lunes, 17 de febrero de 2014

Argentina: Deuda pública, inflación y salarios reales

Héctor Giuliano (especial para ARGENPRESS.info)

La nueva Crisis de Deuda del verano 2014 está teniendo una consecuencia tan grave como lógica en relación a los salarios reales de la Argentina.

La Deuda Pública explica hoy – directa o indirectamente – el aumento de la inflación, que se produce por vía financiera más que por vía económica. Esta inflación carcome el valor de la moneda y con ello provoca una pérdida del poder adquisitivo que determina la baja de los salarios reales de los trabajadores.

El Sindicalismo Nacional tiene una responsabilidad determinante en materia económico-financiera, social y política para evitar que el costo de este ajuste derivado de la Crisis de la Deuda se traslade nuevamente al Pueblo Argentino.

Deuda pública e inflación

El empeño del gobierno Kirchner en sostener el sistema de endeudamiento perpetuo explica el agravamiento actual de la inflación argentina.

Hay que diferenciar la inflación de base económica, es decir, el aumento de precios por desequilibrio de las condiciones de mercado – fundamentalmente insuficiencia de Oferta frente a la Demanda – de la inflación de base financiera, derivada de la sobre-emisión destinada a sostener el gasto improductivo, público y/o privado.

El aumento de los créditos para consumo, el estímulo al turismo y a las formas de vida dispendiosas, la tendencia generalizada a la compra de artículos de marcas cada vez más caras, los cambios de electro-domésticos y de automóviles más frecuentes (y siempre de mayores precios), etc., son formas de inflación de base económica.

Incluso entran parcialmente en esta categoría rubros que conllevan aumento de la actividad productiva, como el caso de la construcción de propiedades de lujo o casas de veraneo y todo tipo de alojamientos que no son para vivienda directa o permanente sino para ocupaciones indirectas o temporarias, porque este tipo de edificaciones arrastra una suba generalizada de los precios del mercado de la construcción por encima de las pautas normales.

Y todo ello, como producto de un aparato publicitario institucionalizado que vive creando necesidades artificiales dentro del sistema de vida de la Sociedad.

Frente a este mecanismo de inflación de precios por vía del Mercado, esto es, por aumento inducido de la Demanda, existe otro mecanismo que es directamente monetario, generado por la sobre-emisión de dinero por parte del Estado para sostener el Gasto Público y - dentro de este gasto fiscal - atender específicamente los costos financieros, directos e indirectos, del sistema de la Deuda Pública:

a) Emitiendo el Banco Central (BCRA) moneda sin respaldo para comprar reservas que se prestan al Tesoro para pagar Deuda Externa.

b) Emitiendo el BCRA dinero sin respaldo para suministrarle Adelantos Transitorios – que en realidad, no son transitorios sino permanentes y acumulativos porque se renuevan en forma sistemática – para que el gobierno pueda atender las obligaciones en pesos de la Deuda y de otros rubros de gastos fiscales.

c) Emitiendo dinero para cubrir los Subsidios destinados a contener parcialmente el traslado a precios y tarifas de servicios públicos de los incrementos producidos por la inflación y el retraso cambiario: un atraso del tipo de cambio utilizado a su vez para posibilitar la atención de los servicios de la deuda en moneda extranjera.

d) En suma, una emisión de dinero sistemática para cubrir el Déficit Fiscal creciente provocado por los servicios de la Deuda Pública y sus condicionamientos conexos de refinanciación perpetua.

Y todo esto – el peso de la Deuda como condicionante central en materia económica, financiera y política - es precisamente lo que se soslaya u oculta a la opinión pública, porque la falsa consigna de la clase dirigente es que no hay que vincular los problemas de la inflación, la devaluación del peso, el déficit fiscal y el desequilibrio de la balanza de pagos con el problema de la Deuda, pese a que la Deuda es la causa de fondo que los determina.

La nueva crisis de deuda

La co-relación entre aumento de precios generalizado – Inflación - y pérdida de poder adquisitivo de los salarios es materia de texto y no necesita siquiera explicación.

No es tan así, en cambio, la aceptación o el entendimiento de la relación entre esa inflación y la deuda pública, según lo vimos en el punto anterior.

Por ende, por carácter transitivo, la inflación no es aquí un fenómeno autónomo sino una consecuencia derivada de la Deuda, que es el factor causal de esa inflación: una inflación financiera que se emplea como forma de financiamiento del Estado y mecanismo de atención de los servicios de la Deuda Pública.

Es cosa corriente sentir la versión de portavoces muy autorizados del establishment que cargan diariamente las tintas contra la Inflación como producto de sostener un Gasto Público excesivo y, consecuentemente, de financiar el Déficit Fiscal. Pero es notable que esos mismos exponentes soslayan decir que la Deuda es hoy el principal determinante de ese Gasto y de ese Déficit, así como de la pérdida masiva de divisas por vaciamiento de las reservas internacionales del BCRA para atender el pago de la Deuda Externa.

Y este ocultamiento no es neutro porque al dejar la cuestión de la Deuda fuera del análisis del problema, la Inflación queda como causa central de la crisis financiera que hoy vive la Argentina y, por ende, fuera también de toda acción correctiva necesaria sobre aquella, la Deuda.

Es la forma clásica de obviar los verdaderos problemas estructurales de fondo del país alterando la relación entre causas y efectos: la Deuda es obviada así como factor causal de la presente crisis financiera y se la reemplaza por la Inflación, que es un derivado de la misma.

Esta inflación, a su vez, tiene como consecuencia la caída de los salarios reales, pero como el recupero del poder adquisitivo de los salarios retro-alimentaría la inflación, entonces hay que contener los aumentos de sueldos, forzando así el paso del costo del ajuste provocado por la deuda a los trabajadores y asalariados en general (activos y pasivos).

¿Y con la Deuda – que es la causa del problema - qué hacemos? No hay problema señores: frenen ustedes el financiamiento inflacionario del Estado vía emisión monetaria y vuelvan a sostenerlo con más Deuda Pública.

Inflación y salarios reales

El Ajuste Fiscal – todo ajuste – conlleva entre sus componentes centrales, directa o indirectamente, la baja de los salarios reales.

El gobierno Kirchner ha venido llevando a cabo un plan de ajuste encubierto, hasta ahora con más énfasis en el ajuste por vía de los ingresos (aumento de la presión tributaria, incremento de precios/tarifas de servicios públicos y aumento de la deuda pública) que en el ajuste por vía de los gastos (reducción gradual de subsidios, reasignaciones de gastos y retrasos en los aumentos compensatorios de salarios).

Ahora, en cambio, con el agravamiento de la crisis de Deuda del verano 2014, estaríamos pasando a una amenaza cierta de reedición de la caída de los ingresos reales del sector asalariado análoga a la que se dio con la macro-devaluación del 2002, después de la crisis de Deuda De la Rúa-Cavallo del 2001.

Existen tres formas básicas que han venido siendo utilizadas para bajar los salarios reales:

1. La sub-indexación de los salarios nominales apelando a la manipulación de los índices de inflación por parte del INDEC; mecanismo que fue frustrado al gobierno Kirchner por la reacción de los sindicatos, que forzaron el reconocimiento de aumentos compensatorios sobre la base de la inflación real, e incluso por encima de la misma.

2. La asimetría de aumentos que se dan por la inflación pasada frente a perspectivas ciertas de mayor inflación futura.

3. La trampa financiera por desfase entre el tiempo en que se producen los aumentos de precios y el momento posterior de vigencia de los aumentos de salarios pactados.

Este último punto requiere una explicación más pormenorizada a través de un ejemplo simple:

a) Supongamos que por cada 1.000 $/Mes de sueldo el asalariado sufre una reducción de sus ingresos del 3 % mensual por causa del aumento de precios, lo que en tres meses reduce su poder de compra neto a 915 $: su ingreso baja - en términos reales - a 971 $ al fin del primer mes (1.000/1.03), a 942 $ al fin del segundo mes (1.000/1.03²) y a 915 $ al fin del tercer mes (1.000/1.03³).

b) Los ingresos perdidos por el trabajador son ahorrados por el empleador (estatal o privado), que dispondría de esos fondos - que deja de pagar hasta que no se actualicen los salarios a futuro – en la misma proporción: 29 $ el mes 1 (1.000 – 971), 58 $ el mes 2 (1.000 – 942) y 85 $ el mes 3 (1.000 – 915).

c) En total, en los tres meses transcurridos, los 172 $ que perdió de percibir el asalariado en poder adquisitivo los quedó a su favor el empleador.

d) Si el empleador colocara esos fondos que ahorra – siempre en términos reales – a una tasa digamos del 2.0 % mensual capitalizable (25 % nominal anual), obtendría en todo el período un rédito por intereses de 5.8 $: 1.8 $ por los 29 colocados durante tres meses, 2.3 $ por los 58 colocados durante dos meses y 1.7 $ por los 85 colocados durante un mes. Este importe – en el ejemplo, una tasa inferior a la inflación – tendría para el colocador un efecto compensatorio o resarcitorio parcial que para el asalariado no existe. Y si la tasa de interés fuese positiva (mayor igual a la de inflación) dicho efecto compensatorio sería total, incluso con un rédito a su favor.

e) Si el trabajador quisiera recuperar la pérdida de poder adquisitivo sufrida en el trimestre el porcentaje de aumento para recomponer financieramente la pérdida salarial sería del 9.29 % (1.000/915 = 1.0929).

f) El doble importe que el asalariado pierde frente a la inflación por el desfase en las actualizaciones de sueldo – pérdida directa y costo financiero – se acentúa más todavía en los casos de desdoblamiento de los aumentos (por ejemplo, en los ajustes semestrales); y todo ello siempre que tales actualizaciones se pacten sobre la base del recupero del poder de compra en función de la inflación real.

Marx habló de la plusvalía económica pero esto se refiere a la idea de plusvalía financiera, entendida como costo de oportunidad o uso alternativo de fondos a pagar aprovechando el desfase de las actualizaciones salariales.

Porque el empleador – estatal o privado – tiene así la opción de amortizar o compensar, parcial o totalmente, la incidencia de los futuros aumentos salariales gracias al período de diferimiento de las actualizaciones de sueldos.

Más aún, esto no es sólo una posibilidad teórica sino una alternativa práctica, inducida o estimulada con el fuerte aumento de las tasas de interés por parte del Banco Central (BCRA).

La respuesta técnica y justa a este problema de asimetría financiera sería la baja de los períodos de liquidación de salarios, es decir, una mayor frecuencia de los pagos de salarios a los trabajadores (por ejemplo, quincenal).

Una medida de este tipo, sin embargo, tendría obviamente peligrosos riesgos hiper-inflacionarios, por aceleración de la espiral precios-salarios, pero precisamente por ello – por sus temibles efectos posibles – debiera constituir la amenaza al gobierno para que contenga efectivamente la inflación con resultados concretos so pena de exponerse al reclamo lógico de una mayor frecuencia de pago a los asalariados.

Así como el gobierno Kirchner se ata ahora a la dolarización de la Deuda Pública – a través de la variante dólar linked (ligada al tipo de cambio oficial) – dándole un “seguro de cambio” a los inversores financieros, además del aumento de las tasas de interés, así también debiera garantizar que los salarios no van a quedar nuevamente retrasados financieramente por la inflación comprometiendo no sólo eventuales “cláusulas gatillo” sino compensando también el efecto de la pérdida financiera por desactualizaciones salariales frente a la inflación.

