lunes, 3 de febrero de 2014

Recensión: "La deuda o la vida"

Francisco José Casamayor Santiago (CADTM, especial para ARGENPRESS.info)

Más de treinta años hace que estalló la crisis de la deuda en los países del Sur, con epicentro en América Latina y materializada sobre todo en el default de México de 1982.

Las instituciones financieras internacionales (Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial), al servicio de los acreedores y de las grandes potencias, impusieron a los países del Sur el ajuste estructural y el pago de la deuda por encima de las condiciones de vida y los derechos fundamentales de las mayorías sociales. Presente esta realidad en la que las medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial no eran neutras y la deuda se convertía en un mecanismo de dominación sobre la soberanía de muchos estados por parte de los acreedores, grandes potencias, grandes corporaciones y grandes promotores de la mundialización neoliberal se creó el Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM) que trabaja desde entonces para situar en el debate público el cuestionamiento de esta deuda y plantear su anulación, pues estaba ahogando a los estados, a sus pueblos y a sus economías (p. 16).



Tomando este punto de partida, la obra colectiva “La deuda o la vida” compuesta de veintidós capítulos que dirigen Damien Millet y Éric Toussaint - dos miembros del CADTM y expertos en el estudio de la deuda del Tercer Mundo y la aplicación de las medidas de ajuste como demuestra los múltiples trabajos que han producido sobre esta temática |1|- rompe los esquemas del Norte/Sur y sin perder la referencia de lo que fue la crisis de la deuda, su gestión y los caminos alternativos que el Sur mostró para afrontar ésta, acercan el problema de la deuda y de su legitimidad a los países de la Unión Europea y de la Eurozona los cuales hoy experimentan el problema de la deuda y la aplicación de las políticas de austeridad tras el estallido de la crisis económica internacional en los años 2007-2008. Esta crisis, como bien se explica de forma transversal a lo largo de la obra, tiene la particularidad de darse en los países centrales del proceso de acumulación capitalista. A su vez tiene la similitud, con otras crisis ya vividas, de que a partir de su origen, en este caso el sector financiero estadounidense, se expande a otras economías y que además el foco de atención para explicar y entender la crisis pasa de los desequilibrios económicos estructurales como la causa esencial de la gestación de la crisis a un problema de endeudamiento público que toma una posición central tanto para justificar un trato preferencial al sector financiero como para justificar, por parte de los gobiernos, la implementación de las medidas de austeridad que les son exigidas por las instituciones financieras internacionales como condición a sus préstamos. Se repite, por tanto, una situación muy similar a la que vivieron los países del Sur durante las décadas de los ochenta y noventa. Así pues, el contenido y objetivo de la obra va en la línea de estudiar cómo se dio el encadenamiento de estos procesos de endeudamiento y cómo este endeudamiento ha abierto la puerta a la llegada de las políticas de austeridad a Europa.

El análisis de estos procesos de endeudamiento en muchos países de Europa se va haciendo a lo largo de diferentes capítulos del libro. En éstos se va analizando la situación de diversos países como los países de Europa del este hasta países de la Eurozona; e incluso sin perder de vista la situación de Japón (capítulo XVI) y tomando a EEUU como el centro mundial de la desregulación financiera internacional y del dominio neoliberal, cuestión a la que los autores dedican un capítulo específico (capítulo XV). En cada caso estudiado en la obra se trata cómo se fue gestando la existencia de la deuda, cómo pasa a ahogar y secuestrar la soberanía de los países y cómo prepara el terreno para la aplicación de las medidas de ajuste estructural que son el punto de partida de un modelo económico y social desigual que busca ser dominante en lugares donde hasta ahora, aunque cada vez estaba más presente, no había podido desplegarse en su forma total. Esto último explica que este modelo busque romper con las conquistas sociales y derechos conquistados (los cuáles de cierto modo se conservaban en el modelo de acumulación capitalista de posguerra) y garantizar nuevos espacios de expansión y de la rentabilidad para el capital.

El caso de algunos países de la llamada periferia europea (Grecia, Irlanda y España) toma especial relevancia en este ensayo. El estudio de estos tres países se aborda en diferentes capítulos y se ahonda en la gestación de sus deudas, en las medidas de austeridad que se están aplicando al respecto y cuál está siendo el resultado de éstas en el plano social. Tras la caída de los créditos subprime, y en un contexto de recesión económica mundial, la crisis se extendió al conjunto de sistemas financieros de diferentes países de la Unión Europea lo que hizo que los bancos presentasen problemas de solvencia. Ante el riesgo de que éstos se hundiesen fueron rescatados con miles de millones de euros del erario público, mientras que casi todos los responsables de los grandes bancos culpables de la situación generada seguían en sus puestos sin rendir cuentas y sin asumir responsabilidades por su mala gestión. La trampa de la deuda estaba hecha, sobre todo para los estados más débiles de la Unión Europea. Una crisis que tuvo su raíz en el plano financiero desregulado en el que se operaba de forma desbocada por obtener el máximo beneficio posible se había traducido en un problema de endeudamiento público sobre todo para estos países que representaban el eslabón más débil de la Eurozona –y que aún se agravaría más conforme los inversores institucionales que dominan los mercados financieros impusiesen aumentos de los tipos de interés a estos estados cuando fuesen en búsqueda de financiación. El terreno estaba preparado para la operación del Fondo Monetario Internacional junto a las instituciones comunitarias europeas de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (Troika) en el sur de Europa, imponiendo a estos estados, como condición a sus créditos, la aplicación de las medidas de ajuste estructural similares a las que se aplicaron en los años 70 y 80 en América Latina y que dieron lugar a lo que se conoció como la “década perdida”. Así pues, aparece ahora en Europa una situación similar a la que se dio en los países en desarrollo y que condujo a la creación del CADTM, y es la existencia de una deuda de los estados que sirve como mecanismo de transferencia masiva de la riqueza creada por las mayorías sociales hacia los estratos sociales más ricos.

Ante esta tramposa situación del ajuste estructural, tal y como a ésta se refiere la obra, se aborda la necesidad de que estos países planteen una anulación de aquella parte de la deuda que sea ilegítima. Como bien demuestran los diversos autores de esta obra en muchos de los casos que analizan nos encontramos ante situaciones paradigmáticas de deuda ilegítima como es el caso de España (capítulo IV) en el que según datos del Banco de España a junio 2011 los principales responsables del endeudamiento público recaía en los bancos (32%) y empresas no financieras (con un 31%) , o el caso emblemático de deuda ilegítima de Grecia (capítulo VI) que, si bien el aumento de la deuda pública griega a cargo del sector privado es más reciente, el país heleno contaba con unos niveles de deuda pública más antiguos proveniente de deuda heredada de la dictadura de los coroneles, gastos en armamento (compras a Alemania, Francia y EEUU), Juegos Olímpicos del año 2004 o fruto del sobornos de compañías transnacionales a cambio de suculentos contratos (como fue el caso Siemens). Por tanto, aquella deuda ilegítima que asoló el Sur ahora se da sobre todo con fuerza en la Europa periférica con multitud de puntos en común, como se demuestra a lo largo del ensayo y concretamente en el capítulo XVII.

Con respecto a la cuestión concreta de la anulación de la deuda, esta obra también incluye algunos capítulos (XXI y XXII) que abordan cómo se puede declarar la nulidad de la deuda con fundamento legal y de acuerdo al derecho internacional público. Asimismo el capítulo XX hace referencia a ejemplos de poderes públicos junto a representantes de la sociedad civil - por ejemplo el caso de Ecuador en 2008- que impulsaron procesos de auditoría de la deuda pública y demostraron que el reembolso de las deudas públicas, contraídas al margen del interés general, no es algo obligatorio ya que la anulación de éstas es algo reconocido por la jurisprudencia internacional. No obstante, si bien se puede tener en cuenta estas experiencias de anulación de deudas ilegítimas, en el caso de los países periféricos de la Unión Europea tenemos que tener en cuenta, en este sentido, qué supone y qué conlleva estar inmersos en el marco comunitario europeo.

En el capítulo X se analiza lo que supone el proyecto comunitario europeo para los gobiernos de los países de la zona euro - los cuales dependen totalmente del sector privado para su financiación ya que el Banco Central Europeo, de acuerdo a sus estatutos, no puede financiar directamente a los Estados y además en virtud del Tratado de Lisboa está prohibida la solidaridad financiera entre estados miembros- pero se echa en falta no haber incluido el debate que hoy se está dando en los países de la periferia europea sobre su posible salida del euro y las implicaciones que ello supondría. Así como la relación que puede haber, dentro del marco comunitario europeo, entre esta posible anulación de parte de la deuda y la posible o no continuidad en la moneda única. Si bien esta cuestión es muy acorde al contenido del capítulo X, se trata de un punto temático que en la obra se podía haber tratado de forma transversal a lo largo de la mayoría de los capítulos. Con ello el análisis de los autores, además de tratar los temas que hoy están en la primera línea de la academia y en los círculos del pensamiento crítico, hubiese proporcionado una explicación más profunda y estructural de lo que supone este proceso de endeudamiento en el marco europeo y qué alternativas caben a él. Eso sí, esta explicación profunda de la deuda y de las alternativas que caben en estos países europeos tenía que haber ido más allá de ver cómo se gestó dicha deuda y de los resultados de empobrecimiento de las sociedades que generan las políticas de austeridad, ya que de forma casi involuntaria nos lleva a caer en interpretaciones valorativas. Esta sin duda, es la principal debilidad de esta excelente obra.

Como ya se comprobó, y cómo hoy se observa en Europa, la combinación de crisis de deuda y la aplicación del ajuste estructural son en sí mismas efecto y a su vez oportunidad para la expansión del modelo neoliberal lo que cada vez más nos lleva a una mayor pérdida de la soberanía de los estados. No obstante, esto no significa que el poder de éstos deje de existir. El poder del estado sigue existiendo sólo que, y más en un escenario de crisis de deuda, como sostenía Susan Strange: “cada vez más compartido con los mercados, las empresas y autoridades no estatales” |2|. Esto nos lleva a replantearnos una cuestión que no es nueva y que de cierto modo choca con la tesis general de una menor presencia del estado que predica el paradigma neoliberal, y es hasta qué punto las decisiones y no decisiones escogidas por estos estados son realmente de interés para las mayorías sociales o más bien sirven a intereses muy particulares del poder financiero y de las grandes empresas. Tomar una dirección u otra responde al resultado de la correlación de fuerzas que disputen el poder del estado. No obstante, este punto, el del poder y la correlación de fuerzas hacia el estado como espacio en disputa, en la obra no se aborda. No nos da claves de cómo articular una alternativa de poder para romper con la ofensiva neoliberal más allá de la cuestión de la articulación de los movimientos sociales europeos en torno a la problemática de la deuda, la legitimidad de ésta y la austeridad.

Aunque la obra represente un estudio colectivo muy esclarecedor en lo que respecta al análisis de los procesos de endeudamiento y del ajuste estructural, se echa en falta ir acompañado de una dimensión más política. En este sentido, sin duda hay que tener en cuenta lo que supone el plano de las Relaciones Internacionales ya que estos procesos de endeudamiento y de aplicación del ajuste estructural han dado lugar a una redefinición de las relaciones de poder entre los estados dentro de la Unión Europea, así como a escala internacional. Desde una cuestión económica como es la deuda y su gestión, se puede dar el salto al plano de las Relaciones Internacionales y de la geopolítica mundial. Con respecto a esto, es muy interesante hacer referencia de nuevo a la crítica que hace Susan Strange en “Mad Money” |3| a los teóricos y estudiosos convencionales de las Relaciones Internacionales. Éstos, si bien parten de la cuestión de que la posesión de recursos se relaciona directamente con tener más o menos poder – y viceversa-, en sus estudios de Relaciones Internacionales y de los procesos de la política mundial parecen olvidar la necesidad de llevar a cabo un análisis más profundo hacia la comprensión de las estructuras y el modus operandi de la economía política mundial y concretamente del lugar privilegiado y dominante que ocupa el sistema financiero internacional. Sin duda, el estudio de las Relaciones Internacionales exige no pasar por alto, en un mundo global crecientemente liberalizado, el papel central que tienen las finanzas. Es decir, el estudio de la política mundial no puede obviar estudios como el de este libro que profundiza en el funcionamiento de las finanzas y su impacto, a partir del mecanismo de la deuda, sobre la soberanía de los estados y las condiciones de vida de sus sociedades.

En definitiva, atendiendo al peso de la deuda pública y al impacto que están produciendo las medidas de austeridad en las condiciones de vida de las mayorías sociales, la lectura de fondo que se extrae de esta obra es que cada día se hace más oportuno y necesario plantear la ruptura de la subordinación de muchos gobiernos al poder financiero internacional. Esto requiere poner en el centro del debate la necesidad de una auditoría de la deuda, así como, tener en cuenta qué limitaciones en esto supone el marco de la comunidad europea. A partir de ahí, estos estados, tomando las claves de otras experiencias, podrán ejercer su derecho de suspender el reembolso de las deudas públicas que atentan contra los derechos económicos, sociales y culturales de su ciudadanía. El contenido de este libro nos quiere demostrar que esto es necesario, está justificado y que hay alternativas posibles a la política de austeridad que tan duramente golpea a las mayorías sociales.

