lunes, 10 de febrero de 2014

La negociación con el Club de París

Alejandro Olmos Gaona (especial para ARGENPRESS.info)

Hace unos días, el Ministro de Economía Axel Kiccillof y el Embajador en la Unión Europea, Hernán Lorenzino, quien es a su vez titular de la Unidad de Reestructuración de la Deuda, viajaron a Europa a los efectos de iniciar conversaciones con los miembros del Club de París , para arreglar el pago de la deuda, que mantiene nuestro país con sus miembros, no habiendo trascendido, los términos del ofrecimiento efectuado por los funcionarios, ya que como ocurre habitualmente los detalles son secretos, y aunque han transcendido algunos datos, siempre prefiero manejarme en mis investigaciones con cifras oficiales, para no caer en errores que puedan inducir a confusión.

La deuda con el Club de París, se arrastra desde el default del año 2001, y el 2 de septiembre de 2008, la Presidenta de la Nación, decidió pagarla en su totalidad con las reservas del Banco Central, para lo cual emitió el Decreto 1394, que también fue firmado por el Jefe de Gabinete de Ministros, Sergio Massa, norma que fue tácitamente suspendida, sin que se diera a conocer los motivos de la decisión, pero que sigue teniendo vigencia.

Debe recordarse que en mayo del año 2011, trascendió que el entonces Ministro de Economía, Amado Boudou habría arreglado finalmente el monto a negociar con el Club de Paris, habiéndose fijado en la suma de 8470 millones de dólares la deuda a pagar. Se enfatizó el “éxito” de haber conseguido una rebaja importante al no reconocerse deudas consideradas ilegítimas. Según fuentes de la cartera económica en ese momento las “deudas que se incluyeron tienen como fundamento contratos acordados luego de diciembre de 1983. Esto llevó a rechazar varios reclamos de acreedores, que sumaban más de cien millones de dólares, que pretendían incluir presuntas deudas basadas en contratos efectuados durante la dictadura militar, no convalidadas por un gobierno democrático” (Diario Página 12, 15/5/2011).

Aunque todas las negociaciones que se efectuaron siempre fueron secretas, los pasivos incluidos también lo son, no se conoce el detalle de los créditos reclamados y el nombre de las empresas privadas involucradas, cuyas deudas asumiera el Estado Nacional, la noticia difundida por los medios oficialistas es un claro ejemplo de cómo se manipula la información y se articula un mensaje que pretende mostrar una actitud independiente y soberana en el manejo de las negociaciones, además del hecho inédito de plantear la ilegitimidad de una parte del endeudamiento que se originara durante la dictadura militar.

Pero como siempre la realidad viene a contradecir el discurso los hechos resultan sustancialmente distintos y las deudas que reclaman los países que integran el Club de Paris, como provenientes de la dictadura cívico-militar no se reducen a esos exiguos 100 millones de dólares que supuestamente se habrían descontado y voy a mostrar cual es la realidad que el gobierno pretende ocultar con su acostumbrado palabrerío mediático pero insustancial.

Dejando de lado deudas canceladas de la década del sesenta, las obligaciones que hoy se van a negociar tienen en parte su origen durante la gestión del dictador Videla, y fueron acrecentadas posteriormente con nuevas deudas contraídas durante la década del 90, después de realizada la V Ronda de negociaciones que culminara en el año 1992, durante la gestión de Domingo Cavallo.

Para poder tener una idea exacta del significado de lo que se va a pagar, es necesario retroceder unas décadas, y llegar hasta el año 1985, cuando comenzaron las primeras negociaciones. En ese entonces el monto de la deuda a renegociar era de 5500 millones de dólares y se estableció como fecha de corte el 10 de diciembre de 1983. En esa fecha (Ronda I) se llegó a un acuerdo por la suma de 2250 millones de dólares, incluidos capital e intereses, siendo importante puntualizar, que todavía las estimaciones no eran definitivas, por lo cual el gobierno de Raúl Alfonsín siguió recibiendo reclamos de acreedores para la posterior conciliación.

En la segunda Ronda, se sumaron montos no refinanciados en la primera y la deuda se estimó en 4250 millones de dólares hasta 1986. Luego en el acuerdo firmado en 1987 se fijó en 5303 millones. Estos montos se fueron modificando con la inclusión de otras deudas, como las de Cogasco, que entraron en las rondas llevadas a cabo durante la década del 90.

Al poco tiempo de asumir Carlos Menem y firmado el acuerdo con el FMI en noviembre de 1989, comenzó una nueva ronda de negociaciones donde se incluyeron 1200 millones de dólares de atrasos en los que había incurrido el gobierno radical. Se acordó capitalizar los intereses atrasados y postergar los vencimientos para los años siguientes, efectuando pagos poco relevantes.

El 19 de septiembre de 1991, se firmó el acta multilateral que puso término a la Ronda IV, consolidándose la deuda, incluidos los atrasos en 7592 millones de dólares.

El último acuerdo con el Club de Paris (Ronda V) se firmó en el marco de toda la reestructuración de la deuda externa efectuada en 1992 a través del Plan Brady, que contó con la participación del FMI, el Banco Mundial y el BID. La deuda a esa fecha quedó en 8900 millones de dólares, a través de distintas reprogramaciones que se hicieron, estableciéndose un nuevo cronograma de pagos, para llegar a cancelar la misma.

En el Boletín Fiscal de la Nación, se indica que al 30 de diciembre de 1996 la deuda era de 6.725 millones de dólares, haciéndose constar además la existencia de deudas con otros bilaterales, por la suma de 3.436 millones de dólares. La cifra disminuye en 1997 a 5.144 millones, más 2959 por deudas bilaterales. En 1998 la deuda es de 4512 millones de dólares, más 2943 (bilaterales), en 1999 es de 3235, más 2682 (bilaterales) y cuando se produce el default del 2001 la deuda era de 1879 millones de dólares, más 2579 millones en concepto de otros bilaterales. Estas deudas bilaterales son préstamos que se negocian en el marco del Club de Paris, e integran las sumas que este reclama..

Producido el default y la interrupción de los pagos, comenzó nuevamente el crecimiento de la deuda, capitalizándose los intereses, estimándose que hasta diciembre del año 2010 la deuda por capital con el Club de parís era de 6298 millones de dólares, según los informes del Ministerio de Economía, por lo que sumando los intereses convencionales más los punitorios, la deuda treparía a más de 9500 millones de esa moneda a la fecha.

Hasta aquí el detalle riguroso de las negociaciones y la evolución de la deuda hasta hoy, donde por razones de síntesis no incluyo los detalles de la reprogramación de intereses, amortizaciones y punitorios por mora. Lo fundamental que surge de las cifras y de las fechas consignadas, es determinar que importe corresponde a la deuda de la dictadura, y cual el que corresponde a los gobiernos a partir de diciembre del año 1983.

Como lo indicara anteriormente, la deuda dejada por la dictadura era de 5500 millones de dólares al 10 de diciembre de 1983, no estando incluida la deuda de Cogasco que era de 918 millones de dólares, la que fue agregada en los acuerdos de 1987. Es decir que sumadas ambas obligaciones nos da un stock de deuda proveniente de la dictadura de 6418 millones de dólares.

A pesar de los pagos que se efectuaron, la deuda siguió creciendo porque se sumaron las obligaciones contraídas con Alemania para la construcción de la Central Atómica Atucha II, por un monto cercano a los 1000 millones de dólares, que si bien fue licitada durante la dictadura, los primeros reembolsos fueron posteriores a diciembre del 1983. Es decir que este crédito recibido durante la gestión de Alfonsín sería el único no cuestionable, por haber sido empleado para los fines por los cuales fue solicitado y el carácter democrático del gobierno que intervino en su efectivización. Para no citar varios documentos que así lo determinan, solo haremos referencia a la nota enviada por el Ex ministro de Economía, Dr. Domingo Cavallo, al Presidente del Club de París, Jean Claude Trichet, con fecha 5 de junio de 1992, donde le expresaba la aceptación de la propuesta de la “reprogramación de los vencimientos de las obligaciones financieras contraídas antes del 10 de diciembre de 1983 por el sector público y aquellas del sector privado cubiertas por un contrato de seguro de cambio o con garantía pública, y cuyos vencimientos ocurrirán con posterioridad al 30 de junio”

Debo hacer un paréntesis para referirme a la deuda de la empresa Cogasco, actualmente reclamada por Holanda, que es una evidencia más de los manejos especulativos de los inversores privados con la anuencia de los funcionarios de la dictadura, la que fue investigada por un cuerpo de auditores del Banco Central en 1984.

La empresa, fue estructurada con el objeto de construir el gasoducto centro-oeste que unía a las provincias de Neuquén y Santa Fe, cruzando por La Pampa, Mendoza, San Luis y Córdoba estando controlada la sociedad por la firma Nacap BV, de Holanda. Como en casos similares se recurrió al crédito externo, y fue así que se obtuvo un préstamo por 918 millones de dólares del Amro Bank, de los cuales entraron al país 292, siendo depositado el resto en el exterior, el que fue utilizado por la empresa para diversas operaciones de pases, obteniendo importantes diferencias de cambios. Además de ello se cancelaron importaciones temporarias, que no generaban movimiento de divisas, con el dinero de la empresa existente en el exterior. Los auditores encontraron una serie de irregularidades e ilícitos, que hacían pasible a la empresa de la aplicación del régimen penal cambiario, lo que significaba multas que iban de 1 a 10 veces el valor de las infracciones cometidas. Debido a que el grupo controlante de Nacap quebró, las acciones pasaron a ser manejadas por el Amro Bank de Holanda, que como integrante conspicuo del Club de París, impuso sus condiciones a los negociadores argentinos, para transformar deudas inexistentes en obligaciones de la República. Los auditores estimaron que las multas podían llegar hasta la suma de 2000 millones de dólares

En la investigación llevada a cabo, se individualizaron con claridad las maniobras llevadas a cabo por esta empresa, sus incumplimientos contractuales, las infracciones a la ley penal cambiaria, lo que llevó a los inspectores a determinar que debían darse de baja del registro de la deuda la suma de U$D 918.3 millones, debido a "fondos no ingresados al país no-reconocimiento de cláusulas contractuales sobre tipo de pases" Sin embargo y a pesar de las evidencias incontrovertibles que surgían de toda la documentación analizada, el Jefe del Departamento de Deuda Externa del Banco Central, Dr. Carlos Melconian, elevó con fecha 24 de agosto de 1987 un informe a la Gerencia de Estudios y Estadísticas del Sector Externo, donde decía textualmente: "No obstante la baja comentada, debe señalarse que sobre la base de los lineamientos para un acuerdo final sobre el contrato del Gasoducto Centro Oeste (informe 480/160 (Expte. 105.322/86) serán refinanciados dentro del marco del Club de París los atrasos que Gas del Estado mantenía con Cogasco S.A. al 31 de diciembre de 1985 (...) Todo ello implica registrar como deuda de la República Argentina y de Gas del Estado las correspondientes obligaciones, por un monto estimado de UD$ 955 millones". El documento fue elevado por la Gerencia a la Comisión N° 2 del Directorio quien la aprobó con la firma de los Dres. Daniel Marx y Roberto Eilbaum, siendo ratificada luego por el Dr. Marcelo Kiguel, Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Banco Central con fecha 21 de septiembre del referido año.

