lunes, 17 de marzo de 2014

Con Crimea, Venezuela, Libia y Siria, antiimperialistas y antifascistas, hasta la victoria final

Enrique Muñoz Gamarra (especial para ARGENPRESS.info)

Ante todo, mi total solidaridad con el Referéndum en la República Autónoma de Crimea. También con las resistencias antifascistas en Venezuela, Siria, Libia, etc. Sobre esto hay que precisar que la situación internacional es absolutamente favorable a estos países. No es un secreto para nadie que la ocupación de Kiev ha removido el asunto geoeconómico, Rusia y China empiezan a divergir y acentuar en sus propias opciones. Es parte de las leyes económicas que controlan el funcionamiento del sistema imperialista y que ahora los empuja a un agravamiento de sus contradicciones. Y en estas condiciones las cuatro características de la actual coyuntura histórica empiezan a acentuarse. Nos referimos a la debacle del dólar, las ansías de los espacios geopolíticos por parte de Estados Unidos, la equiparación de fuerzas y la carrera armamentística que cada vez es muy intensa.

En esto es bueno no olvidar los recientes hechos históricos:

Primero, que el edificio unipolar ha venido diluyéndose casi desde cuando se impuso, exactamente, desde finales de la última década del siglo XX (1995-1999). Esto es a raíz de los remezones que empezaron a sentir sus experimentos en el sudeste asiático (tigres asiáticos). Sabíamos que se había impuesto en 1991, tras la caída de la Ex URSS. Entonces su vigencia fue tan fugaz. Luego, con la gran crisis económica de 2008 su situación estaba complicada. En 2010 se hizo aún más aguda. A finales de ese mismo año soportó la ruptura de la alianza estratégica sino-estadounidense en lo económico y, desapareció en ese mismo momento (2010), vapuleado por la gran crisis económica y enterrada para siempre con la reacción político-militar de Rusia y China a finales de 2011. Y, desde entonces sabemos que la estructura multipolar estaba en pleno proceso. Luego, esto se vio fortalecido, aún más, en el primer semestre de 2013 con la derrota de la línea militar de desgaste del ejército agresor estadounidense en Siria, del que emergió un importante equilibrio de fuerzas en el mundo. Una situación que el grupo de poder de Washington no soporto y trato de romperla el 03 de septiembre de 2013 al disparar dos misiles balísticos contra Damasco. Pero fueron tan milimétricas las defensas antiaéreas de Rusia y Siria que obligaron inmediatamente a este grupo criminal a desistir de sus infames propósitos.

Segundo, que Moscú está harto de los incumplimientos de Washington de acuerdos preestablecidos. Como se recordará los incumplimientos han sido varios. Solo tres ejemplos: uno, cuando fue disuelta la ex URSS en 1989 y consecuentemente el Pacto de Varsovia. Dos, cuando pidieron a Rusia dejarle de asistir a Irán con los S-300 a condición de que este asunto fuera tratado posteriormente en el mismo Consejo de Seguridad de la ONU y con condiciones desconocidas que luego indudablemente no fueron cumplidas. Tres, cuando le pidieron a Rusia se abstuviera en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU en el caso de la exclusión aérea sobre Libia. El primero motivó al avance de la OTAN casi a las fronteras de Rusia (Europa del Este y Asia Central). El segundo debilitó el potencial de fuego de Irán. El tercero dio origen a la exclusión aérea sobre Libia, una agresión con saña y ventaja, que condujo a este país en lo que es ahora realmente (colapsado). Toda esta patraña fue asimilada, con creces, por el actual presidente Ruso, Vladimir Putin, que califico a Estados Unidos, de un país nada confiable. Particularmente sobre el tercer punto mi fuente dice lo siguiente: “Dando este paso (reacción contra occidente), Rusia pretende justificarse y recuperar su prestigio después de la guerra en Libia. En aquella coyuntura bastó que el embajador ruso renunciara a vetar en el Consejo de Seguridad la resolución sobre la zona de exclusión aérea sobre Libia para que en este país ocurriera lo que, afortunadamente, hasta ahora no ha pasado en Siria. Luego, Moscú exclamaba indignada que la habían engañado” (1).

Tercero, es bueno tomar en cuenta siempre, por lo menos en esta coyuntura, el siguiente dato: “La política actual de Washington es mantener la supremacía militar en Asia, pero una carrera armamentística con China podría hacer que la Guerra Fría nos pareciera una minucia. La economía de la Unión Soviética representaba solo una cuarta parte de la de Estados Unidos cuando se produjo aquella carrera armamentística. Si Estados Unidos entrara en un proceso serio de ese tipo con China, los estadounidenses podrían olvidares de Medicare, la seguridad social y de la mayor de aquello en lo que el gobierno de Estados Unidos gasta su dinero” (2).

Cuarto, también lo voraces e insaciables que son las rapaces burguesías financieras de Estados Unidos que a pesar de que al final del circuito productivo o ensamblaje que se produce en China, aproximadamente, 55 centavos de cada dólar inmersa en cada producto que va al mercado internacional con la leyenda “Made en China” pasan a engrosar directamente a sus propias arcas, y aun así, fíjense ustedes, hay descalabro económico en Estados Unidos (3). Esto no es sino una muestra real e incuestionable de que este país se ha convertido en un país parasito que vive a expensas del resto de países y, aun así, se atreve a acusar a Rusia y China de ser el causante de sus penurias económicas.

Y, quinto, lo sucedido el 09 de enero de 2014 cuando Estados Unidos fue remecido que hasta sus prensas enmudecieron, pues ese día el ejército chino (EPL) había probado con éxito el misil hipersónico WU-14 que se desplaza a una altura relativamente baja y rasante y con una velocidad récord que se estima en 10 veces la velocidad del sonido, es decir más de 12.000 kms por hora (Estados Unidos tiene un aparato semejante pero con menos velocidad), capaces de penetrar en los sistemas de defensa de misiles de este país (Estados Unidos) y capaces de transportar cabezas nucleares. Fue una situación algo parecida a lo que ocurrió el 04 de octubre de 1957 cuando la URSS envío al espacio el Sputnik 1 el primer satélite artificial de la historia. Y. también como el 12 de abril de 1961 cuando Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano que viajó al espacio en la nave Vostok 3KA-3, más conocida como Vostok 1. Por lo que con la prueba exitosa de este misil hipersónico WU-14 China pasaba a establecer su hegemonía ofensiva en el campo de los misiles por delante de los Estados Unidos. Veamos el apunte internacional: “La preocupación del Pentágono radicaría en que, según los expertos, este tipo de misiles tendrían la capacidad de invalidar toda tecnología de detección e interceptación antimisiles de Estados Unidos, estableciendo una hegemonía ofensiva. Mientras tanto, China continúa su decidido progreso militar, con la reciente puesta en servicio de un portaaviones, buques de asalto anfibio, cazas invisibles a los radares, aviones no tripulados y un sofisticado programa espacial” (4).

Entonces, ahora el asunto está bien claro:

En que por un lado, mientras Estados Unidos ha agitado a los países de Europa Occidental, sobre todo, a los países del báltico incluyendo a Polonia, tensionándolos militarmente vía la OTAN e incluso llevando el asunto al Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas para una Resolución anti-Crimea, que este sábado (15 de marzo de 2014) fue vetada por Rusia; por otra parte, este país (Rusia) ha puesto en máxima alerta sus tropas e incluso hizo una prueba de lanzamiento del misil balístico Topol-M este martes 04 de marzo de 2014 desde el polígono del Ministerio de Defensa ruso situado en la provincia de Astracán e impactado en territorio de Kazajistán, también envío una flotilla de aviones de combate a Bielorrusia para contener, en caso necesario, lo que hay en Polonia. Todo esto, no puede indicar otra cosa, sino, la certeza de que efectivamente existe en el plano internacional la equiparación de fuerzas entre Estados Unidos, Rusia y China, que al parecer el grupo de poder fascista de Washington no quiere aceptar.

Pero la historia es la historia. Aunque su avance no es en línea recta, sino, zigzagueante, pero al fin y al cabo siempre ascendente, que en este caso nos estaría poniendo en sobre aviso que la situación internacional está definitivamente a favor de los países que luchan contra el fascismo. Esto incluso a contracorriente de esa situación explosiva y de agitación fascista que hay actualmente en algunos países. Y por eso decimos que el fascismo no pasará. En eso estamos bien claros. Absolutamente claros.

Notas:
1) “Los S-300 rusos y su influencia en la conferencia de paz sobre Siria”. Autor: Dmitri Kósirev. Nota publicada el 31 de mayo de 2013, en: Ria Novosti.
2) “¿Debería preocuparnos que China supere a Estados Unidos? Noticia aparecida el 29 de abril de 2011, en: spanish.china.org.cn
3) “Políticas proteccionistas de Estados Unidos hacia China dañan sus propios intereses: Medios”. Noticia publicada el 18 de agosto de 2012, en: spanish.china.org.cn
4) “Estados Unidos hace saltar las alarmas ante el imparable progreso militar de China”. Nota publicada el 20 de enero de 2014, en: Rusia Today.

Enrique Muñoz Gamarra es sociólogo peruano, especialista en geopolítica y análisis internacional. Autor del libro: “Coyuntura Histórica. Estructura Multipolar y Ascenso del Fascismo en Estados Unidos”.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Argentina busca “normalizar” su inserción mundial

Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

Luego de idas y vueltas se confirmó que el Club de París habilita la discusión para cancelar deuda pública impaga por unos 9.000 millones de dólares desde fines de mayo próximo.

Vale recordar que la puntada inicial fue dada a comienzos de año, por el Ministro de Economía que acercó en enero una propuesta de pago en viaje relámpago a París.

El paquete de “negociación” incluye que el FMI revise las cuentas de la Argentina.

Todo indica que se está en caminos de “normalización” de la inserción internacional de la Argentina con el sistema mundial del capitalismo. El Club de París incluye a las principales potencias del capitalismo y a los organismos internacionales.

Lo curioso del caso es que se trata de una deuda mayoritariamente asumida en tiempos de la dictadura genocida y que por lo tanto, bien podría catalogarse de “odiosa”.

Muchos cuestionan la posibilidad de auditar la deuda por las sucesivas renovaciones realizadas en tiempos constitucionales, de hecho, cada turno presidencial desde 1983 renegoció y convalidó deudas. Ocurrió con Alfonsín, Menem, De la Rúa, Kirchner y con Fernández.

Si bien el argumento de la imposibilidad de auditar toda la deuda es discutible, no hay duda que esta parte de las acreencias es pasible de ser denunciada, claro que si se la investiga con procesos de auditorías contables, incluso de carácter internacional siguiendo el ejemplo del antecedente ecuatoriano.

El Club, Repsol y el CIADI...

No existen dudas que el gobierno argentino busca re-establecer lazos de inserción con el mundo capitalista, lo que supone terminar el proceso de cesación de pagos iniciado en diciembre del 2001, para lo que resta culminar el arreglo con el Club de París y con el 7% de los tenedores de títulos que no ingresaron a los canjes de deuda del 2005 y sus reaperturas del 2010 y 2013, algunos de los cuales se procesan en conflictivos juicios en EEUU. Entre ambos conceptos puede alcanzarse un valor de 15.000 millones de dólares.

