domingo, 23 de marzo de 2014

El poder del trabajo y el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 en Argentina

Mario Hernandez (especial para ARGENPRESS.info)

In memorian a Marcelo Butti Arana, mi compañero de secundaria y amigo. A Gustavo Zampichiatti y Arturo Margaride Goyos, mis compañeros de militancia, desaparecidos por los militares genocidas. Hasta la victoria.

Todo indicio de iniciativa autónoma de los grupos subalternos tiene que ser de inestimable valor para el historiador integral.
Gramsci

Presentación

En estos últimos 30 años de vigencia democrática se han escrito en la Argentina una serie de trabajos que tienden a explicar la recuperación de la hegemonía por parte de la burguesía -entendiendo su pérdida en el sentido gramsciano de crisis de autoridad o crisis del Estado en su conjunto-, a partir de la política desarrollada por la dictadura militar instaurada en 1976. A modo de ejemplo daré cuenta de algunos de ellos:

1) Juan Villarreal (1984) señala que la crisis política posterior a 1955 se relaciona con las bases sociales del poder: una estructura social heterogénea en el campo de los sectores dominantes del capital y homogénea dentro de las clases subalternas con un peso mayoritario de los trabajadores industriales articulados políticamente en el peronismo.

Socialmente homogéneos y mayoritarios, los trabajadores en sus acciones de lucha frecuentemente desbordaron los límites que le imponía su conciencia peronista; fortalecidos por la heterogeneidad y contradicciones de los grupos dominantes comenzaron a presentarse a principios de los setenta como virtual amenaza al orden establecido.

Frente a este panorama se alzaba la incapacidad de los grupos dominantes de desarrollar un proyecto estabilizador que articulara sus distintos intereses.

Los sectores industriales impulsaron un desarrollo orientado al mercado interno apoyándose en el Estado y favoreciendo la redistribución de ingresos. Esta política posibilitó una armonización de intereses con el proletariado que se expresaba políticamente en el peronismo.

Sin embargo, los obreros en las fábricas entraban en conflicto con sus aliados en la política amenazando frecuentemente con el fantasma del poder obrero más allá de límites aceptables.

El gobierno militar que se inicia en 1976 resultó así un proceso general de respuesta autoritaria, disciplinaria y represiva a los avances de radicalización y lucha de los sectores populares en los años anteriores y en un sentido más estratégico produjo efectos de recomposición de las bases sociales de poder dejando como herencia fundamental la fragmentación popular.

2) Perry Anderson (1987) señala que las particulares características que asume el conflicto social en la Argentina y el cono sur de América Latina habría sido consecuencia del equilibrio de fuerzas entre la clase terrateniente tradicionalmente fuerte y la clase obrera fuerte también.

El enfrentamiento entre estas dos clases fundamentales fue decisivo para el advenimiento de las dictaduras militares desencadenado por lo que denomina “la inflexión populista”.

Este proceso abierto en la década del ‘40 planteaba dos problemas centrales: un mayor peso de las masas organizadas por el avance de la industrialización y, como consecuencia, mayores presiones distribucionistas que conducían a una inflación galopante. En cuanto las políticas de sustitución de importaciones agotaron su potencial previo, el resultado fue un nivel de desorden y tensión económica intolerable.

Al tiempo que se entraba en este atolladero económico se produce la radicalización política de los elementos más activos de la coalición populista como consecuencia del impacto de la revolución cubana, hacia lo que Anderson denomina un socialismo revolucionario incipiente. El resultado va a ser para la Argentina la aparición del ala montonera de la guerrilla.

Las intervenciones militares de la década del ‘60 y del ‘70 serían, desde su punto de vista, contrarrevoluciones preventivas para eliminar a esa izquierda que apuntaba a un socialismo.

3) Por último, Abal Medina (1995) destaca que desde 1955 hasta el gobierno de Onganía, la alta inestabilidad de los gobiernos, tanto civiles como militares, se explica por el continuo juego pendular de la gran burguesía industrial constituyendo una alianza económica con la coalición mercadointernista (trabajadores y burguesía local) durante la fase ascendente de la economía para luego conformar un frente político con la burguesía agraria durante los períodos recesivos.

Hacia 1966, con Krieger Vasena en el Ministerio de Economía, la gran burguesía industrial pretende constituirse en el sector hegemónico del capitalismo argentino, pero fracasa en el intento.

Recién con las transformaciones estructurales del capitalismo mundial reforzadas por el plan Martínez de Hoz (1976-81) se redefine la matriz de poder social, permitiendo a los grandes grupos económicos reconstruir una hegemonía capitalista por primera vez desde la crisis del ‘30.

No es mi intención analizar críticamente estos enfoques, sí destacar que tienen la característica común de profundizar el análisis acerca del significado del Proceso abierto por los militares en el ‘76 más allá de sus manifestaciones represivas y señalar su éxito al cerrar la crisis de hegemonía abierta en el ‘55 con la caída del peronismo y sentar las bases económicas y sociales para la dominación de nuevas fracciones del capital que por primera vez ocupan conjuntamente el centro del proceso de acumulación y sintetizan un proyecto orgánico común: los Grupos Económicos de capital nacional y las Empresas Transnacionales (Azpiasu, Basualdo, Khavisse, 1995).

Además superan otros análisis que tienden a explicar la crisis del gobierno peronista a partir de concepciones autoritarias dominantes en el interior del partido gobernante que modificaron las reglas de funcionamiento institucional (Itzcovitz), o bien, por el pretorianismo propio de la sociedad argentina (O’Donnell).

Por mi parte pretendo poner el acento como causa del golpe de estado en el rol jugado por el poder del trabajo en el período previo a la irrupción militar.

Del vandorismo a la crisis de los sindicatos peronistas

Derrotadas las grandes huelgas de 1959, la burguesía argentina había logrado doblegar al movimiento obrero que se expresaba a través de los delegados y las Comisiones Internas que controlaban en las fábricas el número de hombres por tarea, los ritmos, el control de calidad, los turnos, etc.

El debilitamiento de la organización de base de los trabajadores benefició a las conducciones sindicales en el control de sus afiliados. El vandorismo fue la expresión de esta nueva situación y mientras mantuvo su hegemonía fue capaz de desarrollar su propia estrategia política generando bases propias de poder y desafiando ocasionalmente la autoridad de Perón negociando directamente con los partidos políticos, los empresarios y los militares.

El vandorismo no planteaba un programa alternativo a las distintas fracciones burguesas que se enfrentaban entre sí por imponer sus distintos proyectos. En general estaba dispuesto a aceptar la eliminación en los convenios laborales de las cláusulas que hacían al control de las condiciones de trabajo a cambio de aumentos salariales y la administración de una extensa gama de servicios sociales. Durante el gobierno autoritario del general Onganía, que suspendió las negociaciones de los convenios, se ve privado de aplicar esta política.

El gobierno del general Onganía (1966-70) desarrolla una política económica favorable a los grandes capitales industriales y financieros en detrimento de la pequeña y mediana empresa y de algunas economías regionales, propietarios rurales y trabajadores.

Esta situación se combinó con el congelamiento del sistema político abriendo una profunda grieta entre la sociedad civil y el poder. Mientras duró el repliegue político y social contó con un importante margen de maniobra para imponer su plan, pero hacia mediados de 1969, en Córdoba, Rosario y otras ciudades del interior, se combinaron el descontento gremial y las tensiones de la sociedad civil en una ola de desobediencia social generalizada.

La actividad sindical que había tenido por escenario los despachos oficiales y las gerencias de las empresas, desciende a las fábricas y se vuelca a las calles.

“En los dos cordobazos la clase obrera -arrastrando tras de sí a las capas populares- enfrenta directamente al brazo armado del estado. En el Chocón, en las tomas de las plantas mecánicas de Córdoba (1970-71), en las ocupaciones de los pueblos tucumanos “vaciados” por los cierres de ingenios, lo mismo que en Campomar, Del Carlo, La Bernalesa y tantas otras fábricas, la acción directa, una tradición de la clase obrera argentina amortajada por las direcciones reformistas en las alfombras de los ministerios vuelve a levantar vigorosamente la cabeza” (Natalia Duval).

Irrumpe un sindicalismo combativo a nivel de fábrica y en el interior del país que a partir de mediados del ‘72 se extiende al cordón industrial del Gran Buenos Aires -hasta ese momento más controlado por los aparatos sindicales- y no detiene su accionar hasta marzo del ‘76.

Los dirigentes de los sindicatos se vieron reiteradamente desbordados. La crisis de representación sindical, el surgimiento de nuevos delegados y el rol jugado por las asambleas de fábrica constituyen elementos claves para comprender la relevancia del poder del trabajo en el período.

¿Por qué Córdoba?

La conflictividad laboral y el cuestionamiento a las direcciones sindicales alcanzan su máxima intensidad en Córdoba, asiento de un fuerte y concentrado proletariado fabril en uno de los sectores más adelantados del capitalismo, la industria automotriz.

Pero hay otros elementos que explican esta situación. El pluralismo que dominaba las prácticas sindicales favorecido por el relativo aislamiento de los centros del poder sindical peronista y el carácter independiente del sindicalismo cordobés respecto del vandorismo. El rol del sindicato de Luz y Fuerza conducido por Agustín Tosco, líder del sector independiente de la seccional cordobesa de la CGT. Las nuevas empresas multinacionales instaladas en Córdoba que fomentan los convenios por empresa como el caso de la Fiat que altera la estructura sindical tradicional del movimiento obrero argentino al promover la formación de sindicatos por planta. Además, la política laboral seguida por el gobierno radical en el período 1964-66 buscando debilitar a los sindicatos peronistas estimuló la concertación de convenios por empresa y la formación de sindicatos en los nuevos sectores industriales dando mayor autonomía a los sindicatos locales y seccionales existentes.

La unidad obrero-estudiantil

Los sucesos de Córdoba fueron precedidos por una serie de levantamientos que tuvieron como protagonista central al movimiento estudiantil universitario que había sufrido un violento ataque de Onganía desde su subida al poder. Prácticamente, la Universidad fue el único sector que protestó desde el principio debido al duro golpe sufrido por el movimiento obrero por la derrota de la huelga de portuarios después de más de 30 días de conflicto y la actitud abiertamente colaboracionista de la dirigencia de la CGT con el gobierno militar. No por casualidad la primera víctima que se cobró la dictadura a dos meses del golpe fue el estudiante Santiago Pampillón durante una manifestación en la ciudad de Córdoba.

La gran expansión económica mundial a partir de fines de la Segunda Guerra Mundial exigía muchos más administradores y técnicos. El lugar para formarlos eran las universidades o instituciones de enseñanza superior. El mejoramiento del nivel de ingresos hizo posible el acceso a los niveles superiores de educación a hijos de sectores medios, obreros y familias humildes. Era la mejor forma de conseguir ingresos más elevados y un nivel social más alto.

Esa multitud de jóvenes se encontró que las universidades no estaban ni física, ni organizativa, ni intelectualmente preparadas para recibirlos. El resentimiento hacia las autoridades universitarias se hizo extensivo a todo tipo de autoridad. Así los estudiantes se inclinaron hacia la izquierda.

No sólo eran políticamente radicales y explosivos sino de una eficacia única a la hora de dar expresión nacional e incluso internacional al descontento político y social como lo demostraron en EE.UU., México, Polonia y Checoeslovaquia, estimulados por los sucesos de París de 1968, que luego precipitó una enorme oleada de luchas obreras en Francia e Italia en demanda de salarios más altos y de mejores condiciones laborales.

En nuestro país en la década del ‘50 el estudiantado universitario reflejó el repudio de la clase media y burguesa al régimen peronista y al movimiento obrero. Con el triunfo de la revolución cubana y el ingreso masivo de sectores medios y populares a la enseñanza superior, gira a la izquierda y se radicaliza. Al tratar el gobierno desarrollista y los monopolios extranjeros de orientar la enseñanza en su beneficio durante la etapa cientificista, los estudiantes chocan con el régimen más de conjunto. Influidos por el ascenso mundial y latinoamericano de mediado de los ‘60, en forma mayoritaria se unen a la lucha del movimiento obrero.