A la deuda de la dictadura refinanciada en el año 1992, se sumaron otras obligaciones contraídas por el gobierno de Menem, lo que explicaría el incremento de la deuda, hasta la cifra que actualmente se conoce. En lo que hace a la que provenía de la dictadura, como lo consignara anteriormente habría quedado en 1879 millones de dólares en el año 2001, por lo cual si se suman los intereses hasta la fecha, que pretende cobrar el Club de París, el resultado sería la deuda neta dejada por la dictadura que correspondería impugnar, dejando sujetas a revisión las otras obligaciones de la década del 90.

Quizás lo difícil para desentrañar la exactitud de las cifras, y mostrar las nuevas deudas, que hoy se van a renegociar en el marco del Club de París, lo constituye la inexistencia de documentación verificable en el Banco Central y en el Ministerio de Economía. Las que he consignado en los párrafos anteriores son solo datos estadísticos tomados de la Subsecretaría de Financiamiento y del Boletín Fiscal de la Nación. Y digo esto porque en el año 2009 solicité al Ministerio datos sobre las deudas, sin que se me pudiera informar nada al respecto. En el año 2011, el diputado Pino Solanas solicitó al Ministro de Economía información sobre lo que se iba a pagar, sin merecer respuesta alguna. Se volvió a insistir, y el Director de Deuda Pública del Banco Central, contestó que se debía pedir la información al Banco Central de la República Argentina. Enviada la nota correspondiente a la Lic. Marcó del Pont, presidenta del banco, se informó, que ellos no tenían ninguna documentación y que había que pedirla en el Ministerio de Economía. Como en una verdadera comedia de enredos, cada una de esas instituciones le adjudicaba a la otra la posesión de documentos que aparentemente ninguna tenía. Finalmente a los pocos meses se recibió una nota del Contador Amado, Director del Departamento de Deuda Externa del Ministerio, acompañando un listado de acreedores, con montos, indicando que esos datos eran toda la documentación que tenían, lo que significa que el gobierno va a negociar la deuda, sobre unos pocos e insuficientes datos, sin que exista documentación respaldatoria alguna, dejando nuevamente al arbitrio de los acreedores la fijación de los intereses, y los punitorios, como ya ocurriera en otro momento.

Esto de la inexistencia de documentación sobre la deuda, no es algo nuevo, ya que en diversas oportunidades el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, solicitó al Banco Central, datos sobre la deuda externa pública y privada, informándosele, que no tenían documentación alguna, y solo datos estadísticos, sin valor contable. Esta es la forma habitual de manejar las cuentas públicas por parte de los funcionarios del Estado, y después como resultado de la violación de sus deberes, se debe pagar una deuda que solo tiene como fundamento la exigencia de los acreedores, y sus propios registros, utilizándose para ello el dinero proveniente del trabajo de todos los argentinos, que el gobierno maneja con total discrecionalidad.

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¿Es utópico luchar contra el capitalismo?: ¡El capitalismo nacional es una utopía!

Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

¿Es posible sostener una sociedad anticapitalista, antiimperialista, socialista?

La crisis capitalista es un dato de la realidad, aunque algunos la nieguen. Es parte de un diagnóstico generalizado, a izquierda y derecha, sin embargo algunos se resisten a esa calificación.

Hace pocos días, el economista Pablo Rojo me discutía la existencia de una crisis mundial y calificaba de utópica mi propuesta en pos del socialismo (1). Era en pleno despliegue de la mega devaluación de fin de enero.

Lo curioso, es que también me calificaba de utópico un periodista de izquierda ante mis comentarios de nacionalización del comercio exterior y la banca realizados en una entrevista radial telefónica antes de la mega devaluación.

No son los únicos, ya que algunos (muchos) amigos que evalúan mis presentaciones públicas me endilgan la imposibilidad de materializar mis propósitos anti capitalistas y que se requieren soluciones para el “mientras tanto”, lógicamente dentro del capitalismo.

Utópicos son los que esperan soluciones para la mayoría dentro del capitalismo

La realidad es que mientras me califican de utópico, el capitalismo realmente existente continúa su desarrollo, con mayor desigualdad a escala mundial y local.

La organización OXFAM presentó en Davos, en el Foro Económico Mundial un informe que entre otras cuestiones relata como 85 fortunas tienen el equivalente de la riqueza de la mitad de la población mundial, unos 3.500 millones de habitantes.

A su vez, la CEPAL, en su último Panorama Social de América Latina difundido a comienzos de este 2014 da cuenta del estancamiento en la tendencia a la mejora de los indicadores sociales verificados en buena parte de la década 2002/2012, con deterioro de las causas que explicaron el gran crecimiento de la región y su impacto positivo en la disminución de la pobreza.

El asunto es que la crisis, con epicentro en el capitalismo desarrollado, situación normal para calificar de mundial a una crisis, empieza ahora a sentirse entre los países emergentes, forma de llamar a aquellos territorios receptores de inversiones externas en plena crisis de los desarrollados, y lógicamente con ellos, el impacto de la crisis se extiende a todo el resto de países, amplificando el fenómeno de la miseria, la pobreza y la mayor explotación de los trabajadores, de los pueblos y de la naturaleza.

Lo utópico es pensar en un “mientras tanto” (difuso) en el marco del horizonte capitalista.

Juan Carlos Pugliese, el ministro de economía en el ocaso del gobierno de Raúl Alfonsín, confesaría a la sociedad que les habló con el corazón y los empresarios le contestaron con el bolsillo. Se puede pensar que se olvidó del orden social capitalista presidido por la lógica de la ganancia y la valorización del capital.

Ocurre lo mismo cuando las autoridades actuales se sorprenden ante la actitud especulativa de la sociedad ante la posibilidad otorgada por la política económica para ahorrar en divisas, o cuando solicitan a los productores vender sus tenencias acumuladas en silo-bolsas para bien de la situación económica nacional.

Ambas acciones, las compras de dólares o las retenciones de producciones, son parte de una cultura propia del orden capitalista incentivado por la posibilidad ofrecida desde la política gubernamental.

Ahora, desde el agrupamiento Carta Abierta se acusa al poder económico de haber obligado al gobierno a devaluar, siendo que el deliberado accionar político podría haber enfrentado, no de palabras, sino con acciones la aspiración por la depreciación de la moneda nacional.

La propia Presidenta aludió a la ausencia de una burguesía nacional, sujeto imprescindible para el sueño utópico del capitalismo nacional a que convocó Néstor Kirchner el 25/5/2003.

¡El capitalismo nacional es una utopía!

No existe ese sujeto burgués para un capitalismo nacional en tiempos de transnacionalización de la economía, verificado en la dominación transnacional de la producción y los servicios en el país, aun en una década de críticas discursivas contra el neoliberalismo, los organismos internacionales y el poder económico concentrado.

Históricamente, el peronismo pretendió suplir la ausencia de burguesía nacional con el papel del Estado como sujeto colectivo para definir ese objetivo deseado.

Resulta que el Estado ha sido reformulado en los 80´ y 90´, siendo la institucionalidad neoliberal, reforma constitucional incluida, con sus tratados internacionales e institutos de libre comercio y defensa de las inversiones extranjeras (TBI, CIADI, etc.), con la legislación favorable a los transgénicos, la reforma al Código minero, la protección a la producción de las terminales extranjeras de la industria automotriz, la promoción de la industria de armaduría, o la ley de entidades financieras supérstite; junto al cáncer de la especulación financiera y el endeudamiento, lo que explica el carácter estructural de la subordinación y dependencia del capitalismo argentino al orden contemporáneo del capital, más allá de buenas intencionalidades discursivas.

Un mérito del kirchnerismo fue captar a importantes sectores de la sociedad y el movimiento popular para su proyecto político de hacer normal el desarrollo capitalista en la Argentina, es decir, crecimiento económico con consenso social y relativa capacidad compensatoria de satisfacer necesidades insatisfechas y deterioro absoluto y relativo de condiciones de vida entre 1975 y 2001.

La convergencia de demanda social hacia el 2001-03 con el discurso oficial kirchnerista favoreció la extensión del consenso que empieza a encontrar límites ante las restricciones para continuar la convivencia del desarrollo capitalista “normal” con paliativos social de inclusión.

Estamos en pleno despliegue del ajuste

El ajuste responde a plena lógica del régimen del capital. No es impuesto por lógica externa, sino por la propia dinámica de la búsqueda de la ganancia, la acumulación y la valorización.

La devaluación desde el 1 a 1 a 1 =1,40 y su proyección 1=3 y su evolución hasta el 1=8 constituyen una política de transferencia de ingresos desde la mayoría de la población con ingresos fijos a la minoría en condiciones de fijar precios en el conjunto de la economía. La política de gobierno, sea fiscal o monetaria, de ingresos y precios, más allá de ciertas iniciativas en el intento de frenar aumentos o administrar el precio de la divisa ha sido funcional al modelo de acumulación de ganancias, de riqueza y de poder.

No todos los países sufren el problema de la inflación, no del modo en que se soportan para la mayoría de la población en la Argentina. El asunto es que la inflación, lo dijimos muchas veces, es la forma específica que tiene el poder económico actuante en el país para redistribuir regresivamente el producto social del trabajo en el país. La responsabilidad gubernamental es esencial, por acción u omisión.

Desde el fortísimo impacto social de la situación económica del 2001-2002, se crearon condiciones para desplegar paliativos que nunca retrotrajeron la situación social a otros tiempos del capitalismo local, previos a 1975, el máximo de redistribución progresiva en el marco capitalista. El tiempo de las reformas encontraron un límite hacia el 2007 y por eso la respuesta del capital hegemónico fue la inflación, que contagia incluso a sectores no hegemónicos, que aumentan precios mientras exista mercado que demande sus bienes o servicios. Por esto es que la inflación no solo tiene sus causas en los grandes fijadores de precios, sino que estos tienen capacidad de extender la cultura remarcadora asociada a la demanda de un patrón de consumo que favorece a los monopolios.

El gobierno se jacta de no querer generalizar el ajuste. Sin embargo, la inflación es ajuste. Es algo que sufre la mayoría de trabajadores, regulares o irregulares, precarios o no, tercerizados o no, activos o pasivos, incluso benefactores de subsidios congelados o actualizadas en una desigual carrera contra los precios de bienes y servicios que consume la mayoría de la población.

La realidad es el ajuste mundial que induce el capitalismo en tiempos de crisis, con especificidades nacionales. En Argentina se pretende disciplinar a los trabajadores que se aprestan a discutir convenciones colectivas, intentando que demanden por debajo de la inflación pasada y en perspectiva, que dicho sea de paso, nadie puede verificar a ciencia cierta ante las incertidumbres de las mediciones del INDEC. Una gran incógnita es el nuevo indicador federal de la evolución de los precios, algo a develar en los próximos días y meses.

No es en las conspiraciones en que se debe indagar sobre los responsables de los problemas económicos de la Argentina, es en el propio capitalismo y su lógica de explotación de fuerza de trabajo (agro y monocultivo, industria de armaduría dependiente de insumos externos) y naturaleza (tierra, agua, minería, hidrocarburos), como en la dependencia del ingreso de inversiones externas (Chevron, por ej.) o préstamos (acuerdo con el BM, búsqueda de acuerdo con el club de París para cancelar deuda ilegítima asumida en tiempos de la dictadura genocida).

Llamemos a las cosas por su nombre: el problema es el capitalismo

Resulta imprescindible cambiar la lógica de razonamiento sobre la solución de los problemas que afectan a nuestro pueblo. No existe salida dentro del capitalismo. Eso es lo utópico. Hace falta enfrentar el orden capitalista y así como el capitalismo tiene sujeto social que lo hace posible, en la vanguardia las transnacionales, los principales estados capitalistas y los organismos internacionales, los que generan el sentido común mayoritario para un patrón productivo y de consumo privilegiando el sálvese quien pueda y el individualismo, el anticapitalismo y el socialismo también requiere de la construcción del sujeto social para el cambio.

