jueves, 23 de enero de 2014

Tecnologías y poder

Marcelo Colussi (especial para ARGENPRESS.info)
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Si somos incapaces de preservar la especie humana, ¿qué objeto tiene salvaguardar las especies vegetales?
Wangari Muta Maathai

I

Desde la primera piedra que el primer homo habilis afiló hace dos millones y medio de años, la tecnología humana no ha parado de superarse. Y sin duda, no se detendrá jamás, porque justamente en ello consiste la esencia de nuestra especie: la búsqueda perpetua de lo nuevo. La tecnología, en definitiva, no es sino eso: la forma de desarrollar instrumentos que nos permitan aumentar nuestra capacidad natural, nuestro poder, de defendernos de lo hostil y desconocido. Es decir: la tecnología es la posibilidad de llevar a cabo esa búsqueda, de dejar atrás la indefensión natural descubriendo cosas nuevas. En eso, sin dudas, no hay límites: la búsqueda del poder como resguardo contra la finitud de origen es el sentido mismo de la vida. Desde la primera piedra afilada hasta el misil nuclear hay una línea común que nos conduce ininterrumpidamente como especie, llamémosla afán de poderío, intento por saltar los límites o fascinación por el saber y lo novedoso.

Los instrumentos de que nos valemos para esa búsqueda son interminables, cambiantes, sorprendentes. La historia de la humanidad es la historia de ese desarrollo; es decir: la historia del desarrollo de nuestras posibilidades de "hacer". En definitiva, la palabra "tecnología" que hemos acuñado –tomándola del griego clásico: tecné– no significa sino eso: saber hacer, capacidad de operar, posibilidad de transformar.

Las tecnologías, por tanto, en tanto instrumentos, en tanto herramientas que nos permiten ese operar en el mundo, no son en sí mismas ni "buenas" ni "malas" (salvo excepciones muy puntuales sobre las que luego volveremos). Las tecnologías son las herramientas de que nos valemos para vivir; lo que las pone en marcha es el proyecto de vida en que se inscriben, el marco filosófico-político en que cobran sentido. La energía nuclear puede servir para alimentar la electricidad de una ciudad, o para hacerla volar por el aire con una bomba. Y la electricidad puede servir para salvar vidas (en un quirófano, por ejemplo), o para quitarla (con la silla eléctrica), o para torturar (con una picana). Está claro que, en sí mismos, los productos técnicos que la evolución de los seres humanos va obteniendo sirven en función de lo que se quiere hacer de ellos. El poder no está en la tecnología; sigue estando en las relaciones políticas que se establecen entre los grupos humanos.

Las relaciones entres los seres humanos (relaciones de poder hasta ahora siempre asimétricas: luchas de clases sociales, relaciones entre géneros, relaciones entre distintas culturas, relaciones generacionales) se valen de esos instrumentos para mantener/perpetuar el estado de cosas (donde alguien manda y alguien obedece) o, eventualmente, cambiarlo. Pero nunca las relaciones entre seres humanos están definidas solo por las tecnologías en juego. Las tecnologías son siempre aquello de que nos valemos para hacer andar el mundo; no nos determinan. Somos los humanos los que las determinamos a ellas. Un arado, una espada, un cántaro de arcilla, un alto horno de fundición o un robot sirven para instrumentalizar las distintas relaciones entre los grupos humanos; como objetos, por sí mismos, no determinan nada. Sirven para determinar, para relacionar, para articular procesos; esa es la razón de ser de una herramienta: servir para algo.

En el mundo capitalista moderno iniciado con la revolución industrial hace unos dos siglos, las ciencias juegan un papel determinante: han sido –y cada vez lo son más– la llave de la explosión productiva. La revolución científico-técnica en curso pareciera no tener límites, y las posibilidades que abrió en unos pocos años provocaron un salto monumental en historia de la humanidad. Con las ciencias que se instauran en la modernidad europea luego del Renacimiento y su aplicación sistemática en los procesos productivos que trajo el capitalismo, proceso hoy día ya globalizado y sin vuelta atrás posible, la especie humana avanzó en unos pocos siglos lo que no había hecho en milenios y milenios de civilización. De ahí que las ciencias modernas y sus nuevas tecnologías han pasado a ser los nuevos dioses de nuestros tiempos. Y algo curioso, digno de ser destacado: el proceso productivo mismo, el quehacer, la industria, en esa nueva cosmovisión moderna ha pasado a cumplir sin más el papel de ídolo, de deidad adorada.
Hablamos indistintamente de "avance de la ciencia" como de "avance de la tecnología". Más aún: identificamos progreso con desarrollo tecnológico. El paso del desarrollo, según esta cosmovisión, lo marca el ritmo de las "tecnologías de punta". Pero no debemos olvidar que las tecnologías son una expresión visible, la aplicación de los conceptos científicos que la sustentan; y todo ello, en definitiva, hace parte del proyecto político en juego de un sistema de relaciones. La tecnología es una demostración del tipo de relaciones sociales que la sostienen, y al mismo tiempo, la posibilitan.

II

De acuerdo al proyecto de sociedad en que se desarrollan, las tecnologías pueden cumplir diversos papeles. Solas, en sí mismas, no representan nada. Son muy pocas las tecnologías nocivas en sí mismas. La gran mayoría, útiles en cuanto facilitan los distintos aspectos de la vida, sirven de acuerdo al proyecto en que se desenvuelven. En ese sentido, podría decirse que hay varias categorías, con implicaciones igualmente diversas:

1) Tecnologías inaceptables en el actual sistema económico-social, pero aceptables en un marco socialista.
2) Tecnologías correctas en sí mismas, pero que precisan moratoria o lentificación por motivos sociales.
3) Tecnologías que no siendo prioritarias deben someterse a moratoria antes de haber logrado desarrollarse las primeras.
4) Tecnologías que ya están suficientemente desarrolladas y no necesitan más investigación.
5) Y solo en algunos casos muy especiales, tecnologías intrínsecamente negativas

1. Tecnologías inaceptables en el actual sistema político, pero aceptables en un planteamiento socialista

Hay una serie de realizaciones tecnológicas que serían aceptables, incluso algunas son imprescindibles en sí mismas, pero que desarrolladas dentro de la dinámica del sistema capitalista van a servir inevitablemente no para el provecho colectivo sino solo para el lucro empresarial privado, contrariando el beneficio social. Su uso debería postergarse hasta que existan "reglas de juego" socialistas, donde la actuación política esté dirigida con racionalidad y justicia distributiva, y el respeto al medio ambiente sea una realidad efectiva.

La investigación y desarrollo en estos ámbitos están motivados enteramente por el interés monetario de las patentes, tanto en la investigación privada como en la mayor parte de la investigación académica, por ser una fuente importante de financiación de las universidades. Todo lo que se está patentando desbocadamente bajo el actual sistema abusivo de patentes del capitalismo está alejando sus beneficios a la generalidad de la población e incrementando aún más el poder de las grandes corporaciones multinacionales, que son las beneficiarias finales de las innovaciones. Se adelantan a patentar todo antes de que pueda existir un sistema mucho más restrictivo de patentes, como sería imprescindible. Entre estas tecnologías tenemos los sistemas para la detección, la monitorización cibernética y el automatismo.

a) La detección vía satélite es básica para comunicación, posicionamiento por GPS, alerta climatológica, etc.

El inconveniente es la desviación de su uso a fines éticamente cuestionables, como los bélicos de "guerra de las galaxias", o el control indiscriminado sobre toda la población del planeta. La mayor parte de los satélites en órbita realizan funciones bélicas y de espionaje, habiendo colmado el espacio de los satélites útiles. Los más de 20.000 artefactos o restos en órbita son un peligro para los útiles y para el planeta.

b) Buques-factoría y sistemas para la detección de bancos de peces.

Suponen un gran ahorro energético en la búsqueda, captura y transporte de la pesca, al disminuir los desplazamientos necesarios, pero son también el instrumento para su exterminio. Solo serían buenos si existieran reglas claras para el reparto equitativo de los beneficios, no desplazasen a quienes solo tienen recursos artesanales, y fuera controlada la pesca realizada con los sistemas sofisticados de control que se destinan a otros fines (generalmente perversos).

c) Global Forest Resources Assessment (GFRA).

Medir con exactitud la fotosíntesis que se produce en una parcela forestal o agrícola es útil para desmontar la falacia habitual de ciertas políticas ambientales cuando afirman que "se han plantado 10 árboles por cada uno talado", pues se vería que durante las próximas dos décadas cruciales esos 10 nuevos árboles van a fijar mucho menos dióxido de carbono que el único árbol talado o que un matorral autóctono. También el complejísimo monitoreo planteado, provisto de innumerables sensores, sería útil para el seguimiento de la evolución edáfica de los suelos a consecuencia del tipo de manejo forestal realizado. Pero sería necesario que los sensores instalados detectaran las variables correspondientes a dicha finalidad; que los –seguramente alarmantes– datos que se obtuvieran se hicieran públicos (en lugar de seleccionarlos o falsearlo como es muy habitual); y que se tomaran las medidas necesarias para atajar la degradación (de poco sirve ahora la observación por satélite de las deforestaciones masivas o clandestinas cuando no se aplican medidas correctoras). El desarrollo del GFRA bajo la lógica y la dinámica del sistema capitalista dominante puede servir también para gastar fondos públicos con fines perversos, por ejemplo: ensayar el control remoto de los espacios forestales, combinando la observación por satélite con los sensores sobre el terreno. O como un medio más para eliminar agentes forestales y campesinos provocando la despoblación del medio rural y la expulsión del campesinado. También podría servir para desarrollar industrias de "alta tecnología", controlada por las grandes transnacionales y en su exclusivo beneficio monetario, tecnológico, y político. O para adquirir experiencia en planes de dominación global que no son impensables para un mediano plazo: la regulación y el control cibernético de la biosfera, y con ello el poder absoluto sobre el mundo (por ejemplo: la guerra climatológica, denunciada en más de una ocasión como una realidad ya en curso; es decir: por ejemplo, huracanes teledirigidos). O más aún: la utilización de los sistemas de detección para la completa localización en cualquier lugar del mundo de los movimientos guerrilleros que se cobijan en las selvas, siempre con el benemérito pretexto de la lucha mundial contra las drogas.

2. Tecnologías correctas en sí mismas, pero que precisan moratoria o lentificación por motivos sociales

Sabido es que en el capitalismo la mayor parte de las innovaciones tecnológicas se orientan a la disminución de la mano de obra y a la ampliación de la tasa de ganancia empresarial. Lo correcto sería dar tiempo al tiempo, que es un factor fundamental a considerar cuando se implementan procesos de innovación. Sin embargo, bajo la lógica del capitalismo, esto no cuenta; lo que le interesa es lucrar cuanto antes con la innovación, y la generación de desocupación masiva es un factor más de beneficio añadido al permitir el descenso de los salarios por tener un ejército de desocupados de reserva. Las políticas neoliberales se han especializado en este mecanismo. Particularmente sangrante es el desplazamiento de la población campesina, expulsada de su territorio (mediante la violencia generalmente) para la agricultura industrial. En este caso, a la catástrofe humanitaria se añade un grave daño a la biosfera común, tanto por la degradación de los suelos que provocan los agronegocios, como por incrementar la insostenibilidad del medio urbano con megápolis cada vez más inmanejables, violentas y hostiles para la sana convivencia.
 
