jueves, 20 de febrero de 2014

El poder de los cuarteles

Juan Diego García (especial para ARGENPRESS.info)

Los delitos que los agentes armados del estado cometen en el marco de la guerra en Colombia siempre se justifican como un mal menor, como una consecuencias no deseada, como un accidente que demanda la benevolencia de la ciudadanía. La doctrina de la “seguridad nacional” y del denominado “enemigo interno” fomenta estas actuaciones criminales.

Oficiales y soldados pueden delinquir impunemente porque de principio se niega la condición humana del contrincante. Desapariciones, torturas, ejecuciones, espionaje a los opositores políticos y sociales (y ahora, hasta seguimiento ilegal a los mismos miembros civiles del gobierno), amenazas y toda suerte de prácticas contrarias al orden jurídico terminan siempre siendo justificadas y perdonadas en la práctica por jueces venales, aceptadas como mal menor por una opinión pública manipulada y encubiertas de mil maneras por los políticos del régimen y por el mismo gobierno que o promueve abiertamente esas conductas o hace la vista gorda cuando estallan los escándalos. En Palacio se sabe del enorme poder de los cuarteles pero también de lo útil que resultan los militares como eficaz instrumento para mantener los privilegios de las minorías dominantes.

Además, la corrupción generalizada que afecta a las instituciones del estado parecía no producirse entre los militares. En tantas ocasiones había que reconocer que los uniformados cometías “excesos”, resultaban de gatillo fácil y se comportaban como la oveja negra de la familia pero eran unos muchachos honrados que se sacrificaban por la patria. Esa era al menos la versión más o menos oficial de las cosas hasta que esta semana la imprudencia de un par de oficiales de alta graduación echó todo abajo. Uno está implicado en el asesinato de dos campesinos inocentes que luego se presentaron como guerrilleros muertos en combate para cobrar recompensas; el otro, un general hasta ayer el máximo militar al frente de las tropas. Éste último le brinda al procesado su solidaridad y le invita a formar con el resto de los encausados “una mafia para combatir a los hijos de puta” de los fiscales a cargo del caso. Luego y en amena charla, el dialogo pone al descubierto la existencia de una espesa red de corrupción que incluye a los dos oficiales en cuestión y a no pocos colegas suyos, todos del alta graduación. La red permitía apropiarse de los fondos destinados al mantenimiento de la tropa, a la compra de avituallamientos y hasta la adquisición de repuestos y equipos destinados al enorme ejército del país (casi medio millón de soldados). Ambos conversan animadamente sin saber que sus palabras están siendo registradas y hoy forman parte del sumario; dan detalles precisos y nombres suficientes como para generar un verdadero remezón dentro de los cuarteles y de paso dejan por los suelos el honor y la honra de la que tanto se ufanan los militares al compararse con los políticos, esos “civiles” corruptos e incapaces que la ciudadanía identifica efectivamente como la encarnación de la corrupción y la ineficiencia. En realidad, unos y otros resultan entonces muy similares.

El presidente Santos – jefe máximo de los ejércitos - condenó airadamente a los implicados, destituyó ayer mismo a un grupo importante de generales y apartó a los militares de la investigación para que ésta sea llevada a cabo por funcionarios civiles. Y aunque en Colombia el funcionamiento de la justicia garantiza poco, el paso dado es al menos un mensaje a los cuarteles, a ese estado dentro del estado cuya lealtad al gobierno civil genera tantas dudas. Resulta impredecible saber cuáles serán las consecuencias de la disposición presidencial y si los investigadores tendrán el valor y los medios para ir hasta el fin en el establecimiento de responsabilidades. Pero el daño a los cuarteles está hecho y al presidente se le brinda la oportunidad de ganar un amplio margen de acción para aliviar la presión nada discreta de los militares ante un posible proceso de paz. La reacción de Santos en este caso parece mucho más decidida que la anterior frente a las escuchas ilegales a sus propios delegados en Cuba por parte del ejército (el escándalo de la semana pasada). Entonces, luego de denunciar el escándalo con duras palabras Santos desvió la atención afirmando que el estado puede espiar siempre que se haga legalmente -algo que nadie le discute- sin entrar en el meollo del asunto: el espionaje denunciado no solo viola todas las normas legales sino que pone en cuestión su propia autoridad. Cualquiera puede imaginarse que si los militares espían a los delegados gubernamentales en La Habana seguramente hacen lo mismo con el propio presidente.

El escándalo de la corrupción gana relevancia porque descubre una trama enorme de manejos delictivos en las filas de las hasta ahora tenidas como impolutas fuerzas armadas de la nación. Quienes desde la tribuna de los cuarteles abierta o solapadamente se oponen a los diálogos de paz alegando el riesgo que suponen para los valores patrios se ven ahora vinculados -como institución- a un caso vulgar de robo a gran escala. El asunto trae a la memoria al general Pinochet y sus uniformados, a los cuales se les llenaba la boca alegando ser la misma encarnación de la honradez y cuyos “excesos” (en realidad, crímenes) debían ser perdonados por su gran sacrificio en pro de la patria. Al final terminaron acusados no solo como los agentes siniestros de la guerra sucia contra su propio pueblo sino como vulgares ladrones. El dictador chileno, el primero de todos.

En pleno proceso de elecciones parlamentarias y presidenciales en los próximos meses y en la perspectiva de un posible arreglo político con la insurgencia a Santos se le brinda entonces la oportunidad de dar un giro importante en la relación tradicional entre el gobierno civil y los cuarteles. Un golpe de autoridad que sentaría un precedente de gran importancia en los momentos actuales. Los otrora ensalzados como “héroes de la patria” y a quienes se perdonan los peores crímenes (“excesos inevitables” a los ojos de muchos) resultan ahora tan corruptos como los políticos, esos “civiles” a quienes ellos tanto desprecian. Ahora, quienes sacan pecho de forma sistemática y se presentan como la institución que puede garantizar que la nación no perezca por efectos de la corrupción y la mano blanda tampoco pueden lanzar la primera piedra. Ni son tan eficaces (no han logrado realmente derrotar a la guerrilla) ni resultan tan honrados como se pensaba. Si se constata que al menos en los altos mandos no todo es tan impoluto y que el loado sacrificio por la patria recae sobre todo en la tropa y en la baja oficialidad los efectos pueden ser demoledores. Es todo un sarcasmo que mientras unos se exponen en la selva y se baten a muerte con otros colombianos de extracción social humilde como ellos -los guerrilleros- en las altas esferas quienes nada arriesgan (nunca van al campo de batalla) se aprovechan del generoso presupuesto destinado a la guerra para hacer negocios, llenarse los bolsillos y asegurarse un retiro descansado y feliz.

Llegar hasta las últimas consecuencias en este asunto le puede permitir a Santos hacer una limpieza si no total al menos muy importante (a juzgar por los muchos nombres que se mencionan en las grabaciones en manos de la fiscalía y que ha denunciado la revista Semana). El presidente tiene ventaja para negociar con los cuarteles sabiendo que dada la naturaleza del asunto no va a encontrar resistencias entre la tropa ni entre la oficialidad honrada que a estas horas estará indignada sabiendo que los fondos destinados para su bienestar y seguridad han ido a enriquecer ilegalmente a tantos de los que a diario les piden exponer sus vidas en unos campos de batalla que ellos jamás pisan.

En Colombia pocos confían en la justicia, y no les faltan motivos. Tampoco son muchos los que esperan algo espectacular de Santos en esta coyuntura. Los más realistas creen que el presidente es un político sagaz que mide bien los pasos y sabe hasta dónde puede llegar en sus relaciones con el poder militar (o sea, que no irá demasiado lejos); no faltan sin embargo quienes en sus propias filas ven en Santos a un hombre indeciso, incapaz de grandes gestos, que no está a la altura del objetivo de paz y modernidad que ha propuesto al país. Para unos es un hábil jugador de cartas; para otros, alguien que mata al tigre pero se asusta con la piel. Pero lo cierto es que los militares han quedado mal ante esa parte de la opinión pública que ha confiado en ellos como una especie de baluarte que salva a Colombia del cáncer de la corrupción. Quienes “entienden” que asesinen campesinos no les perdonan que roben. El contenido de las conversaciones entre los dos oficiales y el lenguaje soez que utilizan rompe la imagen tradicional que se ha ofrecido siempre de las fuerzas armadas y- como ya ocurre con los “falsos positivos”- el asunto refuerza la creciente opinión de que no estamos frente a “manzanas podridas” o conductas aisladas sino frente a todo un sistema que viene de muy lejos y afecta todos los niveles de la institución.

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La necrosis institucional de Colombia

ANNCOL

Los ex presidentes liberales Ernesto Samper y César Gaviria. JM Santos en el centro.

¿Cuál es el escenario regional que menos le interesa al Imperialismo y las oligarquías cipayas locales?


Foto: Samper - Santos - Gaviria

Uno en el cual la revolución Bolivariana se consolide y en Colombia, el proceso de paz de la Habana logre acuerdos definitivos trasformadores de la sociedad, incluida una solución “colombiana” al llamado problema del narcotráfico, creado expresamente por el Pentágono para dominar toda la región.

Evitando ese porvenir (favorable a los Pueblos y desfavorable a los intereses neoliberales del Imperialismo) están. Esa es la ofensiva que explica los actuales acontecimientos en Venezuela y en Colombia, donde si bien las tácticas locales son distintas; la estrategia es regional, es decir, donde se considera a Colombia y a Venezuela como dos caras inseparables de una misma medalla.

Por ejemplo, la premura y el acelere por derrocar el gobierno de Venezuela, contrasta con la lentitud con la cual se maneja la “necrosis institucional de Colombia”; entregándola a interminables y “exhaustivas investigaciones” para “que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables” y todo ese bla-bla-bla electorero y mediático que nadie a estas alturas cree. Creando la ilusión de una Investigaciones inanes que serán realizadas durante años por instituciones igual de necrosadas, corruptas e incompetentes que la institución que van a investigar como la Procuraduría de Ordóñez, la Contraloría de Morelli, o la Fiscalía en su totalidad.

En Venezuela ha quedado claro el panorama: Fascismo violento contra Bolivarismo antiimperialista y antioligárquico de masas. Pero no en Colombia, donde los financiados por del Partido Republicano de los EEUU como Uribe Vélez y sus apéndices, tanto electorales como militares, aún no se han impuesto totalmente sobre los seguidores del Partido Demócrata estadounidense, agrupados por el actual presidente colombiano JM Santos; la oscuridad y la incertidumbre son la norma.

Santos en lugar de cortar por lo sano la “necrosis institucional ”, por ejemplo sacando al ministro de defensa Pinzón (troyano del militarismo uribista y responsable político de lo que está sucediendo en las filas militares bajo sus órdenes directas) y depurar verdaderamente las FFMM colombianas, dando pasos seguros en la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente democrática y popular, como fórmula de concluir el pacto de la Habana y finalizar el conflicto social y armado de Colombia y resolver el problema institucional actual; ha preferido echarse en los brazos de la camarilla clientelista dirigente del partido de Samper y Gaviria, buscando la protección clientelista que ese desprestigiado partido no le podrá brindar en las elecciones por venir, creando un vacío político y abriéndole aún más posibilidades a la lista al senado encabezada por Uribe Vélez. Como quien dice, sin querer queriendo, llevándole agua al molino de su adversario.