Fuente:
- Relaciones Internacionales Número 24 • Octubre 2013 - Enero 2014
- Grupo de Estudios de Relaciones Internacionales (GERI) – UAM
- Revista académica cuatrimestral de publicación electrónica
- Grupo de Estudios de Relaciones Internacionales (GERI)
- Universidad Autónoma de Madrid, España

Notas:
1) MILLET Damien y TOUSSAINT Eric, Los tsunamis de la deuda, Icaria/Intermón Oxfam, Barcelona, 2006. MILLET, Damien y TOUSSAINT, Eric, 50 preguntas/50 respuestas sobre la deuda, el FMI y el Banco Mundial, Icaria/Intermón Oxfam, Barcelona, 2004. MILLET, Damien y TOUSSAINT, Eric, 60 preguntas/60 respuestas sobre la deuda, el FMI y el Banco Mundial, Icaria/Intermón Oxfam, Barcelona, 2009.
2) STRANGE, Susan, “¿Qué Teoría? La Teoría en Mad Money” en Relaciones Internacionales, no 21, Octubre 2012, ps. 123-144
3) Ibídem.

Francisco José Casamayor Santiago Estudiante del Postgrado de “Economía Internacional y Desarrollo”, Universidad Complutense de Madrid.

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La devaluación y la batalla por los precios

Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

Transitada la primera semana del tipo de cambio en torno a los 8 pesos, la discusión está en la lucha por el reordenamiento de los precios.

Las remarcaciones fueron la respuesta inmediata en variados rubros. Casi nada mantuvo los precios previos a la devaluación (los que venían en alza) y eso obligó a un accionar de política económica para inducir reducciones de los precios en diferentes rubros.

En ese sentido sobresale la convocatoria a retrotraer precios al 21 de enero, previo a la importante devaluación gestada en esos días. Sin embargo, las propias autoridades aceptaron incrementos de hasta el 5% en lavarropas o heladeras, la llamada línea blanca, y 7,5% en electrodomésticos. La causa de esta convalidación está asociada al modelo industrial vigente, de armaduría, con elevada presencia de partes y componentes importados, que agregan mayores costos de producción desde la devaluación.

Como vemos, no solo cuestiones de coyuntura aparecen en la realidad, sino que se evidencia la presencia de problemas estructurales, tal como el modelo de desarrollo industrial y su política.

La pelea es por los precios

Esta es la primera pelea que surge luego de la devaluación, la pelea por los precios.

Más allá de la discusión entre fijadores de precios y gobierno, la inflación se siente en la disminución de la capacidad de compra de los ingresos populares y por ello interesa la discusión, entre otros, del precio de la fuerza de trabajo.

Es una preocupación que pasa por los salarios, las jubilaciones y los subsidios de la política social, que están en la base de una protesta social que ocupa nuevamente la agenda política en el país.

Más allá de paritarias en danza, algunas compensaciones aparecen ante el reclamo de los trabajadores, caso del transporte de larga distancia en vísperas del fin de semana.

Los movimientos territoriales, perceptores de planes demandan ajustes de sus ingresos con movilizaciones de ocupación de calles que encuentran preventivas medidas de seguridad que habilitan propuestas reaccionarias de represión.

Por eso, la batalla en estas horas es por los precios de la canasta de consumo cotidiana, pero también del dinero, ya que la tasa de interés fue inducida al crecimiento desde el Banco Central, que aumentó esta semana las tasas de LEBAC y NOBAC a 25,52% y el 25,89%. Estos títulos son parte del pasivo del BCRA y orientan al sistema financiero sobre inversiones.

A su vez, los bancos respondieron con alzas en las tasas ofrecidas a sus ahorristas inversores, elevando con ello el costo el costo del crédito a niveles muy difíciles de sostener por los sectores no hegemónicos. Es un adicional más en la transferencia de costos que engordan los precios que paga la población.

Lo curioso de la cuestión es que lo que se instaló como debate fue la compra de dólares, permitida desde esta semana, obviando el análisis más profunda del impacto de la devaluación y su impacto sobre los precios.

Es que la posibilidad de acceder a la compra de divisas movilizó a una parte de la población con ingresos declarados al mercado de divisas, en lugar de orientar ahorros en satisfacer necesidades de consumo, que al tiempo que las resuelven motorizan la producción.

El resultado concreto es el estímulo a la especulación, en pequeña escala, es cierto, pero especulación al fin, con un resultado de pérdidas de reservas del orden de los 200 millones de dólares diarios, comprometiendo recursos de la sociedad que bien podrían constituirse en fondos de promoción de modelos productivos y de desarrollo para satisfacer demandas y reivindicaciones sociales y ambientales extendidas.

Se generaliza un sentido común favorable a la especulación, en este caso en la compra y atesoramiento de divisas. Según la información oficial, decenas de miles de pequeños inversores compraron promedio menos de 600 dólares. Es una cifra relativamente pequeña, pero que en volumen constituye una importante fuente de pérdidas de reservas internacionales.

Está claro que en sentido contrario, la política gubernamental apunta a restituir reservas que bajan desde los 52.000 millones a comienzos del 2011 a poco más de 28.000 millones de dólares al cierre de esta semana.

El acceso a la compra de divisas deteriora esa posibilidad y estimula la perdida de reservas, a contramano de la necesidad de engordarlas, lo que se busca con negociaciones a las cerealeras para que liquiden cerca de 4.000 millones de dólares almacenados en silobolsas, según fuentes gubernamentales.

La apuesta es al “mercado” y como siempre, se contesta con el “bolsillo”, con el resultado de escaso ingreso de divisas y fuertes salidas que disminuyen el stock de reservas internacionales. Es el resultado de un “mercado libre” más allá de las restricciones a las importaciones y la compra venta de divisas, o la gestión administrada en manos del BCRA.

Nacionalizar el comercio exterior y la banca

¿Tiene sentido mantener el actual sistema? Algunas voces, tal como anticipamos hace poco, comienzan a demandar la nacionalización del comercio exterior e incluso de la banca, ante las maniobras del sector financiero asociadas a la especulación de sectores monopólicos, como denunció oportunamente el propio gobierno.

La apuesta es a que los sectores del agro vendan su producción almacenada y engrosen reservas. La respuesta es que los mueve una lógica inversora, capitalista, a la espera de nuevas devaluaciones para mejorar la rentabilidad del capital invertido. En ese sentido no hay límite y por eso, aun siendo pequeño el mercado ilegal de las divisas, este presiona como objetivo a alcanzar por especuladores y grandes productores y exportadores.

Si ya se devaluó a 8, el interrogante de estos sectores es por qué no ir por más. Por ello insistimos que además de la coyuntura deben pensarse los problemas estructurales en que deriva la tendencia a la concentración de la producción, del monocultivo de la soja y al dominio de lo central de las exportaciones argentinas que ponen en discusión la nacionalización del comercio exterior y la banca.

Pero también hay búsqueda desde la política del gobierno de inversores externos o el retorno al mercado de crédito mundial, todo con el fin de lograr ingresos de divisas que contrarresten la pérdida de reservas.

Las malas noticias son la realidad, y a contramano de la aspiración por el ingreso de recursos externos, las señales vienen en sentido contrario. Es que el CIADI falló otra vez contra Argentina, ahora por 21 millones de dólares más intereses en una demanda presentada por Impregilo de Italia. Argentina había recusado el fallo del 2011 y ahora es fallo en firme.

¿Será ello un anticipo de más deuda pública? Hace poco se reconocieron sentencias por 500 millones de dólares y se decidió pagar con bonos de la deuda pública.

Vale recordar que las demandas cursadas ante el CIADI suman más de 10.000 millones de dólares, por lo que urge salir del CIADI, un ámbito del Banco Mundial. Hay que recordar que Brasil nunca integró ese ámbito y Ecuador, Venezuela y Bolivia se retiraron en el último tiempo.

Sin perjuicio de lo sostenido de la nacionalización del comercio exterior y de la banca, se impone también denunciar la participación Argentina en el CIADI y terminar con las amenazas y sanciones que finalmente paga el conjunto de la población argentina.

Como vemos, la coyuntura económica está fuertemente asociada a problemas estructurales que no pueden obviarse y que convocan a su discusión para soluciones creativas en la perspectiva de modificar la ecuación de beneficiarios y perjudicados en la sociedad argentina, lo que nos lleva al terreno de la lucha política y el poder.

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Argentina: Informe sobre la situación económica del país

Demian (ANRED)

El gobierno viene atravesando un problema de crisis en las reservas, luego de años de pagos de deuda y fuga de capitales. Luego del incremento de las tasas de inflación a partir de 2006/2007, las empresas locales industriales evidenciaron su baja productividad y pequeña escala al ver afectada su tasa de ganancia. Esto tomó especial intensidad a partir del 2011, año electoral en que el Gobierno no quiso correr el riesgo y para evitar la salida de dólares ante las crecientes importaciones fueron implementando un cepo a la compra de dólares, junto con el “uno a uno” para la exportación".

El gobierno viene atravesando un problema de crisis en las reservas, luego de años de pagos de deuda y fuga de capitales. Luego del incremento de las tasas de inflación a partir de 2006/2007, las empresas locales industriales evidenciaron su baja productividad y pequeña escala al ver afectada su tasa de ganancia. Por eso iniciaron las críticas ante el “atraso cambiario”. Esto tomó especial intensidad a partir del 2011, año electoral en que el Gobierno no quiso correr el riesgo y para evitar la salida de dólares ante las crecientes importaciones fueron implementando un cepo a la compra de dólares, junto con el “uno a uno” para la exportación: exigían informalmente a las empresas que quisieran importar que demuestren importaciones por el mismo monto.

Como no fue suficiente para evitar la salida de divisas, en el 2012 Moreno generó barreras arbitrarias a las importaciones, que pueden incluso haber tenido un efecto recesivo en medio de un año de desaceleración económica por la crisis internacional. Cómo la balanza de pagos aún mostraba una sangría, se incrementaron las restricciones a las compras de dólares, hasta volverlas casi imposible, incluso para el turismo. Esta medida fue generando un mercado alternativo de dólares, sea para turismo, para operaciones inmobiliarias u otras. Desde fines de 2011 se implementó una retención a las compras con tarjetas de crédito en el exterior del 20%, que posteriormente se incrementó y se mantiene a un 35% intentando contener la brecha entre el dólar oficial y el del mercado negro (“blue”).

Sin embargo, la medida no funcionó como se esperaba, los gastos se incrementaron con las tarjetas de crédito en el exterior, sea por turismo o para realizar importaciones directas.

Uno de los principales problemas del Gobierno es la disminución de la entrada de divisas al país. Por ejemplo, si bien la balanza comercial fue superavitaria en USD 9.024 millones en 2013, representa una caída del 27% respecto de 2012. Esta variación responde a que el crecimiento de las importaciones fue mayor al de las exportaciones, lo que se refleja en la paulatina erosión del saldo comercial positivo, visto esto en un contexto de exhaustivo aunque arbitrario control a las importaciones. La balanza comercial se vio fuertemente afectada por la situación del sector energético durante 2013: las compras de combustible al exterior aumentaron un 23% respecto de 2012, mientras que las exportaciones cayeron un 24%. Por lo tanto, resulta cada vez más necesario destinar buena parte del saldo superavitario de la balanza comercial a compensar el déficit energético.

Por otra parte, durante 2013 los turistas extranjeros liquidaron USD 1.000 millones menos en el sistema financiero que en 2012. Mientras que las empresas exportadoras liquidaron apenas un 1,5% más -pese a que la cosecha en esta temporada fue un 16% superior a la de la campaña pasada-. La diferencia es la acumulación de saldos exportables en silo bolsas.

A pesar del cepo y de que se devaluó 32% en el año, las reservas siguieron su curso descendente. La devaluación se aceleró en los últimos dos meses pero aun así no alcanzó para disminuir la brecha entre el dólar blue y el oficial.: Se supone que parte de esta escasez de dólares está causada por un remanente de cosecha del año pasado aún no liquidada debido a intereses especulativos del sector agropecuario de no liquidarlas y obtener una ganancia extraordinaria esperando una apreciación cambiaria del dólar.

Sin embargo, cabe preguntarse cuándo van a vender lo producido, ya que la incertidumbre por el valor del dólar genera un incentivo a retener aún más la cosecha, la espera de un dólar más alto. Con tasas de interés por debajo de la inflación, siempre termina ganando el que “se queda” con los billetes verdes o el que tiene la llave para obtenerlos (soja, por ejemplo).

