martes, 21 de enero de 2014

François Hollande, socialdemócrata

Alejandro Teitelbaum (especial para ARGENPRESS.info)

Que el Presidente francés Hollande haya sepultado todas sus promesas preelectorales (bastante brumosas, por cierto) no tiene que asombrar a nadie. La hipocresía y la mentira está en el ADN de todos los políticos al servicio del sistema capitalista imperante.


Foto: Sr. Presidente, la próxima vez, evitar el scooter. Sixt alquila coches con vidrios polarizados.

Además, este caso particular es la conclusión lógica y coherente de un proceso que comenzó en 2011 con la elección del candidato presidencial del Partido Socialista, como veremos más adelante.

Hollande ha anunciado la adopción de una “política de la oferta”. Dicha política está inspirada , aunque el “profesor” Hollande no lo dijo, en la teoría de Juan Bautista Say (1803), según la cual la oferta genera la demanda, de modo que siempre habría equivalencia entre la oferta y la demanda.

En el plano teórico ya Marx se ocupó de demoler en términos poco amables (“tedioso Say”, “desdichado individuo”, “farsante”) la teoría de Say, retomada por Ricardo. Escribía Marx que “este es el parloteo infantil de un Say, pero no es digno de Ricardo”. (Marx, Teoría sobre la plusvalía (Tomo IV de El Capital) escrito entre 1862 y 1863), Capítulo XVII, párrafos 7 a 14. Tomo 2, páginas 426 a 451 de la edición de 1975 de Editorial Cartago, Buenos Aires). Marx explicaba que la teoría de Say podría hipotéticamente funcionar en una economía de trueque, pero ni siquiera en una economía mercantil simple y menos aún en una economía capitalista de mercado, donde el capitalista produce mercancías, no para cambiarlas por otras mercancías sino para transformarlas en dinero, en capital monetario y de ese modo realizar la ganancia que le queda después de pagar a sus proveedores y a los bancos que le prestaron capital, ganancia que puede destinar a atesorar, a especular, a mantener un tren de vida entre elevado y exuberante, etc. El capitalista, para transformar la mercancía en dinero necesita vender su producción y a veces ocurre que no la puede vender, al menos totalmente, porque no hay demanda suficiente a causa del estancamiento o disminución del poder adquisitivo de los consumidores de las clases populares. Y entonces los stocks de mercancía quedan acumulados o se venden por debajo del costo. Ese es el momento de las crisis periódicas del sistema, resultado de que entre la producción y el consumo, entre la oferta y la demanda, se interpone la apropiación capitalista de la plusvalía. De modo que la ley de Say nunca funcionó ni puede funcionar.

Además de los hechos, después de Marx refutaron a Say muchos otros economistas, entre ellos Keynes, quien postulaba como forma de salir de la crisis la estimulación de la demanda.

Las ideas de Keynes funcionaron durante un corto período cuando las condiciones económicas objetivas lo permitieron (el Estado de bienestar) pero en las condiciones actuales de crisis profunda e irreversible del sistema dichas ideas son imposibles de llevar a la práctica.

La “política de la oferta” de Hollande se concreta en regalos fiscales gigantescos a los capitalistas: el CICE (Crédito de impuesto competitividad empleo) y la supresión del aporte patronal a las cargas sociales en 2017.

El CICE tiene por objeto financiar por anticipado programas de las empresas destinados a mejorar su competitividad mediante innovaciones, formación del personal, etc., el reclutamiento de nuevo personal y la reconstitución de sus activos financieros.

Todo lo cual, según la versión oficial, permitirá relanzar la economía y crear muchos empleos.

Pero los patrones no asumen obligación concreta alguna como contrapartida de los regalos que reciben y lo que ahorren en tasas e impuestos y ganen en subvenciones les servirá para aumentar su margen de ganancias.

Nada autoriza a suponer que aumentará la demanda global porque el ingreso real de los asalariados tiende a disminuir con la congelación (y aun disminución) de los salarios reales directos e indirectos (objetivo gubernamental proclamado: disminución de los costos laborales), los aumentos de los impuestos al consumo y también a causa de la alta tasa de desocupación (en torno al 11% actualmente). Como ha dicho el mismo Hollande, la redistribución de los ingresos “vendrá DESPUÉS”.

Esta “política de la oferta” (regalos a la patronal y virtual congelación de los salarios reales pese a un considerable aumento de la productividad que en Francia se multiplicó por cinco en 30 años) se viene practicando en dicho país desde hace más de 30 años. Es decir, hace tiempo que en Francia – con gobiernos “socialistas” o de derecha- aumenta la explotación de los asalariados y se ensancha la brecha entre ricos y pobres.

La “política de la oferta” se acentuó con Sarkozy y ahora llega a su climax con Hollande. Esto no ocurre por azar: las políticas antisociales son toleradas más pasivamente por la población con un gobierno de “izquierda” que con un gobierno de derecha, pues el mito de gobiernos de “izquierda” y de derecha todavía funciona con las mayorías, las que pese a la evidencia, siempre esperan algo mejor de un gobierno de “izquierda”. Pero en la realidad no siempre es así. En Francia, fue durante el gobierno del Primer Ministro “socialista” Jospin (1997-2002) que se privatizaron más servicios públicos e industrias clave. Con escasa o nula reacción popular. Es decir, los gobiernos de “izquierda” gozan de más legitimidad para llevar a cabo una política antipopular.

Decíamos antes que esta forma particularmente brutal en que Hollande adoptó una política ultraliberal es la conclusión lógica y coherente de un proceso que comenzó en 2011 con la elección del candidato presidencial del Partido Socialista.

En efecto, antes de las elecciones primarias abiertas en el Partido Socialista los sondeos de opinión daban ganador a Strauss Kahn, de tendencia francamente liberal en economía, en segundo lugar a Martine Aubry, tibiamente centro-izquierda con el antecedente de haber promovido como Ministro las 35 horas semanales y lejos, en tercer lugar, a Hollande, Secretario General del PS, de tendencia protoliberal y de escasa personalidad, apropiado para servir de bisagra entre las distintas corrientes del PS. Hollande fue durante varios años alcalde de Tulle, una pequeña ciudad de 14000 habitantes. A la medida de sus calidades de estadista.

Ahora su figura se ha vuelto patética con el vodevil de sus visitas nocturnas en “scooter” a su amiguita. Hasta el punto que una agencia de automóviles publicó un anuncio ofreciéndole autos con vidrios polarizados.

Cuando Strauss Kahn quedó fuera de carrera a causa de su incontrolable sexualidad, los sondeos le dieron el primer lugar a Hollande y el segundo a Martine Aubry. Finalmente Hollande ganó las primarias socialistas con el 56 por ciento de los votos.

Objetivamente Martine Aubry era mejor candidata que Hollande. Tenía experiencia gubernamental como Ministro y como Alcalde durante muchos años de la ciudad de Lille (225000 habitantes), donde realizó una gestión correcta.

Pero la mayoría de los electores socialistas (clase media) prefirió a un liberal como Strauss Kahn y cuando éste quedó “offside”, optó por un individuo de perfiles políticos borrosos y de pobre personalidad y no por Martine Aubry, quien para algunos “camaradas” socialistas era demasiado izquierdista.

Dicho de otra manera el voto de la mayoría en las elecciones primarias del PS refleja la tendencia mayoritaria de las clases medias a favor de preservar el statu quo o sea, el orden establecido. Y así conservar los pequeños privilegios que les proporciona el sistema: un nivel de vida un poco más alto que el de la mayoría de los trabajadores manuales, el que le permite asistir a actividades culturales, comer de tanto en tanto en un restaurante (más bien modesto) ir de vacaciones, etc. Y poder formular críticas intrascendentes a la gestión gubernamental en público o en tertulias sociales, sin temor a ser apaleados o terminar en prisión. O sea, “vivir en democracia”.

Desgraciadamente, la preferencia por el orden establecido y el temor a las consecuencias de un cambio radical es un fenómeno mundial que abarca a las mayorías y atraviesa a todas las clases sociales. E incluye a una buena parte de quienes no tienen privilegio alguno, viven en la precariedad y sin perspectivas de un futuro mejor.

Hollande dice que es socialdemócrata y tiene razón. La socialdemocracia hace decenios que es un simple reaseguro del sistema, como lo muestra su práctica gubernamental en distintos países del mundo. Y sus alianzas para gobernar con la derecha tradicional.

En Alemania (donde el “milagro” se basa en la no existencia de un salario mínimo -aunque ahora se promete establecer uno más adelante- y en salarios ínfimos de 450 euros mensuales pagados sobre todo a los trabajadores provenientes de Europa oriental) la actual alianza del PSD con la derecha fue aprobada por el voto directo de la gran mayoría de sus afiliados.

En Italia el Partido Demócrata (resultado de la fusión, hace algunos años, de lo que quedaba de los Partidos Comunista (desde 1991 Partido Democrático de Izquierda) Socialista y Demócrata Cristiano) formó Gobierno a principios de 2013 en alianza con el partido de Berlusconi, cuyo núcleo, Forza Italia, es de tintes fascistizantes. En noviembre de 2013 Berlusconi rompió la coalición pero su propio partido se quebró y una parte del mismo quedó en el Gobierno con el nombre de Nuovo Centrodestra.

En España el pueblo español, votando mayoritariamente una vez al PSOE y otra al Partido Popular, pasan alternativamente de la sartén al fuego. Las grandes movilizaciones de los “indignados” no impidió el triunfo electoral del Partido Popular en las últimas elecciones. Se cumplió una vez más el principio del “péndulo” electoral.

Los socialdemócratas hace ya tiempo que han renunciado incluso a un modesto reformismo que, por otro lado, no tiene posibilidades de concreción en las actuales condiciones de crisis profunda del capitalismo el que sólo puede sobrevivir acentuando hasta el extremo la explotación de los asalariados y dejando al borde del camino a una parte de la población.

Cuando las mayorías sufran condiciones de vida más allá de lo soportable y una parte de ellas pierdan hasta sus mínimos privilegios de la vida cotidiana, queda por saber qué ocurrirá.

Puede formularse la hipótesis de que si no aparece una sólida y creíble alternativa de cambio radical anticapitalista, terminará por imponerse, con el consenso de las mayorías, alguna forma autoritaria de inspiración fascista. El tradicional péndulo electoral entre “izquierda” socialdemócrata y derecha tradicional puede alterarse a favor de la extrema derecha. Dicho de otra manera, la dictadura del gran capital puede terminar despojándose de sus últimos ropajes pseudo democráticos.

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México en las garras de los globalizadores

Vicky Peláez (RIA NOVOSTI, especial para ARGENPRESS.info)

Pueblos libres, recordad esta máxima. Podemos adquirir la libertad, pero nunca se recupera una vez que se pierde (Jean Jacques Rousseau, 1712-1778).

Había una vez un país llamado México, soberano e independiente orgulloso de su pasado y de sus tradiciones ancestrales que mantenía con recelo durante varios siglos a pesar de que, según Octavio Paz, cada período histórico era una meseta separada de las otras por medio de altas montañas y profundos abismos.

Su pueblo aprendió a escalar las montañas y construir puentes sobre los abismos. Sin embargo, más de dos siglos atrás los Estados Unidos por una voluntad del destino se convirtió en su vecino del Norte.