En mayo del ‘69 se desarrolla en la ciudad de Corrientes una movilización contra el aumento del ticket en el comedor universitario que fue reprimida violentamente por la policía dando muerte al estudiante Cabral.

El 16 de mayo la CGT regional decreta el paro y se convoca a una manifestación -la de mayor envergadura en la historia de la ciudad-, a la que asisten más de 12.000 personas.

A partir de ese momento se suceden en el ámbito universitario de todo el país asambleas, actos relámpagos y discusiones públicas que llegan a su clímax en la Universidad de Rosario donde es asesinado el estudiante de Ciencias Económicas Adolfo Bello.

El 21 de mayo estudiantes universitarios, secundarios y obreros marchan en homenaje a Bello y Cabral hasta el centro de la ciudad de Rosario y se traban en lucha abierta contra la policía que va a ser desbordada. El obrero y estudiante secundario de 15 años, Luis Norberto Blanco, muere a causa de la represión. El día 23 la CGT regional lanza un paro general.

También se producen enfrentamientos en La Plata y Tucumán donde el 27 de mayo los manifestantes ocupan la Plaza de la Independencia.

En todos estos acontecimientos -salvo en La Plata- se da un proceso de unidad obrero-estudiantil, donde el sector más dinámico lo constituye el estudiantado universitario.

La movilización estudiantil por sí misma difícilmente hubiera podido variar la situación si no hubiera entrado en escena el movimiento obrero.

La huelga de petroleros de Ensenada y la de Fabril Financiera en Capital Federal comienzan a revertir esta tendencia que se expresará claramente en el Cordobazo donde a diferencia de los sucesos anteriores, el movimiento obrero pasa a ocupar el centro de la escena.

El Cordobazo fue una explosión de repudio popular al régimen autoritario, una protesta política. Cerca de 30.000 personas combatieron el 29 de mayo de 1969 contra la policía y la gendarmería contando con el apoyo de toda la población. Por primera vez desde la Semana Trágica, la policía fue puesta en retirada por las fuerzas populares.

Meses después, en setiembre, los ferroviarios rosarinos se levantan contra las sanciones que pretenden aplicarse contra los huelguistas que cumplieron el paro general del 1° de julio. El gobierno moviliza militarmente a los huelguistas, sin poder evitar que entre el 16 y el 22 de setiembre se combata en las calles y las barricadas cubran Rosario.

El Cordobazo no alcanza para producir la caída inmediata de Onganía -se producirá un año después-; su debilidad consistió en la inexistencia de una dirección sindical y política que superara a la burocracia sindical peronista y generalizara la movilización al conjunto del país.

En el plano cordobés estimuló una de las experiencias más significativas en la historia del movimiento obrero argentino, el surgimiento del Sitrac-Sitram en el complejo de la empresa Fiat en Ferreyra.

Sitrac-Sitram

Estos sindicatos de empresa se habían mantenido al margen de la lucha del movimiento obrero cordobés. Constituían típicos sindicatos “amarillos”, correa de transmisión de las políticas laborales dictadas por la Gerencia de Personal de la Fiat.

El 15 de mayo de 1970, sus trabajadores ocupan la planta de Concord contra la conducción sindical y durante tres días mantienen como rehenes a funcionarios de la empresa, consiguen la renuncia del comité ejecutivo del Sitrac y acuerdan con la patronal y el Ministerio de Trabajo realizar elecciones en el término de un mes.

El éxito alentó una rebelión similar en Materfer, la planta de equipos ferroviarios de la Fiat.

Las plantas de Ferreyra, con más de 5.000 operarios, se convierten en el epicentro de la política obrera cordobesa.

En los meses siguientes los trabajadores desarrollan una rica experiencia de democracia sindical. Las asambleas generales abiertas dentro de las fábricas eran una verdadera institución y se realizaban para decidir todas las cuestiones de la base fabril. Todos sus dirigentes conservaban sus empleos en la planta y no había puestos gremiales pagos.

Apoyados por una creciente participación de las bases los nuevos líderes dirigieron gran parte de su atención al problema de la calidad del trabajo dadas las penosas condiciones laborales dentro de las plantas, y desafiando directamente la autoridad patronal se enfrentaron con los planes de racionalización orientados a intensificar la producción y cuestionaron las prerrogativas y la autoridad de la empresa en el proceso laboral, lo que suponía un desafío directo al control absoluto de la Fiat sobre la fábrica y todas las cuestiones relacionadas con la producción. En las negociaciones que sostuvieron con la Fiat un año después, el Sitrac y el Sitram pidieron la abolición del sistema de incentivos de la empresa y que el aumento de la producción debía originarse en la renovación tecnológica y no del mayor esfuerzo del trabajo humano.

No se limitaban sólo a una propuesta sindical. Evolucionaron hacia un programa político que sostenía la estatización del comercio exterior, el sistema bancario, financiero y de seguros. La expropiación de todos los monopolios industriales, servicios públicos y grandes empresas nacionales y extranjeras. Expropiación de la tierra a la oligarquía terrateniente sin compensaciones. Planificación integral de la economía, abolición del secreto comercial y control obrero del sector empresario no expropiado. Construir un Frente de Liberación Social y Nacional bajo la dirección de los trabajadores e instaurar mediante la lucha popular y la movilización de masas un gobierno popular revolucionario para asegurar el cumplimiento del programa precedente, instaurar una Asamblea Unica del Pueblo y sostener una política internacional solidaria con los pueblos que luchan por su liberación como Vietnam.

En otros puntos del país se producen movilizaciones obreras significativas. En febrero, Onganía debe postergar su visita a la represa hidroeléctrica de El Chocón (Neuquén) ocupada durante cuatro meses. Para quebrarla interviene la Gendarmería. Se reclamaban salarios, condiciones de trabajo, alojamiento, respeto por parte de los encargados, reconocimiento de dirigentes elegidos democráticamente y rechazados tanto por la patronal como por la directiva de su sindicato.

Una de las victorias más importantes de la nueva vanguardia clasista fue la de Banco Nación con 6.000 trabajadores. También comienza un reanimamiento en textiles y metalúrgicos (Tamet).

En PASA, la más grande empresa petroquímica del país, eligen nuevos delegados. En el sindicato mecánico, delegados pertenecientes a la oposición pasan a controlar muchas de las principales firmas asentadas en el Gran Buenos Aires: Chrysler, Peugeot, Citroen, Mercedes Benz y FAE.

Según una solicitada publicada por Ika-Renault desde abril de 1969 a mayo de 1970 se perdieron en sus fábricas 1.100.000 horas de trabajo y 500 millones de pesos (moneda nacional) por medidas de fuerza con “objetivos extragremiales”; entre mayo y junio de 1970, se perdieron 900.000 horas y jornales por 400 millones.

Los días 12 y 13 de noviembre se desarrolla un paro nacional masivo con movilizaciones importantes en Córdoba, Rosario y Catamarca, y gran violencia en Salta y Tucumán.

En Catamarca la movilización continúa y el gobierno decreta la Zona de Emergencia a cargo del Ejército, a pesar de lo cual dos días después -el 19- la multitud intenta atacar la Casa de Gobierno provincial. El 25 y 26 se producen nuevas manifestaciones en Tucumán.

Según datos de la Fiat, en 1970 se dejan de trabajar en la fábrica Concord un total de 260.000 horas, con una merma de 2.300 automóviles respecto de 1969.

En 1971 la CGT de Córdoba desencadenó 12 paros con manifestaciones callejeras, ocupaciones de plantas y toma de rehenes entre los gerentes. Dirá Carlos Nágera, secretario administrativo del Smata (Córdoba) en 1974: “Las huelgas de la época fueron todas violentas y hasta con rehenes, donde los compañeros colocaron tambores con nafta alrededor de los rehenes y electrificaban las plantas”.

El 12 de marzo (tercer paro activo del año), se producen choques en Ferreyra entre trabajadores de Concord y Materfer y la policía. Este conflicto, conocido como el Ferreyrazo, precedió el paro general del día 15. Ese día como parte del plan de lucha acordado con la CGT local, miles de trabajadores de la Fiat abandonan las plantas y marchan al centro de la ciudad para participar en un acto en la plaza Vélez Sársfield. El secretariado de la CGT no se hace presente y los sindicatos clasistas se hacen cargo de la dirección reeditando un nuevo Cordobazo que se conocerá con el nombre de Viborazo.

El gobierno dispone la intervención del Sitrac-Sitram y detiene a sus dirigentes. Córdoba quedó sumergida en un clima de guerra: patrullas en las calles, comunicados militares, marchas bélicas, requisas, detenciones por centenares, allanamientos repetidos en los domicilios de los activistas y dirigentes sindicales.

El 18 la CGT cordobesa declara un nuevo paro general. El 23 de marzo el general Lanusse asume el gobierno, deja sin efecto la proscripción de los partidos políticos y promete la realización de elecciones convocando al Gran Acuerdo Nacional (GAN), comprometiendo a todos los sectores burgueses -incluido el peronismo- a aceptar las reglas del juego democrático, a través del tradicional juego parlamentario, y sin exponer la estabilidad del régimen.

El ascenso de masas y concretamente el segundo Cordobazo, es el factor determinante que obliga a los militares a plantearse la utilización de este recurso.

El Viborazo contiene significativas diferencias respecto de los levantamientos vividos casi dos años antes por su carácter predominantemente obrero, la presencia visible de la izquierda y los discursos anticapitalistas de los líderes obreros. El orador del Sitrac sostiene que para la clase trabajadora la única solución es una revolución que destruya la actual sociedad, basada en la explotación, y construya el socialismo, objetivo que sólo se logrará con las armas en la mano.

El 22 y 23 de mayo se reúnen en Córdoba, convocados por la CGT regional, 117 sindicatos en un congreso nacional de sindicatos combativos que acuerda un programa de oposición al gobierno que convocaba a la nacionalización de todos los grandes sectores de la economía, defendía la planificación central y la participación obrera en la administración de las empresas.

Paralelamente por primera vez la izquierda revolucionaria tiene peso gremial en Córdoba en Sitrac-Sitram, Smata, SEP (empleados públicos provinciales), municipales, calzado y otros gremios menores.

El clasismo

La rebelión de los obreros de Fiat se estaba transformando en un movimiento político disidente que alentaba otros movimientos antiburocráticos más allá de los límites cordobeses.

El clasismo convoca el 28 y 29 de agosto a una Reunión Nacional de Sindicatos Combativos, Agrupaciones Clasistas y Obreros Revolucionarios con el siguiente temario: a) situación del país desde la perspectiva del proletariado; b) situación del movimiento obrero; c) coordinación nacional de las luchas contra la explotación, la entrega al imperialismo y la acentuación de la represión; solidaridad para imprimir al movimiento sindical una línea clasista y recuperar para la clase obrera sus organizaciones.

Aunque dominado por el movimiento estudiantil y distintas organizaciones de ultraizquierda, permitió reunir grupos sindicales disidentes. Estaban presentes los sindicatos farmacéutico y gráfico, la CGT de Corrientes, la Comisión Interna de Textil Escalada, los trabajadores ferroviarios de Tafí Viejo, representantes de 14 comisiones internas bonaerenses encabezadas por el Banco Nación y dirigentes despedidos de Chrysler y Petroquímica. Los delegados de la Intersindical de San Lorenzo (cinturón industrial del Paraná) fueron detenidos y no pudieron participar.