Pero también, Argentina empezó a reconocer los fallos del CIADI sumando nuevas deudas a soportar por las finanzas públicas. Insistimos en que Argentina es el país con mayores demandas ante este ámbito del Banco Mundial, del cual ya se retiraron Bolivia, Ecuador y Venezuela y que Brasil jamás suscribió. Los procesos en curso ante el CIADI constituyen una hipoteca difícil de estimar para las finanzas públicas argentinas.

En ese camino de “normalización” es que se justifica el acuerdo propuesto a Repsol, que esta semana defendió el gobierno ante el Senado, para cancelar la deuda por la expropiación parcial de YPF. El pago será en bonos con valor nominal por 6.000 millones de dólares, con vencimientos sucesivos hasta el año 2033 y que pueden valorizarse y costar al fisco en todo el periodo de circulación unos 11.000 millones de dólares.

Es evidente que esta danza de millones de dólares por deudas viejas o nuevas, odiosas o reales, que bien vendría investigar y auditar, incluso favoreciendo los procesos legales en curso en la justicia de nuestro país, tienen como sentido “normalizar” la inserción de Argentina en el capitalismo mundial.

¿Para qué? La explicación alude a las restricciones externas, o sea, al ingreso de capitales foráneos para el funcionamiento del orden capitalista local, o si se quiere al saldo positivo del ingreso y salida de capitales.

En el 2013 se aceleró la pérdida de divisas, la llamada fuga de capitales, ejemplificada en la caída de más de 12.000 millones de dólares de reservas internacionales. La fuga no significa necesariamente una situación delictiva, sino opciones de búsqueda de rentabilidad de las inversiones de capital en el exterior. Es lo que argumentó Repsol para explicar la remisión de utilidades al exterior por 13.000 millones de dólares en una década. Fueron fondos relocalizados para inversiones en diversos territorios, especialmente en África.

La fuga de capitales viene de larga data, aceleradas desde el 2011 y que intentó frenarse con la devaluación de enero pasado, algo que cuesta asumir como política deliberada en ámbitos gubernamentales. Un interrogante de la coyuntura remite a si se frenó el drenaje de divisas, si se puede revertir la situación y por lo tanto si se puede considerar estable la paridad cambiaria o requerirá nuevas adecuaciones en el corto o mediano plazo de este mismo año.

Se argumenta que el país necesita ampliar sus inversiones para mejorar la productividad y con ella el ciclo virtuoso de la producción, es decir el consumo y la inversión. Pura lógica de funcionamiento del orden capitalista, que requiere de inversores con disposición a valorizar sus capitales, o sea a producir plusvalor y obtener ganancias como resultados.

El problema son los límites a la inversión, situación clara respecto de la inversión pública, que sostuvo en estos años la tasa general de inversión y hace evidente la escasa disposición a invertir del capital local, algo que se explicita en los discursos oficiales que sugieren con recurrencia a los empresarios que inviertan en la ampliación de la producción local, con escasísimo resultado.

Por todo ello es que la intencionalidad gubernamental pasa por atraer inversores del exterior, en el camino que sugiere la asociación entre YPF y Chevron. Pero también habilitar el camino de obtención de nueva deuda, lo cual requiere terminar con la cesación de pagos como exigencia del sistema financiero mundial.

¿Es posible transitar otro camino, otra política económica?

No se trata de una pregunta retórica. La respuesta dividió aguas políticas en el movimiento popular que resistió las políticas menemistas (1991/1999) y las de la Alianza (1999/2001), y antes la de la dictadura (1976/1983).

Una porción del movimiento popular y del pensamiento crítico de los 70´ y los 90´ considera que las políticas de la última década (2003/2013) son el límite de lo posible y acreditan como éxito la disminución de los indicadores sociales tales como se manifestaban en la crisis del 2001. Algunos de ellos se animan a suscitar la necesidad de relanzar un imaginario de nueva ronda de reformas que pueda entusiasmar y contribuir a constituir sujetos políticos y sociales que sostengan un proyecto político para la transformación.

El límite que se les presenta a unos y a otros es el propio orden capitalista, bajo políticas ortodoxas o de austeridad, (como en Europa u otros países que en nuestra región sustentan políticas de libre comercio); o neo-desarrollistas, (sea EEUU y su intervencionismo estatal, tanto como países con políticas críticas al neoliberalismo en América Latina). La heterodoxia argentina choca también con el capitalismo real, que exige condiciones para sostener un ciclo de inversiones que asegure rentabilidad adecuada al tiempo histórico de crisis capitalista. Es la alta rentabilidad ofrecida lo que hizo emergentes a China, India o Brasil, ante las bajas rentabilidades ofrecidas en el capitalismo desarrollado, con tasas de interés tendiendo a cero. Se puede escamotear el índice de precios ante cierto punto, tal como ocurrió entre 2007 y 2013, pero no se puede hacer eternamente.

La lógica del mercado capitalista solo acepta un determinado nivel de intervención estatal, especialmente si existe organización y lucha social desplegada en las calles. Por eso, las desmovilizaciones masivas de la sociedad son funcionales a la demanda de “normalización” capitalista, y al mismo tiempo, convoca a sostener la capacidad de movilización, de resistencia y de demanda por mejoras sociales de los sectores más perjudicados en el orden económico.

Podríamos recordar a Hugo Chávez cuando señaló a fines del 2004 que no debían esperarse soluciones para los pueblos del mundo bajo la lógica del orden capitalista, que recordemos, se somete a la lógica de la ganancia y la acumulación. De ahí surge la convocatoria a pensar nuevamente el socialismo en el Siglo XXI. Se legitima así el pensamiento crítico anti capitalista y se habilita a discutir un nuevo orden de relaciones sociales en la economía, retomando la agenda sustentada en el Manifiesto Comunista para el Siglo XIX y más fundada en El Capital.

Es cierto que ante este debate, muchos acusan a la propuesta de utópica, ante los límites concretos para afirmar y desarrollar el anticapitalismo como propuesta a construir en la sociedad actual, sea en Venezuela o en cualquier país. Conspiran las experiencias fallidas (URSS y Europa del Este) y aquellas en curso, entre ellas la cubana, que tiene el límite del criminal bloqueo estadounidense y una situación de época mediada por la ofensiva capitalista desplegada desde la crisis de mediados de los 70´. La articulación integrada de un bloque socialista está limitado desde la desaparición de la URSS y el bloque soviético, e incluso las articulaciones con pretensión alternativa, el “tercer mundo”, atraviesa por los límites de sus diferentes posiciones en la situación actual, donde el imaginario cambio si se es “emergente” o receptor de inversiones externas, o si se está en situación de extrema vulnerabilidad, como ocurre en la periferia del sur del mundo.

Este es el marco de la discusión en nuestro país, en la región y en el mundo, que puede condenarnos al límite de lo posible o abordar el camino de la crítica de la realidad, por muy dura que esta sea, es decir, la crítica del capitalismo, lo que exige ir más allá y proponer un rumbo alternativo. Es el camino de Cuba y el que esbozan propuestas que aun requieren de mayores contenidos y sobre todo de una densidad social consciente suficiente para disputar sentido común en el movimiento popular y en la sociedad.

¿Por qué quedar prisionero de la inversión externa y reproducir el modelo productivo extractivo para la exportación o el desarrollo fabril de armaduría dependiente de insumos externos, también para la inserción exportadora? ¿Puede construirse otro modelo productivo en el agro y en la industria? ¿Es posible modificar el patrón de consumo estimulado por la producción monopolista actual?

Se puede contestar a esos interrogantes por la afirmativa, pero requiere de un profundo debate sobre el diagnóstico de situación de la coyuntura para pensar más allá del capitalismo, límite de lo posible para una parte del activismo social y político. Un activismo contenido en un imaginario de reformas que la transnacionalización apenas permite bajo ciertas circunstancias históricas, aquellas que generó a sociedad argentina movilizada a fines del ciclo regresivo de los 90´.

Cuando me interrogan sobre las medidas concretas acudo a la extensa programática difundida por el movimiento obrero, campesino, de mujeres, en defensa del medio ambiente o la relación metabólica adecuada entre los seres humanos y la naturaleza, o la armonía entre la producción humana con la naturaleza, e incluso sectores de pequeños y medianos productores y empresarios, de cooperativas y el movimiento de autogestión; a los que sumo la demanda por la des-mercantilización de la educación, la salud, la vivienda, la transporte, la energía. Son todas propuestas a asumir socialmente para disputar políticamente el orden capitalista y construir el otro orden posible, el socialismo.

Claro que no es sencillo, pero es lo que muchos nos proponemos ante una realidad que bajo la lógica de lo posible termina promoviendo la concentración y centralización del capital para la valorización y la explotación de la fuerza de trabajo y la naturaleza.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Malena Lenta: "Vivimos en una sociedad de opresión de género y de explotación de clase"

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

Rememorando el Día Internacional de las Mujeres conversamos con la militante Malena sobre ISADORA (publicación de Izquierda Socialista) y los desafíos políticos de las mujeres de hoy.



Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Historia de amor y odio: La relación gobierno - Clarín

Daniel Satur (LA VERDAD OBRERA - AGENCIA WALSH)

La relación del gobierno con el multimedio Clarin pasó por distintas etapas, muy buena en los comienzos del kirchnerismo, etapas de profundo enfrentamiento luego. Dario Satur en el periódico "La Verdad Obrera" da cuenta de un momento de mayor entendimiento y acercamiento en la actualidad.

Algunas preguntitas. ¿Cómo era eso de que con este gobierno Clarín iba a quedar reducido a poco menos que una oficina de avisos clasificados? ¿No era que Fibertel iba a dejar de existir? ¿Y Papel Prensa dejó de ser el monopolio al servicio de Clarín y La Nación? ¿Qué pasó con la verdadera identidad de los hijos adoptados irregularmente durante la Dictadura por Ernestina de Noble? ¿Y la Ley de Medios, no iba a quitarle una infinidad de licencias al Grupo?...

Algunas otras preguntitas. ¿Qué pasó con la catarata de denuncias de corrupción que Clarín venía realizando sobre los funcionarios kirchneristas? ¿No hay más “agujeros negros” con millones de pesos que se esfuman en la administración k? ¿Ya no hay “dictadura pingüina”, como le gustaba decir a los editorialistas de La Nación?...

Parece ser que para el gobierno y sus escribas, en los últimos tiempos Clarín dejó de mentir como antes. Y para Clarín, parece que las garras afiladas del gobierno dejaron de ser una amenaza que ponía todo al borde del desastre.

