viernes, 28 de febrero de 2014

Breve reflexión sobre el poder

Marcelo Colussi (especial para ARGENPRESS.info)

Que el poder está en el centro de la vida humana no es ninguna novedad. La historia de la Humanidad, al menos hasta donde hay registro, es una continua lucha en torno a él. Es, siguiendo a Hegel, una prolongada, interminable “mesa sacrificial” donde, en su búsqueda, mueren y mueren cantidades interminables de seres humanos. Y como van las cosas, analizando con toda atención nuestro mundo y las primeras experiencias socialistas desarrolladas en el siglo XX, nada indica con certeza que estemos prontos a entrar en un paraíso libre de conflictos no regido por asimetrías, donde las luchas por espacios de poder desaparezcan.

Esta aseveración, por cierto, no invalida de ningún modo la búsqueda de un mundo donde las relaciones interhumanas pueden dejar de ser tan sanguinaria como las actualmente conocidas. El ideal socialista de una sociedad planetaria de “productores libres asociados” que viven solidariamente en mancomunidad, no puede ser invalidada de antemano, si no se demuestra con total determinación su imposibilidad. Si esas primeras experiencias socialistas (entiéndase así: ¡primeras!, nadie dijo que no pueda haber más, corregidas y aumentadas en un futuro mediato. Valga recordar que los primeros balbuceos del capitalismo nacen en el siglo XII con la Liga Hanseática, en el norte de Europa, habiendo sido necesarios siglos para que madurara y se convirtiera en lo que es hoy), si esos primeros pasos del socialismo no dieron todos los resultados que se esperaba en relación a la creación de un mundo con relaciones más horizontalizadas, ello no significa que esa búsqueda no siga siendo válida. Resignarse a que ello no es posible no está demostrado. La historia, en todo caso, va evidenciando que, lenta pero invariablemente, esos poderes se van democratizando: ya no hay faraones omnipotentes que deciden arbitrariamente la vida de sus esclavos, los reyes medievales son rémoras payasescas, la equidad de género o étnica están ya puestas como infaltable tema de agenda y las democracias representativas del capitalismo, aunque no solucionan los problemas cruciales de la Humanidad, son una avanzada (muy parcial, pero avanzada al fin) con respecto a los regímenes autoritarios unipersonales. El mundo sigue siendo terrible, injusto, sanguinario…, pero hay cuotas de mayor civilización. Los poderes omnímodos pueden comenzar a ser cuestionados. “En la Edad Media me hubieran quemado a mí; hoy queman mis libros. ¡Eso es progreso!”, dijo Freud sarcástico ante la entrada de los nazis en su Austria natal. Sarcástico, pero al mismo tiempo muy agudo.

La constatación de lo que es el mundo actual y la historia que lo precede tiene al poder como un eje determinante. Las relaciones entre los seres humanos, sea que las querramos ver como relaciones interindividuales de tú a tú o como relación entre grupos, entre grandes masas, entre colectivos de escala planetaria, se organizan siempre como relaciones de poder. La solidaridad existe, a veces. Y también el amor (¿cuánto dura el amor eterno? Quizá el de la madre con su hijo lo sea). Existen, pero siempre en una compleja relación de tensión con su contrario: con la explotación, con la no-consideración del otro (fácilmente el otro puede ser “el enemigo”), incluso con el aprovechamiento del otro, con el más abierto y descarnado odio (¿por qué, si no, se repite siempre la guerra como una constante en nuestra historia?).

No estamos diciendo que la “esencia” última del ser humano está dada por una maldad originaria. Así planteado, el acertijo no tiene solución. ¿Nacemos o nos hacemos violentos, codiciosos, egoístas? No importa, amén de ser imposible dar una respuesta acabada. Lo constatable es que, como dijo Marx, “la violencia es la partera de la historia”. Si nos quedamos con una visión biologista, fatalista, están demás todas estas reflexiones. Pero creemos firmemente que se pueden buscar alternativas. ¿Qué otra cosa es, si no, el socialismo?

Es constatable que desde que hubo sociedades con una producción más allá del llenado de las necesidades primarias, es decir: desde que hubo agricultura, los seres humanos se hicieron sedentarios. Y fue desde allí que claramente podemos encontrar relaciones de poder entre grandes grupos. Surgen entonces las clases sociales, vertebradas en torno a la tenencia y acceso a los medios de producción. La historia de estos últimos diez mil años es la historia de las luchas en torno al manejo de los mismos. El poder que marcó estos milenios gira en torno a quién decidía la producción: el productor real queda ajeno al producto producido y, paradójicamente, se lo apropia quien no lo ha producido, el dueño de los medios productivos.

Pero los poderes que atraviesan al ser humano, si bien se anudan en torno a cómo se resuelve la sobrevivencia diaria (la lucha de clases entre productores y dueños de los medios de producción), son más. También se dan entre géneros, entre jóvenes y viejos, entre grupos distintos: entre quien sabe y no sabe, entre normales adaptados a las reglas de convivencia consensuadas y desadaptados, entre modos culturales diversos, etc. Es decir que las relaciones entre los distintos estamentos, grupos y subgrupos humanos vienen estando marcadas por un amplio entrecruzamiento de relaciones de poder. La pregunta de fondo en todas estas relaciones sería: ¿quién manda?

Decir que esa búsqueda afanosa de poder está en la naturaleza humana es, en todo caso, atrevido. Podría argumentarse que, con el advenimiento de la agricultura, cuando hubo más producción de la necesaria para sobrevivir, esa presunta naturaleza se expresó, y alguien (el más listo, el más fuerte, ¿quién sabe?) se la apropió, lo cual indicaría que en vez de una espontánea solidaridad horizontal de base lo que surgió fue un afán de poderío, una voluntad de imposición. Ello, de todos modos, no pasa de la hipótesis. Hoy, con un mundo que ha entrado en la producción industrial masiva donde se inventan a diario necesidades artificiales, esa misma productividad abre las posibilidades para plantearse un mundo de iguales, de “productores libres asociados”, como reclamaba Marx. Esa es la propuesta socialista. Y de hecho, en varios puntos del planeta, esos ideales se materializaron en proyectos sociopolíticos concretos en el pasado siglo.

Pero la búsqueda de poder no terminó en esos primeros laboratorios sociales con la proclamación de una nueva sociedad. Lo cual se evidencia en la forma que fueron asumiendo esos experimentos. En todos los casos, más allá de las reales y profundas mejoras que experimentaron las mayorías populares, siguieron presentes camarillas con amplios, amplísimos en algunos casos, excesivos si se quiere, cuotas de poder político. Más aún: en todas las experiencias socialistas siempre apareció una figura mesiánica en el lugar de conductor de ese proceso transformador: el líder heroico, el comandante, ¿el superhombre? Curiosa figura que impone más aún reflexionar en torno al poder.

Como hipótesis podría pensarse que la magnitud del cambio en ciernes es tan grande, tan monumental (¡cambiar la sociedad!, ¡cambiar la historia!) que se hace necesaria la aparición de un héroe titánico que pueda conducirlo. Y, por supuesto, el culto a su personalidad no se hace esperar. Las democracias capitalistas (esto nos las excluye de ser sanguinarias maquinarias explotadoras y trituradoras de personas) no necesitan de estos “héroes” casi mitológicos. El mercado (¡dios mercado!, por cierto) se encarga de regular la vida social.

Los poderes, decíamos, vertebran las relaciones entre los seres humanos. El poder político, el Estado en su acepción moderna como consustanciación última de ese poder, es en muy buena medida sinónimo de poder sin más, más aún que la misma clase dominante (para quien el Estado es su instrumento de dominación). Aunque, lo decíamos, no lo agota: el poder político no es todo el poder. Es su expresión más descarnada, pero no la única. E incluso en los primeros pasos socialistas del pasado siglo, esas distintas expresiones de otros poderes (el patriarcado, el adultocentrismo, el eurocentrismo racista) no dejaron de seguir estando presentes.

El poder no es intrínsecamente “malo”. Plantearlo así es un reduccionismo simplista, un maniqueísmo empobrecedor. El poder es, en definitiva, expresión de asimetrías, de las distintas diferencias que pueblan la vida humana. No es malo ni tampoco bueno. Es una demostración de la dinámica que nos constituye, que nos aleja del instinto animal y nos hace seres simbólicos, sociales.

Dado que somos humanos, somos finitos, incompletos. La muerte es el límite por excelencia. Y también la sexualidad; las diferencias sexuales anatómicas conllevan un límite insalvable: o se es macho o hembra, lo cual, humanizados que somos, nos fuerza a tomar una identidad, o caballero o dama (en realidad, somos esto último, sabiendo que esa construcción cultural nunca está libre de raspaduras y cicatrices). Esos límites: la muerte y la sexualidad, atraviesan nuestra vida de cabo a rabo, recordándonos día a día que no somos absolutos, completos, totalidades monolíticas y eternas. El ejercicio del poder es un fabuloso antídoto contra esto. No contra la finitud, contra la incompletud (esos son nuestros límites absolutos contra los que no podemos ir). ¡Son un antídoto contra la angustia que los límites nos provocan!

¿Por qué el poder fascina tanto? ¿Por qué el ejercicio de cualquier poder (también los micropoderes: el del basurero más viejo sobre el basurero más joven, el del conductor de autobús que decide si se detiene en una parada o no, el del profesor que califica al alumno, etc., etc.) se torna subyugante? ¿Por qué, incluso, entre los militantes de izquierda, de los partidos socialistas que decididamente buscan una transformación en las relaciones humanas, se repite este circuito? ¿Por qué esta sorda, nunca declarada pero real y constante necesidad de mostrar quién es “más revolucionario”, por ejemplo? Pues porque el poder nos hace sentir dioses, completos, sin faltas, plenos. La experiencia de la vida nos enseña que las luchas por poder no son una quimera, una elucubración filosófica: están en todos lados, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en la toma de decisiones de una corporación transnacional, en el Vaticano, en un rancho precario en el seno de una humilde familia, en un prostíbulo, en la tienda de barrio.

El poder es una posibilidad humana que atraviesa, constituye y dinamiza toda relación. Lo encontramos, con diversos grados de jerarquía y distintas formas de presentación, en todos los escenarios humanos. Sentir que se lo posee, que se lo ejerce, nos convierte en deidades. Perderlo, no importando la “cantidad” de poder de la que se trate, es la muerte. De ahí que los poderes son tremendamente conservadores, no se comparten, se autodefienden, tienden a perpetuarse.

¿Es posible construir otra cosa? ¿Podemos zafarnos de estas ataduras y dejar de estar constreñidos por lo que pareciera una perpetua búsqueda: el poder como imán que nos atrae? Los ideales socialistas, que más allá de los primeros pasos ahora revertidos (cae la Unión Soviética, retorna el capitalismo en China) o puestos en duda (¿hasta dónde resistirá Cuba?), siguen estando vigentes como norte, son una apuesta en ese sentido. Es decir: constituyen una crítica de los poderes. No sólo de los económicos políticos, sino de todos. Las consignas del Mayo Francés del 68 lo dijeron de modo profundo y artístico: “Prohibido prohibir”, “Nosotros somos el poder”, “La imaginación al poder”.