Y esto llevaría entonces necesariamente a revisar las causas verdaderas de la inflación argentina, que hoy están por encima de la misma porque la inflación no es autónoma sino que viene determinada por la emisión masiva de dinero para sostener el sistema de la Deuda Pública – sostén de pago de los servicios por intereses y capital – y porque el aumento de la tasa de interés, que tiene efecto recesivo, es también causa de inflación.

En conclusión

La crisis de Deuda del verano 2014 es la causa de fondo del actual desequilibrio inflacionario, cambiario, financiero fiscal y externo de la Argentina.

La emisión masiva de dinero por parte del BCRA para sostener los pagos de compromisos en pesos y en moneda extranjera del gobierno, el vaciamiento de las reservas internacionales para cumplir a ultranza con los acreedores privados y los organismos financieros internacionales, el aumento de la deuda intra-Estado como forma de traspaso y empapelamiento del propio Fisco con títulos públicos sin capacidad de repago y el uso de este mecanismo como préstamo-puente interno para poder volver al mercado internacional de capitales para colocar más deuda, según la hoja de ruta Boudou, fueron los factores determinantes de esta crisis actual.

Pero el problema insoluble de la Deuda – que es la causa de la crisis - es ocultado al Pueblo Argentino; y ello se hace con la complicidad del gobierno, la pseudo-oposición política de la partidocracia parlamentaria y la clase dirigente, en beneficio de los acreedores financieros y para volver a endeudarse, con el argumento que “es preferible tomar más Deuda antes que financiarse con Inflación”.

Es la forma en que operan las estructuras de poder económico-financiero: no sólo por la acción directa y manifiesta de los gobiernos de turno y del establishment vinculado a los intereses de la Deuda sino también dejando que las torpezas y errores de política financiera se cometan impunemente para que luego las cosas se replanteen nuevamente en su favor a través del simple “acomodamiento de los hechos”.

En este sentido, merced a las nuevas medidas financieras adoptadas por el gobierno Kirchner, las alianzas ya habrían sido establecidas de hecho entre los intereses comunes del gobierno y el empresariado económico-financiero. Ahora falta observar el comportamiento de los Sindicatos.

Algunas presiones clave sobre el sector gremial ya habrían sido esbozadas: 1. Forzar la aceptación de aumentos por paritarias en función de la inflación futura y no de la recuperación frente a la inflación pasada, so pena de acusación por hiper-inflación, desestabilización y “rodrigazo”, 2. Apelar a la “responsabilidad sindical” frente a la amenaza de desempleo derivado del efecto recesivo del aumento de las tasas de interés y de un gradual abandonando del gobierno de su función actual de “fondo de desocupación encubierto”, y 3. Sugerir la convivencia y concesiones políticas a parte de la dirigencia gremial – caso deuda con las Obras Sociales - para que guarden silencio sobre la vuelta de la Argentina al mercado internacional de capitales.

Las próximas semanas serán muy importantes dentro de este cuadro de situación – reunión tripartita en el Vaticano del 19.3 inclusive – porque las presiones del “partido de la Deuda” son cada vez más grandes y más fuertes para que la Argentina vuelva al re-endeudamiento previsto según el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005 y la hoja de ruta Boudou.

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Argentina. Precios en alza: ¿Qué pasa con los salarios?

Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

Los precios vienen subiendo con fuerza, desde hace años, por lo menos desde 2006/7, acelerados en el último tiempo, 2012/13, y especialmente este verano, desde diciembre del 2013.

Se trataba de un fenómeno ajeno al INDEC, y al final, el organismo de las estadísticas, previo acuerdo metodológico con el FMI, reconoce ahora una elevación de precios minoristas para todo el país. El indicador de enero de 2014 registró un aumento de precios minoristas nacional urbano de 3,7%, lo que anualizado significa una cifra descomunal, que preocupa a la mayoría de la población. Es una realidad que afecta seriamente a quienes perciben ingresos fijos, aún con ajustes, los que corren detrás de aumentos considerables de la canasta de consumo cotidiana.

Primero aumentó el precio del dólar, y luego el resto

Pero convengamos que la aceleración de precios se convalida con la devaluación del último tercio de enero, impactando en el ascenso de precios, con o sin justificación en los costos de producción. El ciclo de aceleración de los precios tiene un momento de inicio con la corrección del precio de las divisas. El dólar tiene precio y se comercia en el mercado, el oficial, el turístico, el contado con liqui, o el ilegal. Son todos mercados, ámbitos de intermediación entre compradores y vendedores.

Ese aumento de precios, es en muchos casos costo de producción, por eso se aceptaron aumentos a la línea blanca del 5%; a los electrodomésticos del 7,5%; o a las naftas del 6%, entre otros aumentos autorizados por las autoridades económicas. Como admitió el propio Ministro, “algunos aumentaron por las dudas”, “por si las moscas”, dando cuenta de la anarquía del mercado capitalista, donde los oferentes aumentan si el mercado comprador demanda.

Lo que decimos es que el precio del dólar disparó otros precios en la economía, generando grandes beneficiarios y otros muchos, más por cierto, perjudicados. Para que se entienda: todos los que compraron dólares a 6 ó 7 pesos cuando la divisa cotizaba por debajo y el gobierno aseguraba que no devaluaría, ganaron una importante suma por haber anticipado el mayor precio convalidado por la devaluación. Otro ejemplo: los bancos fueron esta semana obligados a desarmar sus posiciones en activos financieros, y lo hicieron al precio actual de mercado, en torno a 8 pesos por dólar. Son activos adquiridos en el último tiempo y que permitieron a los bancos ganar en rentabilidad y estamos hablando de casi un tercio de los activos bancarios. Ni hablar de los exportadores que ahora liquidan o anticipan a un valor que demandaban hasta hace poco y les era negado.

Podemos seguir, pero queda claro que especuladores, bancos y grandes productores y exportadores hicieron la diferencia a costa de la mayoría de la sociedad. Es la lógica mercantil capitalista, nada más y nada menos, la ley del valor que se abre paso en las relaciones sociales.

¿Qué pasa con el precio de la fuerza de trabajo?

El gran interrogante es que pasa con el precio de la fuerza de trabajo, o sea con los salarios o ingresos populares. Los últimos datos que tenemos, que surgen de un estudio de la Fisyp con información del Ministerio de Trabajo destaca que el promedio de los trabajadores privados registrados alcanza a 7.393 pesos a marzo del 2013; pero que el promedio del conjunto de los trabajadores asalariados plenos, estatales y privados, perciben 5.211 a junio del 2013, como consecuencia de 5.735 pesos mensuales los registrados y 3.686 pesos los no registrados. Son ingresos que no se movieron esencialmente desde entonces hasta ahora, y explica porque varios sindicatos discutieron, y algunos lograron, una suma fija en torno del fin de año.

Existen voces que llaman a la cordura a los sindicalistas ante las próximas negociaciones colectivas de salario y condiciones de trabajo. Incluso con argumentos políticos para evitar males peores, desde un próximo gobierno a la derecha del actual, o la posibilidad de la recesión y su secuela de crecimiento del desempleo. Otra vez el chantaje de cambiar salario por empleo. Recordemos la importante expansión del empleo luego de la recesión 1998-2002, lograda sobre salarios más bajos que el promedio histórico de las décadas anteriores. Incluso, pese a la reducción del desempleo, no se logró bajar el elevado nivel que presenta el tercio de trabajadores en situación irregular, dando cuenta de la impunidad empresarial. El legado es más empleo, con salarios bajos en promedio y elevada informalidad, crecientemente estructural, ya no coyuntural.

¿Puede tener éxito el chantaje sobre los trabajadores? Existe una fuerte presión patronal gubernamental que convoca a la responsabilidad, obviando el pecado original de la devaluación y el incremento de los precios realizados con antelación.

La inflación pasada está en torno al 30%, lejos del indicador del INDEC, que ahora se discontinúa. ¿A cuánto llegará la inflación del 2014? Pareciera que el INDEC intenta ahora acercarse con registros más realistas, lo que supone la aceptación de un diagnóstico de inflación. Es cierto que desde la política económica se busca, luego de la devaluación y ciertos permisos para aumentar precios, contener la escalada de precios. Para eso se acude a los “precios cuidados”, menos de 200 productos en zona metropolitana y solo en grandes cadenas que fueron parte del acuerdo voluntario y transitorio, siempre en estudio por ajustar. También se promueven otros acuerdos, con bienes de fuerte impacto en el consumo cotidiano. Todo con la expectativa que la mayor oferta de divisas por liquidación de exportaciones, quizá por ingresos de inversiones externas o por nueva deuda, puedan contener las demandas por una nueva devaluación que reanime el ciclo alcista que intentamos explicar.

Con este marco, el 30% es el mínimo para nivelar la inflación pasada. ¿Cuánto entonces para anticipar los aumentos del 2014, empezados con el 3,7% de promedio? Por eso algunos imaginan negociaciones de un año y si se puede de más larga duración. El año pasado los sindicatos de docentes universitarios, sin acuerdo de la CONADUH, aceptaron actualizaciones que traspasaron el año. La realidad impone achicar el tiempo de validez de cualquier acuerdo, asumiendo su parcialidad en función de la evolución del conjunto de la economía, donde no solo tallan los precios, sino también la recesión potencial y el desempleo.

El conflicto es el nuevo escenario de la lucha política

No resulta extraño si anticipamos un tiempo de exacerbación del conflicto social por los ingresos.

Las convenciones colectivas inciden sobre los ingresos del tercio irregular, de los tercerizados y el conjunto de la informalidad.

Por eso, el conflicto generado desde los trabajadores de mejores ingresos convoca a la solidaridad de una mayoría con ingresos más bajos, incluso pasivos y perceptores de planes sociales.

El conflicto atraviesa a todo el movimiento de trabajadores, cercanos o no de la identidad en el gobierno.

Los intereses por mejorar ingresos empujan a la conflictividad, aun cuando haya quienes convoquen a la responsabilidad o la obediencia para que el salario sea el ancla de la inflación, y en definitiva, la carta del ajuste en curso.

No es más que el capitalismo, el sistema sustentado en la explotación de la fuerza de trabajo. Por más que se argumenten buenas intenciones, la carga de la crisis es siempre soportada por los trabajadores. Si se pretende cambiar la historia no queda más remedio que pensar y actuar en la crítica al capitalismo para transformar la realidad.

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Asunto: Gustavo Robles: "La realidad es que vivimos en un sistema de explotación"

Andrés M. Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

En esta primera parte de la entrevista con Gustavo Robles, militante del Partido Comunista de los Trabajadores, conversamos sobre los efectos de la reciente devaluación del peso argentino, los ingresos de los trabajadores, la economía centralizada, concentrada y extranjerizada que tenemos y los afamados "Precios cuidados".



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La catástrofe educativa llegó a la Ciudad

María del Carmen Maimone (INFOSUR)

Los graves problemas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia educativa.