Adopta una serie de importantes resoluciones, entre ellas, luchar por una dirección independiente para la clase obrera que destierre definitivamente a burócratas y reformistas. Denuncia al GAN, la Hora del Pueblo -acuerdo político del peronismo, el radicalismo y partidos políticos menores para presionar por elecciones- y al Encuentro Nacional de los Argentinos (ENA) -liderado por el Partido Comunista-, como las falsas opciones en que la burguesía pretende encerrar la lucha de los trabajadores. Se pronuncia por la destrucción definitiva del capitalismo y por la construcción del socialismo. Reclama la libertad de todos los condenados y procesados por razones gremiales, estudiantiles y políticas; la derogación del estado de sitio, la pena de muerte y toda legislación represiva. Anulación de la Ley de alquileres y la de Asociaciones Profesionales. Levantamiento de las intervenciones a las organizaciones sindicales y estabilidad para los empleados públicos.

El 22 de setiembre una asamblea del sindicato petroquímico de San Lorenzo propicia que se avance en la redacción del programa para nuclear a la corriente sindical clasista, con el objeto de recuperar los sindicatos y la CGT nacional.

El 26 de octubre tropas de Gendarmería ocuparán las fábricas de Ferreyra y el Ministerio de Trabajo cancela la personería gremial del Sitrac-Sitram impidiendo la posibilidad de consolidación de este esbozo de dirección de alternativa que estaba formándose.

Pese al GAN la lucha continúa

En diciembre la Policía Federal ocupa los tribunales de Buenos Aires para terminar con ocho meses de protestas. Una huelga de portuarios termina con muertos y heridos por la represión. Médicos, dentistas y fruticultores del Valle del Río Negro paran también en diciembre.

El verano presencia la ocupación de la planta metalúrgica Del Carlo por falta de pago de varias quincenas.

En enero se producen movimientos de protesta de las Ligas Agrarias del Noreste. En Chaco, Tucumán y La Rioja se movilizan los empleados públicos.

El 29 de febrero y el 1° de marzo se realiza el último paro nacional del período. Una vez más la paralización es total. En adelante la CGT ajustará su política a la sintonía de Lanusse, Perón y el resto de la patronal de canalizar el proceso de luchas hacia la salida electoral.

A principios de abril se produce en Mendoza un levantamiento popular contra el aumento de tarifas eléctricas que provoca la intervención de tropas militares y la suspensión de la medida.

La movilización se extenderá a San Juan y durará del 4 al 8 de abril. Córdoba realiza un paro activo de apoyo el 7 de abril.

A esa altura había listas y delegados clasistas que dirigían conflictos y ganaban elecciones sindicales en las provincias azucareras del Noroeste, en el cinturón industrial del Paraná, en las plantas siderúrgicas de Villa Constitución, San Nicolás y Zárate y en la UOM de Santa Fe y Córdoba, que seguiría siendo el centro del movimiento. En abril de 1972 la Lista Marrón, dominada por activistas marxistas y delegados de taller, triunfa en las elecciones del sindicato mecánico cordobés que comprendía alrededor de 7.000 trabajadores de la fábrica Ika-Renault.

Meses después en General Roca (Río Negro) la población expulsó al intendente y llegó a gobernar la ciudad.

A fines de ese año, la mayoría de los 6.700 trabajadores de la planta siderúrgica Somisa de San Nicolás, a la que pertenecía José I. Rucci, secretario general de la CGT, votan retirarse del sindicato en repudio a su dirigencia conservadora.

La izquierda frente a las elecciones

La influencia antiburocrática y del clasismo no se plasmó en las elecciones generales.

La derrota del Sitrac-Sitram impidió que el frente único obrero que intentaba desarrollarse, pudiera llevar al terreno electoral una opción clasista.

La posición de las organizaciones guerrilleras también contribuyó para que los trabajadores permanecieran bajo la influencia política de los líderes y partidos patronales.

A partir de 1969, al calor de las luchas obreras y populares, se iniciará el desarrollo de una fuerte guerrilla urbana que reflejaba a sectores importantes de la clase media -incluso alta- golpeados por la crisis económica y el régimen autoritario de Onganía. Los elementos obreros que adherían eran escasos.

Luis Mattini, miembro de la dirección del PRT-ERP, cuenta que muchos de sus militantes y combatientes vivían en San Nicolás, asiento de la concentración industrial más grande del país. Sin embargo, dirigían sus esfuerzos políticos sobre la Universidad de Rosario, las villas miserias y, sobre todo, el frigorífico Swift, a pesar de que la industria de la carne estaba en crisis y la situación de sus trabajadores era inestable.

La mayoría de los reclutas y simpatizantes de la guerrilla peronista Montoneros también procedían de sectores medios.

Frente al proceso electoral ambas organizaciones privilegiaron sus estrategias militaristas. Los Montoneros dirán, en setiembre del ’71, que la Hora del Pueblo era una treta de Perón, mientras el Movimiento se preparaba para emprender la guerra. En octubre, el PRT-ERP levantaría la consigna “ni golpe, ni elección: Guerra Revolucionaria”. Recién en enero del ’73, se inclinarán por la abstención electoral. Mientras, los Montoneros, a través de la Juventud Peronista, se constituyen en los protagonistas centrales de la campaña electoral en apoyo de la fórmula Cámpora-Solano Lima, sostenida por Perón.

Los sectores combativos de la burocracia, representados por el legalismo cordobés, se sumaron a las listas del Frejuli. Atilio López, secretario general de la CGT cordobesa, fue candidato a vicegobernador de Córdoba, con el apoyo de Agustín Tosco.

La corriente maoísta Vanguardia Comunista, influyente en el Sitrac-Sitram, levantó la consigna “ni golpe, ni elección, revolución”, llamando a votar en blanco. La otra corriente maoísta de importancia, el PCR (actual PTP), cuyo principal dirigente obrero era René Salamanca, pasó del voto en blanco a votar la fórmula Perón-Perón en setiembre del ’73, para terminar apoyando al gobierno de Isabel y López Rega contra una supuesta conspiración soviética alentada por Videla y la futura junta militar.

El Partido Comunista participó de la Alianza Popular Revolucionaria junto al ex-frondicista Alende.

La única excepción la constituyó el Partido Socialista de los Trabajadores. Esta pequeña organización trotskista, influyente en el gremio bancario y en las plantas metalúrgicas y automotrices del Gran Buenos Aires, obtuvo la personería electoral y la puso al servicio de un “Gran Acuerdo Obrero y Socialista” sosteniendo que sería un crimen no levantar esa opción contra los candidatos patronales. Llamó públicamente a elegir candidatos obreros en asambleas de fábrica, tendiendo a unificar la vanguardia surgida en las luchas del período, como la única manera de no hacerles el juego a los partidos burgueses y reformistas representados en la Hora del Pueblo y el Encuentro Nacional de los Argentinos.

La orientación pro-burguesa de la guerrilla y el reformismo, y el sectarismo de la ultraizquierda frustraron este planteo.

El peronismo en el gobierno

A principios de 1973, la escena política es dominada por el proceso electoral pero la agitación obrera no se detiene. El 25 de mayo asume el gobierno de Cámpora y pocos días después la central obrera, los empresarios (CGE) y el Gobierno con el posterior aval del Parlamento, firman el Pacto Social que congela las negociaciones salariales por 2 años acompañado por un congelamiento de precios en los artículos de consumo de primera necesidad.

Durante el breve mandato de Cámpora fueron numerosas las ocupaciones de ministerios y dependencias públicas. En los primeros 20 días del nuevo gobierno, trabajadores y activistas de base realizaron unas 176 ocupaciones fabriles. De junio a octubre, el panorama va a ser dominado por los conflictos centrados en las empresas privadas.

Se presenció una intensificación de la lucha de clases a nivel de fábrica en el cinturón industrial del Gran Buenos Aires. Los temas dominantes fueron las condiciones de seguridad e higiene del trabajo, salarios atrasados, reclasificación de tareas, contra el incremento de los ritmos de producción, por la reincorporación de los despedidos durante la dictadura y frecuentemente desembocan en la elección de nuevos delegados.

En cuanto a los métodos se caracterizan por la ocupación de las plantas (Terrabusi, Molinos, Astarsa, Acindar) y el rol jugado por la asamblea de fábrica que actúa como la representación de los trabajadores encargada de formular las demandas y adoptar las medidas de fuerza hasta tanto se renueven las Comisiones Internas.

Juan C. Torre (1979) señala que: “En las disputas concernientes a las normas de trabajo fue común que los trabajadores decidieran poner en práctica por su cuenta sus propios criterios sobre las tareas en litigio, colocando a la gerencia ante un hecho consumado. El retiro de la colaboración y la insubordinación a los supervisores devinieron prácticas corrientes, mientras la producción se desenvolvía bajo la amenaza permanente de ser paralizada frente a cualquier incidente. El monto de la protesta no negociable que se había ido formando en las empresas convirtió a los compromisos en armisticios siempre precarios, prontos a quebrarse y a reabrir la vía nuevamente a una escalada de medidas de fuerza. La tendencia de los conflictos fue, así, a durar, realimentados por el contrapunto entre la intransigencia de los trabajadores y las respuestas autoritarias a las que apelaban los empresarios en defensa de sus prerrogativas”.

El 12 de octubre, Juan Domingo Perón, jura como nuevo Presidente y su primera medida es reafirmar el Pacto Social. En noviembre promueve la Reforma de la Ley de Asociaciones Profesionales dotando a las conducciones sindicales de mecanismos coercitivos para detener la movilización antiburocrática. Según esta ley no podía existir más de un sindicato por rama de actividad, ilegaliza los sindicatos de empresa, posibilita la intervención de las filiales, los sindicatos pueden poner fin al mandato de los delegados de fábrica y amplía el mandato de las jerarquías sindicales de 2 a 4 años.

Sin embargo, hacia fines de año los mineros de Aguilar y Sierra Grande, Gráficos, Tabacaleros y Transportes de Córdoba, concretan medidas de fuerza en procura de mejoras salariales. Ya a principios de 1974 se produce la ocupación de Molinos Río de la Plata, el paro de papeleros de la Matanza, la toma de textil Bossi y se extiende una larga lista de conflictos.

El Congreso legisla la Ley de Conciliación Obligatoria que ahora podría aplicarse a todo tipo de conflicto y se reglamenta la Ley de Prescindibilidad para los empleados de la Administración Nacional.

Estas medidas legales e institucionales tienen por objetivo poner fin a la agitación obrera dotando a las autoridades políticas y sindicales de mecanismos de coerción legal, a pesar de lo cual, entre marzo y junio de 1974 se registró el promedio mensual de conflictos más alto de los tres años de gobierno peronista.

A diferencia de los anteriores, la causa principal fueron las demandas salariales. A medida que el cuestionamiento al congelamiento salarial del Pacto Social era más importante en el plano de las reivindicaciones obreras, tanto mayor la manifiesta incapacidad de las jerarquías sindicales y el peronismo para controlar a los sindicalistas disidentes y las movilizaciones de las bases.

En marzo de 1974 se desarrolla un importante conflicto en Acindar (Villa Constitución) conocido como “El Villazo”. La patronal desconoce a la Comisión Interna y los delegados separados del sindicato por los interventores del gremio y los trabajadores toman las plantas siete días y exigen la normalización de la seccional local de la UOM. Sindicatos de todo el cinturón industrial del Paraná convocaron a huelgas de solidaridad. Las plantas de Sicheira, Empalme, Pavón, Arroyo Seco, Alvear y Lagos dispusieron medidas de fuerza y la mayoría de la ciudad de Villa Constitución paralizó sus actividades en apoyo de los obreros.

Roberto Kalauz, quien integrará el Comité de Lucha en la huelga de 1975, sostiene que: “Durante el Villazo los obreros comenzaron a desarrollar una praxis político-gremial en donde se destacaron las asambleas generales y permanentes, las tomas de fábricas con retención del personal jerárquico; la formación de piquetes de autodefensa; la construcción de barricadas; el control del sistema eléctrico de la planta; la creación de una comisión de solidaridad y apoyo encargada de contactarse con otros gremios y demás fuerzas sociales y políticas de la ciudad, la zona y el país”.