Tácito pacto

Después de años de duras disputas entre el kirchnerismo y el grupo comandado por Héctor Magnetto, donde parecía que los intereses de Clarín iban a ser trastocados con consecuencias históricas y al mismo tiempo la Corpo desplegó toda su artillería (con Lanata y otros astutos soldados al frente) en pos de destruir el relato “nacional y popular” del gobierno; parece que las aguas (turbias) empiezan a bajar. Es que más allá de los necesarios chisporroteos y las chicanas que seguirán cruzándose entre ambos bandos, lo cierto es que los tiempos que corren no son propicios para prolongar una disputa entre fracciones capitalistas que no podía conducir a nada bueno para el conjunto de las clases dominantes argentinas. No es que se vuelva a “foja cero”. Al contrario, en el camino quedó un tendal de muertos y heridos que cada uno se ha cargado a su manera. Pero el tácito pacto entre el gobierno y Clarín, dando paso a una transición política ordenada de cara a un recambio de gobierno en 2015, les era necesario. Por eso Sabbatella quedó como un payaso aceptando el “plan de adecuación voluntaria” a la Ley de Medios que presentó Magnetto. Por eso Cristina “entregó” (casi esposado) al vicepresidente Boudou, mandándolo a declarar a Tribunales y parándolo al lado de los potus, lejos de las cámaras y los flashes, en cada acto oficial. Por eso Capitanich casi casi cierra un acuerdo con Tinelli (una de las estrellas de El Trece, ahora asociado a Cristóbal López) para producir juntos Fútbol para Todos incorporando nada menos que a TyC Sports en el negocio. Por eso la causa de “lesa humanidad” por la apropiación de Papel Prensa duerme plácidamente en los tribunales de La Plata sin que el Estado, querellante contra Clarín y La Nación, mueva un pelo. Por eso en Clarín se acuerdan a las risotadas de Guillermo Moreno, el ex temido secretario de Comercio confinado ahora en Roma como mero “agregado comercial”.

Y por eso también en los últimos meses vimos a todos los periodistas de la Corpo tratar con rara amabilidad a cuanto referente k pisó los estudios de TN o habló por Radio Mitre (desde los arlequines de Carta Abierta y Berni hasta el mismo Florencio Randazzo). Y por eso también vemos cada vez más publicidad oficial en las tandas de los medios del grupo, algo impensable hasta hace poco tiempo. Y por eso Lanata no tiene mucho apuro en empezar su programa dominical, lanzado hace tres años con el objetivo de corroer con denuncias e investigaciones todos y cada uno de los pilares del “modelo”. Y por eso hace pocos días un locutor de TN se mostraba extrañado porque Abal Medina, el ex jefe de Gabinete, se defendió “al viejo estilo k” en un causa por malversación de fondos “sin comprender” que “el giro de Cristina” ya no deja margen para brabuconadas pasadas de moda.

“Cuiden a Cristina”

El pacto de “no agresión” entre Clarín y el gobierno no está firmado en ningún papel. No hace falta. Ambos saben que hay intereses profundos que están por delante de cualquier rencilla. El profundo giro del gobierno de Cristina Fernández, tras su derrota electoral, al ajuste ortodoxo en lo económico y a la derecha en lo político reubicó a quienes parecían decididos a socavar las bases del gobierno. Cristina, sin reelección posible y urgida de garantizar una transición con orden dentro de los marcos institucionales burgueses, asumió ser ella misma la agente directa del ajuste. Por eso, tras la devaluación brusca de enero, los tarifazos, el cierre de filas con los gobernadores del PJ y su amenaza de mano dura contra la protesta obrera y popular, hasta el más rabioso de los opositores comprendió que de lo que se trata a partir de ahora es de cuidar a la presidente y acompañarla hasta la puerta del cementerio (políticamente hablando, claro). Y no hay coronación mayor para ilustrar esta nueva coyuntura que la próxima visita, oficial y con fanfarrias, de CFK al monarca del Vaticano, quien seguramente la bendecirá y prometerá santa colaboración en este fin de ciclo. Mal que le pese a Verbitsky, la foto de Bergoglio y Cristina felices será una digna tapa de Clarín.

El problema lo tienen, una vez más, quienes abrazaron el “proyecto” con expectativas de cambio y hoy se paran con la ñata frente al vidrio ante una nueva frustración.

Los trabajadores y el pueblo pobre, ajenos a esta disputa entre capitalistas y censurados estables de todos los medios masivos, sabemos que entre muchas de las mentiras lanzadas por unos y otros se filtraron no pocas verdades que pintan de cuerpo entero a los poderosos y sus secuaces, tanto los que actúan desde la Casa Rosada como los que hablan en nombre de la “libertad de prensa”. Atentos a ello, será cuestión de emprender una lucha independiente, desde los explotados y oprimidos, por lograr una verdadera liberación de la palabra, de la imagen, del arte y del entretenimiento. Lo que indisolublemente estará unido a la pelea de las masas por su total liberación del yugo del capital.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Argentina: Titanes en el ring

Daniel Papalardo (especial para ARGENPRESS.info)

Por este tiempo, aprovechando que fue mencionado en el discurso de la presidente, se mediatizó la discusión en torno a la necesidad de reforma o no del Código Penal Argentino. Como es de esperar inmediatamente se adoptaron diversos posicionamientos, que van , desde los discursos públicos del cerrado grupo de integrantes de la comisión que redactó el borrador que circula públicamente, hasta los acérrimos enemigos , que reencarnan una nueva edición del relato del falso ingeniero Blumberg (¿usurpador de título?) sobre la base de la defensa social y la justificación de la pena como reacción puramente vindicativa del Estado y residual elemento de prevención general del delito.

El desenvolvimiento del debate, adquiere múltiples facetas, pero es posible hacer una síntesis, que en cierta forma se ve forzada por el formato mediático que se le ha dado a la cuestión, y que intencionalmente ubica un discurso académico, corporizado por los creadores del borrador del proyecto y otro grupo de anclaje en la realidad , corporizador de los deseos de “la gente”, que no trepida incluso en acudir nuevamente a los familiares de las víctimas de hechos lamentables como interlocutores exclusivamente válidos en la cuestión.

Los “académicos” han quedado así encerrados en su propio discurso, pues la primer reacción fue en términos generales, la de mandar a estudiar a sus oponentes, olvidando que el Código Penal es un instrumento político del Estado, y como tal, una cuestión que trasciende lo jurídico, para ubicar la discusión en el terreno necesario de la relación de mando-obediencia, que es la matriz de ese escenario. En otras palabras, el problema no se discute, desde el texto de un artículo, sino desde la definición misma de si es necesario o no un nuevo código penal, y en su caso con qué objetivos, cuestión que sin duda no puede ser resuelta en las universidades, ni en los postítulos académicos financiados por el propio poder, ni tampoco por cinco o seis iluminados reunidos en comisión.

Los ilustres, se sienten cómodos en los circuitos cerrados retroalimentados, pero la realidad pasa por fuera de esos ámbitos y genera un discurso que cuestiona ese relato desde análisis con base en el mal llamado sentido común, donde se parapeta la construcción política, de los grupos que aspiran hacerse del poder Estatal para beneficiar a la concentración económica que nunca aparece en escena. Por eso, la primera reacción de los ilustres, es el fastidio y acciones que suponen la misma conducta que se reprocha en el opositor, esto es, el rechazo del otro intentando descalificarlo por ignorante mandándolo a estudiar .Sin embargo, se verá que ello oculta un factor: lo que se ordena estudiar es el discurso del mandante, aceitado en los ámbitos universitarios, y en la tendencial búsqueda de algún pronunciamiento judicial que los vaya recogiendo.

Pero insistimos eso es un discurso, eso no es lo real. Lo cierto, tangible y palpable es que en los sectores medios de la sociedad, e incluso en el de la clase trabajadora de más alta remuneración, está instalado un relato inverso, de modo tal que el oponente, lejos de estudiar, propone contar cantidades, es decir, hacer una compulsa de opinión, saber que ese es su territorio y no el de la academia autoreferenciada.

En ambos casos, creemos que lo que se pierde de vista, es que el problema social, que adquiere captación ideológica dentro de la construcción jurídica del delito, a través de un Código Penal y su correlato en el terreno sociológico y político de lo que se da en llamar “seguridad”, presentado con una modalidad que trasciende a la experiencia y se constituye en un valor en sí mismo, en tanto significante de muchos mandatos y confrontaciones, no puede plantearse, sino en función de un proyecto de transformación social profunda, con la base de consenso social adecuada. En otras palabras, no existe otra posibilidad con aspiración superadora del problema, que el trabajo combinado y dialéctico entre universalidad teórica y proyecto político transformador.

Desde la objetividad de la experiencia realizada en el tiempo, debe decirse que las tentativas de limitar el poder represivo del Estado, mediante criterios “normativos” localizados “en un plano legal-infraconstitucional” (funcionalismo); o fuera de aquél marco legal pero dentro del plexo constitucional (garantismo e iluminismo) resultan infructuosas en todos los casos, En tanto, provienen de un poder ya constituido e ingenuamente demandan que ese poder ya institucionalizado limite sus propias facultades represivas, mediante su propia voluntad”.

La ofensiva del discurso con anclaje en la idea del combate al delito y el eje conceptual en el valor seguridad , asumida por amplio espectro del sector político , que aparenta poner en retirada la iniciativa pre-legislativa hace de la idea “seguridad” una construcción intelectual situada conceptualmente, en tanto valor, en una experiencia no realizada y por ende deseable. Vista de esa manera la idea de paz social y seguridad ciudadana, pertenece a ese mundo, en tanto ideal, esto es, en tanto valor absoluto no materializado en la existencia, de la que solo es posible esperar, en el mejor de los casos y por definición, un reflejo en la sociedad concreta, en la que la existencia de un instrumento penal represivo, con amplia expansión, resulta herramienta necesaria e ineludible en pos de ese objetivo

Ese discurso ideológico oculta decir, que la manifestación negativa del fenómeno, esto es, su contrario, la inseguridad, no reconoce otro vínculo causal que los epifenómenos que son propio de la lógica de desarrollo del modelo capitalista de producción y de las relaciones sociales que este engendra, de manera tal que pensar la seguridad como valor abstracto y objetivo alcanzable en con orden, paz y progreso social , implica en todos los casos la necesidad de reprimir las manifestaciones negadoras de ese fenómeno, que en lo cotidiano lo controvierten , por vía de la represión punitiva. Reprimir sería algo así como actuar en lo concreto para que la idea se refleje en la realidad de ese modo y no como su negación, la inseguridad. Esto no es otra cosa que dar entidad a lo que no lo tiene, ni lo ha tenido en el desarrollo histórico, en tanto la conflictividad es de la esencia del devenir, que es en sí, lo único sobre lo que puede predicarse el ser. Pensar en una sociedad de orden y paz, es imaginar, la imposibilidad del cambio. Repudiar el conflicto, sin avanzar sobre su génesis y desarrollo, apelando a una noción metafísica, vacía de contenido material, como lo es la seguridad en tanto idea absoluta, no es otra cosa que un artificio cultural, destinado a la justificación del castigo y a la reproducción de las relaciones sociales capitalistas, por vía de la consagración indirecta de la necesariedad del Estado, artífice a través de sus agencias específicas, de la violencia legitimada.

En esto, es claro Gunter Jakobs, cuando nos dice que “el derecho tiene la misión de garantizar la identidad de la sociedad. Eso ocurre tomando el hecho punible en su significado, como aporte comunicativo, como expresión de sentido y respondiendo ante él como defraudación de una expectativa normativa - La pena es la declaración de que ello no es así, que, antes bien, la conducta defraudadora no integra, ni antes ni ahora, aquella configuración social que hay que tener en cuenta. Cuando la sociedad pena, se rehúsa a concebir un cambio en su configuración, antes bien, se mantiene firme en su status quo, en contra de la propuesta de cambio. Al igual que una persona rechaza una propuesta que no encaja en su forma de ser, ratificando de ese modo su forma de ser, así también la sociedad rechaza la propuesta de abandonar la expectativa defraudada, ratificando así su identidad…” (Problemas capitales del derecho penal moderno, pág. 34.edit Hammurabi)

Así las cosas, lo importante es que el debate en sí es lo más parecido a lo que de niños vimos como “Titanes en el Ring”, dos luchadores que pretenden luchar, pero en realidad montan un espectáculo, en tanto no presenta una lucha de contrarios, sino dos modalidades de dominación y control social. Por eso quien se embandere con el borrador del proyecto, tendrá necesariamente que advertir, que el cambio está movido, más bien, por una “nueva justificación moral o política del derecho de castigar, que por un acercamiento a la restricción a grado mínimo del poder punitivo y la determinación de la responsabilidad penal, siendo los efectos morigerantes o suavizadores de las penas, una consecuencia de nuevas tácticas de poder y de nuevos mecanismos penales, en los que invariablemente subyace la dialéctica control- castigo.

