buscan tener la misma suerte de Chief Keef, para ver si una empresa mediática, como MTV o BET’s 106th & Park, los contrata y se hacen famosos, al igual que Keef (de hecho, es una tendencia que siguen miles de personas por todo el mundo, subiendo a diario videos de lo que sea, con tal de que se vuelvan virales, YouTube los contrate, y puedan vivir de eso. Sin embargo, es muy pequeño el porcentaje de los que lo logran, sobre todo porque ya se ha saturado bastante esa manera de tratar de “triunfar”). Pero la mayoría de las veces, ni se hacen famosos y solamente son agredidos o asesinados.

Como señalé, la policía ya analiza a diario cientos de cuentas de Facebook, Twitter o YouTube para rastrear las actividades criminales de las pandillas. Austen contactó al jefe de la unidad contra pandillas, Kevin Ryan, quien le mostró que con sólo teclear las letras “CPDK” (Chicago Police Department Killers), en YouTube, se muestran decenas de resultados de pandillas que amenazan con matar a policías. Además, no se necesita tanta agudeza en las investigaciones, dice Ryan, pues con sólo acceder a sitios como The HoodUp.com o StreetGangs.com, pueden verse videos de pandilleros amenazando o golpeando a sus enemigos. Gracias a su patrullaje virtual, afirma Ryan, han evitado que se lleven a cabo varios asesinatos.

De todos modos, ya varios miembros de pandillas han comenzado a tomar precauciones sobre el empleo de Facebook, como le dijeron a Austen. Unos de ellos, los pandilleros de The Morgan Street, recomiendan, “primero, no hacer pedidos a rivales, ni aceptar ninguno de quien no conozcas. Segundo, si necesitas echar un vistazo al Facebook, hazlo desde el celular de otra persona, de preferencia del de una chica. Y, tercero, no te desconectes del todo de las redes, pues necesitas saber quién está enredado con quien, quien te está amenazando y quién te puede tomar desprevenido”. Otro joven, Novell, declara que cuando alguien le escribe algo por el Facebook, él nunca responde. “Lo que sí hago, es subir constantemente mis fotos con mis pistolas, y no me importa que la policía las vea y me pregunte que por qué ya tengo una nueva arma”. Pare él, aunque arriesga su vida, también la protege. “Soy mi propio policía”. Por lo mismo, recientes estadísticas muestran que muchos adolescentes han dejado de emplear el Facebook, quizá como medida de precaución (http://istrategylabs.com/2014/01/3-million-teens-leave-facebook-in-3-years-the-2014-facebook-demographic-report/).

Uno de los jóvenes que Austen entrevistó, Ronald, no corrió con suerte, a pesar de que era un chico tranquilo, que quería ser peluquero y que subía fotos de él, con poses intimidantes, con tal de que no lo molestaran los pandilleros rivales. Algunas semanas después de concluida su investigación, Austen se enteró de que, justamente en el Día de las Madres del 2013, Ronald fue asesinado de un balazo en el cuello. Ronald le había dicho que si no existiera el Facebook, no habría tantos asesinatos entre las pandillas. Sí, seguramente a él no lo hubieran asesinado tampoco.

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Panamá: La expropiación de SACYR y nacionalización de obras de la ampliación del canal

Olmedo Beluche (especial para ARGENPRESS.info)

El 20 de enero de 2014 se cumple el plazo impuesto por el consorcio Grupo Unidos Por el Canal (GUPC), encabezados por la española Sacyr, para suspender las obras de la ampliación del Canal de Panamá si la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) no se compromete a pagarles 1.600 millones de dólares de sobrecostos, que equivalen al 50% de lo pactado originalmente. Amenaza que ya ha sido cumplida en gran medida, ya que se informa que las obras se desarrollan a un tercio de su capacidad y que más del 70% de la fuerza laboral ha sido despedida.

El interés nacional de Panamá obliga a la Junta Directiva de la ACP a tomar medidas urgentes, que debieron tomarse desde el 1 de enero cuando se hizo pública la amenaza de GUPC: decretar la expropiación de las empresas en cuestión y nacionalizar las obras de construcción del tercer juego de esclusas. Cualquier dilación o salida intermedia sólo significará mayor daño a la economía panameña y un drenaje de fondos del canal hacia los bolsillos de un grupo empresarial que actúa al filo de la ley.

Jorge Quijano, actual administrador de la ACP, se ha tomado la molestia de explicar en detalle el conflicto con GUPC a los gremios empresariales como la Cámara de Comercio y la Asociación de Ejecutivos de Empresa (APEDE), pero manteniendo en la oscuridad al resto de la nación panameña, en particular a los gremios y organizaciones de la clase trabajadora. Esta actitud no es de extrañar, pues la Junta Directiva de la ACP está controlada y responde a los intereses de grupos empresariales y partidos políticos de la burguesía, estando los sectores populares carentes de cualquier representación en ella.

Por intermedio del presidente de la Cámara de Comercio se conoce que Quijano informó que el problema de Sacyr es que se encuentra "sin flujo de caja", "sin liquidez", es decir, está descapitalizada. De lo que pareciera colegirse que si la ACP le tira una toalla se resuelve el problema de la liquidez, el problema sería establecer el tamaño de la toalla.

Los panameños que saben sumar y restar se preguntan ¿Cómo es esto posible? Si la ACP le ha adelantado 2.831 millones de dólares de los 3.118 millones pactados en el contrato de 2009 (¿en cuantos negocios te pagan por adelanto?). O sea, GUPC ha recibido a la fecha 76.4% de los fondos comprometidos, pero sólo ha garantizado el 65% de las obras en la nuevas esclusas. Otros cálculos, como el del abogado Sidney Sitton, establecen que ya ha sido pagada por la ACP a GUPC la TOTALIDAD de la obra a punta de adelantos. Aún así, a la fecha, GUPC debe a subcontratistas, al menos, 238 millones de dólares, pero piden 1.600 millones más para terminar. Como decimos en Panamá: ¡Qué huevo!

Lo que está sucediendo es que Sacyr ha utilizado sus ingresos de la ampliación canal para tapar los enormes déficits que han llevado a la empresa al borde la quiebra. Por eso es que está descapitalizada. Déficit de Sacyr que llegaba a los 20.000 millones de dólares en 2008, antes del contrato con ACP y que la Junta Directiva del canal no podía ignorar cuando les concedió el contrato.

Y, digámoslo, porque seguro está relacionado: antes que la empresa panameña Constructora Urbana S.A. (CUSA), de la familia (lejana dice él) del entonces administrador de la ACP, Alberto Alemán Zubieta, liderara la creación de GUPC.

El presidente de Sacyr hasta 2011, Luis del Rivero, es un típico financista de esos que la crisis de 2007-2008 ha puesto en evidencia: un sinvergüenza involucrado en toda clase de jugarretas financieras, todas fallidas, pero costosas, no para él, sino para la empresa y sus accionistas: intentos por copar la directiva de BBVA, de adueñarse de la francesa Eiffage y de Repsol ("Así, así, así gana Sacyr", Javier G. Cuesta, El Mundo, 2/1/2013).

En 2011, Luis del Rivero fue sacado de la directiva de Sacyr al ser imputado por pagar 200 mil euros en sobornos al financista del Partido Popular (partido de Mariano Rajoy, primer ministro actual), Luis Bárcenas (preso actualmente) para obtener un contrato para una filial en Toledo. ¿Algo tendrá que ver esto en el interés de la ministra de Fomento española para apersonarse hasta Panamá para defender los intereses de Sacyr?

En fin, que se está tratando con una pandilla de sinvergüenzas, el que lo dude que mire la cara y los actos de Manuel Manrique, buen amigo de Luis del Rivero y actual director de Sacyr, además aparente amigazo del actual ministro de Turismo panameño a quien atendió en un viaje misterioso a Madrid poco antes de tomar posesión Ricardo Martinelli.

Que empresarios internacionales pretendan "hacer su agosto" a costa del Canal de Panamá no es nada nuevo, y viene sucediendo desde el siglo XIX, cuando empezaron las obras del llamado "Canal Francés", con el robo de fondos de miles de accionistas franceses por los administrativos de la Compañía Universal (que vinieron a "hacer su Panamá") y que derivó en la cárcel para el hijo de Fenand de Lesseps y otros.

Para no mencionar el negociado posterior, dirigido por el abogado neoyorkino William N. Cromwell por el que un poderoso grupo empresarial hizo un buen negocio con la separación de Panamá de Colombia y la imposición del Tratado Hay Bunau Varilla. Ni qué decir de los beneficios obtenidos por EE UU con el canal mientras Panamá recibía una cifra risible.

Por esa razón, desde el Movimiento Popular Unificado (MPU) hemos propuesto los siguiente:

1. No dar ninguna confianza a la Junta Directiva de la ACP ni a su administrador porque no representan los genuinos intereses de nuestro pueblo y porque han actuado de espaldas al país incluso en la aprobación del contrato de marras con GUPC;

2. No pagar un centavo más a GUPC y exigir la nacionalización de las obras y la expropiación de los bienes de Sacyr y sus socios a la vez que el pago de la garantía depositada en una aseguradora europea;

3. Que la ACP continúe las obras con asesoría de ingenieros expertos nacionales e internacionales;

4. Exigir una Comisión Independiente con representación de los sectores populares que estudie lo sucedido, establezca si hubo dolo y defina el curso de acción;

5. Modificar el Título Constitucional que rige a la ACP para que su Junta Directiva esté bajo control obrero y nacional y no responda intereses pecuniarios de la oligarquía panameña.