También Juan Actis, miembro de la Comisión Directiva, señalará que: “… era impresionante la cantidad de activistas que había en Acindar. Una fábrica con un total de aproximadamente 3500 personas, 500 o 600 eran activistas, de mucha calidad, compañeros con la suficiente claridad política, con capacidad organizativa. (…) Todo el mundo lo votó a Perón, es cierto. Pero en la fábrica, el Perón de la fábrica éramos nosotros porque éramos los que defendíamos sus intereses, sus derechos y los que les conseguíamos las cosas”.

Finalmente las elecciones, convocadas en noviembre, darán el triunfo a la lista de activistas surgidos en el conflicto encabezados por Alberto Piccinini que define su programa en torno a tres ejes: antiburocrático, antipatronal y antiimperialista.

El Plenario antiburocrático de Villa Constitución

El 20 de abril se desarrolla en Villa Constitución un Plenario Antiburocrático que reúne miles de delegados y activistas. Una vez más se plantea la posibilidad de dar al movimiento clasista y antiburocrático una coordinación centralizada. La oportunidad se frustrará por la negativa explícita de los líderes del plenario -Piccinini, Tosco y Ferraresi (PB)- con el apoyo del PRT-ERP y la JP-Montoneros. Cerca de 800 participantes, influenciados por el PST, defendieron la perspectiva de la coordinadora.

Se llevó a cabo en el club de fútbol Ribera de Villa Constitución, congregando a más de 6000 personas. Además de los mencionados, estaban presentes integrantes del Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio Ledesma, UTA-La Plata, el Sindicato de Trabajadores de Perkins (Córdoba), las comisiones internas y cuerpos de delegados de Del Carlo, EMA, Bagley, Teatro Colón, el Sindicato de Trabajadores Viales de Buenos Aires, el Hospital Ramos Mejía. También integrantes de listas y agrupaciones gremiales y delegados de varias fábricas como TENSA, NOEL, Standard Electric, Dálmine Siderca de Campana, Matarazzo, Ford, General Motors, la Fábrica Militar de Aviones de Córdoba.

Se concluyó en la necesidad de luchar por los siguientes puntos:

1) Solidaridad con los obreros metalúrgicos de Villa Constitución
2) Por la democracia sindical. Contra la Ley de Asociaciones Profesionales
3) Contra la Ley de Prescindibilidad
4) Contra el congelamiento salarial
5) Contra el matonaje sindical
6) Por la libertad de los presos gremiales

Aunque adhirieron a esta declaración más de 140 Comisiones Internas, Delegados, Agrupaciones de base y diversas organizaciones, no llegó a constituirse una coordinadora antiburocrática de alcance nacional.

He aquí algunos párrafos del dirigente del gremio de Farmacia y del Peronismo de Base, Alfredo Ferraresi argumentando contra la formación de la Coordinadora: “No venimos a formar superestructuras que aparezcan en los diarios. No venimos a hablar para después irnos a casa y no hacer nada. No queremos repetir experiencias como la lucha de los compañeros del Sitrac-Sitram, donde fuimos a un plenario en que se firmaron lindos documentos, pero después, en la calle, no se hizo ninguna acción concreta por Sitrac-Sitram [...] Entonces, rescatando esa experiencia de lucha no podemos venir a proponer una Coordinadora, un documento o una solicitada [...] Nos adherimos a la propuesta de Acindar, pero en estos términos políticos, reafirmando que no estamos de acuerdo con una propuesta superestructural que otros sectores han planteado [...] Basta de manijeros, el PB con los obreros”.

También Piccinini se pronunció en el mismo sentido: “Sabemos que hay muchas intenciones buenas, que se quieren formar Frentes y coordinadoras, pero eso no sale de un día para otro [...] Este plenario está llamado para consolidar el triunfo de Villa Constitución”.

Años después, en un reportaje para el diario La Voz señalará: “La falta de experiencia de aquel entonces no nos permitió ver la posibilidad de ampliar nuestro panorama a nivel nacional, no hicimos un análisis del contexto político del país, nos limitamos solamente a los problemas del lugar, y así nuestra lucha quedó como encerrada en una isla”.

El 1° de mayo Perón rompe públicamente con los sectores radicalizados nucleados en la JP-Montoneros, inclinando la balanza al interior del movimiento peronista a favor de la CGT-62 Organizaciones y fortaleciendo el liderazgo burocrático.

La derecha peronista vio este hecho como una señal para intensificar sus ataques contra la izquierda y erradicarla de los sindicatos. Tres activistas del Partido Socialista de los Trabajadores fueron asesinados, se atacaron locales de la JP y se allanó la sede del Peronismo de Base.

En ese mismo mes se producen una serie de huelgas por aumentos de salario al margen de la conducción cegetista como consecuencia del incremento de precios y el desabastecimiento y en abierta rebeldía contra el Pacto Social. Varios gremios logran aumentos importantes.

Perón se ve obligado a actuar personalmente para frenar las demandas obreras en la que sería su última aparición pública el 12 de junio de 1974.

El Ministerio de Trabajo suspende la personería del sindicato fideero como consecuencia de importantes conflictos en la fábrica Mattarazzo de Villa Adelina y en la fábrica Bagley.

El 1° de Julio muere Perón y ese mismo mes se inicia un conflicto en docentes (Ctera) y en las plantas automotrices cordobesas. Los trabajadores ocupan las plantas de Bagley en Buenos Aires y de Molinos en el Chaco.

A fines del mes inician medidas los gráficos y nuevamente interviene el Ministerio de Trabajo y retira la personería gremial a la Federación Gráfica Bonaerense (Ongaro) y al sindicato de periodistas de Buenos Aires (APBA), en agosto. Este último era conducido por dirigentes vinculados al PC, pero corría el riesgo de perder la conducción a manos de la Lista Naranja, hegemonizada por la izquierda peronista.

En setiembre las autoridades laborales disponen la prohibición de los sindicatos por empresa en virtud de la aplicación de la Ley de Asociaciones Profesionales dictada el año anterior, al tiempo que propone su modificación “porque muchos delegados amparados en el fuero sindical están generando conflictos, practicando la demagogia y pidiendo más de lo que pueden obtener”.

La descomposición del gobierno de Isabel Perón

De agosto a octubre de 1974 el gobierno, a través de José López Rega y la Triple A, se lanza a poner remedio a la extensa e incesante movilización de base convirtiendo la violencia en el método privilegiado para enfrentar la oposición sindical. En total unos 200 activistas gremiales y partidarios fueron asesinados por la Triple A y los comandos civiles fascistas antes de setiembre. Sin embargo, esta violencia no puede considerarse una respuesta a la guerrilla. La gran mayoría de los ataques fueron dirigidos contra quienes intentaban desarrollar políticamente a la izquierda mediante el aprovechamiento de métodos legales o defendían los derechos democráticos existentes (1). Paralelamente, el Parlamento puso en manos del Ministerio de Trabajo, a través de la Ley de Seguridad, facultades casi irrestrictas para la represión de las huelgas y combatir al sindicalismo clasista estipulando penas de prisión de uno a tres años para los líderes de las huelgas declaradas ilegales.

Luego de dos meses de conflicto en Ika-Renault, René Salamanca es expulsado del sindicato y la Seccional Córdoba del Smata intervenida. Sin embargo, el movimiento de delegados seguía siendo fuerte en el lugar de producción y el 6 de noviembre, los trabajadores del Smata cordobés abandonaron sus tareas para exigir el retiro de las autoridades nacionales del sindicato y el retorno de los dirigentes locales.

A comienzos de octubre la policía ocupó los locales del sindicato de Luz y Fuerza en Córdoba y ordenó la captura de sus dirigentes.

En diciembre, el sindicato de los trabajadores azucareros de Tucumán (Fotia), también va a ser intervenido a raíz de una huelga.

Hacia fines de año el ambiente laboral estaba relativamente pacificado. Entre noviembre de 1974 y marzo de 1975, las huelgas cayeron en el nivel más bajo del gobierno justicialista. El ausentismo, calculado en un 20 % de la fuerza laboral, se convirtió entonces en la expresión del descontento obrero. (2)

El gobierno decidió convocar a empresarios y sindicatos a partir del 1° de marzo para comenzar a discutir los salarios y condiciones de trabajo, pero los hechos van a demostrar que a pesar de la represión desatada sobre la oposición en 1974, la burocracia sindical no logró restablecer su hegemonía sobre las bases.

Nuevamente Villa Constitución

La llegada de una conducción combativa a la seccional de la UOM, posibilitó la formación de una filial local de la CGT que quedó constituida el 31 de enero de 1975. Participaron representantes de la Unión Ferroviaria, La Fraternidad, UOM, UPCN, Municipales, Personal de la Junta Nacional de Granos y Elevadores, Obreros Rurales, Gastronómicos, SUPA y Personal de Correos y Telecomunicaciones. Su Secretario General sería el dirigente de La Fraternidad (conductores de trenes), Tito Martín, miembro del Partido Comunista.

En el poquísimo tiempo que funcionó logró unificar los reclamos obreros con las viejas reivindicaciones del movimiento popular villense: lucha contra la carestía de la vida, solidaridad con los campesinos pobres del departamento Constitución, creación de una Farmacia Social, reactivación del puerto para combatir la desocupación, plan de viviendas y reapertura del Matadero Municipal. En apenas 48 días de funcionamiento pleno, lograron organizar la distribución de aceite a bajo costo en la Plaza Central de Villa con gran éxito de participación de la gente.

En el terreno estrictamente laboral la UOM de Villa Constitución designó compañeros por cada fábrica para elaborar un anteproyecto para las próximas paritarias, el que fue discutido en un Congreso de Delegados y difundido en las fábricas en febrero de 1975, enviado una copia a la U.O.M. nacional y a los sindicatos y agrupaciones clasistas y combativas en diversos puntos del país, quienes la discutieron y difundieron ampliamente.

Las más importantes cuestiones estaban referidas a la intención de controlar y democratizar la participación en la UOM a nivel nacional sometiendo la aprobación del convenio a las seccionales y a éstas a las asambleas. Definía cuáles eran las tareas consideradas peligrosas e insalubres y establecía el pago de un adicional para los trabajadores que debieran efectuarlas. Propugnaba la creación de una Comisión Obrera de Control de Seguridad y Salubridad industrial que sería designada por asamblea del personal y el número de sus miembros sería igual al de la Comisión Interna de Reclamos. Por otro lado, planteaba que “(…) la empresa reconocerá los derechos de los miembros de la comisión de seguridad y salubridad a realizar un control de todas las actividades e informaciones que hagan salvaguardar la salud física y psíquica de los trabajadores (…)”. También se limitaba la multifuncionalidad de los trabajadores e incorporaba la exigencia de regular los salarios de acuerdo al índice del costo de vida.

El anteproyecto democratizaba la estructura gremial y la organización dentro de las fábricas, estaba hecho desde las bases y contaba con su apoyo, por lo tanto, se volvía sumamente peligroso tanto para la patronal como para la UOM nacional.

En vísperas de la apertura de paritarias, intervenidos los sindicatos más combativos, quedaba como referencia la UOM de Villa Constitución en la denominada “Serpiente Roja del Paraná”, una zona industrial que se extendía desde San Lorenzo, al norte de Rosario, hasta San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires.

El 7 de marzo en diario La Razón publicaba afirmaciones del Ministro del Interior, Alberto Rocamora, en las que sostenía que la guerrilla se había extendido a la provincia de Santa Fe.