La implementación de la inscripción online puesta en marcha por el Ministerio de Educación del Gobierno de la CABA, no hizo más que visibilizar los gravísimos problemas que tiene la Ciudad en materia educativa, los cuales se agudizan en las comunas del sur. Las políticas educativas de los últimos seis años se focalizaron en aplicar recortes, sub-ejecutar presupuesto, cerrar cursos y transferir recursos hacia el sector privado.

En la ciudad con mayor presupuesto propio y con la más larga historia de cobertura en todos los niveles educativos, la noticia de que 17.000 alumnos no tienen vacantes provocó el descontento generalizado de padres de alumnos y gremios docentes, dando intervención a la justicia ante los numerosos recursos de amparo y movilizando al poder legislativo porteño.

La solución inmediata que ofreció el gobierno de la ciudad fue la licitación para la compra de 35 equipamientos modulares (aulas-contenedores) y seis módulos para sanitarios por un monto total de 26.650.000 millones de pesos. Los pliegos de licitación establecen que “la entrega, instalación y puesta en funcionamiento deberá estar finalizada dentro de los 20 días corridos contados desde la notificación de la Orden de Compra”. Las aulas-contenedores tendrán una superficie mínima de 30 metros cuadrados y estarán equipadas con dos aires acondicionados frío calor. El revestimiento exterior será de chapa galvanizada, recubiertas de PVC, el interior de madera aglomerada con aislamiento de lana mineral y el techo de chapa o de lámina metálica. Pero como dice el refrán: aunque la mona se vista de seda. La compra de las aulas contenedores son la cara visible del deterioro de la educación pública; no es la primera vez que el gobierno de la ciudad recurre a este tipo de infraestructura (en julio de 2006 el juez porteño, Fernando Juan Lima, le ordenó al Gobierno de la Ciudad “cesar el obrar ilegítimo de dictar clases en las llamadas aulas modulares”), pero esta vez, en lugar de alquilarlas las compra evidenciando que la precariedad será política pública.

Por otro lado, la distribución geográfica de dichas aulas contenedores (ocho se ubicarán en el Playón de Piedra Buena, en la intersección de calles Zuviría y Piedra Buena -Villa Lugano-; tres en Palos y Villafañe -La Boca-; siete en Av. Coronel Roca s/n 4200 -Villa Soldati-; ocho en el predio localizado en Cnel. Martiniano Chilavert y Varela -Villa Soldati-; tres en Bermejo 6672 y Piedra Buena -Villa Lugano-; y en Av. Libertador 4953 –Palermo- y Pico 2689 -Saavedra-, un aula en cada lugar) muestran que la política en materia de educación del gobierno de Macri consolida las desigualdades educativas entre el Norte y Sur de la ciudad.

El Informe de la Asociación Civil por la igualdad y la justicia (ACIJ) de Marzo de 2013, analiza la situación educativa que atraviesa el Nivel Inicial. Señala que en febrero del 2011 el Gobierno de la CABA reconoció la legitimidad del reclamo judicial iniciado por la Asociación a fin de que cese la exclusión escolar de miles de niños/as de 45 días a 5 años debido a la falta de vacantes en escuelas estatales; y asumió obligaciones y compromisos concretos a fin de dar una solución definitiva al problema. El GCBA realizó algunas obras pactadas, la gran mayoría se encuentra con más de dos años de atraso o directamente sin comenzar.

Antes del 31 de marzo de 2011, el Gobierno debía presentar un detalle de las obras nuevas adicionales que se llevarían a cabo en los Distritos escolares N° 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14 y 18, cuyas demanda de vacantes insatisfecha no podía ser resuelta con las obras individualizadas en el plan. La fecha de finalización de las obras comprometidas en dicho plan adicional, no debía exceder finales del 2012. Sin embargo, en febrero de 2011 no se había presentado un plan de obras adicional para esos distritos escolares y tampoco se había establecido la realización de obras adicionales para ningún otro distrito; en ese momento la cantidad de niños/as en lista de espera fue de 5518.

A su vez, al mes de Febrero de 2013, la cantidad total de niños/as en lista de espera en escuelas de nivel inicial era de 6767 niños y de acuerdo a datos sobre listas de espera correspondientes al año 2013, de realizarse las obras previstas para el nivel educativo inicial (muchas de las cuales ni siquiera han comenzado), aún así habría más de 4500 niños/as fuera de ese nivel educativo

La situación es alarmante ya que de acuerdo a los datos oficiales, al evaluar la cuenta de inversión correspondiente al año 2011, se constata que durante ese año el Ministerio de Educación no ha utilizado 171 millones de pesos asignados al área de Infraestructura Escolar. Si se evalúa, a su vez, el tercer Informe de Ejecución Trimestral correspondiente al año 2012, se advierte que al tercer trimestre aún restaba la ejecución de más de 200 millones de pesos. Mientras tanto el gobierno destina cuantiosos recursos a subsidiar a quienes asisten a escuelas privadas en las zonas más ricas de la ciudad.

Sumado a este cuadro de situación, algunas escuelas que funcionan en sitios alternativos a falta de lugar propio en condiciones altamente deterioradas; un ejemplo paradigmático es la situación del Jardín de Infantes Nucleado A del Distrito Escolar 21 que una de sus sedes funciona en un Centro Comunitario Parroquial de Caritas en Villa 20. Entre otras graves observaciones, se pudo constatar que durante el horario de funcionamiento de la actividad escolar adultos ajenos al ámbito educativo hacen uso de las instalaciones, personas en situación de calle utilizan los baños linderos a las aulas y se realizan ferias de ropa en el patio con gran concurrencia del barrio, impidiendo su uso por parte de los alumnos/as.

La situación que atraviesa en materia educativa la Ciudad de Buenos aires se puede constatar en cualquier otro distrito escolar del País. No hay que ir muy lejos –solo cruzar la Gral Paz- para verificar que el problema de infraestructura escolar es acuciante o que los salarios docentes son paupérrimos. Para atender la demanda de vacantes del nivel secundario la Provincia de Buenos Aires utiliza edificios de las escuelas primarias, sobrecargando y deteriorando la infraestructura existente.

Por último quisiera reflexionar sobre que no es arbitrario que uno de los nivele educativos con mayor atraso sea el inicial; si bien con la nueva Ley de Educación este nivel de la escolaridad pasa a ser obligatorio, ninguna jurisdicción del país ha logrado en los ocho años que median desde su sanción una cobertura acorde a las necesidades.

El Nivel Inicial junto al Nivel secundario constituyen no solo el comienzo y el final de la escolaridad obligatoria si no los dos niveles más deteriorados. Ambos adolecen de falta de estructura edilicia, de materiales adecuados, de bibliotecas especializadas, de laboratorios acordes; en inicial quedan alumnos afuera por falta de vacantes y en secundario por el alto desgranamiento. El Estado ha podido garantizar la cobertura total solo en el nivel primario, pero se debe entender que si gran parte de la población ingresa a este nivel sin haber podido cursar adecuadamente el inicial, entrará con desventajas respecto de quienes pueden acceder a una educación privada inicial. Al extender- a partir de la Ley de Educación- hacia Inicial y Secundario la obligatoriedad escolar no garantizando las condiciones mínimas indispensables para su cobertura, el Estado propicia la desigualdad educativa condenando a quienes menos tienen al no acceso de uno de sus derechos inalienables: la educación.

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Del poxi al hip hop

Carlos Del Frade (APE)

A fines de 2013 y principios de 2014, la Conferencia Episcopal Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Ministerio de Defensa y la mayoría de los gobiernos provinciales, descubrieron que el narcotráfico se está devorando la vida de cientos y cientos de pibas y pibes.

Y que en algunas zonas del país, como en el Gran Rosario pasa algo grave, muy grave, desde hace tiempo.

Cabe una pregunta: ¿Dónde estaban cuando los sacerdotes y las monjas, ciertos abogados y otros tantos fiscales, la militancia social y especialmente las pibas y los pibes gritaban esta realidad desde los años ochenta, treinta años atrás?.

Voces al primer año de la democracia recuperada:

-El poxi viene bien para aguantar los golpes de la cana -dice el gorrión de diez años mientras devora las medialunas y demora el café con leche para el epílogo de la charla con el periodista.

La democracia apenas alumbraba en la ciudad “cuna de la bandera”.

-Lo llevamos en una bolsita y nos sirve para correr más rápido cuando le sacamos un paquete de pastillas al kioskero. Incluso te da menos frío -asegura el otro pibe.

La nota apareció en el desaparecido diario “Rosario”.

Era 1984.

¿Qué se habrá hecho de aquellos pibes?.

Las calles asistieron a movilizaciones, reclamos, represiones, estado de sitio por los saqueos y centenares de cuerpitos elásticos capaces de gambetear automóviles, lustrar zapatos, vender flores, robar migajas y escapar. Una y otra vez. Escapar.

Escaparle a la miseria, a la cana, a los profetas de un dios lejano.

Y en ellas, en esas calles, también se multiplicaron los canas.

Los ratis, como le decían los pibes.

Nadie escuchó a esos pibes.

O, mejor dicho, los despreciaron.

Otros pibes decidieron cantar su realidad:

"Donde en cada calle hay una banda diferente
Se enfrentan entre ellos y tiene que correr la gente
Mientras la droga avanza y acaba con la juventud
Los que la venden se enriquecen y no tienen inquietud"

Esos versos, en ritmo de hip hop, cantaba Ariel Alejandro Ávila, en el invierno de 2009, cuando solamente tenía quince años.

Formaba parte de un grupo que se hacía llamar “La Profecía”.

El miércoles 12 de febrero de 2014 lo asesinaron a tiros frente a su casa, en Campbell al 1100 bis, en el corazón de un ex barrio obrero, Empalme Graneros, en la ciudad de Rosario.

Ariel tenía 21 años. Solamente 21 años.

Tampoco lo quisieron escuchar.

Eso si, ahora su canción recorre distintos sitios por Internet.

La crónica de los diarios dice que los vecinos destruyeron el bunker de venta de drogas ubicado a metros del lugar donde le robaron la vida al enamorado del hip hop.

-Que le pase esto a pibes como Ariel, al que se le dieron herramientas para que saliera de una realidad signada por la vulnerabilidad, te hace bajar los brazos. Ariel estaba obsesionado por ese quiosco de venta de drogas. Nos decía: «Eso hay que sacarlo. No puede estar acá. Hay que quemarlo, tumbarlo, eliminarlo. Eso no puede estar acá – le dijo Lisandro Rodríguez Rossi, su profesor de música en la escuela secundaria de Génova y Cullen, el lugar donde Avila aprendió a cantar hip hop, al diario “La Capital”.

El costo de hablar 30 años después de lo que vienen gritando desde el fondo de los barrios las mujeres, los hombres y los pibes, no solamente se mide por el tamaño de la hipocresía de las instituciones, sino también por la obscena cantidad de sangre joven derramada.

Fuente: “Ciudad blanca, crónica negra. La historia política del narcotráfico en el Gran Rosario”, libro del año 2000, del autor de esta crónica – Diario “La Capital”, de Rosario, domingo 16 de febrero de 2014.