Pasaron apenas 59 años de la fundación de los Estados Unidos cuando el famoso estudioso francés, Alexis Tocqueville escribió en su libro “La Democracia en América” (1835-1840) que donde la bota norteamericana pisaba el suelo en México, se quedaba allí para siempre. Y así había sucedido, no solamente usando la fuerza brutal, sino también empleando el servicio de Mamón, el diablo del dinero cuyo arte de persuasión y seducción había logrado a corromper a muchos gobernantes de turno. De allí surgió el famoso dicho popular que enfatiza que “la tragedia de México es estar tan lejos del cielo y tan cerca de los Estados Unidos”.

Poco a poco este vecino del Norte presionaba cada vez más sus tenazas económicas y financieras alrededor de México obligando a sus líderes ceder su riqueza natural. Por supuesto había excepciones, como la revolución mexicana de 1910 y la nacionalización de las reservas minerales y de combustibles decretada por el presidente Lázaro Cárdenas en 1938.

Los Estados Unidos anunciaron en seguida las represalias contra el gobierno de Lázaro Cárdenas, declarando un embargo comercial y la Tesorería norteamericana dejó de adquirir petróleo y plata en México. Once años después durante la presidencia de Miguel Alemán (1946-1952) hubo intentos de reprivatizar las empresas petroleras pero este proceso fue parado por un texto de la Constitución de 1960 que establecía en referencia al crudo “no otorgar concesiones ni contratos, ni subsistirán los que hayan otorgado”. Sin embargo, en los años 1980, durante el gobierno de José López Portillo (1976-1982) y Miguel de la Madrid (1982-1988) los Estados Unidos logró imponer a México el Consenso de Washington lanzando al país a las garras de los neoliberales. Durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) por Estados Unidos, Canadá y México que actualmente está cumpliendo 20 años.

Por supuesto, la prensa globalizada internacional y nacional está empeñada en presentar estos 20 años como el mejor período en el desarrollo socio económico de México en su historia republicana. Lo que están haciendo los escribanos globalizados es tapar el sol con un dedo. La realidad es completamente diferente. A pesar de la asociación de México con su vecino del Norte, la pobreza no da signos de disminuir. Actualmente de los 107 millones de mexicanos, 55 millones se encuentran en un deplorable estado de pobreza e insalubridad. El sueldo mínimo en México es uno de los más bajos en América Latina- 147 dólares al mes, mientras que en Uruguay es 300, Chile-372 y en Argentina es 475 dólares mensuales.

Durante casi dos siglos, los terratenientes locales habían anhelado desmantelar las comunidades campesinas (los ejidos) y desarticular la unidad familiar en el campo para apoderarse de la tierra de las comunidades sin poder nunca lograrlo. El NAFTA facilitó esta tarea dejando sin tierra a más de dos millones de campesinos que tuvieron que emprender su éxodo masivo a la ciudad. A la vez el gobierno eliminó las empresas estatales de regulación que operaban en este sector de la economía que favoreció a las empresas trasnacionales subsidiarias de las corporaciones estadounidenses. Estos complejos agroindustriales absorbieron una mayor porción del mercado interno.

El más perjudicado por el tratado ha sido maíz, el cultivo más importante en cuanto al volumen de producción, número de productores y superficie sembrada, tomando en cuenta también que es el alimento básico de toda la población. Ahora México está obligado a importar el 30 por ciento del maíz para su consumo, de acuerdo a la estadística oficial. Por supuesto que en la vida real las cifras son más altas. Y no puede ser de otra manera porque son las comercializadoras transnacionales: Cargill, Corn Products International, Archer Daniels, Minsa, Maseca, Arancia, Midland están controlando el mercado de maíz en México. Los pequeños productores de este cultivo que hace 20 años aportaban más de la mitad de la producción nacional, prácticamente desaparecieron y con ellos se acabó la soberanía alimentaria.

En estas dos décadas desaparecieron también más de 300,000 unidades ganaderas, el hato disminuyó el 30 por ciento y el consumo per cápita de carne de res mostró una disminución en los últimos siete años del 12 por ciento bajando a 15 kilogramos. Actualmente la balanza comercial agroalimentaria es deficitaria en más de 45 mil millones de dólares. Lo que más exporta México son tomates, aguacate, frutas tropicales, cerveza, tequila, productos en manos de un puñado de las trasnacionales y lo que importa son productos de la canasta familiar: maíz, carne, leche, arroz, trigo que también están en manos de las corporaciones como Bimbo, Lala, Maseca etc. El 76 por ciento de las exportaciones mexicanas van hacia Estados Unidos y el 80 por ciento de importaciones también provienen de Norteamérica, lo que hace muy vulnerable la economía nacional a los procesos que atraviesa el mercado norteamericano.

La reciente reforma de hidrocarburos aprobada por el Senado puso también en subasta las grandes reservas petroleras de México lo que hace 20 años planificaron los creadores norteamericanos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA). Desde hace tiempo el Wilson Center de Washington estaba tratando de convencer a los líderes mexicanos de reformar el Artículo 27 de la Constitución para aumentar la competitividad de la industria petrolera nacional. Y finalmente los globalizadores lograron su objetivo cuando hace poco el presidente Enrique Peña Nieto eliminó de un plumazo este artículo de la Constitución que dice que “tratándose del petróleo o de minerales radioactivas no se otorgan concesiones ni contratos y la Nación llevará a cabo la explotación de estos productos”. Con esta firma se autorizó el saqueo del petróleo mexicano, siendo su empresa estatal Pemex el quinto productor mundial de petróleo y el quinto exportador que tiene reservas probadas de crudo de 14,000 millones de barriles y 13,000 millones de barriles de lutitas además de poseer 545 mil millones de pies cúbicos de gas natural.

En esta lista de los llamados “logros” del NAFTA en México no se puede omitir el incremento alarmante del tráfico de droga y de la delincuencia. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la guerra contra el crimen organizado durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) dejó un saldo de 121,683 muertes violentas. Hace pocos días el director del Instituto para la Seguridad y la democracia (INSYDE), Ernesto López Portillo alertó que de mantenerse el ritmo de muertes violentas registradas en el actual gobierno de Enrique Peña Nieto, al término de su gestión la cifra podría superar casi en 50 por ciento de las registradas en el sexenio de Felipe Calderón.

Actualmente México es uno de los más importantes productores en el mundo de marihuana y de las drogas sintéticas. Se considera el segundo productor de marihuana con capacidad de 10,000 toneladas al año mientras que Estados Unidos elabora 15,000 toneladas. A la vez México es un importante punto de tránsito de cocaína proveniente de Colombia, Bolivia y Perú hacia Estados Unidos Se calcula que se produce al año 1,000 toneladas de cocaína de las cuales unas 700 toneladas son trasladadas a Norteamérica. Un negocio redondo que aporta no menos de 500 mil millones de dólares al año. El dinero lo compra todo, pues “con dinero baila el perro y con oro dueño y todo” reza un refrán popular. Esto explica la existencia de numerosos carteles de narcotráfico que tienen a su disposición cerca de 100,000 hombres armados, la mayoría de los cuales son menores de 30 años de edad. Entre los carteles más famosos se destacan: Cartel Juárez, Cartel Sinaloa, Cartel del Golfo, Cartel de Tijuana, Los Zetas, Cartel del Poniente, Los Rojos, La Corona, Caballeros Templarios y algunos otros poco conocidos. Todos estos grupos se dedican también a extorsiones y secuestros, en los cuales México es solamente superado por Nigeria.

Ahora resulta, según el informe “La Guerra secreta de la DEA en México” de la periodista Doris Gómora publicado el 6 de enero pasado en el periódico mexicano El Universal, que hace más de 20 años “los agentes de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) y fiscales del Departamento de Justicia negociaron en secreto, en territorio mexicano, con miembros de carteles de narcotráfico para obtener la información de organizaciones rivales, situación que incrementó la violencia en todo el país”. Es decir actuaban siguiendo las pautas de la táctica “divide y reina”. Documentos judiciales indican que el gobierno de Norteamérica “conocía y autorizó las reuniones, así como las negociaciones con miembros de carteles mexicanos, especialmente con el de Sinaloa para obtener la información de sus rivales, y con ella se lograron aseguramientos de cargamentos, así como detenciones, lo que detonó la violencia en México durante el sexenio de Vicente Fox y el de Felipe Calderón”.

Recién ahora se supo que más de 60 agentes de la DEA, otros tantos de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y no se sabe cuántos fiscales fueron autorizados por el gobierno estadounidense para actuar libremente y con plena impunidad en México, esto avalado por los gobiernos de turno locales. Solamente con el Cartel de Sinaloa hubo más de 50 encuentros oficiales de los que se sabe. Según la investigación, se sabe que a cambio de la información, los agentes de la DEA permitían hacer su negocio a los narcos de ese cartel e inclusive les avisaban sobre las operaciones que se preparaban por sus colegas mexicanos contra ellos. En el 2012 el Departamento de Justicia autorizó la “Operación Rápido y Furioso” durante la cual cerca de 1,400 armas fueron transferidas al Cartel de Sinaloa. Ahora resulta que no fue el único el trasiego de armas desde Estados Unidos a México. Entre 2006 y 2007, Washington condujo otro operativo similar llamado “Receptor Abierto”.

Frente a la violencia desatada en el país por los miles de sicarios y de secuaces de los carteles que están infiltrados en todos los niveles de las instituciones gubernamentales y frente a la impotencia de lo que el periodista mexicano Guillermo Almeyra llama “el semiestado” mexicano, los habitantes de México central, especialmente en Michoacán, Guerrero y Oaxaca crearon los grupos de autodefensa. En una entrevista que se divulgó en YouTube, el consejero general del Consejo Ciudadano de Autodefensa de Tepalcatepec, Michoacán, José Manuel Mireles Valverde reveló los motivos que obligaron a los habitantes armarse para defenderse de los embates del crimen organizado ante la omisión de las autoridades.

Contó este médico cirujano, que la violencia se desató hace 12 años cuando se apoderaron de la región los sicarios de Los Zetas. Después llegó La Familia Michoacana que ofreció la protección contra Los Zetas. Al escindirse La Familia, surgieron Los Caballeros Templarios que hace cinco años comenzaron a cobrar cuotas, derecho de piso e incluso permiso para vivir. Cada negocio, cada casa, cada profesional tenían que pagar al cartel. Hasta los niños desde el jardín infantil hasta la escuela preparatoria debían pagar 20 pesos cada lunes. Después, como lo enfatizó Mireles Valverde, empezaron a molestar a la familia. “Tocaban la puerta y decían: me gusta mucho tu mujer, ahorita te la traigo”. En 2012 abusaron a 14 niñas de 11 y 12 años de edad, relató.

´´Entonces los habitantes de la zona decidieron organizarse y armarse, haciendo toda esta labor sigilosamente para que no se enterasen tanto las autoridades como los mafiosos y el 24 de febrero pasado la ciudadanía se levantó contra Los Caballeros Templarios. Pero cuando después de detener y desarmar a los sicarios y los llevaban a los cuarteles del ejército o a las dependencias de la Policía Judicial Federal, el mismo día todos los mafiosos estaban libres. Al entrar el ejército en Michoacán, las autoridades trataron de desarmar no a los sicarios sino a los miembros de Autodefensa. Ahora el gobierno anuncia las capturas de los cabecillas del cartel mientras todos saben que hace tiempo ellos abandonaron la zona dejando en su reemplazo a sus segundones`.