El 20 de marzo en la madrugada, Villa Constitución se convirtió en zona de ocupación de fuerzas de seguridad y parapoliciales: “Interminables caravanas de Ford Falcon, patrulleros, carros de asalto y vehículos blindados convergieron sobre la zona, con el apoyo de lanchas de prefectura, control aéreo con helicópteros y perros adiestrados en las pinzas camineras, cerca de 4000 efectivos pertenecientes a las fuerzas de represión, agentes de policía federal y provincial, de la Guardia Rural Los Pumas (guardia creada especialmente para la lucha antisubversiva con asiento en Vera, Provincia de Santa Fe), de la Prefectura Naval, de integrantes de la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado), de Gendarmería, de integrantes del Ministerio de Bienestar Social (identificados con brazaletes de la Juventud Sindical Peronista) y de las llamadas fuerzas parapoliciales y paramilitares. El operativo abarcó desde el Acceso Norte de Buenos Aires hasta la ciudad de San Lorenzo, en Santa Fe. Actuaron con milimétrica precisión y despiadada brutalidad. Se allanaron y saquearon más de un centenar de viviendas, encarcelaron a unos 300 trabajadores, muchos llevados a Rosario en condiciones de verdadero hacinamiento”. (Mercedes Balech, La lucha por la Democracia Sindical en la UOM de Villa Constitución, en Hechos y Protagonistas de las Luchas Obreras Argentinas, Editorial Experiencia, Buenos Aires, Año II N° 7, Marzo de 1985).

También serán detenidos en sus domicilios de Rosario los dirigentes gremiales de las plantas industriales PASA Petroquímica, la fábrica de tractores John Deere y el establecimiento metalúrgico Massey Ferguson. El mismo 20 de marzo será intervenido el sindicato del Ingenio Ledesma en Jujuy, liderado por el dirigente clasista Melitón Vásquez, y detenidos sus dirigentes.

La respuesta de los trabajadores a la ocupación militar de la ciudad y la detención de sus dirigentes fue una huelga que duraría 59 días. La misma comenzó con la toma y ocupación de Acindar que se mantuvo una semana.

Ante la detención de la casi totalidad de la Comisión Directiva, los trabajadores armaron una dirección alternativa: el Comité de Lucha.

El nivel de solidaridad tanto del pueblo de Villa Constitución como de varios gremios y partidos políticos fue muy elevado. Las Comisiones Vecinales eligieron responsables por barrio que se reunían con el Comité de Lucha y se encargaban de la recolección de dinero y víveres y el reparto de los boletines de huelga.

Los trabajadores del transporte de Villa Constitución, la fábrica CILSA, los trabajadores de la Unión Ferroviaria y La Fraternidad, los empleados bancarios y docentes, la Federación Agraria de Arroyo Seco, realizarían medidas de fuerza escalonadas reclamando la libertas de los dirigentes detenidos. Los obreros de la fábrica Martín Amato votaron donar dos días de jornal para el fondo de huelga. El 10 de abril los obreros de la fábrica metalúrgica Santa Rosa llegaron con $ 2.000.000 que equivalía a una quincena para 1300 trabajadores. En todos los almacenes la gente saca fiado y después pasa el Comité de Lucha para pagar la deuda. Los remedios llegaban a granel y los médicos, principalmente desde Rosario, iban todos los días a los barrios.

Finalmente el 19 de mayo aparecería una solicitada en los diarios firmada por el Comité de Lucha en la cual se anunciaba el levantamiento de la huelga. Ochocientos trabajadores quedaron en la calle. Ernesto Rodríguez, historiador regional, elabora una lista de 54 víctimas del terrorismo de Estado en Villa Constitución durante esos meses y los posteriores de los años 1975/6/7.

A pesar de la derrota en Villa Constitución, a mediados de mayo varios sindicatos decidieron una serie de paros. Los conflictos laborales comenzaron a agitar nuevamente las empresas después del impasse experimentado desde noviembre del año anterior.

El 31 renuncia el titular del Ministerio de Economía, Gómez Morales, y es reemplazado por Celestino Rodrigo quien procuró contener la desenfrenada carrera de precios y salarios desatada desde 1974 mediante un retraso salarial. El plan económico implementado resultó en un descalabro total. El costo de vida aumentó un 21% en junio y 35% en julio. El país fue escenario de una serie de huelgas salvajes, ocupaciones de fábricas y manifestaciones que lo paralizan cerca de un mes.

La industria automotriz va a ser la más afectada por estos movimientos. Se impulsaron paros, toma de rehenes y la exigencia de renuncia de los dirigentes gremiales en Ford, General Motors y otras plantas de Buenos Aires.

A principios de julio, la CGT en un intento por recuperar el control de la situación, convocó a un paro de 48 horas, ratificando el estado de huelga y concentraciones producidas en los primeros días de julio en el Gran Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Berisso, Ensenada, La Plata y Capital.

La huelga que paralizó al país y costó 800 millones de dólares en pérdidas de productividad, reveló que al gobierno y la burocracia sindical les resultaría cada vez más difícil mantener la disciplina laboral apelando a la lealtad a un gobierno peronista bajo un programa económico que afectaba los intereses obreros. (3)

Desbordada por la movilización obrera que exigía la renuncia de Rodrigo y López Rega, la CGT abandonó a su principal aliado en la represión al activismo sindical. En pocos días la exigencia de ratificación de los aumentos salariales que había reunido una multitud en apoyo al gobierno peronista, se transformó por primera vez en una movilización política en su contra. (4)

El remedio golpista

A pesar del triunfo que significó el alejamiento de los dos ministros cuestionados, los conflictos laborales no disminuyeron su intensidad ampliando su alcance a sectores de las clases medias. Los médicos de los hospitales y los empleados judiciales se sumaron a la protesta obrera.

En las fábricas y barrios empiezan a surgir “comisiones coordinadoras” para organizar la actividad entre obreros de distintas industrias en una zona determinada.

A principios de junio, activistas de la Fiat y del Smata de Córdoba habían constituido el más importante de estos comités de resistencia, La Mesa Provisoria de Gremios en Lucha, especie de CGT paralela local que unía a los sindicatos disidentes y dirigió las huelgas en la segunda mitad de 1975 por mejoras salariales y para exigir la liberación de la cárcel de la directiva del Smata cordobés y la anulación de la orden de detención de su secretario general. Fue el año de mayor cantidad de paros en el complejo Ika-Renault entre 1966-76 y obligó a la empresa a ignorar a los interventores del sindicato y tratar directamente con los comités de fábrica.

Las referencias del gobierno a la “subversión industrial” y a la “guerrilla industrial” -término acuñado por el titular de la UCR, Ricardo Balbín- eran frecuentes, así como la prohibición de huelgas. Es significativo que la primera acción “antisubversiva” de importancia, en noviembre, cuando el Ejército tomó en sus manos el control total de la “antiinsurgencia”, se dirigiera contra los mineros de Sierra Grande que llevaban 44 días de ocupación por aumento de salarios y el derecho a elegir sus representantes sindicales. (5)

Aunque las coordinadoras se habían desintegrado en Córdoba a principios del ‘76, siguieron siendo activas en las plantas del Gran Buenos Aires, sobre todo en el complejo de Ford y entre los trabajadores metalúrgicos del norte y el oeste del conurbano bonaerense.

En las primeras semanas de marzo una ola de protesta contra la política de austeridad anunciada por un nuevo ministro de Economía, Mondelli, comenzó a crecer en las fábricas de Buenos Aires, Córdoba y Rosario, reeditando la situación que dio origen al Rodrigazo. (6)

Empresarios y militares deciden entonces atacar frontalmente al poder del trabajo que no pudo ser destruido en los conflictos industriales ni por el peronismo en el gobierno.

El 24 de marzo, con el concurso de los poderes represivos del Estado, se iniciaba una nueva etapa: la domesticación del poder del trabajo a sangre y fuego. (7)

Conclusión

La etapa abierta por el Cordobazo como presencia del poder del trabajo que amenazaba las bases de dominación de la burguesía, no fue cerrada por el gobierno peronista instalado en el ‘73, ni siquiera durante el mandato de Juan Domingo Perón, pese a su indiscutible ascendiente sobre los trabajadores y sectores populares. Fue precisamente esa incapacidad del peronismo la que obligó a los militares a entrar en escena desarrollando paralelamente un plan estratégico en el terreno económico y social que perseguía el objetivo de replantear las bases de dominación de la burguesía superando lo que Juan Carlos Portantiero (1972) denominara “el empate histórico”.

Si bien en el período analizado (1969-76) hay momentos en que la burguesía coyunturalmente retoma la iniciativa política institucional, no tiene éxito en detener la crisis abierta por la movilización obrera y popular en las unidades productivas.

Mi trabajo intenta desarrollar esa situación. En este sentido seguimos a John Holloway cuando señala que, a nivel mundial, a fines de los ‘60 y principios del ‘70 el patrón de dominación y producción comenzó a sacudirse por la pérdida de autoridad dentro de las fábricas que es la base del desarrollo capitalista.

“Las luchas de finales de los ‘60 significaron que el capital no podía ya contar con el control directo sobre el poder del trabajo en la fábrica. La explotación del poder productivo del trabajo se enfrentó con bajas tasas de ganancia. La explotación del trabajo devino demasiado cara al mismo tiempo en que la capacidad del capital para imponer el trabajo necesario sobre el trabajo social fue severamente limitada. Además, el poder disruptivo del trabajo se hizo sentir a finales de los 60 en resistencia contra la intensificación del trabajo y el intento de reducir salarios (política de ingresos). En otras palabras, la clase trabajadora hizo claro que ya no aceptaría ser explotada más allá de ciertos límites” (Bonefeld/Holloway, 1992). (8)

Esta crisis sólo puede ser resuelta a través de la lucha, del restablecimiento de la autoridad, del derecho a dirigir, y de la búsqueda de nuevos patrones de dominación. La crisis era sobre todo una crisis en la relación de dominación: se habían roto los patrones establecidos de control sobre el trabajo. Era una crisis de dominación empresarial pero también de los sindicatos, porque la estructura sindical se basaba en el mantenimiento de cierto tipo de equilibrio entre el capital y el trabajo. La crisis fue un estallido de lucha abierta entre capital y trabajo. El capital no podía permitir que eso continuara: tenía que restablecer su derecho al mando, su derecho a determinar qué es posible y qué no lo es (La Rosa Roja de Nissan).

El rol central que ocupan los sindicalistas peronistas, particularmente el predominio que van a alcanzar la UOM y su líder Lorenzo Miguel en el gobierno a partir del Rodrigazo, es consecuencia directa del creciente poder de la movilización obrera y la apuesta para mantener la paz social y controlar al movimiento obrero a cambio de una mayor participación de los sindicatos en la administración del Estado.

Pero esta solución significaba para la patronal más concesiones económicas, al tiempo que no lograba reafirmar la autoridad de gerentes y empresarios en las plantas para establecer una nueva base de acumulación frente a la crisis económica y la pérdida de rentabilidad.

Paralelamente se desarrollará otro fenómeno incipiente pero más preocupante para los sectores dominantes del capital.

La apertura política hacia el peronismo y su líder luego de 17 años de proscripción y su posterior presencia en el poder introdujo un quiebre entre las luchas de fábrica y las luchas contra la política del Estado que fue característico del período que va del Cordobazo hasta comienzos del ‘72. A partir de ese momento, los conflictos se desarticularon entre estos dos planos -sindical y político- bloqueando la unidad de la movilización obrera. Esta situación comienza a modificarse a partir del Rodrigazo.

La fuerza del clasismo que se haría notoria en el campo de las luchas sociales, nunca se tradujo en el campo político; los obreros que los seguían en las fábricas siguieron siendo mayoritariamente peronistas y en el ‘74 era un gobierno de este signo político el que llevaba adelante la represión, lo cual atenuó la defensa de los dirigentes sindicales combativos y de izquierda.

A partir de las movilizaciones de junio/julio del ‘75 esta situación cambió y aumentaron los conflictos fabriles en repudio a la violencia y la persecución política. El propio Rodrigazo que había comenzado como un gran movimiento reivindicativo por cuenta de las Comisiones Internas y los Cuerpos de Delegados fue superando los límites puramente gremiales y pasó a cuestionar abiertamente al gobierno peronista.