El ser humano no puede vivir si no es en sociedad. El mito del individuo aislado (¿Tarzán quizá?) no es sino eso: mito. Lo humano implica la relación, lo social, la cultura. Fuera de esa matriz, no hay ser humano. Pero eso implica también una tensión originaria, una carencia primera que nunca se termina de colmar: la relación con el otro nunca es de absoluta solidaridad amorosa. El conflicto, la tensión, la diferencia están en la base de lo humano. De aquí que nuestra vida nunca pueda ser la regularidad, la “tranquilidad” asegurada por lo instintivo. La búsqueda perpetua de algo que no sabemos qué es, es lo que nos mueve, por siempre jamás. Y así llevamos ya dos millones y medio de años.

Que la búsqueda del poder esté en nuestros genes, es imposible afirmarlo. Quizá, incluso, sea irresponsable decirlo así, porque no hay forma fehaciente de demostrarlo. Pero sí es incontestable que, por lo menos el sujeto histórico del que podemos hablar, afincado en la sociedad de clases y con idea de propiedad privada, se recorta en relación a él. La apuesta es construir una sociedad de pares, de iguales, donde no existan estas luchas interminables en torno al poder. A ningún poder, que es siempre opresor: el de género, el étnico, el etáreo. Ello debería implicar que podemos soportar sin angustiarnos la finita condición humana, el sabernos limitados. Puede resultar quimérico, pero el desafío está abierto.

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Ucrania y la expansión de la Alianza Transatlántica

Juan Francisco Coloane (especial para ARGENPRESS.info)

La desestabilización de estados antagónicos pareciera ser un eje estratégico de la sociología política de ahora y de siempre. Los sucesos de Ucrania caen en una dimensión que es mucho más que la vieja disputa entre Europa y Asia. Lo de Ucrania es la cápsula que concentra una historia europea conocida que se pacifica en apariencia con la paz de Westfalia que siempre ha sido la pátina del verdadero propósito. Las guerras han sucedido en Europa por el tema de la supremacía global, que es lo que más preocupa a esa Europa tipificada como fuera de la influencia Rusa y China.

La severidad de la crisis en Ucrania, por lo trascendido en el plano político, también indica un nivel mayor de complejidad al tratarse de una lucha entre tres poderes. Una situada entre esa Europa Comunitaria ambiciosa en emular una suerte de “Estados Unidos de Europa”, pero debilitada, y su aliado principal, Estados Unidos. La otra, entablada con el enemigo eterno, Rusia y aliados asiáticos. Esa Europa desprovista de la influencia soviética y rusa, reconstruida con el altruismo pragmático de su principal aliado para combatir al comunismo, en su esencia cultural, es anti norteamericana y eso fue revelado en esta crisis.

En Ucrania se ha demostrado nuevamente que la única forma consolidar la Alianza Transatlántica, es a través de enfrentar enemigos comunes y esta crisis así como la de Siria, es en ese sentido paradigmática y lo que está detrás es la noción acendrada de la supremacía.

El papel de la OTAN para incidir en el quiebre del gobierno legítimo del depuesto presidente Yanukovich fue clave y reveló una vez más que la Alianza Transatlántica aspira a la supremacía total y el equilibrio unipolar. La conclusión precipitada de que el fin de la guerra fría era el comienzo de una nueva arquitectura de equilibrio multipolar fue más bien una aspiración que una predicción derivada de un cuidadoso análisis. El resto del proceso permaneció velado bajo el manto de la globalización convertida en la madre de todas las explicaciones de lo bueno y lo malo.

La crisis en Ucrania tiene que ver con la formación de un gobierno global dentro del cual tendrá que haber un espacio para Rusia y China que son los países que antagonizan el predominio Transatlántico. Puede convertirse en una crisis mundial, no por el carácter militar territorial del problema que es acotado aún, sino por su fondo político. Al ampliar el foco, éste tiene un alcance mayor porque incide en los equilibrios a nivel global y bajo qué circunstancias y a través de qué medios se obtienen. Un tema central al respecto es la desestabilización de los estados.

La globalización tiene una cara que se ha expresado con vehemencia en las desestabilizaciones (de estado y de instituciones políticas) por los cuatro costados el planeta. Asia Mayor y Menor las tienen a granel y así mismo África, de Norte a Sur y de Este a Oeste. América del Norte tiene una desestabilización significativa (de estado) en México y Estados Unidos no se priva del fenómeno de la inestabilidad aguda que corre todavía por carriles políticos y económicos que ha puesto a la funcionalidad de estado en el límite. El partido republicano no cesa de asestar golpes en la integridad del gobierno federal que implique una refundación institucional, bandera favorita del sector dominado por el conservadurismo extremo.

En el resto de América, Venezuela protagoniza el proceso mayor de desestabilización inducida que se ajusta plenamente al proceso de reforma institucional en las naciones que apunta a la formación de una gobernabilidad planetaria uniforme. El ajuste estructural a las economías introducido en la década de 1980 –tema reiterado en estas páginas- requiere de un ajuste institucional más profundo del que se aplicó con las desregulaciones y las privatizaciones.

El modelo económico introducido en esa década y al que astutamente se le dejó identificar con doctrinas liberales, necesita de un estado y un sistema político de intermediación que lo sustente con bases sólidas para garantizar su legitimidad. Hoy eso no está sucediendo porque el descontento de los sectores asalariados de ingresos medios y sectores que transitan estacionalmente entre estos niveles y la pobreza, es generalizado. En una mayoría de países, en los que también se debe incluir a los desarrollados e industrializados, el estado y los partidos políticos fueron en general cooptados por el gran capital. No había otro método para sustentar un modelo anti natura respecto a la esencia del sistema de bienestar social, que fue el gran dividendo resuelto después de la hecatombe mundial de 1939-1945. Si en lo específico esta realidad es inescrutable por la ausencia de un registro formal/oficial aceptado universalmente, la aproximación sociológica está diciendo que el indicador son las diversas crisis políticas que viven una mayoría de países que forman la comunidad internacional y que una más y otra menos, podrían derivar en la desestabilización de sus estados.

Recordando otras crisis en que la OTAN fue un actor principal, se debe enfatizar que los Balcanes no son el Cáucaso. La variable rusa en el tema de los equilibrios y la aspiración Transatlántica de supremacía europea y global, plantea inmediatamente una dimensión de carácter universal porque la Rusia de 2014, que está absorbiendo la guerra en Siria y la crisis latente sobre Irán, tiene más aliados de los que tenía en 1995 (crisis en los Balcanes) o en 2003 (crisis con Irak). China en 10 años también ha formado su plataforma internacional y ambas potencias forman el sustento de la contención a la supremacía de la Alianza Transatlántica.

Si existieran bases para un nuevo orden mundial, la OTAN debiera dejar de existir o al menos reformular su mandato y estructura, cambiando la direccionalidad de su habitual matriz como que Europa Occidental fuera a ser devorada por el algún monstruo asiático.

La Alianza Transatlántica está a punto de situarse en una posición de supremacía universal casi total y esa condición amenaza a la estabilidad. El tema real es el reordenamiento político en función de los equilibrios en un orden mundial que no se ha pactado y que es la agenda pendiente. La ganancia y la sustentabilidad económica no han podido generar condiciones políticas para que ello ocurra. Ucrania es una cápsula del estado crítico de la globalización y que la Alianza Trasatlántica aspira a resolver con más expansión, con más supremacía.

El debate acerca de la paz conquistada después de la caída de la URSS, ha sido desintegrado y auto referencial en cada nación, después de medio siglo de alineamiento forzado. También ha estado orientado a mantener la supremacía transatlántica como si fuera panacea para los equilibrios internacionales. Así le ha ido a esa alianza. Cuando se indaga en las actuales zonas de conflicto bélico hay un rechazo a esa alianza. Es cuando la globalización aplicada con la versión militarista de la OTAN se convierte en barbarie, precisamente por el rechazo.

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Estados Unidos socava integración Latinoamericana

Carlos Angulo Rivas (especial para ARGENPRESS.info)

La provocación beligerante del gobierno de Estados Unidos es cada vez mayor. Los recientes acontecimientos en Venezuela constituyen una injerencia insolente e inaceptable del gobierno de Barack Obama. Sin contar las derrotas anteriores en los quince años que lleva la revolución bolivariana, las dos últimas votaciones presidenciales, la reelección de Hugo Chávez y la ratificación constitucional de Nicolás Maduro; y las elecciones para las gobernaciones y los municipios llevadas a cabo en diciembre pasado, demuestran el fortalecimiento indiscutible del bloque bolivariano.

Estos resultados fueron confirmados y garantizados por las más prestigiosas misiones internacionales de observación, con lo cual quedó claro el apoyo mayoritario a un gobierno surgido de la democracia participativa que, precisamente, hace apenas dos meses y medio sacó una ventaja de casi doce por ciento en las circunstancias adversas de la guerra económica y los sabotajes a la producción y los servicios públicos. La victoria obtenida por los bolivarianos, a pesar de esta espantosa política destructiva, fue en verdad un verdadero plebiscito tal como reclamaba la MUD y los transgresores de la ley: Henrique Capriles y Leopoldo López.

La apuesta por la democracia cada vez más amplia en el orden social, económico y político, encauzada por la revolución bolivariana no le interesa a Washington como tampoco a las oligarquías latinoamericanas. De ahí que perdidas las consultas populares en todas las instancias, se trata ahora de socavar el orden interno y externo para detener y destruir un proceso que ya no pertenece sólo a Venezuela sino al continente entero, llamado viciosamente el “patio trasero” de Estados Unidos. La agitación fascista, modelo conducente a derrocar gobiernos legítimos antipáticos a la Casa Blanca, continuará como nueva política desestabilizadora (golpes lentos); no se olvide que Venezuela es un país rico que posee una de las más grandes reservar de hidrocarburos del mundo y que desde el inicio de la revolución bolivariana asentada en el nacionalismo y la soberanía se ganó la hostilidad de los sectores dominantes corruptos de Latinoamérica y del imperialismo norteamericano.

En el orden externo, aparte de los destemplados ataques de la prensa monopólica contra el gobierno de Venezuela, desde abril 2011, con la creación de la Alianza del Pacífico los intentos de paralizar el avance de la integración social, económica, política y cultural, de América Latina no han cesado. Luego de fracasada la hegemonía norteamericana propuesta en ALCA por George W. Bush, el nuevo esquema geopolítico cambió y se ha consolidado mediante organismos autónomos tales como CELAC, UNASUR, MERCOSUR, ALBA, PETROCARIBE. Por si sola, a través del despertar de la conciencia ciudadana, la unidad latinoamericana ha sido forjada, siendo la llamada Alianza del Pacífico un manotazo de ahogado con el que los presidentes de ultraderecha del continente se someten a los designios imperiales para traer de regreso el Consenso de Washington. No es una casualidad que en menos de tres años la Alianza del Pacífico haya realizado ocho cumbres presidenciales de sus integrantes: Chile Colombia, México y Perú. Y menos que los cuatro gobiernos sean los principales cabecillas de la privatización totalizadora y de la liberación absoluta del mercado, la globalización y el neoliberalismo; además, tres de ellos los más vinculados a la corrupción, la violencia y el narcotráfico.