Esta es la realidad que está viviendo México, cuyo “semiestado” perdió toda la fuerza y entregó el poder al capital de las transnacionales en estos 20 años como el resultado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA). El próximo febrero durante la reunión conmemorando el 20 aniversario del tratado, se discutiría la inclusión de América Central en el NAFTA. Según uno de los creadores de esta asociación político-comercial, el ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, John Baird, el NAFTA ha sido un “éxito indiscutible”. Ya saben los centroamericanos que “éxito” les espera.

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Dineros públicos, negocios privados: El camino de Fresenius

Jorge Yabkowski (ACTA)

La ministra de Industria, Débora Giorgi, recibió al director General de la empresa Fresenius Kabi para Argentina, Colombia y Uruguay, Rodolfo Raviolo, quien le presentó un proyecto de inversión de 50 millones de dólares para instalar una planta de sueros en Argentina de alta tecnología.

“Este tipo de proyectos, vinculados a sectores estratégicos y a tecnología de punta, nos permite profundizar el camino de industrialización iniciado en Argentina en 2003, y en el que no daremos un paso atrás”, afirmó la ministra Débora Giorgi.

El grupo Fresenuis es una firma global de origen alemán, que factura aproximadamente 19.300 millones de euros al año y cuenta con casi 170.000 empleados. Se dedica a la fabricación de productos médicos (para diálisis, nutrición, infusión y transfusión, gestión de hospitales, centros de rehabilitación y asesoramiento, desarrollo, establecimiento y gestión de centros sanitarios).

Fresenius Kabi está instalada en el país desde fines de 2001 y experimentó un crecimiento exponencial de sus ventas y puestos de trabajo. Mientras que en 2003 facturó 17 millones de pesos y trabajaban en la empresa 116 empleados, este año cerraron con una facturación aproximada de 420 millones de pesos y 400 trabajadores.

A su vez, otra empresa del grupo, Fresenius Medical Care, es la principal proveedora de servicios de diálisis crónica. Cuenta con 100 centros en todo el país, 3000 empleados y dializa 8300 pacientes. Integrada verticalmente provee los insumos que fabrica a sus propios centros los cuales se financian (en buena medida) con el subsidio estatal para enfermos renales. Este crecimiento se produjo en paralelo con la desaparición de los servicios de diálisis en los hospitales públicos.

Con la fuga de profesionales, el desastre edilicio y la creciente falta de insumos nuestro sistema público de salud es un colador que ataja cada vez menos penales. Antonio Morante, Ministro de Salud del Chaco, acaba firmar un convenio de derivación de pacientes de los hospitales públicos al sector privado. Morante, ex presidente de la comisión de salud de la Cámara de Diputados y ministro de Jorge Milton Capitanich dijo al firmar el convenio:

“Con las derivaciones oportunas y el correspondiente pago a las clínicas por sus prestaciones, aseguramos la asistencia a nuestros pacientes para que puedan continuar el tratamiento en aquellos casos que el sistema Público registre sobredemanda”.

Giorgi y Morante nos dan la clave de la política sanitaria del gobierno nacional: el Estado deja de ser un prestador de servicios públicos de salud tanto en la atención de pacientes como en la fabricación de medicamentos sueros y vacunas y se convierte en un financiador del sector privado.

En la gestión Manzur, sigilosamente, el camino de Fresenius se abre paso.

Jorge Yabkowski es Secretario de Salud Laboral de la CTA. Presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA-CTA).

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Un 2014 repleto de policías

ANRED

El inicio del año en la Provincia marcó la renovación del discurso de la “seguridad” como eje de la política de Estado. El “Operativo Sol” más grande de la historia se instaló en la costa al calor de la represión a estudiantes marplatenses que protestaban contra el aumento del boleto. Mientras los indicadores económicos se deterioran, se incrementan las tarifas y sube la inflación, la criminalización de la protesta y de la juventud sigue a la orden del día.

En la antesala de un año en el que los indicadores económicos no prometen grandes repuntes, y donde lo más afectado continuará siendo el nivel salarial y las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires comenzó el 2014 focalizando el eje en la política de “seguridad” y haciendo gala de la superpoblación de policías como forma de garantizar “la tranquilidad” de los veraneantes en la costa bonaerense.

“Mucha más policía, sin contar al novio celoso”, rezaba la publicidad televisiva que anunciaba el “Operativo Sol” más grande de la historia de la Provincia, y que desbordaba de conceptos misóginos y machistas.

A la legitimación de la relación de pareja como vigilancia, la posesión del cuerpo de la mujer/objeto por parte del “macho musculoso”, se le suma la concepción del goce vacacional gracias al despliegue represivo del Estado. El INADI y los organismos estatales dedicados a la violencia de género, brillaron por su ausencia.

De esta forma se describe la presencia de 8.020 policías, 500 patrulleros, 185 motos, cuatriciclos y todo terreno, 7 helicópteros, 90 radares, que en teoría “están preparados para cuidarte”.

¿Cuidarte de qué?

El comienzo del año trajo aparejado un aumento del precio del boleto de colectivos en distintos puntos del país, golpeando nuevamente los salarios que se deterioran día a día ante la inflación.

En Mar del Plata, el pasado 10 de enero, mientras el Concejo Deliberante intentaba aprobar la suba de 22% del monto de los pasajes de micros locales para llevarlo a $3,97, se desarrolló una movilización para frenar el ajuste, que fue violentamente reprimida por las fuerzas de seguridad locales, contando con el “gentil” apoyo de los efectivos dispuestos para el “Operativo Sol”.

Hubo 18 detenidos, cuatro de ellos menores de edad, tras una cacería desarrollada por las calles de la ciudad, por las avenidas principales, galerías y peatonales, persiguiendo a quienes estaban en la movilización y también a los turistas que veían lo que pasaba y trataban de frenar a la policía.

Días después, el Gobernador Daniel Scioli salió a aclarar que a pesar del imponente montaje represivo “no se sacó ni a un solo policía del conurbano. El refuerzo del Operativo Sol es el resultado que han tenido las escuelas descentralizadas de policía".

En la misma línea

Desde el comienzo del año el Gobierno va dejando en claro cuál será el eje de su política de Estado, profundizando la tendencia de los últimos dos años, en donde se desplegaron efectivos de distintas fuerzas policiales (gendarmería, prefectura, etc) para “custodiar” zonas del conurbano y de la Provincia consideradas peligrosas.

La experiencia de los vecinos del barrio porteño de Zavaleta muestra el rol que cumplen estos efectivos, que tras el asesinato del niño Kevin Molina se dedicaron a hostigar a los habitantes del barrio que se organizaron para velar por su “seguridad” y controlar a las fuerzas policiales.

Cabe destacar además, que semejante despliegue policial no parece ser inocente ante la llegada de las negociaciones paritarias que en pocos días comenzarán a desarrollarse. El año pasado la Gobernación provincial intentó asestarle un duro golpe a las organizaciones de los trabajadores estatales cuando envió a la policía bonaerense a detener violentamente a 5 empleados de la Dirección General de Cultura y Educación, cuatro de ellos integrantes de la Junta Interna , con métodos propios de la Dictadura.

Estos trabajadores continúan procesados por una causa que inició la titular del área de educación, Nora de Lucía, como represalia a la toma del establecimiento realizada por los empleados del mismo en 2012 ante el intento del Gobierno de efectuar despidos y fraccionar en cuatro cuotas el aguinaldo.

A su vez, el inicio del año marca también el fortalecimiento del discurso criminalizador de los y las jóvenes pobres, particularmente quienes están privados de su libertad. En La Plata las declaraciones de funcionarios y los titulares de los medios locales ante la fuga de jóvenes presos en el Instituto de Máxima Seguridad Almafuerte y Centro Cerrado Nuevo Dique, sucedidas esta semana y la anterior, se dedican a remarcar la “peligrosidad de los menores” y la necesidad de su recapturación inmediata.

Poco se dice sobre sus historias de vida y en ningún momento se resaltan “detalles” de sus padecimientos en el encierro, como por ejemplo que el Instituto Almafuerte tiene un pedido judicial de cierre debido a las inhumanas condiciones de detención de los jóvenes allí alojados: encierro prolongado en pequeñas celdas, falta de atención médica, pocas horas de actividades, régimen disciplinario sin derecho a defensa, entre otras.

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Investigación de protestas policiales y saqueos: Fiscal Domínguez. “En diciembre se tomaron dependencias públicas a los tiros”

Josefina López Mac Kenzie (OTROS CÍRCULOS)

El titular de la comisión de fiscales creada tras los hechos que a fin de año dejaron un tendal de muertes, detenidos y causas judiciales en todo el país adelanta las características del informe que están a punto de elevar a la Procuradora, Alejandra Gils Carbó.

A principios de febrero próximo, los fiscales que fueron designados para colectar y cruzar datos sobre las protestas policiales y los saqueos que se propagaron en diciembre por distintas provincias elevarán su informe y se cerrará una primera etapa de trabajo. El material que va llegando a esa comisión desde ámbitos judiciales, ejecutivos y policiales del territorio nacional es jugoso en variedad y cantidad, y permitiría proyectar una investigación más profunda.

La comisión, creada el 9 de diciembre pasado, volverá a reunirse el próximo 31 de enero; luego los fiscales coordinados por Fernando Domínguez entregarán su informe y a partir de allí la Procuradora deberá decidir el futuro tanto de la comisión como del material recogido en esas actuaciones. Una posibilidad es que formulen una denuncia y formen una causa judicial única que hilvane todos los hechos estudiados. Otra es que todo el material recopilado sea aportado al abanico de causas ya abiertas en distintas fiscalías federales por sedición u otro tipo de delitos que involucran a personal policial.

En diálogo con OTROS CÍRCULOS, Domínguez contó que el informe desarrollará la metodología con que trabajó la comisión, en un barrido de datos de fundamentalmente cuatro fuentes: poderes judiciales provinciales y federales, que informaron sobre las causas en trámite en distintas jurisdicciones a raíz de estos hechos; medios (material periodístico audiovisual y gráfico -los portales y canales de TV explotaron de imágenes durante esos acontecimientos, algo que también ocurrió en las redes sociales-); fuerzas de seguridad (principalmente, las federales); y poderes ejecutivos locales y nacional.

Por otro lado, el informe de la comisión de fiscales contendrá una descripción de los hechos ocurridos y algunas hipótesis que tendrán en cuenta la simultaneidad, la violencia y la modalidad de los hechos, entre otras regularidades, como la relación entre alzamientos y saqueos, la liberación de zonas y el eventual “aliento” de los saqueos.

En tercer lugar, el informe incluirá una toma de posición de la comisión en cuanto a la consideración jurídica de los hechos y la responsabilidad que cabe por ellos. Es conocida la postura del coordinador, que en una nota publicada en el portal entrerriano Análisis Digital sostuvo: “Cuando se negocia con la pistola al cinto es sedición”. Domínguez es un recién llegado al fuero federal, pero en el ámbito provincial —proviene del departamento judicial San Martín— es reconocido por su estudio, y por sus denuncias, de los sistemas policiales y penitenciarios, con sus pactos de gobernabilidad y patrones de corrupción.