Hay entonces, una nueva economía del poder punitivo con pretensión de posibilitar una mejor acumulación y reproducción de ese mismo poder de clase .La finalidad no es castigar menos, sino castigar mejor, esto es, castigar con más universalidad y necesidad, introducir el poder de castigar más profundamente en el cuerpo social, de modo tal que este aparezca fundado y razonado .Así se pretende fijar nuevos principios con este fin que disminuyan los costos económicos y políticos aumentando la eficacia penal.

La verdadera aspiración de los reformadores es encontrar una nueva fundamentación consensuada a la pena, de la que carece en la actualidad, adoptando el problema aún en la instancia previa del camino legal para su imposición a un sujeto. Así, la sociedad disciplinaria, imaginada por el proyecto de nuevo código penal, como por el modelo de enjuiciamiento sugerido por los gobernantes normales de la provincia de Santa fe, persigue el objetivo de la corrección y la disciplina.

La idea subyacente es la fundamentación consensuada del castigo por vía de la exposición pública del caso, y la pretendida paridad de armas en una simbólica contienda en donde el Estado se oculta tras las figuras emblemáticas del juez y el fiscal que resultan en definitiva una única y misma entidad, que se proyecta peligrosamente con la extensión proporcionalmente relevante de la defensa pública, en tanto aparato no autónomo, finalmente integrante de ese mismo Estado

El país “normal” oculta que considera al hombre inmerso en un comportamiento social conflictivo, como un actor que violenta el pacto social, y que por ello debe ser considerado un enemigo. Violando sus leyes deja de ser uno de sus miembros; y aun se puede decir que le hace la guerra. En tal caso la conservación del Estado es incompatible con la suya; fuerza es que perezca en el sistema carcelario. El proceso y la sentencia son las pruebas y la declaración de que ha roto el pacto social y de que por consiguiente ya no es un miembro del Estado.

El derecho penal entendido en estos términos, se vuelve “una manera reglamentada de hacer la guerra”, y debido a que éste se basa en procedimiento que regula el modelo de enjuiciamiento y un sistema de pruebas, el derecho sería “la forma ritual de la guerra”, que diluyendo el poder represivo en diversos órganos, incluso privatizado, lo difuma diluyendo la responsabilidad y consensuando su aplicación en el medio social.

La sociedad política instrumentaliza el tema de la delincuencia y le asigna valores dependiendo de su conveniencia. Se hace de los sectores intermedios de la sociedad, e incluso de los trabajadores incorporados al sistema laboral un “sujeto moral”, que se moraliza para separarlo de la delincuencia y así justificar el desarrollo defensista frente al enemigo interno. De esa forma, puesto en el lugar del otro, el hombre al que se le asigna el rol social del delincuente es controlado, seguido, castigado, reformado, etc.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Tramo final de una resistencia que puede vencer a Monsanto

Emilio Marín (LA ARENA)

Después de una larga resistencia social a la instalación de Monsanto en Córdoba, el tema ha entrado en su fase final. Hay buenas perspectivas de que la multinacional norteamericana no se pueda salir con la suya.

Se puede empezar por el final de esta historia, para luego ir retrocediendo en el tiempo y presentarla más o menos completa.

Lo más reciente fue la marcha del 13/3 en la ciudad de Córdoba, organizada por la "Asamblea Malvinas lucha por la Vida", el nervio motor de la resistencia a la radicación de Monsanto en Malvinas Argentinas, a 16 kilómetros de la capital mediterránea, para una planta de secado de semillas de maíz.

Unas 3.000 personas recorrieron calles de la ciudad hasta llegar al Centro Cívico, sede del Ejecutivo que el humor local bautizó "El Panal" desde su inauguración. A su paso los cordobeses expresaban su simpatía, a pesar de que estaban con bronca en las paradas de colectivos esperando un tiempo exagerado, luego de una polémica y cara reforma al sistema de transporte de pasajeros dispuesta por el intendente Ramón Mestre. Los sufridos usuarios saludaban a quienes marchaban contra la multinacional, aún cuando involuntariamente les agregaran unos minutos más a su espera del "bondi".

Los miembros de la Asamblea Malvinas estaban contentos. Como el cronista los había acompañado en otras oportunidades, podía apreciar la mejoría de su ánimo, en comparación con manifestaciones anteriores. La razón de ese cambio, conjetura, es que en 2014 hubo novedades favorables a su causa, en el terreno judicial, mediático y político. Si bien nadie podría asegurar que la batalla esté ganada, ni que lo vaya a estar en días, la sensación es que se ha avanzado; el que ahora está en situación difícil es el proyecto semillero, que antes parecía llevarse Córdoba por delante.

Es que el 8 de enero pasado, la Sala II de la Cámara del Trabajo provincial resolvió favorablemente un amparo presentado por los ambientalistas en contra de las obras, presentado por Federico Macciocchi y el Club del Derecho, con aval de la Asamblea Malvinas.

La Sala declaró la "arbitrariedad e inconstitucionalidad" de la resolución 595/2012 dictada por la Secretaría de Ambiente de Córdoba, que había autorizado el inicio de las obras. Tales calificativos del tribunal fueron porque tal autorización no había requerido previamente el Informe de Impacto Ambiental ni había concedido audiencia pública ni consulta en la localidad que podía ser afectada en su salud y medioambiente. Esos requisitos están planteados en la ley General del Ambiente N° 25.675 y en forma más diluida, por la ley provincial N° 7.343. Legalmente las obras se paralizaban, aunque en rigor ya lo estaban desde setiembre del año pasado, con el acampe de protesta a la vera de la ruta A-88.

Otra novedad positiva de 2014 fue que el 10 de febrero, el nuevo secretario de Ambiente, Germán Pratto, dictó una resolución rechazando el Informe de Impacto Ambiental presentado por la firma.

Es la política...

Se dirá que Pratto, ex intendente de Morteros y con una experiencia democrática y de gestión

con los vecinos de un pueblo, tenía más sensibilidad que su antecesor en la secretaría, Federico Bocco, y que por eso tomó esa resolución adversa al monopolio. No es que tal circunstancia favorable a Pratto no exista, pero de por sí no explica el cambio de la repartición. Esta había aprobado la cuestionada Resolución 595/2012 y pasó a aceptar el fallo judicial que la fulminaba y, además, sumó su rechazo al Informe de Impacto Ambiental que antes no había exigido como pre-requisito.

El problema va más allá de las novedades en Ambiente y tienen más que ver con la política cordobesa, "por abajo" y "por arriba".

"Por abajo", la Asamblea Malvinas empezó a ganar la partida con el aguante del acampe comenzado el 18 de septiembre de 2013 frente a la obra de futura planta de tratamiento de semillas de maíz. Ese lugar fue objeto de cuatro represiones contra los ambientalistas: en dos ocasiones la agresión comenzó con patotas de la Uocra y punteros ligados al delasotismo barrial, con participación de la policía. En las dos restantes el protagonismo represivo fue de la Guardia de Infantería, con el saldo de heridos con balas de goma, palazos, gas pimienta, golpes con bastones, robos, etcétera.

La cuenta no quedó allí: el 20 de febrero, cuando una manifestación llegó en Malvinas Argentinas a pedirle al intendente Daniel Arzani que anulara sus ordenanzas 808/2012 y 821/2013, también fulminadas por la Sala Segunda, se encontró con un dispositivo policial represivo desacostumbrado para poblaciones pequeñas. Otra vez sopa: represión, una mujer herida de gravedad y un intendente contra las cuerdas.

En la pelea entre los más débiles y los más poderosos, la opinión suele inclinarse por los primeros. Eso ocurrió aquí, pero también fue creciendo la conciencia sobre qué tipo de empresa contaminante es Monsanto, aquí y en el mundo. Su negativa a prestarse a someter el diferendo a una consulta popular, la fueron colocando políticamente a la defensiva, con mala imagen.

"Por arriba"

Después de cinco represiones escandalosas en su localidad, el radical Arzani llegó a un punto de cierto arrepentimiento de haber firmado las autorizaciones de radicación. Así se lo dijo a los tres asambleístas en la audiencia del 20/2 (¿para qué habrá pedido la policía, que reprimió, si luego terminó recibiendo a la delegación?). Ese día habló por teléfono con José M. de la Sota y le pidió que resolviera el asunto denegando a la empresa seguir adelante con el proyecto. Argumentó que él prefería preservar la "paz social" en Malvinas.

El gobernador se considera "hecho" con el giro de la Secretaría de Ambiente, que rechazó el Informe de Impacto Ambiental. Le devolvió la pelota a Arzani, para que en todo caso sea éste quien emita una nueva ordenanza y dé por caída la radicación de la firma.

En este aspecto tienen razón los asambleístas que exigen a Arzani que se la juegue. Invocan su ordenanza 821/2013, que plantea: "la falta de cumplimiento por parte de Monsanto de lo que establezcan oportunamente la Secretaría de Ambiente, la Dirección de Recursos Hídricos y la Municipalidad de Malvinas Argentinas hará caducar de pleno derecho el presente permiso de obra".

Por eso los manifestantes le reclamaban al intendente: "Sólo faltás vos". Debía poner la firma a una ordenanza, caducando el permiso de obra. El hombre se ha movido en esa dirección, por todos los acontecimientos y la resistencia social al proyecto, pero aún no se decide. Lo han visto dudar y pensar en disposiciones adversas a la multinacional.

Para contrarrestar eso, el mismo día que los manifestantes fueron al Centro Cívico, anteayer, los del "Grupo de los 6" lo entrevistaron para interceder a favor de Monsanto. Directivos de la Bolsa de Comercio, Unión Industrial, Federación Comercial, Cámara de Comercio, de Comercio Exterior y de la Construcción lo apretaron a Arzani diciéndole que "siguen de cerca un proceso que puede afectar una inversión importante, y con ello, el clima de negocios, la generación de empleo y el desarrollo productivo".

Jugadas de De la Sota

El gobernador está en la oposición al gobierno nacional, aunque es previsible que sus apetencias presidenciales terminen postergadas en alguna fórmula de centro-derecha de otro referente que mueva "el amperímetro".

De todos modos "el Gallego" no se rinde, y ha visto en el asunto Monsanto una manera de acumular fuerzas y correr "por izquierda" a la presidenta. Anunció una reforma a la ley de ambiente provincial para ponerla en regla con la del orden nacional, pero haciendo más expreso el requisito de una consulta popular para casos como el de Malvinas Argentinas. "De la Sota aseguró que la consulta popular debutará con Monsanto", tituló el jueves 13 la edición de Comercio y Justicia.

El diario cooperativo reproducía las declaraciones del gobernador a sus amigos de Cadena 3, durante la inauguración de Expoagro en Ramallo, donde aseguró que "si la legislatura aprueba esta ley, la primera aplicación va a ser el tema Monsanto".