Por estas razones, en la última reunión del Foro de São Paulo 2013, esta Alianza de contrapeso a los avances integracionistas propios fue definida como una herramienta de zapa, de socavamiento por tener "un enfoque intervencionista, oportunista y anti-izquierdista para atacar la soberanía de las naciones de América del Sur. La reciente cumbre en Cartagena de Indias, los días 8-10 de febrero último así lo confirma. La reunión de los presidentes Piñera, Santos, Peña Nieto y Humala, no pudo contrarrestar el gigantesco éxito obtenido por la II Cumbre de CELAC en La Habana-Cuba, a pesar del despliegue publicitario de la gran prensa monopólica internacional y el interés norteamericano de hacer ver que todavía tiene influencia en un continente que poco a poco ha dejado de aceptar la injerencia en sus asuntos internos. Y es que la llamada Alianza del Pacífico no significa nada sin la presencia de Estados Unidos y sus bases militares repartidas en los países integrantes, los mismos que se adelantaron a firmar los Tratados de Libre Comercio para beneficio de los ricos empresarios privados no de los pueblos. En realidad el intercambio comercial entre los aliancistas del Pacífico es exiguo, apenas llega al cinco por ciento de sus exportaciones mientras que con Estados Unidos y los países industrializados supera el noventa por ciento.

Estados Unidos insiste en una relación difícil con Latinoamérica por desestimar el derecho de los pueblos del continente a su libre determinación y a su soberanía política, económica y social. Por esta razón, el gobierno estadounidense busca desestabilizar la región, principalmente a Venezuela, usando a la llamada Alianza del Pacífico para torpedear la unidad lograda en CELAC y la del bloque de gobiernos progresistas, pero no cuenta que todas estas economías juntas de México, Colombia, Perú y Chile, están fuera de las posibilidades de industrialización por ser meras exportadoras de recursos naturales, por consiguiente, dependientes al cien por cien de los precios internacionales del mercado controlado por las potencias económicas y además, son importadoras de los productos manufacturados, las maquinarias y los equipos de alta tecnología.

En realidad, la Alianza del Pacífico es un bloque de empresarios ávidos de fortunas fáciles, una coalición de bolsas de valores y mercados bursátiles, una unión de especuladores concentrando riqueza, un bloque de gobiernos antinacionales y corruptos que en vez de buscar construir una integración solidaria y complementaria, fortaleciendo las economías propias, se empeña en regresar a los dogmas del libre mercado y la liberación arancelaria. Es una Alianza fuera del contexto político participativo de América Latina y el Caribe, justamente, cuando el mapa político comienza a cambiar no sólo en el sur sino en Centroamérica con el Sandinismo en Nicaragua, la resistencia popular en Honduras, la conversión del Frente Farabundo Martí de El Salvador en primera fuerza política y los resultados electorales en Costa Rica a favor de la centroizquierda. En este contexto de cambio, Venezuela es para Estados Unidos una enorme piedra en el zapato, habiéndose construido una escalada mediática mundial golpista que acusa, sin sustento alguno, al gobierno de Maduro de ser violador de los Derechos Humanos, cuando son los gobiernos de las oligarquías latinoamericanas quienes asesinan impunemente a los pobladores humildes reclamando el derecho a la vida y el sustento de sus familias, tal como ocurrió hace 25 años con el llamado “caracazo” del ex presidente Carlos Andrés Pérez, 27 de febrero de 1989, donde más de 400 personas fueron eliminadas con armas de fuego disparadas por las fuerzas represivas. ¿Dónde estuvo esta misma prensa reaccionaria pidiendo la cabeza del presidente?

Carlos Angulo Rivas es poeta y escritor peruano.

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A Repsol todo, a los docentes nada

Gabriel Solano (PRENSA OBRERA (especial para ARGENPRESS.info)

Las dos noticias que tienen en vilo al país en estos días tienen el valor de ilustrar, con una nitidez que sorprende, los intereses que representa el gobierno kirchnerista y, en especial, el giro que encarna el equipo económico encabezado por Axel Kicillof. Mientras se procede a una indemnización a los vaciadores de Repsol, saludada por toda la clase capitalista, se amenaza a los docentes con un decretazo que imponga una rebaja salarial, ya que en los planes oficiales debe servir para aleccionar a todo el movimiento obrero. Lo más importante, de todos modos, es que la “hoja de ruta” que el gobierno se ha trazado para querer superar su bancarrota económica y política lo pone al arbitrio del capital financiero internacional.



Rescatando a los vaciadores

El acuerdo sellado con Repsol equivale a una entregada nacional de proporciones inmensas. Es que la letra del convenio sorprende por la minuciosidad con la que se le asegura a Repsol el cobro de la indemnización acordada. Los 5.000 millones de dólares establecidos como indemnización entre el gobierno y Repsol por la expropiación del 51% de las acciones de YPF contarán con garantías especiales. Como los bonos que se emitirán cotizan aproximadamente al 80% del valor nominal, el gobierno se compromete a emitir un adicional de 1.000 millones de dólares más, hasta un máximo de 6.000 millones. En cualquier caso Repsol no podrá recibir nunca menos de 4.760 millones de dólares, incluso aunque decida vender los bonos no bien los reciba. Y la deuda se considerará cancelada no al momento de la entrega de los bonos, sino sólo cuando éstos hayan sido transformados en dólares. Así la operación adquiere todas las garantías de un pago en efectivo, dado que el cobro de los bonos no estará sometido a los vaivenes del mercado. El texto del acuerdo lo dice con todas las letras: “El acuerdo comprende las garantías para su pago efectivo”.

A los 6.000 millones de dólares de nueva deuda creada por el gobierno se le deberán añadir los intereses; estos serán superiores al 8% anual, una tasa usuraria que duplica, como mínimo, lo que pagan países de América Latina. Se estima que, hasta 2033, fecha de vencimiento de los bonos, los intereses serán equivalentes al capital, lo que totaliza pagos por 12.000 millones de dólares. Este beneficio se distribuirá entre Repsol y los bancos que se hagan de los bonos. Si Repsol resolviera mantener los bonos en su cartera, recibirá intereses anuales por entre 360 y 500 millones de dólares -más o menos lo que obtenía como dividendos cuando era propietaria de YPF. En el caso de los bonos 2024, que aún no tienen cotización, el Estado garantizará a través del Banco Nación las tres primeras cuotas de intereses. Las garantías a Repsol no terminan acá. El convenio establece que si surgen problemas de pago o embargos, el Estado deberá pagar de inmediato el saldo adeudado. De ocurrir diferendos, no serán los tribunales argentinos los que decidan, sino la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Para el gobierno “nacional y popular” se ha vuelto una moda renunciar a la soberanía de la Justicia argentina.

Aunque el gobierno presenta como positivo que Repsol renuncie a continuar los juicios contra el país, lo cierto es que se trata de una medida recíproca, que compromete a Argentina a renunciar también a los juicios contra la empresa. Los pasivos ambientales que el propio Kicillof había denunciado en el momento de la expropiación nunca fueron tasados y ahora no podrán ser llevados a la Justicia. Tampoco las investigaciones sobre vaciamiento empresario, que constaban en el Informe Mosconi elaborado por el gobierno.
De amenazar con no pagar un peso, e incluso declarar que la investigación probaría que es Repsol la que debería indemnizar a la Argentina, Kicillof nos dice que la legislación vigente obliga a este pago oneroso a los vaciadores. El “relato” termina sepultado bajo la Ley Nacional de Expropiaciones dictada por Videla y Massera en 1977, hoy vigente.

La cola que sigue

El objetivo declarado de “volver a los mercados” que el gobierno se había trazado ha sido tercerizado a Repsol. Será el monopolio petrolero quien colocará los “bonos soberanos” de Argentina en el mercado, con la salvedad de que los dólares se los quedarán ellos y la factura la pagará el país. Es que por muy entreguista que sea el acto indemnizatorio, los “mercados” siguen reclamando más. En la cola de los que esperan un resarcimiento están el Club de París, los bonistas que no han entrado en el canje y las empresas que litigaron en el Ciadi. Entre unos y otros se esconde el FMI. Los países que integran el Club de París ponen como condición para un acuerdo que el gobierno acceda a que el Fondo realice una auditoría de las cuentas nacionales. El nuevo índice de inflación dado a conocer el mes pasado es un primer paso del gobierno en esa dirección.

La “normalización económica” con el gran capital implicará la creación de una deuda inmensa. Si se suma a la ya comprometida con Repsol, estaríamos muy por encima de los 30.000 millones de dólares. Cristina Kirchner y Kicillof terminarían sus días como afiliados al “club de los endeudadores”, al costo de una cuota muy alta. Después de haber batido el parche del “desendeudamiento”, tendríamos una deuda pública de unos 300.000 millones de dólares: por lejos la más alta de la historia. Los elementos para una quiebra económica generalizada se van reuniendo a una velocidad inusitada.

A medida que el gobierno avanza en esta dirección, su capacidad de arbitraje se reduce a la mínima expresión. El factor decisivo pasa a ser el capital financiero internacional. Mientras en el pasado la cancelación de la deuda con el FMI era presentada como una medida de autonomía nacional para “independizarnos” del Fondo, ahora la indemnización a Repsol persigue el propósito declarado de una asociación con los monopolios petroleros internacionales como Chevron, y conseguir fuentes de financiamiento de los grandes bancos. Estas concesiones empujan a un cambio completo de la política económica, dándole completa libertad al capital para su acción.

A los docentes, nada

El acuerdo entre el Repsol y el gobierno contrasta con las negociaciones establecidas con los docentes. La propuesta oficial de un 22% en tres cuotas más 2.000 pesos de presentismo a pagar en dos veces equivale a una rebaja salarial hecha y derecha. Contra una inflación prevista por arriba del 40%, es claro que el gobierno quiere que los salarios se reduzcan en relación con la inflación y el índice de devaluación. Reducir el salario en dólares es el nuevo grito de la clase capitalista. En el caso concreto de los docentes, el gobierno ya anticipó que piensa recurrir a un decretazo para imponer este objetivo.

La oposición tradicional no sólo apoya el acuerdo con Repsol, y el acuerdo con el Club de París y el FMI. También es partidaria de un ataque al salario. De Mendiguren ha pedido la suspensión de las paritarias -aunque ahora quiere “apurarlas” en acuerdo con la CGT- y Felipe Solá auguró que los trabajadores están dispuestos a aceptar “una rebaja salarial”. La oposición, que ha saludado la devaluación de la moneda, pide bajo el eufemismo de la necesidad de “un plan integral” realizar un ajuste que incluya un tarifazo generalizado y una nueva devaluación.

Huelga general

La docencia combativa de todo el país se ha convocado para resolver un paro para el 5 y 6 de marzo, y exigió a la Ctera y al resto de los sindicatos la huelga general para defender un salario igual a la canasta familiar. La burocracia, sea oficialista u opositora, no quiere saber nada con ello. Por eso han puesto en el freezer el paro convocado por ellos mismos. Actúan como lo que son: agentes del ajuste al interior del movimiento obrero. Pero la burocracia no es el factor decisivo en la situación. Ante los despidos en Córdoba, ya se han ocupado tres empresas metalúrgicas, lo cual marca un curso a seguir para enfrentar los despidos y suspensiones.