ANNCOL insiste en que ante la pugna entre Uribistas y Santistas, que finalmente ha llegado con todo su esplendor al mismísimo seno del Ejército de Colombia, no podrá resolverse en unas elecciones amañadas y manejadas por otras dos instituciones tanto y más corrompidas y necrosadas que las anteriores, como son la Registraduría Nacional, y el Consejo Nacional Electoral de Colombia; sino mediante una trasformación profunda y democrática de Colombia, la que solo es posible mediante una Asamblea Nacional Constituyente, inclusiva amplia, democrática y popular, que es la que se debe convocar ¡Ya¡

Y una preguntica final: Santos ¿en serio cree que con ese Ejército va a ganar la guerra?

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Algo más que la anécdota de la rana y el escorpión

A. Guerrero (PRENSA OBRERA, especial para ARGENPRESS.info)

El gobierno dice haber superado la crisis cambiaria, mientras Axel Kicillof evalúa “un alza gradual de tarifas de gas, luz, agua y transporte” (La Nación, 16/2). Entretanto, antes que los precios, las “cuidadas” son las paritarias, de modo que salarios y jubilaciones se conviertan, con su miseria, en el ancla precaria del tipo de cambio. En ese punto, como en 1975 (“Rodrigazo”) las paritarias quedan en el centro de la crisis, porque burocracia y gobierno buscan un “pacto social” contra los trabajadores y, paralelamente, se vislumbra una posibilidad de huelga general.


Foto: Los barones del conurbano

Es notable cómo toda la oposición patronal festejó que Kicillof reconociera una inflación del 3.7 por ciento en enero, la cual da una proyección anualizada de hasta el 45 por ciento. Esa admisión es parte del intento de permitir el escrutinio de cuentas por parte del FMI y “volver a los mercados”; es decir, al endeudamiento externo. Forman parte de la misma política los reconocimientos a los fallos del Ciadi, las negociaciones con los fondos buitre y el Club de París, y hasta el intento (por ahora fallido) de cumplir las normas del GAFI sobre lavado de dinero. En ese panorama de aproximación al desastre, se ven patéticos los patrullajes de La Cámpora por los supermercados.

Por otra parte, recrudecen las internas dentro del gobierno y las tendencias “destituyentes” que emergen en el propio oficialismo. La pelea entre el titular del Banco Central, el hasta hace poco ignoto Juan Carlos Fábrega, y el ministro Kicillof, se hace más dura cada día. Y por ahora gana ampliamente el jefe del Central; es decir, los bancos.

De todos modos, “no descartan en Balcarce 50 que la inflación 2014 obligue a fin de año a devaluar otro 15 o 20 por ciento y que el dólar oficial termine en 9,60 pesos” (ídem). El dólar futuro se cotiza ahora por encima de los diez pesos, para julio próximo.

En ese cuadro de situación se cocina la ofensiva judicial contra funcionarios del gobierno, en especial contra Amado Bouodu, primero en la línea de sucesión, la lucha por la presidencia provisional del Senado, la constitución de la liga de gobernadores y los realineamientos en el PJ.

Los “barones” del conurbano

El traspaso de Raúl Othacehé, el matón que gobierna Merlo con métodos policiales y patoteriles, a las filas de Sergio Massa encendió en el gobierno la alerta roja. Por eso, Julio de Vido fue el encargado de reunirse con intendentes del Gran Buenos Aires para retenerlos con promesas de obras a granel. Entre esos intendentes se han constituido logias (los Oktubres, los sub-40) que son en verdad grupos de presión para chantajear al gobierno. Mientras tanto, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, trata de hacer lo mismo con municipios del interior. Esos intentos tienen un límite preciso: la cooptación masiva por medio de la caja pública enfrenta un tiempo de las vacas flacas.

 La pelea por la sucesión

La vicepresidencia del Senado -presidido naturalmente por el vicepresidente, ahora en riesgo cierto de ir preso- se vuelve una lucha clave porque queda en la línea sucesoria inmediata, un puesto decisivo si los “destituyentes” (los oficialistas y los opositores) creyeran en algún momento llegada la necesidad de forzar elecciones anticipadas.

La oposición, buena parte del PJ y algunos kirchneristas que preparan su emigración a otras tiendas, pugnan porque ese lugar quede en manos de Miguel Ángel Pichetto, pero el senador por Río Negro se ha hecho sciolista y es rechazado por La Cámpora, de modo que bloquearán esa posibilidad. El bloque K quiere imponer al ex gobernador santiagueño Gerardo Zamora o, en todo caso, dejar allí a la vapuleada Beatriz Rojkés, la mujer de José Alperovich, el gobernador de Tucumán, más vapuleado aun. Es notable, pero los K proponen siempre a los peores, a los de prontuarios más ventrudos, y no parece casual. No por nada, en uno de sus últimos discursos, la Presidenta recordó la anécdota de la rana y el escorpión, como si dijera “después de mí, el diluvio” o “si el escorpión me pica, nos hundimos ambos”.

Esta crisis no se desenvuelve, por cierto, en un contexto de quietud social. Por el contrario, con la paritaria docente empantanada, todas las otras bajo la amenaza de “techo” o de resolución por decreto, la burocracia paralizada y una movilización creciente por abajo, empiezan a prepararse las condiciones para la huelga general, para terminar con la vieja política de descargar las crisis sobre las espaldas de los trabajadores y para darle a la Argentina su necesaria salida obrera y socialista.

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Cómplice ciudadanía canalla

Alfredo Grande (APE)

En una cultura no represora, el pueblo gobierna y delibera incluso a pesar de sus representantes (aforismo implicado)

Con razón se habla de trabajo esclavo. Con no demasiada razón se engloba una serie de prácticas culturales de supervivencia en comunidades de pobreza milenaria. Sería más que bueno que algunos cruzados contra toda forma de trabajo infantil compartieran una tertulia con Darío Cid, Laura Tafettani y Alberto Morlachetti, referentes de la Fundación Pelota de Trapo. Si tuvieran capacidad de escucha, entenderían por qué lo universal es asesino de lo singular.

En el marco de la cultura represora es obvio que el camino del infierno siempre estará sembrado de buenas intenciones. Pero también hay que saber que las mejores causas terminan transformadas en las peores cruzadas. El pasaje del ideal a la idealización no es sin consecuencias. Todas esas consecuencias son nefastas. La fe convertida en un dogma de exterminio. El amor clonado en los amores que matan. El matrimonio transformado en una condena de unión hasta que la muerte los separe, lo que explican algunos casos de violencia de género, sobre todo en sus formas crónicas.

¿Cuánto oro hace falta para festejar los 50 años de casados? Festejarlos en forma maníaca que es la alegría por mandato. Sin embargo, si hay que creer o reventar, prefiero reventar que creer porque es absurdo, como proponía un padre de la iglesia de Roma.

Reventar de ira, de sed de justicia, de hambre de igualdad, de voracidad por la libertad, es preferible a la tela de araña de lo que denomino alucinatorio social. No hay percepción: hay alucinación. No hay pensamiento: hay delirio. Las palabras son huecas. Son gritos en las cuales el sentido está congelado. Son los “tips”, los mensajitos de texto, los whatsapp, con los cuales las honestas medianías, las mujeres y hombres mediocres que José Ingenieros supo analizar, rumian pero no tragan y si tragan no digieren. No pueden metabolizar el necesario colágeno vincular. Se amontonan pero no se unen. Aquello que los amontona hoy será lo que no podrá acercarlos mañana. No es el viento el que los amontona, más allá de la crianza que hayan recibido de dios. En todo caso, no es cualquier viento. Son las tempestades, los tornados, los huracanes que la cultura represora organiza para devastar y arrasar todo aquello que hace que lo humano siga siendo humano, aunque no sea necesariamente demasiado humano.

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Se habla con razón de los sobrevivientes del terrorismo de estado o de un campo de exterminio. En dolor de verdad, la cultura represora sólo admite dos categorías: sobreviviente o cómplice. Los que viven bien, muy bien, excelentemente bien, pornográficamente bien, en este valle de lágrimas y de aullidos, son los “capos” de los diferentes campos de concentración y desaparición. Algunos pocos, demasiados pocos, son jefes intelectuales y operativos. Pero las máquinas de exterminar funcionan por el colaboracionismo de los “santos inocentes”. Testaferros autistas que nada saben, nada huelen, nada oyen, nada observan, nada piensan. Algunos se quejan, pocos protestan, ninguno combate.

El guetto de Varsovia es un analizador poderoso de que para que otro mundo sea posible hay que luchar para conseguirlo. Y se lo consigue aunque no se lo obtenga, porque ese otro mundo posible es, después de nada y antes que todo, una lógica emancipatoria y libertaria. Jamás será entendida por la “perrada”. El perro encierra en su origen la más aberrante de las traiciones. Débil para enfrentar a los animales más grandes, se unió a una raza en ascenso, el homo sapiens, para aliarse a sus rituales de caza. El perro fue el primero que inauguró la mediocre satisfacción de conformarse con las sobras del banquete. Miles de años después, la costumbre se expandió hacia todos los perros que comen el sobrante, los restos, los residuos, los excedentes no utilizables, del homo no sapiens pero si del “homo lucrans”. El hombre del lucro. Que no es ganancia, sino la rapiña del trabajo explotado.

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El honesto ciudadano, orgulloso de su legalidad y de su legitimidad, que exhibe su don de gentes, incluso que no estaciona en lugares prohibidos, permite pasar a los peatones porque tienen prioridad de paso (de paso, única prioridad que tienen) firma las tarjetas de crédito y débito con el mismo orgullo que podría rubricar una novela memorable, sonríe porque dios lo ama, vota temprano para no perder el día, elige la seguridad aunque pierda la libertad, se emociona con Titanic pero es indiferente a las mujeres degolladas por la trata, digo que ese honesto ciudadano es tan perro como el perro que tiene de mascota.

También hizo un pacto con la especie más poderosa (un rey, un señor feudal, un gobernador, un presidente, un ceo de una multinacional, un Estado) para seguirlo mientras va de caza. Luego de pagar el IVA se le tirarán las sobras del impuestazo con un maloliente 5% si paga con tarjeta. La perrada de adulones, alcahuetes, seguidores, amanuenses, testaferros, amarretes, ventajeros, cizañeros, dirán desde el “deme dos” de la dictadura, pasando por el “por algo será”, el “yo argentino” que pasó de ser una respuesta defensiva frente a la discriminación del inmigrante por la ley de residencia, a ser una fotocopia miserable y mezquina del “no te metás”, y terminando en soliloquios sobre la representación popular, el mandato de los votos, la alternancia partidaria, el rol benefactor del estado y extravagancias por el estilo. La canalla ciudadana siempre a favor de los canallas.

Un país que se dice federal pero es tan, pero tan unitario que dios sólo atiende en Buenos Aires. Y en estos años, preferentemente en la Gran Manzana de Puerto Madero. Pero las provincias no demasiado unidas del Río de la Plata también son unitarias. Lo único federal es la policía y el jabón. En cada provincia la perrada sigue durante décadas a las especies triunfadoras, sin importar de qué partido-collar sean. Por eso ante cada violador, pedófilo, secuestrador, torturador, estafador, hambreador, masacrador, violador e incluso a todo eso junto… no hay pueblo unido. No hay colágeno vincular y seguimos amontonados o solitarios. No hay unión para que haga nuestra fuerza. Es una complicidad activa, no por omisión. Es la firme decisión de seguir el carro de los triunfadores, ladrando y aullando para que larguen alguna achura o un hueso con poca carne, pero que larguen.