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Narcotráfico: por primera vez, amenazan a periodistas argentinos

COSECHA ROJA

La cadena empezó el miércoles por la noche. Un mail de la Dirección de Inteligencia alertaba a la Dirección de Análisis Criminal: los narcos de Mendoza planeaban matar a dos periodistas. El aviso llegó a la fiscal Claudia Ríos: Sandra Yaquelina Vargas, La Yaqui, se había reunido con sus “angelitos” en San Luis y, molesta por los datos publicados en el diario El Sol, habría ordenado que mataran a dos autores de los informes sobre su banda.

La fiscal Ríos pidió custodia policial para los dos periodistas que firman la mayoría de las notas que se publican en la sección de policiales del diario en papel. Los custodios se apostaron en sus casas. Ayer, el director del diario era la única persona presente en la redacción.

En El Sol, el 10 de febrero apareció un informe especial que hablaba del narcotráfico en el barrio Campo Papa. El informe tenía nombres, apellidos, edades, y hasta fotos de los miembros de la banda. Incluso había imágenes de la jefa, la Yaqui, y de sus hombres más cercanos: Cristián Gelvés Gatto, pareja de la Yaqui, asesinado el 22 de enero, Ariel Guillermo Vargas, el Pitu, hermano y mano derecha de la líder.

Los periodistas del diario El Sol trabajan en el tema desde hace dos años. En las últimas semanas el tema llegó a la televisión de la mano de Chiche Gelblung y el diario La Nación se hizo eco del trabajo. Con la repercusión empezaron las amenazas.

Los soldaditos tienen entre 17 y 30 años y viven en el barrio Campo Papa, una de las villas más antiguas y más pobres de Mendoza, en la zona oeste de Godoy Cruz, a unos minutos de la capital. Su modus operandi: usurpar casas para convertirlas en kioscos de droga.

La Yaqui –también le dicen “tía Susana”- es Sandra Yaquelina Vargas y tiene 40 años. En las fotos parece más joven. Es blanca, de tez y pelo prolijo, castaño oscuro. Es la líder de “Los Angelitos”, la que maneja la logística y los fondos. No tiene ninguna causa en la justicia. Ni siquiera vive en la villa: compró una casa en una zona de countrys, a las afueras de Mendoza, en Chacras de Coria.

“Es la primera vez en los 24 años que trabajo en Tribunales, en diferentes cargos, que escucho sobre un caso como este”, dijo la fiscal a medios locales. “Se han solidarizado periodistas de distintos medios. Es un hecho que ha conmocionado a la provincia”.

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Argentina, sigue rebelde: Cadena perpetua para “los petroleros de Las Heras” sacude a la Patagonia

Eliana Gilet (BRECHA)

El fuego que arde en la Patagonia desde diciembre se trasladó hasta la Plaza de Mayo porteña el último miércoles 5. La mecha la encendió la condena a cadena perpetua de cuatro (Ramón Cortez, José Rosales, Franco Padilla y Hugo González) de los trabajadores involucrados en la causa conocida como “los petroleros de Las Heras”. Además de esos cuatro, otros seis hombres fueron condenados a cinco años de prisión por su colaboración en la muerte del policía Jorge Sayago, ocurrida el 7 de febrero de 2006.

Al menos así lo entendió el juzgado de Caleta Olivia, de la provincia de Santa Cruz, al frente de la causa. Las Heras es una ciudad de 15 mil habitantes ubicada en el extremo norte de Santa Cruz. El episodio en cuestión ocurrió en medio de “la pueblada de Las Heras”, una huelga general petrolera que en el momento del asesinato llevaba más de dos meses instalada. La movilización buscaba un aumento del mínimo no imponible en los salarios -para así zafar del impuesto que los grava- y su inclusión dentro del grupo sindical petrolero, que les permitía integrarse a convenios con mejores escalas salariales y condiciones de trabajo. Mario Navarro, el vocero de los petroleros en ese conflicto, había sido detenido por la policía. La muerte del agente Sayago se dio tras la concentración de unas 2 mil personas reclamando la liberación del dirigente y la posterior represión policial.

La abogada Claudia Ferrero denunció públicamente la falta de pruebas materiales para condenar a los petroleros, así como la existencia de irregularidades durante el proceso. Sobre todo se acusa a la Brigada de Investigaciones de Santa Cruz de armar una causa contra los trabajadores “basada en apremios y torturas, aterrorizando a toda la población y consiguiendo testimonios falsos mediante amenazas y persecuciones”. La apelación ya corre por los canales judiciales, y también por el despacho de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Las versiones apuntan a la participación del entonces gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo, en todo el asunto. Político cercano a Néstor Kirchner desde su época de intendente de Río Gallegos -la ciudad más populosa de la provincia-, Acevedo renunció al mes de la muerte de Sayago.

La causa ha provocado una movida política: la fusión de los múltiples partidos del extremo izquierdo de la política argentina, varios de ellos de filiación trotskista. Representantes y militantes del Frente de Izquierda, del Partido Obrero, del Partido de los Trabajadores Socialistas y del Movimiento Socialista de los Trabajadores han cerrado filas en defensa de los petroleros patagónicos.

Tal vez fue por su cercanía con la historia de las luchas en el último confín de la Argentina que Osvaldo Bayer catalogó la condena como una de las “más grandes injusticias históricas”. Tal vez fue su vasto conocimiento de “las condenas de la justicia patagónica” el que lo llevó a comparar esta causa con la de Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti en los años veinte. Tal vez fue, simplemente, por la constatación de que la historia sigue repitiéndose como farsa una vez que se dio como tragedia.

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Un viaje hacia las utopías revolucionarias (CXVIII): “La sangre derramada no será negociada”

Manuel Justo Gaggero (especial para ARGENPRESS. info)

En los comienzos de la década del 70 nuestro Continente, como diría el poeta cubano José Martí, vivía una verdadera “Hora de los Hornos”.

Para los que militábamos en esa época y, habíamos recogido el mensaje del Che disponiéndonos a luchar con las armas en la mano por una sociedad socialista, en abierta colisión con el imperialismo norteamericano; en el final de este proceso “... no veríamos más que la luz”.

Miles de patriotas seguían este camino. En Chile el gobierno de la Unidad Popular enfrentaba la hostilidad de la derecha y ponía en marcha el programa anunciado, nacionalizando las minas de cobre, iniciando la reforma agraria y garantizando educación y salud para todos los chilenos.

En Perú se consolidaba el gobierno encabezado por el General Velazco Alvarado con la consigna “campesino no comerás mas de tu pobreza”.

En Nicaragua, Guatemala y El Salvador surgían organizaciones guerrilleras que combatían a los gobiernos pronorteamericanos.

En la Republica Dominicana el Coronel Caamaño Deno, que había encabezado el intento de revolución democrática y nacionalista aplastado por la invasión de infantes de marina estadounidenses en 1965, ingresaba al territorio de esta nación caribeña para reiniciar la lucha revolucionaria.

En ese contexto crecía, en la patria de Artigas, el Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros - integrado por jóvenes provenientes de los partidos tradicionales que adoptaron ese nombre reivindicando el mote que usaban, despectivamente, los colonialistas españoles para referirse a los luchadores independentistas.

Estos, en setiembre de 1971, más precisamente el día 6, protagonizaron la fuga de una cárcel más espectacular que registra la historia del siglo XX, logrando que 106 integrantes de esa organización obtuvieran la libertad, saliendo del penal de Punta Carretas por un túnel, que fuera excavado desde el interior por los propios presos, con una extensión de 45 metros.

En Julio, 36 militantes mujeres de dicha organización se habían fugado de otra cárcel ubicada en la misma ciudad.

Estas acciones incrementaron el apoyo popular a los revolucionarios y el rechazo a las políticas dictadas por la Casa Blanca y el Pentágono y ejecutadas por el presidente Pacheco Areco.

En nuestro país, en los últimos años de la década del 60 y en los primeros de esta, habían surgido numerosas organizaciones armadas revolucionarias que se identificaban con el peronismo revolucionario y la izquierda guevarista.

Tres de ellas -Montoneros, FAR y el ERP- inspirados en la experiencia de los “tupas”, comenzaron a organizar un plan para lograr que más de 100 integrantes de estas organizaciones se fugaran del penal de Rawson: reincorporándose inmediatamente a la lucha popular desde la clandestinidad.

Por desajustes operativos el proyecto se frustró y sólo se logró que la dirección, integrada por los compañeros Fernando Vaca Narvaja, Enrique Gorriaran Merlo, Mario Roberto Santucho, Domingo Menna y Marcos Osatinski, pudiera ascender al avión de pasajeros, previamente copado por los revolucionarios, y obligado a descender en el aeropuerto de Trelew.

Los 19 militantes que arribaron al citado aeropuerto lo hicieron cuando ya la aeronave se encontraba en vuelo rumbo a Santiago de Chile. No podía retornar, ya que aviones de la Fuerza Aérea Argentina, amenazaban con derribarla.

Mariano Pujadas y Ruben “El Indio” Bonet asumieron la representación del grupo para negociar con las autoridades militares que los tenían cercados.

Exigieron la presencia del Juez Federal, del abogado Mario Abel Amaya, y de periodistas de los medios locales para garantizar su integridad física.

Al mismo tiempo realizaron una conferencia de prensa reiterando el rechazo de las organizaciones revolucionarias al Gran Acuerdo Nacional y la decisión de proseguir la lucha hasta alcanzar la liberación definitiva.

Dieron cuenta de las diferencias tácticas que tenían en razón de una mirada diferente del peronismo y del rol del General señalando, sin embargo, que fortalecerían la unidad en la lucha.

El dictador Alejandro Agustín Lanusse conformó un “Comité de Crisis” y comenzó a presionar al Gobierno de Salvador Allende para que les negara el asilo a los compañeros fugados y los deportara al país.

La derecha, que intentaba desestabilizar al gobierno de la Unidad Popular, se sumó a las presiones.

Al interior de la coalición gobernante el tema generaba fricciones y diferencias.

Mientras el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, liderado por Miguel Enríquez manifestaba su solidaridad con los revolucionarios argentinos y realizaba movilizaciones reclamando que se les otorgara el asilo solicitado, algunos dirigentes del Partido Comunista y del MAPU sostenían que era problemático confrontar con el régimen militar argentino teniendo en cuenta la situación de fragilidad que enfrentaba el gobierno en ese momento, jaqueado por paros patronales, desabastecimiento de productos esenciales y la creciente hostilidad de los Estados Unidos.

Una vez que lograron asegurarse, lo que pensaban que era la integridad física, los guerrilleros depusieron sus armas, siendo trasladados, pese a sus protestas, a la base aeronaval “Almirante Zar”.

En horas de la madrugada del 22 de agosto una “patota de la marina” encabezada por los capitanes de navío Bravo y Sosa irrumpieron en las celdas ametrallando y asesinando, a sangre fría, a 16 de los 19 compañeros encarcelados.

El Dictador sostuvo la versión oficial, de “que los «subversivos» se habían intentado fugar desarmando a los carceleros por lo que los oficiales reprimieron el intento”.

Era tan inconsistente la explicación, que los medios de prensa empezaron a describir lo que había ocurrido y Tomás Eloy Matinez, a la sazón Director de la revista “Panorama”, hizo una larga nota señalando la absoluta falta de veracidad de la versión del gobierno militar.

Al mismo tiempo el Contralmirante Mayorga señalaba que la Marina “no tenía que justificarse, de ninguna forma, ya que esta era la manera de actuar frente a la «subversión»“; elaborando, de esa forma, la doctrina de lo que luego sería una práctica sistemática: el Terrorismo de Estado.