Asistimos a los últimos capítulos de un gobierno en disgregación, que se juega su sobrevivencia en una ofensiva contra los trabajadores. En oposición a la intención de “blindar” a Repsol y al gran capital, llamamos a “blindar” a los trabajadores, prohibiendo despidos y suspensiones, con un aumento salarial de emergencia de 3.000 pesos y un salario mínimo igual a la canasta familiar. Está planteado impulsar la huelga general por este programa y estructurar una salida independiente de los trabajadores.

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“El gobierno está humillando a los docentes”, afirmó Terés

ACTA

Enmarcada en una jornada nacional de lucha docente, la seccional local de Amsafe realizó una importante marcha que partió a las 10 de la mañana de la Plaza 25 de Mayo y finalizó con un acto en la San Martín, frente a la sede de Gobierno. Hoy se define el plan de lucha de la semana que viene, en sintonía con las medidas dispuestas por otros sindicatos estatales y por la Central a nivel nacional.

La marcha en la ciudad fue parte de una jornada nacional votada por docentes de 17 provincias y ratificada por cuerpos de delegados y asambleas de base. Incluso fue asumida por el Congreso de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la Argentina (CTERA), que, sin embargo, levantó la medida ayer por la noche “ante las apretadas del gobierno”, según ponderó el secretario General de Amsafe y de la CTA Rosario, Gustavo Terés.

“Nosotros la mantuvimos porque entendemos que las mejores condiciones para negociar salarios y condiciones de trabajo deben estar sustentadas en la movilización y el ejercicio de la democracia sindical”, indicó el dirigente.

Respecto de la propuesta del gobierno provincial de un aumento en dos etapas (marzo y julio), el educador aseguró que con la misma “están humillando a los docentes”. Por eso indicó que es necesaria una respuesta con firmeza, “que salga de la lógica de los aplaudidores y de políticas de adaptación a los gobiernos, donde hay dirigentes sindicales que piensan más como funcionarios públicos que como representantes de los trabajadores”.

En el acto en Plaza San Martín la movilización docente fue acompañada por una delegación de asistentes escolares que venían de un plenario de delegados, y por empleados del IRAR que están en asamblea permanente y realizaron una concentración frente a la sede de Gobierno.

Además del tema urgente de la recomposición salarial, los trabajadores de la educación expresaron su solidaridad con los petroleros condenados de Las Heras y los despedidos de la fábrica Liliana. También se abordó la problemática de infraestructura y de precarización edilicia que “afecta las condiciones de aprendizaje y de trabajo de los docentes”, afirmó Terés.

Desde ayer, los docentes de Rosario están votando las mociones propuestas en la asamblea realizada el lunes para definir la continuidad del plan de lucha. De las cuatro opciones, sólo una plantea aceptar la propuesta provincial y dos apuntan no sólo a rechazarla sino a realizar un paro de 48 horas el miércoles y jueves próximos. Los resultados se conocerán mañana.

De realizarse el paro docente, se sumaría a la misma medida que realizarán a nivel nacional los estatales el 5 de marzo. Todo esto, de camino a la jornada nacional de lucha y movilización que la CTA impulsa para el próximo 12 de marzo en todo el país.

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Argentina: El gobierno que no reprime... lo disimula bastante bien

Gustavo Robles (especial para ARGENPRESS.info)

El gobierno que "defiende lo nacional" estructuró la economía aún más extranjerizada que en los '90, paga una deuda que no debemos al Sistema Financiero Internacional y a las multinacionales que nos saquean, entrega nuestro patrimonio al poder económico del extranjero y depende de que, fundamentalmente, no cierren las fronteras a nuestros productos China y Brasil, y que Estados Unidos y el FMI se compadezcan y vuelvan a prestarnos divisas, lo que significa más endeudamiento y dependencia.

El gobierno que defiende "lo popular" ha generado una sociedad en la que el 10% más rico se lleva el 30% de la riqueza generada por todos, mientras el 10% más pobre sólo accede al 1,4% de la misma (dato del Indec, EPH, 3er Trimestre de 2013), después de 11 años de administración del Estado. Un millón y medio de jóvenes entre 18 y 24 años debe recibir subsidio estatal porque no estudia ni trabaja, el 43% de los adolescentes no termina la secundaria y las escuelas públicas para los sectores marginados sirve más como comedero que como centro de aprendizaje, lo que se traduce en una barbarización presente y un futuro más que negro. La pobreza asola a millones de seres humanos en el país por más que el oficialismo lo niegue, y algunos (cientos de miles) pasan hambre, tal como dijo el jefe de la CGT oficialista, Antonio Caló, lo que le hizo merecer un reto público de la presidenta. La inflación que antes “no existía” y ahora reconocida por presión del FMI (y de la propia realidad), la devaluación del peso frente al dólar y el ajuste encarado por el oficialismo ha hecho caer, una vez más, el peso de la crisis sobre las mayorías populares.

El gobierno que defiende "a los trabajadores" impone un impuesto al salario, pone techo a las paritarias, mantiene al 90% de los asalariados por debajo del costo de una Canasta Familiar, paga miseria al 70% de los jubilados, condena al 40% de los trabajadores a emplearse en negro, implementa una Ley de ART's más reaccionaria que la de los '90, y mantiene un régimen laboral que precariza la vida de las mayorías. Reconoce como representantes gremiales a la peor lacra traidora y entreguista, cuyo mayor símbolo es el “gordo” Gerardo Martínez, servicio de la Dictadura Genocida.

El gobierno "de los DDHH", para proteger a los beneficiarios de ese país injusto, desigual y precarizado que ha creado, ha recurrido a la criminalización de la protesta, ha procesado a más de 6500 compañeros, ha encarcelado a algunos de ellos, ha pisoteado los derechos de los pueblos originarios, ha entregado el medio ambiente a las corporaciones que lo contaminan y ha avasallado a quienes lo defienden, ha utilizado herramientas rastreras y miserables como el Proyecto X y la Ley Antiterrorista.

Dicen que no es un gobierno "represor". Pero ha reprimido y sigue reprimiendo, y ya cuenta con más de 20 asesinados por esa causa, más una innumerable cantidad de compañeros heridos. Tiene a un "carapintada" como secretario de "seguridad", lo que demuestra su esencia reaccionaria.

Como lo demostró hoy (27-2-14), en la Panamericana y en Liniers, donde no dudó en hacer uso de palos y balas de goma, y en Avellaneda, instalando una desproporcionada maquinaria de aleccionamiento para todo aquel que se le ocurriera protestar, aunque fuese por la injusta condena a cadena perpetua que la “Justicia” del gobierno y los monopolios le impuso a unos humildes trabajadores petroleros de nuestra Patagonia, a los que se les ocurrió marchar contra el impuesto al salario kirchnerista. Y a los que, como consecuencia, les armaron una causa nula de toda nulidad por el asesinato de un represor que estaba reprimiendo...

Hoy, varios compañeros fueron detenidos en la Jornada por la Absolución de los trabajadores petroleros de Las Heras, poniendo piedra sobre piedra de injusticia. Tres de ellos aún están privados de la libertad: Luis Giordano, miembro de la comisión interna de los trabajadores de Alicorp (ex Jabón Federal) y Antonio Barreda, trabajador del Hospital Posadas. El tercero, Luis Schurer, delegado de los trabajadores del Hospital Posadas (ATE), está hospitalizado en el mismo centro de salud, por la golpiza que le propinó la policía "que no reprime": tiene tres dedos quebrados y corre riesgo de perder un ojo.

Por todo lo expuesto, no puede sorprender que el secretario Berni, una bestia fascista, golpista carapintada, acuse a los manifestantes de "delincuentes e inadaptados". Toda una parábola kirchnerista.

Ni "nacional", ni "popular", ni "de los trabajadores" ni, mucho menos, "de los derechos humanos": el kirchnerismo es una mugre cipaya, pequeño burguesa al servicio de las multinacionales y represora con algún tintecillo fascistoide.

Lo único que sí sabe hacer muy bien es ENGAÑAR a las masas para que vean todo al revés de lo que realmente es, eso hay que reconocérselo. Además, por supuesto, de entregar todas nuestras riquezas a la extranjería y llenarle los bolsillos a los actores principales del Imperialismo como nunca nadie lo ha hecho.

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Cultura represora y Estado benefactor

Alfredo Grande (APE)

"No somos nostálgicos del pasado. Somos los optimistas del futuro". Aforismo implicado

"No eres de izquierda porque la derecha te ataca; eres de izquierda atacas a la derecha". Aforismo implicado

La idea central de este trabajo, suponiendo que la tenga, es que el Estado Benefactor es una estrategia exitosa de la cultura represora para ocultar su condición de ángel exterminador. Represora del deseo, de la satisfacción de las necesidades básicas y represora de todas las formas de la justicia. Cultura represora es una denominación inclusiva, o sea, que abarca mucho. Pero que también aprieta bastante, especialmente en las miradas y escuchas lánguidas y benevolentes de los pacifistas seriales.

No es lo mismo paz que tregua. La cultura represora no necesita de la guerra, aunque si no hay otros remedios, se usa cualquiera especialmente los que son peor que la enfermedad. La tregua ha recibido numerosas denominaciones, ya que uno de los indudables méritos de la cultura represora es la creatividad. Algunos llaman a esto publicidad, para la cual hasta se pasan programas en radio y televisión. “Gran Acuerdo Nacional” fue la marca registrada de Lanusse, el último dictador del engendro que se conoció como Revolución Argentina. Ni era revolución, más bien exactamente lo contrario, y menos argentina y ahí estuvo Krieger Vasena para garantizarlo.

El coronel Perlinger fue el encargado de poner un revólver en la cabeza del presidente Illia. Acto del cual luego se arrepintiera, lo que habla bien de él, ya que en este país nadie resiste el archivo porque nadie se arrepiente de nada. O sea que las estrategias de marketing son necesarias y absolutamente complementarias con todas las formas de la barbarie represiva. La “Revolución Argentina” tuvo ese marketing, como lo tuvo la Dictadura Militar. La publicidad logra que la gente compre basura y venenos varios, y todos y todas mueran dulcemente con la canción del jingle de moda.

*****

Una de las tareas más complejas de toda política libertaria es desarmar el marketing y el merchandising de ese producto que se llama “democracia representativa”. Cuyo Tótem Sacro es el Estado Benefactor. Los 5.000 millones de dólares y más que el pueblo argentino tendrá que pagarle a una empresa y los 20 días y más sin agua del pueblo de Caleta Olivia muestran en una escala amplificada que para no verla hay que cerrar los ojos y clausurar el cerebro, para quien juega el Benefactor Estado. Siempre para la cultura represora. Agua, tierra y aire son las condiciones de la vida. No solamente no están garantizadas, sino que han sido arrasadas por la cultura represora en su modalidad extractiva.