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El impasse político y los trabajadores

Jorge Altamira (especial para ARGENPRESS.info)

No solamente el gobierno, sino la situación política de conjunto se encuentran empantanados. La estantería resiste en forma precaria. Cualquier movimiento amenaza con derribarla. El anuncio de que se tomarían los precios de mercado como base del impuesto a la riqueza puso ‘groggy’ a la gestión de Capitanich, la cual había ingresado en un estado de hibernación como consecuencia de su reacción ante la crisis policial en Córdoba. Nada ilustra mejor, precisamente, el momento político que lo ocurrido con los amotinamientos policiales y los cortes masivos de energía: el gobierno no ha hecho nada en ninguno de los dos casos a pesar de su gravedad, de las advertencias y amenazas que fueron proferidas en ambos, y de que podrían repetirse en cualquier momento.

Remarquemos que el lobo no está.

En el plano de la economía es donde mejor se manifiesta el impasse general. La carestía alimentaria no tiene precedentes desde la bancarrota de 2001. El llamado acuerdo de precios ha dado paso a una remarcación sin precedentes. El dólar supera alegremente los once pesos, sin que lo detenga la legalización del mercado paralelo que opera en la Bolsa ni la venta incesante de bonos en dólares de la Anses, o el otorgamiento -a los monopolios cerealeros- de un premio cambiario que consiste en un certificado en dólares, a una tasa de interés elevada, por los dólares que deberían ingresar por las exportaciones (las que, en cambio, retienen). Los macaneadores habituales del oficialismo han comenzado a descubrir que los puertos privados favorecen la subfacturación de las exportaciones y que la mayor parte del comercio exterior se realiza a través de mercados intermediarios (“triangulación”) para consumar, precisamente, este tipo de fraude. Del “desendeudamiento” (la Anses reemplazando a los acreedores internacionales) se ha pasado al reendeudamiento (los acreedores internacionales comprando barato los bonos en poder de la Anses). Esta operación implica una pérdida contable y real enorme para la Anses, que tiene anotados esos bonos a su valor nominal. Los K han instaurado un cuádruple mercado cambiario -el comercial, el bursátil, el del turismo y el negro- sin ningún beneficio pero con todas sus desventajas. Desde los malogrados Cedines y Baades, los ‘economistas’ K no dan pie con bola: a pesar de la devaluación acelerada en todos los mercados, no ingresa un ‘verde’ ni en pleno verano.

El cisne negro

El escenario de impasse ha sido (mal) interpretado por la inmensa mayoría de los analistas como un síntoma de que la situación aguanta hasta finales de 2015. Una caracterización de este tipo revela una ignorancia fenomenal de la historia: el estallido es siempre precedido por un inmovilismo que abraza al conjunto de los protagonistas políticos oficiales. La mediación entre el impasse y la ruptura la cumple el detonante. La sacudida podría ser provocada por un derrumbe (que se anuncia) de la lira turca o de la calificación de Brasil o algún fallo inconveniente sobre la deuda externa en litigio. Lo mismo podría ocurrir con un revés judicial para Boudou o para Báez -el cura designado en el Sedronar ya ha salido a denunciar que se ha encontrado una cueva de corrupción. La otra variable es la incertidumbre sobre la enfermedad de CFK.

El inmovilismo oficial está representado en forma cabal por el ministro Kicillof, al cual todos juzgan, por el contrario, como muy movedizo. El ‘soviético’ le ha asegurado a su jefa que tiene el paquete bien atado a partir de su alianza con Chevron y con los fondos internacionales que participaron del canje. Kicillof representa al capital extranjero en el gabinete nacional. Pero la propuesta de esos fondos para solucionar la crisis con los fondos buitres y las inversiones extranjeras para explotar el petróleo y el gas no convencionales, solamente podrían fructificar si el gobierno las complementa con la megadevaluación del peso oficial y la liberación de cambio extranjero. O sea con un Rodrigazo. Chevron ya ha comenzado a ingresar los pocos dólares que ha comprometido por el mercado de la Bolsa en lugar de hacerlo por el oficial. Kicillof acaba de rechazar una propuesta de crédito internacional debido a la tasa usuraria que la acompañaba, arriba del 15%; aceptarla habría significado acabar, en un par de semanas, como De la Rúa-Cavallo. Pero no ocurrirá lo mismo con la segunda o tercera oferta. El capital internacional está diciendo que está dispuesto a apoyar financieramente una devaluación del peso y la liberación del mercado de cambios -de ningún modo a evitarlas.

Retirada estratégica

Las propuestas de salida abundan y son coincidentes, pero nadie mueve la pieza. González Fraga se decidió, por fin, a reclamar la devaluación integral -previo desdoblamiento del mercado cambiario. Melconian ya no mastica palabras: la salida -dijo- pasa por una recesión fuerte. Nadie, sin embargo, logra reunir una masa crítica para provocar la crisis política que daría paso a esa salida. Las principales cámaras de empresarios, incluidas las extranjeras, han comenzado a reunirse para discutir temas que calificaron de “institucionales”. El “círculo rojo” ya está dibujando alternativas. Rodolfo Terragno piensa que la crisis en curso termina con el presidencialismo y que habría que ir a un régimen parlamentario.

La retirada estratégica del kirchnerismo pasa por el intento de copar el Poder Judicial, para cuidar sus huesos y sus cajas. La aplicación de la ley de medios se encuentra paralizada por las idas y vueltas de los propios empresarios K, incluidos eventuales acuerdos con Clarín. El otro aspecto de la retirada es Milani, del cual espera el apoyo en caso de crisis política. Carlos Pagni, el columnista de La Nación, advirtió que lo mismo esperaba Salvador Allende cuando nombró a Pinochet (y los laderos de Isabelita y los radicales cuando encumbraron a Videla como jefe del Ejército).

En la burocracia sindical, la novedad más relevante es el giro de Gerardo ‘601’ Martínez hacia la oposición y las declaraciones cada vez más “destituyentes” del ‘tranviario’ Fernández y del ‘fraternal’ Maturano. La burocracia sindical opera en relación estrecha con el ‘vaticano’ Francisco, quien acaba de pedir -nada menos que a De Mendiguren- que “cuiden a Cristina”. Es una clara alusión de Bergolio a una incapacidad de CFK para seguir gobernando. La cumbre de Mar del Plata convocada por Moyano, Barrionuevo y Fernández -a la que prometen asistir Scioli, De la Sota y Massa- tiene por objetivo dejar armada la sucesión anticipada de Cristina. Este frente considera que de lo contrario todo se desmadra, sin alternativa. Pero todavía hay que sacudir el árbol.

Inquietud popular

En contraposición con este impasse que se disimula con ajetreos que apenas ocultan su línea conspirativa, las inquietudes se multiplican entre los trabajadores por los motivos más diversos: despidos, reclamos salariales, cortes de luz; crisis de salud, educación y vivienda; crisis provinciales y la continua operación de la mafia de la trata. Llamamos a apoyar todos estos reclamos y, particularmente, el salario mínimo de ocho mil pesos, con el planteo de que las organizaciones obreras convoquen a un congreso de trabajadores para impulsar un plan de lucha y un programa económico y político alternativo de la clase obrera.

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A propósito del permanente discurso de los medios de comunicación sobre la “inseguridad”: Robar

Gustavo Robles (especial para ARGENPRESS.info)

Se dice que la profesión más antigua del mundo es la prostitución. Sin embargo, tan vieja como ella al menos, es la práctica que algunos tienen de quedarse con lo que a otros pertenece. Es obvio que las características propias del “ser humano” son el caldo de cultivo para que ello ocurra. Las hay del tipo “natural”, instigadas por la necesidad para subsistir y el instinto de conservación; pero también las hay del tipo “cultural”, creadas por el desarrollo de la civilización y la organización social.



El constante avance en los logros civilizatorios de la Humanidad, distribuidos de manera arbitraria y desigual, ha modelado esa forma deshonesta de “ganarse” la vida. Sin embargo, cuando uno se detiene a analizar hilando un poco más fino en el asunto, comienza a preguntarse cuál es la causa y cuál la consecuencia: si la distribución desigual de los beneficios de los avances en los conocimientos para el manejo de los recursos no tiene que ver con “designios místicos o naturales”, deben tener que ver la opresión y la apropiación de la producción de la riqueza, generada a través del intelecto y de la fuerza de trabajo para la transformación de la naturaleza, por parte de unos pocos en detrimento de las mayorías. Imagino en los albores de la humanidad una tribu viviendo en comunidad, donde los machos se encargaban de cazar y las hembras de reproducir la especie y cuidar a las crías; o más tarde, con el avance civilizatorio de la agricultura. En ambos casos, ya desde el principio, donde se cazaba o producía con el trabajo conjunto y asociado, no se repartía lo producido en partes equitativas entre sus integrantes, pues siempre alguien, generalmente el más fuerte físicamente y con menos escrúpulos, se quedaba con lo producido por los demás sin tener que esforzarse trabajando, sino imponiendo su fuerza, apaleando y amedrentando a sus congéneres. Así nació no sólo el robo, sino la explotación. Y por supuesto, la sociedad de clases.