Como burla final, la cultura represora se permite honrar a los lobos que han resistido las sobras de todos los banquetes. Barak Obama elogiando a Mandela. Sin ir más lejos porque no quiero ir más cerca. Frente a la perrada de ciudadanía cómplice, supongo que Bertold Brecht habrá pensado que “pobre de la tierra que necesita héroes”. Hoy tenemos esos héroes. Todos son mis hermanos y con un poco de esfuerzo, también los puedo contar. Están excluidos de todos los banquetes. No les interesa ninguna sobra. En la comunión que practican, nada sobra porque todo se comparte. Lo sé porque en esos momentos en que la vida merece ser vivida, me dejaron ser parte de esa comunidad de hombres y mujeres libres. Pero sé, dolorosamente sé, que esa no es mi tierra. Pero también sé, alegremente sé, que es la única tierra que nunca dejará de ser buscada, deseada y defendida.

Y en esa maza con cantera, ninguna cómplice ciudadanía canalla tendrá ni su sombra en el suelo.

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Puja redistributiva: "Gran parte del sindicalismo mira para el costado ante el ajuste", dijo Micheli

EL DIARIO DE LA PAMPA - PLAN B NOTICIAS - ACTA

El secretario General de la CTA, Pablo Micheli, visitó Santa Rosa en el marco de una recorrida por el país. Lanzaron un paro nacional para el 12 de marzo. Reclaman paritarias "sin techo" y una recomposición salarial mínima del 35%. Hoy estará en Río Negro.

El secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Pablo Micheli, dijo este miércoles en Santa Rosa que “gran parte del sindicalismo argentino está mirando para el costado” ante la devaluación y el ajuste que cae sobre los salarios de los trabajadores. “Planteamos una paritaria libre, sin techo”, afirmó el gremialista, que comenzó a recorrer el interior del país luego de que la mesa nacional de la central dispusiera el martes pasado un plan de lucha.

La CTA convocó a un paro nacional de trabajadores estatales para el 5 de marzo, que podría afectar el inicio de clases, y un paro nacional con movilización a Plaza de Mayo el 12 de marzo. Este miércoles Micheli participó de un encuentro en la sede de Luz y Fuerza La Pampa, para promocionar la protesta, con delegados de los gremio locales que adhieren a la Central. En la reunión estuvo el secretario General de Luz y Fuerza, Julio Acosta; el secretario General de ATE, Ricado Araujo; y el secretario de los Judiciales, Ceferino Riela.

Micheli planteó que el plan de lucha apunta a “golpear” la política de ajuste de los gobiernos nacional, provinciales y municipales. Reclaman la recomposición del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que quedó en 3.600 pesos después de la devaluación. “Con eso no se puede vivir”, dijo el gremialista.

“En la paritaria no pueden poner un porcentaje menor al de la inflación”, reclamó. “Hablar de un 25% es ausencia de sentido común. Es menor a la inflación de 2013, que fue del 30. La proyectada para 2014 está cerca del 40. ¿Cómo podemos aceptar una pauta salrial inferior a eso con salarios que son de 3.600 pesos o menores de 5 mil pesos?”. se preguntó. “Es una miseria. Son mil pesos de aumento. Y para llenar un chango en el supermercado hacen falta 1.500 como mínimo. Para comprar útiles y guardapolvos hace falta un montón de plata”, alertó.

Frente a ese cuadro, Micheli indicó que la CTA reclama un bono especial de 3 mil pesos para el próximo mes. “(Hugo) Moyano también lo pide y lo compartimos. Sería bueno que el gobierno tenga un gesto de pagar 3 mil pesos para poder mandar los pibes a la escuela”.

Sobre la negociación paritaria, dijo: “Reclamamos que sea un 35% como mínimo. Pero el porcentaje tiene que estar ligado a otras cosas, es un paquete, no solo la cifra fría de lo salarial. Por eso pedimos la reunión urgente del Consejo del Salario. Támbién reclamamos que la jubilación mínima tenga de salario lo mismo que el Mínimo, Vital y Móvil. Hoy no puede vivir un jubilado con 2.700 pesos. Está condenado a morirse”.

Consultado sobre la posibilidad de confluir en la protesta con la CGT de Hugo Moyano, Micheli respondió que ya habló con el camionero. “Quedó en contestar, hasta ahora no lo ha hecho. La CTA tiene identidad propia. Y con otras fuerzas del campo popular, partidos de izquierda, movimientos territoriales, Barrios de Pie, la Corriente Clasista, formamos parte de una Multisectorial que va a llevar adelante esta medida”.

“Ojalá lo podamos hacer con la CGT y con todos los que quieran pelear y estén dispuestos. Nos preocupa que una gran parte del sindicalismo del país esté mirando para el costado. Igual que la dirigencia político partidaria. No dicen ni una palabra de este desangre que le están haciendo al pueblo y al bolsillo de los trabajadores”, subrayó.

“Es tremendo como hemos quedado después de la devaluación de (Axel) Kicillof. Nos preocupa que no digan nada y que no convoquen a ninguna medida. Somos respetuosos de la decisión de otras organizaciones, pero no nos vamos a quedar cruzados de brazos”, aclaró.

Sobre la postura de la CGT oficialista que encabeza Antonio Caló, Micheli recordó que el gremialista dijo que había trabajadores que padecían hambre en el país y la presidenta Cristina Fernández “lo llamó a Olivos y terminó respaldando la política del gobierno". "Caló juega un papel de contención de los trabajadores frente al gobierno, cuando en realidad debería representar a los trabajadores, termina siendo el representante del gobierno ante los trabajadores. Eso es un papel lamentable. Es hacerle la corte a la presidenta, no tener independencia de criterios. Después de que lo basureara en la última cadena, da pena”, sentenció.

“No tengo ninguna expectativa en esa clase de dirigentes, sí en otra clase de dirigentes y en el plenario de delegados, que no le va a pemitir a Caló que firme por la pauta que le impone el gobierno. Ya le pasó el año pasado, él aceptó una pauta con Tomada y Abal Medina, que era jefe de Gabinete, y fue al plenario de la UOM y le dijeron que no aceptaban y le votaron en contra. Por eso firmó por más. Y este año le va a pasar peor todavía”, concluyó.

Paritarias libres

Pablo Micheli destacó que quieren paritarias libres y “que los gobiernos no intenten imponer un porcentaje menor a la cantidad de inflación”. El dirigente estatal llegó a la ciudad capital de La Pampa en medio de la suspensión de la primera reunión paritaria del año. Estaba prevista para este miércoles la reunión entre el Ejecutivo y los gremios, pero el Ministerio de Trabajo anunció que fue postergada.

El secretario General de la CTA fue recibido por dirigentes de la Mesa Intersindical que integran gremios de la CTA y la CGT y en conferencia de prensa dijo que “estamos en el contexto de una recorrida por todo el país desde la Mesa Nacional de la Central. Hoy estamos en Santa Rosa, mañana estaremos en Río Negro, con los compañeros reunidos en plenario discutiendo, porque ayer en reunión de la Comisión Nacional hemos resuelto un plan de lucha en la Central contra la política de ajuste del Gobierno Nacional, provinciales y municipales que tiene que ver con plantear la discusión de paritarias libres, pedir la recomposición del Salario Mínimo, Vital y Móvil que está recontra atrasado después de la devaluación terrible que hemos sufrido los argentinos”.

Respecto a las paritarias destacó: “Queremos paritarias libres sin techos que el Gobierno ni los gobiernos provinciales ni estos ministros de Economía que se están reuniendo intente ponerle un porcentaje menor a la cantidad de inflación. Hemos resuelto un Paro Nacional para el 12 de marzo con movilización hacia la Plaza de Mayo y movilizaciones en cada capital de provincia, conjuntamente con eso va a haber cortes de rutas".

"También resolvimos para el 5 de marzo un paro de todos los sindicatos de estatales de la Central que incluye a los docentes que tiene la CTA que dará como resultado que las clases no puedan comenzar si es que no cierra la Paritaria Docente. Esta es la razón de la visita, promocionar las medidas de fuerza de la Central, discutir con los compañeros la modalidad en cada lugar”, dijo el dirigente.

Por eso, desde la CTA, "en primer lugar exigimos un bono especial de 3000 pesos. Después reclamamos que el aumento sea un 35% como mínimo, pero también decimos que el porcentaje debe ir ligado a otra cosa, por eso reclamamos la reunión urgente del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, para discutir el tema del Salario Mínimo. También reclamamos que las jubilaciones mínimas, que son la gran mayoría de los jubilados en la Argentina, sean lo mismo que el Salario Mínimo de los trabajadores activos”.

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Liliana: La patronal ataca

ACTA

El pasado lunes la patronal de la empresa Liliana despidió a 12 activistas, entre ellos varios delegados de hecho. La medida, claramente persecutoria y antisindical, fue respondida con un paro y bloqueo de la planta de Baigorria por la totalidad de los obreros y repudiada por la Mesa Nacional de la CTA, mediante un comunicado firmado por su Secretario General, Pablo Micheli y los adjuntos José Rigane y Ricardo Peidró.

Alrededor de 120 trabajadores de Liliana SRL cortaron en la jornada de ayer el ingreso a la planta en Silvestre Begnis y Autopista a Santa Fe, en Granadero Baigorria. El detonante fue el despido de doce obreros, todos ellos activistas y delegados que lograron el año pasado, el pase a planta de todos los trabajadores y otras mejoras sustanciales en materias laborales. En sintonía, la Mesa Nacional de la CTA emitió un comunicado de apoyo, exigiendo la inmediata reincorporación.

La movida patronal había sido adelantada por Abraham Beloso, uno de los delegados desplazados en el encuentro de trabajadores realizado el jueves 13 de febrero. Por entonces ya habían aislado al activismo del resto de los obreros: ‘los marcados’ se quedaron haciendo las tareas residuales que seguían desarrollándose en las plantas de Rosario, mientras el resto de los empleados eran trasladados en tandas a la nueva planta que Liliana instaló en Granadero Baigorria.

La embestida final sucedió el lunes, con el formato ampliamente conocido que despliegan las patronales privadas para deshacerse de los representantes obreros. Así lo relató Lucas Castillo, uno de los despedidos:

“Nos presentamos a trabajar como todos los días en el horario de las 6 de la mañana, un total de 17 compañeros que ya habíamos sido aislados por la patronal. Nos encontramos con un despliegue de seguridad no habitual, tomaban nota cuando entrábamos, algo que nunca había pasado. Al ingresar advertimos que los molinetes estaban apagados, no había más línea de producción, sólo canastos vacíos. Ahí nos dimos cuenta que todo esto era para impedir el ingreso del delegado Abraham Beloso, a quien le dan el telegrama de despido en mano en la puerta. Fue un despido sin causa que violó la promesa de trasladarnos junto a los otros compañeros a Baigorria”.

Pero el de Beloso fue el primer despido de 12. En un marco de asamblea permanente y la promesa de cortar la Autopista a Santa Fe si no hay respuestas, mañana desde las 11 horas los obreros participarán de un encuentro en la sede local del Ministerio de Trabajo de Santa Fe. En el mismo se harán presentes referentes de la Unión Obrera Metalúrgica local, que prometieron acompañar el reclamo. Convocan a la comunidad a brindar su solidaridad en ese horario en la esquina de Ovidio Lagos y San Lorenzo.

Para finalizar, vale hacerse eco de uno de los comunicados de los obreros de Liliana. Trabajadores que, cabe subrayar, tienen entre 20 y 30 años y se pusieron al frente de reclamos por el respeto de derechos básicos que, queda demostrado, para la patronal son intolerables:

“Esta empresa ya fue denunciada por fraude laboral. Acaba de inaugurar una nueva planta en Baigorria con un crédito del Bicentenario que pagamos todos los argentinos, pero se da el lujo de despedir a quienes encabezaron el importante proceso de organización de todos los trabajadores de la empresa, mediante el cual ganamos el pase a planta permanente de todos los contratados, entre otros reclamos”.