Conociendo algo al personaje se puede aventurar que como parte de su campaña, va a tratar de vender a nivel nacional que Córdoba fue la primera donde se hizo una consulta popular para votar por sí o no en una cuestión medioambiental (en rigor no será la primera porque en 2003 se votó en Esquel, contra la minería).

El Instituto de Derecho Ambiental y Energía de la Universidad Nacional de Córdoba hizo críticas severas al proyecto delasotista de reforma a la ley de ambiente. Le reprochó que no es clara en cuánto a la consulta popular, pues deja en manos de la Autoridad de Aplicación los criterios sobre quiénes, cómo, cuándo y bajo qué condiciones los ciudadanos podrán ejercer su derecho a participar.

A De la Sota eso parece no importarle. Su proyecto entró a la Legislatura el 19 de febrero y lo ve como una forma de ubicarse en una postura "progresista" frente a la presidenta de la Nación. En junio de 2012 CFK anunció en reunión con el Council of Americas en Nueva York que las autoridades de Monsanto le habían asegurado una inversión de 1.800 millones de pesos para montar una planta de secado de semillas de maíz en Córdoba. A la luz de lo sucedido, flor de marlo, contaminado...

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Argentina, Córdoba: se perdieron en 2013 3823 hectáreas de bosques

Leonardo Rossi (EN MARCHA - AGENCIA WALSH)

La pérdida de 2813 de hectáreas de bosques, significa que en 2013 se desmontó la mitad que los años anteriores, cuando el agro-negocio liquidó 10.000 hectáreas, ya no queda mucho por saquear.

La buena noticia puede patear hacia adelante, una vez más, la discusión de fondo: el futuro del bosque. Que haya menos hectáreas desmontadas que el año anterior en el chaco cordobés, más precisamente la mitad, es un dato alentador.

Sin embargo, la cifra de 3.823 hectáreas perdidas en 2013 -pequeña si se observan temporadas previas- oculta que “entre 2011 y 2012 se terminaron de liquidar 10.000 hectáreas pretendidas por el agronegocio y que ya queda poco para sacar”, apunta el biólogo especialista en bosque nativo, docente de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del Conicet, Fernando Barri.

En un contexto en el que el gobierno promete planes de reforestación y hace gala de su Policía Ambiental por su lucha contra el desmonte, este investigador denuncia que José Manuel de la Sota “juega con el desconocimiento que hay sobre estos temas”.

Un nuevo informe anual de la ONG Guyra Paraguay reporta que la región chaqueña argentina perdió el año pasado 222.475 hectáreas de monte nativo. Córdoba vio desaparecer cerca de 4.000 hectáreas. Cifra que parece menor si se la compara con las más de 84.000 hectáreas que en el mismo período fueron topadas en Santiago del Estero. No obstante, vale la pena ir al pasado reciente y recordar que sólo en cinco años, entre 2006 y 2011, en Córdoba se arrancaron casi 70.000 hectáreas de especies nativas, según datos del gobierno nacional.

Por otro lado, los números de 2013 son alentadores: se deforestó la mitad que en 2012. Cerca de 7.961 hectáreas dejaron paso a la soja, el maíz o la ganadería.

Pero cabe preguntarnos ¿fue la política pública, la conciencia de los productores o qué, el verdadero motivo que derivó en esta caída del desmonte? La merma puede tener dos factores, según menciona Barri, por un lado “hay menos áreas para desmontar”, y las regiones que quedan ya no son tan interesantes para los impulsores del agronegocio. “Quedan zonas marginales, sin acuíferos”, ejemplifica. Por otra parte, “existe una gran presión social”, que puso el foco en diversos conflictos ambientales: fumigaciones, crisis hídrica, y la radicación de Monsanto en Malvinas Argentinas como tema principal, en la que la protección del monte originario también estuvo presente.

La ley del desmonte

El Gobierno de José Manuel de la Sota dio variados giros en torno a esta temática. Una de las acciones sorpresivas tuvo lugar el 16 de agosto de 2013. En el Boletín Oficial aparecía publicado el decreto 1.131 del 4 de octubre del año anterior. Con diez meses de demora, el gobernador hizo aplicable esa nueva regulación, que en su artículo 2° difiere la aplicación del concepto de “aprovechamiento sustentable” del artículo 6° de la ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, de 2010. Ese ambiguo concepto de “aprovechamiento sustentable” daba licencia para que, por ejemplo, avance la ganadería en cualquier área boscosa. Por ese motivo, el gobierno nacional nunca liberó los fondos federales correspondientes a la aplicación de la ley nacional de bosques correspondientes al territorio cordobés. Con este cambio, De la Sota buscó que el gobierno de Cristina Fernández revisara esa decisión.

El ordenamiento provincial nunca se ajustó a la ley nacional, que en su artículo 9º especifica que los bosques ubicados en las denominadas zonas rojas son “sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse”. Con su ordenamiento territorial, Córdoba avaló que en esas reservas de monte avancen las topadoras, que ya podían hacerlo en zonas amarillas y verdes, de menor valor de conservación.

Estas maniobras del gobernador “son un mamarracho”, dice Barri. Y explica: “El ordenamiento territorial se hizo para terminar de desmontar la Provincia, y en eso avanzaron durante estos años. Luego (De la Sota) hace ese decreto, desprolijo, ya que no puede anular de esa manera una ley anterior. Y además observamos que antes de esa medida, aparecen picos de desmonte. Queda claro que hay connivencia entre funcionarios y productores”.

De anuncios se vive

Con retórica ambientalista, el gobernador anunció dos veces durante el año pasado un plan de reforestación de 80.000 hectáreas de bosque nativo, que sería enviado a la Legislatura. La primera vez, al iniciar las sesiones legislativas, dijo que lo haría en dos años. Luego, el 5 de junio, Día del Ambiente, se corrigió: el plan se proyectaba en cinco años. A la fecha, no hay nada tangible de aquellas arboladas palabras.

Respecto de esto Barri es contundente: “Son bombas de humo. Juega con el desconocimiento que hay sobre estos temas”. Para llevar adelante algo que asemeje a lo que el gobernador planteó “se necesitan como mínimo miles de personas trabajando y un vivero para producir especies nativas a esa escala”. “La Provincia no tiene nada de eso”, aclara, por si hiciera falta. Y agrega: “Una restauración ecológica de ese tipo es sumamente costosa, y muy pocos países tiene hoy capacidad de hacerlo”.

Una fuerza débil

Mientras de esas promesas no hay novedades, el gobierno hace gala de su Policía Ambiental. El 2 y el 8 de marzo difundió en su sitio oficial de prensa operativos en los que se detectaron desmontes en Jovita, departamento General Roca, y en El Tabaquillo, Cruz del Eje. La deforestación encontrada por la fuerza dependiente del Ministerio de Ambiente fue de 2 y 20 hectáreas, respectivamente.

Para Barri, estos operativos no son más que “maquillaje verde”. “La Policía Ambiental (creada en 2012) está integrada por los mismos inspectores que había antes, unas cinco o seis personas. Hay poca gente y sin capacitación”. “Cuando vea cientos de camionetas e inspectores recorriendo la provincia voy a creer en esa dependencia”, lanza con conocimiento de la materia. Y desafía: “Que muestren todas las infracciones que han labrado estos años y los montos de las multas. Eso sería una verdadera política pública”.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ordenan al gobierno de Scioli crear un servicio público de salud mental

Carolina Borrego (OTROS CÍRCULOS)

La Provincia suele delegar estos tratamientos en instituciones privadas y poco satisfactorias. Los niños y jóvenes de los sectores más humildes son los más afectados. Ahora, un fallo de la Justicia en lo contencioso administrativo estableció que el Ejecutivo debe avanzar en la implementación efectiva de un servicio acorde a los lineamientos de ley nacional. Sentencia para descargar.

Un fallo del juzgado en lo contencioso administrativo Nº 1 de La Plata ordenó esta semana a la provincia de Buenos Aires la implementación efectiva de un Servicio Público de salud mental en conformidad con los estándares de la ley nacional de Salud Mental N° 26.657. La Provincia carece de un área de intervenciones e internaciones complejas e integrales, por lo que muchas veces para la atención de estos padecimientos termina contratando los servicios de instituciones privadas que tampoco cumplen con los estándares previstos.

Ante ese panorama el colectivo jurídico Ciaj promovió su acción de amparo contra el Ministerio de Salud que conduce Alejandro Collia y contra la Secretaría de Niñez y Adolescencia, a cargo de Pablo Navarro. El juez Luis Federico Arias hizo lugar a la presentación y ordenó la creación de un Servicio Público de salud mental infantojuvenil. A la causa caratulada como “Colectivo De Investigación y Acción Jurídica C/ Provincia De Buenos Aires S/ Amparo”, se anexaron otras dos denuncias realizadas por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la Asociación Civil La Cantora.

La cuestión central que debía resolverse pasaba por determinar si corresponde al Estado bonaerense crear de un Servicio Público para asistir la salud mental o si la delegación de los tratamientos en instituciones privadas satisface las obligaciones del Estado. En la sentencia Arias destacó que la contienda se inserta en un contexto de consumo de sustancias tóxicas y de adicciones que afecta actualmente a la niñez más desaventajada de la Provincia.

Arias declaró además la inconstitucionalidad del artículo 3 de la ley 14.580, que establece un plazo máximo de treinta y seis meses para implementar las reformas. Este plazo se cumpliría en enero del año 2017, pero la declaración de inconstitucionalidad obliga a la provincia de Buenos Aires a implementarla en un plazo de seis meses.

La cuestión normativa y el caso de A.D.

La ley nacional Nº 26.657 prevé que “las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental”. En febrero de 2014, la Provincia de Buenos Aires adhirió a ella (ley N° 14.580) y designó al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación. Las autoridades sanitarias de la provincia y los servicios de salud (públicos, privados y de la seguridad social) tenían un plazo máximo de 36 meses para implementar las reformas que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la ley nacional.

Hasta tanto no haya un cambio de estructuras y de prácticas continúa funcionando el modelo psiquiátrico instaurado hace casi 40 años por la ley Nº 8.388, sancionada en 1975. Este sistema de atención a la salud mental está centrado en la institución psiquiátrica y, como consecuencia de ello, cuenta con un dispositivo principal: la internación. Este modelo caracterizado por el encierro y la medicalización del paciente, coincide, en la mayoría de los casos, con situaciones de pobreza y exclusión social.

En tribunales la problemática se advierte cada vez que los jueces ordenan la internación de pacientes que necesitan un tratamiento adecuado en salud mental, y reciben la negativa del Poder Ejecutivo, aduciendo la excedencia de pacientes internados o la inexistencia de dispositivos específicos para tratar adecuadamente determinados casos.

Un caso paradigmático reciente expuso la realidad provincial en la materia. En la causa “Asoc. Civil Miguel Bru y otros c/ Minist. Desarrollo Soc. Pcia. Bs As. y otro s/ amparo”, en 2012 se condenó a la Provincia y a la Municipalidad de La Plata realizar todas las acciones necesarias para la implementación efectiva del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño en la ciudad de La Plata.