En la nación trasandina el hecho produjo una gran conmoción e incremento el clamor popular para que se otorgara el asilo a los revolucionarios, uno de los cuáles -el “Robi”- había visto caer a su compañera -Ana María Villareal-; en este brutal acto criminal de la Dictadura.

La prensa progresista de esa nación hermana recordó, como antecedente, el asilo otorgado por el gobierno del General Carlos Ibañez a los dirigentes peronistas que se fugaran del penal de Río Gallegos, el 18 de marzo de 1957 entre los que estaban John William Cooke y Héctor Cámpora.

Según nos comentó Alicia Eguren, la noche del 23, el “Chicho” reunió a su gabinete y les pidió a cada uno que expresaran su opinión sobre el tema. Varios reiteraron que si la decisión era darles asilo y enviarlos a Cuba estaban en contra de la misma porque agudizaría el enfrentamiento con Lanusse; que ya había ordenado el desplazamiento de tropas hacia la frontera.

El “Compañero Presidente” los escuchó con atención y luego les hizo saber que ya había decidido asilarlos y enviarlos a, la “Isla de la Libertad” en un avión fletado especialmente por Fidel Castro, que partiría de Santiago el 25 de ese mes, con rumbo a La Habana, en vuelo directo.

Como nos señaló Alicia esto rebelaba, una vez más, la fortaleza, entereza y coherencia del líder de un proceso que intentaba llegar al “socialismo por la vía pacífica”.

Yo había vuelto del Congreso de Abogados en el que habíamos dispuesto el viaje de varios colegas a Rawson, a Trelew y a Santiago de Chile, que describí en mi nota anterior.

La noticia de la “masacre” me llenó de tristeza, como a todo nuestro pueblo.

Recordé los encuentros con el “Indio” y con Luis Pujals en el año 1961; cuando ellos militaban en Palabra Obrera.

La solidaridad y el apoyo que le prestó a Susana aquél, cuando fue secuestrado Luis y, la solidez y firmeza ideológica, que quedó patentizada en la conferencia de prensa en el aeropuerto de la ciudad del sur argentino.

Con el apoyo y la participación de los compañeros de la FAR realizamos diferentes actos de repudio al crimen de la Dictadura y colocamos explosivos lanza volantes.

¿Cuál fue el impacto de la Masacre en los planes de retirada ordenada que había preparado el gobierno militar? ¿De que forma se tradujo el repudio de nuestro pueblo? ¿Cómo reaccionó el movimiento obrero?

Estos serán algunos de los temas que abordaremos en nuestra próxima nota.

Manuel Justo Gaggero es abogado. Ex Director del diario “El Mundo” y de las revistas “Nuevo Hombre” y “Diciembre 20”.

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La ESMA, el convenio y la apropiación de las luchas

LA RETAGUARDIA

El acuerdo entre el gobierno de la ciudad y el nacional que implica el traspaso a la órbita de nación de los ex Centros Clandestinos de Detención Tortura y Exterminio, fue firmado el 22 de enero y lleva las rúbricas del Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y la de María Eugenia Vidal, vicefeja de gobierno porteño. El acuerdo sigue cosechando rechazos, incluso algunos inesperados para el kirchnerismo, como el de Marta Vásquez, presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, quien aseveró en una conferencia de prensa del IEM que "me están quitando la voluntad de seguir luchando".

En boca de una integrante de Madres de Plaza de Mayo, que se han enfrentado a los poderes más sombríos y a la desolación de no saber nada sobre sus hijos, la frase es fuerte. Vásquez lo plantea, además, desde la simpatía que siente por el gobierno de los Kirchner: "me pregunto cómo es posible que hoy volvamos para atrás, así lo siento... por qué no acudimos al diálogo, por qué no damos todo lo que podemos dar ahora por nuestro pueblo, por lo que han luchado nuestros hijos. Todos aquellos que hoy no están, ¡qué sacrificio en vano que han hecho si vamos a seguir con estas acciones que no corresponden a un gobierno tan excelente como el de Cristina!", dijo la actual presidenta de las Madres dejando en claro desde dónde planteaba su molestia con la medida.

Fue en una conferencia de prensa que se realizó en las actuales oficinas del Instituto Espacio para la Memoria, a pasos de la Plaza de Mayo, donde Adolfo Pérez Esquivel (Serpaj); el abogado Beinusz Szmukler; Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA; Marta Vásquez, presidenta de Madres de Plaza de Mayo LF y Miguel Monserrat, copresidente de la APDH y recientemente electo como director ejecutivo del IEM, dejaron sus impresiones y posiciones políticas de rechazo unánime para con el acuerdo firmado entre ambos gobiernos.

El acuerdo, al que La Retaguardia accedió y es publicado en este informe, fue sufriendo algunas modificaciones. En la primera versión el IEM se disolvía. Luego de las primeras voces de resistencia publicadas aquí, ambas partes resolvieron presentar el acuerdo como un traspaso que no incluía la disolución del IEM. De hecho, se plantea que pasará a funcionar en el Edificio Cuatro Columnas de la ex ESMA; pero, sin la administración de los ex Centros Clandestinos de Detención Tortura y Exterminio, su aporte queda reducido a la difusión, que no es poco, pero su iniciativa política se vería seriamente afectada con los cambios al dejar de administrar los espacios de memoria, con su consecuente reducción de personal y presupuesto.

En la conferencia de prensa a la que el IEM citó el jueves, los medios tradicionales no acudieron. Solo respondieron los medios alternativos y comunitarios organizados en la RNMA (Red Nacional de Medios Alternativos), que junto a Oral Y Público transmitieron en vivo las intervenciones, además de un colega de la agencia cubana Prensa Latina. El resto no se enteró, o se enteró y eligió no ir.

Los medios tradicionales continúan tratando el tema de manera dispar. Por un lado, la prensa partidaria del kirchnerismo (Página 12, Tiempo Argentino, entre otros), presentaron la semana anterior el tema como una especie de salvataje, cuestionando la inacción del IEM hasta aquí y planteando el tema como si el traspaso le quitara la administración al macrismo y no, como efectivamente ocurre, al grupo de organismos de derechos humanos que prefirió mantener su autonomía del gobierno central; muchos de sus integrantes, como quedó demostrado incluso en las intervenciones durante la conferencia, mantienen su simpatía con el kirchnerismo, aunque no ocultan el malestar que les ha generado esta situación, tanto por el fondo de la cuestión, como por el secreto absoluto en el que se manejaron las negociaciones entre ambos gobiernos, sin intervención alguna por parte de las autoridades del IEM.

El juez Torres y el museo que se desenchufa

El juez federal Sergio Torres instruye la megacausa ESMA. Su papel en este momento toma especial trascendencia, porque su negativa a que se meta mano en un lugar que es actualmente centro de debate judicial, sería determinante. Sobre todo porque este lío pone en evidencia una suerte de obsesión del gobierno nacional por la ESMA. Tanto es así que el resto del acuerdo "está sostenido con alfileres", según denunciaron al unísono los presentes en la conferencia.

Como ya informamos, en una primera instancia Torres se negó a que el gobierno nacional avanzara sobre los espacios de la ex ESMA donde el Terrorismo de Estado accionó con toda su perversión. Pero luego permitió el ingreso de una comisión que ya está trabajando en el proyecto de nuevo museo. En la última semana notificó a un grupo de sobrevivientes, algunos de ellos querellantes en la ex ESMA, su opinión sobre el asunto: "el nuevo museo no altera el lugar", dijo uno de sus secretarios. En la presentación del proyecto, sus ideólogos hablan de una "muestra que se desenchufa", que no invade los espacios más que con luces y proyecciones. La oposición de los sobrevivientes no solo pasa por ahí.

Víctor Basterra sostiene que "hay un sector del gobierno -solo un sector, aclara- que tiene la política de apropiarse de las luchas". Basterra también conoce el peso de sus palabras. Y no parece elegirlas con capricho.

Acerca de qué sucederá finalmente hay diferentes miradas. Algunos consideran que no hay vuelta atrás, que el gobierno nacional avanzará de todos modos; otros piensan que si la oposición al proyecto se sostiene, quizá se esté a tiempo, al menos, de postergar la inauguración del controvertido museo.

El 24 de marzo, la fecha elegida para la apertura, se verá. Lo que sí está claro es que la eventual inauguración profundizaría el cisma en los organismos de derechos humanos. Y esa es, definitivamente, una ventaja que no estamos en condiciones de dar en la pelea por Memoria, Verdad y Justicia.

Descargar desde aquí el acuerdo (PDF, 2,62 MB)

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Argentina, Córdoba: Preservar el edificio de la UP1 es preservar la memoria

Luis Miguel Baronetto (PRENSA RED)

Baronetto, testigo durante la inspección ocular realizada días atrás, advierte que la preservación del edificio donde funcionó un centro clandestino está en riesgo. “No existe ninguna medida legal que impida al gobierno eliminar este elemento de prueba en los juicios por delitos de lesa humanidad”, afirma. Una ley aprobada durante la gestión de Juan Schiaretti permite su venta. Reclama que los organismos que integran el Archivo Provincial de la Memoria actúen para impedir que se sigan borrando huellas como ocurrió.

El pasado martes 11 fui convocado por el Tribunal Oral Federal 1 como testigo para una inspección ocular en la cárcel penitenciaria de Córdoba – exUP1- en el marco de la llamada mega causa “La Perla”. Fue a pedido de la querella de Abuelas para constatar la existencia de instalaciones subterráneas que mencioné cuando declaré a fines del año pasado. Allí estuvieron alojados al menos temporariamente presos políticos según testimonios que me fueron brindados cuando ejercí el cargo en la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba.

El dato, proporcionado por presos comunes en visitas que efectué como parte de mi función, pude verificarlo después mediante el testimonio de Alfredo Mendiolaza, miembro de la conducción del SMATA que fue alojado en ese lugar luego de ser secuestrado y antes de que fuera legalizado en 1976.

El interés de las abogadas de Abuelas era verificar lugares que pudiesen haber servido para ocultar mujeres embarazadas detenidas clandestinamente. Por eso también se inspeccionaron las habitaciones destinadas a las visitas íntimas ubicadas en un lugar distinto aunque cercano. Allí también, en 1976, fueron alojados detenidos que luego fueron “blanqueados”, como fue mi caso que pasé unos diez días encerrado en una de esas habitaciones sin saber en qué lugar me encontraba hasta que fui llevado a unas oficinas de la cárcel para el fichaje que me acreditaba como detenido.

La existencia de ese túnel, con celdas subterráneas y su preservación como patrimonio histórico cultural de la historia de las violaciones a los derechos humanos, fue parte de la fundamentación para oponernos tenazmente a la ley que habilitó la venta de las seis hectáreas que ocupa la cárcel en barrio San Martín.

En esa oportunidad la Comisión de la UP1 lamentablemente sólo estuvo acompañada por un grupo de ex presos políticos. El Archivo Provincial de la Memoria no se opuso a la venta de la cárcel y al ser consultado por la legislatura se limitó a proponer un “salón de usos múltiples” lamentando “la herida en la memoria barrial y en la memoria de la ciudad”.