Buscando terminar con este esquema, el gobierno deja subir el dólar a 8 y las tasas de interés a casi 26%. Esto implica una devaluación del 18% en solo una semana.

Se trata de dos medidas claramente recesivas, porque encarece las importaciones que se necesitan para la producción local y favorece a los productos exportables, que en Argentina también se usan en el mercado interno, por lo que arrastran al alza el precio de los alimentos. Al mismo tiempo se encarecen los créditos y esto impacta más que nada en el sector empresario, y a aquellos que se hayan embarcado en un crédito hipotecario.

El impacto sobre la tasa de inflación es inevitable. Partimos de precios que ya se habían acelerado en diciembre y enero (incluyendo tarifas y combustibles) en un aprovechamiento de la clase capitalista de la salida de Moreno. Con este salto abrupto en el tipo de cambio muchos negocios hicieron remarcaciones de un día para el otro o frenaron las ventas porque argumentan que “no hay precios”.

El salario real va a tender a caer, salvo que en las paritarias se consigan aumentos considerables y un compromiso de renegociación de las mismas en un plazo más corto, algo bastante dudoso. Los estatales, provinciales y municipales son los que la tienen más difícil, porque todas las cuentas públicas están ajustadísimas y ya no tienen margen para seguir gastando, pese a que los estatales en varias provincias adelantaron que van a pedir aumentos similares a los otorgados a la policía a fines de 2013. Esa situación pone en alerta a los Gobernadores, que saben que la mayoría de ellos no está en condiciones de cubrir dichos aumentos. Las medidas devaluatorias pueden tener un efecto negativo sobre el crecimiento económico. Se entiende con otro cristal el lugar que ocupa en este “paquete” el plan “ProGreSar” para jóvenes.

En ese sentido, el acuerdo de precios que lanzó el gobierno para contener las paritarias, va a ser difícil de sostener por la presión del dólar oficial. De hecho, ya está habiendo problemas en su implementación. El llamado acuerdo de “Precios Cuidados” comenzó siendo un acuerdo para una canasta de alrededor de 180 productos de consumo masivo con revisiones trimestrales para el área de CABA y GBA, pero que el pasado 24 de enero fue extendido en lo que se denominó la “federalización del acuerdo”.

La agenda económica del Gobierno tiene como puntos principales el dólar y el tipo de cambio, pero le sigue de cerca el control de la inflación. La carta fuerte del gobierno para combatir la inflación es este acuerdo y sostienen que van a defenderlo con uñas y dientes. Asimismo, la posibilidad de que los acuerdos se extiendan a otros sectores de la economía es cada vez más certera y los objetivos principales son los de crear precios de referencia.

La otra veta que queda es el ajuste en el gasto público. Aproximadamente el 80% son salarios y jubilaciones y ahí es bastante complicado ponerse a recortar. El 20% restante lo componen los subsidios y de ahí se lleva la mayor parte lo que se destina a tener planchadas las tarifas de servicios públicos en Capital y GBA, cada vez más altos, que obligan al gobierno a seguir emitiendo. Es de esperar que haya correcciones en este sentido durante el año, como ya hubo en el transporte. Ahí otra vez va a impactar sobre salarios, y va a ser una presión más para las paritarias.

Tampoco es de esperar “buenas noticias” en el frente externo en concepto de deuda que traigan al país dólares frescos y con eso alivien el ataque sobre las reservas. El acuerdo con el Club de París, y el FMI están lejos de cerrarse. Además el único que presta para aumentar reservas es el FMI. Esto va a llevar como mínimo un año. Tampoco las inversiones en vaca muerta, que recién están empezando.

“Apertura del cepo”. Termina siendo como un desdoblamiento pero no formal. Luego de la fuerte devaluación que llevó al tipo de cambio a un pico de 8, el Gobierno anunció la flexibilización del cepo aplicado desde fines de 2011. Así, se permitirá la compra de dólares para atesoramiento con un recargo del 20% como anticipo de ganancias (lo que llevaría a una cotización de 9,60 con un dólar de 8 pesos como “valor adecuado” del tipo de cambio, según el Gobierno). Puede que sea una forma de resguardar poder adquisitivo ante la disparada inflacionaria que se viene. Sin embargo, sólo pueden comprar dólares para atesoramiento quienes ganen por lo menos dos sueldos mínimos en blanco por mes (o sea, $7.200, con un máximo de USD 2.000 por mes), para lo cual es necesario estar en relación de dependencia, ser monotributista o autónomo. Mientras que para gastos con tarjeta en el exterior y compra de dólares para turismo sigue vigente el recargo del 35%.

En definitiva, va a ser un año complicado para los trabajadores y los sectores populares, porque la inflación va a subir y es muy probable que se venga una sintonía fina 2.0 que obviamente va a ser disfrazada como una quita de subsidios a sectores “pudientes”, como hace dos años.

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Claromecó contra el fracking

Félix Herrero

- ¿Quién mató al comendador?
- Fuenteovejuna, señor. Todos a una.
- ¿Quién es Fuenteovejuna?
- Todo el Pueblo, señor.
Félix Lope de Vega, Fuenteovejuna

Al norte de México se encuentra la llamada Heroica Ciudad Juárez, donde la delincuencia antifeminista avergüenza a la calidad de convivencia de nuestra América por la matanza sistemática de mujeres.

Al sur de la Provincia de Buenos Aires se intenta establecer otro poder que hasta ahora no parece estar emparentado con el narcotráfico: lo que provoca el conflicto entre el pueblo que se defiende y las petroleras multinacionales que denigran, incluso disfrazadas con la sigla histórica de YPF.

Esos grupos petroleros asociados secretamente (Chevron, Dow, Pampa Energy, petroleras chinas, etc.) vienen propagando una ilusión en beneficios de sus negocios particulares y la estafa a la Argentina con el cuento poco persistente y muy perjudicador del fracking o hidrofractura.

La intervenida y nunca terminada de expropiar YPF se encargó de decir, aunque ahora se desdiga, que El Dorado quedaba en la Vaca Muerta (nacido del dibujo de calculadores y no de la toponimia neuquina) y también en doce provincias, entre ellas la bonaerense.

Benito Juárez argentino

En el sur de la Provincia, una ciudad lleva el nombre del héroe mexicano que impidió que un nuevo imperialismo dominara a su país: los franceses debieron dejar el territorio nacional e incluida la huída del ejército europeo.

En esa ciudad, y en siete partidos de la Cuenca y vecinos de los dieciséis partido de la Cuenca del Arroyo de Claromecó las empresas británicas y estadounidenses que pretenden explorar y explotar buscan el gas metano bajo otra técnica distinta a la del fracking, que integra el grupo de cuatro no convencionales: se trata ahora de la extracción del gas metano del lecho carbonífero en la Cuenca. Otro método pero con consecuencias parecidas.

Benito Juárez es una ciudad de larga tradición agropecuaria y localizada en el entorno de un hermoso paisaje vecino a centros turístic os importantes, como Sierra de la Ventana, Tandilia, balnearios como Claromecó y otros. Son estos sectores los que deben tomar, junto al periodismo comprometido con la verdad, la iniciativa de la defensa contra los peligros reales que provoca el fracking. Siempre recuerdo que en los Estados Unidos cuando los productores rurales (de donde proviene Josh Fox, el cineasta de las películas Gasland) se pusieron a la cabeza de la lucha junto a los periodistas del The New York Times que comprobaron que las denuncias de ambientalistas, políticos y representantes sociales eran ciertas. Vencieron así en la conciencia del estadounidense común y dieron apertura al principio precautorio instalado ya en el derecho de casi todo el mundo mundial.

Los municipios que limitan o son surcados por los arroyos de la Cuenca del Claromecó son dieciséis: Bahía Blanca, Benito Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, General Lamadrid, González Chaves, Laprida, Monte Hermoso, Saavedra, San Cayetano, Sierra de la Ventana y su Reserva, Tandil, Tornquist, y Tres Arroyos,

Hasta el presente, los partidos de la Cuenca y vecinos que han sancionado Ordenanzas declarándose Libres del Fracking o Territorios Sin Fracking son Coronel Dorrego, Coronel Suárez, y Tornquist. Guaminí, partido vecino de la Cuenca pero no integrante de la misma también ha prohibido la técnica del fracking. Por su parte, Tandil sancionó una Ordenanza de "rechazo a la explotación de hidrocarburos en la provincia de Buenos Aires con la utilización del fracking". Por su parte, Tres Arroyos aprobó una moratoria corta, prohibiendo la utilización de exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales durante un año.

En nuestro país, donde ya hay más de 36 prohibiciones o ordenanzas en análisis en este sentido, aparecen, como en los Estados Unidos, las prohibiciones permanentes o las moratorias, en muchos casos de cinco años, en que temporalmente la prohibición rige en sentido inasequible total.

Por otra parte, Carmen de Patagones, el partido más sureño de la Provincia de Buenos Aires y localizado frente a la rionegrina Viedma, sancionó una resolución en contra del fracking.

Igual que Guaminí, Carmen de Patagones que está cercana a la Cuenca, prohibió esta práctica no convencional, aunque no está dentro de la Cuenca, resguardando la actividad productiva y el empleo que se perdería con la fractura hidráulica.

Son entonces, siete los partidos de la Cuenca y vecinos a ella que han prohibido o repudiado la práctica frackinera.

La Cuenca es muy extendida; sus 16 partidos alcanzan el 12 por ciento de los partidos de la Provincia, mientras su extensión llega con sus 45 mil kilómetros cuadrados a casi el 15 del territorio bonaerense. Además, la Cuenca de Claromecó se expande en 20.000 km2 en el mar océano.

La lucha que llevan a cabo las poblaciones está centrada en una asamblea de concejales y organizaciones sociales y políticaS que vienen desarrollando su accionar en dos asambleas regionales realizadas en Sierra de la Ventana y en numerosas reuniones a nivel de ciudades y partidos.

No puede dejar de mencionarse la lucha emprendida por un gran número de vecinos de la Cuenca a los que les quieren vender los “beneficios” del fracking, que, como en Benito Juárez, muchos ponen en duda. No aceptan relato del doradismo basado en un relato de muchas mentiras, como aquella que dice que los costos del hidrocarburo no convencional apenas duplican al tradicional, que no produce fractura del subsuelo sino que consiste en una simple estimulación hidráulica sin efectos de fractura y movimientos subterráneos, que da trabajo que publicitan pero ocultan las fuentes laborales que se pierden. Todo el mundo sabe que la industria petrolera es de capital intensivo, mientras la turística, pesquera y rural son de trabajo intensivo.

Los emisarios de YPF, sin ninguna experiencia y preparación en esta tecnología, que la reciben de la Halliburton y Schlumberger, la vieja (¿vieja?) patrona del director Gallucio quien precisamente ahora está de “visita” a Londres, sede de las filiales de la estadounidense Schlumberger que presidía.

Como YPF tiene firmada también en el secretismo un acuerdo con la Provincia de Buenos Aires no podemos conocer si su relación es con Chevron y también con la British Petroleum (BP) que aparecía en los inicios de las perforaciones en la Cuenca del Claromecó. Los lectores de San Marcos 4.21-23 acaban de leer que tarde o temprano conoceremos la verdad. Dice Marcos que “…no hay nada oculto que no deba ser revelado, y nada secreto que no deba manifestarse”.

Qué pasa en Benito Juárez

En contra de sus antecedentes de no asistir a las reuniones de las poblaciones afectadas, el 23 de enero los funcionarios de YPF fueron a Benito Juárez. La reunión en la municipalidad en una asamblea de vecinos, y siguiendo la práctica aconsejada por los abogados que dicen a los reos que todo se niega, negaron o no contestaron las preguntas de la gente. Negaron que tienen firmado un convenio con la Provincia que hasta ahora reconocían. Negaron que van a hacer fracking en Claromecó sin saber aclarar si van a extraer metano del lecho carbonífero, negaron que habían informado oficial y mediáticamente que la actividad no solo se reduce a Vaca Muerta sino que sin solución de continuidad se instalará en Claromecó, negaron todo y se llevaron la sorpresa que lo vecinos en asamblea estaban muy bien informado de lo qué pasa y de los peligros emergentes que traerán con el fracking.

Luego de la reunión en la casa municipal, el pueblo, todos a una, se reunió en la plaza central de Benito Juárez para continuar con este proceso defensivo pero claro en sus objetivos. Como informa el centro de comunicaciones de B. Juárez, al “…término, los asamblearios se reunieron en la Plaza Independencia para evaluar lo sucedido, resolviendo convocar al resto de la ciudadanía para el próximo domingo 26 del corriente a la Octava Asamblea Popular en el mismo espacio físico, momento en que se mantendrá una charla pública con el experto en hidrocarburos Roberto Ochandio”.