Con el correr de los siglos, esas prácticas se fueron perfeccionando y adquirieron diferentes características según en qué sector social se desarrollaran. La apropiación del producto del sudor de las mayorías por parte de las clases acomodadas fue legitimada por el orden social creado por ellas. Las leyes se pensaban, se escribían y sancionaban en función de esa lógica social, dando forma a la institución “Estado”, para resguardar los privilegios de los poderosos. Hasta la Fe de millones era cooptada y las jerarquías de las diferentes supersticiones -transformadas en religiones- se acomodaban para pasar a ser herramientas de engaño y explotación. La legalización de lo ilegítimo por parte de los que detentan el poder, llegó al extremo de matar para lograr sus objetivos de quedarse con lo que no era suyo: ya sea a un individuo, a un grupo de personas, a un pueblo o a varios pueblos a la vez, todo pasó a ser válido para los que dictan las normas. Las guerras, las invasiones, los genocidios, las colonizaciones, las “limpiezas” étnicas, fueron justificados por el poder triunfante de turno. Por supuesto, todo aquél que quisiera “recuperar” algo de lo apropiado por sus explotadores, era considerado un delincuente. Y por supuesto también, en el marco en el que la “apropiación” era legal de arriba para abajo, había quienes sin el poder de los poderosos pero con su misma baja calaña de escrúpulos, se apoderaban ocasionalmente de lo poco que poseían aquellos que pertenecían a su misma clase social. A eso se lo llamó, simplemente, “robar”, y quienes lo llevaban a cabo, ladrones.

El advenimiento de formas complejas de organización social determinó la conformación no sólo de castas y clanes, sino de la representación política de los estados constituidos. En los regímenes monárquicos, feudales o aristocráticos, el funcionariado estatal es explícitamente lacayo de las clases dominantes y no tiene representación popular pues no hay opción de elegir para las masas. Con el surgimiento y consolidación de la hegemonía y la democracia burguesas, la conformación de los partidos políticos y las posibilidades cada vez más amplias de elección popular, la relación entre la clase dominante (burguesía) y la representación política del Estado también se complejizó. Los políticos que se alternan en el manejo de las riendas del Estado (gobierno), al velar por la salud de la organización estatal que los ha ungido, tienen entramados sus intereses con los de quienes le dan el carácter de clase a ese Estado (los burgueses): son sus instrumentos. Así, pasaron a formar parte de los “beneficiados” en la apropiación de las riquezas generadas por los asalariados. La explotación, las leyes, el comercio, los precios, las taifas, los impuestos son partes de ese mecanismo. Los dueños de los medios de producción se enriquecen comerciando entre ellos y con los estados, mientras el funcionariado político se constituye en una nueva casta de nuevos ricos, a costa de dietas muy por encima de los salarios de los trabajadores, y de su relación implícita con los sectores patronales, dispuestos a “invertir” en dádivas (coimas) hacia ellos para sostener y perfeccionar el sistema que les asegura sus privilegios.

Está claro entonces que la acción – ROBAR, apropiarse de lo que le pertenece a otros- es la misma en todos los casos, pero, según qué clase la lleve a cabo, es socialmente aceptada o no. Una es legitimada por las leyes y la otra condenada. Y una es consecuencia de la otra. El paso del tiempo y el acostumbramiento han transformado esta concepción en Cultura de masas.

Eso se ha plasmado a través de la historia en todas las épocas. Hoy vemos cómo los medios de comunicación, parte fundamental de la Cultura impuesta por las clases dominantes, se horrorizan ante la acción delincuencial de los pobres que toman ese camino, y nada dicen de la apropiación constante del sudor de las mayorías asalariadas por parte de sus explotadores, a los que hacen ver como “grandes señores”. Nadie puede negar que la tan mentada “inseguridad” existe, aunque en ese sentido ha existido siempre. Pero mientras la denunciada y condenada se lleva las posesiones puntuales de quienes la sufren ocasionalmente, hay otra mucha peor, que es la que llevan a cabo individuos sentados detrás de un escritorio, manejando lujosos automóviles y viviendo en ostentosos inmuebles: los dueños de las empresas y su representación política, que se apropian constante, metódica y estructuradamente de las riquezas producidas por los trabajadores. En el “concepto” que inculcan a través de sus medios de comunicación sobre “inseguridad”, no entran la precarización laboral, ni la inaccesibilidad para atender la salud o a la educación por parte de millones de seres humanos.

En la Argentina actual, en ese sentido, el kirchnerismo se da la mano con los sectores de la explotación, pues es parte responsable de esas “inseguridades” no reconocidas como tales. Ha venido a embarrar las cosas, como en todo aspecto de la política: mientras dice pelearse con algunos representantes de la burguesía, los sigue enriqueciendo como nadie antes, a la vez que sus líderes amasan enormes fortunas aprovechándose de sus tareas en la función pública, constituyendo claros actos de corrupción. Una de las características de la corriente política creada por el pejotista Néstor Kirchner es la de generar e imponer un discurso que poco tiene que ver con la realidad. Pero es más curiosa aún la postura que adopta ante la corrupción de sus funcionarios. Así como decide ignorar la inflación provocada por sus políticas económicas y ni se permite mencionarla, hace lo mismo ante el latrocinio de los miembros de su troupe, y ataca a los que osan denunciarla. El crecimiento exponencial de las posesiones de sus cuadros y aliados no puede explicarse pero tampoco señalarse ni discutirse. Y esa “concepción” se traslada a su militancia y a los sectores populares que lo apoyan: cualquiera que se indigne ante esa “magia” que transforma en magnates a los funcionarios o sus amigos de un día para el otro, es tildado de gorila. Con lo cual, la lucha contra la corrupción es desdeñada –como si no importase y fuese consecuencia inevitable de un ciclo que algunos quieren hacer ver de “crecimiento virtuoso”-, lo que constituye una aberración en sí misma, para dejarla, encima y ante la vista de las masas, en manos de sectores de derecha, los mismos que jamás señalarían a un patrón por enriquecerse a costa de sus obreros.

En mi vida me han asaltado simples cacos en infinidad de oportunidades. No olvidaré jamás la primera vez, cuando una bandita intentó despojarme de mi bolso cuando iba caminando a entrenar a las inferiores de Arsenal, allá por los 70, detrás del viaducto de Sarandí. Varios asaltos en mi casa, en mi laburo, hasta un par de vehículos robados, son experiencias que generan malos tragos con el paso de los años. Pero les aseguro que nadie, NADIE, me ha robado más en la vida que los patrones que he tenido, los políticos a cargo del Estado Burgués y las empresas monopólicas a los cuales esos canallas han enriquecido a nuestra costa.

Si de verdad alguna vez la Humanidad quiere terminar con la “inseguridad” que produce el triste “arte” de robar, deberíamos empezar a aleccionar por arriba y no tanto por abajo.

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Dijo Henry Kissinger a la dictadura militar: “lo que tengan que hacer háganlo rápido”

David Corn (THE MOTHER JONE - AGENCIA WALSH)

El hallazgo de documentos confirma que en 1976 Henry Kissinger apoyó y alentó a la Junta Militar argentina en su plan de exterminio de opositores, un memo con una grabación de una conversación aparece descubierto por el investigador Martin Edwin Andersen. Lo confirma.



Kissinger dio luz verde al asesinato masivo en Argentina.

Hace sólo unos meses, Henry Kissinger estaba bailando un poco raro con Stephen Colbert en el programa Comedy Central de este último. Pero durante años, el ex Secretario de Estado ha eludido el juicio por su complicidad en las horribles violaciones de los derechos humanos en el extranjero, y un nuevo documento proporciona una clara evidencia de que en 1976 Kissinger dio “luz verde” a la junta militar neo-fascista de Argentina para la guerra sucia que estaba llevando a cabo contra civiles y militantes de izquierda, hecho que dio lugar a la desaparición -es decir, la muerte- de unas 30.000 personas.

En abril de 1977, Patricia (Patt) Derian, una activista de los derechos civiles, a quien el presidente Jimmy Carter había nombrado secretaria de Estado adjunto para los derechos humanos, se reunió con el embajador de EE.UU en Buenos Aires, Robert Hill. Un memo con la grabación de esa conversación aparece ahora, desenterrado por el investigador Martin Edwin Andersen, quien en 1987 fue el primero en revelar que Kissinger había apoyado a los generales argentinos para que continuaran con su campaña de terror contra los izquierdistas (a quienes la Junta hace referencia habitualmente como “terroristas”).

El documento revela una reunión que Kissinger sostuvo con el ministro de Relaciones Exteriores argentino César Augusto Guzzetti, en junio del año anterior, y encuentro que fue ratificado por el Embajador Hill a Patt Derian. Lo que Kissinger y Guzzetti discutieron ya había sido revelado en 2004, cuando el Archivo de Seguridad Nacional obtuvo y publicó el memorando secreto de la conversación durante esa tertulia. Guzzetti, según ese documento, dijo a Kissinger: “nuestro principal problema en Argentina es el terrorismo”. Kissinger respondió: “Si hay cosas que tienen que hacer, deben hacerlo rápidamente. Pero usted debe volver rápidamente a los procedimientos normales.” En otras palabras, sega adelante con su cruzada de muerte contra de los izquierdistas .