Tampoco propugnó la vigencia integral de la misma ley provincial de la memoria (ley 9286) que dispuso su creación fijándole en su art.3, inc. h. el objetivo de “preservar las instalaciones edilicias, que funcionaron como centro clandestinos de detención o hubieren sido utilizadas por el terrorismo de estado”. Se dejó de lado que la UP1 ya figuraba en el “Nunca Más” como centro clandestino de detención.

Más aún, tampoco se propició que fuese señalizado como los otros existentes en nuestra provincia.

De ese modo, al facilitarle al gobierno de Juan Schiaretti la aprobación de la ley de venta de la cárcel, se impidió la preservación de las instalaciones subterráneas que lamentablemente fueron modificadas en el transcurso de los últimos años, tal como pude verificarlo en la inspección ocular.

En efecto, fueron eliminados los grilletes y sólo quedan las evidencias del taponamiento con cemento que se realizó para esa tarea, además de otras modificaciones en revoques y los pequeños ventiluces ubicados en la parte superior de las celdas.

Desde la Dirección de Derechos Humanos en junio del 2008 cuando formulé mi oposición a la venta de la cárcel di cuenta de esas instalaciones con los grilletes empotrados en la pared solicitando su preservación a todos los bloques de la Legislatura Provincial y del Concejo Deliberante.

Sólo este cuerpo colegiado, en ese momento bajo la presidencia de Vice intendente Carlos Vicente, tuvo un claro pronunciamiento contra el despojo patrimonial. Estaba en juego también la posible eliminación de pruebas en juicios que se realizaron con posterioridad, como el de la UP1 (2010), Ayala (2013) y el que está en curso (La Perla). Varias fueron las inspecciones oculares dispuestas por los tribunales a cargo de estos juicios.

Lo grave en el presente es que no existe ninguna medida legal que impida al gobierno eliminar este elemento de prueba en los juicios por delitos de lesa humanidad. Ni que los cordobeses nos veamos privados de ese patrimonio cultural. Sólo las circunstancias políticas han impedido por ahora el despojo.

El Archivo Provincial de la Memoria y los organismos que lo integran están a tiempo de rectificar el pasado reclamando la derogación de la ley que habilita la venta de la cárcel de San Martín; y el órgano pertinente del gobierno nacional puede saldar la deuda realizando la señalización que le corresponde como centro clandestino de detención.

Pero es fundamentalmente responsabilidad de los órganos judiciales y legislativos – principalmente el provincial – disponer medidas que preserven las instalaciones carcelarias de la ex UP1, aportando a los procesos judiciales contra el terrorismo de estado y resguardando una porción importante de la memoria de los cordobeses.

 *Ex Director de DD.HH dela Municipalidad de Córdoba (2003-2011) querellante en la causa Videla.

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Nueva etapa en la Central: "El trabajador ahora además de poder comer quiere vivir bien"

Inés Hayes - Miguel Aguirre (ACTA)

La semana pasada se reunieron en la sede de la CTA Nacional (Lima 609) numerosos gremios del sector privado para seguir organizándose para hacer frente a los embates del gran Capital y defender los derechos históricos ganados por la lucha de años. Daniel Jorajuría, secretario gremial de la Central, se refirió a la importancia del encuentro y la organización.

Entre los sindicatos presentes estuvieron el Sindicato de Trabajadores de la Soplad, Sindicato Único de Mandatarios del Automotor y Afines, Sindicato Único de Mandatarios del Automotor y Afines, Organización Sindical de Trabajadores de Vigilancia, Sindicato de Trabajadores de Maestranza, Nueva Organización Sindical Gastronómica, Sindicato Empleados Inmobiliarios de la Republica Argentina, Sindicato de las Telecomunicaciones, Federación Argentina de Guardavidas, Nuevo Sindicato de la Salud, Asociación de Empleados de Correos Privados, Unión de Empleados y Técnicos de las Telecomunicaciones.

"Podríamos decir que esta reunión fue continuidad de la que realizamos hace un mes con la diferencia de que ésta, a raíz de la profunda devaluación, del agravamiento de la inflación ha sensibilizado a todos los compañeros que han logrado con sus luchas resultados muy buenos", dijo Jorajuría al término de la reunión.

La otra cuestión planteada fuertemente y que provocó un gran debate tuvo que ver con la última resolución de la OIT y la actitud del gobierno argentino que sigue sin resolver la exigencia de los trabajadores de conseguir la personería jurídica. El dirigente también comentó que los trabajadores de Uettel habían recibido una carta documento en la que la empresa se negaba a aceptar la representación de los trabajadores afiliados. "El poder contesta así y el gobierno también: no democratizan las relaciones laborales", concluyó Jorajuría.

En relación a la creciente inflación y la gravedad de la crisis, el secretario gremial de la CTA explicó que se debe a que no se ha construido un sujeto en la Argentina que pueda enfrentar al Capital como lo hace la clase trabajadora "y en eso el gobierno opera del lado del Capital porque lo que no hace es liberar a los trabajadores para que no se organicen y no puedan dar esa pelea".

La falta de libertad sindical fue señalada por el dirigente como uno de los obstáculos más grandes que impide desarrollar todo el potencial de la clase trabajadora. "A 10 años del no reconocimiento de la personería por parte del gobierno quedamos en analizar en la reunión que viene, que será alrededor del 25 de febrero, qué acciones vamos a hacer ante la OIT o ante el gobierno y el Ministerio de Trabajo ante la negativa de otorgarnos la personería. Esto lo vamos a poner en la calle para que una vez por todas se adecúe la legislación argentina al convenio 87 de la OIT", dijo Jorajuría.

Principales demandas

Ante la pregunta de cuáles eran las principales reivindicaciones de la clase trabajadora en la Argentina, el dirigente de la CTA dijo que fundamentalmente pasan por el grado de precarización de las relaciones laborales. "Hoy el discurso de Caló y de muchos dirigentes de la CGT es que nosotros queremos atomizar al movimiento obrero y nosotros les preguntamos: ¿la unidad del movimiento obrero está en la unidad de las estructuras corporativas o está en la vida diaria de los trabajadores que sufren en las empresas?, ¿qué es lo que nos pasa a los trabajadores en esta pelea que realiza el Capital de tratar de fragmentarnos permanentemente para no tener la fuerza y la unidad para enfrentarlos?".

Según Jorajuría, "ellos con esos sindicatos son los que han avalado la fragmentación, la tercerización, la subcontratación, las cooperativas, los monotributistas, ésa es la unidad de los trabajadores que plantea la CGT, no estamos de acuerdo, nosotros asumimos la representación de toda la clase trabajadora en su conjunto".

"Yo creo que en el marco actual del avance del poder económico, permitido por el propio gobierno que no ha sido un empleador menor para gran parte de los trabajadores, ha provocado una gran bronca y hoy la ofensiva es organizarse y pelear. Tratamos de pasar a la ofensiva y la forma de hacerlo del trabajador individual es organizarse colectivamente en defensa de sus interesas pero también para lograr mejoras. Ha habido un gran avance desde el 2001 a esta fecha, creo que ése es el saldo positivo de estos 10 años de combate donde el trabajador ahora además de poder comer quiere vivir bien y lo que nos viene del otro lado es que nos quieren volver a pasar a la pobreza y esa no la vamos a dejar pasar", concluyó el dirigente.

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El CIJ TV transmitirá en vivo el juicio por los hechos del 20 de diciembre de 2001

CIJ

El proceso, que comenzará el 24 de febrero próximo, será encabezado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 de la Capital. Entre los 17 imputados se encuentran los ex funcionarios Enrique Mathov y Rubén Santos. Son 123 las víctimas.

El juicio oral por la causa “Mathov, Enrique José y otros s/abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”, en la que se investigan los hechos ocurridos el 20 de diciembre de 2001 y que comenzará el 24 de febrero próximo, será transmitido en vivo por CIJ TV.

El proceso será encabezado por el Tribunal Oral en los Criminal Federal N° 6 de la Capital, integrado por los jueces José Valentín Martínez Sobrino, Javier Anzoategui, Rodrigo Giménez Uriburu y Adrián Martín (juez sustituto).

Entre los acusados se encuentra el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov y el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos. También están imputados Orlando Juan Oliverio, Carlos José López, Eugenio Figueroa, Roberto Emilio Juárez, Jorge Daniel Toma, Carlos Alberto Loforte, Víctor Manuel Belloni, Omar Alberto Bellante, Raúl Roberto Andreozzi, Norberto Edgardo Gaudiero, Ariel Gonzalo Firpo Castro, Norberto Pablo Sabbino, Sebastián Leonardo Saporitti, Horacio Bautista Berardi y Mario Andrés Seia.

En el proceso se investigan los homicidios de Alberto Márquez, Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna y la tentativa de homicidio de Martin Galli y Paula Simonetti. También se investigan lesiones, en distinto grado, cometidas en perjuicio de 117 víctimas. Fueron convocados alrededor de 500 testigos.

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El gobierno venezolano defiende la soberanía ante la injerencia de Estados Unidos

PL

La posición del gobierno venezolano ante las acciones de la derecha, dirigidas a fomentar la desestabilización en el país, considera hoy la defensa de la soberanía como una prioridad ante la injerencia de Estados Unidos.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, salió al paso a un mensaje enviado por el Departamento norteamericano de Estado al afirmar que Venezuela actuará de manera firme contra los grupos fascistas que promueven la violencia.

Asimismo, indicó que comunicó al canciller venezolano Elías Jaua la orden de declarar "persona non grata" a tres funcionarios de la embajada de Estados Unidos tras la denuncia de la participación en reuniones conspirativas contra el gobierno.

De manera paralela, el gobierno expresó el rechazo a declaraciones del secretario norteamericano de Estado, John Kerry, al considerar que apuntan a promover y legitimar los intentos de desestabilización desatados por grupos violentos en los últimos días.

Según la cancillería, Washington miente cuando pone en cuestionamiento la vigencia de los derechos humanos y las garantías democrática en el país.

Las instituciones de Venezuela, constituidas en un Estado de Derecho y de Justicia, garantizan el ejercicio de los derechos políticos a todos sus ciudadanos, en un marco de amplias libertades cívicas consagradas constitucionalmente, afirmó.

Diversos voceros oficiales venezolanos coincidieron en afirmar que los grupos de la derecha involucrados en acciones de violencia siguen un guión elaborado y financiado desde Washington.

Unido a ello, el ministerio de Relaciones Exteriores llamó a la más activa solidaridad de los gobiernos independientes y de los pueblos del mundo, contra esta grave intervención norteamericana.

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Adoptan medidas ante el escándalo de corrupción en el ejército colombiano

PL

El ministro colombiano de Defensa, Juan Carlos Pinzón, anunció hoy la creación de comités y una comisión de alto nivel para afrontar un escándalo de corrupción en el interior del ejército en que están implicados generales, coroneles y civiles.

Entre las decisiones adoptadas figuran la intervención de la Contraloría de la República y el retiro de varios oficiales, entre ellos el coronel Robinson González, eje principal de la cadena de corrupción en este nuevo episodio que salpica a las fuerzas militares, denunciado por la revista Semana.

Un escándalo que desató una oleada crítica y repulsa en todos los sectores sociales y políticos del país, que reclaman medidas ejemplarizantes.