“Hay que profundizar la investigación”
¿Cómo es el mapa de causas que se formaron en el país por estos hechos?
—Hay causas en las justicias provinciales con distinto tono y tenor. En Córdoba, por ejemplo, esas causas están iniciadas por delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público, no por sedición, y hay una denuncia del ex diputado Horacio Viqueira por sedición. En Entre Ríos hay una causa por sedición en la justicia provincial, y ahí hay que dirimir si la competencia debe ser federal o provincial. El Procurador General de la Provincia y la Justicia en general sostienen la competencia provincial. En Santa Fe hay una denuncia hecha por el Poder Ejecutivo provincial en el fuero federal. En la Capital Federal hay por lo menos dos denuncias: una formulada por el Poder Ejecutivo nacional y otra por varios abogados. En Tucumán también hay en el fuero federal y en Jujuy, sólo en la Justicia provincial. En Catamarca fueron fuertes también los hechos y en el Chaco el fiscal general de Resistencia iba a formular una denuncia en el fuero federal.

En estas causas se han registrado pocos avances significativos, salvo en Entre Ríos, uno de los puntos emblemáticos del conflicto, donde dos personas acaban de ser condenadas en un juicio abreviado, según informó Análisis Digital

¿Qué denominadores comunes presentan las causas?
—Hay varios. Los hechos se produjeron todos en diciembre, y con una significación especial: a 30 años de la democracia, que desde ya no es una fecha que resulta casual. Creo que hay todo un simbolismo ahí detrás que debe ser analizado. Por otro lado la metodología, que en algún caso fue más violento que en otro… incluso se tomaron dependencias públicas a los tiros… en el Chaco se mató a un policía… ha muerto una cantidad importante de gente. Pero digamos que la metodología inicial es una forma de alzamiento que es el autoacuartelamiento. Y luego la idea, y la sensación generalizada, y a veces hasta uno podría pensar si no ha sido alentada la idea, de la producción de saqueos.

La resolución que crea la comisión apunta a la relación entre reclamos policiales y saqueos. “Antes de que las policías se acuartelaran no había o no surgían saqueos masivos y demás. A partir del acuartelamiento, y diría más, a partir de la comunicación, de la transmisión, del autoacuartelamiento es que se produjeron los saqueos, porque se liberaron zonas”, plantea Domínguez.

¿Está comprobada la liberación de zonas?
—En algunos casos es bastante obvio, con sólo mirar las imágenes de los canales de TV surge con toda claridad. Y en otros casos habría que investigar si no se propiciaron los saqueos, si no se alentaron, si no se planificaron desde sectores vinculados a las Policías.

Este punto, explicó Domínguez, será uno de los focos del informe, y consideró que a partir del trabajo preliminar de reunión de datos, sistematización e interpretación de ellos en el seno de la comisión “lo que habría que hacer ahora para profundizar, ya sea para investigar en cada lugar como para ver las conexiones que han tenido las distintas policías, tiene que ver con intervención judicial”.

De toda la información que llegó a la comisión, ¿qué es lo más llamativo?
—La violencia del accionar policial. En el Chaco se mata a un policía, se han tomado dependencias públicas a los tiros, eso es muy llamativo… Sería banalizar la cuestión reducirla a un reclamo salarial, sería naturalizarla, y la verdad es que ninguna de las policías está autorizada a hacer lo que hizo, y cuando se hablaba de la posibilidad de sindicalización policial me parecía un desatino absoluto.

¿Era un desatino el debate o que se diera en ese momento?
—El debate en ese momento. ¡Me parece incluso hoy un desatino ese debate! Porque las estructuras policiales son las que produjeron esos alzamientos. Me parece que es un llamado de atención a la democracia esto que ha pasado con las policías. La verdad es que no pueden pasar así como así estos hechos. Reitero: las policías de ningún modo están autorizadas, ni siquiera a autoacuartelarse, ni a incitar hechos de vandalismo, y menos aun a entrar a los tiros y a extorsionar a los gobiernos democráticamente elegidos.

Cuando fueron los saqueos de 2001 estabas en San Martín, uno de los departamentos judiciales que más detenciones produjeron. Es un hecho de otra naturaleza, ¿pero cómo se pueden pensar estos dos momentos?
—Son situaciones incomparables. En 2001 fueron hechos excepcionalísimos, un país que se deshacía prácticamente, y en el medio de eso el Estado no existía en ninguna de sus formas prácticamente, al menos esos dos días trágicos de diciembre. Entonces había que mandar mensajes en el sentido de presencia estatal y mensajes de no impunidad. Eso es lo que en su momento se hizo y eso es lo que debe hacer el Poder Judicial, el Ministerio Público. Con un gobierno que se derrumbaba pero además con una situación de pobreza y marginación extrema, y la policía inicialmente con un dejar hacer… un dejar avanzar la situación… Hoy que la situación es distinta tenemos a fuerzas policiales reclamando del modo en que han reclamado y autoacuartelándose, dejando a las poblaciones sin seguridad, situación que es aprovechada por otras personas.

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Un represor suelto en la cordillera

REDACCIÓN ROSARIO

El grupo de Facebook de la asociación “Cuna de la Bandera”, confirmó que -a pesar de la oposición de fiscales y querellantes-, el represor de la dictadura, Victor Chuly Rodríguez, viajó a Mendoza para encabezar la travesía Cruce de los Andes.“Es una ofensa a los familiares de las víctimas de Rodríguez”, plantearon desde HIJOS.

La información la confirmó en su grupo de Facebook la asociación que organiza todos los años el Cruce de los Andes -presidida por el mismo Rodríguez- con un posteo publicado este lunes: “Uspallata Sábado 18 de enero. Luego del arribo del grupo y ya instalados en Uspallata, comenzamos el relato del grupo que realizará el Cruce de los Andes a lomo de mula por el paso Uspallata. La expedicionaria y docente Mercedes Ramírez habló sobre el Cruce de los Andes que hizo San Martín y sus detalles. Todo en una rueda bajo la sombra de los árboles y tomando mates. No hay árboles tan magníficos como los de Uspallata. Javier Amelong cebaba los mates y se creó un ambiente donde fluía la camaradería. Fue un momento muy especial. Sobre el final apareció el Presidente y Veterano de Malvinas Víctor Hugo Rodríguez (Chuly) y desplegó un gran mapa satelital sobre el pasto mostrando el trayecto que seguirá la columna de Uspallata, ayudado por el Mayor Bianchi, subjefe del Grupo de Artillería 8”.

Ante la revelación de que finalmente Rodríguez pudo viajar a Mendoza para encabezar el Cruce de los Andes -tal cual lo había solicitado al juez Villafuerte Ruzo-, la agrupación HIJOS volvió a repudiar la decisión del magistrado de autorizar la salida del imputado de graves delitos de lesa humanidad. “Además de existir un real peligro de fuga, lo de Villafuerte Ruzo es una ofensa a los familiares de las víctimas de Chuly Rodríguez”, plantearon desde la organización.

“Una vez más este juez federal nos toma el pelo”, señaló en un comunicado la agrupación HIJOS, en el que se agregó: “En vez de hacer lo que le exigieron los tribunales superiores, que es revisar la falta de mérito que dictó en favor de Chuly Rodríguez y detenerlo, le permite no sólo seguir en libertad, sino que además lo habilita para vacacionar a Mendoza”.

Rodríguez se encuentra procesado en la causa “Patti, Luis Abelardo y otros s/ homicidio en perjuicio de Pereyra Rossi, Eduardo Daniel y de Cambiasso, Osvaldo Agustín” que tramita ante el Juzgado Federal N°2 de la ciudad de San Nicolás, en la cual se investiga el secuestro, tortura y homicidio (Área Rosario y norte bonaerense) de los mencionados militantes montoneros, en mayo de 1983.

El martes pasado, la Mesa de la Memoria por la Justicia de San Nicolás e HIJOS, habían salido a cuestionar la autorización otorgada por el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, para que el represor de la dictadura, Víctor Hugo Rodríguez vacacione en la ciudad de Uspallata, Mendoza, y encabece el Cruce de los Andes, una travesía que se repite todos los años y que emula el recorrido realizado por el general San Martín durante la guerra de la independencia.

En el comunicado, las organizaciones de derechos humanos recordaron que Villafuerte Ruzo había dictado falta de mérito al ex teniente coronel Víctor Hugo Chuly Rodríguez en la causa Cambiasso Pereyra Rossi, pero la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, ante la apelación de la fiscalía y la querella, consideró probada la conducta reprochada y revocó la medida, ordenando su procesamiento e inmediata detención y prisión preventiva, fundado esto último en el peligro de fuga y perturbación de la investigación.

“Durante años Chuly Rodríguez engañó a cientos de rosarinos queriendo lavar su verdadero rostro de represor y asesino del pueblo, emulando la gesta del general San Martín cuando cruzó los Andes”, plantearon las organizaciones de derechos humanos, y añadieron: “Pero mientras el Libertador lo hizo para pelear contra el imperio español en Chile, con un ejército popular y de liberación nacional y latinoamericana, Rodríguez solo pretendió esconder su participación en el genocidio cometido durante la última dictadura que se dedicó a desandar el camino iniciado por Don José, volviendo a encadenar al país a los intereses de las grandes potencias, destruyendo la industria nacional, torturando, asesinando y desapareciendo a decenas de miles de compatriotas”.

Las vacaciones del Chuly

A finales del 2013 Rodríguez solicitó la autorización judicial para desplazarse a la provincia de Mendoza a fin de realizar el cruce de los Andes, desde el 16 de enero hasta el 26 de enero de 2014.

Desconociendo lo resuelto por la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Rosario en pleno, el Juez Villafuerte Ruzo dictó el decreto de fecha 23 de diciembre de 2013 que dispuso la autorización al represor a realizar el viaje.

El martes pasado las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, de la Provincia de Buenos Aires, y de la agrupación HIJOS (en representación de las hermanas Gladys y Ethel Cambiasso), adhirieron por su parte al planteo del fiscal Wenceslao Hernando Insúa, quien había solicitado que revoque la autorización otorgada. Pero el juzgado de Villafuerte Ruzo se mantuvo firme con la autorización

“La clara existencia de gran cantidad de elementos de prueba acerca de la intervención del Chuly en la comisión de los delitos, sumado a la extrema gravedad de los mismos, son motivos suficientes para presumir que el justiciable pretende sustraerse del accionar de la justicia; máxime cuando la ciudad elegida para vacacionar, se encuentra muy cercana a la frontera con Chile”, señalaroN las organIzaciones.

“Señor Juez, no permitamos más la farsa y la impunidad de este represor, que Rodríguez no imita a San Martín, sino que es un cobarde represor que quiere fugarse a Chile para evitar que la justicia lo ubique en el lugar que le corresponde: la cárcel”, concluyó el comunicado de HIJOS y la Mesa de la Memoria por la Justicia de San Nicolás.

Situación procesal

Villafuerte Ruzo había dictado la falta de mérito de Rodríguez en la investigación del secuestro y asesinato de los militantes peronistas montoneros Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi, quienes fueron “levantados” de bar Magnum de Rosario en mayo de 1983 y aparecieron asesinados a tiros unos días después en el partido bonaerense de Lima.

En el mismo escrito, el juez sí procesó por esos crímenes de lesa humanidad al ex presidente de facto Reynaldo Bignone, al jefe del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, Pascual Guerrieri, y a una decena de integrantes de esa dependencia del Ejército durante la última dictadura.

Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario revocó la falta de mérito de Rodríguez y lo procesó con prisión preventiva, fallo que fue confirmado por la Cámara Nacional de Casación Penal y luego apelado por la defensa de Rodríguez ante la Corte, según informaron fuentes judiciales.