Esquel con su No a la Mina es un ejemplo de la militancia contra la muerte en vida que proponen los Atila del capitalismo tardío. 20 días y más sin agua ni siquiera es el límite. Una ciudad fue dinamitada para ocultar contrabando de armas y el responsable mayor queda impune. Río Tercero es apenas un penoso botón de los chalecos de la impunidad, divino tesoro de la cultura represora.

Si la fuerza del vampiro reside en que nadie cree en él (Bram Stoker, Drácula), la fuerza de la cultura represora reside en que se hace llamar cultura. A secas. O sea: como la única forma posible, sin alternativas, o aunque las hubiera, son siempre peores. Por eso es tan funcional para la cultura represora y su Tótem Sacro, el Estado Benefactor, mantener el recuerdo del Terrorismo de Estado. No porque no haya dejado sangrientas huellas. Lacerantes cicatrices. Pero creo firmemente que en 30 años de democracia real, esas marcas hubieran sido reparadas y curadas. No por completo, y en ese sentido muchos somos veteranos de guerras en las que no estuvimos en ningún frente de batalla. Pero no fue una democracia real. Fue representativa, es decir, apenas representación. “Show off” que le dicen. Careta Olivia. Máscara que oculta el vero ícono, el verdadero rostro de la bestia.

Pero si mantenemos activa esa memoria del terror, incluso apelando a su forma más opuesta, que no es otra que juzgar las atrocidades cometidas, entonces el Tótem Sacro es invulnerable. Nadie puede atreverse a demolerlo porque entonces no solamente vendrán caras extrañas sino rostros siniestros. La cultura represora impone al estado benefactor como la única alternativa al terrorismo de Estado. Por algo es. En su versión light, descremada, se apela a las jornadas del 2001 en su negatividad. Casi como un mal ejemplo. Y por cierto que fue un pésimo ejemplo porque el Tótem Sacro fue conmovido duramente. El “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, esa Marsellesa humilde del pueblo en las calles, lo interpreto como el intento de tomar al Tótem Sacro por asalto. Derrumbarlo. Por eso asesinaron a Darío y Maximiliano. Por no reverenciar al Tótem Sacro que la partidocracia estaba reconstruyendo.

Es necesario hacer una diferencia fundante entre Terrorismo de Estado y Estado Terrorista. Esta diferencia es repudiada, no pensada, encubierta por el Tótem Sacro. Sin esta diferencia, el Estado Benefactor sigue proclamando que enseña a nadar y que los que se ahogan es porque no son buenos alumnos. O simplemente fóbicos al agua. O suicidas. Tanto la socialdemocracia como el socialcristianismo participan de esta imposibilidad histórica y política de diferenciar Terrorismo de Estado de Estado Terrorista. Y sin dudarlo les va la vida en ello. De lo contrario, caerían en un abismo nada dulce, parodiando la canción de Silvio Rodríguez. Una cosa es viajar con el Che, y otra muy diferente es quedarse para ser cómplices por acción u omisión del exterminio capitalista. Sostener al Tótem Sacro es participar del circo con cada vez menos pan de la cultura represora. Y leyendo a Bram Stoker aprenderemos que para vencer al vampiro, primero hay que creer en él.

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Jornada por los petroleros de Las Heras con un puente acorazado

ANRED

En el marco de la Jornada Nacional de Lucha por la Absolución de los Trabajadores Petroleros Condenados de Las Heras, diversas organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos intentaron realizar un corte en el Puente Pueyrredón, pero fueron impedidos de hacerlo por un imponente operativo con personal de la Policía Federal y Gendarmería, perros, camiones hidrantes, móviles policiales y un helicóptero que vigilaba toda la zona. Todo este dispositivo fue montado sobre la avenida Hipolito Yirigoyen a la altura del Carrefour de Avellaneda. Las organizaciones decidieron no responder a lo que consideraron una "provocación" y "clara muestra del aumento de la escalada represiva del gobierno nacional", y realizaron una acto en ese mismo lugar, sin avanzar hacia la zona de los efectivos.


 Las organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y de derechos humanos que se disponían a participar de la medida de corte del Puente Pueyrredón, en la localidad bonaerense de Avellaneda, en el marco de la jornada nacional de lucha por la absolución de los trabajadores petroleros de Las Heras condenados - imputados por el supuesto asesinato de un policía santacruceño, en un juicio plagado de irregularidades - se fueron convocando frente a la Estación Darío y Maxi - ex Avellaneda - a partir de las 10 de la mañana.



Para ese momento ya era noticia en la mayoría de los medios de comunicación el violento desalojo de la gendarmería de los manifestantes que se encontraban realizando desde las 6 de la mañana el primer corte de la jornada, sobre la ruta Panamericana, en el cual la fuerza reprimió con balas de goma y gases, con el saldo de detenidos y numerosos heridos, hecho que se repitió en el puente Liniers, donde hubo también heridos y 3 detenidos, dos de ellos integrantes de la Junta Interna del Hospital Posadas: Antonio Barrera y Luis Sucher.




Una comisión de los manifestantes presentes se reunieron en medio de la calle con el jefe del operativo con el objetivo de negociar la posibilidad de poder subir al puente y concretar la medida de lucha, pero el encargado de las fuerzas en ese lugar indicó que tenía órdenes superiores de no permitir ningún corte allí, aunque no precisó de quién era la órden.




El operativo desplegado sobre avenida Hipólito Yrigoyen, frente al Carrefour de Avellaneda era imponente: la presencia de más de 100 efectivos, entre personal de la Policía Federal y de Gendarmería Nacional, además de la presencia de cuerpos de la división perros de la federal, 5 camionetas policiales, un camión hidrante, un colectivo de los que se utilizan para trasladar detenidos, y la presencia en todo momento de un helicóptero que sobrevolaba y vigilaba los movimientos de las organizaciones sobre la avenida.




En medio de cánticos y consignas que apuntaban a las fuerzas policiales y la gendarmería ("esos no son trabajadores, reprimen a la clase obrera") y al gobierno nacional por lo que consideraron un aumento progresivo en la escala represiva estatal, el clima se fue poniendo tenso dado que las organizaciones debatían con respecto a si avanzar o no a pesar de la presencia de tantos efectivos, con el fin de concretar la medida de protesta



Finalmente, para no caer en lo que consideraron una "verdadera provocación" y una "clara muestra del aumento de la escalada represiva del gobierno nacional", decidieron montar una camioneta frente al operativo a modo de escenario, donde realizaron un acto, del cual participaron diversos referentes partidos políticos, de organizaciones sociales, de derechos humanos y sindicales, como Néstor Pitrola y Christian Castillo, del FIT; Susana Ancarola de ATE Sur; Gustavo Lerer, delegado del Hospital Garrahan; Elia Espen, de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora; entre otros.


"Debemos repudiar este despliegue de represión de infanterías y perros con el que están esperando al movimiento obrero en todo el país en esta jornada de lucha", remarcó Nestor Pitrola, del Partido Obrero, y agregó: "No nos vamos a mover hasta la libertad de los compañeros detenidos (...) La condena a los petroleros de Las Heras es la otra cara de la entrega a REPSOL, de la entrega a Chevron y del ajuste a los docentes, diciendo que no hay un peso, mientras hay una fortuna para REPSOL.


En tanto, Elia Espen, de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora se preguntó: "¿Dónde tengo que estar yo? Acá, con todos ustedes. En todo lugar donde haya represión o que no permitan a nadie reclamar con justicia, las madres estaremos ahí", acercó su solidaridad Espen.

El diputado provincial por el FIT, Christian Castillo, del PTS, remarcó: "Se están haciendo cortes en casi todas las ciudades del país. Todos los medios de comunicación, a pesar de muchas veces callar, tienen que dar cuenta de que hay un poderoso movimiento por la absolución de los petroleros. Berni ha denunciado a mi compañero diputado nacional del FIT nicolás del Caño diciendo que va de piquete en piquete impulsando delitos. Cortar una ruta, cortar la Panamericana no es un delito, es una acción de lucha del movimiento obrero. Y el carapintada Berni, el represor que se hace el Rambo hoy nos puso los perros para intimidarnos, vamos a denunciar penalmente que han puesto los perros. ¿Qué querían? ¿Mandarselos contra la madre de plaza de mayo Elia Espen? ¿Contra los compañeros hijos de desaparecidos? ¿Contra los luchadores sociales, sindicales y políticos? No se lo vamos a permitir. Vamos a renovar la jornada, multiplicar el número de manifestantes y les vamos a volver a cortar todos los puentes, todas las rutas, para decirles: absolución para los petroleros de Las Heras.

Fuente fotos: ANRED

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Tercerización: Análisis de una defensa sectorial

Enrique Alejandro Wandschneider (ACTA)

La tercerización es hoy un flagelo que ha producido gravísimas consecuencias al colectivo de trabajadores de Argentina, y amenaza con profundizarse, no solo por el retroceso legal que desarrolló desde setiembre de 1974 hasta la fecha, sino por la directa determinación del empresariado argentino de echar manos cada vez de forma más acentuada, a este instrumento organizacional, produciendo precarización laboral.

En este ensayo, atenderemos, particularmente, a disposiciones paritarias sectoriales de la industria azucarera, como una muestra de los mecanismos defensivos que se pueden ensayar por actividad (o por empresa) en contra del proceso tercerizador.

Analizaremos críticamente, lo anticipamos, el devenir del retroceso del primigenio artículo 32 de la L.C.T. y el factor de poder determinante que gravitó en dicho sentido.

La experiencia de la negociación azucarera tucumana

La actividad laboral de la industria azucarera se encuentra regida por el Convenio Colectivo de Trabajo nº 12/88 en el marco de la Ley de Contrato de Trabajo nº 20.744.

Descriptivamente, transcribimos como primer instrumento comparativo, el artículo 50 del CCT 12/88, vigente, que establece tibiamente sobre tercerización: “Los empleadores que utilicen el servicio de contratista no efectuarán a éstos la liquidación final de su contrato, sin que previamente les presenten las planillas y recibos de pago de los salarios vigentes por convenio y demás remuneraciones del personal, que hayan empleado en dichas tareas, así como acreditar el cumplimiento de las leyes previsionales.

Para garantizar el pago correcto de los salarios, beneficios, cargas sociales y aportes previsionales, los empleadores podrán retener las cantidades adecuadas a este fin.”

De la letra de este articulo observamos una remisión a los artículos 29 bis y 30 de la L.C.T. vigente, siendo este artículo, como todo el articulado del CCT 12/88, de aplicación a toda la actividad azucarera del país.