Detenido por la ejecución extrajudicial de dos campesinos presentados como guerrilleros caídos en combate, método que se conoce aquí eufemísticamente como "falsos positivos", González disfrutó de privilegios extraordinarios y, según Semana, siguió manejando negocios desde su casa.

Otra de las decisiones fue llamar a retiro a la línea de mando encargada de la seguridad de los penales donde oficiales detenidos recibieron, al parecer, múltiples beneficios, y también que se investigue un posible tráfico de influencias en este caso.

El titular ordenó la centralización de los procesos de contratación de aviación del Ejército en el Ministerio de Defensa y el fortalecimiento de esos procesos a través de comité de los más altos niveles, incluso con participación de expertos internacionales.

A juicio de varios analistas en temas de seguridad, entre ellos Jairo Librero, en una verdadera democracia el ministro de Defensa debió renunciar hace tiempo.

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España: Un fiscal pide ocho años de cárcel para empleados de Airbus por un piquete

Ana Requena Aguilar (ELDIARIO.es)

Es la mayor pena que se ha solicitado nunca para trabajadores participantes en un piquete. CCOO considera "predemocrática y desproporcionada" la pena y asegura que el escrito de acusación no tiene fundamento jurídico. Los hechos ocurrieron el 29 de septiembre de 2010, durante la huelga general contra la reforma laboral de Zapatero.

Sucedió el 29 de septiembre de 2010, durante la huelga general contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Zapatero: un grupo de trabajadores de la factoría de la compañía Airbus en Getafe y varios antidisturbios se enfrentaron en un altercado que acabó con heridos, cargas policiales y tiros al aire.

El fiscal pide ahora ocho años de cárcel para ocho trabajadores presentes en aquel incidente, una pena inédita en España para sucesos similares y que Comisiones Obreras considera "predemocrática y desproporcionada". El sindicato asegura que la petición se basa en imputaciones falsas y el abogado de los trabajadores acusa al fiscal de elaborar un escrito de acusación indiscriminado y sin fundamento jurídico.

Rondaban las cinco de la mañana cuando varios grupos de trabajadores llegaron a las inmediaciones de la factoría. "Nos sorprendimos porque cuando llegamos ya había antidisturbios y es algo que no suele suceder. Su actitud fue muy agresiva desde el principio, nos llegaron a insultar y amenazar. Nunca había pasado algo así, normalmente había presencia policial pero la situación estaba controlada", asegura Antonio Martín Jurado, secretario general de la sección sindical Interempresas de EADS-AIRBUS Getafe.

Según Jurado, las cargas policiales comenzaron después de que un trabajador que quería entrar al centro se saltara el cordón policial y echara a correr hacia la entrada, donde ellos estaban. "Empezaron los forcejeos e inmediatamente la policía cargó. Llegaron a entrar dentro de la empresa", subraya. Varios vídeos reflejan los momentos de tensión que se vivieron a las puertas de la planta de Airbus.

En su escrito de acusación, al que ha accedido eldiario.es, el fiscal da una versión muy diferente de lo sucedido. Señala que los acusados, "actuando de común acuerdo, con ánimo de menoscabar la integridad ajena y con claro conocimiento del derecho de los trabajadores de acudir a su centro de trabajo, y pese a los intentos reiterados de los agentes de la autoridad de que depusieran su actitud, procedieron a intimidar a los trabajadores que pretendían acceder al recinto mediante todo tipo de insultos [...], tirándoles petardos debajo de los coches, empujándoles, escupiéndoles, dándoles collejas, lanzándoles bebidas por encima o llegando incluso a agredirles".

El fiscal asegura también que los trabajadores insultaron a los agentes y "comenzaron a acorralarles" y agredirles "lanzándoles todo tipo de objetos como conos reforzados con hierro o mochilas pesadas", "llegando incluso a encerrarles a algunos de ellos en el interior del recinto al cerrar bruscamente la puerta corredera de uno de los accesos".

En aquel momento no se produjeron identificaciones o detenciones. El entonces presidente del comité intercentros, José Alcázar, se identificó ante los agentes para mediar en el conflicto. Tras una reunión en la que también participaron el jefe del operativo y el jefe de seguridad de la empresa, la policía acordó retirarse y los representantes sindicales, disolver a los trabajadores.

Sin embargo, días después José Alcázar recibió una citación judicial como imputado en el altercado. Una vez en el juzgado, sus dos acompañantes, sindicalistas de Airbus, fueron también identificados e imputados por los mismos hechos. Días después, hasta once trabajadores más fueron imputados por el hecho de haber pasado por el botiquín de la empresa el día de la huelga general. Finalmente, seis de ellos fueron desimputados.

El abogado de los trabajadores acusados, Antonio García, critica con dureza el procedimiento y los argumentos del fiscal: "Los imputados posteriormente a los hechos lo son por su condición de heridos, es decir, que, si la policía les pegó, ya son considerados sujetos de delito", subraya.

García denuncia que el escrito de acusación no diferencia entre los acusados, sino que se limita a hacer una "acusación indiscriminada", sin delimitar quién hizo qué. "No determina la condición de imputado de cada trabajador, sino que les considera culpables de todo a todos. Los acusados tiene derecho a saber con certeza de qué se les acusa y esto es una barbaridad jurídica que revela la voluntad del fiscal de condenar y reprimir", señala.

El escrito de acusación sí detalla las lesiones que sufrieron cada uno de los diez agentes a los que se refiere el fiscal y asegura que todos, excepto uno, reclaman indemnizaciones. "Fue una carga absolutamente desmesurada, repartieron palos como yo nunca he visto. Sí hubo gente que lanzó objetos y piedras y que trataron de cerrar la puerta, y así pillaron a un policía. Acabamos con más de veinte trabajadores heridos, algunos necesitaron puntos en la cabeza. Finalmente la policía se replegó", recuerda Antonio Martín Jurado.

"Nos remite a tiempos preconstitucionales y puramente franquistas, esto podría ser un escrito dirigido al Tribunal de Orden Público. Implica una sanción del derecho de huelga con una desproporción brutal. Estamos hartos de ver vulnerado el derecho de huelga y jamás se ha producido una condena penal. Sin embargo, sí la vemos en este caso. Por un lado, hay que decir que hubo gente que entró a trabajar aquel día y que efectivamente trabajó, por otro, que el derecho de huelga se protege en la Constitución e incluye el derecho de permanecer en la puerta de las instalaciones para hacer visible la protesta", asegura Antonio García.

El abogado prepara ahora el escrito de defensa en el que negará los hechos, pedirá como prueba unas grabaciones en las que se pueden ver las cargas policiales y solicitará la absolución de los trabajadores.

El fiscal solicita tres años y medio de cárcel y una multa de doce euros diarios durante ese periodo por un delito contra los derechos de los trabajadores, un año y nueve meses de prisión por un delito de atentado, y nueve meses por cada delito de lesiones. Por este último delito solicita también otra multa de doce euros al día durante ese periodo de tiempo.

CCOO cuestiona la instrucción judicial porque la considera encaminada "sólo a perseguir a sindicalistas y haber pasado por alto la abusiva e ilegítima actuación de la policía, que no tuvo reparos en hacer uso de sus armas de fuego y que provocó una situación que se saldó con decenas de heridos".

Eldiario.es se ha puesto en contacto con Airbus, que prefiere mantenerse al margen del proceso y no hacer valoraciones.

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Matteo Renzi se encargará de formar el nuevo Gabinete en Italia

RIA NOVOSTI

El presidente de Italia, Giorgio Napolitano, encargó hoy al líder del Partido Democrático (PD) y actual alcalde de Florencia, Matteo Renzi, la formación del nuevo Gobierno.

Renzi, de 39 años, sustituirá en la jefatura del Gabinete a Enrico Letta, quien dimitió el 14 de febrero. Será el tercer primer ministro nombrado por el presidente, en vez de salir de las urnas.

Según las previsiones, Renzi perfilará el martes la composición de su Gabinete que deberá recibir la aprobación del Senado el viernes, y de la Cámara de Diputados el sábado.

La prensa italiana señala que la tarea más ardua para Renzi será recabar el apoyo del líder del Nuevo Centroderecha (NCD), Angelino Alfano, para asegurarse la mayoría de los votos en el Senado.

Oriundo de Florencia y licenciado en Derecho, Matteo Renzi se inició en la política en 1996, en las filas del Partido Popular. En 2004 se convirtió en presidente de la provincia de Florencia, y en 2009 asumió la alcaldía florentina por el Partido Democrático, formación que encabeza desde diciembre pasado y que está dispuesto a renovar.

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El líder de Hezbollah propone a los países árabes poner fin a la guerra en Siria

RIA NOVOSTI

El líder del movimiento chiíta libanés Hezbollah, Hasan Nasralah, propuso a los países árabes poner fin a la guerra en Siria, informaron hoy agencias.

“Si no quieren que la región se hunda en el caos que puede continuar decenas de años, pongan fin a la guerra en Siria”, dijo Nasralah en un mensaje a todos los líderes del mundo árabe, citado por Reuters.

El líder propuso retirar de Siria a todas las agrupaciones de mercenarios y dejar que los sirios resuelvan por su cuenta el conflicto.

“Si esto ocurre, nosotros tampoco permaneceremos en Siria”, dijo el líder al subrayar que, “no permitiremos que los islamistas tomen en poder en Siria”.

Activistas del movimiento Hezbollah apoyan al presidente sirio, Bashar Asad, y participan en las operaciones militares del Ejército contra las agrupaciones armadas de la oposición que desde marzo de 2011 combaten contra las tropas gubernamentales.

El pasado sábado concluyó en Ginebra la segunda ronda de conversaciones entre representantes del gobierno sirio y las fuerzas de la oposición. Hasta el momento, las partes no lograron ningún acuerdo en ninguno de los puntos previstos en la agenda, pero acordaron sostener otra reunión.

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Las centrifugadoras avanzadas y un reactor de agua pesada, los principales temas de la negociación nuclear en Viena

XINHUA

Las centrifugadoras avanzadas para el enriquecimiento de uranio y el reactor de agua pesada de Arak son los principales temas de conversación de las próximas conversaciones nucleares, dijo hoy un negociador nuclear iraní.

"En las conversaciones nucleares de Viena, tenemos trabajo difícil por hacer... El uso de las nuevas centrifugadoras avanzadas así como el reactor de agua pesada de Arak se encuentran entre los temas más importantes para alcanzar un acuerdo final", dijo el negociador nuclear Hamid Ba'idinejad, citado por la agencia noticiosa oficial IRNA.

"Sin duda, no aceptaremos no reemplazar las centrifugadoras existentes por las nuevas y más avanzadas", indicó Ba'idinejad, quien agregó que "También hablamos en serio sobre mantener el reactor de agua pesada de Arak".

Sin embargo, Irán está preparado para considerar las sugerencias de eliminar las preocupaciones en torno al reactor de agua pesada del que Occidente sospecha que podría producir plutonio para propósitos nucleares, indicó el negociador.

Está previsto que Irán y las potencias mundiales, o el grupo P5+1 integrado por Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania, celebren la próxima ronda de conversaciones nucleares el 18 de febrero en Viena, capital de Austria, para discutir un acuerdo nuclear integral.