Por otra parte, se convocó a la próxima reunión de la Cuenca para el 8 de febrero, una vez más en la hermosa Sierra de la Ventana. Fue una gran victoria, una etapa de la lucha que continúa, con resultados que deberán desplegarse nuevamente en Vaca Muerta, donde la polémica continuará.

Con agradecimientos a Marcos Díaz, Laura García Vázquez, Sebastián Oliver, e Ignacio Zavaleta, integrantes de las comunidades de Benito Juárez, Bahía Blanca y Guaminí por la información acerca de la Cuenca de Claromecó que nos hicieron conocer.

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Gabriela Delfino: "Este impacto lo pagamos los trabajadores"

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

A fines de enero conversamos con Gabriela Delfino -Suteba Bahía Blanca- sobre la situación laboral, salarial y pedagógica de los docentes de esa localidad y de la provincia de Buenos Aires.



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Negocios que afectan la memoria histórica

Adolfo Pérez Esquivel (ACTA)

Nuestro país vivió el horror de la dictadura militar provocando miles de muertos, desaparecidos, niños secuestrados y desaparecidos, exiliados y la destrucción de bienes y recursos del pueblo.

Frente a la dimensión que cobró en Argentina el terrorismo de Estado, la lucha por la verdad y el enjuiciamiento de los responsables fue acompañado por la creación de los Espacios de la Memoria a partir de la detección de los centros clandestinos de detención, para mantener la memoria sobre lo acontecido y para que nunca más se repitan esos hechos.

El Instituto Espacio para la Memoria (IEM), organismo creado en 2002, fue resultado de esas luchas y concebido como un organismo autónomo y autárquico para garantizar una política pública de derechos humanos que fuera patrimonio de todo nuestro pueblo, con independencia de los diferentes gobiernos de turno e inclusive de la diversidad de expresiones políticas y sociales democráticas y populares. Hoy lamentamos que la existencia del IEM se vea amenazada por un acuerdo de cúpulas que dejan de lado la experiencia acumulada en función de intereses partidarios y gubernamentales, y que quienes son responsables de estos manejos demuestren su mediocridad conceptual y falta de ética política.

En nuestro país, a la vez que el actual gobierno asumió reclamos importantes para el desarrollo de una política de derechos humanos, tuvo lamentablemente una práctica de partidización de esas luchas históricas, que se ha expresado reiteradamente en la apropiación exclusiva de un capital simbólico, que lejos de ampliar la convocatoria genérica, tiende a sectorizarlos y aislarlos dentro de circuitos de disciplinamiento político. Sectorizar es serruchar la propia rama donde están sentados, nadie les quitará históricamente los méritos aportados a la lucha, pero una política que se pretende popular sabe que la mejor garantía para tornarla sustentable es lograr integrar la diversidad y ampliar las coaliciones políticas y sociales para asegurarlas. El intento de control de los espacios de memoria para “construir su propia historia”, acotada y restringida a sus propios intereses, busca destruir el Instituto Espacio para la Memoria, que fue creado para preservar la memoria de nuestro pueblo.

Tal como ocurrió con los negociados inmobiliarios vendiendo espacio público, el Gobierno de la Ciudad y el gobierno nacional, están acordando desmantelar el trabajo y esfuerzo de muchos años realizado por los trabajadores y el consejo directivo del IEM, integrado por organismos y personalidades reconocidas por su defensa de los derechos humanos. Un atropello que se hace sin la más mínima consulta, ausentes de todo tipo de diálogo con el consejo directivo del IEM, y con la complicidad de legisladores kirchneristas y del PRO. Este acuerdo significa quitarle la autonomía y autarquía que tiene para convertirlo en una institución bajo las órdenes del gobierno nacional actual y los que vendrán después.

Por su parte, los trabajadores del IEM también expresaron su preocupación y rechazo frente a quienes pretenden destruir una herramienta tan valiosa para la lucha histórica por memoria, verdad y justicia, como de los distintos centros de detención clandestina durante la dictadura militar. El gobierno nacional busca imponer un museo en el Casino de Oficiales de la ex ESMA, alterando los espacios de memoria sin el consenso de los diversos actores involucrados, y enviando un grupo de la Dirección de Museos para apropiarse por la fuerza de las instalaciones.

No es éste el primer intento de cerrar los espacios de memoria por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que intenta acotar, y en lo posible anular el Parque de la Memoria en la Costanera Norte. El actual Gobierno de la Ciudad quiere sacarse de encima todos estos espacios, dado que nunca tuvo compromiso alguno con la lucha por los derechos humanos, ¿por qué razón habría que facilitarles la tarea? ¿qué intereses y negociados tienen entre ambos gobiernos para llegar a este atropello?

Hacemos un llamado a la responsabilidad de las autoridades nacionales y de la Ciudad, para que respeten los espacios y valores de lucha por la libertad y los derechos humanos y decirles que rechazamos los intentos de destruir el IEM.

Los derechos humanos son patrimonio de la humanidad y no de un gobierno o partido político. Para nosotros la defensa de los derechos de las personas y de los pueblos constituyen una unidad conceptual y práctica, a la vez que objetivos son métodos de trabajo, no bastan las normas, hay que procurar que mayores sectores sociales los incorporen en sus prácticas culturales, sociales y políticas.

Nadie es dueño de los derechos humanos, pero todos tenemos la responsabilidad de respetarlos y hacerlos respetar a través del ejercicio democrático, así como de preservar la memoria que nos ilumina el presente, desde donde podemos construir nuevos caminos de convivencia y de respeto entre las personas y los pueblos.

La resistencia en la esperanza nos permitió construir estos espacios que pertenecen al pueblo, a su historia y a su memoria que se construye día a día, para que las nuevas generaciones participen, y los horrores vividos no vuelvan nunca más.

Adolfo Pérez Esquivel es Premio Nobel de la Paz.

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El proyecto de nuevo museo en la ESMA y las voces de los sobrevivientes

LA RETAGUARDIA

En el comienzo de la carpeta que contiene el proyecto de más de 300 páginas se habla del “Concepto ideológico”. Allí se hace referencia a que el museo sería llevado a cabo “desde el consenso”. “Esta propuesta es el resultado de muchos años de lucha y debate”, se sostiene en otro párrafo. Más adelante puede leerse en el mismo sentido: “Se realizaron presentaciones en Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asociación Madres de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S., Cels, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Defensoría del Pueblo, sobrevivientes”, entre otros. Lo que no aclara es cuáles fueron los resultados de esas presentaciones y por qué no fueron consultados otros organismos. Diferentes actores involucrados, entre ellos muchos de los sobrevivientes y familiares de víctimas, mostraron no solo su desacuerdo con el proyecto, sino también enojo y profunda tristeza.

Nora Cortiñas, en recientes declaraciones a Oral y Público, afirmó: “no quiero que termine siendo un lugar banalizado y que un día la gente vaya allí como un entretenimiento. Que los sábados y domingos vayan y que mientras ellos entran en esas salas que sí muestran el horror, sus hijos estén distrayéndose. Yo no soy fatalista ni negativa, pero así como existe un Auschwitz y los lugares de exterminio del mundo para no olvidar, así como cuando se recorren estos países donde el nazismo hizo también el desquicio y el horror, que podamos ver esos lugares respetados, y si tiene que ser con dramatismo que sea con dramatismo porque el horror ocurrió. Yo estoy en desacuerdo total con lo que quieren hacer en el Edificio Cuatro Columnas y en el Casino. En la Argentina el horror existió y no lo podemos borrar y en ese lugar, la ESMA, todavía hay mucha memoria para trabajar, todavía la justicia tiene mucho para hacer, entonces no se puede desvirtuar. Seguiremos trabajando con esto y veremos cómo se puede parar”, sostuvo la integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, que es parte del Consejo Directivo del IEM.

Las voces de los sobrevivientes

Osvaldo Barros estuvo secuestrado en la ESMA entre agosto de 1979 y febrero de 1980. Durante una entrevista realizada para un transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), dejó la voz de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) a la que pertenece: “en nuestra opinión esto le va a quitar todo el sentido a lo que ahí ocurrió. Se va a ir transformando en un show mediático. Por ejemplo, el salón dorado era el salón de fiestas del Casino. Incluso se hacían fiestas mientras estábamos ahí secuestrados. Recuerdo estar en Capucha (uno de los lugares donde se arrojaba a los prisioneros) y escuchar la música, los gritos del baile. Ese lugar además funcionó como centro de inteligencia donde se planificaban los secuestros y exterminio, y ahora está programado poner luces y fotos con caras de compañeros y de secuestradores. También pretenden poner fuentes con agua y juego de luces en el medio del lugar dónde había mano de obra esclava de los compañeros, donde se los torturaba". Barros hace referencia a la primera propuesta, que luego sufrió algunas modificaciones. En la de noviembre de 2013 a la que accedió La Retaguardia, las fuentes de agua en el subsuelo ya no figuran, tras haber recibido puntualmente duras críticas en el mismo sentido que las de Barros. La AEDD no fue consultada en tanto organismo de derechos humanos, lo que se desprende también del mismo proyecto, ya que esta organización no figura entre los organismos consultados, aunque sí participaron de las reuniones para sobrevivientes algunos de sus integrantes.

Recordar o resignificar

Otro integrante de la AEDD, Carlos Lordkipanidse, estuvo en la ESMA desde noviembre de 1978 hasta mediados de 1981, cuando recibió el “beneficio” de la libertad vigilada, que consistía en recibir visitas y llamadas de control en el domicilio. Esto sucedió hasta 1983, cuando se fugó con su familia a Brasil y luego a Suecia, donde permaneció hasta 1987. Lordkipanidse se refirió a la iniciativa elaborada respecto a la ESMA desde la Secretaría General de la Presidencia, en especial para el edificio donde se encuentra el Casino de Oficiales. Durante una entrevista con La Retaguardia realizada esta semana, expresó: “nuestra lucha no abarca solamente el hecho de oponernos a esto que se pretende hacer en el Casino por montones de razones, sino que también se trata de la desnaturalización que se le dio al conjunto de la ESMA, a esta resignificación que se le pretende dar desde el gobierno en el sentido de que este es un lugar donde tiene que haber vida, alegría y una serie de cosas más, cuando en realidad eso pasa por encima de los sentimientos de por lo menos cinco mil familiares directos de las víctimas que pasaron por ese lugar”, aseveró el Sueco Lordkipanidse.

De nuevo en la carpeta de presentación, podemos leer: “El proyecto que presentamos resignificará en una narración sostenida por un sistema de dispositivos museográficos esta maquinaria de la muerte (…) Comprendemos que vivenciar el horror, al menos parcialmente, que allí aconteció, es impactante, movilizador, doloroso. Por ello, el tenor de la intervención no será infinitamente denso. Dará al visitante la oportunidad de recomponerse, reflexionar y generar una representación propia de lo visto y experimentado”.

Víctor Basterra es contundente: “para mí a la ESMA no hay que resignificarla. Ese lugar se resiginifica solo”. Basterra también es sobreviviente de la ESMA. Estuvo allí secuestrado entre agosto de 1979 y diciembre de 1983, los últimos dos años con el “beneficio” perverso de las salidas diarias: “desde ese momento sentí que no era el único que estaba secuestrado, sino que también quedaba secuestrada mi familia”, explicó en su última declaración judicial en la Causa ESMA, una más de tantas desde el Juicio a las Juntas. Basterra podía salir pero debía volver a su cautiverio, que incluía trabajo bajo el régimen de mano de obra esclava. Recibió visitas de marinos en su casa ya restaurada la democracia, en 1984. Es integrante del Consejo directivo del IEM y actual guía en las visitas. Basterra cuenta cuál fue la primera reacción que tuvieron al enterarse de la movida: “con un grupo de sobrevivientes nos opusimos abierta y directamente a que se hiciera algo en el Casino, ya que para nosotros tiene que quedar tal cual está y que nadie meta la mano", le dijo a La Retaguardia. Conviene aclarar que el "tal cual está" no implica que allí no haya nada. El museo que está señalizado actualmente y que es abierto al público, no altera los espacios, que permanecen tal cual los dejó la marina al entregarlos, pero explica qué sucedió en cada lugar tanto con señales como con el relato de los guías que están en sus puestos tras haber compartido tiempo y experiencias con los sobrevivientes.

Disneylandia

Basterra recordó cómo fue el día que se abrió el debate en la Secretaría de Derechos Humanos: "yo planteé que no solamente estábamos los sobrevivientes sino también las guías que hacen el recorrido todos los días. Y Oscar Parrilli (Secretario General de la Presidencia) nos vino a mostrar todos los visitantes que tiene la Casa de Gobierno y los pocos que tiene la ESMA; pero a mí no me importa eso, yo no quiero hacer un Disneylandia de esto”, dijo, indignado, y siguió: “esto no es una atracción turística, esto es un recordatorio. Si alguien quiere ir como turista será para saber la historia argentina y cuáles son las consecuencias y el contexto en el que se dieron las cosas. Cuando uno va a Auschwitz sabe que ahí sucedió un Holocausto, una cosa espantosa, pero la ESMA da lugar a muchas interpretaciones porque hay un montón de expresiones que se están dando en este momento que no tienen nada que ver con la tragedia que sucedió en la Argentina. Acá te dicen que hay que cubrirlo con alegría, pero así estás buscando el olvido, más tarde o temprano vas a decir que nos reconciliemos con las fuerzas armadas, incluso con aquellos que torturaron e hicieron desaparecer gente, pero yo aspiraría a que nunca suceda eso, por eso estamos tomando las prevenciones”, .