En esa lógica encontramos la actual revolución industrial cibernética. Su magnitud se refleja en la cantidad de jubilaciones anticipadas, regulaciones y despidos que se han desencadenado en los últimos años. Resulta expresivo que una fábrica de automóviles que empleaba unas décadas atrás a 20.000 operarios con el llamado modelo fordista, se convierte en una factoría robotizada con solo 300 trabajadores muy cualificados. Parte del personal "sobrante", encontrando cerradas todas las puertas para la sobrevivencia, puede hallar como estrategias de vida solo la delincuencia, por lo que un beneficio tecnológico que debería ser alegría para todos (reducción de la jornada laboral, por ejemplo), termina transformándose en una bomba social. Por tanto sería necesaria una moratoria en el desarrollo de ciertas tecnologías aceptables aunque no prioritarias, y una lentificación en el desarrollo de otras de mayor interés, adaptándolas al ritmo de la reconversión y reubicación profesional de los que resultarán desplazados. Las políticas de pleno empleo de todas las experiencias socialistas, así sea recargando innecesariamente a veces las nóminas de algunas dependencias públicas, por lejos son siempre más humanas que los planteos capitalistas que consideran a los trabajadores solo "variables de ajuste". Si las tecnologías no sirven para beneficio de la humanidad, ¿para qué la queremos?

3. Tecnologías que no siendo prioritarias deben someterse a moratoria antes de haber logrado desarrollar las prioritarias

Pueden tener algún interés para el avance científico, pero su desarrollo es irracional e inmoral por su elevado coste mientras no se resuelvan de forma estable problemas básicos de la humanidad como el hambre, las enfermedades de la pobreza (las diarreas, debido a la falta de agua potable, o las infecto-contagiosas, debido a las malas condiciones de vida), el problema habitacional, la educación básica para todas y todos. El esfuerzo investigador y los recursos deben utilizarse en la ciencia básica y en las investigaciones prioritarias, siempre en atención a las necesidades coyunturales de la sociedad de que se trate, y con perspectivas de mediano y largo plazo.

a) La estación espacial. Al fin se ha reconocido su escaso interés científico y la irrelevancia de los experimentos allí desarrollados. En realidad es prematura e innecesaria toda la aventura espacial, incluyendo la exploración personal o robótica de la luna o Marte. Comparar las sumas invertidas en los viajes espaciales con las necesarias para evitar la muerte por hambre de millones de personas resulta inmoral y obsceno. Hoy día puede verse con más claridad –y además puede decirse abiertamente– que la carrera espacial de Estados Unidos y la Unión Soviética fue una arista más de la Guerra Fría, inconducente y sin relevancia positiva real para los pueblos del mundo. De hecho, la llegada de misiones tripuladas a la luna por parte del gobierno de Washington no aportó prácticamente nada en términos científicos, siendo solo espectáculos mediáticos destinados a tapar la boca a su contrincante socialista.

b) La industria aeroespacial en su totalidad (lo llamado pretenciosamente "la conquista del espacio", "la nueva frontera", la "guerra de las galaxias") representa nuevos impactos sobre la biosfera por la extracción de los minerales escasos necesarios para las construcciones y las naves espaciales, guerras por intermediación para el control de la minería de materiales estratégicos, consumo de combustible, impacto sobre la atmósfera y la troposfera, dispersión de chatarra espacial, con el peligro que ésta representa en su posterior caída sobre la tierra, en ocasiones de combustible nuclear y otros materiales radiactivos. Lo inmoral, irresponsable e irracional de la aventura espacial culmina cuando ni siquiera se invocan los supuestos avances científicos, sino que ese daño y derroche se prepara con fines turísticos: se patenta la luna, se montan empresas de venta de parcelas, se reservan plazas para viajes regulares o para los proyectados hoteles espaciales. Todo ello sin que ningún organismo internacional declare la nulidad de esas patentes, de esas empresas, de los despachos de ingeniería y los técnicos que desarrollan y venden los proyectos, de las cantidades ya percibidas como reservas.

4. Tecnologías que ya están suficientemente desarrolladas y no necesitan más investigación, al menos por ahora

Si bien no se puede limitar el desarrollo de la investigación científica, se deben abrir cuestionamientos éticos sobre mucho de ella, tanto respecto a su implementación como del "avance" en sí mismo que representa como bien social. Hay tecnologías que ya han dado saltos fabulosos y, hoy por hoy, no necesitan seguir desarrollándose. Por ejemplo: la calidad de la reproducción de todos los actuales medios audiovisuales (cine, televisión, videojuegos, pantallas de computadoras). El punto alcanzado es definitivamente muy bueno y se torna innecesaria su evolución en estos momentos; si se lo hace, es solo en función de continuar generando mercancías para colmar políticas empresariales, pero tecnológicamente no hay nada que las justifique.

Otro tanto pasa con la industria de los vehículos automotores; sabiendo que los motores de combustión interna son uno de los principales agentes causantes del efecto invernadero negativo, lo racional y éticamente correcto sería utilizar los nuevos avances tecnológicos en la producción de transportes públicos no contaminantes, buscando la paulatina eliminación del automóvil privado. Pero el hambre de ganancias de las gigantescas corporaciones fabricantes de vehículos, indisolublemente unidas a las grandes compañías petroleras, prefiere continuar con la producción irracional de autos particulares en vez de promover salidas viables con medios de movilidad públicos. La tecnología automotriz actual se sigue desarrollando solo por el afán de ventas, siendo que ya no sería necesario su avance sino, por el contrario, su reconversión hacia otro tipo de vehículos: no contaminantes y de uso masivo, eliminando el agresivo, en términos ecológicos, automóvil unipersonal o familiar.

5. Tecnologías intrínsecamente negativas

Llegamos a un capítulo especial, aquél en el que sí, efectivamente, la forma misma de la tecnología conlleva una carga negativa, por su probada peligrosidad. Se han desarrollado tecnologías peligrosas sin respetar el más elemental "Principio de Precaución" a pesar de existir serios indicios e informes científicos señalando sus peligros, y se han aplicado masivamente después de que tales peligros se confirmaron, y además con mayor gravedad y rapidez de lo previsto.

a) Biotecnologías que ponen en peligro la conservación de la biosfera. Pueden incluirse aquí: la tecnología del ADN recombinante; todos los cultivos y liberaciones ambientales de transgénicos; los intentos de fabricar bacterias sintéticas, las bacterias alteradas por mutaciones inducidas para uso en la "guerra bacteriológica", entre otros avances tecnológicos.

b) Tecnologías bélicas, cuya única función es la destrucción y el asesinato masivo. En particular las minas antipersonales, o la utilización de "uranio empobrecido" para deshacerse de su peligro en algún "país empobrecido". Según las cifras del jefe de oncología del hospital local de Basora, en Irak, se ha producido un tremendo aumento de los casos de cáncer y tumores, que han pasado de 32 casos anuales en 1989 a más de 600 en el 2002, lo que se atribuye al bombardeo masivo con proyectiles de "uranio empobrecido". Sin embargo, un veterano estadounidense que actuó en esta la primera Guerra del Golfo afirma que se lanzó allí una bomba atómica, de menor potencia que la de Hiroshima (algo muy verosímil pues es una intención declarada del Pentágono la prueba de "pequeñas" bombas atómicas tácticas). En cualquier caso, la utilización masiva de proyectiles con uranio empobrecido por los Estados Unidos está sobradamente acreditada y confesada en los lugares en que ha intervenido, tanto en Irak como en Kosovo.

III

La investigación científico-técnica es siempre una buena noticia para la humanidad. La promoción de nuevos saberes y la invención de nuevas tecnologías abren perspectivas positivas, por lo que siempre es deseable su promoción. Si alguno de esos descubrimientos se muestra inoportuno, inconveniente o dudoso en cuanto a su beneficio colectivo, el problema no está en la producción misma de los nuevos conocimientos sino en su posterior aplicación. Por eso el objetivo final de toda crítica no debe ser la tecnología propiamente dicha, o los conceptos científicos de que se nutre, sino el sistema de relaciones sociales en que se desenvuelven. El poder no está en los instrumentos mismos, en las herramientas de que nos valemos para la vida, no importando su magnitud o complejidad: ha estado y seguirá estando en las relaciones que establecemos los seres humanos entre sí. La lucha por un mundo de mayor justicia, por tanto, no es una cuestión de tecnologías. Es una cuestión política.

Si la tecnología no sirve para un genuino desarrollo humano integral, ¿para qué está entonces? ¿Por qué termina siendo más importante tener cosas –y cambiarlas cada vez más rápidamente– que su aprovechamiento? No podemos estar fatalmente condenados a valorar la vida en función de las cosas que, en todo caso, nos deben servir para ayudarnos a vivir. El hacha de piedra, la rueda, el automóvil o el teléfono celular son simplemente instrumentos que nos facilitan la vida; olvidarlo implica generar un mito, reduciendo la vida a una frenética carrera por su posesión, para no saber qué hacer una vez se los ha obtenido.

"El ser humano ha llegado a ser, por así decirlo, un dios con prótesis; bastante magnífico cuando se coloca todos sus aparatos, pero éstos no crecen de su cuerpo, y a veces le procuran muchos sinsabores", decía con razón Sigmund Freud. Si lo olvidamos, no hay real desarrollo del ser humano. En vez de venerar imágenes, tótems o espíritus, glorificamos pedazos de plástico o cromo-vanadio. ¿O será ese nuestro destino? Evidentemente es muy pobre ese camino. Las herramientas –cualquiera sea, desde la primer piedra pulida del homo habilis hasta la actual super computadora más potente– tienen que servirnos para mejorar nuestras vidas, no para esclavizarnos más. Si nos esclavizan, está claro que ello sucede porque el proyecto en que se inscriben es el esclavizante. Una vez más entonces: el "enemigo" no es la tecnología, sino el sistema que permite llegar a pensar que un robot es más importante que una persona de carne y hueso, o que el lucro económico puede permitir destruir la naturaleza.

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Nosotros, los detritívoros

Manuel Casal Lodeiro (especial para ARGENPRESS.info)

La arrogante desmesura (hybris) del Homo colossus nos lleva directo a un cuello de botella evolutivo que puede suponer la extinción de nuestra especie o, cuando menos, una drástica reducción del número de seres humanos sobre la faz de la Tierra.

El detritus del que nos alimentamos no es otro que los tesoros energéticos fósiles (primero el carbón, después el petróleo y el gas natural) que nuestra especie aprendió a explotar y que han permitido que, en un intervalo de tan solo doscientos años, multiplicásemos por siete la población mundial, que se había mantenido hasta el siglo XIX por debajo del millardo de personas

La correlación entre este crecimiento demográfico exponencial y el consumo total de energía es absoluta. De hecho, podemos incluso calcular de dónde han salido tantos seres humanos en términos físico-químicos: las moléculas de nitrógeno contenidas en los cuerpos de los seres humanos que actualmente poblamos la Tierra —en forma de ADN y aminoácidos que forman los tejidos de nuestra masa muscular, p.ej.— proceden en un 50% del gas natural, principalmente metano, convertido en fertilizantes nitrogenados y estos, a su vez, en alimentos vegetales y animales a través de la industria agrícola-ganadera.