El 20 de enero, Irán y las potencias dieron inicio a la implementación de un acuerdo provisional alcanzado el 24 de noviembre de 2013 en Ginebra.

De conformidad con el acuerdo, Irán suspendió su enriquecimiento de uranio a 20 por ciento e inició el proceso de dilución y oxidación de su arsenal de 196 kilogramos de uranio enriquecido a 20 por ciento a cambio de una suspensión parcial de las sanciones impuestas sobre sus sectores energético y financiero.

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China cuestiona a Japón sobre la tenencia de plutonio de grado de militar

XINHUA

China urgió hoy lunes a Japón a que devuelva a los proveedores los más de 300 kilogramos de material nuclear que podrán usarse para armar decenas de armas nucleares y a que equilibre sus existencias nucleares.

"Las grandes existencias de material nuclear de Japón, incluidas sustancias nucleares de grado de armamento, afecta a la seguridad nuclear y supone riesgos a la no proliferación", indicó la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying.

Además, está en contra de las regulaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que exige que los países mantengan un equilibrio entre la demanda y el suministro de materiales nucleares, según Hua.

Los Estados Unidos ofrecieron 331 kilogramos de plutonio de grado de armamento a Japón durante la Guerra Fría, según la Agencia de Noticias Kyodo de Japón. El plutonio, almacenado por la agencia de la energía atómica nipona, podrá ser utilizado para fabricar entre 40 y 50 armas nucleares. Asimismo, Japón cuenta con otras 44 toneladas de plutonio disponibles para reactores nucleares.

Estados Unidos ha urgido a Japón a que devuelva los 331 kilogramos de plutonio desde la primera cumbre de seguridad nuclear celebrada en 2010. Se espera que ambas partes alcancen un acuerdo durante la tercera cumbre programada para marzo en Holanda.

"Japón ha evitado devolver el material, lo que ha provocado preocupación internacional. China está muy preocupada y espera una explicación", sostuvo Hua.

La vocera instó a Japón, miembro del Tratado de No Proliferación Nuclear, a que respete sus obligaciones y devuelva el material cuanto antes.

"También urgimos a Japón a que resuelva el desequilibrio entre su demanda y su abastecimiento de material nuclear de acuerdo con los requisitos del OIEA", agregó Hua.

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Moscú y Teherán negocian la exportación del crudo iraní a Rusia

RIA NOVOSTI (especial para ARGENPRESS.info)

Rusia e Irán están negociando la firma de un memorándum de cooperación económica que prevé en particular exportaciones del petróleo iraní al país euroasiático, reveló el embajador de la República Islámica en Moscú, Mehdi Sanai, en una entrevista con el diario Kommersant.

Aunque el diplomático no precisó el volumen de las futuras transacciones, sí dio a entender que se trata de varios cientos de miles de barriles diarios. “Estamos ahora pactando el volumen de entregas. Las cifras concretas dependerán de adónde y cómo se exporte el petróleo. Rusia ha propuesto varios destinos y rutas”, indicó.

Según Sanai, ambos países ya han acordado el contenido y los puntos clave del futuro memorándum. La firma del documento no contradice a ningún convenio o ley internacional, subrayó.

El jefe de la misión iraní afirmó que Rusia podrá ampliar su presencia en Irán. Los dos países podrían cooperar en varios proyectos energéticos, como la construcción de minirefinerías o la explotación de yacimientos de gas en territorio iraní, señaló.

También hay un buen futuro para la cooperación bilateral en otros ámbitos, como la ingeniería mecánica, la producción de electricidad o la construcción ferroviaria, agregó.

“Los amigos rusos que han estado cerca en los momentos más difíciles, deben tener ventajas en el mercado iraní. Es algo normal”, resumió Sanai, al tiempo de advertir, no obstante, de que las empresas rusas “deberían darse prisa para ocupar posiciones y no demorarse temiendo consecuencias de las sanciones occidentales”.

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Panorama económico de China

XINHUA

Aumenta el uso de tarjetas bancarias en China / Nuevos préstamos en China llegan a 1,32 billones de yuanes en enero / Depósitos en renminbi alcanzan 214.500 millones de yuanes en Taiwán / La industria de maquinaria de China se recupera entre ralentización económica / El sector de alquiler de coches en China se desarrollará muy rápido, vaticinan expertos.

Aumenta el uso de tarjetas bancarias en China
El promedio de tarjetas bancarias por ciudadano chino era de más de tres a finales del año pasado, lo que refleja que cada día más personas recurren a las transacciones sin uso de efectivo, de acuerdo con un informe de hoy lunes del banco central.
El Banco Popular de China dijo en un informe sobre los servicios de pago de los bancos del país que las instituciones bancarias y financieras emitieron unos 4.200 millones de tarjetas en 2013, un 19,23 por ciento más que en el año anterior.
Entre las tarjetas emitidas, el número de las de crédito subió un 18,03 por ciento interanual para llegar a 391 millones a finales del año pasado, lo que significa 0,29 tarjetas de crédito de media por cada chino.
Las cifras del banco central indican además que los préstamos de tarjetas de crédito con un atraso de más de seis meses subieron un 71,86 por ciento interanual para situarse en 25.190 millones de yuanes a finales del año pasado, representando el 1,37 por ciento de los préstamos a crédito totales pendientes, 0,08 puntos porcentuales más que en el año anterior.

Nuevos préstamos en China llegan a 1,32 billones de yuanes en enero
Los nuevos préstamos denominados en renminbi (la moneda nacional) de China alcanzaron 1,32 billones de yuanes (216.000 millones de dólares) en enero de 2014, 246.900 millones de yuanes más que en el mismo mes del año pasado, anunció el Banco Popular de China, el central del país.
La financiación social del país, que mide los fondos recaudados por las entidades a través de préstamos bancarios y otras vías, ascendió a 2,58 billones de yuanes el mes pasado, lo que supone una subida de 1,33 billones de yuanes frente a diciembre de 2013 y un crecimiento interanual de 39.900 millones de yuanes, de acuerdo con un comunicado emitido por el banco.
La M2, una medida amplia de la oferta monetaria que abarca el efectivo en circulación y todos los depósitos, aumentó un 13,2 por ciento interanual hasta 112,35 billones de yuanes a finales de enero.
La tasa de crecimiento fue 0,2 puntos porcentuales menor que la registrada a finales de 2013 y 2,7 puntos porcentuales inferior a la del mismo periodo del año pasado.
La M1, una medida estrecha del suministro monetario que cubre el efectivo en circulación más los depósitos empresariales corrientes, experimentó un incremento del 1,2 por ciento y sumó 31,49 billones de yuanes a finales del mes pasado.

Depósitos en renminbi alcanzan 214.500 millones de yuanes en Taiwán
Los depósitos denominados en renmibi (la moneda china) en el saldo de las instituciones financieras de Taiwán ascendieron a 214.500 millones de yuanes (35.100 millones de dólares) a finales de enero de 2014, de acuerdo con los datos emitidos por las autoridades monetarias de la isla.
El récord del nivel de ahorro sugiere la creciente popularidad del yuan en Taiwán desde que las instituciones financieras locales lanzaran las transacciones en renminbis el 6 de febrero del año pasado.
Un total de 165.800 millones de yuanes de dichos depósitos pertenecen a las 66 "unidades bancarias domésticas", 17 veces más que la cifra de febrero de 2013. Los restantes 48.700 millones proceden de las "unidades bancarias exteriores".
Las autoridades monetarias de Taiwán explicaron que la relativamente alta tasa de interés de depósitos en la isla y las expectativas del mercado de la revaluación del yuan habían contribuido al aumento en los ahorros.

La industria de maquinaria de China se recupera entre ralentización económica
El sector de la maquinaria de China mantuvo un crecimiento moderado el año pasado a pesar de la presión a la baja, recuperándose de forma lenta pero estable de un periodo de desaceleración anterior, anunció hoy lunes la Federación de la Industria de Maquinaria de China (FIMCh).
Los ingresos del sector procedentes de los principales negocios totalizaron 20,4 billones de yuanes (3,34 billones de dólares) en 2013, lo que representa un aumento del 13,8 por ciento interanual y un ritmo de crecimiento ligeramente más rápido que en 2012, de acuerdo con una circular emitida por la FIMCh.
La cifra, que supone un récord, indica que China continúa siendo uno de los mayores fabricantes del mundo.
En 2013, los beneficios combinados del sector subieron un 15,6 por ciento interanual hasta los 1,41 billones de yuanes. La tasa de crecimiento fue diez puntos porcentuales superior a la registrada en 2012.
Sin embargo, las ganancias del sector procedentes de los principales negocios experimentaron un aumento de tan sólo 13,8 por ciento frente al año anterior, lo que pone de manifiesto la relativamente débil economía real.
La tasa de crecimiento anual de la industria de la maquinaria del país sufrió una desaceleración en 2011 frente a las lecturas anteriormente registradas de en torno al 30 por ciento, resultado del exceso de capacidad y de la mediocre situación económica.
Cai Weici, vicepresidente de la FIMCh, prevé que el sector crezca a un ritmo moderado y saludable en 2014 gracias a las medidas de reestructuración y actualización industrales que se esperan.

El sector de alquiler de coches en China se desarrollará muy rápido, vaticinan expertos
El sector de alquiler de vehículos está preparado para experimentar un gran auge con un potencial de rápido desarrollo, según un informe reciente de la consultora Zero Power Intelligence.
La firma predijo que la demanda del mercado por coches de alquiler en China florecerá en los próximos cinco años, estimulada por unas reglas más estrictas sobre el uso de coches oficiales y la creciente generalización de las licencias de conducir.
La publicación China Economic Weekly citó a Xiao Jian, un investigador de la consultora, que apuntó que la demanda de coches de alquiler el año pasado ascendió a 250.000 peticiones y el mercado alcanzó los 22.000 millones de yuanes (3.600 millones de dólares), diez veces más que en 2006.
Según el estudio, el crecimiento del sector se puede atribuir principalmente a la urbanización en China, la cual ha derivado en las infraestructuras necesarias y ha emergido unos niveles de posesión de automóviles que nutren una gran base de posibles clientes.
Los fabricantes de automóviles domésticos, que incluyen Grupo Huachen Auto y Corporación Dongfeng Motor, y gigantes internacionales como Mercedes-Benz, han comenzado su propio servicio de alquiler de coches en las grandes ciudades.
Con abundante capital, tecnología propia y servicios posventa, los fabricantes de coches chinos han tenido ciertas ventajas al competir con compañías enfocadas exclusivamente en el alquiler de coches.
El informe también mostró que las metrópolis como Beijing, Shanghai, Guangzhou y Shenzhen todavía ocupan las primeras posiciones como los mayores mercados de alquiler de vehículos, ya que suponen el 59 por ciento del total nacional.
Xiao predijo que el sector mantendrá el auge del crecimiento, con unas proyecciones de subidas anuales de entre el 20 al 25 por ciento y un mercado de 50.000 millones de yuanes para finales de 2018.
La tasa de penetración de mercado del sector en China se estancó en el 0,4 por ciento en 2010, quedando a la zaga de otros como Japón, con 2,2 por ciento; Estados Unidos, 1,3 por ciento, y Canadá, 0,8 por ciento, según los datos de la firma Roland Berger Strategy Consultants.

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