El nuevo documento muestra que Kissinger fue aún más explícito en el apoyo a la junta militar argentina. La nota que acaba de aparecer describe la conversación Kissinger-Guzzetti de esta manera:

“Los argentinos estaban muy preocupados de que Kissinger diera una conferencia criticándolos en materia de derechos humanos. Guzzetti y Kissinger mantenían un muy largo desayuno, pero al secretario no le plantearon el tema. Finalmente Guzzetti lo hizo. Kissinger le preguntó cuánto tiempo le tomaría (a los argentinos) limpiar el problema. Guzzetti le respondió que se haría a finales de año. Kissinger aprobó”.

En otras palabras, el Embajador Hill dijo que Kissinger dio a los argentinos la luz verde.

Esa es una afirmación irrefutable: Un embajador de EEUU reveló que un secretario de Estado había incitado a un régimen represivo a desatar una matanza.

En agosto de 1976, de acuerdo con la nueva nota, Hill discutió el asunto personalmente con Kissinger, en el camino de regreso a Washington después de una reunión en el Bohemian Grove de San Francisco. “Kissinger, dijo Hill a Derian, confirmó la conversación con Guzzetti e informó a Hill que quería que Argentina “terminara su problema con los terroristas antes de fin de año”. Kissinger estaba preocupado por las nuevas leyes de derechos humanos aprobadas por el Congreso que exigen a la Casa Blanca certificar que un gobierno no estaba violando los derechos humanos antes de proporcionar ayuda de los EE.UU. Tenía la esperanza de que los generales argentinos pudieron concluir su erradicación asesina de la izquierda antes de que la ley entrara en vigor .

Hill indicó a Derian, de acuerdo con la nueva nota, que él creía que el mensaje de Kissinger a Guzzetti había llevado a la junta argentina a intensificar su guerra sucia. Cuando el embajador Hill regresó a Buenos Aires se dio cuenta de que los asesinatos habían ascendido tremendamente y le dijo a Patt Derian que “si lo citaba el Congreso (de EEUU) él iba a contar todo si se le pusiera bajo juramento”. “Yo no voy a mentir”, declaró el embajador.

Hill, quien murió en 1978, nunca pudo testificar que Kissinger había instado a los generales argentinos, y el gobierno de Carter revirtió la política e hizo de los derechos humanos una prioridad en sus relaciones con Argentina y otras naciones. En cuanto a Kissinger, se zafó, y él ha estado zafándose desde entonces, esquivando la responsabilidad por los actos sucios en Chile, Bangladesh, Timor Oriental, Camboya, y en otros lugares. Los expertos en estos temas han sabido por años que Kissinger, al menos implícitamente (aunque en privado) hace suya la guerra sucia argentina, pero esta nueva nota deja claro que él era un facilitador del esfuerzo que supuso la tortura, la desaparición y el asesinato de decenas de miles de personas. La próxima vez que usted lo vea bailando en la televisión, no se ría.

Fuente imagen: World Economic Forum/Wikimedia Commons

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Desmedicalizar para Desmanicomializar

Juan Pablo Banfi (OTRO VIENTO)

Medicar es un acto médico. En cambio la medicalización alude a los factores políticos, sociales y económicos que intervienen en la producción, distribución y venta de las grandes industrias de conocimientos (y condicionamientos) de la ciencia médica y farmacológica. Ciencia y Farmacia hegemónica que se prepondera en la praxis. Medicalizar para someter al sujeto.

La medicina siempre ha ejercido un poder normalizador o de control social – dividiendo los conceptos en salud y enfermedad, normal y patológico – estableciendo un orden regular, que ha venido incrementándose desde la modernidad con la conquista de un estatuto científico, profesional y político.

La medicalización es un término que se viene usando desde hace muchos años para demostrar los efectos en la medicina desde la globalización de tratamientos y servicios de salud del sistema capitalista. En este sistema lo único que importa es la ganancia.

El monopolio médico-científico-técnico da lugar a las formas y modelos de atención donde la única “salvación” es la biología como determinante del proceso salud-enfermedad, trabajando sólo desde la parte orgánica. Se conocen pero se desestiman los múltiples atravesamientos que condicionan a la salud mas allá de lo orgánico, dañado o alterado.
     
De esta manera, se deja de lado una subjetividad construida en la relación con el otro en el interior de una cultura, con sus incidencias a causa del sistema social. Así se pone el acento en el sujeto como responsable y único garante de su salud en vías del consumo de elementos para garantizarla.

En el encierro hospitalario, paradójica y realmente, el tratamiento no llega, ya que allí adentro se atenta contra la persona en cuestión. Reducida a una historia clínica, a un número de ganancia para las empresas farmacéuticas que dominan la cultura y concepción de la salud en general, el negocio está en la enfermedad y no potenciando la prevención y el tratamiento de salud.

Sólo unos pocos “libres” y dispuestos, que por tener recursos y un sostén afectivo con un andamiaje social para contribuir a una vida sin expulsión, afrontan la difícil tarea de reinsertarse en una sociedad expulsiva a la diferencia.

Desde estas instituciones se proponen una linealidad estratificada, de acciones y posibilidades, y con ello se sigue contribuyendo a una mirada acotada de la realidad, de la salud y sus posibilidades, más allá de la enfermedad controlada y excluida.

El síntoma y su atención, el fármaco y el sistema hegemónico de salud globalizado; la ciencia psiquiátrica, las instituciones de encierro y el lucro de la enfermedad desde las empresas farmacéuticas, realizaron el cóctel óptimo para la patologización de la vida cotidiana, para definirla desde el manual diagnóstico de enfermedades mentales (DCM)*.

El desarrollo de la psiquiatría en el control de la vida humana, la medicina y la pastilla, fueron ganando culturalmente terreno en la sociedad de consumo, que centralizado en una tríada de poder-saber-negocio, siguieron contribuyendo a borrar los derechos humanos de las personas internadas en el manicomio.

Sin poder por ahora dar vuelta el sistema en el cual nos encontramos, las posibilidades actuales se dan en ampliar la mirada desde los profesionales y el intercambio con otros saberes para garantizar un derecho, y no seguir contribuyendo a un servicio y al lucro directo de los fabricantes de fármacos, ciertos profesionales e incluso el Estado mismo.

Profesionales acríticos del engranaje que ocupan, se acoplan, algunos sin saber a que contribuyen, a garantizar un buen tratamiento o a generar con él una ganancia que atrasa toda posibilidad de salud en sentido amplio.

Que pasa en los manicomios

Usted entra al manicomio, y entra por loco. Muchos locos dentro del manicomio además, son extraídos de un seno social de marginalidad y cargan sobre sí, muchas cuestiones no directamente relacionadas con la salud, pero que repercuten tajantemente sobre ella.

Tanto la pobreza que se ve dentro de los manicomios, como la que genera mucha “locura” en una sociedad armada para que la gente produzca y consuma, hacen que el manicomio juegue con esa “locura” de la sociedad enferma. Es así como la pobreza se naturaliza y no se ve como parte o causante de muchos males mentales.

Una vez que usted entra, si no tienen un espacio que aloje, fuera del manicomio, contención, trabajo o formas para buscarse la vida en el exterior, las posibilidades son pocas o escasas para no recaer en la pobreza y la locura de la misma. Existen dos opciones: queda en situación de calle, o se queda internado en el hospicio. Vale aclarar, que si elige la segunda opción, continuará tomando medicación hasta que le consignan un nuevo espacio de vida o muera en tantos años de cronificación institucional.

El fármaco en la vida diaria tapa los problemas, no los solucionan. Sólo tranquilizan, atrasan, calman, pero no solucionan el problema de raíz. Si el presupuesto, la infraestructura, los recursos humanos, las miradas y mentalidades despiertas y abiertas, estarían y se entrelazarían, los fármacos dentro de los manicomios no harían falta.

Hay muchas experiencias que suplantan a los efectos del fármaco, como las herramientas artísticas, los trabajos grupales, los espacios colectivos, el alojamiento con otras disciplinas para trabajar por la mejoría de tal persona, terapias alternativas a las farmacológicas, los acompañamientos terapéuticos, muchas formas de aplicar la psicología y el psicoanálisis. Esas herramientas aportan desde sus especificidades, y se potencian con la perspectiva y el hacer con otras.

La diferencia está en los efectos, sus tiempos y las formas de sostenerlo. En la superficie se pone a rodar la tolerancia y al acostumbramiento, la responsabilidad y la implicación, tanto de trabajadores como personas allegadas a “los padecientes”.

En un contexto marginal y marginado como el manicomio, la nueva Ley Nacional de Salud Mental, sancionada en 2010, centrada en los derechos humanos, deja una base para generar el cambio. Estos espacios supuestamente terapéuticos, tienen que comenzar a visibilizar a las personas como personas, y con ello sus derechos humanos vulnerados.

Ante la falta de recursos humanos, donde dos o tres enfermeros, tienen que tratar y trabajar con 40 personas internadas quedan acotadas las posibilidades para que el encierro garantice tranquilidad. Entonces, la medicación compensa a las personas que piden otra forma de vida, un tratamiento acorde, y una posibilidad de salud fuera de la cronificación institucional.

Para desmanicomializar los manicomios, y las lógicas manicomiales fuera de ellos, la medicina se tiene que centrar en trabajar en la salud y generar espacios saludables. Es directamente trabajar por la emancipación, autonomía y cambio de toda la estructura global que genera, de forma continua, las posibilidades que garantizan lucrar con la enfermedad y no posibilitar la salud de forma amplia y mutua.