Ha sido esta disponibilidad, primero de carbón pero principalmente de metano y de petróleo —es decir, energía solar prehistórica almacenada en forma química a lo largo de millones de años—, la que nos ha permitido ampliar la capacidad del planeta para albergar humanos. La llamada Revolución Verde bien podía haberse denominado más propiamente Revolución Negra, tanto por el color del petróleo que la hizo posible como por el futuro al cual nos estaba condenando como especie. En pocas décadas cientos de miles de tractores, cosechadoras y otra maquinaria agrícola se extendieron por el mundo, miles de toneladas de fertilizantes sintéticos fueron introducidos en tierras esquilmadas, millones de vehículos de trasporte, cientos de industrias de procesado y distribución alimentaria, cadenas de supermercados y centros comerciales se convirtieron en el mecanismo creado por nuestra civilización para explotar esa energía fósil y convertirla en alimento para más y más seres humanos. Por supuesto todo ello fue facilitado por un sistema económico y social orientado al beneficio privado a corto plazo y embarcado en un aparentemente imparable crecimiento económico: el capitalismo.

Se sabe desde hace décadas que el petróleo primero y después el gas natural, iban a llegar sin tardar mucho a su máximo nivel de extracción y a partir de ahí disminuiría su disponibilidad, con lo que todo el sistema industrial montado sobre esa base fósil, incluido el sistema agroalimentario, se derrumbaría. Es lo que hoy conocemos como Peak Oil, Peak Gas, Peak Coal... y muchos otros picos o, más bien, techos máximos de extracción de recursos finitos tanto energéticos como materiales.

En mi opinión la mejor comparación del caso humano sería la de las levaduras en una botella de mosto, reproduciéndose imparables a base de consumir azúcar y excretar alcohol y CO2 hasta que perecen por falta de alimento y exceso de residuos en un entorno del que no pueden escapar: la botella.

Sin los fertilizantes sintéticos faltaría el nitrógeno para la mitad de los cuerpos humanos existentes: de ahí podemos derivar que cuando aquellos dejen de estar disponibles por falta de gas natural, no podrán existir más de 3.500 millones de habitantes por imposibilidad de reunir las moléculas de N necesarias.

Por tanto el previsible colapso de la civilización industrial asociado a la caída en los recursos energéticos fósiles disponibles tendrá consecuencias que impactarán directa y negativamente en el nivel demográfico: guerras por los últimos recursos (sean estos energía, materias primas, agua, tierra fértil...), conflictividad social, deterioro de las condiciones de vida, catástrofes industriales debido a la falta de mantenimiento y de materiales de repuesto con graves repercusiones ambientales y sobre la salud de millones de personas, etc.

Después del colapso es posible que la base de recursos naturales tarde en recuperar el nivel que permitió al planeta soportar mil millones de humanos en la era preindustrial, o incluso puede que no se recupere nunca o que permanezca dañado por siglos a causa de la contaminación persistente, la pérdida del suelo fértil, el cambio climático y otros factores destructivos de origen antropogénico. Algunos autores, teniendo en cuenta el efecto del declinar de los combustibles fósiles, dan diversas cifras al respecto: p.ej. Dale Allen Pfeiffer apunta a los dos mil millones como cifra sostenible y advierte de que en la década de 2010-2020 veremos “hambrunas como nunca antes ha experimentado la especie humana”. Del escenario más realista de agotamiento de los combustibles fósiles que ha calculado G. Zabel se deriva un gran riesgo de que la población mundial caiga un total de 3.200 millones de personas en los próximos 50 años, lo cual nos situaría en torno a 2060 por debajo de los cuatro mil millones.

Aunque hay quien apunta a una posible redistribución de la población por los diversos puntos de la geografía terrestre como vía de paliar ese colapso demográfico, esa posibilidad quedará profundamente afectada por el ya inevitable cambio del clima provocado por nuestra especie. Así, veremos una modificación en el conjunto de tierras cultivables y en la hidrología, lo cual repercutirá en definitiva sobre la superficie total y la distribución de las tierras habitables por el ser humano. Veremos el avance de los desiertos, que eliminarán tierras fértiles, al tiempo que algunas otras tierras hasta ahora inhóspitas debido al clima, se abrirán para el cultivo y la vida humana. Esto implicará una tendencia hacia amplísimos movimientos de población que se sumarán a los provocados por el aumento del nivel del mar y el progresivo colapso de la vida en los océanos debido a su acidificación y al agotamiento de los caladeros de pesca, que reducirán la capacidad de las zonas costeras para soportar sus actuales niveles de población humana. El efecto neto previsible, según apunta una abrumadora mayoría de informes al respecto, será negativo en cuanto a la capacidad del planeta para albergar vida humana.

¿Cabe esperar, con la distribución actual del poder dentro de cada país y entre el conjunto de países, y teniendo en cuenta la trampa cultural en la que estamos metidos como especie, que se tomen las medidas necesarias para reducir aquí y ahora el consumo con el objetivo de mantener aquí y allí la población el día de mañana?

No existe ningún precedente en la historia humana del nivel de coordinación y generoso sacrificio que sería necesario para realizar semejante reducción de manera equilibrada y justa entre países; por contra, sobran los ejemplos históricos de mantenimiento del bienestar de unos a expensas de la explotación, la privación, el saqueo e incluso el exterminio de otros. “Si lo único que limita al final el crecimiento de las poblaciones es la miseria, entonces la población crecerá hasta que sea tan miserable que deje de crecer”, advertía K. Boulding.

La falta de alimento será un obvio jinete de este apocalipsis autoinducido, como ya apunté anteriormente, al dejar de ser viable la agroindustria intensiva actual fósil-dependiente, que básicamente consiste en “usar la tierra para convertir petróleo en alimento” (Pfeiffer).

La historia nos muestra que las guerras por los recursos son un factor que nuestra violenta especie difícilmente va a evitar. El deterioro general de las condiciones de vida también implicará un aumento de muertes difícil de cuantificar a priori; los efectos de la contaminación serán sin duda decisivos en esa caída poblacional, por medio de una extensión de los cánceres, problemas hormonales, intoxicaciones y todo tipo de enfermedades de origen ambiental, así como por el deterioro de los servicios de saneamiento y agua potable —principalmente en las ciudades— así como de los servicios médicos. El cambio climático será una vía indirecta en la que nuestros residuos —en este caso los gases de efecto invernadero— deteriorarán la capacidad del planeta para soportar a nuestra especie: reducción de los territorios habitables, carencia de agua potable, incremento de la frecuencia y extensión de los incendios forestales unidos a fenómenos meteorológicos extremos, pérdida de biodiversidad, destrucción de ecosistemas, problemas para el cultivo de especies de valor agrícola, etc.

También son previsibles importantes mortandades debidas a accidentes en instalaciones como presas hidroeléctricas o centrales nucleares (cientos de potenciales Fukushimas), debidos a fenómenos atmosféricos, movimientos sísmicos, tormentas geomagnéticas de origen solar o al simple deterioro por envejecimiento de las estructuras no compensado con un mantenimiento que cada vez será más costoso en términos económicos y energéticos.

Ante estas perspectivas resulta muy difícil vislumbrar con realismo algo parecido a una esperanza. En cualquier caso, lo primero e impostergable debería ser reconocer la terrible situación en sus auténticos términos, lo cual resulta impensable sin luchar contra el gigantesco y múltiple engaño que nos mantiene bloqueados en varios niveles:

1) Nivel político-económico. Los detentadores del poder intentan conservarlo a toda costa en este naufragio civilizatorio, y para ello necesitan mantener al resto de la población en la ignorancia el mayor tiempo posible mientras ellos continúan con el expolio de dinero y servicios públicos, el acaparamiento masivo de tierras, el control del agua y las semillas, y toda clase de maniobras geopolíticas en torno a países exportadores de energía.

2) Nivel semiótico-cultural. A partir de una monstruosa maquinaria llamada publicidad se ha insertado en el cerebro de la mayor parte de los siete mil millones de personas la promesa del desarrollo y mejora permanente, promoviendo valores suicidas como el consumo irracional, el individualismo y la hiperespecialización insertas en una religión tecnocientífica de influencia hegemónica.

3) Nivel psicológico-genético. Nuestra disonancia cognitiva nos impide aceptar todo lo que choque con nuestro modelo mental de representación del mundo, ese que desde la infancia nos dibujaron convenciéndonos del progreso continuo e irreversible, del poder mágico de la ciencia y la tecnología, y otras mentiras fatales. A esto se añade que la adaptación evolutiva del ser humano conlleva una menor capacidad de reacción ante lo imprevisto, lo invisible y las condiciones que aún no han cambiado, que ante los riesgos palpables e inmediatos.

Si no conseguimos librarnos de esos engaños (externos e internos, sociales y psicológicos) resulta ingenuo pensar en otro final de nuestra historia —el final de esta era que algunos han denominado Antropoceno—, diferente a una salida catastrófica. De todos modos, de poder hacer algo tendría que ser en primer lugar reconocer este colosal error de nuestra especie, es decir, dejar de devorar petróleo y pasar a consumir alimentos ecológicos y locales (sin gasto de energías o fertilizantes fósiles) reduciendo drástica y masivamente nuestros niveles de consumo en todas las áreas. Si se hiciese coordinadamente y a nivel planetario podría intentarse que el mayor número posible de habitantes del planeta pudiesen satisfacer sus necesidades básicas con un reparto justo e igualitario de los escasos recursos que nos queden.

Lo que se plantea como única respuesta posible es, por tanto, un decrecimiento democráticamente gestionado que reemplace a la política omnicida dirigida por un capitalismo salvaje en caótica descomposición. Por supuesto hablamos de una utopía, pero una utopía imprescindible si queremos evitar nuestra extinción como especie.

Las fuentes bibliográficas así como diversas notas complementarias se pueden consultar en la versión completa del artículo en http://www.casdeiro.info/detritivorosPDF

Esta versión resumida ha sido preparada por Susana Merino y revisada por el autor el 21/01/2014.

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Controversia entre Chile y Perú sobre delimitación marítima: Un gran test para la Corte de La Haya

Juan Francisco Coloane (especial para ARGENPRESS.info)

El próximo fallo del 27 de Enero de 2014 sobre la Controversia de delimitación marítima entre Perú y Chile, significa un gran test para la Corte Internacional de Justicia, CIJ (1). La corte ubicada en La Haya, debe fallar sobre un diferendo entre dos naciones, que en el manejo de sus relaciones, no han logrado superar el legado histórico de una confrontación bélica que alteró sustancialmente su territorialidad.

El enfoque político de las controversias ha ido en aumento con el fin de la guerra fría y a la CIJ se le ha restado del ámbito de su jurisdicción los conflictos internacionales más sensibles. Es así que el Consejo de Seguridad de la ONU es el órgano que de facto juzga e implementa justicia internacional, amparado en el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas.

La corte ha operado frente a un telón de fondo de casi dos décadas donde más violaciones se han cometido al Derecho Internacional y cuya mayor parte ha quedado bajo la impunidad. Desde los bombardeos de la OTAN en Kosovo 1995, pasando por los bombardeos de Estados Unidos en Afganistán de 2001, la invasión a Irak en 2003, la permanente agresión Israelí en el medio oriente, hasta la actual injerencia en Siria, son hitos de una violación permanente al Derecho Internacional frente a los cuales la CIJ se ha mantenido notoriamente distante.

Como el sistema judicial chileno o el argentino que guardaban silencio y “no se hacían parte” durante las dictaduras militares que violaban derechos, la CIJ ha adoptado una conducta similar de alejarse de los temas más sustanciales en la convivencia internacional. Se ha dedicado a administrar justicia en áreas relativamente blandas como son la delimitación de fronteras, espacios marítimos, temas ecológicos, que pueden ser resueltos bilateralmente. Un connotado jurista chileno que pidió reserva, señala que “la CIJ mas parece una entidad que intenta resolver problemas matrimoniales”.