El defensor oficial del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Julián Axat había solicitado una medida cautelar con el objeto de poner fin a la internación de un niño de 13 años en la Clínica Ferromed de Junín. A.D., que parecía una cárcel: se hallaba privado de la libertad en una pequeña celda, en condiciones degradantes de detención, en una habitación sin baño, higiene ni ventilación. Estaba allí “para evitar todo intento de fuga”, planteó Axat. Este adolescente y su mamá habían sido noticia cuando él chico desapareció tras huir de aquel escalofriante circuito de internaciones. Se dispuso entonces su traslado desde Ferromed al hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata, para su internación por el plazo de tres días con miras a diseñar un plan de tratamiento centrado en la problemática de salud mental que padecía. La internación tuvo lugar al día siguiente, en el área de infectología de dicho centro médico, justamente por no haber un servicio de internación en salud mental con abordaje infanto juvenil.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Argentina: Hay sólo 114 condenas firmes dictadas en 51 sentencias contra represores

PRIMERA FUENTE

La radiografía de la labor de los tribunales durante la vigencia del Estado de Derecho en los últimos treinta años revela puntualmente la mora actual de los tribunales revisores de sentencias.

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad estableció que, desde el Juicio a las Juntas de 1985 hasta hoy, quedaron firmes 114 condenas por crímenes del terrorismo de Estado, que comprenden a un conjunto total de 108 personas juzgadas en 51 procesos. Las sentencias firmes son aquellas que deben cumplirse porque ya no quedan más recursos que puedan ponerlas en cuestión.

La cantidad de condenados en esa condición es poco más del 20 por ciento de condenas dictadas, que ascienden a 521. Pero, en ese contexto, debe tenerse en cuenta que en los últimos años se dictó la mayor cantidad de sentencias y que 160 fueron sólo en 2013.

La Procuraduría a cargo del fiscal general Jorge Auat, con la coordinación de Carolina Varsky, agrupó las condenas firmes por año en que fue dictado el veredicto. La variable permite cruzar esas cifras con las otras sentencias dictadas -en cada uno de esos años- que aún no adquirieron firmeza, lo cual echa luz sobre el crecimiento de la mora en los tribunales revisores, como la Cámara Nacional de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el último lustro.

Fiscales comparó la cantidad de veredictos dictados y los firmes en cada año, en base a relevamientos anteriores de la Procuraduría. El resultado revela que en 2008 hubo 29 condenas y de todas ellas hoy están firmes 26; en 2009 la relación entre sentencias dictadas y firmes es de 30 a 15, respectivamente; en 2010, la distancia se multiplica, con una relación de 99 a 15; en 2011 la situación empeora ostensiblemente, con 168 veredictos dictados y sólo 10 firmes, hasta llegar a 2012, cuando los números indican que hay sólo dos firmes de las 112 del año.

Datos singulares

La agrupación anual de las condenas firmes también refleja claramente los vaivenes en la política de persecución de los crímenes contra la humanidad de los últimos treinta años. Queda en evidencia que a partir de 2003 se incrementa la acción de los tribunales con la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y, sobre todo, después del 2007, con la creación de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante la época del Terrorismo de Estado, hoy Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, cuya política desde entonces fue promover juicios por circuitos represivos, para abarcar la mayor cantidad de víctimas y victimarios en cada proceso.

La cronología de sentencias firmes también muestra la vigencia casi total de impunidad en la década del '90, en la que sólo se arribó a siete en cuatro causas, todas por apropiación de niños y niñas.

Tal como lo indica el cuadro que acompaña esta edición, la agrupación de condenas firmes por año en que fueron dictadas es la siguiente: cinco de 1985; seis de 1986; cuatro de 1988; una de 1992; dos de 1993; dos de 1994; una de 1996; una de 1998; cinco de 2000; tres de 2001; dos de 2004; tres de 2005; dos de 2006; nueve de 2007; 26 de 2008; quince de 2009; quince de 2010; diez de 2011; dos de 2012.

Otro aspecto relevante del trabajo aparece en la figura de los condenados. De 108 represores que ya no cuentan con instancias de apelación, sólo hay cuatro que tienen más de una: el espía chileno Enrique Arancibia Clavel (dos), el médico de la Policía bonaerense Jorge Antonio Bergés (dos), el ex comisario general de la Policía bonaerense Miguel Osvaldo Etchecolatz (tres) y el ex agente de la SIDE Eduardo Alfredo Ruffo (dos).

En la lista de condenados con sentencia firme resaltan por contar con sólo una condena en esa condición los ex generales Luciano Benjamín Menéndez (quien suma diez en tribunales del centro y norte del país) y Jorge Rafael Videla, quien murió el año pasado mientras cumplía tres sentencias y estaba procesado en otras 21 por casi 1300 víctimas.

El informe también da cuenta de la cantidad de veredictos por jurisdicción. Por juicios realizados en la Capital Federal, hay 45 condenas firmes; en Mendoza, nueve; en General Roca, ocho; en Bahía Blanca, siete; en San Martín y Rosario, seis; en Córdoba, Corrientes, La Plata, Mar del Plata, cinco; en Morón y Posadas, cuatro; en Resistencia, una; y en Salta y Tucumán, dos.

El relevamiento de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad es el único de carácter oficial existente, aunque el Centro de Estudios Legales y Sociales, organización no gubernamental, también tiene el suyo. Es un registro de muy difícil elaboración, teniendo en cuenta que una sentencia puede cobrar firmeza con el último pronunciamiento del máximo tribunal o por el consentimiento de los condenados de las sentencias en etapas del proceso anteriores.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Causa FECED II. Reclamo de los sobrevivientes por la ausencia de prensa en los juicios

REDACCIÓN ROSARIO

El sexto juicio a represores de la dictadura en Rosario estuvo esta semana marcado por tres registros: El reclamo por “la unificación de las causas”, el pedido para que los familiares de desaparecidos “brinden muestras de ADN”, y el llamado de atención de los sobrevivientes a los medios por la falta de cobertura periodística.

En el juicio se investigan graves crímenes de lesa humanidad cometidos contra 43 detenidos políticos, entre los que se incluyen los delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de torturas, violaciones y los homicidios de de Conrado Galdame y los ciudadanos peruanos Rory Chuang Céspedes y María Antonieta Chuang Céspedes.

Los represores imputados son Eduardo Dugour, Ernesto Vallejo, Pedro Travagliente, Ovidio Marcelo Olazagoitía, Julio Héctor Fermoselle, Ramón Telmo Alcides Ibarra, Carlos Ulpiano Altamirano (único Imputado De Homicidio En Este Expediente), Lucio César Nast y Ricardo José Torres. Por otra parte José Rubén Lo Fiego sigue el proceso desde Marcos Paz, donde purga una pena de prisión perpetua.

Como sucede desde que se inició el denominado juicio Feced II,estos jueves y viernes se desarrollaron dos nuevas audiencias del proceso oral y público llevado adelante por el Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario. Las de esta semana continuaron con las declaraciones de los testigos sobrevivientes del centro clandestino de detención que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la ex Jefatura de la Policía rosarina. Ocho tremendos testimonios que sacudieron la cabeza de jueces, fiscales, defensores y asistentes.

Los relatos, completos, extensos y valientes de los sobrevivientes, quienes ya habían declarado en el juicio oral anterior sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en el SI (el denominado Díaz Bessone), volvieron a conmover hasta las lágrimas incluso a aquellos que ya los escucharon de ellos más de una vez. Esa cuestión en particular: la repetición de las declaraciones testimoniales, de testigos que lo hicieron varias veces durante las etapas de investigación y cada vez que hay un juicio oral, fue uno de los cuestionamientos repetidos.

El jueves declararon Hugo Arroyo, José Aloisio, Horacio Dalmonego y Stella Hernández. Mientras que el viernes hicieron lo propio Carmen Lucero, Manuel Fernández, Francisco Reydó y María Inés Luccetti de Bettanin. Los testigos relataron una vez más sus historias (publicadas en Redacción Rosario y su blog Diario de los juicios), respondieron preguntas pero hicieron reclamos y llamados de atención dentro y fuera de la sala de audiencias.

Uno de los pedidos fuertes que se escuchó, fue el de Bettanin, que exhortó “por favor a los familiares de personas desaparecidas que donen sangre al banco genético del Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf) porque hay compañeros sin identificar por falta sangre de sus familiares”.

Por faltas como la señalada, Bettanin supo que el cuerpo de su compañero asesinado que creyó haber sabido siempre donde estaba, no era el que pensaba, sino uno encontrado más de treinta años después, mientras que aún no se pudo identificar los restos de la persona a quien ella y su familia llevó flores durante décadas.

Otro de los reclamos fuertes, que se hizo público fuera del recinto, más precisamente en las redes sociales, vino de la mano de Stella Hernández, quien había declarado el jueves, y que es además la Secretaria general adjunta del Sindicato de Prensa Rosario e integra el Concejo Federal de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca).

“Llevo dos días de tribunal en la causa Feced II. Ayer terminé mi testimonio diciendo que lo peor de lo peor de todo lo que se escucha en este tribunal es que los acusados, allí presentes, no hubieran tenido ni lo tienen, un mínimo de arrepentimiento, de sentimiento de culpa, de dolor por el dolor causado, un gesto que los aproxime a la humanidad Y esto, a casi cuatro décadas de tanta barbarie, me da la convicción de que si pudieran lo volverían a cometer”, escribió Hernández en su perfil de facebook.

“Necesitamos justicia, y reflexiones sobre lo que es el mal, sí el mal, más allá de las consideraciones políticas sobre las que debemos profundizar. Hoy, viernes, escuché testimonios valientes, dolorosos, de Carmencita Lucero, de Pacho Reydó, de Manolo Fernández y de Nené Luchetti (María Inés e Bettanín). Fue Nené quién en un testimonio profundo y desgarrador agregó a su anterior declaración que los restos de su esposo Leonardo eran de otro compañero. Después de 37 años! Los restos que ella guardaba como propios son de otro compañero que se desconoce la filiación”, posteó Stella y luego subrayó: “Pidió difusión para más muestras de sangre de familiares de desaparecidos. Y saben, no hubo prensa. A mí desde el lugar que ocupo en el Sindicato de Prensa me estrujó el alma”.

“Pero es así, y me lo pregunto: porqué en esta ciudad donde se juzgan represores que gozaron de impunidad durante décadas no le damos ahora el lugar en los medios que se merece este esfuerzo gigante de tantas víctimas que en definitiva están buscando que nunca más vuelva el terrorismo de estado. Pensemos entre todos que lo que se debe difundir, no es por los testigos sino por el futuro, por nuestros hijos, por un horizonte de vida digna, libre y feliz; si es que se puede”, concluyó la referente gremial y sobreviviente del SI.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Argentina, Misiones. Criminalización de la protesta: Un fuerte llamado al cese de la represión para retomar el diálogo docente

Alicia Rivas Zelaya (ACTA)

Los trabajadores exigen garantías para volver a discutir las problemáticas de fondo que los obligaron a retomar las protestas en la ruta. La situación salarial, las condiciones laborales, la precarización extrema, la falta de presupuesto para el sostenimiento de comedores escolares y el sistema clientelar para la distribución de cargos son elementos que alimentan la protesta.

También figuran la necesidad de democratizar las escuelas administradas por las Iglesias, el negociado que realizan instituciones y políticos con la educación privada y un fuerte llamado a construir la unidad de los trabajadores, como parte de los planteos en la conferencia de prensa que brindaron en Jardín América tras la represión de viernes. “Vamos a volver a las aulas cuando tengamos un ofrecimiento salarial digno”, advirtieron.