El concepto de Disneylandia al que se refiere Basterra, también fue utilizado por HIJOS La Plata, que presentó un informe llamado "La Disneylandia de Fresneda y Parrilli", donde se oponen abiertamente a la modificación del actual museo.

En esta nota intentamos contemplar la opinión de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pero, hasta ahora, el resultado fue negativo.

Los claroscuros de Capucha

“Proponemos utilizar dos tipos de tratamientos museográficos: intervenciones tradicionales (historiográficas) a través de paneles, gráficas, fotografías, audiovisuales, objetos, documentos, noticias periodísticas, ilustraciones, testimonios, que provean de información racional (…). Intervenciones contemporáneas (vivenciales) que apelen a las sensaciones, emociones, vivencias, que impulsen la curiosidad, la elaboración y la interpretación de los hechos y su carga simbólica”. Esto se lograría a través de “dispositivos de última tecnología como el mapping, hologramas, iluminación, sonido, temperaturas”.

El proyecto del gobierno, por ejemplo, menciona que para el sector Capucha, uno de los lugares de tortura, donde permanecían arrojados los secuestrados, se prevé la colocación de una tarima que “contiene una pequeña elevación en los bordes para invitar al visitante a recorrer el sitio sobre esta contención. Recurriendo al par ‘luz-penumbra’, las cinco ventanas de Capucha tendrán un sistema de oscurecimiento automático que cíclicamente permita la doble lectura: luz artificial – horror / luz natural – esperanza”.

Al respecto, Lordkipanidse señaló: “acá hay un proyecto que dice ‘vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro’, habla de los claroscuros de las cosas, cuando en Capucha nunca hubo luz natural, siempre estuvo todo tapiado, no había ventanas que dieran luz natural, hay incluso interpretaciones que son caprichosas hasta en el sentido estético, si uno quiere”.

A su vez remarcó que mantienen su postura en relación a que el horror en la ESMA no transcurrió solamente en el Casino de Oficiales, sino en la totalidad del predio de diecisiete hectáreas: “además del Campo de Deportes, que todavía está en manos de la Marina, donde todos sabemos que ahí se cremaban los cuerpos de los compañeros que fallecían en la tortura o que llegaban muertos a la ESMA por haber resistido a la detención o al secuestro”, afirmó.

El museo y el juicio

Enrique Fukman pasó por la ESMA entre noviembre de 1978 y febrero de 1980. También pertenece a la Asociación ex Detenidos Desaparecidos. En una visita a la ESMA guiada por sobrevivientes, en junio de 2013, en la que pusieron al tanto de la situación a organizaciones sociales y periodistas, Fukman detalló: “el lugar quedó igual que como la Marina lo dejó y ese fue justamente un pedido que hicimos en su momento los organismos. No queremos reconstrucciones, ni camas de tortura, nada de morbo. Creemos que el hecho de cómo lo dejaron tiene que ver con el accionar genocida, haberlo dejado todo limpio tiene que ver con el accionar de la dictadura”.

El punto B del proyecto, que describe el “Concepto museográfico”, en un destacado aclara que no se quiere reconstruir las herramientas de las prácticas genocidas, y continúa: “El edificio no se toca. Como imagen podríamos pensar en que es una puesta museográfica que se desenchufa; se recogen los elementos expuestos y el edificio queda tal cual lo encontramos. Llegamos a esta concepción a partir de: los debates existentes sobre el poder del vacío, dar cuenta fehaciente de cómo se encontró el inmueble en el 2004 y la experiencia de las visitas guiadas hasta la fecha”.

Barros resalta todas las pruebas que aparecieron en los últimos años: “el Casino de Oficiales sigue hablando a través de las inscripciones que dejaron los sobrevivientes y compañeros desaparecidos en distintos lugares del Casino, y esto se ve reflejado a partir del trabajo que está realizando un equipo de restauradores, museólogos que investiga cada centímetro cuadrado para ver si se encuentran alguna otra cosa. Fue así que se encontraron inscripciones en el sector de Capuchita, la parte más alta del Casino, donde muchos compañeros estuvieron secuestrados. En otros sectores del segundo piso donde dormían oficiales, pero también donde hubo compañeros secuestrados aparecieron inscripciones. El último caso fue una inscripción que encontraron en Capuchita, debajo del tanque de agua aparecía una hoz y el martillo y una sigla J.D.D. Pensando, ubicando los tiempos se dieron cuenta los museólogos que esa era la firma de un compañero llamado De Marco que es sobreviviente pero que nunca supo dónde había estado, y ahora este año, después de treinta y pico de años, conoció dónde estuvo secuestrado en la ESMA, este es un caso emblemático de por qué no se puede tocar nada de ese lugar", explicó Barros.

En el mismo sentido, entendiendo al edificio como una prueba judicial, el fiscal que actúa en el tercer tramo de la causa, Guillermo Friele, en dialogo con Oral y Público, expresó: “nosotros tomamos conocimiento del proyecto porque justamente la AEDD presentó una medida cautelar para que no se modifique. En su momento respondimos al TOF 5 que entendíamos que esa medida cautelar estaba vigente porque había sido dictada por el juez (de instrucción) Sergio Torres, que sigue siendo competente porque sigue habiendo tramos de la ESMA investigándose. (…) Como se sigue investigando, recabando datos, información en cuanto a nuevas víctimas, creo que en el proceso de conocimiento que estamos llevando adelante en todas las instancias judiciales esto va a seguir ocurriendo, y justamente es el juez de instrucción el que dice que no se le puede modificar el estado de cosas porque hay que seguir investigando”.

Lordkipanidse también criticó que estos cambios se realicen durante el desarrollo del tercer tramo del juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA, una causa que tiene una cuarta etapa en instrucción, por lo que existen pruebas en el predio que podrían sumarse a la investigación: “yo tengo conocimiento de que en el transcurso del año pasado por lo menos tres compañeros que estuvieron detenidos-desaparecidos durante el año ’76, los primeros períodos de los tiempos del golpe, los años más duros de la existencia de la ESMA como centro clandestino, ingresaron al predio por primera vez después de treinta y pico de años. Yo, que ya ingresé muchas veces, los veía a ellos transportarse, como yo me había transportado la primera vez que ingresé en ese lugar, porque yo creo que uno no es dueño ni siquiera de sus propios pasos cuando vuelve a ingresar a ese espacio. Es como que a uno lo vuelven a llevar, lo vuelven a bajar del Falcon y vuelve a bajar la escalerita al sótano y vuelve a revivir todo como si hubiera ocurrido en aquel momento. Este testimonio trasladado al desarrollo del juicio que se está llevando adelante y del próximo que va a empezar es de fundamental importancia, porque es la prueba, es lo que demuestra la existencia del horror, del genocidio, de lo que allí pasó. Entonces ahora uno se va a encontrar con que hay una estación de vidrio que te interrumpe el paso, alguien que transitó por esos lugares solamente con una capucha puesta sobre la cabeza y se acuerda que los números de escalones que hay son ocho, nueve, diez, tres, tres, ocho, nueve y diez, como yo lo recuerdo, ahora se va a encontrar con un vidrio; si eso lo hace con los ojos cerrados se va a chocar con un vidrio”. Los sobrevivientes hablan y logran conmover aún cuando muchas de sus historias hayan sido escuchadas con anterioridad.

La memoria es del pueblo

En diálogo con La Retaguardia, Lordkipanidse sostuvo que esta situación le hizo recordar a la visita a la Argentina en plena dictadura cívico militar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras las denuncias de lo que estaba ocurriendo, particularmente en la ESMA: “lo que hicieron los Marinos fue modificar la ESMA evitando el recorrido de alguna persona que haya sobrevivido a ese lugar y que lo haya transitado con la capucha puesta. Cambiaron el sentido de las escaleras, sacaron el ascensor, tapiaron una puerta que figuraba en un lugar y la pusieron en otro; entonces ese que entraba a la ESMA nuevamente con los ojos cerrados se encontraba con que las cosas habían cambiado. Ahora que esto lo pretenda hacer la actual administración gubernamental de la Nación en la ESMA, hacer exactamente lo mismo que pretendieron los marinos, o sea modificar el lugar al punto que no se lo reconozca, a mí me parece lo más bajo… más bajo que esto no se puede caer”, aseveró Lordkipanidse con dureza.

“Desde la Asociación tenemos el mismo posicionamiento desde el principio mismo de la existencia de este centro clandestino de detención en manos de las víctimas, tras habérselo sacado a los marinos –explicó Lordkipanidse–, entendiendo como víctimas a la totalidad del pueblo argentino. Los que pasamos por ahí o sufrimos ese lugar, es decir las víctimas directas, no somos las víctimas exclusivas, por eso decimos y sostenemos, tal como lo hicimos hace poco cuando realizamos una manifestación político cultural en la puerta de la ESMA, que la memoria es del pueblo y no de alguien en particular que se siente dueño de la memoria y la interpreta, exponiéndola desde un lugar como la verdad absoluta”.

“El Dorado se inicia con una estación, en la que el visitante participará de una acción que hemos dado en llamar ´de cuadros bajados´, entre paños opacos proponemos la instalación de un conjunto de treinta cuadros con sus marcos en los que se proyectarán las fotografías de los represores, que en lugar de estar colgadas en la pared, están apoyadas en el piso. Esta acción se complementa con el oscurecimiento cíclico de la sala por medio de unas cortinas automáticas, y la proyección al costado de cada uno de los cuadros de estado procesal de cada uno de los represores. Al mismo tiempo, la fotografía en uniforme de cada uno de los marinos será reemplazada por su fotografía durante los juicios”. Basterra también fue duro al referirse a este punto: habló de "intento de hegemonía", para referirse al estilo de avanzar contra toda opinión, sea quien fuere el que se opone y sus argumentos.

Testigos sobrevivientes

Testigos sobrevivientes puede sonar reiterativo. Hasta aquí alcanza con decir solo testigo o solo sobreviviente, y se sobreentiende la referencia a aquellos que consiguieron atravesar la muerte y seguir con vida alzando sus voces. Sin embargo, la repetición de conceptos podría volverse necesaria.

Los textos que poblarán los paneles de las diferentes estaciones del nuevo museo serán sometidos aún a correcciones y cambios, pero en el proyecto a noviembre de 2013, uno de los primeros dice: “A partir de aquí comenzaremos a vivir una experiencia que nos transformará en testigos. Está en cada uno de nosotros la responsabilidad de transmitir a la humanidad este testimonio de verdad, justicia y memoria. Por nuestra historia. Por nuestro presente. Por nuestro futuro”. La figura del testigo, en el contexto de lo que conocemos como Terrorismo de Estado, es esencial. Cada una de las historias que conocemos de aquella época son parte de nuestra historia gracias al rescate que, una y otra vez, los testigos -en tanto sobreviventes- han dejado durante las instancias judiciales abiertas desde la confección del informe de la Conadep (conocido como Nunca Más) hasta la fecha. Sin ese aporte, podríamos suponer, pero nunca saber de manera fehaciente y mucho menos podríamos juzgar a los responsables. Cualquiera de las anécdotas -algunas tenebrosas, otras esperanzadoras- que quienes permanecieron desaparecidos en la ESMA relatan, parecen intransferibles. Pensar que los visitantes podríamos convertirnos en testigos, parece al menos muy pretencioso y corre el riesgo de subvaluar el rol que los sobrevivientes.

Muchos integrantes de organismos de derechos humanos, al igual que muchos sobrevivientes, se preguntan por qué se quiere llevar adelante este proyecto museográfico, qué necesidad existe de poner en marcha esta iniciativa, a pesar de los rechazos y repudios recibidos. “A mí todo esto me provoca en principio preguntas –reflexionó en el mismo sentido Lordkipanidse–: ¿quién es el que dice ‘yo quiero que esto se haga’?, porque hay alguien que evidentemente se siente dueño de una situación y dice ‘yo acá voy a hacer esto’, y me pregunto por qué quiere hacer esto esta persona, o este grupo de personas. Lo primero que me pregunto es el por qué. Y el por qué surge de una cuestión sencilla y simple: este lugar, y el edificio de Oficiales particularmente, funcionó con estas características durante diez años, con los guías tradicionales que los hemos formado nosotros, los sobrevivientes, en función del relato de lo allí ocurrido, sin ninguna clase de dificultad y en forma efectiva en el sentido de que nosotros admiramos el trabajo de estos muchachos y muchachas que trabajan como guías, que han mantenido este relato con veracidad durante tanto tiempo. Ahora lo que se pretende hacer con esto es justamente quitar este relato y constituir uno que es abrumador e individual. Ahora la gente ya no va más en grupo, la construcción de esta forma de visita a la ESMA es de carácter individual, donde uno va atravesando pasillos y se va enterando de cuestiones en la medida en que apriete los botones correctos o se lleve las sorpresas estas de luces que se prenden y apagan, sonidos que surgen y desaparecen. Me sigo preguntando por qué y para qué, si esto se ha podido mantener y ha funcionado en forma correcta, ahora esta gente pretende instalar esta cuestión”.