En esta controversia entre Perú y Chile la latitud de maniobra jurídica de la CIJ es estrecha. De acuerdo a la Convención de Viena no existe argumentación precisa que permita anular lo convenido entre Chile y Perú en los acuerdos de 1952 y 1954, aunque el Perú no los considere tratados.

Más allá del fallo, -que debería estar más ser cerca de lo inocuo para ambas partes, especialmente por el legado de una guerra y el actual clima beligerante en el ámbito internacional-, el argumento central del diferendo está basado en una razón política que corresponde a una decisión peruana. Al apartarse de la negociación bilateral, la acción peruana exhibe no solo la vulnerabilidad de los acuerdos de buena fe, sino también los problemas entre ambos estados, estimulados en parte por la debilidad del derecho internacional y por el clima permisivo de relaciones internacionales centradas en los aspectos comerciales.

La inmutabilidad de los acuerdos bilaterales y los tratados era una apuesta engañosa para Chile. Perú en cambio confirmó su decisión política de recuperar una supuesta soberanía impulsada en 1986, aprovechando el nivel máximo de debilidad interna en Chile durante la mayor crisis política del gobierno militar. El predicamento de Chile fue siempre "que Perú no debería llevar el diferendo a La Haya" y Perú insistió en que “sí se podía”. En la disputa entre la razón política y la razón normativa, cuando se cruzan intereses de otro orden –por ejemplo la explotación transnacional del mar – las bases jurídicas se ven remecidas.

El asunto del arresto de Pinochet ya había revelado un problema de estado en Chile al no comprender (sus autoridades) la globalización en clave de Derechos Humanos. Desde la cúpula estatal se sostenía que “Pinochet no podía ser juzgado por tribunales británicos” y fue posible. Con esta demanda peruana se produjo un fenómeno similar. Se argumentó que “Perú no podía elevar una demanda internacional para revisar un tratado o un pacto jurídico”. Claro que pudo.

Perú supo construir “su caso” y Chile no pudo o no supo deconstruirlo, apunta el ex embajador chileno (Sudáfrica, India) y académico, Jorge Heine. Dos analistas peruanos contactados que declinaron ser nombrados para esta nota, coinciden en que Perú trabajó política y jurídicamente su demanda con tiempo, perseverancia y mucho estudio basada en un argumento claro: Perú no ha firmado con Chile, ningún tratado de delimitación marítima. Se desprende que Chile descansó, literalmente, en el argumento de que existía un tratado o, “algo que se le parece”.

Los especialistas en Derecho Internacional sostienen que la clave de los pactos jurídicos entre dos países, es la buena fe. (Remiro Brotóns; et al. 1995). Esta apreciación de buena fe denota el estigma de vulnerabilidad en los acuerdos o tratados. La sustentabilidad en el tiempo de esos pactos depende también de las buenas relaciones históricas entre las dos partes y de marcos constitucionales modernos y consolidados.

El sistema de poderes del Estado regulados por Constituciones con demasiadas imperfecciones es proclive a la acción unilateral e imprevista; propia de sistemas políticos que navegan por consensos transitorios. Estos dos rasgos se refuerzan mutuamente y, en Chile y en Perú, la disfunción es más grave aún al estar sus Constituciones impregnadas de conflictos históricos bélicos. Desde esta perspectiva, el diferendo chileno- peruano persiste por la sincronía estructural histórica en ambas partes. Los cambios constitucionales necesarios en ambos países, con lecturas históricas muy diferentes a las que han impedido mejores relaciones, es un factor indispensable en el análisis y es una incógnita si entró en la matriz de este grupo de jueces.

Destacados especialistas sostienen que el Derecho Internacional es compuesto de sentimientos y opiniones comunes de los Estados que imponen deberes y no es auténtico Derecho y que estos sentimientos y opiniones son respaldados por sanciones éticas. El Derecho Internacional propiamente tal, es “una rama de la moral o de la cortesía internacional”. Mientras las constituciones no se ajusten a un nuevo orden mundial que contenga un Derecho Internacional que vaya más allá de la cortesía y la razón moral, los tratados y acuerdos de soberanía y delimitación de fronteras deben ser los instrumentos con menos legitimidad que nutren las convenciones.

La jurisprudencia debería incorporar cada vez más, consideraciones sociológicas para que deje de funcionar como un artefacto de la Edad Media donde se privilegia la observancia de la coercibilidad. La CIJ en particular, debería constituir el órgano jurídico que permita aumentar las posibilidades de construcción de un verdadero derecho internacional, desprovisto del derecho positivo como un orden de subordinación que concibe la coercibilidad como algo inmanente.

La postura chilena ha sido extremadamente cautelosa y apegada a ese derecho internacional naciente y frágil. En este contexto, ambas naciones fallaron en algo elemental: no negociaron desde la perspectiva de un derecho internacional naciente al que se debe contribuir sin antagonismos, sino que actuaron desde las limitantes del derecho positivo como son la coercibilidad y su localización en el estado.

Si las estructuras de los convenios o tratados entre Chile y el Perú, no son conclusivos en los detalles y dejan cabos sueltos, Perú igualmente los firmó. Si se firmó algo desprolijo, la Corte de La Haya deberá zanjar este primer paso. El capítulo siguiente de los correctivos y de la hipotética nueva realidad territorial en cada nación, por las implicancias y el pesado legado histórico entre ambas naciones, no podrá ser una materia de la cual esta corte se pueda zafar tan fácilmente, como se supone. Que todo quede en manos de las relaciones bilaterales entre Chile y Perú es ilusorio. Es un tango que continuará por un tiempo bailándose de a tres, o más.

Nota:
1) La Corte está integrada por 15 magistrados elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sus miembros provienen de los siguientes países: Eslovaquia, México, Japón, Rusia, Somalia, Italia, India, China, Brasil, Marruecos, Nueva Zelanda, Reino Unido, Uganda, Francia y Estados Unidos. Se trasluce la presencia de jueces de los cinco países miembros permanentes del Consejo de Seguridad con poder de veto.

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Argentina: Las reservas del Banco Central de la ficción a la realidad

Alejandro Olmos Gaona (especial para ARGENPRESS.info)


La piedra de toque de la sabiduría convencional
es la aceptabilidad. Tiene la aprobación de
aquellos a quienes se dirige. Está articulada en
todas las instancias del mundo sofisticado. Ya en
el supremo nivel académico de las ciencias
sociales, queda proscrita cualquier novedad. El
enemigo de la sabiduría convencional no son las
ideas sino la marcha de los acontecimientos.

John Kenneth Galbraith

Desde siempre, el método más eficaz para no enfrentar las realidades molestas, ha sido negarlas, y de esa manera se supone erróneamente que se la hace desaparecer junto con las dificultades que puedan ocasionar.

También están aquellos que no las niegan, pero las distorsionan hasta hacerlas ininteligibles. En materia económica, esto puede alcanzar proporciones notables que solo terminan por confundir y se pueden ver como los llamados expertos hacen cálculos, tiran cifras, hacen pronósticos, no sobre la base de los hechos, sino de las ideas que los interpretan, y el lenguaje a veces críptico esconde claramente una intención que en apariencia no se explicita. Como hace añares escribía D. Raúl Scalabrini Ortiz: “Estos asuntos de economía y finanzas son tan simples que están al alcance de cualquier niño. Solo requieren saber sumar y restar. Cuando Ud. no entiende una cosa, pregunte hasta que la entienda. Si no la entiende es que están tratando de robarlo. Cuando Ud. entienda eso, ya habrá aprendido a defender la patria en el orden inmaterial de los conceptos económicos y financieros”.

Las disponibilidades del Banco Central de la República Argentina, tan comentadas las últimas semanas, son una clara evidencia del manejo negador del gobierno por un lado, y de las largas disquisiciones de los expertos, que supuestamente ofrecen diversas soluciones para impedir la caída de las reservas, que se acentuara en los últimos meses. A la incompetencia del Jefe de Gabinete de Ministros que habla de una “caída estacional”, como si fuera una cuestión del verano que las reservas se esfumen, olvidando que el último año se perdieron más de 12.000 millones de dólares, se suman las probables soluciones que articulan algunos de los economistas de la oposición, que sugieren, que habría que volver al mercado internacional de capitales como la única opción. Pocos de ellos, se refieren al problema del endeudamiento externo, como uno de los factores fundamentales de la caída de las divisas, en razón de que desde el 2010, se utilizan reservas para el Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad, irónico nombre del fondo para pagar a los acreedores externos, cancelando así las obligaciones de la deuda pública, que vencen anualmente.

Entendiendo el gobierno y la oposición mayoritaria, que la deuda hay que pagarla, aunque sea manifiestamente ilegal, y producto de uno de los mayores fraudes de la historia económica del país, se utilizaron en todos estos años recursos del Banco Central, de la Anses, del Banco de la Nación y de otras agencias del Estado para pagar a los acreedores externos (autores y beneficiarios del fraude), convirtiendo deuda externa en deuda intra-Estado. Ese cambio de acreedor ha sido exhibido como un logro notable, cuando en realidad se trata nada más y nada menos que desconocer principios elementales del orden jurídico del país, y reconocer la exigibilidad de operaciones nulas de nulidad absoluta.

Salvo contadas excepciones, ningún economista de la oposición, ha cuestionado tales políticas de desendeudamiento, sino que por el contrario, las han festejado, al punto que los sucesivos canjes de deuda tuvieron la aprobación de la casi totalidad del miembros del Congreso Nacional. Mi buen amigo Héctor Giuliano, debe ser uno de los pocos, que semana a semana y mes a mes, además de mostrar la falencia de las cuentas públicas, describe la inconsistencia de muchos números reflejados por las fuentes oficiales.

El pago de las obligaciones externas se realiza a costa de endeudarse ante las instituciones oficiales citadas, desfinanciándolas, y distrayendo sus fondos de los objetivos específicos a que están destinadas. De acuerdo a la actual situación económica, el Estado carece de capacidad de repago de las deudas contraídas, por lo cual conforme se puede observar en los últimos presupuestos, se pagan intereses y hay una especie de refinanciación perpetua del capital.

Todo ese proceso de supuesto desendeudamiento fue minando sistemáticamente las reservas del Banco Central, mientras las compras de divisas con emisión monetaria, no compensaban las reiteradas pérdidas que mostraban mes a mes los resúmenes del Banco. Es cierto que la emisión se esteriliza a través de la emisión de letras (NOBAC y LEBAC), pero esto significa un nuevo y persistente endeudamiento en pesos, con tasas en algunos casos superiores al 18% anual. Al 7 de enero hay Nobac y Lebac emitidas en pesos, equivalentes a 16.844 millones de dólares.

Hoy existe una justificada alarma por la pérdida de reservas del Banco, pero tanto oficialistas como opositores, se siguen manejando dentro del terreno de las ficciones numéricas, y nadie trata de ver la realidad que muestran los resúmenes de la institución, que nadie puede desconocer, porque el Banco los publica semana a semana, pudiendo observarse el constante deterioro de sus activos.

En el resumen del Banco Central correspondiente al 7 de enero, se menciona como activo la suma de 109.639.629 MD, y un pasivo de 92.366.363 MD, lo que daría un patrimonio neto de 16.993.122. MD. En estos dos guarismos básicos es donde comienza la ficción, y a partir de allí sin discriminar debidamente las cifras, se llega a conclusiones erróneas, que todos repiten invariablemente, como si nadie quisiera mostrar el peligro que esos números representan para la solvencia de la institución monetaria.