Las mismas fuentes añadieron que a pesar de las dos resoluciones de alzada que procesaron a Rodríguez con prisión preventiva, el juez Villafuerte Ruzo le otorgó igualmente la eximición de prisión a fines de noviembre del año pasado. La libertad con la que Villafuerte Ruzo benefició a Rodríguez fue considerada por el fiscal federal Juan Patricio Murray -quien promovió la causa hasta que se logró su reapertura-, como un “alzamiento del juez de primera instancia contra los fallos de sus superiores, la Cámara Federal de Rosario y la Cámara de Casación Penal”.

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La conjura contra Zazpe

Carlos Del Frade (APE)

"Se puede hablar de una Argentina visible y formal y de otra encubierta y secreta", afirmó el ex arzobispo de Santa Fe, Vicente Faustino Zazpe, el 18 de mayo de 1980. Trece días después, la Basílica de Guadalupe, el templo más importante de la capital provincial luego de la Catedral, fue robado. Desaparecieron las joyas de la Virgen.

En menos de un mes, en dos diarios de Buenos Aires, apareció un comunicado de la Triple A, exigiendo la separación de Zazpe del arzobispado a cambio de la devolución de las joyas.

Era una nueva amenaza contra el pastor que había denunciado el escándalo de los desaparecidos, la devastadora política de concentración económica y la pérdida de miles de fuentes de trabajo.

"La Iglesia en la Argentina debe ser la voz de los que no tienen voz, a pesar de las inevitables incomprensiones y de las amenazas que puedan seguir", decía Zazpe en 1980.

Zazpe murió el 24 de enero de 1984.

El Vaticano nombró a Edgardo Gabriel Storni como su sucesor.

-Cuando me reúno con el nuncio apostólico Calabresi, monseñor Aramburu y Primatesta en mi residencia en Santa Fe, yo planteo la problemática que hay dos provincias, la división de la misma, la necesidad de establecer un sistema democrático y popular, y si bien el arzobispo no tiene que ver con la parte política, incide sobre el sistema de la cultura y que esa cultura necesita de un hombre que la reafirme y la integre a toda la provincia. La actitud del arzobispo de Santa Fe es más fundamental que la del arzobispo de Rosario. Me dicen que el que va a decidir es el Vaticano, vía nuncio y me dicen que tomaremos en cuenta lo que usted nos dijo y luego me entero que asume Storni – dijo el ex gobernador de Santa Fe, José María Vernet en diálogo con este cronista.

-Nosotros con Zazpe hemos perdido un pastor y con Storni ganamos un político que no nos hacía falta. La iglesia de Santa Fe, lo que le garantiza a la oligarquía de Santa Fe, le garantiza el manejo de las cuentas provinciales, y eso se maneja a partir del punto de vista de la cultura que me da el derecho, me da la honra y me certifica la eficiencia, la moralidad y me certifica la permanencia. La iglesia va tejiendo una trama inconsciente, no es la espiritualidad del pueblo de Santa Fe, sino que es una organización de intereses que se va confundiendo, y hay muchos que actúan en nombre de la iglesia y no creo que reporten a nombre de la iglesia. El poder que tiene es el poder de la excomunión. El poder de decir Vernet no es bueno. Te pone ese sello y hay que levantarlo, porque una sociedad que cree en esto, cree en estas cosas. Es la acusación. Es el poder de castigar y es el poder de preservar – agregó el primer gobernador de la democracia.

No hubo solamente un cambio de pastoral, sino una verdadera destrucción de lo hecho por Vicente Zazpe. El Vaticano, que lo había destinado a Zazpe para investigar las tareas de Angelelli en La Rioja, abandonó a ambos en distintas épocas. El padre Elvio Mautino, su último confidente, reflexionó sobre la desarticulación de la pastoral de Zazpe de esta manera.

"Primeramente no se quería que se recordara su persona ni su imagen que crecía luego que desaparece su visión terrena, se acrecienta más su imagen: el de los pobres, el de los sin techo, entre los barrios. Los nombres que se proponen para los barrios es porque él tiene una riqueza tan grande en si mismo, que rebasa a todos los cálculos humanos y eso también molesta. Por ello se trata de atacar, de hacer desparecer, todo aquello que haga recordar su persona o acentuar su imagen".

Sigue diciendo Mautino que "este es el por qué no se quiere que se siga, o destruir todo aquello que Zazpe hubiera podido iniciar como pastor".

La elección entre Jesús y Barrabás no fue hecha por el pueblo de Jerusalem, sino que fue inducida por los sacerdotes, si se lee bien el Evangelio. Para el padre Trucco, hoy fallecido, el poder religioso no repara en medios para lograr sus objetivos.

"Hay que abrir bien los ojos cuando uno lee la Biblia, por ejemplo, si la gente quiere corroborarlo, que tome el capítulo 18 y 19 de San Juan y lea lentamente la pasión y se va a dar cuenta cómo el poder religioso tiene más fuerza que el poder político. Entonces van a ir viendo cómo los sumos sacerdotes Anás y Caifás, los fariseos, los escribas, son los que le hacen gritar al pueblo, queremos a Barrabás y no a Jesús, cómo le dan letra a Pilatos y lo amenazan. Si no condenás a éste no sos amigo del César y te vamos a denunciar y, en definitiva, lo obligan a Pilatos a que condene a Jesús a muerte".

El entonces administrador de la Basílica de Guadalupe fue terminante: "el poder del sanedrín, el poder sinagogal, el poder religioso cuando deja entrar el odio en sus corazones, la adversión, la división, se torna en un poder más poderoso, más organizado y más capaz de llevar a la muerte que el mismo poder civil. Hasta el punto que muchas veces justifica las atrocidades que hacen los militares y los civiles. Sin ir muy lejos, con volver a leer ciertas homilías de capellanes militares y de vicarios castrenses de la época de la dictadura, ellos dijeron que la sangre que era derramada de las fuerzas armadas, era sangre de mártires. Y la otra, digo yo, qué era?. Sangre de quién?. Se justifica una y se niega la otra. Se llega a tal audacia, a tal intrepidez, a tal violencia que la muerte es un simple instrumento más para lograr fines. Son maquiavélicos al máximo".

En mayo de 1994, el Vaticano ordenó investigar la conducta homosexual escandalosa de monseñor Edgardo Storni, a diez años de haber decidido su nombramiento como pastor santafesino por sugerencia del nuncio apostólico, Ubaldo Calabresi. El arzobispo de Mendoza, José Arancibia, realizó la tarea que está más allá del Código de Derecho Canónico. Entrevistó a 47 personas, instalado desde la casa particular del arzobispo de Paraná, Estanislao Karlic. La investigación terminó y una década después Storni fue condenado por la justicia ordinaria y protegido por su iglesia hasta el momento de su muerte.

"Las fuerzas constituidas desde antes de la muerte de Zazpe continuaron trabajando muy subrepticiamente, muy larvadamente en hacer permanecer su plan, sus candidatos, sus ideas y sus líneas. Todo lo que le está pasando hoy, a la iglesia santafesina, tiene unas raíces muy largas. Fue sembrado hace mucho tiempo”, agregó el padre Trucco.

Tres décadas después de la muerte de Zazpe, la iglesia santafesina sigue buscando su lugar en el mundo.

Fuentes: “La iglesia y la construcción de la impunidad” y “La conjura contra Zazpe”, del autor de estas crónicas.

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Un viaje hacia las utopías revolucionarias (CXII): Represión y resistencia popular

Manuel Justo Gaggero (especial para ARGENPRESS.info)

El paso de los días desde aquél trágico 17 de setiembre de 1971 en que fuera secuestrado y hecho "desaparecer" Luis, aumentaba nuestra zozobra.

Susana pasaba de momentos de alegría al ver que centenares de compatriotas se sumaban al reclamo de la aparición con vida de su compañero, a períodos de honda tristeza por la falta de respuesta de las autoridades al habeas corpus presentado por Rafael Lombardi y César Calcagno.

El dictador, saludado como un "general democrático" por los dirigentes de los partidos tradicionales, permanecía inmutable y sin lugar a dudas respaldaba a las fuerzas represivas que actuaban bajo las instrucciones de los jefes militares.

En ese año se habían producido varios hechos similares.

El 20 de julio son detenidos ilegalmente por civiles no identificados Juan Pablo Maestre y su compañera Mirta Misetich., en las inmediaciones del domicilio de los padres de esta ubicado en la intersección de las calles Amenábar y Olazábal en el barrio porteño de Belgrano.

Los captores se desplazaban en varios vehículos no identificados y contaban con la seguridad de que la policía no intervendría ya que se había liberado la zona.

Días antes en la ciudad de San Juan habían sido secuestrados Marcelo Verd y su compañera Sara Palacios por efectivos militares que integraban el servicio de inteligencia del Ejército. Nunca aparecieron.

Estos hechos ponían de relieve la decisión del régimen militar de profundizar la represión y generar el miedo en la sociedad para lograr una "retirada ordenada" y asegurarse la impunidad frente a los crímenes y la corrupción.

Estos sucesos generan protestas en amplios sectores de la sociedad, que reclaman el esclarecimiento de los mismos.

Días más tarde, a instancias del hermano de Juan Pablo se exhuma un cadáver del sexo masculino que la Bonaerense había hecho inhumar como NN, supuestamente hallado por esta en la localidad de Escobar.

Horas después de ésta exhumación un supuesto "Comando 30 de junio "se adjudica la "aprehensión y ejecución posterior del matrimonio Maestre por la responsabilidad que les cabía en el asesinato del compañero metalúrgico Augusto Timoteo Vandor " según se consignaba en un comunicado enviado al diario Crónica.

La reacción popular y revolucionaria se expresó en nuevas acciones de las organizaciones armadas a la vez que se incrementaban los paros y las movilizaciones de los trabajadores y de los estudiantes que rechazaban el Gran Acuerdo Nacional propuesto por el Dictador y su Ministro del Interior Arturo Mog Roig.

Nosotros, en nuestro "pequeño lugar en el mundo", con las orientaciones recibidas por los compañeros de las FAR colocamos explosivos lanza volantes repudiando los secuestros y el asesinato de Juan Pablo, al mismo tiempo que respaldábamos a los trabajadores textiles en conflicto.

Este era el contexto en aquél invierno obscuro en el que se produce el secuestro de nuestro hermano; por lo que nuestra preocupación estaba absolutamente fundada.

Como la realidad tiene claros y obscuros, ese 17 de setiembre en la ciudad de Córdoba se llevaron a cabo las elecciones para "normalizar" el Sindicato de Luz y Fuerza intervenido por el gobierno militar.

Los compañeros, que integraban la histórica lista Azul y Blanca, que conducía el gremio en la resistencia le propusieron a Agustín Tosco, que se encontraba encarcelado, que encabezara la misma.

La respuesta del Gringo se transformó en un afiche que contagió las paredes de los talleres y oficinas de la empresa y de la ciudad con su firmeza y decisión.

En la misma consignaba: "…Nunca he ejercido un cargo para llenar vanas aspiraciones de figuración o para obtener ventajas personales.

... "Quienes nos persiguen y quieren confundir nuestro pensamiento, acallar nuestra voz o apagar el fuego de nuestro corazón, seguro que pretenden, como ya lo intentaron, que me autoproscriba, que me clausure a mí mismo. Si así lo hiciera, sin duda tendría como premio la libertad y tal vez halagos oficiales"…

Concluía afirmando: …"Así como es clara la opción, es terminante mi definición: agradezco y acepto la postulación de los trabajadores"…

Luego supimos por su abogado Arnaldo Murúa, que compartía la defensa con Hipólito Solari Yrigoyen que, efectivamente, emisarios del Secretario General de la CGT, el colaboracionista José Rucci, le habían propuesto que no se postulara y como contrapartida le ofrecían negociar su libertad.