¿Ahora es cuándo?

Más allá de las valoraciones que se puedan hacer una vez leído el texto de presentación del museo proyectado, de las opiniones en contra o a favor, la pregunta acerca de la oportunidad de la presentación del proyecto está latente.

"Esta propuesta es posible ahora porque hay una fuerte convicción y voluntad política desde el Estado argentino. Porque hay justicia. Se están llevando a cabo los juicios. Porque ha transcurrido el tiempo necesario que permite conjugar la articulación necesaria entre memoria e historia”, dice en otro pasaje de la presentación del nuevo museo.

En declaraciones a La Retaguardia, las reflexiones de Victor Basterra dan cuenta de que ese tiempo transcurrido no es suficiente: "si quieren hacer algo que lo hagan dentro de cien años, pero mientras estemos los sobrevivientes ahí dando testimonio, no. Cuando estemos muertos puede que sí; será sobre nuestras cenizas, pero ya será otra historia. Además, aspiran a que las visitas sean interactivas para cuando nosotros no estemos, pero eso que lo dejen justamente para cuando no estemos. Sin embargo ellos lo quieren hacer para el 2014”.

Carlos Lordkipanidse compartió con Victor Basterra un año y medio de cautiverio en la ESMA: "trabajás o te morís, ellos manejaban el concepto de trabajo, nosotros el de esclavitud", afirmó el Sueco Lordkipanidse en una charla con Oral y Público. En el proyecto de museo, el trabajo esclavo estará representado por sillas "ancladas, aferradas a la tarima para que no se puedan mover".

Acostumbrados a luchar, los sobrevivientes citados en esta nota están decididos a dar pelea y revertir esta situación. Lordkipanidse afirmó que queda por delante una larga tarea para revertir lo que está ocurriendo, que requerirá del esfuerzo de muchos: “es vergonzoso lo que está pasando, y tenemos que pasar esto como superamos tiempos más difíciles. En la ESMA estaban Acosta, Astiz y todos los marinos, ahora ya no están más y para que eso ocurriese se luchó mucho y se los pudo sacar de ahí. Qué quieren decir estas cuestiones de que ahora Mauricio Macri le pasa los CCD al gobierno nacional por un período de veinte años sin usufructo en forma gratuita, ¿qué estamos siguiendo la voluntad de Macri respecto a los CCD? Son varias las preguntas a hacerse, pretendo y trato de mantener la calma porque esto me pone muy nervioso, me angustia mucho y tal vez me haga decir cosas que no debería, pero esta situación tenemos que revertirla de alguna manera y va a implicar un tiempo de lucha y sacrificio”. Otra vez la resistencia. Los sobrevivientes saben algo de eso.

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Memorial del pueblo: Emilser Pereira, el hombre que sacó la foto que no los dejó morir

DIARIO JORNADA - ACTA

Fue fotógrafo de Jornada desde el inicio de los 60 hasta que la dictadura lo condenó al destierro. Y autor de la imagen de los guerrilleros rendidos en el aeropuerto viejo de Trelew, la que recorrió el mundo. Después, debió irse del país. Fue un activo militante. Y construyó un ícono de la historia.


Foto: La foto de hierro. Los que posan rendidos ya no están. Pero la imagen parece hacerlos revivir a cada momento.

Hay una foto que pueden ser todas las fotos. Tal vez ninguna, o pocas hicieron tan largo recorrido a tantas partes y durante tanto tiempo. Es una foto que también se convirtió en el símbolo de una época en que para algunos la vida valía poco. Es una foto de hierro. Eterna. Porque ahí están, vistos por última vez con vida, los jóvenes que a fuerza de su ideología armada, querían cambiar el mundo. Ahí están con esas mismas armas rendidas a sus pies como están rendidos ellos ante los duros brazos de la dictadura que días después se iban a teñir de sangre.

Es de hierro y eterna esa foto como el que está detrás. El que comienza a escribir con su cámara una de las épocas más sangrientas que vivió la Argentina. Detrás de esa foto hay un hombre que también es de hierro, que también es eterno: Emilser Pereira, por entonces fotógrafo de Jornada. Militante de los sueños y de la vida. Cumpliendo con una de sus grandes pasiones como lo fue la fotografía.

Lejos estaba de pensar que detrás de ese click, Emilser comenzaría a vivir su propio calvario y que también con los años se convertiría en uno de los héroes de Trelew. Como lo hacía siempre, estuvo en el momento justo, en el lugar indicado. Eso, en lo que hace a su profesión. Tal vez si se sacan las cuentas que siempre nos saca la vida, Emilser estuvo en el peor momento y en el lugar equivocado.

Fotografió sin que ningún entorno le importara, a los guerrilleros rendidos en el aeropuerto de Trelew, en el atardecer del 15 de agosto de 1972.

Habían osado burlar las cadenas de la dictadura y fugaron de la cárcel de Rawson, el penal de máxima seguridad al que habían sido confinados. Pero un mal cálculo evitó que llegaran a tomar el avión para huir hacia Chile, hacia la victoria. Siempre.

Entonces ahí, rendidos y humillados estaban frente a los ojos de los marinos que de antemano, sabían su suerte. Quizá también sabían la de Emilser. Al fotógrafo de Jornada poco le importó la mirada oscura de los represores. Y gatilló. Pero sin que saliera ninguna bala. Gatilló su cámara de fotos para retratar la eternidad de un momento trágico y único.

Emilser Pereira, a cuyo crédito corresponde la foto, nació en 1937 en la provincia de Río Negro. En los años ’60 se incorporó a Jornada donde se formó como reportero gráfíco. Durante su actividad política-militante participó activamente en la creación de la Comisión de Solidaridad con los presos políticos desde la llegada de éstos al penal de Rawson.

A partir del año 1973 militó en el FAS (Frente Antiimperialista por el Socialismo). En 1974 fue detenido junto su compañera Miri y ambos puestos a disposición del Poder Ejecutivo en virtud del estado de sitio declarado ese mismo año. Tras sus confinamientos en las cárceles de Devoto, Rawson y Resistencia, pudieron partir hacia el exilio en Venezuela.

Emilser fue miembro activo del Comité Argentino Venezolano de Solidaridad y participó activamente en la denuncia por la violación a los derechos humanos en la Argentina. Falleció en Caracas en 1986 sin haber vuelto al país.

“Emilser ya había comenzado su trabajo en Jornada en la parte administrativa. Con su excelente caligrafía, labraba el libro de actas y otros libros contables. Además, todas sus otras cualidades también eran excelentes: educado, de buen carácter, cumplidor y especialmente leal. Si, especialmente leal. Pronto quise tenerlo más tiempo a mi lado y de ahí, a sacar fotografías juntos y compartir asados y amigos, hubo un solo paso. Luego lo perdimos cuando fue reprimido, detenido y exiliado en Venezula”. Asi lo recuerda José Alberto “Chujo” Feldman, uno de los expropietarios del diario.

Los 60 años de Jornada también son de Emilser. Si hubiera estado ausente en estos recuerdos, hubiera faltado una pata importante de la historia. Además hubiera sido imperdonable. Con su cámara siempre al hombro también dejó para siempre en el recuerdo la conferencia de prensa que en el Hotel Touring dieron los tres sobrevivientes de la masacre, Antonio Berger, René Haidar y Alberto Camps. Como ellos tres, Emilser había sido uno de los pocos que tuvo el doloroso privilegio de ver a los fusilados por última vez con vida. La diferencia es que el fotógrafo se los mostró al mundo.

Dijo Osvaldo Bayer sobre los jóvenes rendidos en el aeropuerto: “Se los ve expectantes. Entre la vida y la muerte. Tienen un rasgo de nobleza que los marinos de guerra pagarán con falsa moneda. De los 16 jóvenes asesinados en forma tan vil, queda esa última foto”. La última. La de hierro. La de Emilser.

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Así nacen y mueren las causas por trata de personas con fines de explotación sexual

Giselle Scardilli (RED ECO)

Por complicidad entre funcionarios públicos, judiciales y de las fuerzas de seguridad, o por el miedo que provoca el realizar una denuncia ante este entramado de relaciones de poder, las causas nacen y mueren enterrando la posibilidad de descubrir, de castigar y de liberar.

Un trabajador que se encontraba reparando un techo en la localidad de Quilmes escuchó los gritos de una niña de 14 años provenientes de una casa lindera. “Por favor, sacame de acá, no sabés lo que estoy pasando. No se lo deseo a nadie, me obligan a acostarme con tipos”.

Incrédulo tal vez, decidió continuar con su trabajo. Sin embargo, cada día la joven le aportaba un dato nuevo: le contó que la habían llevado a esa casa hacía cuatro meses, junto con su hermana de 17 años, ambas provenientes de la provincia de Misiones. Que sólo les permitían vestirse con ropa interior y que debían atender a varias personas de sexo masculino todas las noches. Que los fines de semana tenía que acostarse hasta con veinte individuos y que cuando se encontraba cansada la obligaban a aspirar cocaína. Finalmente, el hombre decidió realizar la denuncia que derivó en una orden de allanamiento del sitio. El comisario de la División Departamental de Investigaciones de Quilmes fue contundente: “Habiéndose realizado las averiguaciones del caso, se determinó que en el domicilio en cuestión se observan movimientos compatibles con el ejercicio de la prostitución, constatándose que en el lugar funciona lo que en la jerga popular se denomina ‘privado’ - varias jóvenes alquilan un departamento sin la explotación de terceras personas-. En el lugar allanado las mujeres reconocieron hallarse realizando su actividad por propia voluntad sin ser obligadas ni explotadas por nadie y negaron que en el lugar haya habido menores prostituyéndose”. Punto final de la historia y muerte de una causa por trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

Este testimonio del 21 de noviembre de 2005 forma parte de un expediente del Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial de Quilmes, y, lamentablemente, no se lo puede considerar como un caso aislado.

Recordemos que la trata de personas con fines de explotación sexual es el secuestro y comercio de seres humanos y, como tal, es una forma de esclavitud. Un delito transnacional que, junto con el narcotráfico y la venta de armas, constituye uno de los negocios más redituables a nivel mundial.

En el marco de la causa por el secuestro y la desaparición de Marita Verón, Susana Trimarco denunció desde un primer momento y en numerosas oportunidades la connivencia entre funcionarios policiales, políticos y judiciales que obstaculizaron el hallazgo de su hija. En este sentido, uno de los casos más emblemáticos fue el de Daniel Moreno, Juez de La Rioja, quien alertaba a los proxenetas que presuntamente tenían cautiva a Marita sobre los allanamientos que se iban a llevar a cabo para que la escondieran en otro lugar.

El doctor Germán Díaz, abogado de la Fundación María de los Ángeles, explicó a Red Eco que “es frecuente que se delaten estos procedimientos, por eso son pocas las personas avisadas para que no se frustre el allanamiento ni se filtre la investigación”. Si bien no cuentan con estadísticas que indiquen cuántos casos involucran a funcionarios públicos, en la causa de Marita Verón hay numerosas demostraciones de cómo funciona esta red de poderes. Mientras la policía y el poder judicial entorpecían las investigaciones y procedimientos para evitar que encuentren a Marita, el poder político garantizaba la impunidad necesaria para que la rueda continuara girando. “La trata de personas existe porque hay connivencia de sectores corruptos de las fuerzas de seguridad, de la justicia y del poder político, y existe porque es un negocio redondo para muchos funcionarios”, expresó Díaz.

Otro caso paradigmático en la provincia de Tucumán fue el del ex Comisario Héctor Pablo Barrionuevo, quien perteneció 23 años a la policía provincial y llegó a ser Jefe de la División Trata de Personas. En 2011, una trabajadora sexual se acercó a la Fundación María de los Ángeles para denunciar a Barrionuevo, quien abusó de ella y la extorsionó pidiéndole una suma de dinero a cambio de la “bendición” para que ella pudiera ejercer la prostitución en su domicilio. El ex Comisario fue removido del cargo, pero, por miedo, la denunciante no inició otras acciones. “Para nosotros fue un golpe muy grande, desde la Fundación trabajábamos con él, era la persona que daba charlas y capacitaciones sobre cómo proceder ante casos de trata”, manifestó el doctor Germán Díaz.