En el activo que surge del resumen semanal citado, se incluyen letras intransferibles del Tesoro Nacional, a diez años de plazo, a tasa Libor menos un punto porcentual, por un valor 43.586.739. MD, y adelantos transitorios al gobierno nacional, por la suma de 26.762.442 MD. Si bien contablemente corresponde incluir esas letras intransferibles, como un activo potencial, la realidad es que se trata de simples obligaciones, que no pueden negociarse, que además carecen de rentabilidad alguna por tener tasa negativa [1], y que el gobierno podría refinanciar indefinidamente. Es decir, que como contrapartida a la moneda extranjera transferida por el Banco Central, para pagar deuda ilícita, la institución recibió nada más que papeles, que incluye como activo, lo que representa una ficción contable, ya que no es lo mismo, tener un activo en moneda extranjera, utilizable para neutralizar cualquier operación especulativa, que letras a tan largo plazo, que el Tesoro no está en condiciones de pagar, y que seguramente a su vencimiento, si no se modifica de raíz la política económica, se convertirán en promesas de pago sin valor alguno.

En lo que respecta a los adelantos transitorios dados gobierno nacional, también son objeto de refinanciación permanente, por lo cual contabilizarlo como un activo tangible es parte de una anotación contable, que no se corresponde con la realidad.

Si del activo del Banco, que hemos mencionado, se deducen las letras intransferibles y los adelantos transitorios, el ACTIVO REAL no es de 109.639.629 MD, sino de 36.660.469 MD, contra un pasivo de 92.366.363 MD lo que daría un patrimonio neto negativo de 55.705.894 MD. Si de esa suma se eliminan acreencias y duplicaciones que surgen del resumen del Banco, ello daría un patrimonio neto negativo de 53.791.786 MD [2], lo que demuestra el real estado del Banco, y no las novelerías ficcionales, sobre su actual solidez.

Pero corresponde agregar otros detalles más que tienen que ver con las supuestas reservas, que han bajado de los 30.436.577 MD existentes al 7 de enero, a 29.723.000 MD a la fecha de esta nota. En esas reservas internacionales, están incluidos depósitos en moneda extranjera por 10.815 MD y otros pasivos por 2.494.162 MD, debido a lo cual, si deducimos tales cifras, tenemos un stock de reservas netas de 16.514 MD, lo que muestra una situación altamente comprometida, que de seguir así puede configurar una situación crítica de consecuencias imprevisibles.

A pesar de la fragilidad que muestra los números del Banco Central, el gobierno nacional, ha decidido, en el presupuesto 2014 destinar 9855 MD al Fondo Bicentenario, para cancelar obligaciones de la deuda pública, con lo cual las reservas caerían a la suma de 6.659 MD, que sería casi la mitad, de la reserva técnica que debería tener el Banco para afrontar cualquier maniobra especulativa. Además, y como ya los recursos son cada vez más difíciles de obtener, se van a canjear los Bonar 2014, que vencen a fin de este mes, por una nueva emisión pagadera en el año 2019, con tasa Badlar [3], más 250 puntos básicos, lo que significaría un interés real del 24%.

Habiéndose terminado el insostenible discurso de la década ganada, porque las cifras son contundentes, y debido la extrema necesidad que tiene el gobierno de recurrir a la financiación internacional, el Ministro de Economía Axel Kicillof, viajó a Francia, con el ex Ministro Lorenzino, actualmente a cargo de la Unidad de Reestructuración de la deuda, a los efectos de Iniciar conversaciones con los integrantes del Club de París para resolver la deuda que se mantiene con los países que lo integran. Esto va a significar nuevas erogaciones, con los mínimos recursos del Banco Central, o recurriendo a las otras agencias del Estado, como ocurriera anteriormente.

Cumpliendo escrupulosamente con las pautas que señala la sabiduría convencional de la que hablaba Galbraith, a ningún funcionario se le ocurrirá cuestionar las cifras, poner en claro la realidad fraudulenta de gran parte de esa deuda [4], sino que se seguirá haciendo lo mismo de siempre: pagar y refinanciar, aunque ello signifique una continua transferencia de recursos, que los funcionarios disponen a su antojo y que son producto del trabajo de los argentinos.

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Kicillof y el Club de Paris

Juan Pablo Olsson (especial para ARGENPRESS.info)

"Las negociaciones del Ministro de Economía con el Club de París implican la continuidad de una de las mayores estafas al pueblo argentino".

En una conferencia de prensa ayer por la tarde, el ministro de Economía Axel Kicillof informó sobre las características de las negociaciones que mantuvo el lunes 20 de enero, con las autoridades del Club de Paris. La comitiva estuvo integrada además por el secretario de Finanzas, Pablo López, y los integrantes de la Unidad de Reestructuración de Deuda, Hernán Lorenzino y Adrián Cosentino. El Ministro declaró que “la argentina intercambió posiciones con la Presidencia y la Secretaria acerca de los lineamientos a trabajar con el grupo de acreedores (conformado por 19 países), quienes recibirán la propuesta en reunión ordinaria”

Posteriormente Kicillof aclaró que “no se pueden dar precisiones sobre los lineamientos de la propuesta ya que son negociaciones preliminares y aún falta la propuesta formal de como se realizaría el acuerdo con el Club de París”. Y respecto del monto de la deuda, que es otro de los aspectos a definir en las negociaciones señaló que “la cifra de la deuda la tenemos pero no la vamos a dar a conocer”. Ante la repregunta de los periodistas, el Ministro aclaró que “no hay un acuerdo de confidencialidad, simplemente no es bueno para la negociación que trasciendan los datos en juego. Todavía no hemos tenido una respuesta de los acreedores. No queremos ocultarle nada a nadie!”

Es importante considerar algunos aspectos estructurales de la deuda y de las negociaciones con el Club de Paris. Lo que no dijo el Ministro es que el Ejecutivo Nacional presentó dos alternativas para refinanciar la deuda que permanece en default desde diciembre de 2001 y que alcanzaría alrededor de u$s 10.000 millones, entre capital e intereses. Una de las opciones propone realizar un pago en efectivo de un porcentaje que rondaría en el %20 de la deuda e ir saldando el resto a medida que ingresen nuevos créditos de los países acreedores para inversiones de bienes de capital. En este caso, la Argentina debería pagar al contado unos u$s 2.000 millones. En esta opción, el gobierno intentaría negociar una quita y pagar el capital de la deuda evitando parte de los intereses, en una cifra que rondaría los u$s 1.400 millones.

La otra opción que maneja el Gobierno es evitar el pago en efectivo, a pesar de que el Club de Paris la presenta como una de sus principales exigencias. Para ello, se aceptaría el ingreso del FMI en la negociación, para auditar las cuentas bajo los términos del Artículo IV de su estatuto, ya que esta es una exigencia de los acreedores a la hora de aceptar un plan de pagos. Lo llamativo es que desde el pago de Néstor Kirchner al FMI en el 2005, el gobierno nacional se ha venido vanagloriando de haberse liberado de las intervenciones ese organismo.

Esta opción entraría en profunda contradicción con las otras dos definiciones que si dio Kicillof en su conferencia: “que el pago de los compromisos en default no pueden realizarse a costas del crecimiento del país y de la inclusión social” y que “nosotros vamos con una propuesta y no a que nos impongan condiciones: no vamos a aceptar paquetes de ajuste”. Por definición, como expresa claramente el dilema presentado por el gran investigador de la deuda Alejandro Olmos (Padre) "Frente al hambre, a la desocupación y al saqueo levantamos una consigna: O se está a favor del pueblo contra la deuda, o se está contra el pueblo al servicio de la deuda". Es importante señalar el rol clave jugado por esta comitiva en uno de los aspectos claves de la negociación: reconocer el total de la deuda con el Club de Paris, a pesar de que gran parte de esa deuda fue contraída durante la última dictadura militar.

Por su parte, Proyecto Sur y Pino Solanas han venido insistiendo en dar un tratamiento de la más absoluta seriedad y responsabilidad a un caso de tanta gravedad como el de la deuda con los organismos internacionales: se necesita crear una Comisión Bicameral para realizar una Auditoría de la Deuda y poder diferenciar cuál es la deuda legítima de la ilegítima. Las negociaciones avanzadas por Kicillof con las autoridades del Club de Paris van en el camino de la renuncia a la soberanía, en perjuicio del pueblo argentino, al estilo kirchnerista: anunciar un acto de entrega y sometimiento a los intereses de los grandes capitales extranjeros como si fuese un acto patriótico y de liberación. Los arreglos en el CIADI y el acuerdo YPF-Chevrón avanzan también en ese sentido, a pesar de que algunos kirchneristas insistan con el lema de la “década ganada” y de que la Presidenta suela sostener que gobierna para los 40 millones de argentinos.

Juan Pablo Olsson es sociólogo.

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“El Club de París o ‘el último paso’ de un gobierno a los tumbos”

Jorge Altamira (especial para ARGENPRESS.info)

Desde los desafortunados blanqueos con el Cedin y los Baade, el gobierno ‘nacional y popular’ persigue el objetivo de una mega devaluación del peso ‘indolora’ y de un re-endeudamiento internacional, en un afán desesperado e improvisado de rescatar a la economía de un derrumbe.

Es así que vuelto a emitir deuda externa para pagar indemnizaciones abusivas para las privatizadas del menemismo (Ciadi). También ha acordado una indemnización gigantesca a favor de la mayor vaciadora del país, Repsol, cuya finalización sin embargo aún no ha podido concretar. Al mismo tiempo ha legalizado un mercado de divisas paralelo en la Bolsa, adonde malvende los títulos públicos en poder de la Anses, en beneficio de los especuladores privados, lo cual reconvierte a la deuda pública interna en una deuda internacional. Ha firmado un acuerdo financiero y ambiental oneroso con Chevrón, a la cual premia ahora, además, con la posibilidad de ingresar dólares por el mercado paralelo. En una confesión de bancarrota financiera, el Banco Central acaba de refinanciar deuda propia con los bancos locales, a la tasa exorbitante del 24.5% anual.

Ninguna de estas concesiones extraordinarias al “capital concentrado” ha servido para detener la carestía, que avanza como nunca antes sobre los salarios y las jubilaciones, ni la fuga de capitales. La devaluación del peso por parte del gobierno, así como los tarifazos para los combustibles, acelera día a día el aumento de los precios. Ahora, concluye en otro fracaso la intención de obtener un apoyo del Club de París para poder colocar un bono en el mercado internacional, sin todas las garantías financieras y políticas que exigen los estados miembros de ese Club.

El fracaso completo de la tentativa de arreglo con el capital financiero internacional, coloca a la Argentina ante la disyuntiva de aceptar un violento ‘ajuste’ contra las condiciones de vida y de trabajo del pueblo, y de una pérdida mayor de autonomía nacional, u oponer a la inminencia de un rodrigazo, un plan económico y político integral por parte de los trabajadores. El ciento por ciento de la burocracia sindical, sin embargo, en lugar de hacerse responsable de convocar a un congreso de trabajadores, participa de las operaciones que apuntan hacia ese ajuste contra el pueblo. Sea como fuere, el desarrollo de la crisis pondrá al pueblo ante la necesidad de dar una salida independiente, por lo cual la convocatoria de un congreso de delegados que establezca un plan económico y político popular va a emerger como una tarea acuciante.