Las formas holísticas, naturales, integrales, interdisciplinarias, intersectoriales, los tratamientos humanos, acordes a la necesidades de la persona que sufre, para garantizar el derecho de salud/salud mental, son las causas que genera una desmedicalización.

La desmanicomialización concreta será entonces un cambio de mentalidad y praxis, para que las personas con “padecimientos mentales” sean una excusa de inclusión para una superación colectiva en el reconocimiento y trato con el otro, para una sociedad mejor en otra realidad sin lógicas manicomiales.

* El DCM es un Manual de Estadística y Diagnóstico de los Trastornos Mentales que utiliza la psiquiatría hegemónica para el tratamiento de enfermedades y diagnosticar trastornos para aplicar la correspondiente medicación. Este manual, está elaborado por empresas farmacéuticas que condicionan el ojo científico para diagnosticar según lo que el mercado necesita

Juan Pablo Banfi en Desheredados de la Razón, y Colectivo de Arte, Comunicación y Salud en la Sala G.

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Argentina, Córdoba: Continúan vulnerándose los derechos humanos de las personas con discapacidad

ACTA

"Cuando desde la Secretaria de Discapacidad de CTA Regional Córdoba nos referimos a las personas con discapacidad, hablamos de Sujetos de Derechos", indica el comunicado firmado por Lilia Zulma Patiño, secretaria de Discapacidad de la CTA Córdoba, que ACTA reproduce en su totalidad.

"Hace bastante tiempo que esta Secretaría viene planteando los serios problemas que viven los niños, jóvenes y adultos que presentan alguna discapacidad, ya sea intelectual, sensorial motora emocional, etcétera.

Es importante destacar que somos la única Central de Trabajadores que en su orgánica cuenta con la Secretaría de Discapacidad a nivel Nacional y en todas las Provincias. Esto nos permite discutir, hacer propuestas, difundir todo lo relacionado con las personas que poseen alguna discapacidad.

A veces nos preguntamos por qué no se nos consulta o se nos escucha ya que nuestra lucha no es partidaria sino que tiene que ver con la Defensa de los Trabajadores. Los Discapacitados deben ser escuchados, necesitamos que se respete lo que ellos ponen en palabra, ellos pueden, no necesitan interlocutores en la mayoría de los casos.

Cuando se dice que no se cumple con el cupo laboral, aclaramos, que no se cumple no se cumplió y hay que luchar mucho para que en un futuro se cumpla.

Las leyes existen, pero sólo existen. Se necesita un cambio cultural, social, que la discapacidad no sea un tema del que se hable cuando aparece un artículo en la prensa escrita u oral sino que sea tema de agenda como tantos otros.

El Estado a nivel municipal, provincial y Nacional no cumple con lo legislado y las Empresas Privadas en parte tampoco lo hacen.

Se habla mucho de los PPP, se dice que algunas personas con Discapacidad acceden a los mismos. Desde la Central, los aceptamos como políticas compensatorias pero exigimos trabajo permanente, sueldos en blanco, vacaciones, obras sociales, acceso a la jubilación como para cualquier trabajador.

Sabemos que no todos pueden acceder a un trabajo independiente y consideramos que si se trata de un trabajo protegido, debe estar bien organizado, supervisado, con personal idóneo al frente y con una propuesta, no de asistencialismo sino de trabajo, para que un taller no se transforme en un depósito, sin perder de vista que lo que producen y venden la ganancia debe ser para ellos.

Queremos dejar claro que cuando una persona con discapacidad tiene la posibilidad de ser seleccionada para un PPP, deben saber que es transitorio porque sino cuando el contrato termina, la angustia de ellos y de su familia es muy grande porque pierden lo vincular y la autonomía.

La inserción laboral no es una deuda pendiente es una violación a los Derechos Humanos.

Transporte

En lo que refiere al transporte, la lucha histórica por lo menos en esta provincia por rampas, pases libres en el transporte público está legislada. Pero evidentemente hay otras prioridades.

La Municipalidad de Córdoba está hablando de la revolución que se va a producir con el nuevo sistema de transporte, pero casualmente pone sólo seis colectivos con rampas: los discapacitados motores reclaman humildemente 600. Nosotros, desde la CTA, decimos que deben ser todos. ¿O será que el intendente Mestre sabe donde viven los discapacitados de la ciudad de CBA? ¿Habrá encargado un trabajo de campo?

Los discapacitados físicos tienen su domicilio a lo largo y ancho de toda la ciudad de Córdoba. Por eso lo consideramos irrisorio e incomprensible.

Solicitamos a los medios de comunicación, a los organismos del Estado, a las universidades, al pueblo en su conjunto, que nos decidamos a luchar colectivamente por estas y otras muchas dificultades que tienen estas personas.

Por ellos, por sus familias y porque es una cuestión de derechos. Desde la Central no podemos hablar de integración, inclusión e igualdad de oportunidades en la medida que no se cumpla con lo legislado. De lo contrario estas palabras quedan sólo como un slogan. No todo pasa por la integración educativa, está la problemática del trabajo, de la salud, de lo recreativo, de lo cultural.

Hacemos un llamamiento para que los discapacitados no sigan siendo discriminados, sobre todo no perdamos de vista que los sectores mas vulnerables son los que más sufren estas carencias".

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Argentina, Chubut: Reimundo Pino, dos años y medio desaparecido

Angel Callupil (ANRED)

Reimundo Nazario Pino desapareció hace dos años y medio en el establecimiento El Portezuelo, de Eliberto Sepúlveda, su patrón, quien lo llevara hasta allí para las tareas de campo. En la madrugada del 9 de julio de 2011, con plena ceniza del volcán Puyehue, fue visto por última vez por el peón Cumil. En todo este tiempo la familia Pino y comunidades de la meseta reclamaron y exigieron saber la verdad, conocer lo que pasó. Las respuestas fueron unas tímidas búsquedas y solo promesas de más búsquedas y algo de investigación. Poco cumplimiento han tenido.

Entrevistas con el gobernador Martín Buzzi y otros funcionarios del ejecutivo provincial, con el Procurador General Dr. Miquelarena, con miembros de la Fiscalía de Puerto Madryn, diversas presentaciones, marchas y amplia difusión, se sucedieron en estos dos años y medio, siempre encabezados por doña Hortencia Hueicha, madre de Reymundo y lonko de la comunidad Los Pino.

Hace tres meses se difundió que a unos 40 km al sur de Gan-Gan se encontró un cuerpo y parecía que podría ser el de Pino. Se tardó en poder acceder al lugar y retirar el cuerpo; la familia en ningún momento pudo estar presente, luego solo vieron unas fotos, en la comisaría local. Unas semanas más tarde tomaron una muestra a doña Hortencia para poder iniciar el estudio del ADN, hasta el momento no se conoce nada más. Tampoco se sabe la identidad de ese cuerpo.

La impunidad está muy cerca de este caso y se suma a las muertes dudosas denunciadas de Cervantes Huayquilaf, Daniel Muñoz, Victoriano Cual, Jose Pichalao, Juan Crespo y Juan Carlos Cañiu, de las que no se supo la verdad en esa amplia zona de la meseta central.

Se teme que esta situación quede así, con investigación inconclusa, con testigos que pudieran dar más detalles. Poco esfuerzo se encuentra para acercarse a la verdad.

Sin embargo la familia sigue esperando la voz de la justicia y de quienes debieran dar una respuesta, sigue reclamando por la aparición, exigen la verdad, para no seguir sintiendo que la vida no vale nada.

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Gustavo Lesgueberis: "hay 17.000 chicos en la Ciudad de Buenos Aires que no tienen vacantes confirmadas"

LA RETAGUARDIA

Con la polémica por las inscripciones on line en las escuelas porteñas y la consecuente complicación en la ubicación de los chicos en las escuelas en plena efervescencia, Gustavo Lesgueberis, Jefe del área Educación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mostró su preocupación en esta charla con Luis Angió.

Durante la emisión del programa radial Otras Voces, Otras Propuestas, Lesgueberis dijo: "estamos preocupados por la falta de asignación de vacantes. Hay 17.000 chicos que no cuentan con vacantes confirmadas, en una situación inédita en la Ciudad de Buenos Aires. Los problemas de falta de vacantes en esta jurisdicción siempre estuvieron circunscriptos a los que es la educación inicial: jardines maternales, escuelas infantiles y jardines de infantes. Este año se registró la falta 4.585 vacantes. Pero la educación de nivel primaria, secundaria y la sala de 5 siempre estuvieron garantizadas".

Lesgueberis dijo que la falta de vacantes choca de frente con la ley que establece que los chicos deben ir a la escuela: "en la Ciudad de Buenos Aires rige la Ley N° 898 del año 2002, que establece la obligatoriedad escolar, desde el preescolar hasta la finalización del secundario. Es una clara afectación al derecho de la educación de los niños y adolescentes, y es un claro incumplimiento por parte del Ministerio de Educación del Ministerio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de garantizar ese derecho".

-Luis Angió: Por lo que sabemos, esto lo quieren corregir con aulas container, ¿dónde las van a poner?