La escalada represiva del gobierno provincial para responder al reclamo de los trabajadores, la detención de los principales dirigentes de las organizaciones gremiales y sociales que protestan en Misiones motivó el llamado este viernes a una conferencia de prensa en Jardín América para exigir el inmediato cese de la represión, de las detenciones ilegales, del hostigamiento mediático y de la persecución judicial instalada como política de Estado para enfrentar los múltiples conflictos salariales.

Desde la brutal represión que desalojó el puente de Garupá, el miércoles 5 de marzo, hasta la detención en Jardín América del docente Oscar Cantero, ya son 23 los referentes que fueron encarcelados en la provincia, si bien todos recuperaron la libertad, las organizaciones de las que forman parte denuncian que estas prácticas son solo el comienzo de profundización de la política represiva que ya anticipó la presidenta Cristina Fernández, en su discurso del 1 de marzo, se irá profundizando en todo el país.

“La presidenta mandó a reprimir y el primer alumno, el más aplicado fue Closs” sostuvo Carlos Lezcano del Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL-CTA) a lo que se sumó Rubén Ortiz secretario general de esa organización para exigir el retiro del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía de la provincia, instalado en diversas localidades para impedir la protesta docente, a fin de retomar canales institucionales para la discusión salarial.

“No se puede dialogar con el GOE y la infantería pegando a mujeres, tirando gas pimienta y agrediendo a trabajadores. Hoy tenemos que exigir, aprovechando la presencia de legisladores nacionales y provinciales, la eliminación del GOE. No puede funcionar un Estado democrático con un grupo de operaciones especiales, entre estos grupos de operaciones especiales y los grupos de tareas –de la dictadura- hay un mismo principio ideológico” remarcó Ortiz direccionando este pedido a los legisladores radicales Luis Pastori y German Bordón quienes llegaron para solidarizarse con los trabajadores.

“Me parece que el abuso de poder –de la policía- movilizó mucho a los compañeros” dijo en la conferencia Oscar Cantero, detenido ese viernes en Jardín América, quien remarcó que estos hechos no son aislados y recordó que esta policía es la misma que detuvo y torturó adolescentes el año pasado en lo que llaman la triste semana del estudiante: “esta misma policía detuvo a nuestros alumnos, los torturaron, les arrojaron gas pimienta y les golpearon salvajemente, a nuestros alumnos adolescentes, lo que hicieron con ellos fue salvaje, estos no son casos aislados por eso también tenemos que trabajar fuertemente para cambiar la matriz de formación de la policía y eso también depende del Consejo General de Educación, menos táctica de represión y más contenidos de derechos humanos me parece que le está faltando a la policía” refirió el docente.

Ortiz recordó que los trabajadores están abiertos al dialogo pero advirtieron que es necesario una propuesta salarial digna. “Pero para retomar el diálogo estamos pidiendo el cese de la represión y la desmilitarización de los pueblos, hoy es prácticamente imposible entrar en algunos pueblos por la fuerza del choque del GOE, la infantería, la gendarmería y hoy se sumó prefectura. Hoy a la mañana nuestro pueblo Montecarlo estaba absolutamente tomado, a mí me hizo acordar al operativo Toba 4 cuando Galtieri en persona ingresó a las escuelas de Montecarlo. Acá algunos van a decir que exageramos, de ninguna manera hay una matriz ideológica que sobrevive en las fuerzas”. El referente sindical, uno de los detenidos también en este avance de la criminalización y judicialización de los reclamos, advirtió además que esta política cuenta con el consenso y la complicidad de organizaciones sindicales que o son parte del propio gobierno o que simplemente han guardado “vergonzoso silencio”.

“Esta política del garrote tiene en esta provincia el consenso de la burocracia sindical. Todos conocemos en este país como jugó la burocracia sindical en el momento más siniestro de nuestros país, parece que esos sectores reviven hoy en la renovación. Este gobierno que golpea trabajadores tiene entre sus filas sindicalistas que entregan nuestros derechos de los trabajadores a cambio de un cargo como diputados o un lugar como vicegobernador.Han destrozado la institucionalidad donde se discute trabajo, han tergiversado las paritarias”, haciendo referencia a la actual diputada Stella Maris Leverberg.

El secretario general del MPL y adjunto de la CTA se mostró preocupado por el silencio de los obispos ante la escalada represiva y la falta de atención a los reclamos sociales. También repudió la falta de democracia en las escuelas privadas gestionadas por las iglesias a cuyos trabajadores les prohíben hacer huelga.

“Es preocupante el silencio de los obispos, es de justicia reclamar que no sigan dañando las instituciones que tanto nos enseñaron a luchar, la escuela que dejó el padre Piña muy pronto solo será un grato recuerdo” dijo Ortiz y advirtió que “la iglesia no puede seguir siendo parte de la destrucción de la Escuela Pública, tienen que soltar el negocio que hacen con la educación, esta no es la doctrina social, el presupuesto educativo se desangra en ese boliche. No puede ser que los trabajadores de la educación de las escuelas privadas, confesionales no se puedan sindicalizar, de qué libertad me van hablar las iglesias si no les permiten a los trabajadores hacer paro, que salgan los pastores y los obispos a desmentirnos, llamamos al paro a esos sectores porque cobran peor que nosotros están más flexibilizados que nosotros, que se sepa todo porque la verdad nos hará libres” remarcó Ortiz.

“Vamos a volver a clase solamente si hay un salario digno”

La Escuela de Comercio N° 2 de Jardín América fue el lugar escogido por los docentes para la conferencia de prensa de este viernes. Allí la adhesión al paro es total, cientos de trabajadores de la educación que acampan desde hace casi un mes en esa localidad caminaron desde la ruta hasta el establecimiento para acompañar a los referentes que fueron detenidos arbitrariamente en las represiones de Jardín América, Montecarlo y Garupá respectivamente.

“Venimos a solidarizarnos con ustedes. Vemos que lo que está pasando a lo largo y lo ancho de la provincia de Misiones en continuidad de la violenta represión del día 5 de marzo en el corte de Garupá, donde el ministro de gobierno dijo no hubo represión que no hubo heridos, queremos decirle al ministro que miente” sostuvo Nora Dedieu secretaria general de ATE Misiones quien todavía muestra evidencias físicas del desalojo del puente su detención.

Dedieu remarcó que los trabajadores estatales y demás sectores que vienen articulando reclamos no son los que provocan situaciones de violencia, la violencia está dada en la respuesta del gobierno advirtió. En tanto los docentes remarcaron que la protesta irá creciendo como ya lo viene haciendo, aun en localidades históricamente controladas por la conducción de UDPM y advirtieron la irresponsabilidad del gobierno provincial al realizar declaraciones mediáticas que buscan dañar y deslegitimar el reclamo por una recomposición salarial justa.

“Nosotros queremos decir a la sociedad que queremos estar en el aula, nosotros fuimos formados para dar clases no para estar cortando rutas, pero la entrega escandalosa de los sindicatos nos obligó que durante los últimos años debamos salir a pelear por nuestro salario en la ruta, pero lo hacemos con dignidad porque cuando volvemos a las aulas podemos mirar de frente a nuestros alumnos, nosotros también hacemos docencia en la ruta mostrándole como se pelean los derechos”, sostuvo

En la conferencia informaron además que en las últimas horas recibieron una nueva comunicación del CGE convocándolos a una reunión en Santa Ana el martes próximo. “Ahora nos invitan a discutir el martes, imagínense, no sabemos si esta invitación es un acto de cobardía o de no querer resolver el problema, no entienden la gravedad del problema, el martes a la tarde en Santa Ana, y no debe haber nadie porque o si no nos vamos nos dijeron, en esas condiciones no podemos dialogar queremos marcos institucionales donde nos respeten como seres humanos y que respeten nuestras instituciones”, contó Ortiz

“Lastimosamente debemos decir que en el transcurso de 5 días nos hemos reunido en tres ocasiones con el presidente del CGE y lastimosamente fueron reuniones dilatorias, la única intención del gobierno fue extender el conflicto para que el cansancio nos venciera, estamos cansados es cierto pero cada vez más fortalecidos” sostuvo Lezcano quien reiteró que no deben ser los trabajadores los que paguen los costos de esta crisis.

“El gobierno ha decidido aplicar un brutal ajuste sobre la espalda de los trabajadores. Por eso nosotros decidimos salir a las rutas el 12 de febrero porque teníamos la información y la sensación de que se venía una situación como esta”.

A disposición de la Justicia

Los docentes del MPL repudiaron además las declaraciones de los ministros de gobierno Jorge Franco y de Educación Luis Jacobo, quienes acusaron a los educadores de secuestrados y exhortaron a la justicia a que investigue y esclarezca este hecho para terminar con este tipo de irresponsabilidades.

“Hay un ministro –Luis Jacobo de Educación- que salió a decir que somos secuestradores. Toda la comisión directiva del MPL se pone a disposición de la justicia, ninguno de nosotros va a permanecer prófugo, ni privamos de la libertad a nadie, ni secuestramos a nadie, es más cómo es que las autoridades del consejo dialogan con nosotros, un ministro no puede tener este nivel de responsabilidad en sus declaraciones, nosotros queremos que la justicia investigue, nos ponemos a disposición del a justicia para terminar con esto”, sostuvo Rubén Ortiz.

Y agregó: “No puede ser que un ministro utilice los medios oficiales y las cadenas de adulones para decir las barbaridades que dicen, eso es violencia, nosotros tenemos familia, tenemos historia, tenemos vergüenza social como educadores, por eso decimos que no es posible que un ministro agreda alegremente y todo el mundo repita y fiscales y jueces hagan oídos sordos. Nosotros tenemos derecho a peticionar, derecho a protestar. Estamos hartos de las agresiones del gobierno”.

Unidad de los trabajadores

Todos los expositores en la conferencia destacaron que ante el agravamiento de esta crisis económica y la profundización de la política represiva de los gobiernos provincial y nacional es imprescindible la unidad de los trabajadores, y remarcaron que hay gestos que se vienen dando que dan cuenta de que sectores que antes estaban muy alejados comienzan a encontrar espacios de unidad y de articulación.

“La única forma de romper esta política del gobierno es la unidad de los trabajadores. Hemos tenido importantes avances. El gobierno a través de esta política ha logrado unir a los distintos sectores de la docencia, hoy muchos pueblos se han levantado por ejemplo en la zona del Alto Uruguay, aún en esos lugares donde el oficialismo sindical tenia fuerte presencia hoy se revelaron y eso está marcando un camino, el trabajador se cansó de ser la variable de este ajuste. Hoy es el momento de fortalecer la unidad, tenemos una posibilidad de aunar esta fuerza y hacerle efectiva y real” sostuvo Carlos Duarte del MPL

“Venimos de experiencias colectivas que superan el marco de la docencia, en este momento trabajadores desocupados y trabajadores rurales cortan la ruta con los docentes. La semana que viene los productores que pelean la tierra van a salir activamente a militar el tema educativo, eso también es fruto de una experiencia colectiva. Si no se arregla las cosas van a empeorar para el gobierno”, apuntó Ortiz quien anticipo que en Montecarlo los docentes tienen previsto una reunión con padres para poder explicarles detalles del conflicto.