Esa construcción de sujeto es el “mientras tanto” entre la denuncia actual al orden capitalista y su gobierno, y la perspectiva para pensar en construir una sociedad alternativa con otro modelo productivo y de desarrollo, bajo el programa de la soberanía alimentaria, energética, financiera en un marco de integración regional no subordinada.

La soberanía alimentaria supone discutir el modelo sojero “transgénico” monoproductor, bajo el comando de las transnacionales de la alimentación y la biotecnología, de Monsanto, Syngenta, Dreyfus, Bunge y otros similares. Se trata de avanzar desde la agricultura familiar y de las comunidades en articulación con comunidades barriales de abastecimiento popular, extendiendo ferias contra grandes cadenas comerciales monopólicas, en beneficio de calidad de vida y empleo extendido con participación popular en la definición del patrón de producción y consumo.

Al remitir a la soberanía energética se supone asumir el proyecto “petroamérica” oportunamente sustentado por Hugo Chávez para articular una política energética común en Nuestramérica, lo que significa aunar criterios de impulso al desarrollo tecnológico y científico autónomo, con aporte de las universidades públicas de la región, con asignación de presupuestos suficientes y una convocatoria a definir el modelo productivo y de desarrollo no solo para el país, sino integradamente con la región.

Apuntamos a sustentar la propuesta de “nueva arquitectura financiera” para la región, con fondo constituido por las reservas internacionales, las que deben dejar de alimentar las finanzas del capitalismo desarrollado para organizar financiamiento propio con Banco del Sur o del ALBA, con aliento a monedas locales, sea el SUCRE (aceptado en el ALBA y que Venezuela podría proponer al Mercosur), o los acuerdos escasamente desarrollados de intercambio con monedas locales como el suscripto entre Brasil y Argentina.

Todo ello es posible si se denuncian los acuerdos bilaterales, se retira a la Argentina del CIADI, se generaliza una campaña contra el libre comercio redivivo en la Alianza Pacífico o en los acuerdos del Mercosur con la Unión Europea, si se audita la deuda pública, especialmente ahora la que demanda el Club de París, que en su mayoría es deuda ilegitima, espuria y odiosa, por haber sido asumida por gobiernos no constitucionales.

Cualquier medida que asumamos en este sentido, sea la nacionalización del comercio exterior y la banca, como venimos proponiendo, supone golpear fuerte al desarrollo capitalista e iniciar la construcción de un nuevo orden que me empecino en llamar socialista. No es una utopía la lucha contra el capitalismo y por el socialismo, es una demanda de nuestro tiempo, es el camino por la emancipación social y la defensa de la naturaleza.

Nota:
1) En el programa de Rolando Graña, tercera posición, 3P, en A24.

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María Elena Saludas: "¿Qué podemos hacer para frenar el poder de las empresas que manejan la economía?"

Andrés M. Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

Con María Elena Saludas de ATTAC analizamos qué efectos traerá la reciente "devaluación" en la Argentina.



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Argentina: En vez de Ajuste, Monopolio Estatal del Comercio Exterior

ECONOMISTAS DE IZQUIERDA

1. La política gradualista del gobierno para enfrentar estos desequilibrios (mini-devaluaciones diarias, reducción de subsidios, acuerdos con cadenas de supermercados y distribuidores) terminó como era previsible. No soportó la presión de los devaluadores y la falta de ingreso de dólares. Resultado: devaluación del 18% en dos días, que completa un 60% en el año y estampida de precios. Como toda devaluación esta lleva implícita una fuerte transferencia de ingresos de los sectores populares (asalariados, jubilados, beneficiarios de planes sociales) a los sectores del capital concentrado.

2. Un gran ajuste. Sin embargo los mercados no se tranquilizaron. El levantamiento parcial del control para permitir atesoramiento no hizo más que abrir una nueva ventanilla de salida mientras que el encarecimiento del turismo al exterior no logró frenar esa sangría mientras que quienes ingresan al país siguen liquidando sus dólares en el mercado negro. A esto hay que agregarle que las reservas son utilizadas para mantener pagos de una deuda externa que nunca fue investigada junto con pagos genuinos de deuda pública y privada. No es serio afirmar como hace el gobierno que “esta devaluación será distinta”. Los efectos ya están a la vista en los primeros días: inflación que se acelera, incumplimiento de los acuerdos, desabastecimiento de productos.
El gobierno improvisa cotidianamente medidas poco coherentes. Un día anuncia medidas de control y al otro, medidas “amigables” para los mercados. Afirma que hay conspiración, pero hace la devaluación que exigen esos conspiradores. La oposición de derecha aprovecha, pero no quiere tumbar al gobierno. Su objetivo es empujarlo a que siga haciendo el trabajo sucio.

3. Los Economistas de Izquierda hemos señalado en diversas oportunidades: el esquema económico gestado por el kirchnerismo es fuertemente dependiente del ingreso de divisas generadas por el agro y de la captura de recursos fiscales vía retenciones. Tanto la Mesa de Enlace como las exportadoras conocen bien estas debilidades del “modelo” y operan sobre ellas, demorando la venta de la cosecha y la liquidación de divisas, promoviendo la devaluación que mejorará sus ingresos e incrementara sus ya abultadas ganancias a costa del bienestar de la mayor parte de la población.
Pero esta innegable capacidad de presión de productores y exportadores para agudizar la restricción externa y de desfinanciar al Estado no puede ocultar la responsabilidad del gobierno nacional, que interviniendo el INDEC y negando una y otra vez la inflación, dejó crecer los precios internos que abultaron la rentabilidad capitalista. Esta política condujo en definitiva a la presión sobre el tipo de cambio.

4. El gobierno resiste las presiones porque sabe deteriorará aún más los salarios y luego concede. Los trabajadores legítimamente saldrán a exigir recomposición del poder adquisitivo, si no se frena la remarcación de precios que hacen los grandes capitalistas el ciclo se realimentará una y otra vez. Como en otras devaluaciones ya están en marcha todos los complementos tradicionales de la ortodoxia: suba de las tasas de interés, reducción de gastos y de la emisión monetaria. El gobierno niega estas medidas y luego las aplica.
El equipo económico busca ganar tiempo esperando el ingreso de dólares de la cosecha gruesa en los próximos meses y que de resultado positivo alguna de las tantas gestiones para conseguir financiamiento externo. Pero al ritmo actual de caída de reservas en ese tiempo de espera, puede producirse un desfasaje entre ingresos y salidas con consecuencias más que dramáticas.
Todos los opositores derechistas son devaluadores. Cuestionan las medidas por pura demagogia cuando en realidad piensan profundizar el ajuste. Ninguna propuesta intenta resolver la crisis con medidas que no se descarguen sobre los trabajadores y los sectores populares. Por el contrario son estos los únicos que objetivamente se oponen a las devaluaciones y son favorables a los controles de precios efectivos.

Actuar con urgencia y decisión política

5. Frente a la evidencia que por el camino actual se marcha a una agudización de la crisis y a mayores ajustes, desde distintos sectores se está reclamando la inmediata reconstitución del manejo estatal del comercio exterior. Los Economistas de Izquierda entendemos que se debe discutir cómo concretar esa medida. No hay otra forma de solucionar las tensiones sino se busca una solución de fondo. Y esta solución no es otra que una versión actualizada de la Nacionalización del Comercio Exterior, de la implantación de Organismos Reguladores (Juntas o Agencias), eficientes que defiendan la producción nacional y fijen los precios de los alimentos, poniendo término así a la especulación que hacen los grandes productores, acopiadores, comercializadoras y fondos de inversión con el tipo de cambio y los precios internacionales y saque el negocio de las manos de los monopolios exportadores. Ese sistema instaurado por el menemismo y hasta ahora preservado por el gobierno, que no ha hecho más que observar como controlan el mercado de granos y se apropian de buena parte de la renta.

6. Es importante subrayar que es una propuesta que hay que aplicarla bien para que el remedio no sea peor que la enfermedad. Es una propuesta prioritaria que hay que aplicar de inmediato antes que el BCRA se quede sin reservas y no tenga margen de maniobras (por eso se debe exigir de inmediato la liquidación de los 3.500 millones de dólares retenidos, bajo amenazas de actuar con la máxima penalidad). No es una propuesta que funcionará en paralelo al actual sistema de comercialización, por el contrario es una propuesta que reemplaza integralmente a lo que ahora esta en manos privadas (acopios, puertos, negociación con clientes, etc.). Una propuesta de esta naturaleza no puede repetir lo que se hizo con YPF. Un día expropiar y varios meses después aceptar pagar más de 5000 millones de dólares a los responsables del saqueo. Medidas así, carentes de mínima consecuencia, terminan agravando el problema. Irritan a los poderosos y no despiertan confianza popular. La estatización del comercio exterior debe instrumentarse sin concesiones a los grupos privados que hoy manejan la actividad.
Los puertos privatizados son la salida al exterior, al estar en manos privadas el Estado no puede ejercer un efectivo contralor. Para EDI Nacionalizar los Puertos permitirá controlar efectivamente que el volumen de las exportaciones coincida con lo declarado por los exportadores y cerrará así otra fuente de escape de divisas.

7. Pero esta no puede ser una medida aislada. La captación estatal de los dólares retenidos servirá si al mismo tiempo se actúa sobre los precios y los ingresos populares. Sobre los primeros es necesario un Control Efectivo de los Precios, los acuerdos en el mejor de los casos duran unos meses, hay que fiscalizar los costos de producción y comercialización de las formadoras de precios. Hay que convocar a los trabajadores para que sean ellos quienes ejerzan el contralor de los costos en fábricas y distribuidoras, y especialmente a los empleados de comercio para el control de los precios acordados en supermercados y negocios minoristas. El Estado debe garantizarles la inmunidad en el trabajo a todos ellos.
Asimismo, hay que impulsar la construcción de mercados populares mayoristas con control social articulados con comercios locales y movimientos populares para crear canales alternativos (como los MERCAL venezolanos) para enfrentar el poder de mercado de los oligopolios productores y distribuidores de mercancías.
La Ley de Abastecimiento está en vigencia y el gobierno debe estar decidido a ponerla en práctica a la menor transgresión de las normas establecidas.
Por el lado de los ingresos hay que compensar ya mismo la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones y planes sociales, con un Aumento de Emergencia como paso previo al llamado a paritarias sin techo. Al mismo tiempo que se prohiben los despidos mientras persista la crisis.

8. No hay formas de frenar la salida de capitales del proceso productivo sin un estricto control de los movimientos financieros asentado en la Nacionalización del sistema Bancario. En las condiciones actuales ninguna medida para incrementar la provisión de divisas tendrá resultado duradero. Es el Estado quien debe manejar todo el movimiento de divisas en el país. Ninguna entidad privada debiera estar autorizada a realizar operaciones de ese tipo, lo que a su vez requiere un Control de Cambios serio y transparente, que controle la veracidad de las operaciones e impida la corrupción, que priorice el uso de las divisas en función de las necesidades del país. Lo que hay ahora es un control caprichoso e irracional de las divisas.

9. Las concesiones al CIADI, las ofertas a los fondos buitres, a Repsol y al Club de París, los peregrinajes del ministro Kicillof buscando fondos frescos, no han dado resultado alguno, salvo abrir el canal de nuevos endeudamientos. El país tiene bloqueado el acceso al crédito y las inversiones si llegan lo harán en cuenta gotas y exigiendo mayores prebendas.
Desde EDI sostenemos que Argentina debe denunciar los Tratados Bilaterales de Inversión, salir del CIADI. Es urgente una Reforma Tributaria Progresiva y recuperar las contribuciones patronales cedidas en los años ’90 para fortalecer el ahorro y la inversión interna.