-Gustavo Lesgueberis: Todavía no está muy claro. Ha habido un llamado a licitación para la adquisición y emplazamiento de estas aulas modulares, equipamientos modulares, como se los denomina, que van a ser emplazados en algunos predios de escuelas para suplir la falta de vacantes.
No sabemos —porque todavía no está establecido— para qué niveles de la educación están destinadas y cuáles son las características constructivas de esas aulas móviles. Lo que sí sabemos es que ya se ha generado el rechazo de importantes sectores de la comunidad educativa, entre ellos, las supervisoras del nivel inicial; han manifestado que estas aulas no son instalaciones adecuadas para garantizar los procesos de la enseñanza y aprendizaje. Y, por lo tanto, presentaron una nota ante el Ministerio de Educación de la Ciudad, solicitando que las mismas no sean instaladas.
Lamentablemente vemos que esas voces no fueron escuchadas, y se avanza en este proceso.

-L.A.: La mayoría de las escuelas tienen sus años, con patios internos; insisto: ¿dónde ubicarían las aulas?

-G.L.: En el día de hoy (por el martes pasado) se estaban haciendo las visitas de obra en algunos predios donde se piensan instalar, algunos de ellos en la zona sur.
Este tema también tiene un antecedente en la Ciudad de Buenos Aires. En el año 2005 existieron aulas modulares, que en ese caso eran de chapa revestidas en durlock. Desde la Defensoría del Pueblo y de distintas comunidades educativas se solicitó el retiro, haciéndose efectivo al año siguiente.
Ahora vemos que la película se reitera. Seguramente serán aulas mejor equipadas y con otro tipo de características. Pero no dejan de ser, en principio, respuestas que suman precariedad a esta situación, que es bastante preocupante.
Nosotros entendemos que los problemas de vacantes en el nivel inicial y sobrepoblación de alumnos en escuelas primarias y secundarias de la zona sur no se resuelven con este tipo de instalaciones, sino con una activa política de construcción de edificios escolares, que es lo que la Defensoría del Pueblo viene reclamando desde años a esta administración. Lamentablemente no se ha llevado adelante esa política con el ímpetu y el impulso que se necesita para revertir esta situación de desigualdad educativa.

-L.A.: De esos 17.000 chicos, ¿ustedes tienen una estadística de las zonas más críticas, con mayores dificultades?

-G.L.: No. Es parte de lo que trae consigo este sistema de inscripción online. Teóricamente iba a traer aparejado transparencia, agilidad de burocratización en el sistema de tramitación de vacantes. Esos datos -que antes se podían reconstruir visitando las escuelas o las supervisoras escolares, solicitando esa información a los agentes del sistema educativo- hoy están centralizados en quienes acceden a la base de datos, que son los únicos que podrían dar cuenta de esta información. Hay una centralización total de esa información, y nos manejamos con el número que hablan ellos. Por otro lado, aparece como un número de reclamo superior a 23.000, que están otorgando los propios centros de reclamo del gobierno de la Ciudad.
Estamos hablando de una falta de transparencia, primero, en lo que fue la asignación de vacantes, que no fueron otorgadas conforme a lo establecido en el reglamento escolar, y ahora, opacidad con relación a la información sobre estas cuestiones significativas. Es decir, la cantidad de niños, niñas y adolescentes en lista de espera, la ubicación geográfica de las escuelas de donde ellos solicitaron vacante. Y lo que es importante, porque el Ministerio de Educación dice ahora que vacantes disponibles hay, lo que no dice es que muchos padres no solicitan vacante en cualquier escuela: un padre cuando solicita vacante por el proyecto educativo, por cercanía, por tipo de jornada; no es lo mismo otorgar una vacante a una escuela de jornada simple que una de jornada completa. No es lo mismo que a un estudiante secundario que solicitó inscribirse en una escuela técnica especializada en automotores le hayan asignado una vacante en una escuela especializada en administración de empresas.
Hoy escuchaba a algunos funcionarios del Ministerio de Educación dando explicaciones, y lamentablemente muchas veces no se les repregunta. Ellos dicen: 'Las vacantes disponibles están, los alumnos están en lista de espera. Lo que pasa es que no quieren la vacante que les estamos ofreciendo'. Y la verdad es que no: el que solicitó perito mercantil no quiere a ir a un liceo, ni el que solicitó una orientación en computación quiere ir a una artística.
Recordemos que la Ciudad de Buenos Aires el año pasado se vio inmersa en un problema grave, vinculado al cambio de las orientaciones de los planes de estudio de las escuelas secundarias, lo que se denominó por el macrismo la Nueva Escuela Secundaria de Calidad. Esto generó importantes tensiones dentro de las comunidades educativas, vinculadas a cambios, resistencia a esos cambios. Pero fue muy problemática esta propuesta. Hubo amplísimos debates, y nos preguntamos ahora para qué se generó semejante tensión, si hoy, a un alumno que elige que una orientación o especialidad determinada en la escuela secundaria, le ofrecen otra que no tiene nada que ver con las inquietudes, preferencias o necesidades del estudiante.

-L.A.: ¿Tuvieron alguna respuesta de parte del Ministerio de Educación con respecto a la presentación de oficio que hizo la Defensoría del Pueblo?

-G.L.: Aún no. Esto es todo muy reciente. Vamos a seguir el tema y seguramente en breve podremos contar con mayores precisiones.

-L.A.: Cuando empiece la temporada el 1° de febrero, con los directivos ya en funciones, ¿qué piensan hacer con los padres?

-G.L.: Estamos reclamando que en forma urgente y prioritaria se otorguen y asignen las vacantes a los 17.000 niños, niñas y adolescentes.
Es imperioso que se resuelva porque es una situación inédita en la Ciudad de Buenos Aires, generada por la imprevisión, la falta de resguardo y de cuidado en lo que era un cambio de modalidad en la tramitación de vacantes, que debería hacerse con mucha mayor pericia, conocimiento, cuidado, información a las comunidades educativas. Pudo haberse previsto que coexistieran los dos sistemas de tramitación, el personalizado y el vía Internet. Sin embargo, no se quiso avanzar en esta dirección, se avanzó en otra, y aquí están las consecuencias.
Es imperioso que el Gobierno de la Ciudad garantice el derecho a la educación y cumpla con lo que es, ni más ni menos, que un derecho constitucional. La Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 26.206 (ley de educación nacional), la Ley 26.061 (ley de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes), obligan a los gobiernos jurisdiccionales a garantizar el derecho a la educación, y el Gobierno de la Ciudad no lo está haciendo.
Por lo tanto, urge que esto se resuelva a la mayor brevedad posible, porque no podemos iniciar el ciclo lectivo en esta situación de tensión, que seguramente se va a generar cuando muchos padres que cuentan con vacantes confirmadas se encuentran que no era tal, sino que era virtual. O que haya padres que aún a esa fecha de inicio del ciclo lectivo permanezcan en una sensación de incertidumbre.

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La Corte Suprema, la OIT, el art. n° 22 de la 13364 y las sumas "no remunerativas"

Luis Angió (OVOP - ANRED)

La Justicia afirmó que las sumas no remunerativas son parte del cálculo de la indemnización.

El pago de una parte de los salarios mediante sumas no remunerativas se ha convertido en una práctica tradicional. Éstas suelen pactarse en los acuerdos colectivos firmados entre empresarios y sindicalistas para permitirle a los empleadores no pagar las cargas sociales y a los trabajadores cobrar en forma neta el porcentaje acordado.

Por esta razón, dichos incrementos son aceptados tanto por las cámaras empresarias como por los representantes gremiales. Incluso, también son aprobados por el Ministerio de Trabajo, que se encarga de homologarlos.

En tanto en el caso de producirse un despido, el empleado podría presentarse ante la Justicia para reclamar diferencias indemnizatorias y multas laborales, y lograr un fallo favorable a sus intereses al no ser validado dicho carácter no remunerativo.

Además las empresas corren el riesgo de ser sancionadas por la falta de registración laboral, sin haber adoptado ninguna conducta evasiva y por la sola aplicación de un convenio homologado.

Este rubro, además, es cuestionado desde la Justicia por todas las instancias. Incluso, el año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró que las normas de los convenios colectivos que establecen sumas no remunerativas son inconstitucionales.

En ese escenario, este medio accedió a un nuevo fallo en el que la Cámara laboral -basándose en una sentencia del máximo tribunal- decidió avalar el reclamo de una dependiente para que fueran incluidas las referidas sumas al cálculo de la indemnización por despido.

Los magistrados de segunda instancia, para emitir su sentencia, hicieron hincapié en el fallo “Díaz Paulo Vicente c/Cervecería y Maltería Quilmes SA” dictado por la Corte Suprema. Allí se señaló que “la indebida exclusión de conceptos que se encuentran comprendidos dentro de la noción de salario, que brindan tanto las normas internacionales ratificadas por la República Argentina como la propia legislación nacional, afecta el principio constitucional de retribución justa que se encuentra en correlación con la base remuneratoria que compone el derecho, también constitucional, a la protección contra el despido arbitrario”.

“La naturaleza jurídica de una institución debe ser definida, fundamentalmente, por los elementos que la constituyen con independencia del nombre que el legislador o los particulares le atribuyan, sobre todo cuando cualquier limitación constitucional que se pretendiese ignorar bajo el ropaje del nomen juris sería inconstitucional”, remarcaron los camaristas.

Desde esta perspectiva, señalaron que “no es posible aceptar que, por medio de un acuerdo colectivo, se atribuya carácter no remunerativo a sumas de dinero abonadas a los trabajadores en virtud del contrato de trabajo y como consecuencia del trabajo prestado por ellos, ya que la directiva del art. 103 LCT tiene carácter indisponible y resulta la norma mínima de aplicación”.