Ahora bien, en el ámbito de la provincia de Tucumán en el año 2008, con ratificación expresa del año 2010, las federaciones gremiales de esa provincia (FOTIA y FEIA) con su contraparte empresaria (CART), realizaron acuerdos sobre condiciones de trabajo, que implicaron modificaciones del CCT 12/88, obviamente solo para la actividad azucarera tucumana, y que rápidamente obtuvieron las respectivas homologaciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Por dichos acuerdos paritarios, en materia de subcontratación se modificó el citado art. 50 con el siguiente texto, que en cursiva hemos marcado para resaltar lo agregado: "Los empleadores que utilicen el servicio de contratistas, a partir de la firma del presente acuerdo, deberá ser únicamente cuando se realicen inversiones o reparaciones que realmente no se puedan realizar con trabajadores pertenecientes a la empresa, no efectuarán a estos la liquidación final de su contrato sin que previamente les presenten las planillas y recibos de pago de los salarios vigentes por este convenio de remuneraciones y demás remuneraciones del personal que hayan empleado en dichas tareas, así como acreditar el cumplimiento de las leyes previsionales, debiendo estos trabajadores ocupados regirse indefectiblemente por este convenio. Asimismo, los trabajadores ocupados por los contratistas, procuraran ser trabajadores que tuviere el empleador azucarero como personal temporario o familiares de estos, sin perjuicio de que ello no implicará modificación alguna de su situación, la cual se mantendrá a todos los efectos. Para garantizar el pago correcto de los salarios, beneficios, cargas sociales y aportes previsionales, los empleadores podrán retener las cantidades adecuadas, a fin de salvaguardar la corresponsabilidad.".

La modificación apunta a limitar la tercerización creciente en los ingenios azucareros tucumanos, y efectivamente lo logra, introduciendo los requisitos excepcionales de inversión y reparación, ciertamente sin enrolarse en las tesis amplia o restricta del artículo 30 de la LCT, y a nuestro juicio sin asentarse ni en lo principal ni en lo inherente, sino apuntando a que toda actividad se realice por los trabajadores empleados directamente por los ingenios azucareros, salvo las dos posibilidades descriptas.

Toda actividad que no implique una inversión o una reparación se considerará en el caso específico como inherente a la actividad de los ingenios azucareros tucumanos y por ende deberá realizarse con trabajadores propios de los complejos agroindustriales.

Este avance que data de hace más de un lustro, como ya dijimos, solo se plasma en el ámbito de los ingenios tucumanos, excluyéndose a las provincias de Salta y Jujuy, cuyas representaciones sindicales no han logrado la restricción de la tercerización (o lo han hecho de forma francamente insuficiente), produciendo que muchos trabajadores azucareros salteños y jujeños se “descuelguen” del convenio de trabajo nº12/88.

Lo cierto es que lejos de entrar a discurrir sobre la tesis amplia o la tesis restricta, sin especificar actividad normal especifica propia o actividad principal o accesoria, la conquista paritaria tucumana establece su limitante en las dos excepciones de hecho, las figuras de la inversión o la reparación, especificando (recordando) al final de la nueva redacción la responsabilidad solidaria de los empleadores al expresar: “a fin de salvaguardar la corresponsabilidad”, para los casos en que los subcontratistas realicen dichas inversiones o reparaciones, teniendo las obligaciones que se legislan en el Titulo II Capitulo II de la Ley de Contrato de Trabajo.

Sin dudas el avance que logra el sector azucarero tucumano es una reacción que no se genera en contra del convenio colectivo de trabajo de la actividad, sino más bien lo es en contra del citado Título II - Capítulo II de la ley 20744, más específicamente de sus modificaciones agravantes, y especialmente contrarias a su antiguo artículo 32 que establecía que: “Quienes contraten o subcontraten con otros la realización de obras o trabajos, o cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre para la realización de obras o prestación de servicios que hagan a su actividad principal o accesoria, tenga ésta o no fines de lucro, deberán exigir a éstos el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social, siendo en todos los casos solidariamente responsables de las obligaciones contraídas con tal motivo con los trabajadores y la seguridad social durante el plazo de duración de tales contratos o al tiempo de su extinción, cualquiera que sea el acto o estipulación que al efecto hayan concertado. Cuando se contrate o subcontrate, cualquiera sea el acto que le dé origen, obras, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, y dentro de su ámbito se considerará en todos los casos que la relación de trabajo respectiva del personal afectado a tal contratación o subcontratación, está constituida con el principal, especialmente a los fines de la aplicación de las convenciones colectivas de trabajo y de la representación sindical de la actividad respectiva.”

De lege ferenda sostenemos que se debe volver al texto original del régimen de contrato de trabajo, en lo que respecta a voces como solidaridad, subcontratación, mediación, interposición, subordinación o tercerización, simplemente por encontrar de esta forma un camino protectorio, distinto al actual.

También entendemos que la tesis amplia al discurrir sobre la diferenciación de actividad principal o accesoria, dando el carácter de permanente, indispensable, necesaria, no hace más que establecer un puente de plata a la justificación de la subcontratación desenfrenada.

Desde ya que estamos lejos de encontrar aceptable la conceptualización de la idea del “núcleo duro” de actividades de una empresa como restrictas al personal propio, dejando todo un abanico de actividades “accesorias” a merced de convenios menos beneficiosos, en manos de la externalización laboral, en suma precarizando a trabajadores que son parte de la actividad principal y que sin contar con sus labores dicha actividad no podría funcionar, ni lograrse.

En toda actividad, incluyendo la actividad azucarera, la tercerización riñe con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, al plantear distinta remuneración para tareas idénticas, y lo que es más odioso, incluso tareas contiguas entre trabajadores de una misma sección o sector.

Esta cohabitación perversa ha generado hondos conflictos, no solo en la actividad azucarera, sino en toda la actividad laboral del país, produciendo gravísimos enfrentamientos nunca deseados, y han traído consigo trabajadores heridos y muerte.

Factor de poder e involución legislativa

Analizar el retroceso de la ley 20.744/74 en materia de subcontratación, nos lleva a pensar sobre los factores de poder que actuaron para lograr las reformas legislativas.

Lo hacemos siempre partiendo del año 1974, dejando fuera consideraciones sobre la ley 9688 de 1915, que por ejemplo sostenía en materia de accidentes que si un obrero subcontratado tenía un infortunio en el domicilio del contratista, este último era el responsable.

Así las cosas, la ley 20.744 sancionada en el año 1974, empezó de un modo más protectorio que el régimen actual, y es por eso que identificamos a su texto original, vigente por un año y medio, como el punto histórico más alto de defensa contra la precarización.

Podemos determinar como factor de poder descollante al empresariado argentino, el que hizo uso de actores como las fuerzas armadas y el peronismo para posibilitar el avance de la subcontratación laboral.

Pero fue la ley 21.297, sancionada un mes después del golpe militar de 1976, con su actividad derogadora de la 20744, la que permitió que un tercero intermedie sin tapujos en una relación laboral, más aún, eliminó la solidaridad. y la consideración de ser empleado del empleador principal.

En el año 1998 la ley 25.013 que modifica a la Ley de Contrato de Trabajo, habla de cesión de establecimiento y de subcontratación de la actividad normal especifica propia.

En el año 2006 se dicta el decreto 1.694 que en su artículo 13 establece la obligación de registrar al trabajador del tercerista de servicios eventuales.

Las coincidencias de las fechas de reformas muestran el carácter de actores necesarios, de los gobiernos militares y peronistas, que lejos de cualquier ideal de estado de bienestar, fueron campos fértiles del neoliberalismo imperante para los fines del empresariado nacional.

Conclusión

Entrando nuevamente en tono de lege ferenda, entendemos que las reformas en estudio del art. 30 de la L.C.T., con posibilidad de sanción legislativa (no las de la oposición), lejos están del antiguo artículo 32 del régimen de contrato de trabajo del año 1974 y harán muy fácil, en caso de ser sancionadas con las redacciones conocidas, que el empresariado pueda: -sortear (burlar) la solidaridad, -aplicar un convenio diferente por parte del tercerista, y -en sí, que la subcontratación siga existiendo, vigorosa, disciplinadora y precarizadora de los derechos de los trabajadores argentinos.

Esperamos que el aporte realizado pueda generar alguna utilidad concreta, en especial para colectivos de trabajadores que padecen el flagelo descripto y tienen próximas sus negociaciones paritarias, conscientes de que el devenir histórico nos marca hoy una necesidad de recuperación estructural protectora.

Enrique Alejandro Wandschneider es abogado laboralista de los gremios azucareros Río Grande (Jujuy); Tabacal (Salta); San Isidro (Salta) y FEIA (Tucumán).

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Entrevista a Juan Carlos Giuliani: “La situación de los trabajadores de prensa no escapa a la de la mayoría de la clase”

CTA - PRENSA RED

Con motivo de la marcha por el salario mínimo, vital y móvil y en defensa de los puestos de trabajo realizada en Rosario, dirigentes nacionales acompañaron esta movida unitaria y multisectorial de trabajadores privados y estatales de la región. El equipo de Comunicación de la CTA-Rosario dialogó con Juan Carlos “Pipón” Giuliani, Secretario de Relaciones Institucionales de la CTA. Habló de la marcha y de las futuras acciones que encarará la Central en el marco de la puja distributiva, de la situación de los trabajadores de prensa en el país y de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Juan Carlos “Pipón” Giuliani no es sólo el Secretario de Relaciones Institucionales de la CTA. Si llegó hasta allí es por una larga trayectoria de trabajo sindical y militancia política. Como periodista, fue parte de la Juventud Trabajadora Peronista (JTP) y militante de Montoneros, lo que lo llevó a la cárcel desde el ’75 hasta 1982. En 1984 fue uno de los fundadores del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren).

Fue Secretario General de ese gremio desde 1994 hasta 2005 y en su gestión, esta organización decidió incorporarse a la CTA. Giuliani también fue Secretario General de la CTA Córdoba entre los años 2000 y 2006. Además, fue Secretario de Comunicación y Difusión de la Comisión Ejecutiva Nacional de la CTA, y Secretario General de la Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación de la República Argentina (Fetraccom).

Como integrante de la Mesa Nacional de CTA, viajó a Rosario el jueves pasado, al realizarse la marcha por el salario mínimo, vital y móvil y en defensa de los puestos de trabajo. Allí dialogó con el Equipo de Comunicación de la CTA local sobre la actividad, las futuras acciones que desarrollará la Central en el corto plazo, la situación de los trabajadores de prensa del país y la aplicación de la Ley de Medios.

- ¿Qué importancia tiene esta marcha en Rosario para la CTA Nacional?

Se da en el marco de la construcción colectiva de una jornada nacional de lucha con paros y movilizaciones que hemos dispuesto para el 12 de marzo para decirle no al ajuste, que los trabajadores no vamos a pagar el costo de la confiscación de nuestros ingresos a partir de la brutal devaluación que ha hecho el gobierno nacional y del proceso inflacionario que se ha acelerado en los últimos dos meses. Nos parece una convocatoria muy inteligente y muy oportuna, que por fuera de los sindicatos, de lo organizado y demás, estemos convocando a los trabajadores para exteriorizar nuestro rechazo a una propuesta del poder que vuelve a querer hacernos pagar los costos del ajuste. Por eso la CTA nacional a través de mi persona está presente en este acto en Rosario.

- ¿Qué expectativas tienen para la jornada del 12 de marzo?