10. Para los Economistas de Izquierda este es el momento. La Nacionalización del Comercio Exterior, con las medidas complementarias señaladas, tendrá profundas consecuencias estratégicas para la economía argentina, evitará que la crisis la paguen los trabajadores, abriendo el rumbo para implementar una política económica que favorezca a las mayorías populares.
Somos conscientes que este tipo de medidas serán rechazadas por el bloque socioeconómico en el poder y las clases dominantes, por lo que requieren de la construcción de un fuerte consenso popular que asuma el proyecto político, que aun en el marco del capitalismo, esté dispuesto a transitar un rumbo de transformaciones profundas de la economía, el Estado y la sociedad y que potencie las relaciones económicas, sociales, culturales y políticas con los países de la región latinoamericana para una integración soberana.

Buenos Aires, febrero de 2014

Primeras firmas: Claudio Katz / Eduardo Lucita / Jorge Marchini / Guillermo Gigliani / Alberto Teszkiewicz / Julio Gambina / Mariano Féliz / Ariel Slipak / Martín Kalos (Dado la urgencia de la situación este documento sale con primeras firmas a la espera de nuevas adhesiones).

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La tensión entre los salarios y los precios

Luis Tarullo (DYN - LA ARENA)

Siempre hubo en la Argentina momentos de tensión y conflicto en materia de salarios y precios, pero en esta ocasión aparecen reminiscencias de etapas especialmente particulares de las últimas décadas. Los episodios contemporáneos más hostiles se registraron en los tiempos de hiperinflación, aunque, en el último medio siglo, nada pudo superar al trágicamente célebre "Rodrigazo" del gobierno de María Estela Martínez de Perón.

Es cierto que sería muy osado aún equiparar de manera lineal aquellas situaciones con la actualidad, pero igualmente es harto evidente que hay luces amarillas que generan zozobra y
desconcierto. La reciente devaluación dispuesta por la administración de Cristina Fernández y la corrida de precios parecen haber paralizado a los actores del mundo laboral, justo en el momento en que estaban calentando motores para empezar una nueva competencia en
paritarias.

Y empezaron las ideas, las propuestas y los reclamos. Al gobierno solo se le ocurre apelar a la muletilla de que las paritarias son "libres y sin topes", cosa que nadie cree porque está muy
fresco el recuerdo de las movidas de Néstor Kirchner -en varios períodos junto con Hugo Moyano, hasta que el camionero abandonó el redil oficialista- para poner límites por debajo y por arriba a los aumentos salariales.

Es en este marco en el que renacen las sospechas y se mira con expectación una futura reunión entre la presidenta y la CGT oficialista, pactada en las últimas horas por la jefa de Estado y el titular de esa central. ¿Saldrá de allí una intentona para ponerle el pie encima a los reclamos que se consideren "desmedidos"?, es la pregunta que puede formularse en primer término.

Entretanto, la situación es aprovechada por quienes están en la vereda de enfrente del Gobierno que ha enterrado la supuesta épica de la que se vanaglorió durante varios años. Es así como el gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota, anunció que dispuso en la paritaria de los trabajadores estatales de su provincia el mecanismo "maldito" para la administración nacional: una cláusula gatillo para renovar las tratativas en caso de que se desboquen los precios y los sueldos se depriman.

Encima lo dijo en momentos en que se reunía con Moyano, quien lo apoya en su posible carrera presidencial, y en medio de otro hecho destacado para los actuales tiempos políticos: la unidad
gremial en Córdoba.

Así, en el marco de incertidumbre y temores, los porcentajes y fórmulas para los aumentos salariales de 2014 andan volando sin ton ni son por toda la geografía laboral. Algunos sectores, los que todavía gozan de cierta prosperidad por los beneficios obtenidos en los últimos años, han pactado sumas fijas que se ganaron el mote de puente, con vigencia hasta la formalización de las negociaciones.

Otros se esfuerzan por adivinar un número respetable para llevar a las mesas de las tratativas. Lo más meneado está en torno del 30 por ciento, pero se advierte desde el gremialismo que hay actividades que necesitarían varios puntos más para recuperarse de la debacle provocada por la inflación de la cual los trabajadores no tienen la culpa. Y casi todos, por no decir todos y dejar abierto el margen para algún descolgados, coinciden en que en las actuales circunstancias será necesaria más de una discusión anual. Hasta los propios dirigentes de gremios oficialistas así lo admiten.

Mientras, desde el sector empresarial se blande la consigna de que la prioridad sea el diálogo, tanto con el gobierno como con los sindicatos, pero ya hubo quienes lanzaron advertencias ante la demanda salarial. Fue el caso de José Urtubey, directivo de la Unión Industrial Argentina (UIA), quien sostuvo que pueden correr riesgo los puestos de trabajo si los gremios hacen reclamos muy altos. Fue una de las expresiones más directas y sin eufemismos acerca de
que la situación puede ponerse más complicada.

En suma, hay un panorama en el cual la incógnita ya no es saber si habrá conflictos, sino en qué cantidad y de qué intensidad, máxime cuando el alumbramiento del recalentamiento de los tiempos políticos y de los fines de ciclo empieza a concretarse de manera inexorable.

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A sangre y fuego

Jorge Luis Ubertalli (ANRED)

"Un saldo de 9 muertos, 5 bomberos de la Policía Federal, un agente de Defensa Civil de la Ciudad de Buenos Aires, un bombero voluntario del barrio de La Boca y 7 heridos, dejó el incendio de un galpón del barrio de Barracas ocurrido en estos días (...) Vinculada con el fuego en Canadá, Inglaterra, Estados Unidos e Italia depósitos de esta multinacional ardieron, aunque en ninguno de los siniestros se reportaron víctimas. La firma, denominada Iron Mountain, se destaca por brindar seguridad a sus clientes, atesorando archivos confidenciales y destruyendo documentos similares, entre otros menesteres vinculados a los citados".


Un saldo de 9 muertos, 5 bomberos de la Policía Federal, un agente de Defensa Civil de la Ciudad de Buenos Aires, un bombero voluntario del barrio de La Boca, y 7 heridos, dejó el incendio de un galpón del barrio de Barracas ocurrido en estos días. Vecinos del barrio, bomberos policiales y voluntarios, periodistas, y otros testigos o no del siniestro, se preguntan como pudo ocurrir el suceso, habida cuenta de su magnitud acorde con la magnitud, vaya ocurrencia, de la empresa que regenteaba el vetusto depósito. Vinculada con el fuego en Canadá, Inglaterra, Estados Unidos e Italia depósitos de esta multinacional ardieron, aunque en ninguno de los siniestros se reportaron víctimas- la firma, denominada Iron Mountain, se destaca por brindar seguridad a sus clientes, atesorando archivos confidenciales y destruyendo documentos similares, entre otros menesteres vinculados a los citados. Verdadero “fuerte” o bunker, supuestamente equipado con todos los elementos de seguridad contra incendios, cayó por su propio peso ígneo, arrastrando en su derrumbe a servidores públicos, entre ellos una joven muchacha de 27 años.


El peligro atómico

Corria 1951 y Estados Unidos ya había iniciado la Guerra Fria contra el enemigo rojo cuando Herman Knaust, conocido en la zona neoyorkina de Hudson River como “el rey de los hongos”- puesto que los cultivaba- soñó con un gran hongo atómico arrasando la ciudad. Por ello utilizó la mina de hierro de hierro ya agotada que había adquirido en 1936 en Livingstone, localidad situada al norte de Nueva York, para concentrar información estatal y de grandes empresas en un refugio antinuclear.

En 1951, con este objetivo, fundó Iron Mountain Atomic Storage Inc., con oficinas en el Empire State. Las bóvedas antiatómicas de Iron Mountain fueron visitadas, entre otros, por el tristemente célebre general Douglas Mc Arthur, carnicero de Corea y propiciador del bombardeo atómico a la zona de Manchuria cuando se consumó la agresión norteamericana, revestida con el disfraz de la ONU, a la península coreana, desatándose una guerra que duró tres años (1950/1953). Según informa la propia compañía Iron Mountain en su página web, a la visita de Mc Arthur le siguieron otras de igual o similar importancia, como la de los directivos del East River Saving Bank, que ordenaron trasladar al bunker de Knaust copias de microfilms de registros de depósitos y duplicados de tarjetas de registro de firmas, en “automóviles blindados”.


Una cantera de piedra caliza se agregó a los almacenes subterráneos del pionero del resguardo antiatómico yanqui, quien sumó puntos y dividendos con el crecimiento de su singular emprendimiento. El refugio, se dice, sirvió para diferentes actividades. Entre otras, el cónclave de doce personajes vinculados al Estado norteamericano, que se reunieron en 1963 en las instalaciones del complejo antiatómico para formular lo que se llamó Informe Iron Mountain, dado a publicidad en 1967 con el nombre de “Informe sobre la Posibilidad y Conveniencia de la Paz ”, en el que se destacaba la importancia de la guerra en la organización social y futuro de los Estados Unidos. El paper, que fue desmentido en cuanto a su veracidad por el publicista Leonard Lewin en 1996, contiene análisis y proposiciones de importancia actual, según destacan algunos analistas (ver http://el proyectomatriz.wordpress.com ó www.laeditorialvirtual.com.ar).

Sirviendo de refugio a los autores del proyecto o sin él, la subterránea Iron Mountain Inc trepó en la escala de ganancias, convirtiéndose en la “compañía lider de protección de datos remotos en Estados Unidos”, luego de adquirir empresas en Gran Bretaña y Estados Unidos, entre otros países, como la Arcus Data Security Inc en 1998, la que pasó a llamarse en el 2001 Off-Site Data Protection en el 2001 (http://www.ironmountain.com/aboutus/milestones.asp).


En 1999 se instaló en México, y en el 2000, año en que estableció la división Iron Mountain Destruction confidencial, denominada luego Destrucción de Documentos, desembarcó forrmalmente en nuestro país tragándose a Storage S.A. y fusionándose con Pierce Leahy Archives.. Ese año ingresó en el ranking Fortune 1000 con el puesto 783, y fue escalando posiciones en lo que hizo a premios institucionales norteamericanos, escaños en Fortune, nominaciones en Forbes como una de las “mejores compañias”. En el 2009, luego de instalarse en Australia, Nueva Zelanda y otros países, excedió los 3,3 billones de dólares anuales en sus ingresos.

Una empresa de Servicios

Según se informó, millones de documentos se archivan en los bunkers de Iron Mountain, ubicados en Parque Patricios, Villa Lugano, y el siniestrado de Azara 1245, ubicado en el barrio de Barracas. Entre los clientes que encomendaron a la compañía administrar sus archivos y/o destruir su documentación confidencial se hallan todas las AFJP, empresas de jubilación privadas ya nacionalizadas; bancos extranjeros, como el HSBC, acusado de incitar hace unos a una disparada del dólar junto a la petrolera Shell, de capital británico, quien también, como otras homólogas, recurrió a Iron Mountain para que atesorara y/o destruyera documentación comprometedora… ¿A través de la ignición provocada?. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que preside el derechista Mauricio Macri, también ha contratado los servicios de Iron Mountain argentina y la ha premiado en el 2008 por ser la primera a instalarse en el predio Tecnológico de Parque Patricios, donde las firmas asentadas gozan de prerrogativas, entre ellas la de no pagar impuestos.