De tal manera, para los magistrados, no resultaba trascendente lo que pudieran haber establecido las actas acuerdo invocadas por la empresa en tanto el Convenio nº 95 OIT ratificado por la Argentina define que, a los efectos del convenio, "el término salario significa remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo y, en caso de "pugna" debe prevalecer la disposición del Convenio 95 de la OIT, ello por cuanto se trata de una norma de jerarquía supralegal".

Por ello, adicionaron a la base la suma abonada en concepto de dichos “acuerdos colectivos”.

"El empleador termina siendo preso de la disparidad de criterios entre los distintos poderes del Estado, pagando los costos por ello, ya que mientras en opinión de la administración pública estamos ante verdaderas sumas no remunerativas (y por ello son homologadas por el Ministerio de Trabajo y no son objetadas por la AFIP), para el Poder Judicial se trata de salarios encubiertos", se lamentó Pablo Mastromarino, socio del estudio Tanoira & Cassagne.

En concreto, se busca que todo monto que reciba un dependiente en retribución por su trabajo revista esa calidad, lo que impactará en el cálculo de indemnizaciones, aguinaldo, horas extras y vacaciones, entre otros rubros, como así también generará el pago de contribuciones patronales y la retención de los aportes que fija la ley para los asalariados.

Por Luis Angió, del programa "Otras Voces, Otras Propuestas" - integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) - que se transmite en La Retaguardia Radio.

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Libertad y democracia sindical: El Sindicato de Empleados Inmobiliarios consiguió su Inscripción Gremial

Melissa Zenobi (ACTA)

Luego de dos años de trámites en el Ministerio de Trabajo, el Sindicato de Empleados Inmobiliarios de la República Argentina (SEI-CTA), consiguió su inscripción gremial. Marcelo Ghio, dirigente del gremio, dialogó con ACTA sobre este triunfo. Además se refirió a los principales conflictos que atraviesa el sector: “Lo más difícil es organizarnos porque hace falta conciencia de clase”, opinó.

Marcelo Ghio se reunió el viernes en la sede de la CTA Nacional con los dirigentes de la Central Ricardo Peidro, secretario Adjunto; Daniel Jorajuría, secretario Gremial; Jorge Castro, secretario General de UETTel y Carolina Ocar, miembro del Bloque Organizativo-GRemial-Territorial, de la Mesa Nacional y delegada de la Junta Interna ATE-INDEC.

En esta oportunidad dialogamos con el dirigente del SEI-CTA:

- ¿Cómo fue el proceso para conseguir la Inscripción Gremial?

- Fue tras un derrotero de más de dos años. El 8 de noviembre de 2011 tuvimos nuestra asamblea fundacional del sindicato, acá en la sede de calle Lima al 600. En esa oportunidad también adherimos a la CTA. Después comenzó todo el tema de tramites, audiencias, reuniones, etc, el 28 de octubre, el ministro Tomada firma la resolución 1066 del 2013, en donde nos da la inscripción gremial de lo que fuimos notificados el 16 de diciembre de 2013. Ahora debemos hacer un llamamiento a elecciones de una nueva comisión directiva. Esto es el fruto de una gran insistencia en lo administrativo y un arduo trabajo dentro de los pasillos del ministerio, porque observan todo. En febrero nos van a dar el número de la licencia gremial.

- ¿Cuáles son los principales problemas que tienen los trabajadores inmobiliarios?

- Nosotros hemos hecho un estudio con los compañeros, con más de mil casos y el gran problema es la informalidad laboral. Hay una gran mayoría que está completamente en negro, que están sólo a comisión o con falsos monotributos. Después hay una minoría que está regularizada como empleados administrativos de comercio, donde tienen un sueldo básico pero encuadrados en un convenio colectivo que no les corresponde y las comisiones se las pagan en negro. Si tenemos que hablar de alguien que cumpla con todo, no existe en el sector. Por otro lado, hubo una gran paralización a partir del cepo cambiario, y el ámbito inmobiliario está atravesando una de las crisis más grandes, más que el 2001 incluso. En estos casos ocurre que muchos trabajadores migran a la venta de automotores -porque el cese del mercado inmobiliario coincide con la explosión del mercado automotor-. Por eso creemos que es el momento más oportuno para instalar la necesidad de un básico, para que el trabajador tenga un piso asegurado, más allá de las comisiones.

- ¿Cómo acompañó la CTA este proceso de Inscripción Gremial?

- Coordinamos con la CTA durante todo el proceso, con el asesoramiento del compañero Jorajuría. Estuvimos en el Encuentro de Organizaciones de la Actividad Privada en Ferro, estuvimos en cada movimiento de la Central. No obstante, uno de los grandes conflictos que tenemos es que el sector inmobiliario jamás fue atravesado por una política sindical. Y el principal enemigo de la organización es la falta de conciencia de clase. Hay un entendimiento de que el empleado inmobiliario es un empresario cuentapropista, que hoy trabaja pero mañana quiere ser inmobiliario. Falta mucha conciencia social.

- Como trabajador de sector privado ¿Qué opinión te merece la tarea que se está dando la CTA con el ámbito privado?

- Es un trabajo muy interesante sobretodo porque es un ámbito muy complejo. Es muy distinto lo que es industria de lo que es servicios. En una fábrica, se baja al comedor y están todos ahí para organizarse. En el sector inmobiliario, sólo en Capital Federal tenemos 5600 empleadores y calculamos un empleado por cada patrón. El empleado convive con su patrón los 365 días del año, son amigos, se cree que el día de mañana podrá heredar la inmobiliaria, etc. Por eso la organización es muy difícil, es una ardua tarea que nos estamos dando. Lo interesante en este sentido, es que la Central está instalando la importancia de la conciencia de clase. Porque aunque use traje y corbata, es un trabajador.

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Denuncian desigualdad de riquezas en el mundo

PL

La organización internacional Oxfam denunció hoy la desigualdad existente en el mundo, donde las 85 personas más pudientes acumulan igual cantidad de riquezas que tres mil 500 millones de personas más pobres.

Oxfam, una organización internacional que busca soluciones para la creciente brecha entre adinerados y pobres, plantea que ese grupo de súper ricos tiene un patrimonio mayor que la mitad de la población del planeta.

El estudio "Trabajar para unos pocos" aborda la desigualdad de la económica mundial, causada por el escandaloso incremento de los haberes de los más ricos, lo cual según plantea, es una amenaza para el progreso humano.

Un total de 210 personas se convirtieron en multimillonarios durante 213, para unirse a los mil 426 multimillonarios existente con un valor neto combinado de 5.4 billones de dólares, agrega la investigación.

En lugar de avanzar juntos, la población mundial está cada vez más separada por el poder económico y político, lo cual, inevitablemente, aumenta las tensiones sociales y el riesgo de descomposición de la sociedad, subraya.

Cifras citadas por la organización aseguran que el uno por ciento más rico de la población en todo el mundo tiene 110 billones de dólares, lo que equivale a 65 veces la riqueza total de la mitad inferior de la población del planeta.

El director ejecutivo de Oxfam Winnie Byanyima, al abordar la situación señaló que esta elite adinerada, que podría acomodarse cómodamente en un autobús de dos pisos, posee más recursos que tres mil millones de pobres.

El documento publicado a escasos días del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, insta a los líderes mundiales a hacer frente a este problema acuciante e insta a los gobiernos a utilizar los ingresos fiscales para proporcionar asistencia sanitaria universal, educación y protección social a los ciudadanos.

Ante las evidentes leyes que favorecen a los más pudientes, Oxfam denuncia que desde finales de 1970 las tasas de impuestos para los más ricos se han reducido en 29 de los 30 países sobre los cuales se dispone de datos.

Una encuesta realizada en seis países (Estados Unidos, Reino Unido, España, Brasil, India y Sur África) mostró que la mayoría de los preguntados opina que las leyes están inclinadas a favor de los ricos, añade el informe.

Por ejemplo, puntualiza, casi el 80 por ciento de los españoles y los indios, al igual que más de 60 por ciento de los residentes del Reino Unido y Estados Unidos, esta de acuerdo o muy de acuerdo en que los ricos tienen demasiada influencia en sus respectivos países.

Por otra parte, en el caso específico de los estadounidenses, en 2012, había 46.5 millones de pobres, y la tasa de pobreza fue de 15 por ciento, de los cuales 20,5 millones enfrentaban condiciones de extrema pobreza, según cifras de la Oficina del censo, lo que habla mucho del abismo entre este sector y los multimillonarios.

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Evo Morales encara un año clave para el proceso de cambio en Bolivia

René Quenallata Paredes (XINHUA)

Han pasado ocho años (2006-2014) de los dos gobiernos del mandatario izquierdista Evo Morales, y comienza este 22 de enero el último de su segundo periodo, considerado por analistas, el gobierno y políticos como "clave", por ser un año electoral que definirá el rumbo del cambio que encabeza el líder indígena.

Para este objetivo, el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) y el gobierno definieron estructurar una estrategia que pasa por fortalecer un gabinete altamente político que efectúe campaña con la gestión gubernamental, una Asamblea con legisladores que difundan los logros en sus regiones, y los movimientos sociales que trabajen en la campaña.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, y la vicepresidenta del Senado, Nélida Sifuntes, coincidieron, por separado, que el objetivo de este último año de gobierno está ligado a las elecciones, y con el objetivo de lograr los dos tercios para consolidar la Agenda Patriótica hacia el 2025, que plantea el proceso de cambio.