Por otra parte, Elena Reynaga, asesora y fundadora de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) contó a Red Eco cómo la policía presiona y chantajea a las compañeras a diario: “en los lugares cerrados la policía pasa todos los viernes a cobrar su parte, que no es poca, cae con la excusa de que va a hacer allanamientos por trata de personas y como no encuentra nada, termina chantajéandolas, o haciéndoles causas por proxenetismo a aquellas que están al frente del alquiler. A veces hacen simulación de allanamientos, se aprovechan de la ignorancia de las compañeras”. Reynaga comentó la principal razón por la cual las trabajadoras no avanzan en las denuncias hacia las fuerzas de seguridad: el miedo. Y agregó: “Si en 2004 a una dirigente nuestra, Sandra Cabrera, le pegaron un tiro en la nuca por denunciar públicamente y judicialmente, y hoy la misma policía denunciada es premiada con la jefatura de la provincia, ¿quién va a querer denunciar?”.

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Pueblos Originarios: Temporada represiva 2014

Luis Gauna (RED ECO)

El primer mes de éste año trajo consigo nuevos episodios de represión, aprietes y hostigamientos a los pueblos originarios a lo largo y ancho del país.

Un escenario variopinto es el que ha afrontado la lucha de los pueblos originarios en 2014, con marcados hechos de violencia en diferentes manifestaciones en reclamo por el respeto a su autodeterminación, tierra y viviendas.

El martes 7 de enero, comunidades originarias qom de Chaco, integrantes de la Corriente Clasista Combativa, fueron reprimidos en la localidad de Makallé cuando realizaban un corte parcial de la ruta provincial N° 16 en reclamo del pago adeudado por el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda para la construcción de viviendas en la localidad.

La policía de Resistencia y Makallé, que se apersonó en el lugar, reprimió a mansalva con balas de goma y gases lacrimógenos, dejando un saldo de 8 heridos, entre ellos niños, mujeres embarazadas y ancianos.

A la par de las agresiones, los qom denunciaron luego casos de discriminación por su condición de originarios ante el INADI. "¡Indios de mierda, hay que llevarlos a todos al matadero, para que desaparezcan del todo!", vociferaba el subcomisario Pedro Rivero a cargo del operativo, mientras las fuerzas represivas atacaban a los manifestantes.

Luego de movilizarse hasta la Casa de Gobierno en Resistencia el 9 de enero y tras no ser recibidos por el ministro de Gobierno chaqueño, ya que se encontraba de vacaciones, fueron atendidos por el secretario de Seguridad Marcelo Churin, quien se comprometió a coordinar la reunión con el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, ante la movilización a la capital de Chaco y posibles cortes en las localidades de Castelli, Pampa del Indio, San Martín, Las Palmas y la Leonesa.

El domingo 12 de enero, comunidades e integrantes del Pueblo Kolla fueron reprimidas en tierras de la comunidad Rumi Cruz, a 25 kilómetros al oeste de Abra Pampa, Jujuy, cuando decidieron cortar la ruta que formaba parte del camino que transitarían los vehículos del Rally Dakar. La manifestación reclamaba el respeto a los derechos colectivos y de preexistencia de los pueblos y naciones originarias ante la disposición del evento deportivo del cual no fueron informados en su debido momento y que vulneraba conquistas tales como el derecho a la consulta previa, libre e informada ante decisiones que afectaran directamente a las comunidades.

Los hechos ocurrieron a las 8.30 cuando la infantería se dirigió al lugar donde las comunidades realizaban el corte y los advirtieron que en 10 minutos debían levantar la protesta.

Sin identificación ni orden judicial, sin escuchar la explicación del porqué de la medida, los efectivos arremetieron contra los originarios, golpeándolos y deteniéndolos, sin cesar en la golpiza. "No hace falta orden judicial de desalojo porque tenemos orden directa del gobierno de desalojarlos por las buenas o por las malas", respondió el jefe de infantería a los presentes.

Entre los 10 detenidos se encontraban Sergio Laguna, intendente de El Aguilar, y Armando Kispe, integrante de la Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena de Argentina, quién el 20 de enero sufrió nuevamente hostigamientos por parte de la Infantería de la policía de Jujuy y fue detenido cuando se encontraba en un festival folklórico de Abra Pampa.

"Responsabilizamos y denunciamos a los gobiernos local, provincial y nacional por la brutal represión, persecución y judicialización de los hermanos que defendemos nuestros derechos; y a los organizadores del famoso Rally Dakar y a los empresarios que financian esta actividad, sólo con el fin de garantizar un negocio millonario y permitir que nuestras comunidades y paisajes sean una mercancía turística para unos pocos", manifestaron las comunidades kollas.

Horas después de que Armando Kispe fuera detenido, a kilómetros, más precisamente en inmediaciones a Cachi en la provincia de Salta, la Comunidad Diaguita Kallchakí "Las Pailas" fue violentamente reprimida cuando resistieron el avance inmobiliario de Carlos Robles, quien pretende usurpar el territorio comunitario desde el 17 de diciembre de 2010.

Con el aval de la Fiscalía Penal N°4 de Salta, a cargo de Gabriela González (fiscal que ha sido denunciada por abuso de autoridad por violar el Derecho Colectivo de los Pueblos Originarios de acuerdo a normativa nacional e internacional), casi 60 efectivos bajo la orden de un agente de apellido García, atacaron a los comuneros originarios que impedían que se instalara un portón que cierra el acceso al camino comunitario.

Fueron detenidos delegados comunitarios, autoridades, menores de edad, mujeres y delegados del Consejo de Participación Indígena que representan a la comunidad ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.

La represión continuó hasta el día siguiente y el saldo en daños materiales fue la destrucción de un tinglado que funcionaba como espacio comunitario donde se realizaban actividades culturales y los daños a la Biblioteca comunitaria, además del secuestro de insumos que la misma había recibido como donación.

El entramado entre la Justicia que desconoce tratados internacionales y conquistas originarias con los verdugos de traje y chapa, no ha ocultado en éste nuevo año el carácter de desinterés hacia los pueblos ancestrales, quienes por sí solos tienen que hacer frente al avance cada vez más profundo sobre sus tierras y la violación sistemática hacia sus derechos, envalentonando la voz de repudio de hombres, mujeres y niños ante los golpes, gases y balas.

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Boletín de CORREPI

Desaparecidos, una práctica que no desaparece / El código de faltas cordobés, ni más ni menos que los demás / Violencia es el Estado privatizando las calles / Inicio de año con represión a los pueblos originarios / Diciembre a pura bala.
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Desaparecidos, una práctica que no desaparece
“Patricia Dell´Orto, brutalmente torturada, gritaba: ‘No me maten, no me maten, quiero criar a mi hijita. Llévenme a una cárcel pero no me maten’. Luego se escuchó, pum, pum, dos tiros en la cabeza mataban a Patricia y su compañero”. Así atestiguó Julio López con su voz entrecortada por el llanto y sus manos temblorosas en el juicio al genocida Etchecolatz. El 18 de septiembre de 2006 lo desaparecieron por segunda vez. Y volvieron a matar a Patricia y al grito de una madre desesperada de ternura.
Ahora acabamos de conmemorar los cinco años de la desaparición de Luciano Arruga en Lomas del Mirador. Su mamá habló así: “... Me dijiste vos: ‘Hoy sé, soy Luciano Nahuel Arruga, un pibito que vive en una villa’... Vos me decías que estabas orgulloso de tus raíces, de tu esencia... Cuando me caigo, cierro los ojos y te recuerdo... Los que me quisieron despedazar y destrozaron tu vida me verán de pie...”. Y el conjunto de los familiares presentes afirmaron, “Ésta no es una década ganada para nosotros, es el Estado represor quien mata y desaparece a nuestros hijos”.
Los desaparecidos desde diciembre de 1983 son más de doscientos en estas “democracias”. Allanado el camino con la obediencia debida, punto final e indulto en los ’80, el Estado siguió la práctica usada masivamente por la dictadura de la desaparición de personas, sea en el marco de la represión preventiva como de la selectiva, aunque con distintas formas y diferente sistematización. Luego de detenciones y torturas, arrojan sus cuerpos a basurales, zanjones o los dejan en lugares para simular un accidente, como en las vías del tren. Algunos aparecen con cierta rapidez, como sucedió con Jonathan Lezcano y Ezequiel Blanco en Villa Lugano en 2009; otros, luego de muchos años el azar ayuda a encontrarlos, como ocurrió con el niño Alejandro Flores en Río Cuarto, hallado dieciocho años después, mientras trabajaba una retroexcavadora en 2009. Otros no aparecen nunca.
Los primeros desaparecidos en democracia fueron los mendocinos Adolfo Garrido, Raúl Baigorría y Pablo Guardatti en 1990; en el mismo año, Andrés Núñez en La Plata; tres años después, Miguel Bru; y al siguiente, los entrerrianos Héctor Gómez y Martín Basualdo; en Paraná en 2002, Elías Gorosito; y, en la llamada década ganada, desaparecerían Luciano González en Corcovado; Facundo Rivera Alegre, “El Rubio del Pasaje”, en Córdoba; y no olvidamos que los desaparecidos son más de dos centenares, si bien los más visibles para la sociedad son Julio López, Luciano Arruga e Iván Torres. Siempre las mismas manos asesinas de la policía, ahora con el aporte de la gendarmería y la prefectura.
El trabajador salteño Daniel Solano, desaparecido en Choele-Choel el 5 de noviembre de 2011, es ejemplo de la aplicación de este método en la represión selectiva. Daniel fue llevado como jornalero por Agrocosecha SRL para trabajar en las plantaciones de manzana de la empresa Univeg Expofrut. Los trabajadores comenzaron a organizarse contra la sobreexplotación a la que los sometía el régimen de tercerización laboral. La empresa tentó a Daniel para que informara sobre la incipiente organización obrera. El compañero se negó, sumándose activamente a la lucha. Fue visto por última vez cuando lo detuvo la policía en la madrugada saliendo de un boliche. Se sospecha que fue asesinado en la comisaría 8ª. Este operativo es un complejo entramado compuesto por compañías sin escrúpulos, empresarios de la noche, fuerzas policiales de élite y jueces a sueldo.
Cerrando el círculo dantesco, hoy el gobierno que se proclama “defensor de los derechos humanos” nombra en la jefatura del ejército al general de inteligencia Milani, un genocida. Este señor impulsa una alianza con EEEUU contra el narcotráfico que habilitaría a las fuerzas armadas a participar dentro del territorio nacional, siendo ésta una injerencia prohibida por la constitución que estos mismos políticos elucubraron. La propuesta tiende a recuperar terreno perdido, pues los servicios de inteligencia de EEUU ya trabajan desde hace mucho tiempo con las policías de nuestro continente, a las que entrena y prepara. Y más, estos gobiernos “progresistas” de la región convocan a las instituciones policiales para formar parte en la ONU de las supuestas fuerzas de paz.