Parque Patricios y Barracas, que contiene al galpón incendiado y se constituye en una zona a saquear por el huidizo gobernante porteño, quien pretendió – y hoy sigue pretendiendo - realizar pingues negocios inmobiliarios posteriores al traslado de los hospitales neuropsiquiátricos José T. Borda y Braulio Moyano, dentro de cuyo perímetro intentó instalar el Centro Civico de la Ciudad y con ello valorizar los lotes adyacentes, constituyen con otras de la zona sur de la ciudad el pretendido jolgorio de Macri.

Que Iron Mountain es una empresa de servicios nadie lo duda. Su Presidente y Chief Executive Officer (CEO), William Meaney, se desempeñó como oficial operativo de la Central Inteligency Agency (CIA) durante mediados de los años 80, años de fuego y sangre sembrados por el tristemente célebre Ronald Reagan en Nicaragua, El Salvador y el mundo todo. Posteriormente se dedicó a la medicina, y fue Director General de South Africa Vaccines Producers, fabricante de vacunas y sueros, y mas tarde, antes de incorporarse a Iron Mountain, CEO durante varios años del Grupo Zuellig Pharma, con sede en Kuala Lumpur, Malasia, distribuidor de medicamentos y ensayos clínicos en el Lejano Oriente, y que tiene la “capacidad de manejar todo tipo de medicamentos, incluyendo narcóticos…”(www.zuelligpharma.com).


El Director de Seguridad internacional de Iron…, Jack A. Faer, no le va en zaga. Teniendo como misión “la conducción del equipo global para todos los aspectos de seguridad, prevención de fraudes, seguridad en la información, manejo de crisis y programas de recuperación de desastres” revistó desde 1980 a 1986, época dorada de Reagan, como Agente Especial del Federal Buró of Investigation (FBI)…

Dime con quien andas

Accionista de acciones innobles, el magnate norteamericano Paul Singer, titular del “fondo buitre” neoyorkino Elliot Found, que se niega a negociar con Argentina y pretende vaciar sus reservas a través de un juicio amañado por la ultraderecha neoyorkina y estadounidense en general, es uno de los accionistas de Iron Mountain.


Habiendo invertido en esta empresa servicial 26 2 millones de dólares en el 2011, controla el 5% de las acciones de la multinacional, que en el 2013 ingresó a Colombia y Chile a través de la compra de empresas del ramo en ambos países. Con aceitados contactos con el gobierno porteño y sus funcionarios, a los que apoya en sus fundaciones; contando con directivos locales vinculados a un grupo empresarial mediático; inscripta en el Registro Público el 31 de agosto de 1995 y en Rentas de la Provincia de Buenos Aires, Rio Negro y Córdoba, reportando actividades de Servicio de Almacenamiento y Depósitos, que incluyen silos de granos, cámaras frigoríficas, almacenamiento de mercancías y productos de zona franca, con sede declarada en Amancio Alcorta 2482, de Capital Federal, Iron Mountain es tan subterránea como su sede de la zona rural de Pennsylvania, ubicada a 67 metros de profundidad, que mide 4,82 kilómetros de largo, 3,2 kilómetros de ancho, cuenta con caminos que suman 32 kilómetros, ocupa un área de 159.000 kilómetros cuadrados y cuenta con una “protección de capas múltiples” y un plantel propio de bomberos.


Similares a los mismos que murieron cuando iban a enfrentarse en Barracas a un fuego difícil de determinar y que provocó, como expertos lo manifiestan, una impredecible caída de las paredes del bunker hacia afuera, cuando todas las experiencias indican lo contrario.


A sangre y fuego, con irons -para que suene mas patético- retorcidos, llamas todavía inextinguidas, mountains de mampostería derrumbada y cuerpos que exigen justicia, la empresa de servicios, archivadora y destructora de documentos confidenciales, hizo su aparición, esta vez pública, en la conciencia del país.

Get Out of here, Off!

Al c…con ella y cualquiera otra de similares oscuridades!

Imágenes: Colectivo M.A.F.I.A.

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La inseguridad del pibe de Moreno

Silvana Melo (APE)

Tienen la fragilidad del cristal en el derrumbe. Y se caen como los pájaros en la siesta de enero. O en las madrugadas de julio. O bajo la piedra y la bala.

Son la infantería del sistema. Los fabricantes de la inseguridad de los privilegiados que les temen. Y las víctimas de la inseguridad de los privilegiados que les temen.

Son inseguros y están inseguros. Son inseguros cristales en el derrumbe. Están inseguros ante el hambre, las balas, las piedras, el veneno. Y el dolor, propiedad de los adultos, decretada herencia inmediata hacia quienes no debería dolerles jamás nada, salvo la rodilla pelada en un porrazo en juego.

Como a los pibes palestinos en el muro de Jerusalén, a él también se le coló la pelota en la casa del vecino. Pero él vivía en Moreno. Y su vecino era un vecino, no un ejército que ocupa un territorio. El tenía doce años y le pegó tan fuerte que la pelota voló por sobre la medianera y cayó en el otro patio. Se paró sobre maderas y tambores y miró para el otro lado. El vecino no estaba. Se trepó, saltó y fue a buscarla.

Los chicos palestinos fueron, en sí mismos, un hecho político a partir de la pelota perdida. Escribieron a las Naciones Unidas para recuperarla. A la pelota y a la dignidad. Le reclamaron a la ONU por el muro que divide en dos la canchita del mundo donde aman jugar. El pibe de Moreno no pudo reclamarle a nadie. Ni a la ONU ni a la Presidencia ni a la Provincia ni al Municipio ni a la Sociedad de Fomento. Ni al cuerpo populoso del Estado ni a su uña más remota. Porque el pibe de Moreno tocó un picaporte de una puertita marginal en la casa del vecino. Y murió electrocutado. La pelota lo observó desde el rincón donde los tres dedos del pibe de Moreno y el destino la llevaron a caer. Y no le quedó alma para saltar.

El vecino del pibe de Moreno se sentía inseguro. Tenía miedo. Miedo de que lo desconocido se detuviera en la puerta de su casa. Miedo de que lo desconocido entrara por la puerta de su casa. Y se llevara sus cosas. Miedo de toparse con lo desconocido en la puerta de su casa. Entonces no puso rejas, alarmas, cámaras ni perros. Sólo conectó a la instalación eléctrica cada puerta y cada ventana. Con sólo tocar una de ellas, la descarga sería fatal.

Y tenía razón el vecino. Porque la otredad generalmente se para a la puerta de casa.

En este caso, lo desconocido tenía doce años, vivía medianera de por medio y se sintió Radamel, Cristiano y Leonel juntos. Por eso le pegó tan fuerte, tan fuerte, que la pelota sobrevoló el paredón y fue a caer, como muerta, en el patio del vecino. Separada del pie por un paredón y un collar letal de electricidad que esperaba que lo desconocido se detuviera a husmear para hacer su trabajo.

La muerte del pibe de Moreno fue un hecho político. No pudo estar vivo para reclamar a la ONU, al país, al ministro de Seguridad, a la seccional del barrio, al puntero de la esquina. Tuvo que morirse para salir en los diarios en dos columnitas escuetas. Tuvo que morirse para que el vecino supiera que no siempre la otredad que se detiene ante la puerta llega para llevarse las propiedades de las que se es propietario. El pibe de Moreno quería recuperar su pelota, que era suya, si lo que está en discusión es la propiedad. Como los pibes palestinos quieren recuperar la suya, que se quedó anclada en una tierra que también es suya pero ocupada por un ejército que es ajeno.

El pibe de Moreno fue ajusticiado por el miedo de su vecino. Por la inseguridad de su vecino. Que era mucho menos insegura que la inseguridad del pibe. Que murió. Y se convirtió en un sujeto político que se planta en las barbas del Estado y le exhibe, con su cuerpo estragado por la descarga, en qué se convierte una sociedad atravesada por brutales desniveles sociales y por el pavor al otro, el desconocido. Una sociedad violenta y cerrada. Que se encierra de los otros. Que los encierra en los guetos de los arrabales.

Y que suelta a la muerte, como perro de presa, a la llegada de apenas una pelota.

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Boletín de la CORREPI

Desaparecidos, una práctica que no desaparece / El código de faltas cordobés, ni más ni menos que los demás / Violencia es el estado privatizando las calles / Inicio de año con represión a los pueblos originarios / Diciembre a pura bala.

Desaparecidos, una práctica que no desaparece
“Patricia Dell´Orto, brutalmente torturada, gritaba: ‘No me maten, no me maten, quiero criar a mi hijita. Llévenme a una cárcel pero no me maten’. Luego se escuchó, pum, pum, dos tiros en la cabeza mataban a Patricia y su compañero”. Así atestiguó Julio López con su voz entrecortada por el llanto y sus manos temblorosas en el juicio al genocida Etchecolatz. El 18 de septiembre de 2006 lo desaparecieron por segunda vez. Y volvieron a matar a Patricia y al grito de una madre desesperada de ternura.
Ahora acabamos de conmemorar los cinco años de la desaparición de Luciano Arruga en Lomas del Mirador. Su mamá habló así: “... Me dijiste vos: ‘Hoy sé, soy Luciano Nahuel Arruga, un pibito que vive en una villa’... Vos me decías que estabas orgulloso de tus raíces, de tu esencia... Cuando me caigo, cierro los ojos y te recuerdo... Los que me quisieron despedazar y destrozaron tu vida me verán de pie...”. Y el conjunto de los familiares presentes afirmaron, “Ésta no es una década ganada para nosotros, es el estado represor quien mata y desaparece a nuestros hijos”.
Los desaparecidos desde diciembre de 1983 son más de doscientos en estas “democracias”. Allanado el camino con la obediencia debida, punto final e indulto en los ’80, el estado siguió la práctica usada masivamente por la dictadura de la desaparición de personas, sea en el marco de la represión preventiva como de la selectiva, aunque con distintas formas y diferente sistematización. Luego de detenciones y torturas, arrojan sus cuerpos a basurales, zanjones o los dejan en lugares para simular un accidente, como en las vías del tren. Algunos aparecen con cierta rapidez, como sucedió con Jonathan Lezcano y Ezequiel Blanco en Villa Lugano en 2009; otros, luego de muchos años el azar ayuda a encontrarlos, como ocurrió con el niño Alejandro Flores en Río Cuarto, hallado dieciocho años después, mientras trabajaba una retroexcavadora en 2009. Otros no aparecen nunca.
Los primeros desaparecidos en democracia fueron los mendocinos Adolfo Garrido, Raúl Baigorría y Pablo Guardatti en 1990; en el mismo año, Andrés Núñez en La Plata; tres años después, Miguel Bru; y al siguiente, los entrerrianos Héctor Gómez y Martín Basualdo; en Paraná en 2002, Elías Gorosito; y, en la llamada década ganada, desaparecerían Luciano González en Corcovado; Facundo Rivera Alegre, “El Rubio del Pasaje”, en Córdoba; y no olvidamos que los desaparecidos son más de dos centenares, si bien los más visibles para la sociedad son Julio López, Luciano Arruga e Iván Torres. Siempre las mismas manos asesinas de la policía, ahora con el aporte de la gendarmería y la prefectura.
El trabajador salteño Daniel Solano, desaparecido en Choele-Choel el 5 de noviembre de 2011, es ejemplo de la aplicación de este método en la represión selectiva. Daniel fue llevado como jornalero por Agrocosecha SRL para trabajar en las plantaciones de manzana de la empresa Univeg Expofrut. Los trabajadores comenzaron a organizarse contra la sobreexplotación a la que los sometía el régimen de tercerización laboral. La empresa tentó a Daniel para que informara sobre la incipiente organización obrera. El compañero se negó, sumándose activamente a la lucha. Fue visto por última vez cuando lo detuvo la policía en la madrugada saliendo de un boliche. Se sospecha que fue asesinado en la comisaría 8ª. Este operativo es un complejo entramado compuesto por compañías sin escrúpulos, empresarios de la noche, fuerzas policiales de élite y jueces a sueldo.
Cerrando el círculo dantesco, hoy el gobierno que se proclama “defensor de los derechos humanos” nombra en la jefatura del ejército al general de inteligencia Milani, un genocida. Este señor impulsa una alianza con EEEUU contra el narcotráfico que habilitaría a las fuerzas armadas a participar dentro del territorio nacional, siendo ésta una injerencia prohibida por la constitución que estos mismos políticos elucubraron. La propuesta tiende a recuperar terreno perdido, pues los servicios de inteligencia de EEUU ya trabajan desde hace mucho tiempo con las policías de nuestro continente, a las que entrena y prepara. Y más, estos gobiernos “progresistas” de la región convocan a las instituciones policiales para formar parte en la ONU de las supuestas fuerzas de paz.