Las elecciones se llevaron a cabo, como estaba programado, el 17 de setiembre.

Las organizaciones armadas, fundamentalmente Montoneros y el ERP, garantizaron la autodefensa para evitar provocaciones de los componentes de la lista respaldada por la intervención.

El resultado no dejó lugar a dudas sobre el respaldo que los trabajadores daban a la conducción en la resistencia y el rechazo a la política gubernamental. Mil cien votos contra seiscientos cincuenta ratificaron a Tosco al frente de su gremio.

Al mismo tiempo que el sindicalismo combativo de todo el país festejaba la victoria de los trabajadores luzyfuercistas cordobeses, en Buenos Aires empezaba el calvario de Luis, que luego pudimos reconstruir.

Los efectivos de Coordinación Federal lo entregaron a una patota de la policía de la ciudad de Rosario encabezada por el Comandante de Gendarmería Agustín Feeced que operaba con el respaldo del Jefe del Segundo Cuerpo de Ejército General Sanchez.

Estos lo empezaron a torturar en el camino a la ciudad santafesina, con golpes, picana eléctrica, simulacros de fusilamientos, submarino, y todo tipo de tratos crueles y aberrantes.

La firmeza y entereza del combatiente revolucionario aumentaba el odio de sus captores hasta que, como luego lo admitiera ante una abogada amiga de Paraná que tenía su hermano preso, el mencionado Feeced, un criminal connotado, lo asesinó con sus propias manos.

Nunca pudimos recuperar sus restos.

Al mismo tiempo que esta nueva metodología represiva se empezaba a implementar en nuestra patria y se iba consolidando una fuerte oposición a la Dictadura, la Casa Blanca estadounidense anunciaba su intención de retirar las tropas de ocupación de Vietnam, Laos y Cambodia.

Y por su lado en las "entrañas del monstruo" como dijera el poeta y revolucionario cubano José Martí, el campeón de boxeo Clasius Clay, convertido al islamismo como Muhammad Alí libraba una batalla judicial en la Corte Suprema de su país para evitar ser encarcelado por su negativa a combatir en Vietnam.

"Porqué voy a pelear si nunca el Vietcong me llamó negro"… señaló el boxeador.

En este escenario de alegrías y tristezas acodamos con el sacerdote Miguel Ramondetti, del que nos habíamos hecho muy amigos, organizar cursos de formación política en la localidad de Perugorría en la provincia de Corrientes.

¿Quiénes participarían de estas actividades? ¿De qué forma terminó este año 1971? ¿Cómo se produjeron nuevos episodios que preanunciaban el terrorismo de estado?

Serán algunos de los temas que abordaremos en nuestra próxima nota.

Manuel Justo Gaggero es abogado. Ex Director del Diario "El Mundo" y de las revistas "Nuevo Hombre" y "Diciembre 20".

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Ricardo Peidro: "La afiliación gremial debería ser un derecho irrenunciable"

LA RETAGUARDIA

Una de las banderas distintivas de la Central de Trabajadores de la Argentina ha sido, desde sus inicios, la lucha por libertad y democracia sindical. Dialogamos con el secretario adjunto de la CTA, Ricardo Peidro, acerca de cómo se da este reclamo en la actual coyuntura argentina. Esto lo llevó, por un lado, a dudar sobre la posibilidad concreta de que exista una afiliación voluntaria sin presiones y, por el otro, a plantear que la afiliación gremial debería ser un “derecho irrenunciable”.

En una nota publicada hace pocas semanas en ACTA, la Agencia de Noticias de la CTA, Ricardo Peidro reflexionó acerca de si la afiliación voluntaria a un sindicato estaba al servicio de los patrones o de los propios trabajadores. Allí el secretario adjunto de la Central se preguntaba si esta decisión podía ser realmente autónoma del trabajador, o si su voluntad dependía de la presión ejercida por la patronal o grupo empresario, exponentes de políticas antisindicales.

“¿Tiene el trabajador o la trabajadora la libertad de decirle a los grupos económicos que le descuenten de su salario un porcentaje, con el objetivo de financiar a la organización que lo va a representar, para disputarle a ellos las ganancias y condiciones de trabajo y así evitar su unilateralidad para fijar las políticas laborales?”, se pregunta Peidro en aquella nota.

“Supuestamente la afiliación es voluntaria. Frente al poder del patrón, que puede ser una corporación donde hay una campaña antisindical, no solamente en la Argentina sino a nivel mundial, vos le tenés que decir voluntariamente que te querés afiliar a la organización que se supone te va a defender ante los intereses de él. Pero se trata de una relación entre el poder y la debilidad y soledad de un trabajador; hay que ver si verdaderamente existe voluntad, o si es la del patrón o la del trabajador. Si no hay una ley que iguale, la voluntad sinceramente la tiene el más poderoso”, afirmó Peidro en diálogo con La Retaguardia.

De todos modos, Peidro aclaró que “tampoco tiene que haber una afiliación compulsiva a un único sindicato” y señaló que existe un reclamo previo que tiene que ver con la falta de libertad y democracia sindical en Argentina, un pedido histórico de la CTA: “libertad, porque te obligan a que haya un solo sindicato, eso se da especialmente en la actividad privada, en el Estado sí hay pluralidad sindical, pero si en la actividad privada hay un único sindicato por rama vos no tenés la libertad que establece la Constitución y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la que los trabajadores tienen plena libertad de organizarse y afiliarse a la organización sindical que consideren conveniente en la defensa de sus intereses. Acá es por obligación un sindicato. Entonces en esa nota yo planteo libertad sindical para formar los sindicatos que los trabajadores consideren necesarios para organizarse, pero con la afiliación como un derecho irrenunciable. En esa combinación creo que podemos avanzar en los derechos para los trabajadores. Esta postura de la afiliación como un derecho irrenunciable es algo que estoy planteando ahora, y por supuesto hay compañeros que no la comparten”.

A mediados de 2013, uno de los fundadores de la CTA, Víctor de Gennaro, hoy diputado nacional por Unidad Popular, presentó un proyecto para modificar la ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, con el objetivo de terminar con el monopolio de la representación gremial. Al respecto, Peidró señaló: “es una modificación de la ley sindical tal cual como lo exigen todas las organizaciones internacionales. La OIT ha llamado la atención varias veces al gobierno argentino cuando trató su caso, le dijo que modificara la ley para que haya libertad sindical como existe en muchos países del mundo, como por ejemplo Uruguay, en donde hay una sola central pero por decisión de los propios trabajadores, no hay intromisión externa de un gobierno que te dice ‘ustedes tienen que afiliarse de tal manera’, ‘tiene que haber una central única, un sindicato único’. Entonces nosotros planteamos libertad sindical para conformar los sindicatos que los trabajadores consideren necesarios y que más los representan, porque si los trabajadores después tienden a la unificación, será por su propia decisión y no porque se lo impongan desde afuera”.

Otro objetivo del proyecto de ley es alentar la conformación de cuerpos de delegados en los lugares donde se genera la riqueza. En este sentido, Peidró afirmó que otro dato que es clave para dar cuenta de que no hay libertad sindical es que no hay delegados en el 80% de los establecimientos en condiciones de elegirlos: “en los lugares donde se disputa la riqueza, las ganancias del patrón, en el 80% no hay delegados, son datos oficiales del Ministerio de Trabajo, o sea verdaderamente donde tiene que haber representación directa ahí se ve que no hay libertad sindical”.

El sindicalismo en el Estado

En la entrevista con La Retaguardia, Peidro hizo referencia a que el unicato sindical se da más que nada en el ámbito privado, mientras que en el Estado sí existe cierta pluralidad gremial, aunque no siempre puede ejercerse. Un caso emblemático en este sentido es el de la Ciudad de Buenos Aires. Para los trabajadores del ámbito público porteño es muy difícil tomar la determinación de afiliarse a ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), ya que el otro gremio, SUTECBA (Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires), los presiona a través del mismo gobierno de la ciudad: “independientemente de la pluralidad sindical que hay en el Estado –reflexionó Peidro–, los patrones, en este caso el gobierno de la ciudad, juegan fuertemente para la afiliación a un solo sindicato. Hay que crear las condiciones suficientes para garantizar verdaderamente la autonomía del trabajador para afiliarse al sindicato que disponga. En la ciudad tenemos ejemplos claros últimamente, como lo sucedido en el programa BAP (Buenos Aires Presente, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad), donde ni siquiera se deja entrar a los delegados que fueron reinstalados por la justicia. Ahí hay una mezcla, donde se supone que hay libertad sindical, pero los trabajadores no pueden verdaderamente elegir frente al patrón tan poderoso, ahí tienen que ejercerse los mecanismos tanto administrativos como de la justicia que tendrían que actuar rápidamente. Pero cuando está tan comprometido el poder político con el sindicato burocrático se crea una situación de absoluta dependencia uno del otro, entonces hay un acuerdo muy fuerte para que no haya afiliación de los trabajadores al sindicato que quieran”.

Frávega, delegados ni en cuotas

Así como esta situación se da particularmente en el ámbito público, en el privado, donde no hay pluralidad sindical, cuando los trabajadores consiguen conformar nuevos sindicatos, éstos no son reconocidos, ni se les da la personería, mientras que los empleados involucrados son despedidos, a excepción de los últimos fallos de la Corte Suprema que han favorecido a la organización de los trabajadores. En este sentido, Peidro enumeró los pasos que se deberían seguir: “hay que tratar de crear una legislación donde primero haya pluralidad sindical en la actividad privada y que cada trabajador pueda afiliarse al sindicato que quiera, con la afiliación como un derecho irrenunciable, como lo planteo yo, esa es mi visión, hay derechos a los que vos no podés renunciar, por ejemplo no podés entrar a un trabajo en la actividad privada y firmar que renuncias a las ocho horas de trabajo, al aguinaldo o al salario, por más que un patrón te lo haga firmar la justicia no te lo acepta porque hay derechos que son irrenunciables, del mismo modo en esa relación con el poderoso, la afiliación gremial debería ser un derecho irrenunciable, es decir libertad para afiliarte al que quieras pero que sea ‘obligatorio’ porque si no el patrón en la privada hace que no te afilies, y en el Estado habría que crear las condiciones necesarias para que éste no actúe junto con las patotas y la burocracia sindical en esa combinación que es opresiva para los trabajadores, y directamente te expulsa del mercado laboral y en esta época, donde están las listas negras, donde por internet te enterás de todo, si te echan por una actividad sindical prácticamente sos un muerto civil, a lo mejor por otra causa no, pero por una actividad sindical es muy difícil que entre las patronales te vuelvan a tomar”.

En la nota publicada en ACTA, Peidro mencionó el ejemplo de un trabajador de Frávega que fue al sindicato a denunciar que la patronal no los dejaba afiliarse y a él en particular ser delegado, pero en la hora siguiente de salir del sindicato ya se había enviado el telegrama con su despido y no pudo volver a entrar a la empresa: “es un ejemplo, pero hay infinitos. Existe una práctica que a veces cuesta entenderla: las burocracias sindicales y el sindicalismo empresario hace mucho tiempo que desataron su destino. Es decir, se presenta un sindicato en una empresa y le dice ‘vos pagame por todos estos trabajadores, como si estuvieran afiliados, pero que no se afilie ninguno’, de esta manera la burocracia se garantiza que no haya oposición y la patronal se garantiza que no haya díscolos adentro, y con un teléfono abierto entre ellos para que si surge alguien que quiera afiliarse y va al sindicato enseguida lo denuncien a la patronal para que lo despidan, y es así de crudo, no estoy exagerando en nada porque el ejemplo de Frávega fue tal cual y es un ejemplo concreto”.