“Para amedrentarnos, la empresa contrató al conocido abogado de narcotraficantes Paul Krupnik, y puso un nuevo gerente de RRHH, Dorigón, quien hizo su carrera en el ejército en plena dictadura y que es quien encabeza la persecución a los delegados y al conjunto de los trabajadores”.

“Nuestras familias no merecen pasar por esto. Mientras el contexto de inflación nos come los ya magros sueldos de $4200, la empresa impunemente quiere dejar en la calle a 11 compañeros. Exigimos al Sr. Gobernador y al Ministro de Trabajo de la provincia que tomen cartas en el asunto, no dejen que nuestras familias terminen en la calle, intervengan para frenar y retrotraer este ataque brutal a los derechos de los trabajadores”.

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El Cispren exigirá la inmediata reapertura de la negociación paritaria y se declaró en estado de alerta y movilización

PRENSA RED

El Círculo Sindical de la Prensa y la comunicación de Córdoba (Cispren) exigirá al Ministerio de Trabajo de la Nación, delegación Córdoba, la inmediata reapertura de la negociación paritaria con las empresas periodísticas teniendo en cuenta el gran desfasaje que por la inflación sufrió el salario de los trabajadores, a partir de la devaluación.

La resolución se tomó durante el Plenario llevado a cabo este mediodía en la sede del gremio con la participación de integrantes de la Comisión Directiva y el Cuerpo de Delegados Obreros y Paritarios, donde también se resolvió declarar el estado de alerta y movilización en los medios de toda la provincia de Córdoba.

“Por unanimidad se votó solicitar a la autoridad laboral la urgente reapertura de la paritaria porque la devaluación y la alta inflación perforó el bolsillo de los compañeros, no solo de prensa, sino de todas las actividades”, manifestó a Prensared el secretario Adjunto del gremio, Víctor Beccaria, al término del Plenario.

- ¿Cuál será la propuesta del gremio en la paritaria?

- La decisión es plantear a las empresas una negociación paritaria corta, entre cuatro y seis meses, y la inmediata incorporación de esos aumentos de manera inmediata y no progresiva porque si estamos hablando de una inflación del 3,7 por ciento mensual, el salario del trabajador se licuará rápidamente.

- ¿Se mantendrá la solicitud de un básico 10.128 pesos para el Redactor de Córdoba-Capital?

- Efectivamente porque es lo que se acordó en los dos Plenarios anteriores, y hablamos de una cuestión nominal y no de porcentajes porque de hacerlo de esta manera estaríamos perjudicando a los trabajadores de prensa del interior comprendidos en los otros convenios de prensa: es decir Río Cuarto e Interior A y B porque se abriría una brecha muy grande en la escala salarial entre el convenio de Capital y los tres mencionados.

- ¿Cuándo se realizaría la presentación de la reapertura paritaria?

- Calculo que a principios o mediados de la semana que viene y esperamos que la autoridad laboral tome la debida nota y los recaudos necesarios para notificar rápidamente a las empresas para que concurran a la audiencia.

- La actual escala salarial vence el 31 de marzo ¿creés que las empresas se ampararán en ese plazo legal para no concurrir a la audiencia?

- Es probable, pero me parece que sería de una irresponsabilidad total de su parte si no concurren porque, vaya paradoja, son ellos los que publican las cifras que marcan el gran defasaje económico estamos padeciendo. Y también sería una irresponsabilidad que no se presenten porque estamos hablando de una instancia de diálogo, no de conflicto.

- ¿Mientras tanto el gremio se mantendrá movilizado?

- Así es, porque es fundamental que los trabajadores sigan realizando asambleas en los medios, como ocurrió hasta ahora, y en ese sentido quiero destacar además que muchos compañeros se han sumado para participar en la vida del gremio, ya sea en el Cuerpo de Delegados o través de actividades deportivas y culturales. También quiero decir que en estos dos últimos años de gestión aumentó nuestra base de afiliados porque los compañeros entienden que deben tener un amparo gremial a la hora de pelear por sus derechos.

La próxima reunión Plenaria se realizará el jueves 27 de febrero, a las 11, en la sede del gremio.

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Argentina, La Plata: Continúa el juicio por el CCD “La Cacha”

INDYMEDIA

La semana pasada, luego de finalizadas las declaraciones indagatorias de los imputados, comenzaron a escucharse, en las audiencias del juicio por el Centro Clandestino de Detención (CCD) “La Cacha”, los relatos de los testigos. El proceso se lleva adelante después de 10 años de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, con un saldo de 340 represores muertos impunes en 10 años, 8 de ellos imputados en esta causa. El Juez Manuel Blanco, quien estuvo a cargo de la etapa de instrucción, decidió fragmentar la causa y elevar a juicio sólo una parte.

 “La Cacha”, lugar reconocido como uno de los CCD más sofisticados de la dictadura por la participación conjunta que tuvieron el Ejército, la Marina, la policía de la provincia de Buenos Aires, la policía federal, el Servicio Penitenciario Bonaerense y el SIE (Servicio de Inteligencia del Ejército), llega a juicio con sólo 21 genocidas sentados en el banquillo. Varios de los sobrevivientes y de los familiares de los desaparecidos que estuvieron en ese CCD durante el año 1977 quedaron afuera del juicio, así como también la totalidad de quienes pasaron por “La Cacha” durante el año 1978.

El viernes 14 de febrero se realizó la cuarta audiencia del año, en La Plata, por el juicio que se lleva adelante contra 21 represores por delitos cometidos en el Centro Clandestino de Detención “La Cacha”. Declararon Miguel Angel Bellomo (ex policía de la provincia de Buenos Aires) y los sobrevivientes María Laura Bretal, Carlos Roesler y Viviana Rodríguez.

María Laura Bretal enumeró, frente al Tribunal, todas las ocasiones en las que había brindado testimonio, sumando ya casi diez declaraciones. Pese a esto, su secuestro y su cautiverio todavía no fueron tomados como caso en ninguno de los juicios. En este juicio María Laura declara, una vez más, como testigo por los compañeros y compañeras con quienes estuvo detenida en La Cacha. En este juicio, nuevamente, no es caso. Lo mismo sucede con todos los que estuvieron en ese Centro Clandestino durante el año 1978 y con algunos casos del año 1977.

A fines del año pasado comenzó en La Plata el juicio por el Centro Clandestino de Detención “La Cacha”. El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata (integrado por los jueces Carlos Rozanski, Pablo Jantus y Pablo Vega) realizó la lectura de la elevación a juicio, luego de lo cual se pasó a un cuarto intermedio hasta el pasado miércoles 4 de febrero.

El comienzo del juicio se dio 35 años después de que los genocidas decidieron comenzar el desmantelamiento de “La Cacha” y 10 años después de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, con un saldo de 340 represores muertos impunes en 10 años, 8 de ellos imputados en esta causa.

Según los trabajos de reconstrucción de sobrevivientes y organismos de derechos humanos, por “La Cacha” pasaron al menos 239 personas, 98 de las cuales fueron desaparecidas, 64 liberadas, de 15 se desconoce el destino, y al menos 9 niños nacieron durante el cautiverio de sus madres.

Sin embargo, a comienzos de 2012, el juez Manuel Blanco (encargado de la instrucción esta causa, y denunciado por graves irregularidades registradas en todas las causas por delitos de lesa humanidad radicadas en su juzgado) clausuró la instrucción y elevó la causa a juicio, incluyendo sólo a 17 genocidas por 137 casos, dejando afuera algunos casos del año 1977 y excluyendo, también, la totalidad de los casos del año 1978. En mayo de 2012, falleció Alejandro Agustín Arias Duval, quien fue jefe del Destacamento 101 de Inteligencia (comunicado de prensa de HIJOS La Plata). A los pocos meses falleció Ibérico Saint Jean, uno de los gobernadores de facto de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura (“Murió un genocida imputado en la causa Circuito Camps”, por Josefina ((i)) ). A pedido de parte de las querellas, se sumó al juicio la causa por los asesinatos, en noviembre del ’76, de Marcelo Bettini y Luis Bearzi, donde están imputados Jaime Lamont Smart, Miguel Osvaldo Etchecolatz, Horacio Elizardo Luján, Eduardo Gargano y Julio César Garachico (uno de los represores mencionados por Jorge Julio López en su testimonio).

Los organismos de de derechos humanos querellantes continúan denunciando que este tipo de juicios son un ejemplo más de la impunidad que genera la fragmentación de los juicios y la dilación de los tiempos de instrucción.

“Este juicio es fiel reflejo del proceso de juzgamiento en todo el país, que en 10 años sólo ha condenado a 403 represores por 2400 víctimas en 104 juicios en todo el país. Ello representa el 20% de los 2.000 genocidas procesados en estos años. El año 2013 representa un estancamiento de juicios llegados a sentencia: 16 en todo el año, contra 25 concluidos en 2012”, señalan, en un comunicado, los organismos integrantes de la querella unificada de Justicia Ya La Plata.

La audiencia del miércoles anterior, 12 de febrero, había finalizado en un clima enrarecido por las continuas interrupciones de la defensa de los genocidas, en particular del abogado Juan José Losino, que representa al represor Claudio Raúl Grande, quien trabajó como personal civil de inteligencia del Destacamento 101 y es uno de los 21 imputados del juicio. Ante esta situación la fiscalía y parte de las querellas plantearon la necesidad de que el Tribunal tomara medidas tendientes a evitar la revictimización de testigos. En este sentido, se dio lectura a un informe presentado por el colectivo profesional de asistencia a las víctimas CODESEDH (Comité de Defensa de la Etica, la Salud y los Derechos Humanos), detallando la “modalidad agresiva de algunos defensores” y las nocivas consecuencias de esto para los testigos y para el desarrollo del juicio.

Sin embargo, la audiencia del viernes no fue la excepción a ese accionar. El clima generado, nuevamente, por la defensa del represor Claudio Grande llevó a que el testigo Miguel Ángel Bellomo solicitara retirarse de la sala para que le tomaran la presión. Fue atendido por un equipo médico. Luego de un cuarto intermedio se informó que Bellomo no se encontraba en condiciones para continuar con su declaración en esa audiencia. Bellomo es un ex policía que trabajó en la comisaría octava de La Plata. Se encuentra bajo el programa de protección de testigos, ya que en testimonios anteriores había señalado a militares, había reconocido que en esa comisaría había muchos detenidos a disposición del PEN, y que muchos “provenían de La Cacha” y eran trasladados por civiles.

Luego del testimonio de María Laura Bretal, secuestrada con un embarazo de cuatro meses y medio en mayo de 1978, declararon los sobrevivientes Viviana Rodríguez y Carlos Roesler, secuestrados en marzo de 1977. Viviana fue secuestrada junto a su hijo de 7 meses en la Escuela de Periodismo de la UNLP, luego de ser citada por el secretario académico. Esa misma noche fue secuestrado su esposo, Carlos Roesler, cuando regresaba a su casa. El hijo de ambos fue entregado a la familia al día siguiente. El matrimonio no supo, hasta que no fueron liberados, qué había pasado con su hijos. Los tres sobrevivientes reconocieron la presencia de embarazadas en “La Cacha”.