El código de faltas cordobés, ni más ni menos que los demás
A pesar de que el sistema de faltas y contravenciones es uniforme en todo el país, incluida la ciudad de Buenos Aires, es en la provincia de Córdoba donde es más visible la lucha organizada contra el código de faltas. Además de la lucha del FOCCOF (Frente Organizado Contra el Código de Faltas), no hay organización cordobesa de trabajadores, estudiantes, social o del tipo que fuere que no denuncie explícitamente el carácter represor de las contravenciones.
La organicidad y dinamismo que tiene la pelea cordobesa contra el código de faltas ocasiona, a veces, que se suponga que se trata de un reclamo válido sólo en ese distrito, que tendría un plus represivo sobre el resto del país. Claramente eso no es así, ya que, como decíamos, hay tantos códigos de faltas o contravencionales como provincias, incluida la CABA, e incluso hay zonas en las que, además de las contravenciones provinciales, existen normas similares de tercer nivel, es decir, municipales, como ocurre en varias localidades de Misiones, y en la propia ciudad de Córdoba.
Los códigos de faltas, el cordobés y los restantes 23, integran, junto a la facultad policial de detener personas “en averiguación de antecedentes” o “para identificar”, según la jerga de cada ley local, la principal herramienta para imponer el control social con que cuentan las policías y el conjunto del aparato represivo. Con las faltas o contravenciones y con la Doble A, cualquier policía puede detener a cualquiera, en cualquier lugar sin necesidad siquiera de inventar una excusa. Si esa detención es cuestionada por arbitraria e ilegal, el policía simplemente dirá que aplicó el código de faltas o la ley de identificación, y no habrá fiscal ni juez que ponga en duda su legalidad.
Tan importante es para el estado argentino, cualquiera sea el gobierno de turno, que sus fuerzas de seguridad tengan estas facultades para detener personas arbitrariamente, que hace más de 10 años prefiere sostener el incómodo rótulo de “incumplidor de las condenas de la Corte Interamericana de DDHH”, antes que resignarlas cumpliendo con su derogación, como se lo ordenó la sentencia del 18/9/2003 en el caso Bulacio.
En lugar de derogar un conjunto de normas que sólo sirve para reprimir, ya que nada tiene que ver el empleo de las contravenciones o la averiguación de antecedentes con la real prevención del delito (tema en el cual, además, tendrían que empezar por autodetenerse), cada tanto se ofrece, a gusto del consumidor, algún proyectito más o menos potable de reforma de los códigos existentes, como si fuese posible, derogando un par de artículos y mechando alguna palabrita como “derecho de defensa”, “garantía de doble instancia”, “debido proceso”, etc., desaparecer lo que es la propia naturaleza del sistema contravencional: contar con un “sub-derecho penal”, de control local y en manos de las policías, para reprimir preventivamente a pobres, jóvenes y minorías discriminadas; para disciplinar y de paso explotar extorsivamente a quienes encuentran su supervivencia material en la calle (vendedores ambulantes, artesanos, personas en estado de prostitución, trapitos, limpiavidrios, etc.) y, también, contar con una eficaz herramienta para la represión a la protesta, frente a escraches, cortes de calle u otras acciones de lucha, sin necesidad de recurrir al más intrincado camino (al menos en el papeleo que tanto les preocupa) como es el derecho penal formal.
En ese camino, en la ciudad de Córdoba el intendente Ramón Mestre (hijo, heredero y homónimo del represor del Puente de Corrientes en 1999 y del 20 de Diciembre de 2001) anunció la creación de una comisión para reformar el Código de Faltas Municipal, proceso que incluirá una serie de audiencias públicas, y presentará un ante-proyecto de reforma. Igualito que hicieron en la ciudad de Buenos Aires en 2004, proceso que terminó con la reforma claramente represiva que enfrentamos con tantas organizaciones en la jornada del 16 de julio de ese año, con el costo de 17 trabajadores presos por tres años.
Pero el tiro le ha salido por la culata, porque en un ataque de sinceramiento, se designó como uno de los responsables de la comisión de reforma al abogado y empresario José Luis Palazzo, quien actuó como servicio “vocacional” en la empresa EPEC durante la dictadura, ayudando a identificar a los “subversivos” –es decir, a los trabajadores más comprometidos en el gremio que dirigía Agustín Tosco- en la planta.
La designación de un cómplice de la dictadura para dirigir esa reforma al código de faltas pone en evidencia de manera brutal que proponer o aceptar gustosos proyectos de reformas sólo consolida el sistema contravencional, que no es represivo porque esté viejo o mal redactado, sino porque ésa, y no otra es su función. El actual código contravencional de la CABA, que reemplazó los edictos policiales batiendo palmas al grito de “progresismo”, fue cuidadosamente empaquetado, a mediados de los ’90, con la etiqueta de “código de convivencia urbana”, verdadera trampa cazabobos que permitió que algunos, de buena fe incluso, creyeran que era un avance. Fue un avance, pero para la represión. Quienes combatimos los edictos ayer, y hoy lo hacemos con el código porteño, sabemos que era más fácil cuestionar entonces una norma sin legalidad de origen, que enfrentar hoy con éxito las modernas faltas, dotadas de un aparato judicial propio y revestidas de legalidad porque los diputados levantaron la mano para votarlo. Por eso, frente al sistema contravencional, como frente a todo el sistema de detenciones arbitrarias, nuestro reclamo es la derogación lisa y llana, algo a lo que nunca accederá un gobierno que necesite administrar eficazmente la represión, salvo si el pueblo organizado lo pone en jaque y le impone su voluntad.

Violencia es el estado privatizando las calles
En estos últimos días hemos visto cómo el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se dedicaron a continuar reprimiendo y persiguiendo a los trabajadores, tanto en sus puestos de trabajo como en cortes que realizaron en las calles para reclamar por su situación laboral.
Los manteros de Once fueron desalojados de sus puestos de trabajo, se les incautó la mercadería, se allanaron domicilios a punta de pistola, se llevaron objetos personales y se amenazó a los trabajadores, que respondieron con movilización. Primero fue el corte en Pueyrredón y Rivadavia para reclamar contra los desalojos llevados adelante por el gobierno, realizados en conjunto por la secretaría de Uso de Espacios Públicos de la ciudad y la policía metropolitana. Otros cortes y marchas se sumaron en los días siguientes.
A su vez, mientras se realizaban los desalojos y allanamientos (como siempre, en horas de la madrugada), los medios corrían a preguntarle al comisionado de la metropolitana, Culchaw, por qué tardaban en desalojar todos los puestos de una sola vez y por qué no ponían custodia policial permanente para evitar que los manteros volvieran a instalarse.
Tanto los medios hegemónicos como el gobierno de la ciudad se centraron en criminalizar a los trabajadores, los primeros acusando directamente a los puesteros, y el gobierno a través de la declaraciones de Patricio Di Stefano, subsecretario de Uso del Espacio Público de la ciudad, quien aseguró que "todas las personas que trabajan en Once son parte de una organización que maneja mucho dinero, una asociación ilícita", de la cual, por supuesto, no dio ni el más mínimo indicio. Es más, admitió que estos desalojos se están dando en el marco de un plan del gobierno de la ciudad para “despejar” (“limpiar”, según el comisionado Culchaw) las veredas de vendedores ambulantes. Arguyendo que no permiten la libre circulación y que hacen competencia desleal, criminalizan a estos trabajadores que, ante la precariedad de su situación económica y laboral, se la rebuscan como pueden, poniendo un puesto en la calle, aguantando las inclemencias del clima y la represión del gobierno y la policía.
Como si se tratara de una suerte de “viveza criolla” y no de una estrategia de supervivencia de aquellos que el sistema prolijamente se encarga de correr a un costado cuando de estabilidad laboral y condiciones de vida dignas se trata, este desalojo se suma a todos los que el gobierno viene realizando (Retiro, Constitución, Flores, Florida) y que promete seguir llevando adelante en más espacios de la ciudad.
Del mismo modo, trabajadores de la fábrica Kromberg & Schubert marcharon este miércoles 29 al ministerio de Trabajo, reclamando por los más de 60 despidos que viene realizando la empresa desde 2013 (54 de ellos despedidos en enero de este año) y por las persecuciones que están sufriendo. Fueron cercados por la PFA, camiones hidrantes e infantería, que los dejaron encerrados, sin poder avanzar hasta el ministerio.
A la vez, trabajadores tercerizados de Aerolíneas Argentinas intentaron realizar un corte frente al Aeroparque Jorge Newbery, reclamando el pase a planta permanente, aumento de sueldo y denunciando que la empresa Falcon no realizó los correspondientes aportes a las obras sociales, como una especie de castigo por su reclamo. A la vez que mandaba a la PFA a Aeroparque para impedir el corte y a gendarmería a Ezeiza, Berni hacia declaraciones de rockstar venido a menos, diciendo que "los ciudadanos comunes estamos asqueados y hartos de que un grupo minúsculo, que tiene derecho a manifestarse, corte la calle" y criticando al gobierno de la ciudad por no haber impedido el corte de los manteros de Once, básicamente acusando a Macri de no reprimir lo suficiente, “obligando” al gobierno nacional a “poner orden” en la ciudad. Mientras tanto, por la Costanera no se podía circular, pero porque la cortaban gendarmes y policías.
Así, se creen habilitados para hablar del espacio público como si fuera propiedad de los gobernantes de turno, en la medida en que ellos deciden quién y cómo se lo usa, y utilizan las herramientas represivas y judiciales para impedir que lo hagan los trabajadores, persiguiéndolos y recitando todos los lugares comunes que los medios masivos de comunicación se encargan de reproducir minuciosamente. De esta manera, intentan hacernos sentir ajenos a esos lugares que deberíamos sentir como nuestros, marcando la presencia estatal hasta en nuestra propia subjetividad a la hora de salir a la calle. La única forma de resistir esta política de desalojo y represión, es organizándonos para pelear por nuestros derechos, tomar la calle y que ésta sea realmente pública, no un lugar lleno de policía, gendarmería, rejas y cámaras, sino un espacio del que podamos apropiarnos, del que realmente podamos participar y formar parte.