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Colapso del modelo energético

José Rigane

La crisis energética, que dejó a miles de usuarios afectados por cortes de luz, puso nuevamente de manifiesto la ineficiencia del modelo en dos facetas: la provisión del servicio concesionado a empresas privadas y el contralor del Estado. Los desastrosos resultados de este modelo también lo padecemos en otros ámbitos: transporte y servicios públicos en general, y en la extracción de bienes comunes como el petróleo (Chevron).

El reciente colapso eléctrico, con las incontables pérdidas para el comercio y especialmente el padecimiento de las familias de más bajos recursos, los trabajadoras -con incendios y muertes evitables. Se demostró, una vez más, el profundo fracaso de la privatización y extranjerización de la energía diseñado en los 90.

Según el ENRE, hay datos que describen la gravedad de la situación: los cortes de luz crecieron en cantidad y aumentaron en duración. Comparando los períodos 2003–2006 y 2007–2010, los cortes de luz de EDENOR aumentaron en promedio por semestre por cliente de 2,5 a 3,3 (32%). La duración (el tiempo a oscuras) creció de 5:30 a 8 horas promedio (48%). Peor es la situación de EDESUR, ya que los cortes aumentaron de 2 a 3,8 (90%) y la duración creció de 4 a 11 horas promedio (175%). Esto se debe a que la potencia eléctrica instalada permaneció estancada entre 2003 y 2007. Recién creció tan sólo un 20% entre 2007 y 2012. Esto explica que en la última década la demanda creció un 45% y la potencia instalada un 35%.

En diez años de gestión kirchnerista, no se ha modificado la ecuación de los años 90, (con raíces en la política de shock de la dictadura y los años 80). La asimilación de la explotación energética a la lógica de la rentabilidad ha llevado a un deterioro irreversible solventado por la propia población usuaria del servicio generando una transferencia de recursos que permitió amplios márgenes de rentabilidad a empresas transnacionales.-

La falta de inversión y las deficiencias en el control no ha sido una muestra de ineficiencia o de error. La actual crisis energética es intrínseca a un tipo de gestión que, por su naturaleza, busca la ganancia. El Estado se ha desvinculado de su responsabilidad constitucional de “promover el bienestar general” y la ha reducido a una mera formalidad.

Los recientes cortes no sólo fueron inconvenientes de distribución o de un “uso irresponsable de los aires acondicionados”, como intento desvincularse el Gobierno. Según datos oficiales, los aires acondicionados representan sólo el 8% (promedio anual) del total del consumo de electricidad de los electrodomésticos.

La ola de calor como situación excepcional no exime al gobierno ni a las concesionarias. Las previsiones del uso de energía eléctrica establecen que en un día de máximo calor consume 5.000 megavatios más de lo común. Lo mismo para un día de máximo frío (4.800 megavatios más). Se puede prever un escenario futuro, inclusive en plazos de 10 o 15 años. Es falaz que no se puede anticipar cuál va a ser la oferta y la demanda en un período crítico como el verano con márgenes de error insignificantes.

Entre 2003 y 2013 la potencia instalada creció 8.414 megavatios. Sin embargo, entre 1992 y 2002 fue de 9.571, es decir, cerca de 1000 megavatios menos.

Las sociedades del siglo XXI, conscientes de la importancia de la energía para el desarrollo y el bienestar común, exigen avanzar en la modificación de la ecuación de la gestión para la construcción de un modelo público, democrático y transparente. Se requiere de un debate amplio y participativo que trace el camino de diversificación de la matriz energética,con la implementación de políticas de estado, acordes con los nuevos tiempos de escasez y de finitud de los recursos.

Por ello desde la CTA, la FeTERA y MORENO convocamos a sumar voluntades para obtener la revocación de los contratos con las privadas y el inicio de una nueva etapa de gestión pública con presencia de usuarios, del Congreso Nacional, de los trabajadores del sector. Ante la magnitud de la crisis es necesario convocar a una Consulta Popular en Defensa de la Soberanía de Nuestros Bienes Comunes que ponga en debate el futuro modelo de la producción, transmisión y distribución energética.

José Rigane es Secretario General de FETERA es Secretario Adjunto de CTA Nacional.

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Capitanich y Kicillof omiten la deuda que la Nación mantiene con las provincias

Hugo "Cachorro" Godoy (ACTA)

Jorge Capitanich y Axel Kicillof hablan antes las cámaras de lo que les conviene y no de las necesidades del pueblo. Entre dichos y desdichos intentan ocultar la verdadera intención del gobierno nacional, cuyo exponente fue el anuncio que a fines de 2013 estuvo acompañado del silencio de 17 gobernadores.

Se trata de la “refinanciación” de la deuda que las provincias tienen con el Estado Nacional, en un disfrazado gesto de ayuda para apalear las urgentes necesidades de las poblaciones administradas por los Estados provinciales y municipales.

Según el ministro y el Jefe de Gabinete, la supuesta refinanciación alcanzaría a una parte de las necesidades de financiamiento de los Estados provinciales. Sin embargo, se podría decir también que son más las condiciones que impone la administración nacional para garantizar sus políticas de ajuste implementadas a través de las provincias.

De esto queremos hablar, de lo que los funcionarios y una parte de los gobernadores silenciaron: de la deuda que la Nación mantiene con las provincias. Se demostraría así que el ajuste no tiene que ver con la carencia de recursos provinciales, sino con la distribución injusta del Estado nacional, afín a intereses minoritarios.

El gobierno nacional no cumple desde 2003 con la vigente Ley de Coparticipación Federal de Impuestos que estipula en su artículo 7 la obligación del Estado nacional a transferir no menos del 34% de la recaudación de los tributos nacionales.

Según un informe de los institutos IDEP e IPyPP de ATE, la deuda de la Nación con las provincias asciende pues a cerca de 330 mil millones de pesos. Si se excluyera de este monto los recursos netos de Seguridad Social, alcanzaría sin intereses 46 mil millones de pesos. Y si a este número se le recargara el 6% de interés anual (porcentaje que la Nación le cobra a las provincias), el total oscilaría los 68 mil millones de pesos. Mucho más que los 65 mil millones de pesos que las provincias adeudan a la Nación.

Desde la estatización de las AFJP a fines de 2008, el Estado nacional viene apropiándose del 15% de la coparticipación de impuestos correspondiente a las provincias, retención originada cuando se privatizó el sistema de reparto en los ’90 para financiar la ANSeS.

Hoy es una apropiación indebida, porque no cumple con la función por la que fue implementada. Desde 2008, entonces, la deuda por esta retención alcanza los 91 mil millones de pesos.

Bajo estas condiciones se podría discutir mínimamente el financiamiento holgado de un 40% de aumento para los trabajadores estatales de las provincias, que es el porcentaje promedio de la pérdida del poder adquisitivo del salario en la carrera contra la inflación desde 2009.

No debe el gobierno nacional seguir ocultándose detrás de la “supuesta” sedición policial para retacear aumento de salarios en las paritarias con los estatales. Porque plata hay. Lo que no existe es la voluntad política de hacerlo con justicia y equidad.

Hugo "Cachorro" Godoy es Secretario Adjunto de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA).

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Nuevo escenario para la represión penal en Argentina

Daniel Papalardo (especial para ARGENPRESS.info)

Los nuevos derroteros que asume, tanto el derecho penal sustantivo, como el ordenamiento procesal que busca su aplicación , signado por el anuncio de elevación de un proyecto de nuevo código penal en la primer semana de marzo y en nuestra provincia la vigencia de un nuevo modelo de enjuiciamiento penal a partir del 10 de febrero, nos persuaden en la necesidad de analizar ese porvenir, más allá del examen jurídico específico, utilizando instrumentos interdisciplinarios, que se nutren en particular de una lectura filosófica de la cuestión.

En ese sentido no es ocioso decir que nuestro derecho penal, ha extraído sus influencias del derecho europeo continental y en el mismo sentido lo hacen los sistemas procesales por lo que manejar en el análisis categorías del pensamiento que ha introducido Foucault, sobre la cuestión, devienen pertinentes en tanto refieren, a relaciones generadas por ese derecho que nos sirve como fuente.

En “Vigilar y Castigar” Foucault hace notar que puede apreciarse en la historia dos grandes momentos o eras: la del “teatro del castigo” y la “economía del castigo”. La primera supone, representación escénica de la ejecución de las sanciones en tanto pública ilustración de los efectos de la desobediencia penal. Es el ejercicio por un único ente, del poder de castigo, visible a todos los súbditos, y sin contrapeso alguno. El delincuente no es más que la “cosa del Rey” , sobre la cual éste , deja caer los efectos de su poder”.

Así, el dolor que significa la imposición de castigo, directamente dirigido al cuerpo Es el castigo, con contenido exclusivamente vengativo, que iguala lo horrendo del delito con un castigo revertido sobre el sujeto . El suplicio es la manifestación del castigo, y el objeto, el cuerpo de la persona.. Habría entonces una unidad y concentración del poder punitivo, sin distinción visible entre el derecho penal y procesal, y el derecho penitenciario.

La Era de la “economía del castigo”, pone en acto una ideología concentrada en la noción de sobriedad emergente de la ilustración y sobre todo en las ideas contractualistas o del pacto social. Se constituyó la aplicación de una nueva tecnología penal con el fin de hacer más productivo el poder.

A través de la idea de soberanía se pretende democratizar el poder distribuyéndolo en todos los miembros asociados. Pero para que dicho cuerpo social, depositario de la soberanía, se encuentre unido y se ejerza la soberanía conforme a la política dominante, se hace necesario el fenómeno de la vigilancia, y además, de un poder que persiga la imposición de un regla de conducta, una “sociedad de normalización” (recuérdese el apelativo de campaña del Dr. Binner en torno al “país normal)donde los sujetos sean corregidos y puestos en la medida de la regla de lo que la sociedad burguesa pretende de cada individuo.

Este poder, disciplinario, se distribuye en diversas instituciones en las capas de la sociedad, como las clínicas siquiátricas, las escuelas, y en lo que concierne al derecho, los establecimientos penitenciarios y el derecho penitenciario o ejecutivo.

Una forma concreta de materializar ese objetivo de vigilancia y el control sobre los individuos, opera entre otras vías, por el sistema que adopta el Estado para el enjuiciamiento penal. Como en nuestros caso, el modelo propuesto puede revestirse formalmente de bases garantistas, y nutrirse de una pretendida adecuación al prototipo de dominación social que impone la constitución nacional, lo que no le invalida esa esencia represiva.

Las democracias modernas, sobreviven en gran medida en base al poder disciplinario, estableciendo un sistema de derecho que oculta los mecanismos de ese poder real sobre la sociedad disciplinaria.

Así las cosas, el cambio está movido, más bien, por una “nueva justificación moral o política del derecho de castigar”, que por un acercamiento a la restricción a grado mínimo del poder punitivo y la determinación de la responsabilidad penal, siendo los efectos morigerantes o suavizadores de las penas, una consecuencia de nuevas tácticas de poder y de nuevos mecanismos penales, en los que invariblemente subyace la dialéctica control- castigo.

Hay entonces, una nueva economía del poder punitivo con pretensión de posibilitar una mejor acumulación y reproducción de ese mismo poder de clase .La finalidad no es castigar menos, sino castigar mejor, esto es, “castigar con más universalidad y necesidad, introducir el poder de castigar más profundamente en el cuerpo social, de modo tal que este aparezca fundado y razonado .Así se pretende fijar nuevos principios con este fin que disminuyan los costos económicos y políticos aumentando la eficacia penal.