“Yo quiero coincidir con Ortiz, acá nadie se va a salvar solo, no existe un sector que se vaya a salvar lo que hay cambiar son las políticas de fondo, las políticas neoliberales que han gobernado en nuestro país, esto ocurre de manera cíclica, esto de los aprietes, de que la variable de ajuste seamos los trabajadores, de la represión los trabajadores tenemos memoria y nos acordamos de todo lo pasamos, es por eso tenemos que construir un poder distinto, en el que estén involucrados todos los sectores”, destacó César Fariña integrante de la conducción de ATE otro de los detenidos en el desalojo violento de Garupá.

En las distintas carpas y acampes de los educadores ya puede verse la presencia de padres y trabajadores de otros sectores quienes remarcan que la pelea de los docentes no les es ajena, es más advierten que sus maestros están discutiendo mucho más allá de la cuestión salarial.

“En el discurso de canal 12 pretenden hacer ver al maestro como una persona con 0 kilómetro, hiper individualista, y que no le importan sus alumnos, yo digo cuanto por ciento del salario de los maestros van en sus alumnos. Esta gente no saben el daño que hacen, acá hay muchos profesores de educación física que compran pelota, compran redes, hacen canchas, pagan los yesos cuando un niño que quiebra, las maestras compran guardapolvos, compran abrigos, compran comida, yo digo estos sectores que nos juzgan a nosotros qué hacen por los niños todo el año. Nosotros sabemos qué hacen: dejan a sus padres desocupados, los condenan a vivir del narcotráfico, los condenan a mendigar, les han quitado la cultura del trabajo, esos sectores nos quieren condenar a nosotros como violentos, eso es una barbaridad. Alfabetizar es discutir eso también, nosotros estamos dispuestos a discutir eso”, finalizó Ortiz.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Pablo Micheli: "Alguna dirigencia debería tomar nota de que la gente está llegando al hartazgo"

Carlos Saglul (ACTA)

El secretario General de la CTA, Pablo Micheli, se reunió ayer en Salta con los secretarios generales de la CTA del Noroeste argentino. Antes de dar comienzo al encuentro evaluó con ACTA la coyuntura marcada por la movilización, realizada días atrás, de alrededor de 500 mil personas en todo el país, en un marco de creciente resistencia al ajuste que lleva adelante el gobierno nacional, entre otras cosas, con una expropiación masiva de salarios.

-¿Cuáles son los principales puntos de la agenda que tratará con la dirigencia de la CTA del NOA?

- Vamos a debatir sobre el proceso electoral que está abierto en la CTA y por otro lado de la continuidad del plan de lucha que tuvo su última expresión en la multitudinaria movilización del 12 de marzo pasado que reunió no menos de 500 mil personas en todo el país.

Nos parece importante que los compañeros entiendan que el proceso electoral no es secundario respecto a la lucha en la que estamos empeñados. Por el contrario, necesitamos más organización que nunca, autoridades legitimadas democráticamente que puedan ponerse al frente de la defensa de los derechos de los trabajadores.

-La protesta de los trabajadores estatales de la Central el 5 de marzo, luego la marcha y movilización del 12 sirven para poner el termómetro a la situación social del país.

- Acá en Salta los compañeros me enumeraban las ciudades donde se verificaron protestas y que no estaban contabilizadas por nosotros cuando hablamos de por lo menos 100 ciudades en las que se habían realizado concentraciones y marchas de las que participaron al menos 500 mil compañeros. Nos quedamos cortos con el cálculo.

Hay una enorme demanda pública no escuchada de que se detenga este robo del salario que estamos sufriendo. Ya lo hemos dicho, y lo repetimos en la acción y las palabras: está central que no se dejo comprar por ningún gobierno de turno, no dejará de estar al frente de las demandas de los trabajadores. Solo una respuesta positiva puede hacer que bajemos nuestras consignas de un salario mínimo de 9 mil pesos, 82 por ciento móvil para los jubilados, la derogación de la Ley Antiterrorista, entre otras reivindicaciones urgentes.

-Desde el discurso oficial cada vez se habla más de “los cortes” y las “protestas desmedidas”.

- Acá hay que diferenciar. La CTA nunca alquiló patotas o barra bravas, ni le pegó a nadie. Lo que pasó en el Puente Avellaneda es una cosa. La legítima protesta social es otra. La derecha se frota las manos tratando de mezclar todo.

En Misiones acaban de arrestar a Rubén Ortiz. secretario Adjunto de la CTA, un compañero docente. Hacía poco tiempo habían hecho lo mismo con otros 19 compañeros. La criminalización de la protesta social continúa. Ante eso nosotros decimos que no se confundan, ni se dejen confundir. No son la misma cosa un maestro y un barra brava, un matón a sueldo cuyo trabajo es la violencia.

La única manera de resolver toda esta violencia, el narcotráfico que crece donde el Estado retrocede, es mayor Justicia Distributiva, salarios dignos, que los chicos puedan estar en el aula en vez de caer en manos de los narcos, que tengan libros en lugar de “paco”.

-El malestar popular crece, y a medida que eso pasa, algunos recuerdan aquella consigna del 2001: “¡que se vayan todos!. No se fue ninguno.

- Alguna dirigencia debería comenzar a tomar nota de que la gente está llegando al hartazgo. Se equivocan si creen que los pueblos no aprenden. Pueden equivocarse pero aprender. Esto se va a poner cada vez peor si no escuchan. Las filas de las organizaciones populares están repletas de jóvenes, nuevos cuadros que se animan a pensar en un país distinto.

Desde la CTA hemos realizado nuestras propuestas, queremos sentarnos a dialogar. El gobierno debe escuchar a los que piensan distinto, porque ya el discurso de la "década ganada" no se lo traga nadie. La presidenta habla de un país rico, con alimentos para todos.

Nosotros estaremos con el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo que marcharán desde Iguazú hasta Plaza de Mayo para denunciar que el hambre sigue siendo un crimen. La CTA se pondrá al frente de los perdedores de la década ganada, de los que hoy ven pulverizado su sueldo, son suspendidos o temen el despido.

-¿Están rotas las relaciones con Moyano?

- Para nada. Sabemos que más pronto que tarde la CGT saldrá a la calle por el propio impulso de las bases. Ellos no pueden ignorar nuestro poder de movilización. Estaremos juntos. Nosotros, seguimos pensando que es necesaria la unidad en la acción. Vamos camino hacia un gran paro. Solo falta la fecha. Como dije antes, el hartazgo crece.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Argentina. Contra la censura: carta abierta de periodistas misioneros

AGENCIA WALSH

Sergio Alvez y Martín Sereno, periodistas misioneros, difundieron una carta abierta, denunciando que la justicia federal los imputa por cubrir periodísticamente protestas sociales. Aquí la carta completa.

Carta abierta: Basta de criminalizar al Periodismo Social en Misiones

Los abajo firmantes, Sergio Alvez y Martín Sereno, somos periodistas. Ejercemos nuestra profesión en la provincia de Misiones. Y ambos estamos imputados judicialmente por la Justicia Federal, por haber realizado coberturas periodísticas de protestas sociales. En el caso de Martín Sereno fue imputado por la cobertura integral de la represión contra familias campesinas en el marco de un violento desalojo en la localidad de San Pedro, el 8 de abril de 2013. Esta cobertura permitió dar visibilidad concreta al nivel de violencia y a los severos abusos policiales (torturas) cometidos contra los campesinos, tanto en la ruta como contra varios de ellos una vez que fueron encarcelados. Días después, fue imputado por la Justicia acusado de “incitación al delito”.

En el caso de Sergio Alvez, el 5 de marzo de 2014 se encontraba realizando la cobertura del corte de ruta de la Multisectorial Sindical y Social, cuando se desató una represión que terminó con 20 detenidos. Alvez fue uno de los detenidos: se lo llevaron cuando estaba filmando la violencia policial contra los maestros y trabajadores. Ese mismo día, la Justicia Federal lo imputó en una causa judicial por violación al artículo 149 del Código Penal.

En las últimas horas, Martín Sereno fue fotografiado por una funcionaria policial cuando se encontraba realizando la cobertura de una manifestación de docentes en Bernardo Irigoyen.

Lejos de victimizarnos, queremos enfáticamente advertir a las autoridades y a la opinión pública en general, sobre un clarísimo intento de criminalizar al periodismo social como método de amedrentamiento y en la evidente búsqueda de acallar las voces que reflejan las luchas sociales y los abusos del poder en Misiones.

Solicitamos a través de esta misiva, el cese del hostigamiento judicial sobre el periodismo, y responsabilizamos desde ya por nuestra integridad, al ministro de gobierno de la Provincia, Jorge Franco, principal promotor y ejecutor de la política fascista y represiva que en nuestra provincia, está cayendo por encima de los sectores que luchan por condiciones de vida más digna, y en nuestro caso, sobre el periodismo que refleja estas luchas y las formas represivas con las que el Estado las combate.

Expresamos además, nuestra total solidaridad con los docentes y los trabajadores que por estas horas se mantienen firmes en sus legítimos reclamos, aun cuando el gobierno provincial como toda respuesta apuesta al amedrentamiento, la judicialización y criminalización de la protesta social y la represión.

- Basta de Criminalizar la Protesta Social.
- Basta de Represión Policial.
- Basta de Persecusión judicial al periodismo social.
- Basta de Ajuste.
- Salarios dignos y condiciones dignas de trabajo para todas y todos los habitantes de Misiones.

Sergio Alvez - Martín Sereno
Periodistas

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Las fuerzas armadas paraguayas en alerta ante un llamado a la huelga general

PL

El gobierno paraguayo colocó a las fuerzas armadas en estado de alerta operacional ante el llamado de sindicatos, organizaciones sociales y partidos de izquierda a una huelga general el 26 de marzo, que será precedida de movilizaciones los días 24 y 25.

De acuerdo con un anuncio oficial, la medida fue adoptada por el presidente de la República, Horacio Cartes, a instancias de los altos mandos militares por la existencia de informes sobre posibles disturbios organizados para esas fechas.

La disposición fue divulgada al final de una reunión del mandatario con los comandantes de las distintas armas y en un momento que crecen las adhesiones de organismos sindicales y sociales a las jornadas de protesta por la política económica y social del actual Ejecutivo.

Además de numerosos sindicatos nacionales, regionales y de centros de trabajo independientes, las marchas durante los días de movilizaciones y la participación final en el paro nacional, recibieron el apoyo de las agrupaciones campesinas, las cuales reclaman reforma agraria y cese de la represión en el campo.

Mientras tanto, el planteamiento público hecho por Cartes para reunirse con todos los partidos de oposición y presentarles los futuros planes de gobierno, pareció condenado al fracaso después que el Partido Liberal, por boca de su presidente, Miguel Abdón Saguier, rechazó el convite.

La negativa de los liberales, hasta ahora firmante de un pacto con el gobernante Partido Colorado, estuvo precedida por el rechazo total a asistir a tal diálogo por parte del Frente Guasú, principal agrupación de la izquierda.

Saguier fue especialmente duro contra Cartes y durante un programa televisivo dejó entrever que el mandatario podría ser objeto de un juicio político en el Congreso por agravios a la institucionalidad del país, persecución a trabajadores pertenecientes a la oposición y violación de las leyes.

Sin la participación de los liberales y la izquierda, segunda y tercera fuerza política del país respectivamente, el Gobierno quedará como voz solitaria en el evento convocado por Cartes.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.