Inicio de año con represión a los pueblos originarios
Apenas si transcurrió un mes de este nuevo año 2014, y ya se amontonan en la crónica invisible para los grandes medios de comunicación las represiones sufridas por los pueblos originarios en conflicto por la defensa de sus tierras.
El 7 de enero, en Chaco, la policía provincial reprimió a miembros de la comunidad Qom en la localidad de Makallé, que se manifestaban, con un corte parcial, sobre la ruta provincial N° 16. Los gases y los balazos de goma dejaron ocho heridos, incluyendo chicos, mujeres y ancianos, mientras el jefe del operativo arengaba a su tropa: "¡Indios de mierda, hay que llevarlos a todos al matadero, para que desaparezcan del todo!".
El 12 de enero, cerca de Abra Pampa, Jujuy, integrantes del pueblo Kolla decidieron protestar por la forma inconsulta en que se organizó el paso de los vehículos del Rally Dakar, violando sus derechos preexistentes. Los efectivos policiales atacaron a los manifestantes que cortaban la ruta a puro golpe, y se llevaron detenidos a cuantos pudieron.
Alguien preguntó al jefe del operativo si tenían alguna orden judicial para echarlos de la ruta. La respuesta no dejó dudas: "No hace falta, tenemos orden directa del gobierno de desalojarlos por las buenas o por las malas".
Casi al mismo tiempo, en Cachi, Salta, la comunidad diaguita Kallchakí "Las Pailas", que viene resistiendo el avance sobre su territorio de un proyecto inmobiliario privado, fue atacada por más de medio centenar de policías, que ésta vez sí tenían orden judicial para impedir que los miembros de la comunidad siguieran evitando que se cerrara con un portón el acceso a un camino comunitario. Por dos días se extendieron la represión y la resistencia, que culminó con decenas de detenidos, heridos y graves daños materiales en un local comunitario y su biblioteca popular.
Chaco, Jujuy, Salta, sólo tres ejemplos de la represión que a diario se descarga sobre los explotados.

Diciembre a pura bala
Cuando CORREPI presentó, el 29 de noviembre de 2013, la actualización del Archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal, aclaramos, como siempre, que –además del mes de diciembre, que aún no había transcurrido- en poco tiempo deberíamos sumar la infinidad de asesinatos cometidos por el aparato represivo estatal durante 2013 de los que nos enteramos –cuando nos enteramos- más tarde.
Hoy, solamente del mes de noviembre, ya conocemos cuatro casos de gatillo fácil que no están incluidos en el listado que llevamos a la Plaza de Mayo a fin del año pasado: Braian Mogica fue asesinado el 19 de noviembre por el bonaerense Benjamín Gabriel Yuguet. Brian Ezequiel Godoy (17) fue fusilado por un policía el 25 de noviembre en Morón. Gabriel Gutiérrez (25) fue asesinado el 30 de noviembre en Neuquén, después que su testimonio fuera central para la condena del policía que fusiló a Braian Hernández (14).
Ya en el mes de diciembre, registramos los siguientes casos: Gabriel Leonardo Cuenca fue asesinado de un disparo el 3 de diciembre en Corrientes por un policía que vio que había intentado robar una cartera. El 12 de diciembre, en José Mármol, un agente de la PFA fusiló a un adolescente del que no conocemos el nombre. El mismo día, en un hospital de Córdoba, murió Leandro Bustos, el joven que un mes antes había recibido un disparo policial en un ojo en la puerta de su propia casa. El 16 de diciembre, otro adolescente fue fusilado por un bonaerense en Isidro Casanova. El 17, en Tucumán, durante los saqueos, un policía baleó fatalmente a Aldo Molina, de 45 años. El 19, en Mendoza, un policía federal retirado mató de tres balazos a un joven que, desarmado, trató de robarle el auto. El 24 de diciembre, en Floresta, Ángel Duarte, de 40 años, estaba en un corte de calle, protestando por la falta de energía eléctrica. Murió tras un disparo del policía federal Nicolás Encinas. El mismo día, en Villa Luro, alguien avisó a Walter Foco, de 46 años, que había un auto con tres sujetos sospechosos frente a su casa. Como hacía poco lo habían asaltado personas de similar descripción, salió con un arma a la calle. Eran policías federales, y lo fusilaron por la espalda.
También crece la lista de muertos en lugares de detención, como con los ejemplos de Cristian Leonardo Pereyra, que apareció “ahorcado” en su celda de la UP 6 de Rawson, Chubut, el 22 de diciembre; o Héctor Ramírez y Fernando Rivarola, que murieron el 28 de diciembre en el penal Almafuerte de Mendoza, después que los guardiacárceles instigaran una pelea en la que otro preso, conocido “coche-bomba”, los mató con una faca.
Apenas si un incompleto muestreo de cómo el aparato represivo estatal ejerce a diario el control social a sangre y fuego.

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Un viaje hacia las utopías revolucionarias (CXVI): El “Gran Acuerdo Nacional”

Manuel Justo Gaggero (especial para ARGENPRESS.info)

En ese verano de 1972, al mismo tiempo que la Dictadura, en ese período encabezada por el General Lanusse, persistía en la profundización de su modelo económico, intentaba llegar a acuerdos con el líder del Partido Radical Ricardo Balbín, el representante de Perón Jorge Paladino y el Secretario General de la CGT José Rucci.

El Gran Acuerdo Nacional, diseñado por la cúpula militar con el asesoramiento del ex presidente de la Cámara de Diputados Arturo Mog Roig, que ocupaba el Ministerio del Interior; apuntaba a lograr la absoluta impunidad de los militares por los crímenes de lesa humanidad cometidos.

Se trataba de asegurar que el gobierno civil, que surgiera en las elecciones convocadas para el año próximo, no investigaría el asesinato de activistas obreros y estudiantiles, el secuestro y desaparición forzada de militantes populares y revolucionarios y los centenares de detenciones ilegales, sufridas por dirigentes y delegados del sindicalismo combativo y de liberación.

Como lo señalara desde la cárcel Agustín Tosco, en una carta dirigida al ex presidente Arturo Umberto Illía, de la que fuera portador su abogado defensor Hipólito Solari Yrigoyen, “…Los distintos tiempos y etapas que ha recorrido ésta mal llamada Revolución Argentina, siempre se han caracterizado por una concepción elitista y reaccionaria del poder gubernamental… La voluntad soberana del pueblo ha sido permanentemente desconocida y escarnecida, con actos y atropellos que la historia no olvidará pero ello no ha llevado a un sometimiento, ni siquiera a una subordinación de la vigorosa personalidad de nuestro pueblo”.

Concluía afirmando “Estamos viviendo un presente de lucha y sacrificios para construir un porvenir de paz y fecundidad…”.

En los mismos términos se expresó, también desde el cautiverio, Raymundo Ongaro denunciando la trampa que suponía este Gran Acuerdo al que convocaba el Dictador.

Al mismo tiempo que se hablaba del “regreso a la democracia”, el régimen persistía en la puesta en ejecución de un modelo económico diseñado por su primer Ministro de Economía Adalbert Krieger Vassena, que apuntaba a beneficiar a los sectores más concentrados del capital financiero nacional e internacional, a profundizar la penetración norteamericana y a desnacionalizar el aparato productivo.

L a devaluación del dólar, la prohibición de discutir los convenios colectivos de trabajo o la imposición de techos a las paritarias y el mantenimiento del virtual congelamiento de salarios, formaron parte del proyecto dictatorial que apuntaba a dar cumplimiento a las orientaciones emanadas desde los centros del poder imperial.

Esta dualidad, convocar a elecciones, y persistir en la ejecución de las medidas antipopulares profundizando la represión, generaba debates en el campo popular que se veía obligado a articular propuestas para vincular el combate revolucionario con la posible participación electoral; sin perder de vista la lucha de los trabajadores por recuperar los sindicatos intervenidos o conducidos por burócratas pactistas.

En “nuestro pequeño lugar en el mundo”, los compañeros de las FAR, que nos daban acompañamiento e instrucción en las acciones armadas que desarrollábamos, que estaban llevando adelante un proceso de fusión con la organización Montoneros, nos plantearon la necesidad de señalarles algunos nombres, como posibles candidatos a puestos electivos; que los compañeros de esa última le llevarían al General Perón.

Este planteo profundizó la discusión que teníamos entre nosotros y con los enviados de las FAR.

Por una parte estábamos absolutamente convencidos de que al “Viejo” y a su entorno -Isabel, Lopez Rega, y Cia- lo único que les interesaba era asegurarse el “retorno “ para recuperar la conducción del Movimiento y evitar que se siguiera desarrollando un “peronismo sin Perón”.

Muy lejos de los objetivos de Liberación y lucha por una sociedad socialista que perseguían las organizaciones revolucionarias peronistas y de izquierda guevarista, estaba esta pretensión.

Por otro lado a ninguno de los que conformábamos el grupo de Paraná nos interesaban los cargos.

Por el contrario entendíamos que no habíamos luchado por más de 18 años para integrar un parlamento que, obviamente, nada iba a poder hacer para modificar el diseño de país que realizaban las clases dominantes; en una “democracia”, absolutamente “vigilada”, por un partido militar que no tenía fisuras.

Pese a ello y, ante la insistencia de los compañeros, les entregamos varios nombres, entre los que estaban el del profesor José Venturino, un gran amigo, historiador revisionista, el de Luis María González -Secretario General del Sindicato de trabajadores del transporte automotor-SOETAP- y el del autor de esta nota.

Días más tarde nos enteramos que Rodolfo Galimberti era el portador de los “propuestos”.

Lo había conocido en esa verdadera “jabonería de Vieytes” que era el Sindicato de Farmacia de Buenos Aires donde nos encontrábamos todos los que, desde diferentes posiciones ideológicas y políticas, luchábamos por un “mundo “ mejor y una sociedad fraterna y solidaria - Encabezaba, en ésa época, la organización denominada Juventud Argentina para la Emancipación Nacional -JAEN.

El pluralismo y la generosidad de Jorge Di Pasquale, Alfredo Ferraressi y Alfredo Carballeda garantizaban este lugar de reflexión y de encuentro.

En ese escenario y, sin perder de vista la trampa del Gran Acuerdo Nacional, el movimiento obrero persistía en su combate, con paros como el del 29 de febrero y 1 de marzo en Córdoba y con la victoria que obtiene Raymundo Ongaro en las elecciones que se realizaron en la Federación Gráfica en las que la lista Verde, encabezada por este desde la prisión, obtuvo 1513 votos contra 218 de la oposición.

En esta misma dirección y, en la poderosa Seccional del SMATA de la docta triunfa, en abril de ese año, la lista encabezada por Renee Salamanca; fortaleciendo el sindicalismo combativo cordobés.

Al mismo tiempo que se daban estos procesos de avances y retrocesos en nuestra Nación, en Centroamérica y más precisamente en El Salvador y Guatemala se desarrollaba la lucha popular y revolucionaria.

En el primero, denominado por Gabriela Mistral “el pulgarcito de América“, por sus solos 21 mil kilómetros de superficie y que fuera el escenario de una gran sublevación obrera y campesina en 1932 encabezada por Farabundo Martí, nacieron, en ese año 72, organizaciones guerrilleras, unificándose la oposición a la Dictadura en la Unión Nacional Opositora que presentó como candidato a presidente a Napoleón Duarte.

Las elecciones, claramente fraudulentas, llevaron al Coronel Arturo Molina a la presidencia; profundizándose la represión.

Por su lado en la patria de Arbenz crecía la influencia en la población de las Fuerzas Armadas Rebeldes que habían surgido 10 años antes y se agudizaba el enfrentamiento armado con la Dictadura.