El golpe de Estado vino a poner remedio a esta situación de movilización ininterrumpida de los trabajadores a lo largo de siete años. Donde habían fracasado la Revolución Argentina, el Gran Acuerdo Nacional, el peronismo en su versión de izquierda (Cámpora), el Pacto Social, Perón, la derecha peronista con Isabel, López Rega y la Triple A y los sindicalistas en el gobierno, el golpe triunfó.

Pero el golpe no fue sólo eso. También fue dirigido a abortar la posibilidad de que el amplio y masivo movimiento que se expresaba en las fábricas y movilizaciones, y había desplazado del gobierno al ala más reaccionaria del peronismo, se orientara hacia una salida política independiente. De esta manera congeló la crisis del peronismo, abriendo el camino para su recuperación política en las décadas siguientes, y fundamentalmente liquidó físicamente y en la conciencia de los trabajadores y sectores populares la posibilidad histórica de que las masas peronistas confluyeron con una dirección auténticamente revolucionaria.

Este trabajo fue presentado en la X edición del Concurso Internacional de Ensayo Pensar a Contracorriente del Ministerio de Cultura de Cuba, el Instituto Cubano de Libro y la Editorial de Ciencias Sociales.

Mario Hernandez es Licenciado y Profesor en Sociología, escritor y periodista.

Notas:
1) Durante el discurso de la CGT de mediados de julio de 1974 (posterior a la muerte de Perón), el ministro metalúrgico, Otero, advirtió a sus adversarios: “Iremos a las fábricas a persuadir y si la persuasión no alcanza, a sacar a patadas a los mercenarios”.
2) En febrero de 1975 se inicia el Operativo Independencia. El ejército no se limitó a combatir a la guerrilla. Produjo detenciones masivas de militantes políticos y trabajadores del gremio azucarero. “Desde el comienzo del operativo todo se centró en las ciudades de San Miguel y Concepción”, recordó tiempo después el general Acdel Vilas, a cargo del mismo.
3) Con el telón de fondo de las huelgas que se desarrollaron entre junio y mediados de julio, los comandantes de las tres armas se reunieron una decena de veces, cuando sólo lo habían hecho cuatro veces desde el comienzo del año y ninguna durante 1974. Allí comienzan el diálogo con el Consejo Empresario Argentino (CEA) presidido por José Alfredo Martínez de Hoz. Videla lo recibe en el Edificio Libertador y el futuro ministro de Economía de la dictadura le expresa su preocupación por los conflictos laborales, “se estaba impidiendo la libertad de trabajo, la producción y la productividad; es decir, el gobierno debía asegurar la libertad y el imperio del orden sobre todas las cosas” (ante la Comisión de Diputados que investigó el affaire de la venta de la Italo) y delinea sus ideas económicas.
4) Martínez de Hoz diría muchos años después que el Plan Rodrigo contenía los elementos del programa que él mismo aplicaría luego con mayor gradualismo y apoyo de los militares. Después del Rodrigazo la lucha de los trabajadores por mantener el poder adquisitivo de los salarios se convertía en el eje de la pelea interna por obtener mayores cuotas en el reparto de la renta. La productividad de las empresas había caído considerablemente. Cuando Isabel retoma el mando el 17 de octubre, después de una licencia, prometió que acentuaría “la lucha sin pausa contra el terrorismo económico, socio y aliado de la subversión”.
5) En la primavera de 1975, el general Emilio Jáuregui señala en la ciudad de Paraná que el enemigo no era sólo la guerrilla: “Sabemos cómo es esta guerra y la vamos a ganar en el terreno que ellos elijan; en los montes tucumanos, en las calles de nuestras ciudades, en las fábricas donde se pretende sabotear nuestra capacidad de producir y en las universidades donde se envenena a nuestra juventud con doctrinas foráneas”.
El 14 de diciembre Balbín llamó la atención desde Rosario contra la “guerrilla fabril”.
El 5 de enero de 1976 los 3 comandantes elevan a Isabel Perón un documento en el que le piden el “restablecimiento de la disciplina social” y “la definitiva eliminación de la subversión fabril”. Se habló de la “indisciplina social” que se exhibía en las huelgas y paros empresarios y de lo que llamaban con espanto “la guerrilla fabril”, que “amenazaba no sólo el aparato productivo, sino la seguridad de la Nación”.
Ese mismo día la CIA norteamericana cursaba un informe secreto: “Después de la rebelión de la Fuerza Aérea y la victoria sobre la guerrilla -diciembre de 1975-, la unidad y la coordinación militar han mejorado notablemente y Videla ha surgido como una fuerte figura política”.
6) El 4 de febrero de 1976 asume Emilio Mondelli. Ese mismo día Isabel Perón le dice Herminio Iglesias que: “A los militares los vamos a dejar sin verso. Con el plan económico de Mondelli no van a tener nada que decir. Es el mismo que quieren aplicar ellos. Como van a ser medidas muy impopulares, les conviene que el deterioro lo suframos nosotros. Mientras tanto pasará el tiempo y llegaremos a las elecciones”.
El 16 de febrero la APEGE llevó adelante un paro empresarial que tuvo una gran repercusión. Reclamaba un plan similar al de Mondelli pero sostenido por un gobierno fuerte. La demanda era disciplinar a los trabajadores.
7) Según Juan Carlos Marín el 80% de los muertos y heridos son militantes populares y obreros “no armados”.
La inserción ocupacional de los prisioneros desaparecidos mostraba que el 32,5% eran asalariados urbanos calificados y el 34,7% eran asalariados urbanos y rurales.
8) La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) en un estudio de 1998, consigna desde el 24.3.1976 hasta el fin de ese año, 89 conflictos gremiales. En los 3 primeros meses, 209 (muestra estimada del 25% del total). En el período 1976/80 un total de 678 conflictos. Entre el 11.3.1976 y el 24.3.1976 un total de 8.400 conflictos de acuerdo a los siguientes diarios:
1973 del 11.3 al 24.5: 4,3
1973 del 25.5 al 14.7: 5,2
1973 del 15.7 al 11.10 (Presidencia Lastiri): 5,5
Perón: 7,6
Isabel-López Rega: 7,7
Isabel: 9,4
Citado por Izaguirre, Inés y Aristizábal, Zulema en Las luchas obreras 1973-6, Buenos Aires, Mayo 2000.

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- Oprinari, Pablo y Rojo, Alicia: Tosco y el “sindicalismo de liberación” vs. el clasismo, Lucha de Clases N° 1, Buenos Aires, Otoño-Invierno 1997.
- Santella, Agustín y Andujar, Andrea: El Perón de la fábrica éramos nosotros. Las Luchas metalúrgicas de Villa Constitución 1970/1976. Desde el subte, Buenos Aires, 2007.
- Senén González, Santiago: Diez Años de Sindicalismo Argentino, Ediciones Corregidor, Buenos Aires, 1984.
- Torre, Juan Carlos: Los sindicatos en el gobierno 1973/1976, CEAL, Buenos Aires, 1989.
- Villarreal, Juan: Crisis de la dictadura argentina.

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Argentina. Exiliado durante la dictadura: Expulsado del gobierno de la ciudad por razones políticas

AGENCIA WALSH

Ernesto Abus vivió el exilio junto a sus padres, durante la dictadura genocida del 76 y hoy vuelven a intentar expulsarlo, esta vez de su trabajo, en el que ha construido vínculos no solo laborales sino personales y gremiales. Nuevamente debe vivir la exclusión por razones políticas, esta vez desde un gobierno “democrático”, que claramente esconde su persecución ideológica amparándose en recovecos administrativos inadmisibles.

Como tantos exiliados, Ernesto debió cambiar su nombre por razones de supervivencia, esto quedo perfectamente documentado y clarificado en todos los estratos legales y administrativos, pero, para el gobierno de la Ciudad seria un impedimento insalvable que determinaría la imposibilidad de concursar para salir de su condición de precariedad laboral, situación que viven cientos de trabajadores.

Algunos datos más

Ernesto Angel Abus nació en Buenos Aires el 7 de Julio de 1970, en marzo de 1976 debió exiliarse junto a sus padres al ser estos perseguidos por razones políticas (las razones del exilio se encuentran mencionadas en el Dictamen de la Procuración General de la Nación que da pie al fallo de la corte más abajo mencionado). Regreso al País en 1993; en el año 1990 terminó sus estudios secundarios en Cuba donde residía bajo el nombre de Ernesto Roy. Las causas de usar “nombre falso” se encuentran someramente mencionadas en el juicio sumarísimo anexado; pero básicamente podrían resumirse en la búsqueda de la protección de los perseguidos en cuestión, en un Estado terrorista que practicaba el secuestro y asesinato selectivo tanto dentro como fuera de sus fronteras.

En 2005 inicia trámites para ser reconocido como exiliado político y víctima del terrorismo de Estado, cuestión que se le resuelve favorablemente a través de la sentencia nº A. 1248. XLIV de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dictamina que su situación es análoga a la resuelta en la causa "Yofré de Vaca Narvaja" (Fallos: 327:4241), en esencia que debió exiliarse, al peligrar su vida causa directa de persecución por razones política. En 2013 inicia un juicio sumarísimo para establecer que Ernesto Abus y Ernesto Roy son la misma persona y por lo tanto toda la documentación corresponde.

En 2009, ingresó a trabajar a la Dirección General de Estadística y Censos del GCBA como programador con un contrato precario anual. Este contrato de locación de servicios fue renovado año a año hasta la fecha. Nunca hubo ningún inconveniente. Sin embargo, cuando Ernesto se inscribe en el concurso público y abierto para su puesto específico, se encuentra con que le rechazan la inscripción por problemas de “papeles”. Es decir, por su carácter de exiliado, por lo que ha tenido que pasar en su infancia, por tener que renunciar a su identidad por la persecución política que sufrieron sus padres a causa del terrorismo de Estado ejercido en la última dictadura militar, hoy el GCBA nuevamente lo persigue, lo excluye y le niega derechos. Los argumentos esgrimidos por las autoridades son formalismos inaplicables a la situación particular

Pero, ¿es esta persecución política un caso aislado dentro de esta administración?

Algunos antecedentes muy concretos demuestran que esta es una política permanente de la administración Macrista, que ve en la persecución, los traslados y los despidos una herramienta para aplastar la organización gremial que denuncie y pelee contra la precarización laboral a la que somete a sus trabajadores.

Antecedente de persecución gremial y discriminación en la repartición.

Independiente de este caso particular, las autoridades de la repartición tienen varias citaciones en la legislatura por conflictos con sus trabajadores.

En el año 2009 encuestadores de la Encuesta Anual de Hogares (principal indicador sociodemográfico de la ciudad) organizan un pliego para reclamar a las autoridades mejoras en su condiciones laborales, en lo corto que duró este intento se les negó a estas personas todo diálogo, a los que identificaron como “cabecillas” o “alborotadores” se prescindió de sus servicios, pese a tener el recaudo estos de exponer como voceros a los trabajadores de más calidad y productividad, el costo económico inmediato a la gestión pública fue una significativa merma en la calidad de la recolección de datos primarios en la onda siguiente; el único costo político que debieron pagar por este despótico acto fue la denuncia pública por parte de los afectados y un pedido de informe en la legislatura.

A comienzos de 2012 se conforma una junta Interna, esta vez con profunda inserción entre los trabajadores de todos los sectores y etapas de la producción de estadísticas, amparada por el sindicato ATE, la reacción fue desconocer formalmente su existencia, armar una estructura “sindical” paralela y afín, con los funcionarios del área de personal y una constante campaña de amedrentamiento y persecución; que incluyó la remoción y traslado de jefes “permisivos”, rebajas de salarios y quita de beneficios a delegados, afiliados y cercanos, llegando a su máxima expresión con la insólito despido de la delegada general, Tamara Lescano, la cual tuvo que ser reincorporada al poco tiempo en el lógico fallo de la justicia laboral.