La verdadera aspiración de los reformadores es encontrar una nueva fundamentación consensuada a la pena, de la que carece en la actualidad, adoptando el problema aún en la instancia previa del camino legal para su imposición a un sujeto. Así, la sociedad disciplinaria, imaginada por el proyecto de nuevo código penal, como por el modelo de enjuicimiento sugerido por los gobernantes normales de la provincia de Santa fe, persigue el objetivo de la corrección y la disciplina.

La idea subyacente es la fundamentación consensuada del castigo por vía de la exposición pública del caso, y la pretendida paridad de armas en una simbólica contienda en donde el Estado se oculta tras las figuras emblemáticas del juez y el fiscal que resultan en definitiva una única y misma entidad, que se proyecta peligrosamente con la extensión proporcionalmente relevante de la defensa pública, en tanto aparato no autónomo, finalmente integrante de ese mismo Estado.

El país “normal” oculta que considera al hombre inmerso en un comportamiento social conflictivo, como un actor que violenta el pacto social, y que por ello debe ser considerado un enemigo. Violando sus leyes deja de ser uno de sus miembros; y aun se puede decir que le hace la guerra. En tal caso la conservación del estado es incompatible con la suya; fuerza es que perezca en el sistema carcelario.

El proceso y la sentencia son las pruebas y la declaración de que ha roto el pacto social y de que por consiguiente ya no es un miembro del estado.

El derecho penal entendido en estos términos, se vuelve “una manera reglamentada de hacer la guerra”, y debido a que éste se basa en procedimiento que regula el modelo de enjuiciamiento y un sistema de pruebas, el derecho sería “la forma ritual de la guerra” , que diluyendo el poder represivo en diversos órganos, incluso privatizado, lo difuma diluyendo la responsabilidad y consensuando su aplicación en el medio social.

La sociedad política instrumentaliza el tema de la delincuencia y le asigna valores dependiendo de su conveniencia. Se hace de los sectores intermedios de la sociedad, e incluso de los trabajadores incorporados al sistema laboral un “sujeto moral”, que se moralizado para separarlo de la delincuencia y así justificar el desarrollo defensista frente al enemigo interno. De esa forma, puesto en el lugar del otro. el hombre al que se le asigna el rol social del delincuente es controlado, seguido, castigado, reformado, etc.

Los sistemas procesales se estructuran sobre el poder político y las formas de ejercicio de aquel, La reforma al sistema procesal penal persigue, por sus enunciados formales compaginar las formas republicanas y democráticas que se suponen existen en nuestro país (desde lo programático del discurso constitucional), con el sistema judicial. Así dice abandonar el sistema inquisitivo e inspirarse en el sistema acusatorio, el cual se autopromociona como factor de la desconcentración del poder, a través de la asignación de la función instructiva y de acusación en un ente diverso al juez (el fiscal).

Sin embargo, con este modelo , el poder así se distribuye en forma más homogénea, traspasa a otras capas sociales, se hace más efectivo, más económico, y más funcional a la estructura represiva, del esquema orden y castigo.Supone un Estado descentralizado que enfatiza y fomenta el esfuerzo y la iniciativa privada”, por vía de la introducción al modelo de la víctima y la figura del querellante Pero esta descentralización del poder en la justicia busca fundamentar de mejor modo el poder político.

La reforma al sistema favorece la oportunidad y la selectividad en el uso de la fuerza Así se logra acercar el poder que ejerce el Ministerio Público, con la policía, quien ejerce las funciones de vigilancia, siendo esta y no otra, la negativa a concebir la posibilidad autónoma de una policía judicial, con funciones puramente investigativas en particular en los fenómenos de lo que se conoce como crimen organizado.

El sistema propuesto en la reforma , sostiene y reproduce un sistema de vigilancia efectivo por vía del control de identidad, y la aplicación del principio de oportunidad. La primer medida , percibida es percibida como tolerable dentro de los márgenes garantistas, en tanto no implica castigo sino vigilancia. Así, fuera de la vigilancia policíaca, los casos de eventuales consecuencias delictuales, serán objeto de investigación y control por el Ministerio Público, posibilitando que en la aplicación de medidas cautelares, se produzca mayor control y mayor vigilancia, pero ahora en una cooperación entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y las instituciones a las que haya de encargarse el control directo del indiviiduo. El poder se distribuye, y así se hace invisible.

En el segundo plano , en cuanto se refiere a la aplicación e instrumentación del principio de oportunidad , los hechos que por vía facultad discrecional del Fiscal se desertan por el sistema, son aquellos respecto de lo cuales no se requiere ejercer control ni poder sobre ellos, sea porque no existe índice efectivo de su comisión, o bien, no son constitutivos de delitos o su persecución ha expirado.

Sobre las facultades del archivo provisional o de la facultad de no iniciar investigación no existe mayor complejidad, sino más bien sobre la tercera facultad discrecional, la cual es el principio de oportunidad puesto que la acción del sistema se retrae en la medida en que no afecta el “interés público”, o bien no sean hechos cometidos por “funcionarios públicos en el ejercicio de su función”, lo cual fuera de mirar a desestimar sólo la criminalidad de bagatela, supone instituir al fiscal en juez invisible tras los hechos, con lo cual el sistema oculta el verdadero poder y control en conceptos, hechos y circunstancias (“interés público” “funcionario público”), más que en quien “juzga” el hecho, con lo cual el poder se hace invisible. Así el Fiscal se transforma además en vigilante, quien como juez invisible, determinará los actos que son de “interés público”, con lo cual pone sus ojos en aquellos hechos que han de desestabilizar el sistema político, es decir y como reza el Mensaje, la “gobernabilidad” en definitiva.

Por otra parte, el poder disciplinario no sólo se habra de ejercer en las penitenciarías, sino además, en diversas instituciones que operan legitimadas por el nuevo sistema, como los programas de intervención ambulatorios, los programas de reinserción social, los programas de tratamiento de consumo de estupefacientes, etc. Todos estos son utilizados como formas de control, y por ende, de poder, derivado por el sistema judicial vía medida cautelar, salida alternativa o vía pena. Este poder se ejerce sobre la estructura de personalidad del delincuente para enderezarlo con la ortopedia social específica con la que han de operar estas instituciones. Y esto porque la finalidad constitucional de aquellas y de la pena en sí misma, es la resocialización del sujeto al que se tiene por delincuente.

Nótese que las pretendidas salidas alternativas que se promueven , cumplen una efectiva labor de vigilancia, al establecer un control relativamente permanente sobre el individuo, objeto de una medida cautelar o pena sustituta. En el mismo sentido todo el sistema de responsabilidad penal juvenil , con medidas disciplinarias que van desde las libertades asistidas y sistemas semicerrados y cerrados, todos ellos con programas de “reinserción social”.

En el mismo orden de ideas, y en cuanto refiere a la publicidad de los juicios, que se enarbola como manifestación republicana de la vida social, no es menos cierto que ese desarrollo apunta a la una función preventiva general de la pena, sea reafirmando valores sociales, sea intimidando a través de la exposición pública del juicio, a un sujeto a quién por lo demás la propia constitución considera inocente. En este sentido, la publicidad opera como una forma de regular los instintos y las pasiones, de los hombres . En cierta forma , hay en esto una suerte de apelación a la exhibición del delincuente que en estadios precapitalista se hacia al tiempo de la aplicación del castigo, con lo que en este caso su exhibición pública resulta anticipatoria-.

En el mismo plano, la publicidad, se sustenta en el mito del contrapeso del control ciudadano sobre los actos de quienes están llamados a impartir justicia o funcionar como actor en ella, que resulta carente de todo sentido, en tanto el mismo es a todas luces ocasional, y no técnico , por lo que se revela notoriamente insuficiente como para alcanzar ese propósito.

En definitiva, mas allá de lo exhibible, del presunto discurso democrático que lo precede, nos aprestamos a un nuevo tiempo social, donde la represión se torna eficiente, por vía del mecanismo de la dispersión del poder que le permite al orden burgués, lograr consenso en un aspecto medular de su existencia como lo es el relativo al problema de la responsabilidad social por conductas conflictivas, centralizando la respuesta únicamente en la aplicación del castigo.

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Aumentos a policías: su pago en discusión por "extorsivos"

Irina Santesteban (LA ARENA)

Luego del amotinamiento policial en Córdoba, donde se produjeron saqueos, se acordaron aumentos. Ahora se discute su pago. Algunos gobernadores han dicho que no van a cumplir con los acuerdos por ser "extorsivos".

El 4 de diciembre pasado, poco después del mediodía, el gobernador cordobés José Manuel de la Sota, rodeado por sus ministros y colaboradores, y algunos representantes de cultos religiosos, ante una platea con algunos referentes de la oposición provincial, anunció el acuerdo al que había arribado con los policías amotinados. En Córdoba, el levantamiento y el saqueo y pillaje consecuente, tuvo un saldo de dos muertos, 130 heridos, más de mil comercios asaltados y pérdidas por aproximadamente 400 millones de pesos.

El acuerdo firmado por el representante de los policías, el abogado Miguel Ortiz Pellegrini, ex diputado radical, juecista y actual integrante del GEN de Margarita Stolbizer, preveía una suma fija de 2.000 pesos para diciembre y enero, en concepto de "uniforme", y un salario de 8.000 pesos para los agentes, además de la actualización de los montos que reciben por adicionales. También se negociaron planes de vivienda, mejoramiento de los servicios de la ART y la promesa de un boleto de transporte, entre otros puntos.

La asonada policial se replicó en doce provincias, con saqueos, doce muertos y caos en ciudades como Tucumán y Concordia, Entre Ríos. El gobierno nacional salió a rechazar los planteos policiales por "desestabilizadores" y "extorsivos", reiterando su negativa a permitir que los policías se organicen en sindicatos.

Responsabilidad local

A más de un mes de esas protestas y acuartelamientos, algunos de los gobernadores que firmaron los acuerdos se niegan a hacerlos efectivos, aduciendo que fueron realizados "bajo extorsión". De la Sota y el bonaerense Daniel Scioli, en cambio, ratificaron que van a cumplir lo acordado. En una postura diferente, el entrerriano Sergio Urribarri no pagará los incrementos arrancados con la metodología de sumir en el terror a la ciudadanía. José García, el jefe de los fiscales entrerrianos, afirmó que "penalmente, el acuerdo es prueba del delito, del chantaje a punta de pistola en el sentido de que se extorsionó, se forzó un arreglo a partir de la situación que reinaba en las calles. El acta no tiene ninguna consecuencia jurídica, es ilegítima, nula, independientemente de lo que administrativamente se resuelva con relación a los aumentos allí contemplados".

José Alperovich, gobernador de Tucumán, dijo que va a pagar ese aumento, pero pasó a retiro a 25 comisarios y la Justicia está investigando la participación policial en los saqueos y desmanes de esas jornadas.

En Córdoba, el fiscal Raúl Garzón ordenó la detención de 16 policías acusados de "desobediencia e instigación a cometer delitos". El funcionario judicial no descarta nuevos arrestos, según surja de las declaraciones indagatorias que comenzaron ayer martes, en plena feria judicial. Otros 23 policías incluyendo cinco comisarios jefes departamentales, fueron pasados a retiro.

Incrementos

El acuerdo con los policías, según la provincia, ha significado aumentos de entre un 33 por ciento y un 100 por ciento. Esto provocó la indignación de los gremios estatales, que todos los años deben luchar para que en sus paritarias se les reconozcan apenas los mismos guarismos que la inflación. Ahora, para 2014, la mayoría de esos gremios van a pedir incrementos salariales con un piso del 30 por ciento.