¿Cómo se organizó el intento de fuga de los presos políticos de la cárcel de Rawson? ¿De que forma se produjo la “Masacre de Trelew”, que sin duda fue una de las expresiones del Terror estatal, el 22 de agosto de ese año? ¿Cuál era el contexto en el que se preparaba el regreso de Perón al país?

Esto serán algunos de los temas que abordaremos en nuestra próxima nota.

Manuel Justo Gaggero es abogado. Ex Director del diario “El Mundo” y de las revistas “Nuevo Hombre” y “Diciembre 20”.

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“La última desaparecida de la dictadura” tendrá su homenaje en Punta Querandí

MOVIMIENTO EN DEFENSA DE LA PACHA - ANRED

Ana María Martínez, militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), fue secuestrada por la dictadura y hallada muerta en febrero de 1982 por vecinos del paraje Punta Canal en la calle Brasil y el Canal Villanueva, en el mismo lugar donde desde hace cuatro años se encuentra el campamento en defensa de Punta Querandí. El homenaje se realizará el sábado 8 de marzo, día internacional de la mujer, organizado por la Comisión de Familiares, Amigos y Compañeros de Ana María Martínez, de la cual participa el Movimiento en Defensa de la Pacha.


Como organización indígena y vecinal custodiamos desde hace media década el sitio público, educativo, arqueológico y sagrado Punta Querandí para evitar que sea destruido por la empresa inmobiliaria EIDICO (por cierto, muy ligada a sectores pro-dictadura). Al comienzo de nuestra lucha, viejos pobladores de la zona nos contaron que allí habían encontrado el cadáver de una mujer, en los finales de la dictadura militar. Pero fue recién hace un año, en marzo de 2013, cuando tomamos contacto con la familia de Ana María Martínez, en la movilización en rechazo al emprendimiento inmobiliario Venice en las tierras del Astilleros de Astarsa, un lugar emblemático de la represión ilegal en la zona norte.

El pasado lunes, la Comisión de Familiares, Amigos y Compañeros de Ana María Martínez presentó al Concejo Deliberante de Tigre un proyecto para que el Gobierno declare de “Interés Municipal” y como “Espacio de la Memoria” a la calle Brasil, en su intersección con el Canal Villanueva, en la localidad de Dique Luján, “lugar donde fuere hallado el cuerpo de Ana María Martínez, una de las últimas personas secuestradas y asesinadas durante la última dictadura militar, sitio donde se colocará una placa recordatoria, en reclamo por Memoria, Verdad y Justicia”.

En el recinto legislativo, los integrantes de la Comisión fueron recibidos por los tres concejales del Bloque del Frente para la Victoria (Gustavo Piantino, Federico Ugo y Roxana López) , quienes apoyaron la iniciativa y se comprometieron a votar a favor del proyecto. También estuvieron presentes Martín Gianella, Secretario General del FPV Tigre, y Carmen “Lizu” Salcedo, Secretaria de Derechos Humanos también del FPV local.

Por parte de la Comisión, estuvieron Carmen Martínez (cuñada de Ana María), Andrés Felotteni (compañero de militancia de la desaparecida), Pablo Merlo (Unidad Popular) y los miembros del Movimiento en Defensa de la Pacha, Pedro Moreira, Leni Lachs y Alejandra Gette.

En los fundamentos de esta propuesta de ordenanza se describen las cualidades de la compañera asesinada y la actitud criminal de la dictadura, así como también se destaca que “la ley Nacional 26.691 garantiza la preservación, señalización y difusión de sitios de memoria del terrorismo de estado”.

La causa judicial que investiga el crimen de Ana María fue reabierta en los últimos años. El abogado de la familia es Pablo Llonto.

El día que conocimos a Carmen Metrovich

(Extracto del artículo: Del Paseo Victorica al Astillero Astarsa: por memoria e identidad)



Que hay un hilo conductor entre los genocidas de hace 500 años y los de la dictadura militar, es algo que se suele decir, pero en esta ocasión este vínculo se hizo explícito en la historia de Carmen Martinez. Esta señora habló con su megáfono y contó el caso de Ana María Martínez, conocida como la “última desaparecida”. Su cuerpo sin vida apareció en las tierras hoy conocidas como Punta Querandí, el 12 de febrero de 1982, luego de ser encontrada por unos pescadores y por Edgardo Matos hijo, el casero de la estancia de De Marzi que se ubica del otro lado del Canal Villanueva.

“Hace poco me llevaron a ver el lugar (Punta Querandí), vi la choza y las banderas; me alegré mucho, llevo 55 años en Tigre y nunca escuché que se hablara de los pueblos originarios de acá”, contó Carmen Martínez.

Se sorprendió Carmen al enterarse que quien quiere adueñarse de este lugar público con restos arqueológicos de mil años de antigüedad, reivindicado como sagrado por los pueblos originarios, también esté vinculado a las dictaduras. No sólo porque Jorge O’Reilly es nieto del presidente de facto Lanusse sino porque su empresa está ligada a la Asociación de Abogados por la Concordia y la Justicia que defiende a los detenidos por delitos de lesa humanidad. (Leer: “Abogado que reivindica a los genocidas militares defiende los intereses de EIDICO”)

Sabíamos de la historia de la “última desaparecida” encontrada asesinada en Punta Querandí en 1982, pero era una cuenta pendiente localizar a su familia.

La lucha acercó nuestros caminos.

Dossiers completísimos del Archivo Leon Trotsky

Muestran el gran impacto nacional e internacional que tuvo el asesinato de Ana María Martínez.

http://phl.bibliotecaleontrotsky.org/arquivo/2503.pdf (150 páginas!)

http://phl.bibliotecaleontrotsky.org/arquivo/2504.pdf

IMÁGENES DE ARCHIVO:





REUNION EN EL CONCEJO DELIBERANTE:

Fotos de Leni Lachs.






EL PROYECTO PRESENTADO POR LA COMISIÓN:

VISTO:

La necesidad de que se reconozca como espacio de la Memoria al lugar donde fue hallado el cuerpo de Ana María Martínez, una de las últimas desaparecidas de la dictadura militar, situado en calle Brasil y Canal Villanueva de la localidad Dique Luján, Partido de Tigre; y

CONSIDERANDO

Que en dicho lugar el 8 de Marzo de 2014, Día Internacional de la Mujer, la comisión de familiares, amigos y compañeros del PST de Ana María Martínez, con el apoyo de diversas organizaciones sociales, sindicales y políticas, realizarán un homenaje en su memoria.

Que en el mismo acto se descubrirá una placa recordatoria, similar a la que ya fue colocada en el frente de la casa en donde ella vivía de la localidad de Villa de Mayo.

Que dichas baldosas fueron realizadas por los trabajadores de la Cooperativa Cerámicas Zanon.

Que Ana María Martínez nació el 10 de noviembre de 1950 y trabajó varios años en un laboratorio de análisis clínicos en Mar del Plata.

Que como los demás compañeros trabajadores de esa localidad de la costa que fueron secuestrados en otras ciudades, también ella se había visto obligada a dejar la ciudad frente a la brutal represión desatada.

Que es así como se estableció en el norte del Gran Buenos Aires y trabajó en fábricas de la zona; la última fue DEA, una empresa autopartista de Carapachay.

Que Ana María fue secuestrada en la puerta de su casa, en la localidad de Villa de Mayo el 4 de febrero de 1982, cuando al salir a hacer una compra fue sorprendida por el ataque de un hombre que la arrastró hacia adentro de un auto, según relataron los vecinos que vieron el secuestro.

Que al momento de su desaparición Ana María estaba embarazada de pocos meses.

Que el jueves 11 de febrero de 1982, alrededor de las 18 hs, unos chicos descubrieron su cuerpo semienterrado en la calle Brasil y Canal Villanueva, localidad de Dique Luján, Partido de Tigre.

Que el hecho tuvo gran repercusión en los medios de comunicación y en la sociedad. Las noticias periodísticas indicaron que el cuerpo tenía once heridas de bala. No hubo informe alguno sobre si se le fue practicada autopsia.

Que a las cinco de la tarde del 12/2/82, el cuerpo fue enterrado en el cementerio de Benavídez con una cruz que indicaba que era NN femenino, sin darle ninguna información y participación a la familia y abogados que desde el momento de su secuestro hicieron gestiones y denunciaron públicamente su desaparición.

Que, después de mucho andar, su mamá y su hermano consiguieron recuperar el cuerpo y enterrarlo en el cementerio de Mar del Plata.

Que la dictadura, tan cruel y sanguinaria, no permitió que sus compañeros pudieran despedirla como ella se lo merecía, debido a que sus vidas corrían peligro.

Que Ana María es recordada por sus familiares y compañeros como una luchadora inclaudicable por una sociedad más justa e igualitaria.

Que quienes la conocieron cuentan anécdotas que vivieron junto a ella, donde resaltan su buen humor, su risa, su determinación como militante, su capacidad para organizar a otros y no desfallecer ante las difíciles circunstancias que los rodeaban por entonces.

Que valorizar y respetar a la mujer fue parte de su ideal de sociedad nueva para que así los derechos humanos se cumplan de manera plena.

Que el secuestro y asesinato de Ana María Martínez, junto a los 30.000 desaparecidos, formó parte del plan sistemático del terrorismo de estado llevado adelante por la última dictadura militar.

Que su caso es representativo de la impunidad de la que aún gozan muchos de los asesinos, torturadores y cómplices civiles.

Que rehabilitar a Ana María del olvido y la injusticia, a la que fue sometida durante estos años, justifica y hace necesaria la declaración de interés por parte de los poderes políticos para el rescate de su militancia y su vida.

Que estas actividades forman parte de la búsqueda incansable por memoria, verdad y justicia, llevada adelante por la comisión de familiares, amigos y compañeros de Ana María.

Que en la actualidad se siguen recolectando todos los testimonios y elementos que puedan aportar sus compañeros, familiares, vecinos y amigos para afrontar el juicio, con la mayor cantidad de pruebas posibles, para individualizar a sus asesinos.

Que en esta búsqueda en reclamo de justicia es indispensable contar con el compromiso de todos los actores sociales.

Que varias organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos se siguen sumando al reclamo.

Que el Movimiento en Defensa de la Pacha expresó su acompañamiento y apoyo para promover el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Ana María Martínez como un espacio colectivo de la memoria.

Que ahí mismo existe un sitio arqueológico de pueblos originarios al que se reclama sea protegido como lo dictan nuestras leyes.

Que es fundamental contar con un rol activo y comprometido por parte del Estado, tanto Nacional, Provincial y Municipal, en favor de esta noble causa.

Que la ley Nacional 26.691 garantiza la preservación, señalización y difusión de sitios de memoria del terrorismo de estado.

Que el primer articulo la ley dice; ARTICULO 1º — Declárense Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado, en adelante Sitios, a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal desarrollada durante el terrorismo de Estado ejercido en el país hasta el 10 de diciembre de 1983.

Por todo lo expuesto esta comisión, en búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia por Ana María Martínez, propone al H.C.D. de Tigre que eleve para su tratamiento y aprobación el siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 1º.- Este H.C.D solicita al Departamento Ejecutivo de Tigre declare de “Interés Municipal” y como “Espacio de la Memoria” a la calle Brasil, en su intersección con el Canal Villanueva, de la localidad de Dique Luján, Partido de Tigre, lugar donde fuere hallado el cuerpo de Ana María Martínez, una de las últimas personas secuestradas y asesinadas durante la ultima dictadura militar, sitio donde se colocará una placa recordatoria, en reclamo por Memoria, Verdad y Justicia.

Artículo 2º.- De forma.

Tigre, febrero de 2014

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