En referencia a este caso puntual, Peidró agregó que cuando el trabajador despedido se acercó a la CTA a plantear lo sucedido el hecho estaba consumado: “no era un sindicato que perteneciera a nuestra central, de todas maneras se hizo una presentación, en primera instancia se lo reincorporó, en segunda instancia el fallo de una cámara muy patronal fue en contra, y eso está apelado. Hay despidos discriminatorios en todos lados, donde por ejemplo se deja vencer el mandato a delegados combativos, no se convoca a elecciones, pierden la tutela, se los despide y después se convoca a elecciones. Hemos avanzado en el sentido que hubo fallos de la Corte últimamente donde garantizan libertad sindical, de acuerdo a algunos fallos podemos plantear ante la justicia el despido discriminatorio, aquel que se supone que fue despedido aunque no tenga un cargo gremial por su intento de participación gremial o de formar un nuevo sindicato, pero no está garantizado por la legislación, son fallos de la Corte donde tenés en cada caso que recurrir a la justicia”.

De autonomía y poleas de transmisión

Otra de las banderas de la CTA se refiere a la autonomía de la central respecto de los gobiernos. Un mandato que generó su actual división, entre la CTA “oficialista” liderada por Hugo Yaski y la CTA “opositora” de Pablo Micheli. Peidro es el secretario adjunto de esta última y al ser consultado acerca de qué ocurriría si el gobierno fuera uno más cercano a sus ideas y luchas, respondió: “una cosa es en qué partido puede militar uno particularmente, y no creo que tengamos que ser neutrales frente a los grandes temas, ya que no podemos dedicarnos solamente a las reivindicaciones, sino que tenemos que tener opinión sobre los temas. Pero lo que no puede hacer un sindicato, ni una central es ser polea de transmisión de las políticas gubernamentales, porque para eso sos funcionario del propio gobierno. Un trabajador tiene que defender los intereses de la clase trabajadora, e inclusive ser autónomo de aquel que creas tu propio gobierno, aquel que vos consideres que va a gobernar a favor de la clase trabajadora. No es que tenés que llevar vos las políticas de los gobiernos hacia el interior de la clase, sino los intereses de la clase hacia los gobiernos. En ese sentido, creemos que independientemente de que alguien puede considerar que el que está en el gobierno es propio, el valor de la autonomía para nosotros es clave. La autonomía no es neutralidad porque la clase trabajadora tiene opinión sobre los temas, pero no puede funcionar como un ministerio más de un gobierno”.

Muchas veces los sindicatos, sobre todo los que integran la Confederación General del Trabajo (CGT), se relacionan a grandes edificios, quintas o lugares de recreación: “no los descartamos, al contrario, los tenemos y estamos orgullosos –dijo al respecto Peidro de la CTA–, pero eso no representa a un sindicato, sino la defensa de intereses de los trabajadores y para avanzar en la defensa de los trabajadores tiene que haber fundamentalmente democracia y libertad sindical, y estamos tratando de crear los caminos para ello”.

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Jubilados: ¿Como llegar a marzo con $2400 mensuales? ¿La respuesta quien la tiene? el gran bonete…

El haber mínimo jubilatorio no debe ser inferior al Salario Mínimo Vital y Móvil. Significa hoy un aumento de
emergencia de $ 900.- a partir de octubre y $1.200.- a partir de enero.
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Existe la urgente necesidad de que se produzca la adecuación de la jubilación mínima al Salario Mínimo, Vital y Móvil, y el consecuente reajuste, por igual monto, en todas las escalas. Y luego, sobre esa base, la aplicación de la Ley de actualización semestral en marzo y septiembre, camino a recuperar el 82% móvil sobre el salario del trabajador activo en su mismo cargo, oficio o función y la recomposición del haber conforme a la historia laboral de cada trabajador con recomposición de todas las escalas.

¿Que informa el INSSJP (PAMI) en su página?

¿Qué encontramos por ejemplo referente a Prestaciones Sociales?

Consultamos Residencias geriátricas y la información que encontramos es:

La internación geriátrica es para todos los afiliados a PAMI mayores de 60 años, excepto en provincia de Buenos Aires que por Ley n° 14.263 Art. 4 (13-4-2011) no contempla menores de 65 años.

Según su modalidad, las prestaciones son:
* Internación geriátrica con control médico:
* Internación geriátrica con asistencia psicogeriatrica:
* Centros de día: Los concurrentes son evaluados trimestralmente para determinar la continuidad de la prestación que puede ser renovada cada 6 meses.

PAMI brinda a sus afiliados en situación de desamparo habitacional, la inclusión en esta prestación, bajo previo informe socio-económico realizado por el área social de la Unidad de Gestión Local (UGL) y aprobación de la división de Vivienda en Nivel Central, dependiente del Departamento de Acción Social.

Encontramos la información, pero ¿qué nos dice la experiencia? ¿Lo cumple?

La realidad nos lleva a continuar la lucha por el fin de la intervención NORMALIZACIÓN DEL INSSPJ (PAMI)

Presentaremos en el próximo período parlamentario, un nuevo proyecto de ley para la normalización del INSSPJ (PAMI), dado que el anterior perdió estado parlamentario.

Llegar al conjunto de diputados para la firma del mismo. Impulsar a través de la Mesa y en todo el país, acciones con las consignas entre otras: “El PAMI es de los jubilados y los trabajadores”, “Medicina preventiva para no enfermar, asistencia médica integral para no morir”, "Defensa de los tres efectores", "Entrega de medicamentos sin cargo", actualización de todos aquellos conceptos correspondientes a las prestaciones sociales, garantizando una cobertura equitativa, eficaz y oportuna de los beneficiarios, cualquiera sea su lugar de residencia.

Control del Estado en las habilitaciones y supervisión ya sean estatales o privados, de Geriátricos, clínicas geriátricas, hoteles, Centros de Día.

Elevar las denuncias a través de presentaciones en las UGL respectivas e implementar su seguimiento (a cargo de un responsable designado por el Centro o filial de la Mesa).

Campaña por un millón de firmas para que en el Congreso de la Nación se debata y promulgue una nueva Ley Previsional, proyecto de ley que hemos presentado en la Cámara de Diputados de la Nación (expediente 5612-D-12).

Vivienda en comodato para jubilados y pensionados, el 10 (diez) por ciento de las unidades habitacionales cuya construcción se financie directa o indirectamente, total o parcialmente, con fondos del Tesoro Nacional, proyecto de ley que perdió estado parlamentario en el 2013 y volveremos a presentar en el próximo período parlamentario.

Que nadie falte los miércoles a las 14,45 hs. en Rivadavia frente al Congreso de la Nación.

Elsa (Pola) Monti - Presidenta, Marcos Wolman - Secretario General, Luis Cortadi - Presidente Honorario.

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Argentina, Tucumán: “Luego del aumento salarial, es la misma policía quien reprime a los trabajadores”, destacó Agliano

Melissa Zenobi (ACTA)

El secretario General de la CTA Tucumán y secretario Adjunto de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica (AAPM-CTA), Salvador Agliano, se refirió a la situación de conflictividad que atraviesa su provincia. “El gobierno provincial llama al diálogo, establece acuerdos pero no los cumple, por eso el conflicto vuelve”, sentenció el dirigente a ACTA.

- ¿Cuál es la situación de conflicto salarial en Tucumán?

- El conflicto salarial en Tucumán lo están llevando a cabo los gremios Estatales, fundamentalmente en la pelea por un bono de fin de año. Recientemente se incorporaron los docentes del sector privado a ese petitorio que en principio fue de 2000 pesos, finalmente se llegó a un acuerdo por mil pesos en dos cuotas. Para llegar a esa suma debimos encauzar distintas medidas de fuerza, hubo que reclamar. La policía que tuvo extorsionado al gobierno y consiguió un aumento de forma inmediata por la vía de las armas, salió a reprimir las movilizaciones que manera pacifica llevaban adelante los trabajadores. Si bien como Central no hemos sido parte de la negociación, la CTA acompañando este tipo de marchas, fue parte de todo este proceso.

Obviamente hay un efecto cascada en cuanto a la recomposición de los planes sociales y de los jubilados, que se hace necesario por la inflación, la recesión que produce un modelo económico que está haciendo aguas. Y un gobernador que no da la cara, que no resuelve nada. Hoy por hoy, plantear que van a abrir las paritarias como solución, es insuficiente. Lo que se necesita es una suma inmediata para paliar, porque las paritarias llevan tiempo. El gobierno provincial llama al diálogo, establece acuerdos pero no los cumple, por eso el conflicto vuelve. No es que los trabajadores no estén dispuestos a ceder, sino el que gobierno falla. Tucumán es una de las provincias que más a sufrido con el acuartelamiento de la policía, es quién más muertos ha tenido, donde el conflicto más se extendió, etcétera.

- ¿Cómo avanza la organización del sector privado en Tucumán?

- Estamos trabajando mucho con el sector privado, se han creado muchos sindicatos nuevos. En la industria azucarera la Asociación Personal de Profesión Industria Azucarera (ADEPPIA CTA), son profesionales de la insdustria azucarera y con ellos estamos encabezando un conflicto por el despido de 7 trabajadores del Ingenio Concepción, que es uno de los más grandes de Tucumán. También hemos creado ADEMIT (Asociación Empleados Mensualizados Industria Textil), APEMSSA (Asociación Personal Mensualizado Saab Scania Argentina) que es de personal medio y SICOU (Sindicato Conductores Unidos). Claramente la situación del sector privado es muy diferente a la de los Estatales, las presiones son muy grandes, la protección es menor, siempre aflora el fantasma del despido ante cualquier protesta. Los patrones presionan cuando hay una sindicalización, por eso los dos intentos de organizar a los pibes de los callcenters fallaron, porque se enteran y los despiden. Creo que es uno de los grandes logros que tenemos como Central, el avance que dimos en el ámbito privado.

- Recientemente se refería a situaciones de represión en Tucumán

- Definitivamente está muy complicado. La policía ha sido quién ha generado en el último tiempo toda la escalada de violencia que en Tucumán ha sido muy visible. La dinámica es siempre la misma “nos acuartelamos, declaramos zona liberada, la población queda desprotegida y presiona y el gobierno tiene que acceder y pauta con ellos”. El problema es que la policía está muy cuestionada en esta provincia, por corrupción, por la coacción en el caso Marita Verón, en el Crimen de Paulina Lebbos. No se han modificado las cúpulas policiales. Ya hemos denunciado tareas de espionaje a dirigentes sindicales y sociales. Y esta es la policía que en estos momentos tiene como tarea controlar el conflicto social. Y cómo lo controla: con represión, como el brazo armado del gobierno.

- ¿En qué estado se encuentra la Causa Paulina Lebbos?

- Paulina Lebbos es un caso muy análogo al caso de María Soledad Morales en Catamarca. Hay una gran cuota de encubrimiento por parte del poder; están involucrados jefes policiales, funcionarios judiciales, funcionarios del gobierno, personas muy vinculadas al poder. Se trata de una causa que estuvo 7 años parada, donde el fiscal no movió una foja. Y al papá de Paulina, en carácter de querellante, no se le permitió acceder al expediente. Recién después de 7 años se consiguió cambiar el fiscal.