En 2013 el ministerio de trabajo reconoce la legalidad de la Junta Interna, pese a ello las autoridades reiteradamente negaron su reconocimiento en el plano concreto, hasta el punto de trasladar al delegado Martín Rampoldi a otra repartición, lo cual nuevamente es resuelto en el plano de la justicia laboral en contra de la autoritaria gestión, en este periodo se fueron acumulando pedidos de explicaciones, denuncias públicas, presentaciones en el INADI, petitorios, etc… todo a disposición del que pueda interesarse.

Concurso DGEyC

En el año 2013 las autoridades convocan a un concurso público y abierto para 75 plazas, en la dirección alrededor del 55%, unos 250 trabajadores, son contratados en clara situación de fraude laboral, muchos con más de 10 de antigüedad y, en un caso extremo, con 15.

En principio se rechaza el pedido de veeduría gremial formalmente solicitado, ello, se hizo evidente, para poder cometer una serie de irregularidades de la forma más impune posible, inclusión de familiares directos de más de la mitad de los miembros del comité evaluador. Rechazo de los profesionales de la dirección, mientras que externos son admitidos, en una insólita cláusula que atenta contra la excelencia en la gestión. A Laura Leguizamón (trabajadora de 15 años de antigüedad) se la rechaza por tener un título terciario incompatible con las funciones realizadas. Una absoluta falta de transparencia donde no existen puntajes en las distintas etapas, ni listados, ni forma alguna de cerciorarse los participantes de cómo se van desempeñando. Además del caso de Ernesto Abus donde claramente se comete discriminación política, violando el artículo 2 de la declaración internacional de los DDHH.

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El décimo círculo del infierno: CCD en la subzona 52

Soledad Arrieta (CARTAGOWEB)

El poeta italiano Dante Alighieri describió en “La divina comedia” nueve círculos del infierno destinados a distintas “pecadoras” y “pecadores” a quienes se les aplicaba diferentes “penas”, entendidas como castigo. Los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de toda Latinoamérica fueron el décimo círculo -que hoy protagonizan las cárceles legitimadas desde las cimas políticas-, ocupados por personas que no respondieron a las exigencias del Estado en terrorismo y convirtiéndose en las receptoras de los más atroces tormentos.

Esas cuevas, en simulado desconocimiento de la sociedad cómplice acerca de lo que sucedía entre 1976 y 1983 en Argentina, funcionaron sobre esta área del país en varios sitios. La Escuelita ubicada en los fondos del Batallón 181 de Neuquén, la Comisaría de Cutral Có, la sede neuquina de la Policía Federal y la Comisaría Primera de Cipolletti fueron los lugares elegidos por el gobierno de facto para torturar, amedrentar, violar y asesinar en la subzona 52. En el marco del tercer tramo de los juicios por delitos de lesa humanidad en la región, se realizaron inspecciones oculares por cada uno de ellos.

La Escuelita

En junio de 1976, unos meses después de instalada la dictadura cívico militar, comenzó a funcionar el centro clandestino de detención, tortura y exterminio que se conoció como “La Escuelita”. La construcción ya existía en los fondos del Batallón de Ingenieros de Construcciones 181 y era utilizada previamente como matadero, depósito y caballeriza, pero cuando la sede de la Policía Federal dejó de ser un secreto para la parte de la sociedad que buscaba a sus hijas, hijos, amigas, amigos, hermanas y hermanos, convino instalar allí el “LRDT” (Lugar de Reunión de Delincuentes Terroristas, como les llamaban entonces, o Lugar de Reunión de Detenidos Transitorios, como pasaron a llamarlos cuando tuvieron que comenzar a dar respuestas ante la justicia). Funcionó en el lugar hasta 1978. En 1996, con el objetivo de borrar la historia creyendo que los rastros más significativos del horror estaban en las paredes, La Escuelita fue demolida, aunque en el 84 algunas víctimas acompañadas por organismos de DDHH y periodistas lograron ingresar sin permiso.

En donde hoy no hay nada, en aquella época habían dos edificaciones: una en la que las víctimas permanecían atadas de pies y manos en cuchetas y con los ojos vendados, y otra en la que se realizaban las sesiones de torturas que incluían golpes y picana eléctrica en todo el cuerpo, dejándose los simulacros de fusilamiento para el patio.

Treinta y dos de las personas que pasaron por allí continúan desaparecidas. Por ese descampado con manchas invisibles de sangre, en agosto del ´76 Hugo Inostroza Arroyo logró fugarse tras un frustrado intento de suicidio promovido por el agotamiento de los golpes, la electricidad y la sensación de que ya nada más podía aguantar. En abril del ´77 José Luis Albanessi fue asesinado durante una sesión de tortura en la que su corazón dejó de funcionar.

Las y los sobrevivientes del Centro Clandestino que estuvieron presentes durante el primer recorrido “formal” por el predio, pudieron dar cuenta de la veracidad con la que todos estos años sus sentidos exaltados les hablaron permitiéndoles relatar experiencias no visuales ante distintas autoridades judiciales. Luis Genga, Silvia Botinelli, David Lugones, Dora Seguel, Pedro Maidana, Isidro López, Rubén Ríos, Oscar Paillalef y Benedicto Bravo respiraron hondo y volvieron a pasar por el sitio en el que fueron destrozados.

Entre el barullo del imponente shopping ubicado a pocas cuadras y del centenar de autos por minuto que transita la cercana ruta 22, a escasos metros de donde estaban conversando víctimas podía escucharse el eco de sus voces. Si de la escena se borran los factores que no entorpecían la tranquilidad auditiva de la década infame y se cambian las conversaciones por gritos de terror y de suplicio, es imposible que alguien, mucho menos en el Batallón, haya ignorado lo que estaba sucediendo en la hoy inexistente construcción.

Un árbol caído pareció mostrarse como una metáfora de lo que no se logró. “Era el álamo donde nos golpeaban la cabeza cuando nos sacaban”, dijo David Lugones señalando el muerto tronco en el suelo y explicando que por allí era el trayecto al lugar en el que se las y los torturaba, a quince metros aproximadamente de donde permanecían secuestrados. Golpearlos en ese álamo, describió el sobreviviente, era una diversión para ellos.

Pero las fiestas siempre se terminan y el árbol se suicidó tal vez como quiso hacerlo Rubén Ríos después de todo lo que pasó en ese lugar. Nunca respondieron qué hicieron con las y los desaparecidos, pero el cuerpo de la naturaleza permanece para recordar que las lágrimas siguen rodando en muchos rostros por las noches y hay sensaciones que no se mueren.

La Federal

Orlando “Nano” Balbo fue secuestrado el mismo día que se anunció que el golpe cívico militar del ´76 se había instalado en Argentina. Permaneció dos años en cautiverio en distintos centros clandestinos del país, pero su primer destino fue el que le quitaría, entre otras cosas, la audición: la sede de la Policía Federal en Neuquén. Allí fue sometido a interrogatorios y torturas en las que el agente de inteligencia Raúl Guglielminetti desplegaba todo su odio.

Nano entró otra vez en el edificio ubicado en Santiago del Estero 136 sabiendo que esta vez saldría por sus propios medios. Más de tres décadas atrás, el maestro había sido sacado por la fuerza para ser trasladado a la cárcel de Rawson, donde continuaría su calvario hasta que en el ´78 y gracias a la ayuda del obispo Jaime de Nevares pudo exiliarse en Italia.

Pasados treinta y ocho años, Nano descubrió que había muchas reformas en el lugar, pero que seguía allí la tabla de la mesa en la que se sentaba Guglielminetti durante los interrogatorios devenidos en sesiones de tortura interminables. Tras la inspección ocular, el sobreviviente contó que el genocida condenado el año pasado en el marco del segundo tramo de los juicios por delitos de lesa humanidad en la región “se sentaba en la punta de la mesa y yo estaba sentado en una silla metálica, al alcance de su mano siempre, que iba mi cara a cada rato”.

El sótano de la sede de la Federal, al que tanto Balbo como otras y otros testigos víctimas hacen referencia en sus declaraciones, fue sellado y ya no se puede acceder a él. Como el edificio de La Escuelita, desapareció, como desaparecieron hombres y mujeres que fueron guardados allí en los inicios de la última dictadura.

El lugar es una casa grande, ubicada a mitad de cuadra. El horario de la visita en democracia coincidió con la siesta y el silencio -pese a ser pleno centro de la ciudad- imperaba por sobre los incesantes ruidos cotidianos. Nano gritó cuando lo torturaban, mientras sufría, esperando ayuda. Los gritos de las víctimas eran el secreto mejor guardado en aquellos tiempos, el nexo de la complicidad civil que recién ahora se empieza a nombrar.

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Alicia Bernal: "A 38 años del golpe de Estado hay menos de un condenado por cada centro clandestino de detención"

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

Alicia Bernal nos cuenta quién fue Rubén "Tito" Messiez, su padre desaparecido desde el 22 de agosto de 1977 en Rosario.



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Pablo Álvarez: "El golpe fue para disciplinar a la sociedad a partir del terror, el miedo y la muerte"

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

En esta breve charla el periodista Pablo Álvarez define pedagógicamente qué fue el último golpe cívico militar religioso.



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A casi once años, la causa de Sergio Ávalos finalmente cambió a desaparición forzada

LA RETAGUARDIA

El joven de 18 años desapareció el 14 de junio de 2003 y hasta hace muy poco la carátula de su causa era por averiguación de paradero. El cambio se logró a partir de que Luis Virgilio Sánchez, integrante de la Gremial de Abogados, comenzara a representar a la familia Ávalos. Dialogamos con el letrado quien enumeró las numerosas irregularidades que encontró en el expediente.

La última vez que se lo vio a Sergio Ávalos fue en el boliche Las Palmas, al que había ido con sus amigos de la residencia universitaria donde vivía, ya que estudiaba economía en la Universidad Nacional del Comahue. Ávalos tenía 18 años y era hijo de una familia muy humilde de la localidad de Picún Leufú, ubicada al sur de Neuquén. Su padre es Asunción Ávalos, un trabajador postal; y su madre Margarita, que murió hace tres años sin saber qué había pasado con su hijo.

Según testigos presenciales, el joven ingresó al boliche alrededor de las tres de la mañana y no volvió a salir del lugar. Nunca más se supo nada acerca de él.

“En aquel entonces el caso tuvo una enorme repercusión pública porque estaba la universidad de por medio, que se constituyó como Amicus Curiae de la causa. El trámite fue de averiguación de paradero y en ese momento me acuerdo que funcionaba una radio en el local bailable a la que le llovían denuncias y versiones que el Ministerio Público en ese momento comenzó a investigar, pero que nunca llegaron a nada. Son doce cuerpos de expediente con la nada misma. Se han investigado llamadas telefónicas anónimas que indicaban lugares donde lo habrían enterrado, se han hecho pericias, rastrillajes y nada”, explicó Luis Virgilio Sánchez a La Retaguardia.

Sánchez es el abogado de la familia Ávalos desde el año pasado y apenas fue contactado pidió ver el expediente. Ya en las primeras páginas advirtió cosas extrañas: “el boliche tenía cuarenta cámaras de seguridad que dejaron de funcionar quince minutos antes de que ingresara Sergio al local -afirmó el letrado-, algo muy extraño que no sé por qué no investigó en aquel momento el Ministerio Público. Hubo testimonios de chicos que sufrieron apremios ilegales de parte de la seguridad del boliche. Vale aclarar que en ese momento la seguridad de Las Palmas estaba a cargo de siete personas; la mitad era personal retirado del Ejército y los otros eran policías haciendo adicionales, que además trabajaban en forma coordinada con los efectivos que estaban en actividad normal, porque esa noche se hicieron detenciones. Hay testigos que vieron cómo golpeaban salvajemente a una persona con las características de Sergio en el baño. Esos testimonios se recabaron, pero cuando le tomaron declaración al personal de seguridad del boliche hablaron como si hubiera sido un día tranquilo. Tenemos, por un lado, testimonios de que esa noche pasó de todo y, por el otro, los agentes que dicen que no pasó nada. Uno sabe que cuando hay contradicciones entre los testimonios se debe someter a un careo, pero no se hizo absolutamente nada. También hubo distintas denuncias y versiones, por ejemplo en Neuquén hay una teoría famosa de la Viuda Negra, de que Sergio habría bailado con una señora que llamó por teléfono, el marido celoso... todas versiones falsas para desviar la atención de la no investigación”.