El Centro Clandestino de Detención (CCD) “La Cacha”

El Centro Clandestino de Detención (CCD) “La Cacha” funcionó entre mediados de 1976 y fines de 1978 en la localidad de Lisandro Olmos, de la ciudad de La Plata. Fue instalado en la antigua planta transmisora de Radio Provincia (a pocos metros del complejo penitenciario de esa localidad), y funcionó bajo la órbita del área operacional 113 del Primer Cuerpo del Ejército. Organismos de derechos humanos y sobrevivientes de la última dictadura cívico-militar, lo reconocen como uno de los CCD más sofisticados de la dictadura, por la participación conjunta que tuvieron el Ejército, la Marina, la policía de la provincia de Buenos Aires, la policía federal, el Servicio Penitenciario Bonaerense y el SIE (Servicio de Inteligencia del Ejército).

Según los relatos de los sobrevivientes, el nombre “La Cacha”, elegido por los genocidas, hacía referencia a un personaje animado creado por Manuel García Ferré en la serie “Hijitus”, el de “la bruja cachavacha”, que “hacía desaparecer gente”.

Según el Trabajo de Recopilación de Datos (TRD) de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, por “La Cacha” pasaron al menos 239 personas, 98 de las cuales fueron desaparecidas, 64 liberadas, de 15 se desconoce el destino, y al menos 9 niños nacieron durante el cautiverio de sus madres, muchos de ellos apropiados desde la maternidad clandestina de la Unidad Nº 8 del servicio penitenciario bonaerense, que funcionaba a pocos metros del CCD.

Los primeros relatos sobre el lugar, sobre su funcionamiento y sobre los represores que actuaron, están a disposición de la Justicia desde hace 30 años, y fueron producidos por testimonios de sobrevivientes en Brasil en el año 1983 (grupo CLAMOR en San Pablo) y ante la CONADEP, así como también consta el reconocimiento del predio realizado en el año 1984.

La causa judicial

Anuladas las leyes de impunidad en 2003, y radicada la causa en el Tribunal N°1 de Humberto Blanco y Ana Cotter, hubo que esperar hasta enero de 2005 para que el expediente se moviera: el Fiscal Franco hizo una ampliación del requerimiento basada en un informe de la Secretaría de DDHH de la Provincia donde tres ex penitenciarios señalaron a sus colegas por participar en este CCD. Allí se hicieron las primeras indagatorias. Cotejados los legajos penitenciarios del ‘76/’83, se citó a indagatoria al “Oso” Acuña, a Osvaldo Uset (a) “el negro”, a Víctor Irineo Garay (a) “pájaro loco” y a Domingo Mac Tier (a) “Mister Y” o “Mister X”.

Recién en diciembre de 2009, la fiscalía solicitó la detención de algunos imputados. Y se comenzó a fragmentar la instrucción, según el juez Blanco por “la imponente cantidad de casos, el prolongado lapso de funcionamiento del campo y su complejidad”. Entre febrero y marzo de 2010 se detuvo a 17 genocidas que actuaron como Personal Civil de Inteligencia, aunque poco después se liberó a varios de ellos, y se ordenó la captura de 3 prófugos: Ricardo Luis Von Kyaw (aún en Paraguay), Teodoro Aníbal Gauto (aún en Israel) y Miguel Angel Amigo, recapturado y sumado al juicio a último momento.

En marzo de 2012 el juez Blanco clausuró la instrucción y elevó la causa a juicio, incluyendo sólo a 17 genocidas por 137 casos. El juez fragmentó la causa argumentando que “a los efectos de no dilatar ni entorpecer el proceso corresponde efectuar una separación de causas” y generó un nuevo expediente “para proseguir con la investigación de los restantes delitos” donde ubicó a los genocidas prófugos y los casos de los compañeros que no tuvo en cuenta en esta etapa. Esto significó que se parcializaran las causas tomando sólo los casos del año 1977 (aunque sin incluir todos los casos, por lo que se crearon causas "residuales" de desaparecidos del '77) y dejaron para otro juicio a los desaparecidos que estuvieron en ese CCD durante el año 1978.

Hasta ese momento, el juicio incluía sólo a 2 responsables del mando político (el gobernador militar, General Ibérico Saint Jean y su ministro de gobierno Jaime Smart), 13 integrantes del Destacamento 101 (incluido su jefe Arias Duval), 2 penitenciarios (el “Oso” Acuña y su jefe Isaac Miranda) y 1 marino (Juan Carlos Herzberg).

En mayo de 2012 el coronel Arias Duval, el único acusado por los homicidios y la apropiación de bebés, murió impune mientras se realizaba el juicio “Circuito Camps”, con lo que escapó a la justicia la cabeza de mando de la Inteligencia Militar en la zona. Y en septiembre de 2012 murió impune el genocida Saint Jean. Ambos nombres pasaron a integrar la irreversible cifra de 340 represores muertos impunes en 10 años, 8 de ellos imputados en causa Cacha. De hecho, por esas muertes impunes, hubo que recaratular la causa con el nombre del represor “Hidalgo Garzón”, juzgado en hechos de Campo de Mayo y La Cacha , al que el juez Rozansky tuvo que quitar el beneficio del reposo en un geriátrico porque la joven apropiada por el genocida lo encontró andando en bicicleta como si nada.

Los organismos de derechos humanos denuncian que “Con un juicio como éste, fragmentado y tardío, se pierde la oportunidad de investigar en unidad el funcionamiento de la maternidad clandestina más grande de la zona, el rol operacional del esquema de inteligencia militar y la coordinación represiva entre los grupos de tareas de la Policía, Penitenciarios, de la Armada y del Ejército”.

A pedido de parte de las querellas, se sumó al juicio la causa por los asesinatos en noviembre del ’76 de Marcelo Bettini y Luis Bearzi, donde están imputados Smart, Etchecolatz, Luján, Gargano y Garachico, uno de los represores mencionados por Lopez en su testimonio sobre los CCD de Arana.

En un comunicado de prensa, los organismos de derechos humanos integrantes de la querella unificada de Justicia Ya La Plata, señalaron: “Este juicio es fiel reflejo del proceso de juzgamiento en todo el país, que en 10 años sólo ha condenado a 403 represores por 2400 víctimas en 104 juicios en todo el país. Ello representa el 20% de los 2.000 genocidas procesados en estos años. El año 2013 representa un estancamiento de juicios llegados a sentencia: 16 en todo el año, contra 25 concluidos en 2012. En La Plata se llegó a fines de 2013 con 46 represores condenados en 10 juicios fragmentados, mientras hay otros 80 represores a la espera de ser juzgados. Es decir que el proceso que el Estado propone cerrar en 2015, no incluye para el Circuito Camps (29 CCD en toda la zona) más que 150 represores”.

Los imputados

1- Carlos Hidalgo Garzón (Destacamento 101): 127 secuestros y 127 casos de torturas.
2- Jorge Di Pasquale (Destacamento 101): 22 secuestros y 22 casos de torturas.
3- Gustavo Cacivio (Destacamento 101): 127 secuestros y 127 casos de torturas.
4- Ricardo Fernández (Destacamento 101): 127 secuestros y 127 casos de torturas.
5- Luis Perea (Destacamento 101): 124 secuestros y 124 casos de torturas.
6- Roberto Balmaceda (Destacamento 101): 22 secuestros y 22 casos de torturas.
7- Emilio Herrero Anzorena (Destacamento 101): 127 secuestros y 127 casos de torturas.
8- Carlos Romero Pavón (Destacamento 101): 113 secuestros y 113 casos de torturas.
9- Anselmo Palavezzati (Destacamento 101): 127 secuestros y 127 casos de torturas.
10- Jaime Smart (ministro de Gobierno): 127 secuestros y 127 casos de torturas.
11- Juan Carlos Herzberg (Fuerza de Tareas 5 - Armada): 3 secuestros y 3 casos de torturas.
12- Raúl Espinoza (Destacamento 101): 127 secuestros y 127 casos de torturas.
13- Claudio Grande (Destacamento 101): 127 secuestros y 127 casos de torturas.
14- Héctor Acuña (Servicio Penitenciario): 127 secuestros y 127 casos de torturas.
15- Rufino Batalla (Destacamento 101): 128 secuestros y 128 casos de torturas.
16- Isaac Miranda (Servicio Penitenciario): 128 secuestros y 128 casos de torturas.
17- Miguel Angel Amigo (Destacamento 101): 20 casos de secuestros y torturas.
18- Miguel Osvaldo Etchecolatz (Director General de Investigaciones PBA): 2 homicidios.
19- Julio César Garachico (Unidad Regional La Plata PBA): 2 homicidios.
20- Eduardo Gargano (Director General de Seguridad PBA): 2 homicidios.
21- Horacio Elizardo Luján (Jefe Unidad Regional La Plata PBA): 2 homicidios.

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Argentina. Complicidad Judicial con la dictadura en el Chaco: Piden enjuiciar al ex juez Córdoba y al ex fiscal Mazzoni por delitos de lesa humanidad

CHACO DÍA POR DÍA

Lo hizo la Fiscalía Federal al presentar el requerimiento de elevación a juicio ante el Juzgado Federal de Resistencia. Córdoba y Mazzoni están acusados de rechazar de manera sistemática acciones de hábeas corpus planteadas por detenidos políticos o sus familiares, omitir dar trámite a denuncias de torturas y participar en allanamientos ilegales durante la Represión Ilegal en el Chaco.

La Fiscalía Federal de Resistencia presentó el Requerimiento de Elevación a juicio en la causa donde se encuentran imputados y detenidos el ex Juez Federal, Ángel Córdoba, y el ex Fiscal Federal, Roberto Mazzoni. Ambos están procesados por los delitos de asociación ilícita en concurso con Tormentos y Privaciones Ilegitimas de la Libertad cometidos contra detenidos políticos en el marco del Terrorismo de Estado durante la última dictadura militar en el Chaco.

Según pudimos saber, los Fiscales Federales, Patricio Sabadini , Carlos Amad y Diego Vigay de la Unidad de Derechos Humanos, detallaron en un extenso escrito la participación que tuvieron Córdoba y Mazzoni durante la Represión Ilegal.

Describieron que su aporte a la organización criminal se tradujo en la impunidad otorgada al accionar delictivo de los demás integrantes de la asociación, en el rechazo sistemático de las acciones de hábeas corpus planteadas por los detenidos políticos o sus familiares, en la omisión de dar trámite a las denuncias de torturas formuladas en ocasión de recibir indagatoria a los encausados por Ley 20.840 y en su actuación ante allanamientos ilegales. De este modo, los imputados vulneraron con su accionar activo y omisivo una relación de fomento o de protección de los bienes jurídicos de las víctimas como la integridad física y la libertad.

En el escrito, la Fiscalía observa que a la estructura creada por las Fuerzas Armadas y de Seguridad destinada a la represión de la subversión se agregó la falta de respuesta por parte de quienes se encontraban obligados por la función que detentaban, de investigar dentro del ámbito de la Justicia Federal de la provincia del Chaco, en los Habeas Corpus interpuestos por los familiares de las víctimas y más precisamente ante las distintas denuncias que realizaban los perseguidos políticos al momento de prestar declaración indagatoria, justificándose que solo podían intervenir si el defensor de cada uno de ellos hiciere la presentación correspondiente, y que, por otro lado, tampoco no podían instar a nadie a que haga las respectivas denuncias.

En ese sentido, las víctimas de los apremios ilegales frente al Terrorismo de Estado no contaban con otro mecanismo para recurrir en busca de una protección frente a esos delitos, dado que era evidente la pertenencia a dicha organización de quienes debían ser garantes de su integridad, los magistrados de la Justicia Federal del Chaco.