Estamos planteando que en todo el país va a haber actos, asambleas, radio abiertas, cortes de calle y de rutas, movilizaciones y paros donde se pueda. En Buenos aires vamos camino a una gran movilización a plaza de Mayo para decirles que no vamos a dejar que nos roben el salario, para decirle no al ajuste y para plantear la construcción de una alternativa política que nos permita a los trabajadores y a las clases populares vivir en un país distinto al que estamos viviendo ahora, donde al cabo de 30 años de democracia seguimos teniendo el 30% de nuestros compatriotas bajo la línea de la pobreza y siguen muriendo pibes todos los días. Por eso, otro de los puntos del plan de acción que definimos en la CTA es participar activamente de la marcha del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, bajo el lema “El hambre es un crimen”, que saldrá el 28 de abril desde Puerto Iguazú y llegará el 9 de mayo a Capital Federal.

- ¿Cuál es la situación de los trabajadores de prensa en el país?

Venimos de estar frente a Editorial Perfil acompañando al plenario a los compañeros del plenario de trabajadores de prensa, que está reclamando por la reincorporación de los despedidos, algunos de ellos integrantes de la junta electoral, por la actitud de la empresa de Fontevecchia de hacer caso omiso a los dictámenes del Ministerio de Trabajo de la Nación que ha planteado la reincorporación de los trabajadores.

La situación de los trabajadores de prensa no escapa a la de la mayoría de la clase trabajadora en todo el país. Tenemos 5 millones de trabajadores que están precarizados, en negro, no registrados, con contratos truchos o con el verso del monotributo, con el que no tienen aportes jubilatorios, obra social, no cobran el aguinaldo, que es un nuevo de esclavitud que tenemos en pleno siglo XXI. En Capital Federal, además, por una actitud abandónica de la UTPBA (Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires), los trabajadores están discutiendo la reinstalación de los despedidos en lugar de lo que hoy es urgente y necesario, que es el tema del salario. La devaluación del 23% que el gobierno hizo en enero del peso argentino, más la inflación, que ya entre enero y febrero va a rondar el 8%, ha devorado el ingreso de los trabajadores. Los trabajadores de prensa por ejemplo en Córdoba, en mi sindicato, el Cispren (Círculo Sindical de Prensa y Comunicación), está reclamando un básico de convenio para redactor de $10.028. Hoy la canasta familiar ronda los $13.000. Hoy los trabajadores somos cada vez más pobres, incluso muchos de los trabajadores ni siquiera perciben el salario mínimo, vital y móvil en pueblos del interior de las provincias más periféricas de la Argentina. Los trabajadores de prensa y comunicación no somos ajenos a eso, trabajemos en medios de las corporaciones de la prensa hegemónica o se trabaje en los medios que ha formado la cadena adicta al gobierno. En esto se ponen de acuerdo, Spolsky no tiene ninguna diferencia con Fontevecchia, Magnetto no tiene ninguna diferencia con Vila-Manzano. A la hora de joder a los trabajadores, ellos sí que están unidos y organizados contra nosotros. Giuliani en Rosario

- ¿Qué opinión tienen desde la CTA sobre la aplicación efectiva de la Ley de Medios?

Nosotros hemos participado activamente de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). No hay que olvidar que nosotros, como CTA y como gremios de prensa, somos co-redactores de los “21 Puntos por una Radiodifusión Democrática”, allá por el año 2004, que le pusimos “21 puntos” porque se cumplían 21 años de democracia.

Cuando el gobierno se peleó con Clarín, porque hizo negocios formidables durante muchos años, desde 2003 hasta 2008, el gobierno tomó como punto de partida de su proyecto de ley los “21 puntos”. Nosotros saludamos la aparición de la Ley, estamos a favor de la desmonopolización de los medios de comunicación, de la democratización del mensaje comunicacional. Es todo un avance que el 33% del espectro radioeléctrico pertenezca a organizaciones sin fines de lucro, a sindicatos, cooperativas, movimientos sociales, organizaciones territoriales y demás. Luego eso se fue desvirtuando en función de esta pelea. Clarín y la prensa hegemónica, lo que hizo fue apelar a sus contactos en el mundo de la política y de la justicia para diferir la aplicación de esta Ley todo lo que se pudiera. Pero judicializó sólo cuatro artículos y la LSCA, sancionada en el año 2009, tiene 116 artículos, lo que quiere decir que hay 112 artículos donde la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) no tenía ninguna restricción para comenzar a ejecutar y no lo hizo. No hizo el plan de relevamiento técnico que permite conocer cuál es el espectro radioeléctrico y cómo está ocupado para definir el 33% para los sectores sin fines de lucro, otro tanto para los medios públicos y el resto para las empresas capitalistas.

- ¿Qué le parece el plan de adecuación del Grupo Clarín que se dio a conocer en los últimos días?

Hoy llega el proceso de adecuación de Clarín y en realidad lo que ha hecho el monopolio es dividirse en seis grupos de sus propios accionistas, que es lo mismo que hizo el grupo Vila-Manzano. Pero el gobierno no ha avanzado, por ejemplo, con Telefónica, que es dueña de Telefé y otros medios y no puede serlo porque está prohibido que las telefónicas ingresen al mundo de la comunicación audiovisual.

En el medio estamos los trabajadores, que somos el sujeto activo de la comunicación. Para nosotros, los gremios de prensa y la CTA, es muy importante que la LSCA nos sirva como un elemento de presión para el blanqueo de los compañeros en los medios de comunicación. Se supone que por ley, el hecho de que un medio no tenga a los trabajadores registrados es causal de que no le otorguen o que le retiren la licencia. Eso deberíamos usarlo para organizar a los trabajadores.

Supongo que se va a perfeccionar y profundizar la democratización mucho más en los próximos años. No hay una participación activa de los trabajadores en esta cuestión. Recién se están dando las primeras concesiones a canales de televisión comunitarios, después de una larga pelea. El gobierno sí se las había dado a sus amigos: a Gerardo Martínez, el ex agente del Batallón 601, de la UOCRA, por ejemplo. Pero es una pelea y una tensión constante. Nosotros debemos protagonizarla, no le tenemos que regalar ese espacio a nadie, porque hemos sido protagonistas de esta ley. Las organizaciones sociales tenemos que avanzar en reclamar que el 33% efectivamente se reparta; que tengamos créditos blandos y apoyo del Estado para poder dotarnos tecnológicamente, porque tenemos el material humano, estamos en condiciones de competir con cualquiera. Pero no estamos para competir con las empresas capitalistas que tienen un poderío económico que no tenemos nosotros. Ahí necesitamos que el Estado, mediante distintas variantes, nos de un apoyo para que podamos subsistir y que estos proyectos sean sustentables. Porque sino corremos el peligro de que ocurra lo mismo que cuando en la época de Menem se desregularon las obras sociales sindicales: las que no eran sustentables vendieron su nombre como patente y la hicieron pre paga. No vaya a pasar que, por no ser sustentables, el 33% de medios sin fines de lucro terminen perteneciendo a grupos de empresas comerciales que utilizan ese sello para seguir haciendo ganancias por otros medios.

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El Navarrazo: La Semilla autoritaria del cordobesismo

Hugo Vaca narvaja (EL SUR - PRENSA RED)

A cuarenta años de aquél hecho protagonizado por un Jefe de Policía que derrocó a un gobierno popular y precedió al terrorismo de Estado, Hugo Vaca Narvaja, pone la lupa sobre la actualidad y descubre las marcas de aquel evento en los acontecimientos políticos recientes. Analiza los cambios impulsados por el gobernador De la Sota; el cordobesismo, el narcoescándalo, la zozobra institucional, la política de derechos humanos y el poder judicial, entre otros.

El 27 de febrero habrán transcurrido cuarenta años desde el Navarrazo, aquel golpe de estado provincial comandado por Teniente Coronel Antonio Domingo Navarro, entonces jefe de la Policía del Gobernador Ricardo Obregón Cano.

La historia de ese desbarranque institucional serviría como prólogo a lo que pasaría poco tiempo después, en otras provincias, y se institucionalizaría a partir del 24 de marzo de 1976 en la nación entera, con el advenimiento de lo que las clases dominantes llamarían PROCESO DE REORGANIZACIÓN NACIONAL.

El partido militar decidió prestar nuevamente la bayoneta y el sable para defender los intereses de las clases privilegiadas, amenazadas por la “horda juvenil” que llegó al poder de la mano de Héctor Cámpora luego de las elecciones de 1973. Repitiéndose una vez más, luego de la Conquista del Desierto y la Patagonia Rebelde, los militares ejecutaron la masacre más grande de la historia, diseñada prolijamente desde el poder civil y eclesiástico.

La conformación del gobierno peronista de Cámpora luego de las elecciones del 73, y de algunos gobiernos provinciales, produjeron pánico en ciertos sectores de poder cuyos resortes históricos los impulsaron a golpear las puertas de los cuarteles, siempre acompañados por los políticos opositores al peronismo, con los radicales a la cabeza, e intelectuales espantados como Ernesto Sábato, luego prologuista del “Nunca Más”.

En Córdoba, Ricardo Obregón Cano había ganado la interna del peronismo en el 73 contra Antún, que representaba a un sector más afín a la derecha, al sindicalismo ortodoxo y a conservadores aliados.

Cuando Obregón Cano viajó a Buenos Aires para hablar con el delegado de Perón, Abal Medina, y confirmar la fórmula para las muy próximas elecciones, éste le descerrajó que su candidato a vicegobernador debía pertenecer a las sesenta y dos organizaciones, un sector ortodoxo del sindicalismo peronista. Obregón le manifestó al delegado que él ya tenía su vice, Atilio López, un sindicalista combativo, de los choferes de UTA, que lideraba la CGT “legalista” de Córdoba, y cuya nominación era apoyada por el arco más combativo en la Provincia, por supuesto enfrentado al sindicalismo ortodoxo peronista.

La respuesta no cayó bien en esos sectores del peronismo, y desde ese momento el futuro del gobierno de Obregón Cano estaba ya severamente comprometido.

Luego de un histórico debate televisivo donde volcó a gran parte de la clase media a su favor, Obregón Cano batió en las urnas a Víctor Martínez, referente del radicalismo provincial de corte alvearista, y se quedó con la gobernación. Por primera vez en la historia, el conservadurismo cordobés no encontraba un representante fiel y sumiso que garantizara conducir el Estado conforme sus intereses.

Obregón Cano conformo un gabinete verdaderamente inédito para la historia de la Provincia. No se apoyó solo en el peronismo, sino que amplió su convocatoria a otros sectores, integrando inclusive a radicales como Raúl Faure, o demócratas conservadores como Humberto Gómez Amaya al gobierno.

En la Capital, las primeras medidas de Cámpora y la conformación de su gobierno habían retumbado de mala manera en Puerta de Hierro, donde el veterano caudillo exiliado, Juan Perón, acompañado por Isabelita y López Rega desaprobaban al más fiel de los delegados.

La orden de convocar nuevamente a elecciones bajó rauda, y la formula Perón – Perón, resultaría triunfadora por una avalancha de votos. Pero la interna peronista ya estaba desatada; desde la masacre de Ezeiza la derecha había avisado que no dejaría espacios a otras corrientes opuestas.

Así, apenas asumido Perón, comenzarían a caer los gobiernos provinciales que no sintonizaban con la derecha: Bidegain en Buenos Aires, Cepernic en Santa Cruz, Ragone en Salta, y por supuesto, Obregón Cano en Córdoba.