Sin duda el nulo avance de la causa durante tantos años está relacionado con que el Estado está involucrado a través de la fuerzas de seguridad de la provincia: “no tenemos dudas de esto -dijo al respecto Sánchez-, lo advertimos en las primeras páginas del expediente, hicimos el planteo de cambio de carátula porque en 2011 nuestro código penal incorpora la figura de desaparición forzada de persona. Aunque parezca increíble nosotros tenemos una historia de un país con 30.000 desaparecidos pero esta figura penal no existía hasta 2011. Lo que sí existía era la convención de desaparición forzada de personas que fue firmada por nuestro país en el año 1994, existen precedentes jurisprudenciales, y además tenemos el artículo 75 inciso 22 de la Constitución que incorpora como ley nuestra los tratados internacionales. De todos modos, Ávalos desapareció en 2003 y este tratado se firmó en 1994 por lo que yo creo que se podría haber hecho un planteo o lo podría haber planteado el Ministerio en ese momento. A esta causa la agarré recién el año pasado y pedimos el cambio inmediatamente porque nosotros ya no tenemos dudas de que está involucrada la fuerza de seguridad de la provincia en esto. Una persona de 18 años, que sale con amigos y que ingresa a un lugar de masiva concurrencia como es un boliche, que iba a la universidad, tenía actividades, no puede desaparecer de un día para el otro si no hay un crimen atrás y una red de encubrimiento”.

El cambio de carátula implica que la causa pase al fuero federal. Al respecto, Sánchez manifestó: “el juez provincial ya dijo que es incompetente, ahora la justicia federal de Neuquén debe expedirse sobre su competencia. En la hipótesis de que ellos se declararan incompetentes quien debería resolverlo es la Corte Suprema porque tendríamos un conflicto interjurisdiccional, habría dos fueros que se estarían autoexcluyendo”.

“Lamentablemente Sergio Ávalos integra una lista que ya suman 200 desaparecidos en nuestra democracia y nosotros tenemos la difícil tarea de tratar de averiguar -reflexionó el abogado hacia el final del diálogo con La Retaguardia-, los familiares siempre quieren que aparezcan aunque sea los restos de las personas, pero la realidad es que esta es una búsqueda de la verdad en primer lugar para después saber qué le pasó a Sergio. Yo pertenezco a una multisectorial contra la represión, que integran muchas organizaciones, y quienes militan son las víctimas. Es lo que más o menos pasó en la década del ’70, con las Madres, Abuelas y la APDH, eran víctimas y familiares. La hermana y la madre de Sergio, también la hermana de Luciano Arruga, todos se han transformado en militantes contra la violencia institucional, la del Estado”.

El caso de Sergio Ávalos tuvo gran trascendencia local en su momento y recién ahora empieza a romper muy de a poco las fronteras provinciales, a partir de la difusión que hacen de estos casos sobre todo los familiares de Luciano Arruga, que van recogiendo historias en diferentes provincias, y que son uno de los motores, junto a otro familiares, de las reuniones aún informales de familias y víctimas de violencia estatal. Allí, quizá, estemos asistiendo a un germen de organización como fueron, en los primeros años de la última dictadura, las primeras reuniones de lo que hoy conocemos como Madres de Plaza de Mayo.

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Esteban Tula Santamaría: "Mi madre y ellos no se sentían víctimas, estaban dispuestos a seguir peleando"

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

Esteban Tula Santamaría nos brinda un testimonio imprescindible en tiempos de "memorias oficiales, recortadas y rayanas con el cinismo".



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Ayer golpistas, hoy ajustadores: A 38 años del golpe, la lucha por los derechos humanos sigue vigente

FRENTE POPULAR DARÍO SANTILLÁN - CORRIENTE NACIONAL Y MAREA POPULAR

El inicio de la dictadura significó muchas cosas. Para militantes populares, trabajadores, trabajadoras, estudiantes, activistas, intelectuales, madres, amigos, hijas y hermanos, se abrió la tragedia del terrorismo de Estado, que resistieron como pudieron. El movimiento obrero, portador de una larga tradición de lucha, fue el sector más golpeado por las fuerzas represivas.

Nuestramérica en general, y Argentina en particular, fueron laboratorio del experimento neoliberal. Para los sectores del poder económico comenzó una reconfiguración que ubicó al capital financiero en el centro de gravedad, habilitó la apropiación privada de los recursos públicos del Estado, el aumento de la deuda externa, la concentración y extranjerización de la economía, entre otras cosas. La implantación del nuevo régimen económico fue posible gracias a la alianza con capitales internacionales y con grupos económicos locales que incrementaron sus ganancias exponencialmente. Por mencionar sólo algunos: Acindar, Techint, Mercedes Benz y Roberts fueron partícipes activos incorporando al Estado sus propios agentes (como el caso del propio Martínez de Hoz). Los grupos Macri, Arcor, Perez Companc y Bridas multiplicaron su cantidad de empresas en un 500% entre 1973 y 1983.

Además, el empresariado colaboraba señalando a trabajadores que luego eran desaparecidos. En la fábrica Ford había un destacamento de policía, en Jujuy la fábrica Ledesma y los militares secuestraron 400 personas en la noche del apagón, Loma Negra hizo desaparecer al abogado que defendía a los trabajadores, y podríamos seguir porque estas prácticas sistemáticas sellaron con sangre el pacto de poder.

Hoy que muchos de estos mismos grupos empresarios enriquecidos a lo largo de los treinta años de la democracia -sean aliados o adversarios del gobierno- presionan para profundizar el ajuste sobre el pueblo trabajador, es imprescindible el ejercicio de la memoria sobre su rol en el pasado. A estos empresarios, que apoyaron activamente el terrorismo de Estado para defender y aumentar sus privilegios, se los convoca a constituir una “burguesía nacional” en tanto pilar de un “capitalismo en serio”. ¿Existe alguna posibilidad de apelar a su “buena voluntad” y su “patriotismo”?

La derogación de las leyes de impunidad es una conquista social fundamental, un resultado de la lucha de años del movimiento de derechos humanos y de toda la sociedad, encabezada por el ejemplo indeleble de las Madres de Plaza de Mayo. Seguramente, junto al impulso a los juicios y la recuperación de los nietos y nietas apropiados, uno de los aspectos más destacados de este período consiste en el cambio cultural que significó haber ganado la palabra sobre el discurso de los genocidas y la teoría de los dos demonios. Resulta indispensable avanzar definitivamente con los juicios, no solo a los militares genocidas, sino también a los cómplices civiles y empresariales, considerando que los tiempos del poder judicial -cuya propia complicidad aún sigue impune- son lentos y muchos imputados están prófugos, enfermos o mueren sin condena firme, mientras que los cómplices económicos continúan acumulando ganancias.

La impunidad de hoy

Hace apenas unas semanas comenzaron los juicios por los dos pibes asesinados en 2011 por la policía en José León Suárez. Eran del barrio La Carcova, todos los días revolvían la basura para poder vivir y esa vez quisieron aprovechar el descarrilamiento del tren para llevarse algo. Ahí la transa entre la cana y los narcos mata pibes todo el tiempo. Por estos días en Garín, provincia de Buenos Aires, un pibe cartonero se resistió a robar para la policía y lo bajaron, como a Luciano Arruga en 2009. Es lo que ocurre en Rosario, donde la vida de los pibes de la villa no vale nada. El gatillo fácil, que Rodolfo Walsh llamaba “gatillo alegre”, es la versión más extrema del comportamiento criminal de la policía, pero existe una larga lista de torturas y abusos perpetrados cotidianamente.

Sin embargo el modelo de seguridad desconoce el accionar de las fuerzas represivas y la única solución que propone es más cana y más cámaras. Un ejemplo actual es el debate sobre la renovación del Código Penal, aprovechado por la derecha encabezada por Massa para retomar las banderas de la mano dura, acicateados por la maquinaria mediática y los intereses de la industria de la inseguridad. Pero dentro del Frente para la Victoria hay sectores que no se quedan atrás. Sergio Berni, secretario de seguridad de la Nación, explicó que el problema del delito es la “puerta giratoria”, mientras en

las cárceles de la provincia de Buenos Aires el 70 por ciento de los detenidos está sin condena. Y el año pasado Scioli designó como ministro de seguridad a Alejandro Granados, ex intendente de Ezeiza, uno de los paladines de la “mano dura”. La mayor parte de los delitos cometidos por el aparato represivo se encuentran impunes.

El recuerdo de los compañeros y compañeras caídas en los años setenta se rebela ante el ascenso de César Milani al frente de las FFAA, acusado de delitos de lesa humanidad y ante la injusta condena a los trabajadores petroleros de Las Heras, en un proceso totalmente plagado de irregularidades. El recuerdo de los muertos del 2001, de Darío y Maxi, Carlos Fuentealba y todas las víctimas de la represión, cuyos responsables políticos siguen impunes, no puede aceptar la vuelta del discurso de la represión de la protesta social. La lucha por los derechos humanos no es cosa del pasado, vive en el compromiso por el cambio social y en la lucha de nuestro pueblo por acceder plenamente a vivienda, salud, educación y a todos los derechos hoy negados.

No a la represión de la protesta social - Absolución de los presos de Las Heras - Sin López no hay nunca más - Por los derechos de los pibes y pibas - Contra la trata de mujeres y la justicia patriarcal - Basta de etnocidio a los pueblos originarios - Fuera César Milani.

Sumate a marchar con el Frente Popular Darío Santillán - Corriente Nacional y MAREA Popular en:
- Ciudad de Buenos Aires: A las 13 Hs en Corrientes y 25 de mayo escarche a la Bolsa De Comercio, y a las 15 Hs en el Obelisco para marchar a Plaza de Mayo. El 23/3 habrá Radio abierta y Fogón de la memoria desde las 14hs en la Plaza Martín Fierro, Boedo.
- La Plata: el 23/3 a las 17 Hs en Plaza San Martín y el 24 en el Congreso Nacional
- Rosario: Plaza San Martín a las 17 Hs, en la columna de los Movimientos sociales.
- Salta: Plazoleta IV Siglos a las 16 Hs.
- Mar del Plata: 24/03 a las 16 Hs en san Juan y Av. Luro.
- Córdoba: 24/03 desde las 18 Hs hasta Colon y Cañada finalizamos con un acto en Plaza San Martín.
- Jujuy: 23/03 a las 16 Hs. se realizará marcha en el Centro. A las 19 Hs. habra un recital “Por la Memoria” en la vieja estación con la actuación de Raly Barrionuevo, Bruno Arias y mas artistas.
- Necochea: 23/03 a las 19 Hs. hacemos una jornada de lucha -vigilia desde la Multisectorial de DDHH Necochea.
- Tandil: 24/03 a las 17 Hs. en Plaza Independencia.
- Gral. Pico (La Pampa): 24/03 hacemos Radio Abierta, pintada de murales, muestra de fotos y acto en Avenida San Martin entre 29 y 27.
- Lujan: 22/03 hacemos concentramos a partir de las 18 Hs. en Plaza Colon.
- Tucuman: 24/03 a las 18.30 Hs. concentramos en Plaza Urquiza y marchamos a Plaza Independencia.
- San Martín de los Andes: Nos sumamos a la marcha festival en la Fito Taberna a las 14 Hs.
- Bariloche: Se convoca a marchar en la ciudad por los desaparecidos- asesinados de ayer y de hoy. Marchamos al Centro Cívico desde Onelli y Brown a las 17 Hs.

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