El código de faltas cordobés, ni más ni menos que los demás
A pesar de que el sistema de faltas y contravenciones es uniforme en todo el país, incluida la ciudad de Buenos Aires, es en la provincia de Córdoba donde es más visible la lucha organizada contra el código de faltas. Además de la lucha del FOCCOF (Frente Organizado Contra el Código de Faltas), no hay organización cordobesa de trabajadores, estudiantes, social o del tipo que fuere que no denuncie explícitamente el carácter represor de las contravenciones.
La organicidad y dinamismo que tiene la pelea cordobesa contra el código de faltas ocasiona, a veces, que se suponga que se trata de un reclamo válido sólo en ese distrito, que tendría un plus represivo sobre el resto del país. Claramente eso no es así, ya que, como decíamos, hay tantos códigos de faltas o contravencionales como provincias, incluida la CABA, e incluso hay zonas en las que, además de las contravenciones provinciales, existen normas similares de tercer nivel, es decir, municipales, como ocurre en varias localidades de Misiones, y en la propia ciudad de Córdoba.
Los códigos de faltas, el cordobés y los restantes 23, integran, junto a la facultad policial de detener personas “en averiguación de antecedentes” o “para identificar”, según la jerga de cada ley local, la principal herramienta para imponer el control social con que cuentan las policías y el conjunto del aparato represivo. Con las faltas o contravenciones y con la Doble A, cualquier policía puede detener a cualquiera, en cualquier lugar sin necesidad siquiera de inventar una excusa. Si esa detención es cuestionada por arbitraria e ilegal, el policía simplemente dirá que aplicó el código de faltas o la ley de identificación, y no habrá fiscal ni juez que ponga en duda su legalidad.
Tan importante es para el Estado argentino, cualquiera sea el gobierno de turno, que sus fuerzas de seguridad tengan estas facultades para detener personas arbitrariamente, que hace más de 10 años prefiere sostener el incómodo rótulo de “incumplidor de las condenas de la Corte Interamericana de DDHH”, antes que resignarlas cumpliendo con su derogación, como se lo ordenó la sentencia del 18/9/2003 en el caso Bulacio.
En lugar de derogar un conjunto de normas que sólo sirve para reprimir, ya que nada tiene que ver el empleo de las contravenciones o la averiguación de antecedentes con la real prevención del delito (tema en el cual, además, tendrían que empezar por autodetenerse), cada tanto se ofrece, a gusto del consumidor, algún proyectito más o menos potable de reforma de los códigos existentes, como si fuese posible, derogando un par de artículos y mechando alguna palabrita como “derecho de defensa”, “garantía de doble instancia”, “debido proceso”, etc., desaparecer lo que es la propia naturaleza del sistema contravencional: contar con un “sub-derecho penal”, de control local y en manos de las policías, para reprimir preventivamente a pobres, jóvenes y minorías discriminadas; para disciplinar y de paso explotar extorsivamente a quienes encuentran su supervivencia material en la calle (vendedores ambulantes, artesanos, personas en estado de prostitución, trapitos, limpiavidrios, etc.) y, también, contar con una eficaz herramienta para la represión a la protesta, frente a escraches, cortes de calle u otras acciones de lucha, sin necesidad de recurrir al más intrincado camino (al menos en el papeleo que tanto les preocupa) como es el derecho penal formal.
En ese camino, en la ciudad de Córdoba el intendente Ramón Mestre (hijo, heredero y homónimo del represor del Puente de Corrientes en 1999 y del 20 de Diciembre de 2001) anunció la creación de una comisión para reformar el Código de Faltas Municipal, proceso que incluirá una serie de audiencias públicas, y presentará un ante-proyecto de reforma. Igualito que hicieron en la ciudad de Buenos Aires en 2004, proceso que terminó con la reforma claramente represiva que enfrentamos con tantas organizaciones en la jornada del 16 de julio de ese año, con el costo de 17 trabajadores presos por tres años.
Pero el tiro le ha salido por la culata, porque en un ataque de sinceramiento, se designó como uno de los responsables de la comisión de reforma al abogado y empresario José Luis Palazzo, quien actuó como servicio “vocacional” en la empresa EPEC durante la dictadura, ayudando a identificar a los “subversivos” –es decir, a los trabajadores más comprometidos en el gremio que dirigía Agustín Tosco- en la planta.
La designación de un cómplice de la dictadura para dirigir esa reforma al código de faltas pone en evidencia de manera brutal que proponer o aceptar gustosos proyectos de reformas sólo consolida el sistema contravencional, que no es represivo porque esté viejo o mal redactado, sino porque ésa, y no otra es su función. El actual código contravencional de la CABA, que reemplazó los edictos policiales batiendo palmas al grito de “progresismo”, fue cuidadosamente empaquetado, a mediados de los ’90, con la etiqueta de “código de convivencia urbana”, verdadera trampa cazabobos que permitió que algunos, de buena fe incluso, creyeran que era un avance. Fue un avance, pero para la represión. Quienes combatimos los edictos ayer, y hoy lo hacemos con el código porteño, sabemos que era más fácil cuestionar entonces una norma sin legalidad de origen, que enfrentar hoy con éxito las modernas faltas, dotadas de un aparato judicial propio y revestidas de legalidad porque los diputados levantaron la mano para votarlo. Por eso, frente al sistema contravencional, como frente a todo el sistema de detenciones arbitrarias, nuestro reclamo es la derogación lisa y llana, algo a lo que nunca accederá un gobierno que necesite administrar eficazmente la represión, salvo si el pueblo organizado lo pone en jaque y le impone su voluntad.

Violencia es el Estado privatizando las calles
En estos últimos días hemos visto cómo el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se dedicaron a continuar reprimiendo y persiguiendo a los trabajadores, tanto en sus puestos de trabajo como en cortes que realizaron en las calles para reclamar por su situación laboral.
Los manteros de Once fueron desalojados de sus puestos de trabajo, se les incautó la mercadería, se allanaron domicilios a punta de pistola, se llevaron objetos personales y se amenazó a los trabajadores, que respondieron con movilización. Primero fue el corte en Pueyrredón y Rivadavia para reclamar contra los desalojos llevados adelante por el gobierno, realizados en conjunto por la secretaría de Uso de Espacios Públicos de la ciudad y la policía metropolitana. Otros cortes y marchas se sumaron en los días siguientes.
A su vez, mientras se realizaban los desalojos y allanamientos (como siempre, en horas de la madrugada), los medios corrían a preguntarle al comisionado de la metropolitana, Culchaw, por qué tardaban en desalojar todos los puestos de una sola vez y por qué no ponían custodia policial permanente para evitar que los manteros volvieran a instalarse.
Tanto los medios hegemónicos como el gobierno de la ciudad se centraron en criminalizar a los trabajadores, los primeros acusando directamente a los puesteros, y el gobierno a través de la declaraciones de Patricio Di Stefano, subsecretario de Uso del Espacio Público de la ciudad, quien aseguró que "todas las personas que trabajan en Once son parte de una organización que maneja mucho dinero, una asociación ilícita", de la cual, por supuesto, no dio ni el más mínimo indicio. Es más, admitió que estos desalojos se están dando en el marco de un plan del gobierno de la ciudad para “despejar” (“limpiar”, según el comisionado Culchaw) las veredas de vendedores ambulantes. Arguyendo que no permiten la libre circulación y que hacen competencia desleal, criminalizan a estos trabajadores que, ante la precariedad de su situación económica y laboral, se la rebuscan como pueden, poniendo un puesto en la calle, aguantando las inclemencias del clima y la represión del gobierno y la policía.
Como si se tratara de una suerte de “viveza criolla” y no de una estrategia de supervivencia de aquellos que el sistema prolijamente se encarga de correr a un costado cuando de estabilidad laboral y condiciones de vida dignas se trata, este desalojo se suma a todos los que el gobierno viene realizando (Retiro, Constitución, Flores, Florida) y que promete seguir llevando adelante en más espacios de la ciudad.
Del mismo modo, trabajadores de la fábrica Kromberg & Schubert marcharon este miércoles 29 al ministerio de Trabajo, reclamando por los más de 60 despidos que viene realizando la empresa desde 2013 (54 de ellos despedidos en enero de este año) y por las persecuciones que están sufriendo. Fueron cercados por la PFA, camiones hidrantes e infantería, que los dejaron encerrados, sin poder avanzar hasta el ministerio.
A la vez, trabajadores tercerizados de Aerolíneas Argentinas intentaron realizar un corte frente al Aeroparque Jorge Newbery, reclamando el pase a planta permanente, aumento de sueldo y denunciando que la empresa Falcon no realizó los correspondientes aportes a las obras sociales, como una especie de castigo por su reclamo. A la vez que mandaba a la PFA a Aeroparque para impedir el corte y a gendarmería a Ezeiza, Berni hacia declaraciones de rockstar venido a menos, diciendo que "los ciudadanos comunes estamos asqueados y hartos de que un grupo minúsculo, que tiene derecho a manifestarse, corte la calle" y criticando al gobierno de la ciudad por no haber impedido el corte de los manteros de Once, básicamente acusando a Macri de no reprimir lo suficiente, “obligando” al gobierno nacional a “poner orden” en la ciudad. Mientras tanto, por la Costanera no se podía circular, pero porque la cortaban gendarmes y policías.
Así, se creen habilitados para hablar del espacio público como si fuera propiedad de los gobernantes de turno, en la medida en que ellos deciden quién y cómo se lo usa, y utilizan las herramientas represivas y judiciales para impedir que lo hagan los trabajadores, persiguiéndolos y recitando todos los lugares comunes que los medios masivos de comunicación se encargan de reproducir minuciosamente. De esta manera, intentan hacernos sentir ajenos a esos lugares que deberíamos sentir como nuestros, marcando la presencia estatal hasta en nuestra propia subjetividad a la hora de salir a la calle. La única forma de resistir esta política de desalojo y represión, es organizándonos para pelear por nuestros derechos, tomar la calle y que ésta sea realmente pública, no un lugar lleno de policía, gendarmería, rejas y cámaras, sino un espacio del que podamos apropiarnos, del que realmente podamos participar y formar parte.

Inicio de año con represión a los pueblos originarios
Apenas si transcurrió un mes de este nuevo año 2014, y ya se amontonan en la crónica invisible para los grandes medios de comunicación las represiones sufridas por los pueblos originarios en conflicto por la defensa de sus tierras.
El 7 de enero, en Chaco, la policía provincial reprimió a miembros de la comunidad Qom en la localidad de Makallé, que se manifestaban, con un corte parcial, sobre la ruta provincial N° 16. Los gases y los balazos de goma dejaron ocho heridos, incluyendo chicos, mujeres y ancianos, mientras el jefe del operativo arengaba a su tropa: "¡Indios de mierda, hay que llevarlos a todos al matadero, para que desaparezcan del todo!".
El 12 de enero, cerca de Abra Pampa, Jujuy, integrantes del pueblo Kolla decidieron protestar por la forma inconsulta en que se organizó el paso de los vehículos del Rally Dakar, violando sus derechos preexistentes. Los efectivos policiales atacaron a los manifestantes que cortaban la ruta a puro golpe, y se llevaron detenidos a cuantos pudieron.
Alguien preguntó al jefe del operativo si tenían alguna orden judicial para echarlos de la ruta. La respuesta no dejó dudas: "No hace falta, tenemos orden directa del gobierno de desalojarlos por las buenas o por las malas".
Casi al mismo tiempo, en Cachi, Salta, la comunidad diaguita Kallchakí "Las Pailas", que viene resistiendo el avance sobre su territorio de un proyecto inmobiliario privado, fue atacada por más de medio centenar de policías, que ésta vez sí tenían orden judicial para impedir que los miembros de la comunidad siguieran evitando que se cerrara con un portón el acceso a un camino comunitario. Por dos días se extendieron la represión y la resistencia, que culminó con decenas de detenidos, heridos y graves daños materiales en un local comunitario y su biblioteca popular.
Chaco, Jujuy, Salta, sólo tres ejemplos de la represión que a diario se descarga sobre los explotados.

Diciembre a pura bala
Cuando CORREPI presentó, el 29 de noviembre de 2013, la actualización del Archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal, aclaramos, como siempre, que –además del mes de diciembre, que aún no había transcurrido- en poco tiempo deberíamos sumar la infinidad de asesinatos cometidos por el aparato represivo estatal durante 2013 de los que nos enteramos –cuando nos enteramos- más tarde.
Hoy, solamente del mes de noviembre, ya conocemos cuatro casos de gatillo fácil que no están incluidos en el listado que llevamos a la Plaza de Mayo a fin del año pasado: Braian Mogica fue asesinado el 19 de noviembre por el bonaerense Benjamín Gabriel Yuguet. Brian Ezequiel Godoy (17) fue fusilado por un policía el 25 de noviembre en Morón. Gabriel Gutiérrez (25) fue asesinado el 30 de noviembre en Neuquén, después que su testimonio fuera central para la condena del policía que fusiló a Braian Hernández (14).
Ya en el mes de diciembre, registramos los siguientes casos: Gabriel Leonardo Cuenca fue asesinado de un disparo el 3 de diciembre en Corrientes por un policía que vio que había intentado robar una cartera. El 12 de diciembre, en José Mármol, un agente de la PFA fusiló a un adolescente del que no conocemos el nombre. El mismo día, en un hospital de Córdoba, murió Leandro Bustos, el joven que un mes antes había recibido un disparo policial en un ojo en la puerta de su propia casa. El 16 de diciembre, otro adolescente fue fusilado por un bonaerense en Isidro Casanova. El 17, en Tucumán, durante los saqueos, un policía baleó fatalmente a Aldo Molina, de 45 años. El 19, en Mendoza, un policía federal retirado mató de tres balazos a un joven que, desarmado, trató de robarle el auto. El 24 de diciembre, en Floresta, Ángel Duarte, de 40 años, estaba en un corte de calle, protestando por la falta de energía eléctrica. Murió tras un disparo del policía federal Nicolás Encinas. El mismo día, en Villa Luro, alguien avisó a Walter Foco, de 46 años, que había un auto con tres sujetos sospechosos frente a su casa. Como hacía poco lo habían asaltado personas de similar descripción, salió con un arma a la calle. Eran policías federales, y lo fusilaron por la espalda.
También crece la lista de muertos en lugares de detención, como con los ejemplos de Cristian Leonardo Pereyra, que apareció “ahorcado” en su celda de la UP 6 de Rawson, Chubut, el 22 de diciembre; o Héctor Ramírez y Fernando Rivarola, que murieron el 28 de diciembre en el penal Almafuerte de Mendoza, después que los guardiacárceles instigaran una pelea en la que otro preso, conocido “coche-bomba”, los mató con una faca.
Apenas si un incompleto muestreo de cómo el aparato represivo estatal ejerce a diario el control social a sangre y fuego.

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