Zona liberada

"El método implementado por Luis Ángel Córdoba y Roberto Domingo Mazzoni, en la llamada ‘lucha antisubversiva', era ‘no hacer', no iniciar investigaciones, no atribuir ningún delito a ningún funcionario militar o policial, no citar a declarar a nadie que pudiera dar datos para individualizar a los responsables. En principio, los represores conocían que podían actuar sin preocupaciones, ya que desde la magistratura de la justicia federal de Resistencia le aseguraban una ‘zona liberada' jurisdiccional", indicaron.

La declaración y asunción de la competencia federal, el rechazo de los habeas corpus, la no realización de medida investigativa alguna en las causas por privación ilegítima de la libertad, la inexistencia de compulsas para investigar los delitos cuya sospecha de comisión era evidente, y el archivo de las causas penales originadas en los sumarios policiales por denuncias de familiares, habría de demostrarles que los magistrados procesados eran parte del engranaje que aseguraba la impunidad de los captores y la ejecución permanente de la privación de libertad de las víctimas.

Así también estimaron desde la Fiscalía que "el aporte destinado a que los actores del plan sistemático de represión ‘actuaran tranquilos', no sólo se traducía en el archivo inmediato de los expedientes por denuncias formuladas ante las seccionales de policía, en no investigar las denuncias formuladas en las indagatorias por los imputados por la ley 20.840, o en el rechazo inmutable de los habeas corpus para ‘desalentar' la presentación reiterada de este instrumento, utilizado por los familiares como un grito angustiante y desesperado de auxilio a la justicia.

Por escrito

Por si fuera poco, ante la noticia de apremios tanto Mazzoni y Córdoba en su descargo refieren la necesidad de que la denuncia se formalizara por escrito, y con la firma del denunciante, para que éste se hiciera responsable por el delito de falso testimonio, como si los nombrados no supieran en aquel entonces que lo que se denunciaba era verdadero.

El rechazo a toda forma de investigación llevó a que los ejecutores del ataque a la población se sintieran y fueran impunes, pues así, podían hacer lo que les viniera en gana, que no serían investigados por la justicia federal. La consecuente falta de limitación alguna por parte de la administración de justicia, tuvo el efecto comunicativo de la actuación omnipotente de las fuerzas de seguridad en ese contexto".

Desde esta perspectiva, concluyen los Fiscales, "el aporte de Cordoba y Mazzoni fue sustancial para los ejecutores: contaban con la impunidad de sus acciones, y con el aseguramiento de que podían proseguir con la ejecución del mismo, esto es, detener personas, torturarlas, privarlas de la libertad, "desaparecerlas de la faz de la tierra" sin que los magistrados federales se inmuten, pues eran parte del mismo equipo, sólo que con otros roles y en otro órgano estructural del mismo Estado terrorista..."

Ausencia de legalidad

Por ultimo el Ministerio Publico además refieren a modo de síntesis , las conclusiones del informe final de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del chaco, aprobado por resolución Nº 87 del año 1985, que ilustra claramente el modus operandi de la asociación ilícita que se imputa : "El procedimiento descripto, donde la ausencia de toda legalidad fue la norma, amén de servir a los represores como medio de garantizar su impunidad, también les proporcionaban un fuerte ingrediente de presión psíquica en el detenido, que se encontraba aislado del mundo exterior y huérfano del amparo de los órganos del Poder Judicial que debían velar por su integridad personal a la luz del derecho argentino".

"La tolerancia y complicidad de los miembros del Poder Judicial en cuyas manos estaban la posibilidad y medios jurídicos para interceder por la situación de los detenidos, demuestran el estigma de la corrupción que campearon en los años del proceso militar. La sistemática denegatoria a los recursos de "habeas corpus" interpuestos, la indiferencia ante las denuncias de los apremios ilegales, y el trato vejatorio e inhumano de los regímenes penitenciarios, y la no investigación de la situación de personas secuestradas que aún hoy revisten el carácter de detenidos-desaparecidos, no admiten ningún tipo de justificación ética moral o jurídica, en una república que desde sus albores ha bregado por la igualdad, la libertad y la justicia", afirmaron.

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Argentina: Agrocombustibles, otra verdad incómoda

Especialistas afirman que los biocombustibles ponen en riesgo la disponibilidad de alimento.

La tierra debe estar destinada a la agricultura señalan miembros de www.bios.org.ar. El video fue realizado por Silvana Buján, en el marco de la campaña de BIOS.



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Argentina, Chaco: Cortaban por falta de agua. Más de una decena de heridos en represión en Pampa del Indio

AGENCIA WALSH

Más de una decena de heridos fue el saldo de una brutal represión a originarios qom y campesinos que manifestaban ayer miércoles 19 de febrero, en la ruta 3. La protesta fue porque el municipio de Pampa del Indio, Chaco, no restablece la distribución de agua potable que realizaban camiones, no se cobran planes y rechazan el proyecto del gobierno chaqueño de bancarizar la asistencia alimentaria. Pasarán la noche a la vera de la ruta y harán cortes intermitentes, a la espera de respuestas.

Chaco. Pampa del Indio, 19 de febrero de 2014

Difundimos el comunicado de la Federación Nacional Campesina, el Movimiento Pueblos y Naciones Originarios En Lucha y la Corriente Clasista Combativa.

Nueva represión a los pueblos originarios

Están reprimiendo salvajemente a compañeros campesinos originarios Qom de Pampa del Indio, quienes iniciaron un corte de la ruta N°3 desde ayer, por las condiciones de vida: a la falta de agua, se le suma el recorte de las bolsitas de alimentos, que el gobierno provincial intenta cambiar por una tarjeta de $100, no se cobran los planes focos (que debían cobrarse antes del 10 de Febrero e informaron desde el gobierno, que a partir de ahora la resolución para el pago de los mismos debe ser firmada por el gobernador a cargo Vacileff Ibanoff).

¡Al ajuste lo quieren hacer pasar con represión! Nos informan los compañeros que hay muchos heridos pero las organizaciones están resistiendo.

Responsabilizamos al gobierno Nacional y Provincial de este nuevo atropello a las comunidades originarias.

¡Basta de ajuste y represión!

Llamamos a la unidad y confluencia en la lucha de todos los sectores del pueblo para no pagar la crisis: a los docentes, los estudiantes, campesinos pobres y medios, a todos los trabajadores ocupados y desocupados, a pequeños y medianos comerciantes a unir todos los reclamos en un solo reclamo y enfrentar esta política de ajuste, entrega y represión.

Represión en Pampa del Indio. Continúa el corte de ruta

La Federación Nacional Campesina, junto a la Multisectorial de Pampa del Indio, continuará el corte de la ruta N°3, a pesar de la represión sufrida hace instantes.

Pasarán el resto de la noche a la vera de la ruta y con cortes intermitentes esperando respuestas. Hubo enfrentamientos con la policía, muchos heridos (aún no se precisan cuántos) y los campesinos no retroceden, por el contrario, se masifica la medida de lucha.

En Resistencia, mañana a las 9 horas, la Multisectorial contra el Ajuste, se movilizará a las 9 horas, partiendo desde el mástil de 9 de Julio y Frondizi hacia Casa de Gobierno.

¡Basta de ajuste y represión K!

Federación Nacional Campesina
Movimiento Pueblos y Naciones Originarios en Lucha
Corriente Clasista Combativa.

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Argentina, Neuquén: Después de Chevron, el FBI (…y después qué?)

Nos sorprendió como vecinos autoconvocados saber que el gobierno provincial quiere defender la sociedad neuquina por medio de una supuesta capacitación de 25 fiscales provinciales y 25 policías a cargo de técnicos del Federal Beurau of Investigations (FBI), que después de ser protagonista de tantas películas y series de Hollywood desembarca en las tierras de la Vaca Muerta.

La triada Sapag (gobernador), Gastaminza (ministro de seguridad) y Gerez (fiscal Provincial) promete una película policial y de terror. Fuera de metáfora la situación de la seguridad provincial es muy grave. Con esto no nos referimos a los robos en las casas o a los pibes chorros, sino más bien a quienes amparados detrás de un uniforme, abusan de su autoridad y ejercen una violencia que va más allá de la fuerza pública institucional, violando en muchos casos los DDHH básicos, hasta matar.

Solo en 2013 las calles de la provincia han sido escenario de hechos de extrema gravedad en el marco de la violencia policial. El asesinato de Willy Gutierrez, testigo clave en el juicio de Brian (otro asesinado por la misma policía) y la represión del 28 de agosto para defender la aprobación del acuerdo YPF - Chevron hablan solos.

Esta capacitación, que a la vez significa un viaje gratis a la Patagonia para los policías de Estados Unidos, muestra el miedo que el gobierno le tiene al pueblo, que de a poco empieza a no tolerar más las medidas grotescas de manejo del MPN. A la vez también la fortificación de la Legislatura por medio del paredón que el gobierno hizo levantar durante el verano, expresa su profunda inquietud e inseguridad.

El problema de la seguridad es un arma multifacética. Normalmente cuando los gobiernos hablan de seguridad siempre se refieren a la defensa (hasta armada) de la propiedad privada y de los propietarios. Este curso, pagado a través de un convenio entre el Concejo Federal de Inversiones (“un organismo federal cuyo objetivo fundacional es promover el desarrollo armónico e integral de las provincias y regiones argentinas”) y el gobierno provincial tiene como contenidos los siguientes módulos:

“Manejo del lugar del hecho”; “Investigación del barrio”; “Introducción a las bandas/organizaciones criminales”; “Cómo testimoniar en juicio”; “Estructura de una entrevista”; “Técnicas para escuchar activamente”; “Protocolo para interrogatorio”; y “Detección del engaño”, entre otras temáticas.

Así se pone en marcha un dispositivo represivo que hace pensar a la activación de la ley antiterrorista a nivel provincial. Sólo en la provincia de Neuquén hay 600 procesados y 50 presos por luchas sociales. Es decir el 10 % de todo el país. Si se mira a los contenidos de los módulos también no podemos no pensar a las metodologías poco convencionales que se usaron para condenar a perpetua los 9 petroleros de Las Heras y que sienta un precedente muy peligroso por este tipo de procesos penales. Todo esto nos devuelve las atmósferas de la dictadura militar pero con nuevas y más nefastas tecnologías represivas y de control.

Según el fiscal Gerli “El FBI no viene a cualquier lugar, solo viene a aquellos lugares donde puede confiar en la transmisión de esa metodología. Han hecho una valoración inicial de lo que representa el Ministerio Público Fiscal y la Policía, y en base a ese análisis el FBI ha dispuesto que directamente desde Washington vengan a capacitarnos. No le da lo mismo que sea cualquier lugar y cualquier capacitado”.

Por una vez acordamos con el fiscal sabiendo que si vienen acá es para defender el petróleo de Chevron y sus inversiones eco - genocidas y que se encuentran con funcionarios dispuestos a matar.

Convocamos a todos los seres humanos , a las familias de las victimas de gatillos fácil, vecinos, collectivos, trabajadores, pueblos originarios, organizaciones sociales, sindicatos, partidos, murgas, juntas vecinales, organizaciones de D.D.H.H., multisectoriales, equipos de deporte populares, bibliotecas populares, instituciones religiosas, artistas, para rechazar este abuso a la democracia y decirle a la FBI que acá de represión ya estamos hartos y que se vuelva con sus métodos a su país ya!!!!!!!
Nunca más muertos por gatillo fácil, nunca más represión policial! Fuera el FBI!