- ¿Cómo se encuentran los trabajadores de la industria farmacéutica?

- Nosotros venimos de cerrar una paritaria importante, no ha sido fácil. Se trata de un sector de mucho poder. En este momento estamos esperando por el cumplimiento del acuerdo conseguido en diciembre. La industria farmacéutica genera ganancias importantes a costa del manejo de la salud, sin embargo las negociaciones paritarias siempre nos mantienen en lucha durante todo el año.

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Argentina: Del Caño promete donar más de $ 40 mil de su dieta

MDZOL

El diputado nacional criticó el aumento que llevará las dietas a $50.000. Prometió que solo se quedará con $ 8.500 mensuales.

El diputado nacional por el Frente de Izquierda por Mendoza, Nicolás del Caño, repudió hoy un nuevo aumento en las dietas legislativas, que llevará a que un diputado gane a partir del 1º de febrero cincuenta mil pesos de bolsillo.



"Es una provocación: los políticos ganan diez veces más de lo que percibe cualquier trabajador, mientras que la inflación ya se tragó el 20 % del salario real en los últimos tres meses", disparó el legislador y cuestionó que "el Gobierno y los empresarios buscan ponerle un techo a las paritarias para cristalizar esa pérdida".

"Tan abultados sueldos de los funcionarios y legisladores tienen como fin que se siga gobernando y legislando contra los intereses de los trabajadores, a favor de los grandes empresarios, banqueros y terratenientes", criticó.

Del Caño anunció que su sueldo será de ocho mil quinientos pesos mensuales, y que el resto de los ingresos de la banca ya están siendo puestos al servicio de las luchas de los trabajadores y sectores populares, como veinte mil pesos aportados en enero a los trabajadores del departamento mendocino de Lavalle que impusieron el pase a planta permanente de más de trescientos empleados con contratos precarios, y los de la fábrica rosarina de electrodomésticos Liliana SRL que pelean por elevar su salario mínimo.

Asimismo, desde esta banca se aportaron varios pasajes para difundir la lucha por la absolución de los petroleros de Las Heras, Santa Cruz, condenados a cadena perpetua con un juicio armado por ser parte de una lucha contra el impuesto al salario en 2006.

La rendición de estos fondos se publica en la página del PTS, www.pts.org.ar.

Además, Del Caño presentará en marzo un proyecto de ley para que todo funcionario tenga un sueldo similar al de un docente, buscando el apoyo de distintas organizaciones de trabajadores para imponerlo.

Por último, el diputado por Mendoza puntualizó que "las próximas batallas de la clase obrera serán por recuperar el salario, contra el aumento de la productividad en las fábricas y contra los despidos. Nuestra banca y los fondos obtenidos de esta estarán al servicio de estas luchas".

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América Latina: Exceso de prisión preventiva prevalece en la región

CERIGUA

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mostró su preocupación por el uso excesivo de la prisión preventiva en el continente, sobre todo en Bolivia, Paraguay, Uruguay y Panamá, países donde la situación de las personas presas a espera de juicio, es realmente alarmante.

En el Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, la Comisión señala que el uso excesivo de esta medida es contraria al Estado democrático de derecho, el que no admite la prisión preventiva como una suerte de pena anticipada o justicia expedita sin juicio.

El estudio indica que las personas privadas de libertad sin condena están expuestas a las mismas o peores condiciones que las personas condenas, entre estas tensiones personales por la pérdida de ingresos y la separación de su familia y su comunidad; la exposición a un entorno de violencia, corrupción, insalubridad y condiciones inhumanas, presentes en las cárceles de la región.

De acuerdo con el documento, a octubre de 2012, 13 mil 654 personas se encontraban en prisión en Bolivia, de las cuales 11 mil 410 no tenían sentencia; en Paraguay, a septiembre de 2012, se registraba una población reclusa de 7 mil 901 personas, de las cuales 5 mil 780 estaban en prisión preventiva.

A nivel Centroamericano, Panamá registró a octubre del 2012, 14 mil 512 personas presas, de las que 9 mil 443 estaban a la espera de juicio; en Guatemala, a octubre del mismo año, 14 mil 635 personas guardaban prisión, de las que 7 mil 357 no contaban con condena; en El Salvador, a octubre de 2013, de 26 mil 833 personas privadas de libertad, únicamente 6 mil 459 esperaban condena.

En Honduras, de 12 mil 407 personas en prisión, 6 mil 064 aún se encontraban procesadas; en Nicaragua, a diciembre de 2012, la población reclusa era de 9 mil 168, de los cuales solo 1 mil 127 esperaban juicio; finalmente en Costa Rica, de 13 mil 017 personas privadas de libertad en octubre de 2012, solo 3 mil 248 no contaban con condena.

De acuerdo con el informe, del total de personas que guardan prisión en Guatemala, el 91.7 por ciento son hombres, 13 mil 415, y el 8.3 por ciento son mujeres, 1 mil 220; la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) atribuyó el alto número de personas a la espera de juicio a la falta de infraestructura adecuada, al uso irracional de la prisión preventiva y a las capturas masivas.

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La Asamblea Nacional de Ecuador resolverá la denuncia del TIAR

PL

El Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador sesionará hoy para resolver el pedido de aprobación de la renuncia del país al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), firmado con Estados Unidos en 1947.

Según el programa, los asambleístas conocerán el informe de la Comisión de Soberanía, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, que argumenta la solicitud de anuencia parlamentaria para la retirada de Ecuador de ese tratado.

A propósito de ello, el diplomático Mauricio Montalvo señaló que diversos sucesos fundamentan la denuncia para dejar de reconocer dicho convenio.

Entre ellos, figura la superación de las condiciones políticas, materiales e históricas que determinaron la firma del instrumento, tras el fin de la Guerra Fría, dijo.

Más aún, añadió, cuando la nación ecuatoriana y otros países en desarrollo y emergentes han iniciado un proceso de emancipación de los poderes hegemónicos, coloniales y neocoloniales que intentan perdurar en el mundo.

Montalvo recordó que el TIAR fue promovido por Estados Unidos para hacer frente a supuestos atentados contra la paz, la seguridad y la soberanía de las naciones americanas, resultantes de la intervención de potencias extracontinentales, en particular del bloque comunista de Europa Oriental y Asia.

Sin embargo, el documento en los últimos años se ha utilizado para justificar el intervencionismo y el uso de la fuerza en contra de países y gobiernos americanos de tendencia popular, socialista o nacionalista, reconoció.

Ecuador anunció su renuncia al TIAR en la cumbre de la Organización de Estados Americanos celebrada en junio de 2012 en la ciudad boliviana de Cochabamba, por intermedio de su canciller Ricardo Patiño.

En esa ocasión, Patiño dijo que tanto su país, como Bolivia, Nicaragua y Venezuela habían tomado la decisión de retirarse del acuerdo, por considerar que el mismo había perdido legitimidad luego de la guerra de las Malvinas.

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Expresidente peruano preso reacciona irritado ante revelaciones

PL

El expresidentes peruano Alberto Fujimori reaccionó con irritación ante la revelación de los costos del mantenimiento de la cómoda y exclusiva prisión en la que cumple una condena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad y corrupción.

El exmandatario afirmó en un mensaje por Internet que el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) no paga su alimentación, que le proveen familiares y amigos, ni sus gastos odontológicos ni sus medicinas y destina personal en exceso para su resguardo.

Intentó así desvirtuar declaraciones del jefe del Inpe, José Luis Pérez, en el sentido que este organismo gasta en la seguridad y los servicios a quien llamó "el preso más caro" del país, cerca de 160 mil dólares anuales.

El funcionario comparó la cifra, que incluye el costo de mantener17 guardias de seguridad, con el gasto mucho menor de la cárcel de alta seguridad de la Base Naval del vecino puerto de Callao, que guarda a varios de los más importantes presos, como el jefe del grupo armado Sendero Luminoso, que cumple cadena perpetua.

Pérez dio la información para fundamentar su indignación por la denuncia que le hizo Fujimori ante el ministerio público, por supuestas torturas y violencia psicológica, para lo cual alega que se le impide el uso libre de un teléfono y se le ha restringido las visitas a tres días por semana.

El exgobernante sostuvo que hay exceso de personal en su prisión y dijo que dos policías resguardan el teléfono de la enfermería de la cárcel, al parecer a fin de impedirle su uso no autorizado, tras haberlo hecho hace algún tiempo, para dar entrevistas a una radioemisora y un canal de televisión, sin el permiso legalmente requerido.

Entretanto, una encuesta de la empresa especializada Apoyo evidenció que 63 por ciento de los consultados consideran que Fujimori es culpable en el nuevo juicio que enfrenta por casos de corrupción durante su gobierno (1990-2000).

En el proceso, la fiscalía pide ocho años de cárcel para el acusado, por haber desviado durante su gobierno cerca de 44 millones de dólares de las fuerzas armadas para pagar sobornos a diarios sensacionalistas con el fin que denigren a sus opositores.

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Bajo peso al nacer mejor en Cuba que en Estados Unidos

PL

Investigadores estadounidenses consideran que estrategias similares a las implementadas por Cuba en cuidados de salud y atención a mujeres embarazadas mejorarían los índices de bajo peso al nacer en Estados Unidos.

Las doctoras Yasmin Neggers y Kristi Crowe, del Departamento de Nutrición de la Universidad de Alabama, elogiaron la atención prenatal en clínicas comunitarias de base (consultorios y policlínicos), los hogares maternos para las embarazadas de alto riesgo, así como la suplementación de vitaminas y minerales sin costo para las gestantes en Cuba.

Ambas especialistas intercambiaron con médicos, investigadores y profesionales cubanos dedicados a la salud materno infantil, señaló el doctor Fernando Domínguez Dieppa, Especialista de II Grado en Pediatría y Neonatología, en el portal Infomed, de las Ciencias Médicas de la nación antillana.

En un artículo Low Birth Weight Outcomes: Why Better in Cuba Than Alabama? (Bajo peso al nacer: ¿Por qué mejor en Cuba que en Alabama?), recuerdan que el bajo peso al nacer es un factor importante de la mortalidad neonatal y un determinante de la mortalidad posneonatal, pues esos niños tienen alto riesgo de padecer trastornos respiratorios, parálisis cerebral y retraso mental.

Neggers y Crowe afirman que a pesar de su bajo ingreso per cápita, Cuba logró reducir significativamente la prevalencia de bajo peso al nacer en las últimas décadas.

Señalan que el porcentaje de bajo peso al nacer en el país caribeño es más bajo que en otros más prósperos como Inglaterra y Estados Unidos. Además de que la tasa de mortalidad infantil de la mayor de las Antillas rivaliza con la de Canadá y es inferior a la estadounidense. Las especialistas norteamericanas expresan que deberían realizarse sinceras investigaciones y discusiones de las estrategias a nivel médico y gubernamental para impactar efectivamente en la salud de las futuras generaciones de estadounidenses.

Señalan que la tasa promedio nacional de bajo peso al nacer en Estados Unidos es de 7.7 por ciento, y que esta no ha disminuido significativamente desde mediados de la década de 1980, sobre todo entre las mujeres afroamericanas y de bajo status socioeconómico.

En cambio, los porcentajes de bajo peso al nacer y las tasas de mortalidad infantil han disminuido constantemente en Cuba durante la última década.

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