En 2013, la mayoría de los sindicatos firmó acuerdos salariales, que oscilaron entre el 22 por ciento hasta el 27 por ciento, tanto para los públicos como para los privados. Pero la inflación de ese año, según el "índice Congreso" ascendió a un 28,5 por ciento, muy lejos del 11 por ciento que informa el devaluado Indec.

La excusa de los gobiernos provinciales para negarse a otorgar los aumentos que piden los trabajadores estatales, es la "falta de recursos". Sin embargo, para los uniformados, deberán destinar mucho más que las previsiones presupuestarias habituales.

Policías con sueldos muy bajos.

¿Es exagerado el reclamo de los policías? No. Un salario de 8.000 pesos, para un agente policial, lo mismo que para un empleado público o uno del sector privado, o un jubilado, es una remuneración justa. En un país cuyo gobierno se ufana de sostener un "modelo productivo con inclusión social" y que ha crecido sostenidamente en los últimos años, generando ganancias extraordinarias para algunos sectores, no es ninguna exageración que los trabajadores pretendan ganar mejores sueldos, y alcanzar mejores stándares de vida, a tono con el alto consumo que el propio gobierno estimula, como forma de fomentar la producción de bienes y motorizar la economía.

¿Reclamo o asonada?

Que las policías provinciales y también las fuerzas de seguridad nacionales son un poder en sí mismas, se autogobiernan con mayor o menor grado de "independencia" del poder político y tienen fuertes vínculos con las redes del delito, no es novedad.

Eso no quita legitimidad al reclamo de un mejor ingreso, que se venía planteando desde hacía ya tiempo en el interior de las fuerzas policiales. Como carecen no sólo de sindicato, sino de todo tipo de mecanismo que les permita peticionar o negociar salarios o condiciones de trabajo, esas demandas se canalizan a través de las jerarquías y cúpulas policiales.

En este caso, los gobiernos provinciales confiaron en que esas cúpulas podían garantizar, como lo venían haciendo, una cierta "paz policial", a cambio de no molestarlos demasiado en los "negocios" habituales.

En Córdoba, dos meses antes del acuartelamiento, pasaron a retiro el jefe de Policía, Ramón Frías, y al ministro de Seguridad, el ex comisario Alejo Paredes, luego de que un programa de televisión, ADN, del periodista Tomás Méndez, denunciara los vínculos de policías de la sección de lucha contra la droga, con el narcotráfico. Después de esa denuncia, el jefe de esa dependencia, y varios uniformados más, fueron detenidos por orden del fiscal federal Enrique Senestrari.

Una sospecha muy fuerte es que luego de esas detenciones, hubo "faltante de droga" en los barrios, y que la policía provincial se vio privada de un negocio que, a todas luces, daba buenos dividendos que se repartían -desigualmente- desde la cúpula hasta los subordinados.

¿Deben ser respetados?

Está bastante claro que esos acuerdos fueron suscriptos por gobiernos débiles frente a una fuerza armada y con capacidad para organizar a la propia delincuencia, y sumir en el terror y la desesperación a la ciudadanía. La organización de verdaderas "milicias" en algunos barrios para repeler a los delincuentes provocó golpizas a jóvenes que nada tenían que ver con los saqueos, por el solo hecho de ir conduciendo una moto. Sin exagerar, fueron pequeños brotes de "escuadrones de la muerte".

Pero reconocer la falta de legitimidad, no del reclamo sino de los acuerdos arrancados "bajo extorsión", no significa que no deba exigirse, por parte de los trabajadores públicos, incluidos los policías, a los gobiernos provinciales y al gobierno nacional, un salario inicial de 8.000 pesos. Si es justo que lo gane un policía, más lo debe ser para un docente. Y también para los profesionales de la salud, los judiciales o los municipales.

Es muy probable que si los gobiernos provinciales logran que la Justicia anule los acuerdos con la policía porque fueron "extorsivos", luego muchos de esos gobiernos intenten hacer lo mismo cuando se produzcan paros de los choferes del transporte o los médicos de los hospitales públicos.

Algunos periodistas no muy queridos por los trabajadores, ya lo vienen insinuando desde hace tiempo, en columnas de opinión donde se reitera la calidad de "rehenes" de los ciudadanos frente a las luchas de los trabajadores públicos, aún cuando se reconozca que sus reclamos son legítimos.

En el caso de la policía, considero correcto que se les impida la sindicalización, no sólo porque constituyen una fuerza armada, sino también por la poca democratización de la institución durante décadas. Una fuerza policial en estado de asamblea, es bastante difícil de adiestrar para la lucha contra la delincuencia o para la investigación de delitos complejos como el narcotráfico, la trata de personas, etc. Sí se podría permitir que elijan delegados para negociar salarios y condiciones de trabajo, sin derecho a huelga ni otras medidas de fuerza.

Derecho a huelga

Avalando estas presunciones, en Córdoba, De la Sota se apresta a iniciar el año legislativo 2014, el próximo sábado 1 de febrero, anunciando un proyecto de ley para limitar el derecho de huelga en los llamados "servicios esenciales", a pesar de que esto ya está regulado por la ley nacional 25877.

El artículo 24 de esta norma permite a los gobiernos el establecimiento de "guardias mínimas", cuando se producen conflictos colectivos de trabajo en los servicios llamados "esenciales", que son enumerados taxativamente: los servicios hospitalarios, el control del tráfico aéreo, y la producción y distribución de agua potable, gas y energía eléctrica.

El mismo artículo establece que para incluir otros servicios en esta característica de "esencial", sólo podrá hacerse por ley del Congreso Nacional -no por una ley provincial-, y previo un procedimiento que debe incluir, necesariamente, una consulta o negociación con las entidades que nuclean a los empresarios y trabajadores del sector afectado.

El acuartelamiento policial quiere ser aprovechado por algunos gobernantes antiobreros para avanzar en la reglamentación del derecho de huelga, una aspiración que ni siquiera Carlos Menem, en la década del más crudo neoliberalismo en la Argentina, pudo lograr.

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Desiguales

Silvana Melo (APE)

Los 85 propietarios de la mayor opulencia del planeta atesoran la misma riqueza que los 3.500 millones más pobres de ese mismo mundo. Que no es el mismo mundo, porque la tierra se parte como rodajas para el banquete mínimo y el descarte generalizado recibe las sobras casuales de la indigestión.

El informe de Oxfam –una sociedad de 17 organizaciones internacionales- aparece con un título provocador: “Gobernar para elites, el secuestro de la democracia y la desigualdad económica”. Y paseó por los distintos medios del país con lecturas diversas.

Pero con una conclusión abrumadora: la riqueza del mundo está dividida en dos tajadas iguales. Una de ellas está en manos del 1% más rico. La otra, se reparte entre el 99 % restante.

El informe –al que APe tuvo acceso- utiliza una figura brutal que define a las democracias del mundo emergente: el “secuestro de los procesos democráticos por parte de las élites”. Un ejemplo tajante en la historia reciente del país es el menemismo. Diez años durante los que el poder económico perdió toda sutileza a la hora de gobernar: asumió directamente los cargos políticos con un títere pintoresco como representación republicana. El secuestro de la democracia por parte de las elites sucedió brutalmente en los largos y oscuros 90 y en estos años los propietarios del país (que supo volverse un country cerrado para privilegiados) apenas resolvieron volver a la sutileza acostumbrada y dejar los primeros planos a la política.

Oportunidades

Por las dudas que nadie, en el ecuménico concierto mundial, vaya a oler la intención de la búsqueda de una sociedad igualitaria, Oxfam aclara que “un cierto grado de desigualdad económica es fundamental para estimular el progreso y el crecimiento, y así recompensar a las personas con talento, que se han esforzado por desarrollar sus habilidades y que tienen la ambición necesaria para innovar y asumir riesgos empresariales”.

El problema es que la igualdad de oportunidades es una utopía boicoteada históricamente y aplastada a sangre y fuego.

Si el Estado es la dictadura de una clase sobre otra (Hobbes, Locke, Rousseau), la democracia es el espacio apropiado por una elite para concederse privilegios.

La misma organización, insospechable de impulsos revolucionarios, hace un análisis pedestre pero real: “cuando la riqueza se apropia de la elaboración de las políticas gubernamentales secuestrándolas, las leyes tienden a favorecer a los ricos, incluso a costa de todos los demás. El resultado es la erosión de la gobernanza democrática, la destrucción de la cohesión social y la desaparición de la igualdad de oportunidades”.

La violencia social dejó de ser política. Surge del estallido de los residuos sistémicos que emergen de sus confines a buscar lo que debió pertenecerles. Y lo hacen de la peor manera. Con la única conciencia del disvalor de la vida. La propia y la ajena.

El monopolio de las oportunidades (grandes multitudes no accederán jamás si quiera a tener la oportunidad del intento), la desestabilización de las sociedades, las barreras guettales: muros, alambres, cámaras, cercos uniformados, los instrumentos institucionales dirigidos: las leyes, la justicia, el brazo represivo directo del Estado, apuntando claramente a la consolidación de la elite privilegiada, con condenas y cárceles disciplinadoras colmadas del multitudinario desecho social.

Cifras y orígenes

Dice la Oxfam, sobre un estudio del Foro Económico Mundial:

• Casi la mitad de la riqueza mundial está en manos de sólo el 1% de la población.

• La riqueza del 1% de la población más rica del mundo asciende a 110 billones de dólares, una cifra 65 veces mayor que el total de la riqueza que posee la mitad más pobre de la población mundial.

• La mitad más pobre de la población mundial posee la misma riqueza que las 85 personas más ricas del mundo.

• Siete de cada diez personas viven en países donde la desigualdad económica ha aumentado en los últimos 30 años.

Dice la FAO (organismo de la ONU para la alimentación):

• 842 millones de personas en el mundo sufren hambre crónica.

• En 2013, la cosecha global de cereales alcanzó los 2.500 millones de toneladas. ( 8,4% más que en 2012 y un 6% más que en 2011).

• Por primera vez en la historia: la humanidad tiene recursos para alimentar a todos. Pero 1 de cada 8 personas padece hambre.

• En América Latina hay 164 millones de personas bajo todas las líneas de pobreza. La indigencia alcanza al 11,5 %.

• El 30% de la población consume el 60% de la producción.

• En Níger, una familia destina entre el 70 y el 80% de sus ingresos para comprar comida. En los países desarrollados, no supera el 20% y en EEUU el 7 %.

• Cada año, en el mundo, se tiran a la basura al menos 1300 millones de toneladas de comida en buen estado.

Dice el Barómetro de la Deuda Social de la UCA (única medición alternativa al INDEC):

• En Argentina la inseguridad alimentaria alcanza al 11,7%.

• Unos 4 millones y medio de argentinos experimentaron en el último año una reducción en la porción de alimentos que consumía.

• En el período 2012/2013 hubo una cosecha record de cereales de 105,4 millones de toneladas, contra 104,3 millones de toneladas de 2011.

2100 millones de personas (el 30% del total del mundo) consume el 60 % de la producción. El 40 % le queda a los 4900 millones restantes. Esa es la desigualdad, proveedora de violencia y devaluadora de la vida. Esa es el hambre crónica. Es decir, la que llegó para quedarse, como la guerra, como la estupidez, como la injusticia. El hambre es criminal. Y es el símbolo más brutal del fracaso de la humanidad.

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