En estos cuatro años del nuevo Estado Plurinacional, el gobierno de Morales profundizó la política de inclusión, equidad de género, impulso de la industrialización y era espacial, e ingresa este 2014 a una etapa electoral definitoria para consolidar o trucar este proceso de cambio, denominado "revolución democrática cultural".

La ministra de Comunicación, Amada Dávila, anunció que "antes del 22 de enero" todos los ministros del gabinete del presidente Evo Morales presentarán su renuncia colectiva.

Explicó que cada año los 20 ministros colocan sus cargos a disposición del primer mandatario, toda vez que es una atribución privativa del dignatario la selección de las personas que lo acompañarán en la gestión.

Gabinete político

Por su parte, el analista político Hugo Moldiz consideró que para encarar este año lógicamente el MAS perfilará un gabinete político que llegue al pueblo.

A su vez, el politólogo Carlos Cordero dijo que no hay duda de que el nuevo gabinete de Morales será "altamente político electoral", y que para ello utilizarán toda su estructura estatal, gubernamental y recursos para conseguir una victoria holgada que dependerá de la estrategia de la oposición en los comicios generales.

En el gabinete de ministros, muchos han reconocido que su ciclo ha concluido y que es hora de dar un paso al costado para que nueva gente estratega encare la última parte del segundo gobierno de Morales.

En toda estructura política, económica y social, existen miembros decanos, comodines y hasta casi insustituibles por su trabajo influyente, estratégico y de aporte al proyecto de cambio del mandatario Evo Morales, y más aún los precisará en el año electoral que es crucial para las aspiraciones políticas del MAS, según el analista Moldiz.

Al parecer, el mandatario Evo Morales tiene al menos seis ministros que en más de una oportunidad le han demostrado su lealtad y capacidad política para ganarse un lugar en su gabinete.

Se trata de los ministros de Economía, Luis Arce; de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca; de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; de Gobierno, Carlos Romero; de Defensa, Rubén Saavedra, y de Transparencia, Nardy Suxo.

El propio mandatario Morales reconoció que estos ministros son los mejores de su gabinete y, por tanto, siempre recibirán ataques para buscar desgastar su imagen.

El gran mérito del canciller Choquehuanca es el haber posesionado la imagen de Bolivia y del mandatario aimara en el contexto internacional, con poco perfil, pero grandes logros, como reconocimientos internacionales y en esta última etapa por presidir en 2014 al G77 más China, cuya cumbre se realizará en Santa Cruz.

Morales llevó adelante cumbres en Bolivia con resultados visibles.

También acompañó gestiones para hacer reconocer por la ONU a la Madre Tierra como derecho humano, la apuesta internacional por la quinua, un importante acercamiento con Chile que se desinfló en la última etapa, el respeto de los países a la soberanía y dignidad de Bolivia respecto a Estados Unidos, y la victoria de la despenalización del acullico de coca.

Además, el gobierno de Morales se juega el futuro de la aspiración centenaria boliviana de retorna al mar con un proceso a Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

El ministro de Economía consiguió demostrar la capacidad de Bolivia en el manejo de la macroeconomía con altos indicadores, como lo reconoce el analista Hugo Moldiz, quien dijo que el gobierno de Morales supo enfrentar la crisis internacional con solvencia.

En tanto que el ministro Quintana, además de asesor directo de Morales, consiguió avanzar la política del MAS a las regiones amazónicas de Beni (noreste) y Pando (norte), que eran consideradas "fincas" de algunas familias que se habían apoderado de estas regiones.

Suxo también tuvo que lidiar, aunque como brazo político, con los casos de corrupción que le valieron más de una crítica y ataques que llegaron hasta su familia.

En tanto, el ministro Saavedra trabajó desde Defensa por cambiar la imagen de las Fuerzas Armadas, luego de encaminar la Dirección Marítima y posteriormente retornar a Defensa, desde donde opera para tener a las Fuerzas Armadas en sumisión al gobierno del presidente Morales.

El ministro de Gobierno ha sido estratégico en las políticas gubernamentales, y se ha constituido en un personaje muy hábil políticamente para desenvolverse en cualquier cartera de Estado.

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Aumenta el número de armas de fuego en manos de chilenos

PL

En un 68,5 por ciento aumentó la inscripción de armas de fuego en Chile desde 2010 mientras disminuyó el decomiso de esos artefactos, reveló hoy un estudio.

Una investigación conjunta de la ONG Activa y la Asociación Chilena de Municipalidades destaca que por cada arma requisada por la policía, existen tres en el mercado negro.

El informe critica las políticas públicas implementadas en el gobierno de Sebastián Piñera al afirmar que son ineficaces para frenar ese tráfico.

En ese sentido, el alcalde de Maipú y vicepresidente de la Asociación, Christian Vittori, denunció que el Ejecutivo fracasó en la implementación de una estrategia contra la delincuencia.

"El estudio demuestra que la cifra de incautaciones va a la baja, mientras la gente se arma (...) ¿Qué nos denota esto? Un fracaso absoluto de la política pública en materia de seguridad implementada por este Gobierno", subrayó Gloria Requena, directora de Activa.

Según la ONG, en el país circulan unos dos millones de armas de fuego no inscritas, frente a las 758 mil 593 que se encuentran registradas por las autoridades.

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El modelo forestal vulnera los derechos de los mapuches chilenos, dice estudio

PL

El modelo forestal vigente en Chile vulnera los derechos del pueblo mapuche y es un freno para su desarrollo, reveló hoy un estudio.

Una investigación del Observatorio Ciudadano y el Grupo Internacional de Trabajos sobre Pueblos Indígenas destaca que el Decreto 701 de 1974 es nocivo para esa comunidad.

La iniciativa tiene por objeto promover las plantaciones forestales exóticas por sobre el cuidado del bosque nativo, lo cual provoca un daño irreparable a su biodiversidad y a los mapuches, subraya.

Citado por Radio Universidad de Chile, Pablo Huaiquilao, ingeniero forestal integrante de la Corporación Pewun Kimun, precisó que es un modelo de monocultivo exótico a gran escala.

"El Estado lo subsidia y genera riqueza con un subsidio de los propios mapuches. Somos nosotros los que pagamos los costos", afirmó el experto.

Para el Observatorio Ciudadano, pese a asegurar "la prevención de la degradación, protección y recuperación de los suelos de territorio nacional", el decreto no cumple porque "ni las empresas, ni el Estado se han hecho responsables de los efectos adversos".

Aunque la normativa libera de impuestos y subsidia directamente entre 75 y 90 por ciento de los costos de las plantaciones forestales, esa política solo ayudó a las grandes empresas, añadió.

En La Araucanía, a 670 kilómetros al sur de Santiago de Chile, desde la década de los 90 del pasado siglo el denominado conflicto mapuche enfrenta a la principal etnia del país con agricultores y empresarios por la propiedad de tierras que consideran ancestrales.

Recientemente, el Defensor Nacional de Chile, Georgy Schubert, afirmó que la solución a ese problema requiere voluntad y una política de Estado.

En similar sentido se pronunció días atrás el obispo de Temuco, monseñor Héctor Vargas, quien llamó al gobierno chileno escuchar al pueblo mapuche y reconocer sus demandas históricas para resolver la situación en La Araucanía.

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El abogado defensor del alcalde Petro se reunirá esta semana con la CIDH

PL

El abogado Rafael Barrios, defensor del alcalde bogotano Gustavo Petro, viajará hoy a Washington para reunirse con los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que analizan el caso de la destitución e inhabilitación de su defendido.

El jurista ofrecerá información a la Comisión sobre las acciones legales en curso con vistas a proteger los derechos políticos del alcalde citadino, en lo que se considera en Bogotá una semana decisiva para la permanencia de Petro en el cargo, tras el fallo de la procuraduría que lo destituyó e inhabilitó por 15 años el pasado 9 de diciembre.

Según dijo Barrios a periodistas, mañana martes entregará a la CIDH datos de primera mano sobre las acciones de tutela (protección de los derechos) en curso allí en estos momentos.

Petro solicitó a la Comisión medidas cautelares para el resguardo y preservación de sus derechos políticos, poco después de su destitución.

En Colombia, opinó Barrios, "no proceden ni las tutelas ni otros recursos ante el Consejo de Estado porque esas acciones de nulidad y restablecimientos de derechos se demoran más de cinco años, y en ese momento ya se habría consumado la violación de las garantías políticas del alcalde.

Pese a que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió por un término de 10 días el fallo del procurador Alejandro Ordóñez y hay otros recursos de similar naturaleza interpuestos, Barrios afirmó que estos no tendrán futuro jurídico. Vamos a ilustrar a la Comisión sobre esos aspectos, indicó.

Desde su punto de vista, "al no prosperar las tutelas ni existir un mecanismo que ampare los derechos políticos del alcalde, lo que va a hacer la CIDH es ordenar la suspensión del proceso disciplinario en su contra hasta tanto no tome una decisión de fondo sobre el caso".

Esa suspensión puede ser incluso por dos años, agregó Barrios, quien espera que la CIDH se pronuncie en el transcurso de la próxima semana.

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