Basta de imperialismo!!! No pasaran!!!

Lunes 24 de febrero de 2014 - 10 hs
Jefatura de Policía de Neuquén - Richieri 775

A.P.C.A. - Asamblea Permanente del Comahue por el Agua.

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Argentina, Salta: Organización social crea trabajo alternativo evitando estallido social

Marco Díaz Muñoz (COPENOA)

La Organización social Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi, creada y guiada por ex trabajadores de la histórica Yacimientos Petrolíferos Fiscales, contiene económicamente con puestos alternativos de trabajo a miles de familias en el norte de la provincia de Salta.

Desde la implementación de la teoría neoliberal del derrame, en la República Argentina en la década del 90, aplicada por el Gobierno peronista de Carlos Menem, las protestas se esparcieron por el país. En Gral. Mosconi provincia de Salta, los desocupados de Y.P.F se organizaron para ganar las rutas visibilizando su reclamo, exigiendo inclusión con propuestas, ante la expulsión laboral aplicada por el neoliberalismo, que rompió con el estado de bienestar social, entregando al capital foráneo y sus socios locales el patrimonio de los servicios públicos, y recurso naturales.

Pobladores y los líderes de la Histórica Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi, fueron perseguidos, procesados y encarcelados y asesinados por el poder político y judicial, provincial y nacional que respondió al vaciamiento y rapiña del país por parte de corporaciones locales y multinacionales.

Para culpar a los desocupados y justificar los asesinatos la prensa adicta por dinero a estas corporaciones presento a estos honestos ciudadanos como sediciosos, y delincuentes que coartaban el derecho a transitar y se levantaban en armas en contra del sistema. Estos mismos dirigentes acusados en la época infame del 90, entre ellos José “Pepino” Fernández, y “Chiqui” Peralta son los que hoy mantienen la paz social estableciendo trabajos alternativos, creando con recursos propios un sostén económico, distribuido en cientos de familias. Siendo esta organización social en la región la contención ante un nuevo estallido social en la zona.

La falta de compromiso del estado municipal, provincial y nacional, establece la continuidad de la crisis social y económica en esta región, a lo que los desocupados de la U.T.D responden generando más organización ante la exclusión, reorganizándose para conformar nuevas estructuras para resolver sus problemas. Instando al trabajo solidario, instando en sus obras a la reconstrucción del estado de bienestar social, rehaciendo el tejido social, prevaleciendo la cultura del trabajo, contrarrestando adiciones, violencia y delincuencia. Formando una nueva estructura de organización con autonomía, dentro de un estado ausente.

La Agencia de Noticias Copenoa, emite un informe realizado en Gral. Mosconi, por el periodista Marco Díaz Muñoz, que recorre parte del el trabajo concretado por los desocupados agrupados en la organización social Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi.



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Argentina, Córdoba: A dos años de su desaparición continúa la búsqueda del Rubio del Pasaje

Rosario Marina (COSECHA ROJA)

Ya era domingo. A la madrugada, uno de los integrantes de la banda cuartetera Damián Córdoba le pidió a Facundo Rivera Alegre que fuera a comprar cocaína a lo de “Los Colela” para el viaje de vuelta. Siempre mandaban a alguno de sus fanáticos. Facundo fue hasta el barrio Maldonado, a encontrarse con Pablo Reartes y su hermano menor, Kevin. Además de comprar los cincuenta gramos, tenía que pagar una deuda.

Cuando le reclamaron la plata, Facundo les dio un billete falso de cien dólares. La pelea había empezado. Cuando se estaban golpeando, Kevin le disparó al “Rubio” en la cabeza. Con el cuerpo envuelto en una frazada, los hermanos fueron hasta el cementerio. Armando Monjes, un empleado municipal de 35 años, les dijo: “No están dadas las condiciones para hacerlo, hay que aguantarlo en una tumba un tiempo”. Meses después, los ayudó a cremarlo.

Los hermanos Reartes son hijos de María del Carmen “la Colela” Reartes, conocida como parte del mundo narco del barrio Maldonado, en la zona de “La Quinta”, Córdoba. Los dos ya fueron detenidos como los presuntos autores del asesinato de Facundo Rivera Alegre.

Hasta ahí la versión del fiscal Alejandro Moyano. Hoy al mediodía, los familiares del Rubio del Pasaje, el abogado Claudio Orosz y organizaciones de derechos humanos, se reunieron con él. Le entregaron un escrito para pedir que no se descarte a la policía en la investigación.

“Es una contradicción bárbara porque te dice que no está cerrado pero que ya tienen detenidos a los culpables”, dijo a Cosecha Roja Viviana Alegre. “Los detenidos serían actores secundarios. Los autores principales están libres”.

La familia de Facundo acusa a un policía de haber sido el autor del disparo, un comisario relacionado con la banda de Damián Córdoba. “Vemos que este caso está totalmente armado. Dicen que el menor le disparó porque es inimputable. Si está cremado, entonces que den datos contundentes”, explicó la madre.

Alejandro Moyano manejó el caso del cuñado del ex jefe de policía -Ramón Frías-, que mató un pibe “sin querer”, y lo dejó libre. A partir de marzo sería Fiscal General de la provincia de Córdoba.

Rafael Sosa, preso por la causa de los narcopolicías, formó parte de la investigación del caso del Rubio del Pasaje. Dejó de investigar cuando cayó preso. La familia de Facundo se quejó por esto, explicando que el comisario pudo haber hecho cualquier cosa con la causa. El fiscal le respondió que Sosa estuvo muy poco tiempo trabajando en el caso.

La madre de Facundo dice que su hijo no está cremado, que se encuentra en el campo de la Rivera, una zona donde, durante la dictadura, se tiraban los cuerpos. El fiscal Moyano hizo un solo allanamiento en el lugar y no encontró nada.

“No aceptamos esta versión, desde ningún punto de vista. Hay tres grandes familias que están metidas en el negocio. Quien le pega el tiro es una custodia de esa gente, de la banda de Damián Córdoba, y ellos tienen protección policial y política. Damián Córdoba tiene tres casos similares en Catamarca, y el que lo hace volver a tocar en Catamarca es el mismo De la Sota”, explicó Viviana.

Hace doce días, el abogado y la familia del Rubio del Pasaje pudieron acceder a las copias del expediente. A dos años de la desaparición, recién tienen dos de los 18 cuerpos del documento.

“El tipo está intransigente. Tiene presión del gobierno provincial”, dijo Viviana Alegre sobre el fiscal Moyano.

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Mora judicial promueve diversas opiniones en Bolivia

PL

La demora de procesos judiciales y la corrupción promueven hoy las más diversas opiniones en Bolivia, donde es reiterado el llamado a actuar con urgencia contra los funcionarios que obstaculizan el desarrollo transparente del sector.

En ese sentido, el diputados Galo Bonifaz anunció que presentará en la Asamblea Legislativa un proyecto para incorporar al Código Penal sanciones contra los funcionarios que retarden la justicia o incurran en actos de corrupción.

"Estamos proponiendo que los jueces y fiscales sean sancionados porque no es posible que no cumplan las normativas", señaló Bonifaz.

El legislador explicó que esa propuesta tiene el objetivo de contribuir a mejorar la justicia boliviana, tomando en cuenta que las nuevas sanciones complementarían a las ya establecidas por la norma sobre el incumplimiento de deberes.

Las penas deben ser hasta ocho años de cárcel, de acuerdo a la gravedad de los casos que se presenten, y de este modo podemos mejorar la justicia boliviana, aseguro Bonifaz.

Al referirse a la situación, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García consideró que el Ã"rgano Judicial requiere una revolución moral para transformar el sistema de justicia.

La crisis del Ã"rgano Judicial da vergüenza, debido a la retardación procesal, dijo García.

Precisó que la revolución moral de los servidores del sector debe basarse en el compromiso con el pueblo, tomando en cuenta que fueron elegidos por voto popular.

Los administradores de justicia -recalcó- deben responder a la sociedad con más trabajo, ética, control, sancionar a los corruptos y trabajar por la celeridad de los procesos.

La justicia sigue igual de mal, que hace 20 años atrás, porque el 80 por ciento de los detenidos no tiene sentencia dictada.

Enfatizó que la retardación de la justicia es un delito, hemos elegido a personas que no están trabajando lo suficiente.

La nueva ministra de Justicia de Bolivia, Sandra Elizabeth Gutiérrez, aspira a cambiar la imagen del sector y trabajar para evitar retrasos en los procesos.

Esa es nuestra tarea, cambiar un poco esa imagen que tiene la justicia, existe muchos atrasos, entonces ahí tiene que trabajar muchísimo el Consejo de la Magistratura.

Esperemos -dijo la titular- que este año mejore el sistema para devolver la credibilidad a toda la población.

Gutiérrez declaró que el reto principal de su gestión es evitar la morosidad en materia de justicia.

Exhortó a la población a denunciar los hechos de corrupción y la retardación de proceso, para cambiar la imagen de la justicia en el país.

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Más estadounidenses consideran ahora a la guerra en Afganistán como un error

XINHUA

Por primera vez desde que Estados Unidos se involucró militarmente en Afganistán en 2001, la opinión pública estadounidense sobre la guerra es ahora más negativa que positiva, mostró una encuesta de Gallup dada a conocer hoy.

La opinión de los estadounidenses se encuentra dividida a la mitad, con el 49 por ciento que dijo que involucrarse fue un error y el 48 por ciento que indicó que no lo fue, según la encuesta de Asuntos Mundiales de Gallup levantada del 6 al 9 de febrero.

Gallup preguntó por primera vez a los estadounidenses sobre la intervención de Estados Unidos en Afganistán en noviembre de 2001, justo después que Estados Unidos envió su ejército a ese país tras los ataques terroristas del 11 de septiembre contra Washington D.C. y Nueva York, los cuales provocaron la muerte de alrededor de 3.000 personas. Estados Unidos invadió Afganistán para castigar al Talibán por albergar a los terroristas de Al Qaeda responsables de los ataques.

En ese momento, menos de uno de cada diez estadounidenses contestó que la participación de Estados Unidos era un error, el mayor apoyo para cualquier guerra desde que Gallup realizó la pregunta durante la Guerra de Corea en 1950.

"Está claro que en el ambiente turbulento y de efecto de protesta general que siguió al 11 de septiembre, los estadounidenses aprobaban con una mayoría aplastante la decisión enviar el ejército de Estados Unidos a Afganistán", indicó Gallup en el informe que acompañó la encuesta.

La percepción de los estadounidenses de que la participación de Estados Unidos en Afganistán era un error aumentó conforme continuó la guerra, aunque hubo algunas alzas y bajas en el transcurso de los años. Quienes que creen que la guerra fue un error alcanzaron el 25 por ciento en 2004 y superaron por primera ocasión el 30 por ciento en 2008 y el 40 por ciento en 2010, agregó Gallup.

No obstante, el lapso de más de 12 años durante los cuales menos de la mitad de los estadounidenses pensaron que Estados Unidos cometió un error al entrar a Afganistán fue extraordinariamente largo, en comparación con las anteriores intervenciones de Estados Unidos, encontró Gallup.

Se requirió sólo un año y tres meses desde el inicio de la guerra en Irak en marzo de 2003 para que una mayoría de estadounidenses dijera por primera vez que había sido un error. La opinión de los estadounidenses en relación con la guerra de Irak fluctuó hasta finales de 2005, año después del cual ha sido constantemente negativa, indicó Gallup.