Luego de algunos meses de gobierno agitados, donde los problemas surgían de todos los frentes, Obregón se vio acorralado entre los empresarios de la carne, los del transporte, la iglesia católica y otros frentes que se abrían simultáneamente.

Demasiados conflictos, al que debió sumarse el de la Policía, que venía con una estructura militarizada, donde los más altos jefes provenían de las filas castrenses, andamiaje que el gobierno provincial intentaría infructuosamente desmontar. La designación de Navarro –también con rango militar- fue impulsada, curiosamente, por los sectores más afines a Montoneros. Nadie podía suponer en ese momento, los acontecimientos posteriores.

Si los sectores en conflicto se iban sumando, los apoyos políticos declinaban, sobre todo desde Buenos Aires, donde los comentarios hacia Córdoba eran cada vez más negativos, fogoneados desde la derecha peronista local, excluida casi en su totalidad del gobierno de Obregón, lo que generó un resentimiento inaudito, que la llevaría a aliarse con lo peor del rancio conservadurismo cordobés, para desestabilizar al gobierno, que, para colmo, contaba con el apoyo del sector más combativo del sindicalismo, liderado por Tosco, Salamanca y López.

Así, buscando la desestabilización del gobierno provincial de cualquier manera, la derecha encontró un aliado inesperado en el jefe de policía, que acicateado por sus subordinados y por el tándem López Rega-Osinde desde el gobierno central, decidió subirse a la ola golpista, traicionando a quien lo había ungido en el cargo de Jefe de la Policía.

La justicia federal jugó también un papel preponderante, ya que no actuó oportunamente ante las denuncias de sedición presentadas en los despachos de los jueces. Este papel estelar seria luego confirmado con su actuación durante la dictadura cívico-militar, donde se destacaron las omisiones en investigar los crímenes denunciados.

El golpe se consumó, y Perón convalido el desaguisado al intervenir luego la Provincia a través del Congreso. Roma no pagó traidores, pero el gobierno de Perón si lo hizo, y de qué manera.

Navarro posteriormente fue condenado por la justicia y casi de inmediato indultado por el gobierno de Isabel. Lacabanne sería (luego de Duilio Brunello y Dante Agodino) el interventor, y en 1975 asumiría como jefe del Tercer Cuerpo de Ejército el tristemente célebre y hoy multicondenado autor de delitos de lesa humanidad Luciano Benjamín Menéndez, conocido también como “Cachorro” o “La Hiena” por sus subordinados.

Con la intervención a la provincia comenzaría a escribirse el capítulo más triste de su historia, donde comenzaría a destacarse el tenebroso D2 de informaciones de la policía, como brazo ejecutor de la represión, sobre todo después del conocido caso “Siriani”.

 De ayer a hoy

-Gobernador: los organismos de Derechos Humanos pensamos que debieran cambiarse los planes de estudio de los policías, haciendo hincapié en una formación más humanitaria, incluyendo materias y docentes comprometidos con los derechos humanos- dije, en representación del Serpaj, en la única reunión que mantuvo el gobernador De la Sota con los Organismos de DDHH, en marzo de 2012.

-Estamos preocupados porque la Policía mantiene las mismas estructuras que durante la dictadura- cerré.

-Si, actualmente los cuadros superiores hacen unos cursos de posgrado en seguridad en la Universidad de Villa María, que depende de un joven brillante, Martin Gill- contestó el gobernador, haciendo gala de una habilidad ya reconocida para tirar la pelota al córner.

Minutos más tarde, terminaría la única reunión y los pedidos de la Comisión Provincial de la Memoria, sobre el pago de deudas presupuestarias pasarían al olvido rápidamente, sin que hasta la fecha se haya respetado el presupuesto asignado. La advertencia sobre la peligrosidad de mantener estructuras policiales delineadas durante la dictadura cívico militar fue olímpicamente desoída.

Poco tiempo después, el Comisario Ramón Frías sería ungido jefe de la Policía, y Alejo Paredes, un policía de carrera, discípulo y amigo personal del represor Yanicelli y jefe de la policía hasta entonces, ascendido a Ministro de Seguridad.

Justamente en esta revista EL SUR, también se señaló el gravísimo error que se estaba cometiendo con esas designaciones.

A fines de 2013 la historia demostraría que quienes avisamos tempranamente sobre las erráticas políticas implementadas sobre seguridad por este gobierno, acertamos un pleno. La gestión de Frías dejó decenas de muertes por gatillo fácil, y Paredes fue la confirmación de que una corporación armada no puede quedar representada en un gobierno civil por uno de sus miembros.

En diciembre de 2013 un sector de la policía intentó demostrar que sin uniformados en las calles la sociedad sería un caos. Los mandos no respondieron a las instituciones civiles, y Córdoba vivió una innecesaria zozobra institucional que puso al gobierno de Unión Por Córdoba en la plataforma de salida del poder.

El narcoescándalo había fisurado ya el pacto De la Sota-Paredes, y los hechos se desencadenaron sin control. De la Sota quemó todos los fusibles, y echó mano a lo último que le quedaba en la desvencijada alianza que lo llevó al poder para ocupar cargos gubernamentales. No será fácil navegar este último año y medio con la tripulación elegida, donde un par de funcionarios con trayectoria y gestión no hacen primavera.

No parece haber cambios significativos en el horizonte signado, desde hace años, por continuidades en políticas cuyo origen es el “cordobesismo”, partido que blanqueó el gobernador luego de haber ganado su tercer mandato en las urnas. Las designaciones en la Justicia dibujan en el horizonte una ratificación de la línea histórica. La jubilación de Cafure y su reemplazo por Cáceres aparecen en sintonía. Acaso la designación del Alejandro Moyano aparezca como un aporte mayor de la “casa judicial” al poder político, ya que es un funcionario “de carrera”.

No parecen cambios destinados a modificar demasiado la coyuntura. En una provincia donde la única persona condenada en el hasta hoy impune homicidio de Nora Dalmasso en Rio Cuarto sea uno de los periodistas que más seriamente informó sobre el papelón judicial, o donde a instancias de la asociación ultraconservadora “Portal de Belén” se mantiene una medida cautelar contra el art. 86 del Código Penal, vigente desde hace casi cien años, que impide abortar a la mujer violada, los cambios aparecen insuficientes.

Al menos puede celebrarse que las nuevas autoridades en la justicia no pertenezcan a esa especie de Ku Kux Clan jurídico que es la Academia del Plata, cuyos principios rectores – de ultraderecha recalcitrante- fueron recientemente expuestos por su presidente Jorge Arrambide en sendas entrevistas a la revista Matices, a fines del 2013, y cuyos integrantes son acogidos por la Facultad de Derecho de la UNC y otras importantes instituciones.

Es decir, dentro del panorama actual, y echando mano a una metáfora meteorológica, se puede predecir nublado, lluvioso, a la espera de mejores días para estos territorios…

Abogado querellante en los Juicios por crímenes de Lesa Humanidad del Servicio Paz y Justicia (SerPaj).

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El aborto en el anteproyecto de Reforma del Código Penal: un paso adelante, tres pasos atrás

Giselle Scardilli (RED ECO)

El anteproyecto del Código Penal elaborado por la Comisión de Reforma del Código Penal supone un retroceso en materia de aborto. No sólo sigue siendo un delito, sino que además se realizaron modificaciones en perjuicio de las mujeres. Red Eco dialogó con la Dra. María Elena Barbagelata, una de las autoras del anteproyecto.

El Aborto Legal, Seguro y Gratuito seguirá siendo una utopía para todos aquellos que lo consideran un derecho para todas las mujeres. Como se había anticipado, no está incluido en el anteproyecto de Reforma del Código Penal que elaboró la Comisión, integrada por la Dra. María Elena Barbagelata, jurista y ex diputada socialista, el juez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni, el diputado nacional Federico Pinedo (PRO) y los juristas León Carlos Arslanián y Ricardo Gil Lavedra. Además de eludir la despenalización de la interrupción del embarazo, se realizaron modificaciones que contribuyen a dificultar los procesos en los casos no punibles.

En diálogo con la Dra. Barbagelata explicó los cambios introducidos en el anteproyecto. “La única modificación consensuada fue la referida a interrupción del embarazo en casos de violación, que de todos modos tuvo una disidencia del diputado Pinedo, quien exige que se efectúe la denuncia de violación como condición”.

De esta manera, se redactó una nueva tipificación para el aborto no punible que reemplaza a la plasmada en el Código Penal de 1921:

“El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible: a) Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; b) Si el embarazo proviene de una violación.”

La novedad más importante - y más perjudicial para las mujeres - es la inclusión de un nuevo tipo penal, el aborto culposo, que “aunque excluye a las mujeres como posibles autoras, involucra a los profesionales médicos o farmacéuticos que le proporcionan la medicación”, explicó Barbagelata. Según se establece en el artículo 86, inciso 2° del anteproyecto: “será penado con prisión de seis meses a dos años e inhabilitación por doble tiempo que el de la condena, el que causare un aborto por imprudencia o negligencia o por impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo”.

Otra nueva figura penal es la de lesión al feto, tanto doloso como culposo, que consta en el artículo 96 del anteproyecto y que también excluye a las mujeres como posibles autoras, dirigiéndose a terceros que puedan causar con o sin su voluntad un daño al feto. Los casos dolosos tipificados en el inciso 1° son “la mala praxis médica, o la administración de ciertos medicamentos, intoxicaciones, etc.” y prevé una pena de tres a diez años, aclarando que aunque no se produzca un aborto, “habrá una persona que cargará toda su vida con las consecuencias de esas lesiones”.

En el inciso 2º, que contempla la misma lesión cometida en forma culposa, establece “una pena de prisión de seis meses a dos años o la de multa de hasta cien días”.

Por último, se agravan las penas en casos de interrupciones en el embarazo producidas sin consentimiento de la mujer, que constan en el inciso 1° del artículo 86, que prevé una pena de uno a tres años “al que con violencia causare un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, si el estado de embarazo de la mujer fuere notorio o le constare”.

Tanto las nuevas figuras penales, como el agravamiento de la punición contribuyen a dificultar los procesos si los profesionales se negaran o pusieran trabas a la hora de realizar abortos en los casos no punibles. Sumado a ello, aproximadamente la mitad de las provincias no tienen todavía los protocolos de actuación para estos casos de violación, a pesar de que existe un fallo de la Corte que sienta la interpretación que debe darse al Código Penal vigente. Es por ello que la tipificación de los casos no punibles que reemplaza a la del Código de 1921 representa un aspecto positivo, tal vez el único.

Como señaló la Dra. Barbagelata, los demás miembros de la Comisión decidieron realizar estas modificaciones esgrimiendo la protección a la mujer: “es muy poco sustentable, a la mujer no se la protege con mayor punición o incorporando figuras que si bien no están destinadas a penarla a ella, se dirige a los profesionales que intervienen, lo que termina perjudicando a la mujer”.

Los nuevos tipos penales fueron objetados por la Dra. Barbagelata, quien plantea la supresión de los mismos y una propuesta alternativa a tono con la elaborada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito; en una extensa fundamentación que consta en el anteproyecto.

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