Afganistán se ha convertido en la guerra más prolongada de Estados Unidos, la cual se ha extendido a lo largo de 12 años desde que las fuerzas militares de Estados Unidos fueron enviadas por primera vez en 2001, con más de 35.000 tropas todavía desplegadas en ese país.

La administración Obama planea reducir el número de tropas en Afganistán de manera significativa para finales de este año. Una vez que esto ocurra, las evaluaciones por parte de los estadounidenses en torno a si la intervención fue un error dependerán en gran medida del rumbo político que Afganistán tome, incluyendo la posibilidad que las células terroristas puedan reagruparse en ese país, dijo Gallup.

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Canadá cancela el servicio postal a domicilio pese al rechazo popular

PL

La Oficina de Correos de Canadá comenzó hoy a cancelar la entrega postal a domicilio, pese al rechazo de trabajadores, ciudadanos y de la oposición porque la medida supondrá el despido de al menos ocho mil personas.

Esa compañía eliminó el servicio en 11 comunidades de las provincias de Quebec, Ontario y Columbia Británica y abrió centros de recolección en dichos lugares para que la población se desplace a buscar su correspondencia.

Según la entidad, la medida le permitirá ahorrar 576 millones de dólares anuales y mantenerse solvente.

La Oficina anunció esa decisión en diciembre pasado luego que una investigación indicó que hacia 2020 podría perder más de mil millones de dólares al año por el auge de los correos electrónicos, de la facturación y las compras por Internet.

Prevé llevar a cabo la drástica disposición de forma progresiva hasta 2019 y buscará que 15 mil empleados se retiren voluntariamente durante ese período.

Sin embargo, la Unión Canadiense de Trabajadores Postales (CUPW) está en contra de eliminar el servicio a domicilio y mantiene a sus miembros movilizados para exigir la derogación de la medida, la cual consideran un paso inicial hacia la privatización del sector.

El sindicato planea continuar con las presiones hasta los comicios generales de 2015 para que se aprueben alternativas al despido de tantos empleados.

Según su líder, Denis Lamelin, el gremio también luchará contra las intenciones de la Oficina de aumentar el costo de las estampillas desde el 31 de marzo de 2014 de 63 centavos a un dólar por cada unidad si se compra de manera individual, y a 85 centavos para los módulos de 10 o más sellos.

"Esos precios alarmantes harán inaccesible el acceso al servicio postal para muchos canadienses", afirmó recientemente.

Además del CUPW, los principales partidos de la oposición canadiense rechazan la iniciativa y acusan al gobierno del primer ministro Stephen Harper de estar en complicidad con su adopción.

Para el dirigente liberal Justin Trudeau esa medida solo demuestra que el gobernante Partido Conservador intenta ocultar el libre flujo de informaciones durante la etapa electoral, mientras el líder neodemócrata Thomas Mulcair prometió luchar en el Legislativo para derogarla.

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España profundiza la brecha norte-sur

Mónica Uriel (ANSA)

Luego de seis años de crisis se ha agravado en España la brecha económica entre el norte y el sur del país, según lo revela nítidamente el informe de una fundación especializada en cuestiones económicas.

La desigualdad no solo ha avanzado entre las personas sino también entre las 17 regiones (comunidades autónomas), sostiene el reporte "La economía de las regiones españolas en crisis" de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas).

La crisis ha acentuado el retraso de regiones como la Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia, frente a las más industriales como el País Vasco.

Un tercio de los españoles viven en Andalucía, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, que han perdido el 10% del PIB, el 20% del empleo y la tasa de desocupación media está en el 33%.

Las zonas de España que mejor están resistiendo a la crisis son aquellas que partían con niveles de renta superiores, desempleo estructural más bajo, mayor formación y una actividad económica más enfocada hacia el exterior, señala el informe.

En Madrid, País Vasco y Navarra, donde reside una quinta parte de la población, el PIB cayó cerca del 5%, hubo una pérdida de empleo del 13% y una tasa media de desocupación del 19%.

El PIB por habitante de estas tres últimas regiones es un 64% superior al de Andalucía, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, 8 puntos más que antes de la crisis, señaló el estudio, que denomina "Gran Recesión" a la larga crisis. El País Vasco y Navarra son las regiones menos castigadas por la crisis, lo que ha limitado su tasa de desocupación al 15% y el 18% respectivamente frente al 26% de media nacional. Además del elevado nivel de industrialización, las actividades inmobiliarias y de construcción tenían antes de la crisis un menor peso en la economía, del 16% del Producto interior bruto (PIB).

"La población activa vasca alcanza también el mayor nivel educativo de España, lo que tiene un efecto positivo sobre su participación en el mercado laboral, el acceso al empleo y las remuneraciones salariales, que en promedio son las más altas del país", señala el informe. De todas formas la crisis sí ha tenido un retroceso acumulado del 30% en el índice de producción industrial del País Vasco.

Tanto País Vasco como Navarra están favorecidas fiscalmente por un régimen de financiación propio. Cataluña se sitúa en la parte intermedia.

Por contra, las regiones más afectadas por la crisis fueron Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia, las más dependientes del "boom" del ladrillo y que en seis años registraron una caída acumulada del PIB del 9% y triplicaron la tasa de desocupación.

En el caso de la Comunidad Valenciana, su estructura productiva presentaba "un peso muy elevado de las actividades inmobiliarias y de construcción" (por encima del 22% del PIB).

"El impacto de la recesión sobre la producción y el empleo es incluso mayor que el que correspondería a su fuerte especialización regional en el sector inmobiliario, extendiéndose los efectos de la crisis también al sector industrial, cuyo índice de producción industrial retrocede en cinco años un 28%", afirma la entidad.

La Comunidad Valenciana registra además la mayor caída porcentual del gasto familiar en España, con un descenso del 18,42%, una cifra que supone casi el doble de la media nacional, que bajó un 10,98%.

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Así trata Marruecos a los inmigrantes escondidos en campamentos para ayudar a España en la frontera

Jesús Blasco de Avellaneda (ELDIARIO.es)

La policía marroquí hace redadas y batidas por los montes alrededor de Ceuta y Melilla. El uso desproporcionado de la fuerza llega tras los presuntos intentos de entrada de los pasados días 6 y 7 de febrero. El ministro de Interior, Fernández Díaz, en el Congreso: "Alrededor de estas ciudades han formado campamentos improvisados de inmigrantes, pese a que las autoridades marroquíes los desmantelan de forma regular".

Mientras España piensa en cómo cambiar la actual Ley de Extranjería para poder expulsar a los inmigrantes sin tener que identificarlos, auxiliarlos o acogerlos, las Fuerzas Auxiliares marroquíes peinan sin descanso los campamentos de inmigrantes que se extienden por los bosques del monte Gurugú y las colinas que bordean los pueblos de Selouane y Afra, en la provincia de Nador.

El ministro de Interior español hizo referencia a la insistencia de los inmigrantes en permanecer en el monte más cercano a las fronteras de las dos ciudades autónomas españolas. "Ceuta y Melilla son destinos migratorios que las redes ofrecen a los inmigrantes. Alrededor de estas ciudades han formado campamentos improvisados de inmigrantes, pese a que las autoridades marroquíes los desmantelan de forma regular".

No habló de la violencia empleada, no mencionó a los heridos, no citó los métodos utilizados para estos fines ni sus efectos.

La mayor parte de los más de 1.000 subsaharianos que han estado malviviendo allí durante los últimos meses permanecen escondidos por los alrededores, en cuevas y zonas más escarpadas, o han decidido marcharse por su propio pie hacia lugares más seguros dentro de la misma provincia, tales como Driouch o Tistoutine.

Algunos, como Amine, un joven camerunés, prefieren caminar durante cuatro días para refugiarse en los asentamientos de la ciudad de Oujda, junto a la frontera con Argelia, hasta que la presión policial disminuya: “Allí estaré más seguro y será más fácil encontrar compañeros y comida”.

Amine ha permanecido más de dos años en el monte y asegura haber entrado a Melilla en dos ocasiones y en ambas haber sido expulsado de nuevo a suelo marroquí por la Guardia Civil, a través de una pequeña puerta del sofisticado vallado fronterizo.

Seydou, un adolescente que dejó su Malí natal hace ya casi tres años, asegura que algunos miembros de las fuerzas marroquíes subieron hace semanas al monte para avisar a los subsaharianos de que, si no se iban de allí, iban a ser desalojados por la fuerza durante las batidas: “Es la primera vez que avisan. Normalmente vienen y arrasan con todo durante la noche. Nos persiguen, nos pegan y nos quitan los móviles, las mantas, la comida, todo. A veces disparan e incluso queman los campamentos”, cuenta este maliense que ha decidido permanecer en el bosque, pese al riesgo y las advertencias.

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos a ambos lados de la frontera hispano marroquí denuncian la brutalidad con la que se realizan estas razias que por el momento han dejado varios heridos, uno de ellos de gravedad. Aturdido y desorientado, ingresaba en el Hospital Provincial Hassani de Nador un chico con una fractura de mandíbula y varios dientes arrancados de cuajo.

Además, los traslados a Rabat y a otras capitales importantes del sur y centro del reino alauí, lejos de la comarca oriental y de las fronteras con Ceuta y Melilla, podrían ya contarse por cientos, según diversas ONG.

Desde Human Rights Watch (HRW) en Marruecos, aseguran que, desde que a finales de 2013 el Gobierno anunciara una nueva política sobre inmigración y asilo, parecen haber cesado las expulsiones sumarias y salvajes a Argelia.

Ahora, los inmigrantes que son capturados en las redadas son trasladados a Rabat, en su mayoría, o a otras grandes ciudades cercanas, como Casablanca o Kenitra. Una vez allí, algunos son simplemente desprovistos de sus bienes y abandonados a su suerte, como escarmiento por intentar cruzar a España. Y otros, son identificados y se intenta regularizar su situación y permanencia en el país.

Como respuesta a las entradas en España

Las redadas en los asentamientos de subsaharianos en el norte de Marruecos son habituales; de hecho, en épocas de mayor presión migratoria suele haber hasta tres diarias. Pero las macrorredadas nocturnas realizadas de forma orquestada y por la fuerza suelen darse después de un toque de atención a Marruecos por parte de España o de la Unión Europea.

Durante el mes de julio de 2013, tras la visita del rey Juan Carlos I a Rabat, las incursiones contra inmigrantes en el Gurugú y alrededores dejaron cinco muertos, según cifras oficiales, más de 400 heridos y en torno al millar de deportados. Algunas organizaciones llegaron a calificarlo de “genocidio” o “caza al inmigrante”.

En esta ocasión, el uso desproporcionado de la fuerza llega tras los presuntos intentos de entrada de los pasados días 6 y 7 de febrero, en los que 1.400 inmigrantes, según datos de la Delegación del Gobierno en Melilla, intentaron acceder a Melilla divididos en varios grupos de entre 200 y 600 personas. Y, sobre todo, tras la tentativa de acceder a Ceuta a nado que, en esas mismas fechas, les costó la vida al menos a 15 personas inocentes.

Mientras la representación gubernativa en Melilla denuncia una “intensa, incesante y extrema” presión migratoria sobre el perímetro fronterizo que separa la ciudad autónoma del estado magrebí, organizaciones como Pro Derechos de la Infancia (PRODEIN) denuncian la brutalidad con la que actúan las Fuerzas Auxiliares marroquíes, a las que califican como “los perros de presa de la Unión Europea”.

Para las ONG, las informaciones institucionales que se dan sobre los saltos y sobre el fenómeno migratorio en general, sólo sirven para criminalizar al migrante y para crear en la población un estado de alerta y confusión “innecesario e irreal”.

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